• Red de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México advierten riesgos ante discusión de la SCJN sobre Aguascalientes
• El debate no debe centrarse en el castigo, sino en el acceso a servicios
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 8 de junio, 2026.- Ante la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de la reforma en Aguascalientes que redujo de 12 a 6 semanas el plazo para acceder a la interrupción legal del embarazo, Salvemos Miles de Vidas México hace un llamado a que el debate se centre en la salud pública, la evidencia científica y los derechos humanos.
La reforma aprobada en 2024 significó un retroceso en el acceso a la salud en la entidad. Apenas unos meses antes, Aguascalientes había despenalizado el aborto hasta las 12 semanas en cumplimiento de una resolución de la SCJN. Sin embargo, el Congreso local aprobó posteriormente una reducción del plazo legal a únicamente 6 semanas de gestación. Organismos nacionales e internacionales han advertido que esta medida contraviene los estándares de salud.
Las profesionales de la salud que integran Salvemos Miles de Vidas México advierten que la criminalización no elimina los abortos, sino que aumenta los riesgos para quienes necesitan atención en salud.
“Cuando un servicio de salud se trata como delito, significa que para el Estado hay vidas que merecen menos protección que otras. Criminalizar el aborto no elimina los abortos. Solo vuelve más peligroso el camino de quienes ya están viviendo una situación difícil. Como médica, me resulta imposible aceptar que el miedo sea parte del expediente clínico de una paciente”, señaló Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, especialista en salud sexual.
Las especialistas advierten que el debate no debe centrarse en el castigo, sino en el acceso a servicios de salud basados en evidencia científica. Desde la perspectiva de la salud pública, el aborto es una prestación sanitaria reconocida internacionalmente y no un asunto que deba resolverse mediante el derecho penal.
“El aborto es un servicio sanitario regulado y reconocido por la Organización Mundial de la Salud; tratarlo como un delito es una anomalía jurídica que precariza nuestra práctica todos los días. Nadie puede sanar si siente que el entorno clínico es un tribunal en lugar de un refugio de salud. Cuando se criminaliza y penaliza un servicio de salud , nos obligan a trabajar en las sombras y en la incertidumbre. Es perverso que una profesional de la salud tenga que elegir entre su propia libertad y la vida o la salud de la persona que confía en ella”, afirmó la Dra. Joselyn Rivera Vilchis, médica general y psicoterapeuta psicoanalítica.
La criminalización también impacta directamente al personal de salud. Mantener el aborto dentro de los códigos penales genera incertidumbre jurídica para quienes brindan atención clínicay dificulta que los servicios se presten bajo criterios exclusivamente sanitarios.
En este sentido, María Eréndira Itami Sordo, ginecoobstetra, advirtió que mantener un procedimiento médico respaldado por la evidencia científica como un delito genera “una grave criminalización del acto clínico, un conflicto jurídico constante y barreras de acceso a la salud que afectan directamente el principio de beneficencia”.
La resolución que adopte la SCJN tendrá efectos que van más allá de Aguascalientes. Lo que está en discusión es si el país continuará avanzando hacia un modelo de salud pública basado en evidencia y derechos humanos o si permitirá que el miedo, el estigma y la criminalización sigan determinando el acceso a servicios de salud esenciales.
SEM/sj
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