- La víctima una comunicadora indígena espera que la justicia llegue
- FEPALC pide que Sheinbaum vigile el procedimiento judicial
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de mayo, 2026.- A más de un año de haber sido violada sexualmente, Marbella una joven indígena de la región de la Montaña de Guerrero, finalmente logró que la justicia federal ordenara a un juez local dejar sin efecto la resolución que había dejado en libertad a su agresor.
El victimario, Emilio “N” todavía trabajador del área de Comunicación Social del Congreso de Guerrero ha contado con un silencio omiso de algunas autoridades, entre ellas, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien no ha emitido ninguna opinión al respecto, pese a que se trata de una comunicadora indígena por la que han abogado organismos de periodistas del país y del ámbito internacional.
Todo inició en enero de 2025, cuando la víctima interpuso una denuncia por violación sexual, pese a los peritajes, el sistema de justicia estatal no vinculó a proceso al imputado Emilio “N”, argumentando deficiencias en la carpeta de investigación, lo que derivó en su liberación y dejó a la víctima en condición de vulnerabilidad.
Posteriormente, la joven interpuso un recurso de apelación, pero el magistrado correspondiente confirmó la decisión del juez, manteniendo la no vinculación a proceso y profundizando la sensación de impunidad.
Ante este escenario, la víctima recurrió a la justicia federal mediante un amparo indirecto (600/2025) promovido el 26 de mayo de 2025. Tras meses de seguimiento, el 19 de febrero de 2026, un juez federal emitió una resolución clave que representa un giro en el caso.
En su sentencia, ordenó a la Primera Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial del Estado de Guerrero dejar sin efecto la resolución del 30 de abril de 2025 y emitir un nuevo fallo, en el que se analicen de manera integral los elementos de prueba.
El juez federal estableció que, en delitos sexuales, la declaración de la víctima es una prueba fundamental y debe valorarse junto con dictámenes médicos y psicológicos, considerando que estos hechos suelen ocurrir sin testigos.
Asimismo, ordenó que el análisis se realice con perspectiva de género y bajo criterios del sistema penal acusatorio, que se basa en grados de confirmación y no en certezas absolutas.
En este contexto, cobra especial relevancia el dictamen psicológico elaborado por una experta en la materia, en el que se acreditó el daño psicoemocional sufrido por la víctima como consecuencia de la agresión. Este elemento, clave para comprender la afectación integral, fue minimizado en la resolución emitida el 30 de abril por el magistrado, lo que contribuyó a la decisión de no vincular a proceso al imputado.
Ahora, con la sentencia federal, dicho dictamen deberá ser considerado dentro del análisis conjunto de pruebas, fortaleciendo la valoración del caso desde una perspectiva más amplia y con enfoque en los derechos de la víctima.
El caso también ha estado marcado por la revictimización, ya que el imputado Emilio “N”, quien continuó en libertad, declaró públicamente que la acusación era falsa, utilizando la decisión judicial inicial como argumento de inocencia.
Con la nueva resolución federal, el proceso deberá reencauzarse, obligando a las autoridades estatales a revisar el caso bajo estándares más estrictos y con enfoque en los derechos de la víctima.
Por ahora, revisan el caso en el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo primer circuito (en Acapulco) que conforman los magistrados Jorge Eduardo Espinosa Luna, Jorge Jesús Beltrán Pineda y la magistrada Estela Platero Salado.
FIP Europa escuchará a Marbella
Por otra parte, la Federación Internacional de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), perteneciente a la Federación Internacional de Periodistas (FIP) envió una carta pública a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en la que piden se garantice el acceso a la justicia de la víctima del funcionario de comunicación social del Congreso local y anunciaron que Marbella será escuchada ante la FIP Europa.
Con copia al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a la gobernadora Salgado Pineda y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, la carta es suscrita por Fernando Ramón Olivas Ortiz, fiscal gremial de la FEPALC.
En ella se llama a los magistrados del poder judicial de esa entidad para que tomen medidas y se de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta que de acuerdo con estadísticas oficiales este delito cometido contra mujeres se queda en una gran mayoría de los casos sin ser denunciados por miedo a ser estigmatizadas y revictimizadas, muchas de ellas pertenecen a grupos indígenas, como es el caso de Marbella.
La FEPALC demanda al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a efecto de que “exhorte al juez y magistrado que atienden el proceso judicial de nuestra agremiada, lo hagan conforme a derecho y privilegiando el acceso a la justicia con la finalidad de que devuelvan a la víctima su confianza de justicia y no se le continue revictimizando”.
La carta fue respondida por la directora general de Atención Ciudadana, Adriana Contreras Vera, quien señala en su escrito del 17 de abril pasado, instancia que por instrucciones de la presidenta dará seguimiento al caso.
SEM/lv/sj
En seguimiento a: https://semmexico.mx/de-violacion-sexual-a-violacion-de-sus-derechos-como-victima-denuncia-periodista-indigena/
https://www.cepal.org
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