- Llaman especialistas a cuidar la ley y a no confundirse para evitar revictimizar
- Este delito es resultado de la lucha social-política y jurídica, los reconoce desde una perspectiva feminista
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 22 de mayo, 2026.- La normatividad que se construya para homologar el tipo penal de feminicidio debe ser efectiva, el problema se encuentra en la operatividad de la procuración de justicia, reiteraron las participantes en el segundo día del Foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
El Foro virtual y transmitido desde la plataforma del Colegio de San Luis, fue convocado a propósito de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio que propuso la Presidencia de México, analizó los riesgos de esa nueva iniciativa con la participación de Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia ProPersona; la magistrada Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, Chihuahua, y la ex fiscal de MP Indira Patricia Gómez.
El Foro tiene como objetivo brindar elementos para el debate serio sobre la implicación de la iniciativa de una nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio, proyecto dado a conocer en una presentación de power point el pasado 24 de marzo por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, pero cuyo texto completo se desconoce hasta el día de hoy.
Lo que ha generado mucha confusión, señaló la abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien moderó el segundo panel, porque lo único que se tiene es una iniciativa presentada en julio de 2022 por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, durante su gestión como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y una iniciativa del PRI, presentada por la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara en la actual Legislatura.
Lo que se aprobó en abril fue la reforma al Artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, que permitirá establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país. También tener los mismos estándares de investigación y fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, acotó Medina Rosas.
En su momento la abogada feminista Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia ProPersona, señaló que se corre el riesgo de duplicar lo que ya se tiene en la LGAMVLV, y explicó que en el artículo 21 define muy bien el concepto de feminicidio, ya que no se reduce al resultado de la muerte, sino que forma parte de este conjunto de violencia feminicida.
Violencia Feminicida “Es la forma extrema de violencia de género contra la mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder. Tanto en los ámbitos publico y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado.
Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muerte violentas como el femicidio, el suicidio, el homicidio u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas”.
Señaló que la ley, fue resultado desde que se documentaron las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez en los años noventa, fuera del ámbito familiar, se trasgrede el espacio público donde convergen muchos factores, una ciudad fronteriza, una presencia criminal, desarrollo de las maquilas con toda la precariedad, bajos sueldos, necesidad de transporte ubicadas en zonas desérticas. Con la permisibilidad del Estado para que esto ocurriera y que hicieron visible el movimiento feminista y la sociedad civil de Chihuahua.
Agregó que tener un tipo penal de feminicidio busca combatir la impunidad, tenemos un marco jurídico robusto, lo que esperamos de una nueva Ley es lo que no dice, si sólo va a compilar lo que ya se tiene o va a atender cuestiones que no están descritas. Cumplir con lo que dice la Ley es la deuda del Estado Mexicano.
Pérez Garrido mencionó que en la iniciativa de propuesta de Arturo Zaldívar se agregan palabras para decir lo mismo, son errores de técnica legislativa y las afectadas son las víctimas.
Recordó que el reconocimiento del feminicidio surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los noventa tras los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la sentencia de Campo Algodonero, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), responsabiliza al Estado mexicano, además de catalogar estos dentro de los «homicidios de mujeres por razones de género».
Marcela Lagarde, agregó, comenzó precisamente, a definir el feminicidio, fue entonces cuando inició, no solamente la lucha social-política, también la jurídica para que se reconozcan estos crímenes contra las mujeres desde esa perspectiva feminista.
Destacó la importancia de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres decretada por primera vez en el Estado de México en el 2010, causando revuelo político porque gobernaba Enrique Peña Nieto, quien ya se perfilaba para ser candidato a la Presidencia del país.
En el 2012 se construye el tipo penal y se adopta a nivel federal. En 2015, la Suprema Corte de Justicia emite la sentencia por el feminicidio de Mariana Lima Buendía y señala que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio.
Cuidar la tipificación para no incurrir en victimización
“Si yo voy a hacer una acción, crear una norma, tengo que conocer la serie de opresiones que viven las personas a las que va dirigida, mi finalidad última como Estado debe ser la igualdad sustantiva, lo logre o no lo logre, el Estado tiene que responder a esa lógica”, subrayó la magistrada de Chihuahua, Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez.
La cocreadora del Tribunal Mixto especializado en Violencia de Género en Chihuahua que evita que se sigan emitiendo resoluciones contrarias entre jueces penales y familiares, expresó que se deben garantizar los derechos de una y otra parte, sin olvidar que hay una persona que ya no puede defender sus derechos.
Villanueva Pérez se refirió a la reparación del daño como un derecho de las mujeres y llamó a la presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) a escuchar todas las voces para no generar problemas de victimización, por muy buena intención que se tenga.
Adornar las leyes no las hace efectivas
La exfiscal del MP en Chiapas, Patricia Sánchez Gómez, se refirió a los operadores de justicia que se renuevan cada vez que hay cambio administrativo, porque esa inestabilidad provoca que no haya personas idóneas, especializadas en términos de género en los ministerios públicos.
Por lo que advirtió que “adornar” las leyes no hace que los operadores puedan probar que se cometió un delito. Y destacó que en Derecho es importante demostrar lo que establece la ley.
Los cambios de gobierno afectan a las fiscalías, dijo Sánchez Gómez, quien sostuvo que cuando un o una nueva fiscal llega se cambia el personal, se van quienes tenían años investigando un feminicidio, los equipos nuevos, no tienen empatía, ni cuentan con certificación y eso significa un retroceso, son personas que no están especializadas ni siquiera leen los protocolos.
La exfiscal del MP en Chiapas contó que en Chiapas, desde el 2025, se penaliza el feminicidio con pena de hasta 100 años, lo que no ha reducido las muertas violentas de mujeres.
SEM/em/sj
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