Anticoncepción forzada una forma de tortura, la sentencia
Precedente jurídico, simbólico y reivindicativo
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 4 de agosto 2023.- Después de tres años las autoridades sanitarias de la Ciudad de México ofrecieron este viernes una disculpa pública a Angélica Juárez, víctima de violencia obstétrica y anticoncepción forzada en 2020, al reconocer que se violaron sus derechos humanos y los de su pequeña hija.
La disculpa pública se dio en un acto a puerta cerrada por parte de Ricardo Barreiro Perera, subsecretario de Prestación Servicios Médicos e Insumos de la Secretaría de Salud capitalina, en el auditorio del Hospital Rubén Leñero. Después de haber sido cancelada varias veces, la última el 9 de junio.
“La Secretaría de Salud de la Ciudad de México le presenta una sincera y honesta disculpa, ya que se cometieron omisiones al no reconocerse su calidad de mujer indígena embarazada encontrándose en estado de vulnerabilidad”.
Angélica Juárez, residente de uno de los pueblos originarios de Iztapalapa, fue víctima de violencia obstétrica durante y después de su embarazo.
Durante el evento expresó que su caso no es un hecho aislado, porque la colocación de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de las mujeres es más común de lo que se quiere admitir. Aquí el tema es que no se denuncia”.
Ernesto Alvarado Ruiz, titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, reconoció que este tipo de casos “dan cuenta de cómo el Estado Mexicano y la sociedad en su conjunto tienen mucho aún por hacer para garantizar una buena atención a las mujeres”.
Precedente jurídico, simbólico y representativo
Acompañada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), está sentando un precedente jurídico, simbólico y reivindicativo. En enero de 2023, un juzgado federal emitió una sentencia de amparo en el que reconoce que Angélica fue víctima de tortura en 2020.
Otro caso en 2021
Por otra parte, el 26 de mayo de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo a favor por anticoncepción forzada, una esterilización femenina no consentida como una forma de violencia de género, violencia obstétrica y una forma de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra el Hospital de Zona No. 9 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Amparo en Revisión 1064/2019.
La mujer promovió juicio de amparo por la esterilización forzada en contra del Hospital y una doctora adscrita al hospital.
Refirió que fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante toda la etapa prenatal y de parto de su embarazo. Así como la esterilización forzada denominada Obstrucción Tubaria Bilateral (OTB) sin su consentimiento. Se violaron sus derechos a la integridad personal, salud, libertad y autonomía reproductiva a un proyecto de vida, a la información y a una vida libre de violencia.
Primero un Juez de Distrito de Jalisco dictó sentencia de que no existían los actos reclamados por lo que la mujer solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción, la cual fue ejercida por la Primera Sala. La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó un escrito ante la Suprema Corte realizó diversas manifestaciones con relación al presente amparo bajo la figura de “amicus curiae”.
La supuesta autorización otorgada para practicarle un método de anticoncepción permanente, OTB, se dio minutos antes de que le practicaran una cesárea. El consentimiento no se otorgó de manera libre, pues estuvo definido por estereotipos de género, específicamente, por la concepción de que el esposo tiene poder de decisión sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de su pareja.
La violencia obstétrica es común en México y comprende «toda acción u omisión por parte de personal de salud público o privado hacia las mujeres durante la atención del embarazo, parto o puerperio»
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica y las Relaciones en los Hogares 2021, en los últimos 5 años el 33.4 por ciento de las mexicanas de 15 a 49 años que tuvieron un bebé sufrió algún maltrato de quienes las atendieron en el parto.
El caso de Angelica Juárez en el Hospital Comunitario Emiliano Zapata
Angélica Juárez, originaria de uno de los pueblos de Iztapalapa, el 11 de agosto de 2020, cuando cumplía 38 semanas de gestación, acudió a consulta al Hospital Comunitario “Emiliano Zapata” de la Secretaría de Salud (Sedesa) de Ciudad de México, pero, como tenía preeclampsia -presión alta- la hospitalizaron de urgencia para una cesárea.
Desde un inicio el personal de la dependencia le preguntó qué método anticonceptivo utilizaría tras el parto, a lo que ella contestó que no deseaba ninguno, por lo que le dieron un documento para firmar que se responsabilizaba de su decisión. A pesar de ello, le colocaron una Dispositivo Intrauterino conocido como DIU sin su consentimiento. Además, lo colocaron mal.
No se dio cuenta de ello hasta que días después sufrió punzadas en el útero y hemorragias, por lo cual fue al Centro de Salud donde le informaron que en su hoja de alta decía que portaba un implante anticonceptivo. Le pidió a la doctora que buscara el implante, pero hasta que tuvo un examen con rayos X lo encontraron.
Angélica recuerda que al regresar a casa decidió demandar al hospital por violencia obstétrica porque, además, durante su estancia no pudo alimentar a su bebé porque no tuvo leche y el personal no quiso darle fórmula láctea.
Incluso, cuando le pidió a la jefa de enfermeras que, si le podía dar fórmula a la beba porque ya llevaba casi 24 horas casi sin comer, porque ella apenas si tenía un poco de gotas de calostro, le dijo: “Mira si van a ser malas madres, mejor no tengan hijos'».
Angélica consiguió un amparo en 2021 en el que por primera vez “se reconoce jurídicamente que existe la anticoncepción forzada, que es una violación a los derechos humanos y que por tanto tiene que haber una reparación integral del daño”, apunta.
El juez ordenó a la Comisión de Atención a Víctimas un plan de reparación del daño que incluía cuatro medidas: el resarcimiento económico, un plan de capacitación para el personal del hospital, tratamiento psicológico, y una disculpa pública que ella debe aprobar.
