Enuncia varias recomendaciones sobre a los derechos y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres,
Las recomendaciones enfatizan la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales
SemMéxico/LaCrónica Jalisco. 2 de agosto d e 2018.- La ONU a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), hizo un llamado al Estado mexicano para garantizar que el feminicidio sea criminalizado en todo el país y lo instó a adoptar “medidas urgentes” para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y desapariciones de mujeres.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) es el instrumento internacional vinculante más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas. Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembros de la ONU. Su cumplimiento es obligatorio para los países. El Estado mexicano ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981.
El Comité de la CEDAW es el organismo vigilante de Naciones Unidas para constatar los compromisos adquiridos por los Estados para la eliminación no solo de la discriminación contra las mujeres, sino también para la eliminación de todas las violencias contra ellas. Recientemente, el Estado mexicano fue examinado por este organismo en Ginebra, algunas de las recomendaciones se encuentran en su 9º informe ante este mecanismo.
Las recomendaciones enfatizan la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales y de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. También subrayan la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones y con estándares de seguridad social.
Adicionalmente, el Comité da un espacio importante a las políticas de prevención desde el sector educativo para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas, entre otras; y resalta la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones en mayor riesgo de vulneración tales como la población LBTI, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres rurales, las defensoras de derechos humanos y las periodistas, e incluye por primera vez recomendaciones específicas para México sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
El Comité en materia de violencia contra las mujeres y las niñas recomienda “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”.
También, enuncia varias recomendaciones sobre a los derechos y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres, haciendo un llamado a armonizar leyes y protocolos federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, entre otros elementos.
Estas observaciones constituyen un marco normativo y desafíos de gran relevancia para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación contra las mujeres y las niñas en México.
La vicepresidenta del Comité CEDAW, Magalys Arocha, señaló que a pesar de que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido “muy activo y constructivo” en medio de unas “muy complicadas condiciones”, la situación de las mujeres es “mala”. Lamentó que los “persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten y vulneren los derechos de las mujeres y niñas”, entre ellas las indígenas y las afromexicanas.
Según dijo Arocha, el Comité quiere que se haga a partir de este examen a México un seguimiento de los esfuerzos del país especialmente en el campo de la violencia basada en el género. En este sentido pide al Estado mexicano que “adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y desapariciones forzosas de mujeres, lo que incluye hacer frente a la raíz del problema como son la violencia, la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, estereotipos discriminatorios y la marginalización” de las mujeres.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2014 a 2017 hubo mil 413 mujeres asesinadas en el Estado de México, de las que sólo 236 fueron investigados como feminicidio.
Arocha también subrayó la importancia de que México asegure que el feminicidio esté criminalizado en todos los códigos penales estatales, acorde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del país, y que estandarice los protocolos de investigación policial para feminicidios.
Finalmente, pidió que México simplifique y armonice los procedimientos a nivel de los estados para activar el mecanismo “Alerta Amber” y del Protocolo Alba, que ayuda a localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos o que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave.
Ahora toca al Estado mexicano cumplir con todas estas recomendaciones y a nosotras desde la sociedad civil vigilar su cumplimiento cabal.
lupitaramosponce@gmail.com
@lupitaramosponc
