Murieron los más pobres y 215 mil menores quedaron en orfandad
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 4 de mayo, 2024.- Los indicadores sobre el impacto de la pandemia en México son devastadores y por eso inocultables: más de 800 000 muertes en exceso (una de las tasas más altas del planeta), 511 mil fueron causadas directamente por el Covid-2 y las otras 300 mil por desatención; el país con mayor mortandad entre su personal de salud; la orfandad de más de 215 mil menores; la reducción neta de su matrícula escolar y el grave impacto económico, lo que exige “Aprender para no Repetir”.
Disminuyó la esperanza de vida de las mexicanas y los mexicanos en casi tres años y la mayor parte de las muertes se dio en el grupo de adultos jóvenes, se incrementó en millones las personas sin acceso a los servicios médico, murieron más los más pobres y la Ciudad de México aportó el 24 % de las muertes por COVID 19.
De acuerdo al Informe de la Comisión Independiente integrada por 17 académicos, investigadores concluyen que las claves para comprender el fracaso de México en su respuesta a la pandemia fue la mala gestión gubernamental por la permanente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones, y la política de austeridad.
La motivación exigir al gobierno federal respuestas al desbastador costo humano por el manejo de la pandemia y la rendición de cuentas como un primer paso para curar heridas ante el duelo y desconsuelo que la pandemia ocasiono a tantas mexicanas y mexicanos. Analizar y explicar con detalle el manejo de la pandemia para que no vuelva a repetirse.
El esfuerzo interdisciplinario, pro bono y apartidista lo coordino el doctor Jaime Sepúlveda, Mariana Campos, Antonio Lazcano, Carlos Mancera, y Sergio Aguayo. La doctora Carol Hedilman, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, Julia Carabias, y María Elena Medina Mora, entre otras y otros.
En otros países se han constituido este tipo de comisiones para encontrar explicaciones, identificar responsabilidades, aprender lecciones y plantear recomendaciones. En México, ni las autoridades sanitarias centrales ni los poderes ejecutivo o legislativo han procurado integrar instancias de esa naturaleza.
La gestión de la pandemia cobró la forma propia del gobierno de México, a saber: centralizadora, personalista, minimizadora, cerrada a la deliberación, proclive a tomar medidas sobre la marcha y caracterizada por un notorio desdén hacia la ley, los funcionarios profesionales, las voces disidentes y el conocimiento científico. Estos no son rasgos instaurados durante la pandemia; han sido características persistentes del gobierno actual, se señala en el prólogo.
Sumado a la desaparición del Seguro Popular que dejo a 50.4 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a la salud en 2022, cuando en 2018 eran 20.1 millones por el fallido intento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que ya despareció.
El Informe advierte que 4 de cada 10 muertes en exceso durante la pandemia sucedieron por fallas en la gestión gubernamental, como la tensa relación y descoordinación con gobiernos estatales en temas como el uso de cubrebocas, realización de pruebas diagnósticas, validez del modelo centinela y planes de vacunación, entre otros.
Los más afectados los más pobres
La investigación va de marzo de 2020 al 9 de mayo del 2023, el periodo de emergencia sanitaria. A las seculares desigualdades sociales y debilidades institucionales se sumaron decisiones gubernamentales que, lejos de contenerlas, las agudizaron.
El epicentro absoluto de la pandemia se ubicó en el centro del país, en la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Puebla. Los más pobres murieron en una magnitud desproporcionada en esos años, ya que la investigación revela que mientras mayor es el porcentaje de población de bajos ingresos que habita un municipio o una alcaldía, mayor es el porcentaje de muertes en exceso.
A pesar de representar sólo 7.3% de la población total del país, la Ciudad de México aportó el 24% de las muertes en exceso en el periodo diciembre 2020-enero 2021, sin considerar la zona conurbada (36 500 de las 153000 muertes en exceso en estos dos meses).
Por sus implicaciones y por el incumplimiento de lineamientos oficiales esta decisión, de responsabilidad compartida entre autoridades federales y locales, constituye uno de los más graves fallos gubernamentales en el manejo de la emergencia sanitaria. A este hecho se suma la prescripción de medicamentos para un uso diferente y no aprobado por la agencia regulatoria federal encargada (Cofepris). Ni la ivermectina ni la azitromicina fueron autorizadas para tratar COVID-19 y, sin embargo, se les distribuyó ampliamente entre la población de la Ciudad.
La ausencia de apoyos económicos para la población vulnerable, la falta de regulación en la movilidad internacional, la decisión de limitar las pruebas diagnósticas y la ausencia de recomendaciones sanitarias centradas en la prevención del contagio a través del aire, entre otros factores, comprometieron desde el principio la capacidad de mitigar la propagación del virus.
El desembolso de recursos para la atención de la salud en los hogares se ha incrementado. En promedio, en 2022 los hogares gastaron 5 mil 381 pesos anuales en salud, lo que supone un incremento de 31%, con respecto a 2018. El 10% de los hogares más pobres gastó 2243 pesos en 2022, un 74% adicional. Ningún otro segmento de la población vio un incremento del gasto en salud de tal magnitud.
La reducción de la esperanza de vida en México entre 2019 y 2021 fue de 4.6 años y la mayor mortalidad se dio entre adultos jóvenes. Es decir, el país vivió no sólo un fenómeno de alta mortalidad, sino uno de alta mortalidad prematura. En 2019 se registraron 47000 muertes de personas entre los 35 y los 44 años; en 2020 y 2021, más de 69000, un aumento de 47%. Para el grupo de 45 a 54 años, el incremento fue de aproximadamente 70%.
La directriz “quédate en casa” causó un efecto perverso, pues un gran número de pacientes llegaron muy tarde para su atención al hospital. Igualmente, amparado en la misma consigna maestra, el gobierno renunció a la atención de pacientes con COVID-19 en el primer nivel: la atención había que procurarla en casa.
El caso del IMSS fue especialmente grave, pues en algunos de sus hospitales se registró 100% de mortalidad. Además, la reconversión hospitalaria desplazó y distrajo la atención de otros padecimientos (cáncer, amputación, operaciones diversas). Un número muy relevante de tratamientos se cancelaron para atender los casos de COVID-19.
El manejo hospitalario de los enfermos acusó deficiencias notables. Por ejemplo, el 95% de los fallecidos acabaron su vida en soledad. La falta de protección a quienes combatieron a la epidemia en la primera línea cobró la vida de 4 843 elementos del personal médico mexicano, la cifra más alta registrada en cualquier país.
Injustificable negar la vacunación al personal médico del sector privado
Nuestro país realizó una compra rápida de vacunas contra COVID-19 gracias a la intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, las decisiones sobre la prelación de los grupos que serían inmunizados se construyó con criterios políticos y no sanitarios. El presidente de la república definió en qué municipios y poblaciones se iniciaría la vacunación. El secretario de Salud, a su vez, recomendaba no vacunar a menores. En una de las decisiones más injustificables de toda la pandemia, se negó la vacunación de los médicos y personal de salud del sector privado. Toda la información sobre el proceso de adquisición y costo de las vacunas se ha resguardado por “razones de seguridad nacional”.
Las descalificaciones y el uso del presupuesto público para premiar y castigar a instituciones por su lealtad o deslealtad política al gobierno en turno pusieron un precio muy alto que debieron pagar quienes disentían públicamente de las posturas y medidas oficiales. Además, impidieron que la respuesta nacional se beneficiara del pluralismo y de la crítica. En un Estado democrático, cuestionar la actuación de las autoridades no debería acarrear elevados costos personales o institucionales.
Los mandos militares sustituyeron durante la pandemia a científicos y académicos
Entre las recomendaciones generales esta retomar la autoridad del Consejo de Salubridad General, conferida originalmente en el artículo 73 de la Constitución mexicana. Se debe restituir en su seno a las universidades, academias y organismos de la sociedad civil que fueron sustituidos durante la pandemia por mandos militares.
Reactivar de inmediato al Consejo Nacional de Salud, recuperar la autonomía de Cofepris, recuperar la credibilidad y el liderazgo científico y ético de Conahcyt, que debe reclutar funcionarios competentes y probos, con reconocimiento de la comunidad científica e instar al Poder Legislativo a proponer mecanismos de evaluación del desempeño gubernamental durante emergencias sanitarias.
