- Pone en peligro los principios de certeza, legalidad e independencia: Jesús Ociel Baena.
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 10 de febrero del 2023.- Reducir de 65 a 25 los espacios legislativos logrados por acciones afirmativas a las personas de grupos vulnerables como lo establece el llamado Plan B de la reforma electoral, impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación, es una regresión de los derechos político electorales y violatorio de los derechos humanos.
Coincidieron en señalar la consejera electoral Carla Humphrey Jordan, la especialista en temas de género, Teresa Hevia Rocha, y Jesús Ociel Baena Saucedo, primera persona en América Latina, con identidad de género no binaria, en ocupar una magistratura en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, al participar en el conversatorio “Acciones afirmativas en favor de las personas en situación de discriminación y reforma electoral” organizado por el Instituto Nacional Electoral y la Librería U-Tópicas.
La consejera Carla Humphrey Jordan detalló que el Plan B de la reforma electoral limita al INE para emitir acuerdos y lineamientos para establecer acciones afirmativas a favor de personas históricamente discriminadas, además reduce los espacios de representación legislativa por esta vía a 25, cuando por acciones afirmativas se habían logrado 65, lo que implica una “clara regresión e incluso violación a los derechos humanos de las personas pertenecientes a estos grupos”.
Explicó que la igualdad formal no alcanza para cubrir los espacios necesarios para la representación política y los accesos al escenario público, por lo tanto, “tenemos que ir a la igualdad sustantiva, es decir, hacer iguales a las y los iguales y abonar para que las personas en situación de desventaja puedan tener acceso a estos cargos”.
Carla Humphrey refirió que, de acuerdo con un estudio realizado en colaboración con El Colegio de México, las acciones afirmativas deben diseñarse con base en el contexto, lo que claramente no lo hace el llamado Plan B de la reforma electoral, ya que no hay ningún planteamiento ni análisis de por qué se llega a ese número aleatorio de 25, que por supuesto no es suficiente para cubrir una sociedad plural como la nuestra.
La consejera hizo un llamado a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas en lo individual para que aporten sus puntos de vista y, en caso de que crean que con esta reforma se transgreden sus derechos político-electorales, acudan a las vías jurisdiccionales a su alcance.
Expresó que “no hay mejor persona que garantice los derechos de determinados grupos que las personas que los integran, que saben claramente qué hacer, qué necesitan, qué presupuesto”, entre otros aspectos para dejar atrás las desventajas y el contexto histórico de discriminación que han vivido.
Para Teresa Hevia Rocha, consultora independiente, lo más grave del Plan B de la reforma electoral es que deja suelto y en manos de los partidos políticos cómo se elegirán los 25 espacios para grupos vulnerables, lo que en su opinión “es un atropello a los grupos que habían sido beneficiarios de las acciones afirmativas y deja a un lado la certeza”.
Cuestionó “con qué criterios se asignará a cada grupo un número indeterminado de candidaturas, sin diagnóstico, sin homogeneidad, sin pautas rigurosas para la adscripción y sin la posibilidad de que refleje el tamaño, vulnerabilidad o grado de discriminación de cada grupo”.
Una reforma debe buscar aumentar espacios de representación no ir hacia atrás
Jesús Ociel Baena apuntó que una reforma electoral debe buscar aumentar espacios de representación, no ir hacia atrás. “Es decir, dar más espacios, no menos. Tener reglas más claras, no más oscuras, porque esto no abona al principio de certeza, que es uno de los principios fundamentales de los procesos electorales”.
Baena Saucedo insistió en que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad deben ser la base y el fundamento de todo proceso electoral, “pero no se notan en esta reforma. Es una reforma regresiva, hay que decirlo”, porque además ata de manos a las autoridades tanto administrativa, como jurisdiccional.
El conversatorio fue moderado por la politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Lina Diazconti Ramírez, en representación de la Librería U-Tópicas.
SEM/MG
