* El colmo, el gobernador morenista de Veracruz vetó la ley
* Resistencias, protocolos, acciones, todavía hay un largo camino
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 24 de agosto, 2020.- En siete entidades del país, gobiernos y/o partidos políticos se han opuesto a armonizar sus leyes para a prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género y encima los protocolos de atención –el primero data de 2016- no se activan y muchas mujeres que incursionan en política los desconocen y no saben qué hacer frente a los eventos de violencia política.
Hoy convendría estandarizar los mecanismos de los protocolos y leyes para todo el país, ya que con frecuencia éstos se legislan con acciones o indicadores diversos, eso mismo sucede, en menor cuantía, en las armonizaciones, con casos tan ominosos como el de Veracruz, donde la ley ha sido vetada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y tienen controversia constitucional Michoacán, Chiapas y Tamaulipas.
Esto es grave si se considera que en 2021 se disputarán 21 mil puestos electorales y al menos 125 mil mujeres estarán en riesgo al participar en la contienda. Y si se suman los cargos de designación en los gobiernos con nueva dirigencia, estamos hablando de 750 mil mujeres en riesgo. Hay que sumar al peligro las resistencias “machistas”, frente a los derechos políticos de las mujeres dijeron, alternativamente a SemMéxico, María del Carmen Alanís Figueroa y Georgina Cárdenas Acosta, la primera ex ministra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la segunda, directora de Ciencias Sociales en la ENEP Aragón.
Especializadas en derechos políticos de las mexicanas, ambas mostraron en la plática todas las formas de darle vuelta a estos derechos. Así, otra forma de evadir la ley es cuando se aplican medidas cautelares o de otro tipo por los Institutos Electorales –nacional o estatales- y el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) se exime a los acusados, argumentando que no es de su competencia actuar frente a la violencia que reciben legisladoras o presidentas municipales en funciones.
Esto, con la nueva ley ya no sucederá y habrá que lanzar una cruzada informativa a quienes aspiren a un cargo de elección popular en el próximo proceso. Ahora mismo que se están discutiendo las listas electorales en todos los partidos políticos, advirtieron las entrevistadas.
Se trata de evadir o afectar la armonización de la reforma de abril de 2020, cuando ésta no se publica, se suspende o de plano se veta, y no obstante aprobada, existe el caso de Baja California Sur, donde se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para suspenderla.
También sucede que la violencia política contra las mujeres, no está considerada en los partidos políticos. Estos, que tienen antiguos protocolos como los partidos Acción Nacional (PAN) o Revolucionario Institucional (PRI), simplemente no la aplican, pero lo peor es que no difunden sus protocolos. Las mujeres de Chiapas, Oaxaca y Puebla, recuerda Georgina Cárdenas, dijeron en 2019 que no conocían el protocolo o que no recibieron ayuda.
Las aprobadas por los congresos locales, pero no publicadas, como los casos de Durango, Tlaxcala y Tabasco, revelan indiferencia, por lo que todavía habrá un largo camino por recorrer. Lo contradictorio es que sólo México y Bolivia, en todo el mundo han legislado para evitar la violencia política contra las mujeres.
Hasta ahora hay seis entidades que no hay armonizado sus leyes y que presumiblemente lo harán entre septiembre y enero: Zacatecas, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, Nayarit y Quintana Roo. En algunas entidades las reformas no podrán aplicarse en los procesos electorales de 2021, por no tener vigencia, según las reglas.
Llamó la atención el anuncio en la ciudad de México, donde se afirma que “es un hecho sin precedentes, estrenará en el proceso electoral de 2021, un protocolo para castigar los hechos de violencia política de género, a fin de proteger a todas las mujeres que vayan a participar en las candidaturas”.
Sobre la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) reconocieron que hubo violencia política de género en la alcaldía de Coyoacán en 2018, pero, dijeron que no hubo sanciones para el autor de la agresiones, porque ganó la elección, según el TEPJF, institución que dio validez al triunfo de un candidato desechando la denuncia, y argumentando que la violencia política de género no fue determinante en el resultado electoral.
Hechos como este, son los que determinaron la nueva legislación, en tanto, que ejercer violencia política de género, podrá ser una causal para eliminar de la lista a un candidato violento o no admitir su triunfo, en su caso.
Lo más importante, detalló María del Carmen Alanís Figueroa, integrante de Mujeres en Plural, refiriéndose a los protocolos que son un instrumento de prevención y de enseñanza a las mujeres para saber qué hacer, es la necesaria coordinación de las instancias que deben atender cada caso y, en su opinión, vale que existan todos los protocolos necesarios, pero que lo deseable sería tener uno, y así estandarizar las acciones.
Nuevas cosas son importantes para 2021, ya que las instancias electorales contarán por primera vez con una “lista negra” de personas que violentan o que tienen antecedentes probados.
La otra cuestión es que la ley también extiende la posibilidad de denunciar violencia de género sobre las designaciones en los nuevos gobiernos. En 2021 habrá gabinetes en 15 estados con nuevas autoridades y los mil 800 municipios, por lo que sumando a las candidaturas y estos puestos de designación, 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, en realidad estamos hablando de unas 750 mil mujeres en riesgo el próximo año.
Urge, desde su perspectiva entender que el protocolo da orden, sistematiza y ofrece orientación a las mujeres, sirven y sirven mucho. Es de considerarse que, finalmente, en la ciudad capital habrá ley.
Para Georgina Cárdenas Acosta es pertinente que los partidos políticos y los órganos electorales actualicen protocolos y reglas, en materia de violencia política de género, con la nueva legislación. Algunos protocolos en los partidos, no están acordes con la nueva realidad y hay casos que están desfasados de su propia estructura.
Será en este septiembre que inicie el proceso electoral 2020-2021, mismo que, en el caso de la Ciudad, será el primer proceso en la capital, donde “se podrá castigar la violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que se presenten penosos episodios como los que tuvieron lugar en el proceso de 2018”.
Leyes armonizadas y vigentes para el proceso electoral son: Aguascalientes; Baja California, Campeche, Chihuahua, CDMX, Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, y Yucatán.
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