- Demandan la destitución del Fiscal de Delitos Sexuales y de Trata de Personas
Laura Cruz
SemMéxico/Luces del Siglo. CHETUMAL, Q. ROO. 27 de noviembre 2019.– El colectivo Marea Verde y seis asociaciones civiles más exigieron la destitución inmediata de Guadalupe Reyes Pinzón, actual fiscal de Delitos Sexuales y de Trata de Personas en el estado, quien ha sido señalada por familiares de víctimas por entorpecer los procesos judiciales.
A su vez, demandaron la destitución inmediata de Valeria Burgos Maldonado, directora general del Instituto de las Mujeres de Solidaridad, por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 19 del Reglamento del Instituto de las Mujeres del municipio.
“Para ocupar el cargo de Directora General se deberá contar con grado de estudios mínimo de nivel licenciatura, así como una edad mínima de 30 años, siendo que la referida servidora pública no cuenta con grado de licenciatura”, se fundamenta en el texto.
Esto, ante la emergencia nacional debido al alza de casos de violencia contra las mujeres y de género y en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.
Las activistas exigieron en un documento dirigido a los tres niveles de gobierno, una serie de acciones para garantizar una vida libre de violencia y respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas.
La misiva está dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Carlos Joaquín González, al fiscal general Óscar Montes de Oca y al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Edgar Gasca Arceo.
También al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Toh Euán, así como a la presidenta del municipio de Solidaridad, Laura Beristáin.
Declaratoria de Alerta
Las activistas solicitaron efectuar acciones para lograr la ejecución de las medidas específicas de seguridad, prevención y justicia que se señalaron en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Pidieron garantizar a las mujeres y niñas que se encuentran en Quintana Roo, el derecho a vivir una vida libre de violencia.
El documento, que fundamentan con las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), exigen que todos los delitos cometidos contra mujeres y niñas en el estado sean investigados con la debida diligencia.
A su vez, que en todos los asesinatos de mujeres cometidos en el estado se inicie la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
Las activistas solicitaron que las personas encargadas de las investigaciones cuenten con las competencias, habilidades y capacidades necesarias para realizar su labor con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Pidieron hacer una revisión del grado académico y los perfiles de las personas que están a cargo de los institutos municipales de la Mujer y otras encargadas de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Además, respeto a la laicidad del Estado; asegurar el acceso a la educación integral de la sexualidad de menores y adolescentes; proporcionar información sobre métodos anticonceptivos.
Asegurar la existencia y suficiencia de métodos anticonceptivos gratuitos en las instancias del sector salud de la zona rural y urbana, así como efectuar campañas permanentes de información y detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
SEM/Luces del Siglo
