- En la institución hay más de 100 casos denunciados
- Denuncias que los agresores cuentan con una red de apoyo dentro de la institución
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 26 de septiembre 2023.- Trabajadoras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pidieron a la presidenta, Gabriela Márquez Colín, haga efectiva la política de Cero-Tolerancia en los casos de hostigamiento laboral y sexual, como los denunciados en contra de Isaac Sidhartha “N”, Sergio “N” y Daniel “N”.
Destacan que este 25 de septiembre, la titular del INEGI lanzó, a través de la red de comunicación interna, un video con el anuncio de Cero-Tolerancia al hostigamiento y acoso sexual y a cualquier conducta que afecta la integridad de las personas que laboran en el Instituto.
Por ello, recuerdan que en la sede de Aguascalientes, existen casos sin resolver, “Más de 100” como reconoció el 26 de julio, Manuel Murillo Rodríguez, titular del Órgano Interno de Control, lo que demuestra que los agresores cuentan con una red de apoyo dentro de la institución, pues continúan en sus puestos mientras que las víctimas continúan sin acceso a la justicia, ni a la reparación del daño y sin garantía de no repetición.
Como prueba, está la foto en las redes del INEGI, donde se observa a Graciela Márquez Colín con el coordinador estatal de Morelos, Ricardo Torres, acusado recientemente de hostigamiento sexual.
Exhortan a la titular a tener congruencia ante los casos denunciados y que la Política de Cero-Tolerancia se aplique a los servidores públicos Isaac Sidhartha “N”, Sergio “N” y Daniel “N” para que las víctimas y sobrevivientes de sus violencias accedan a la justicia, a la reparación del daño y se les asegure un espacio libre de violencia.
La denuncia la hacen, a través del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de Aguascalientes, que en julio dio a conocer a los medios de comunicación que ya habían presentado las denuncias correspondientes en tres casos de presunto acoso laboral en el Instituto.
Las trabajadoras señalaron a servidores públicos de la Dirección de Operaciones de Campo, pertenecientes a la dirección general adjunta del Censo de Población y Vivienda y a la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas.
En aquella ocasión, Violeta Sabás Díaz de León, la coordinadora del Observatorio cuestionó que el propio INEGI maneja cifras de 66 mil mujeres que debieron dejar sus empleos por una situación de violencia, pero se perpetúen a lo interno esas anomalías.
Señalaron que las denuncias hechas por las trabajadoras en el Órgano Interno de Control no fueron satisfactorias, ya que consideraron que ellas fueran unos días y los agresores otros.
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