- Pide Patricia Mercado que futuros legislativos den de continuidad a los proyectos pendientes
- México ocupa el lugar 112, de 146 países, en la medición de la brecha salarial
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 11 de marzo, 2024.- La senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, reconoció que, a pesar de que en los últimos cinco años el Congreso ha planteado reformas para garantizar la participación de la mujer en la economía, no se han logrado los consensos para que los ordenamientos legales en materia de cuidados y para eliminar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres entren en vigor.
En la inauguración del foro La mujer en la economía, recordó que, al inicio de la LXV Legislatura, el Senado de la República y la Cámara de Diputados formaron un “frente común” para crear políticas públicas en favor de la mujer.
De esta manera, agregó, el 18 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución, a fin de elevar a rango constitucional el derecho al cuidado y a cuidar, pero en el Senado aún no se avala.
Mientras que el Senado, agregó, logró la aprobación por unanimidad de una reforma que modifica 11 ordenamientos legales para cerrar la brecha salarial, el proyecto no se ha cristalizado, porque no se han logrado acuerdos con el sector empresarial.
Reconoció que, en septiembre, cuando entre en funciones una nueva Legislatura, “hay una idea de que será borrón y cuenta nueva”, por lo que pidió que los proyectos que se votaron por mayoría o de manera unánime en cualquiera de las Cámaras del Congreso les den continuidad los nuevos legisladores.
La legisladora de Movimiento Ciudadano mencionó que, hace unos días el Senado avaló una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que establece un salario base entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo, pero consideró que aún falta mucho por hacer para garantizar los derechos de las mujeres.
La directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Valeria Moy, destacó que, de acuerdo con el Índice Global de Brechas de Género, el cual muestra datos de cómo participan las mujeres en economías de 146 países, México ha avanzado al lugar 15 de 146, en participación política, pero aclaró que existe disparidad respecto a otros factores.
Afirmó que, en cuanto a participación de las mujeres en la economía, nuestro país se ubica en el lugar 125, y en la medición de la brecha salarial se posiciona en el lugar 112 de los 146 países.
Por ello, aseguró que no basta con que las mujeres tengan participación política, si no interviene en la participación económica, pues “si no hay independencia económica no se podrá llegar a otros ámbitos de independencia y libertad de las mujeres”.
La embajadora adjunta de la Embajada Británica en México, Rachel Brazier, mencionó que en el Reino Unido se mide la brecha salarial y en 2010 se creó la Ley de Igualdad, para obligar a las empresas de más de 250 empleados a publicar sus salarios.
“Pero aún no hay multas para las empresas que incumplan con esta norma, y es lo que se debe de trabajar, pues eso denota que las empresas están ocultando información con respecto a la asignación de salarios y genera discriminación y brecha salarial”.
Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, explicó que la participación de las mujeres en el mercado laboral de México sólo aumentó del 41 al 46 por ciento en los últimos 20 años, lo cual representa, a nivel mundial, que el país cuenta con una tasa de participación de mujeres en materia económica por debajo de Brasil, Bolivia y Argentina.
Además, destacó que actualmente en el país existe una brecha salarial, porque, en promedio, por cada cien pesos que percibe un hombre, una mujer gana 85, por ello enfatizó que es necesario mejorar las condiciones laborales para erradicar la existente diferencia entre hombres y mujeres en materia salarial.
Cabe mencionar que, en tres mesas de trabajo, expertos analizaron el panorama de la mujer en la economía en México, la brecha de ingresos por género, la violencia y el acoso laboral, así como la necesidad de reorganizar el sistema de cuidados.
SEM/sj
