En Coahuila el extremo ni denunciar ni decir muchas cosas: Camelia Muñoz Alvarado
Informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 16 de diciembre, 2023.- Camelia Muñoz Alvarado, periodista de Coahuila que desde el 2014 ha interpuesto cinco denuncias de las cuales no sabe que paso con ellas, no le han notificado. Ella sabía de antemano que no iba a obtener justicia.
Ella es protagonista de numerosos casos en el país, que de enero de 2019 y a octubre de 2023 fueron asesinados 41 periodistas, 13 desapariciones, 5 de periodistas, seis de trabajadores de medios y 90 defensoras agredidas de distintas formas, según un informe de Derechos Humanos de la ONU, en el que se plantea la falta de voluntad política para resolverlos y omisiones en las fiscalías.
Carmelina denuncia que ha sufrido amenazas, intimidaciones, en su casa y ha sido despedida de un periódico local. Explicó que el 80 o 90 por ciento de los medios periodísticos de Coahuila, los dueños, están ligados a los partidos políticos, por lo cual las y los periodistas en esta entidad no pueden denunciar ni decir muchas cosas.
Sobre las denuncias que hizo narra que el Ministerio Público sólo escuchaba y no anotaba los hechos, porque no había voluntad de investigar. Hubo una petición de medidas cautelares que no se llevó a cabo como tal y una queja en la Comisión de Derechos Humanos que no prosperó.
Camelia participó en la presentación del Informe “Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, promovida por La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
De acuerdo a las conclusiones del Informe la Fiscalía General de la Republica y las fiscalías del país si tienen la capacidad para realizar las investigaciones conforme a los principios generales de debida diligencia, pero falta conjugar los recursos, las competencias y la voluntad necesaria para investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos, expresó Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH.
Agregó que el combate a la impunidad no depende sólo de las fiscalías, que necesitan ser reforzadas. Consideró que será insuficiente si no se acompaña de otras medidas tendientes a crear política pública integral de respeto, protección y prevención, así como la justicia para quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos humanos.
Mientras Rachel Brazie, embajadora adjunta del Reino Unido en México destacó la importancia de la labor de periodistas y defensoras/es de derechos humanos que incluso arriesgan su vida, por lo que ofreció que la embajada británica seguirá trabajando de la mano para mejorar políticas y respuestas a crímenes en su contra.
Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, señaló “la urgencia de revertir los índices de impunidad a través de un proceso de fortalecimiento de las fiscalías conforme a las recomendaciones del informe”.
El informe contiene un análisis profundo de nueve casos; cuatro mujeres y cinco hombres, defensores y periodistas, para ofrecer prácticas concretas, tanto positivas como negativas, que favorezcan la crítica constructiva y puedan orientar a las fiscalías y su personal en su actuar, se señaló.
Tres de los casos son desapariciones, tres de homicidios y tres de amenazas.
Se documentó entre enero de 2019 y octubre de 2023 al menos 41 asesinatos de periodistas, seis de trabajadores de medios y 90 de personas defensoras afectadas y en posible relación con su labor, además de 13 desapariciones (ocho personas defensoras y cinco periodistas).
De estas 150 víctimas, prácticamente dos tercios habían sufrido incidentes previos y más de 30 por ciento habían presentado formalmente denuncias que no habrían sido adecuadamente consideradas ni tramitadas.
El informe concluye con 16 recomendaciones a implementarse en un periodo de cinco años, dirigidas a las 36 fiscalías del país, a las que la ONU-DH también ofrece asistencia técnica.
Entre estas 16 recomendaciones destacan:
Establecer la obligación de que en casos de delitos cometidos contra mujeres periodistas y defensoras se consideren líneas de investigación que contemplen motivos o formas de comisión del delito vinculadas a razones de género.
Establecer, en línea con lo establecido en el Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, para casos de homicidio, tortura o desaparición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la obligación para el agente del MP de solicitar la realización de un análisis de contexto mandatorio.
Incluir como obligación específica, cuando la víctima ejerce o ejercía labor de defensa de derechos humanos o periodismo, la consideración y el agotamiento de una línea de investigación relacionada con los intereses que podrían verse afectados por dicha labor.
Promover entre los funcionarios de las fiscalías una sólida comprensión respecto del rol social de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, particularmente asegurando que sean registradas como tal desde la presentación de la denuncia.
Casos analizados
Los nueve casos seleccionados comprenden delitos cometidos a partir de 2016 e investigados bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Dos casos de defensoras de derechos humanos fueron asesinadas y dos periodistas amenazadas.
Camelia Muñoz Alvarado quien desconocía que continuaba abierta su investigación, la última de cinco abierta en 2019 sin judicializar.
En el caso de Gloria Ruíz García, directora y fundadora de 4pnoticias fue víctima de amenazas telefónicas y digitales en contra de ella, su madre y su hijo, por realizar investigación sobre la actuación de integrantes de un partido político. Anteriormente había presentado una denuncia sin que se hubiesen esclarecidos los hechos.
Las amenazas se presentaron inicialmente a través de redes sociales el 17 de marzo de 2016 y fueron reiteradas el 25 de marzo de dicho año, pocos días después de la presentación de la denuncia. Las cuentas utilizadas para dichas amenazas eran directamente las de integrantes de un partido político local.
Los dos casos de las defensoras fueron homicidios uno en Tamaulipas y otro en Puebla.
En el caso de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez de Tamaulipas su homicidio ocurrió el 10 de marzo del 2017 por al menos dos individuos que le dispararon un total de 13 veces. El homicidio tiene sentencia condenatoria.
El activismo de Miriam Elizabeth empezó tras la desaparición y asesinato de su hija Karen Salinas. Ella misma, por sus medios, localizó el cuerpo de su hija y aportó elementos para que la Procuraduría imputara a los responsables del delito.
El crimen en su contra se da en un contexto de extrema violencia en Tamaulipas, estado considerado una de las “zonas silenciadas” por el crimen organizado donde los ataques contra personas defensoras y periodistas han provocado autocensura y han generado desplazamiento forzado interno.
El caso de Mextli Omixochitl homicidio en Puebla aparece como investigación judicializada. Era defensora de derechos humanos e integrante de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes ‘28 de Octubre’ (UPVA), organización dedicada a la defensa de los derechos laborales de personas vendedoras populares y a la defensa de la protesta social en México.
En 2016, un año antes de su asesinato, Mextli y otro integrante de la UPVA fueron interceptados, amenazados y encañonados por dos hombres que se presentaron como policías ministeriales. Era hija del líder Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” quien fue asesinado en 1989. Fue asesinada el 29 de junio de 2017 en un ataque armado a la oficina de su organización durante el cual los perpetradores mencionaron a “Simitrio”, vinculándole con el motivo de la agresión.
Los otros defensores de derechos humanos son Isidro Baldenegro López, Arnulfo Cerón Soriano. Los periodistas Edgar Daniel Esqueda Castro, Agustín Silva Vásquez, y Amir Ibrahim Mohamed Alfie.
