Amnistía Internacional lanza Derechos con Voz, para conmemorar los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos resaltando la inseguridad de periodistas
En esta acción participan artistas de todo el mundo y busca darles voz a los derechos humanos a través de la música en TikTok, la plataforma más viral de todas
Entre 2018 y mayo de 2023 fueron asesinadas al menos 20 mil 292 mujeres
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 16 de diciembre, 2023.- Derechos con Voz, es una campaña que lanzó esta semana Amnistía Internacional México, en el marco de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos alertando sobre las violaciones a los derechos humanos, que se expresan en los cuerpos de las mujeres, en la tierra y el territorio, en el hostigamiento a la protesta social y al riesgo de la militarización, que significa, violaciones sexuales.
Preocupan la limitación al derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia, el temor al feminicidio; la urgente desmilitarización de la seguridad pública, el derecho a la protesta social, la libertad de opinión y expresión que hacen inseguro el trabajo de las y los periodistas.
La campaña es una acción lúdica, social y viral que, a través de la música, dará a conocer los derechos a las generaciones del futuro donde participan artistas de todo el mundo y se hará en Tik Tok, poniendo en la toma de conciencia de la población del futuro.
Ello tras evaluar la aplicación de las recomendaciones formuladas a México por el Examen Periódico Universal, previo y cuyo grupo de trabajo sesionará en enero-febrero de 2024, en su 45 periodo de sesiones, cuyas cuentas son desastrosas.
Triste balance en el último año del gobierno de “la transformación”
El EPU anterior, en 2018, México recibió 264 recomendaciones, de las que admitió 262 y tomó nota de dos. A pesar de ello las cosas no han cambiado y se han profundizado las violaciones a los derechos humanos, se ataca al poder judicial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH no es independiente.
México también admitió recomendaciones relativas al derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia, lo cual incluye la importancia de la prevención y erradicación de esta forma de violencia, el fortalecimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) con especial referencia al feminicidio y las garantías de justicia y reparación. Admitidas cuatro recomendaciones, pero la violencia de género se mantuvo al alza – entre 11 y 17 feminicidios al día- y se disminuyeron presupuestos que nulificaron la prevención.
Señaló que la situación de los derechos humanos en el terreno muestra cuestiones preocupantes, en un país que parece conducirse al abismo respecto de los derechos humanos para más de 100 millones de habitantes, que en amplios territorios viven violaciones sistemáticas a sus derechos humanos.
Amnistía Internacional expone así sus preocupaciones centrales, sobre el respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia y sin temor al feminicidio.
Reitera la necesidad de la desmilitarización de la seguridad pública y los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley; el derecho a la protesta social; el derecho a la libertad de opinión y expresión; y la seguridad de quienes ejercen el periodismo.
Recuerda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, al concluir la Segunda Guerra Mundial, dándole vida a 30 artículos que constituyen el marco de referencia al que deberían ajustarse las leyes y la acción política en todos los países.
Respetar los derechos humanos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información, son algunos de ellos.
Todos los Estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Sin embargo, esto no es así, y el desconocimiento generalizado de los derechos humanos facilita que se puedan violentar.
Ante esta situación Amnistía Internacional un movimiento global integrado por más de 10 millones de personas en todo el mundo, que trabaja para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, reconoce que hay mucho por hacer en pro de que estos se cumplan, y que a través de la educación, podemos dar el primer paso hacia un futuro en el que sean respetados.
De ahí nace Derechos con Voz como una acción lúdica, social y viral que, a través de la música, logre dar a conocer sus derechos a las generaciones del futuro.
Así lo explicó Edith Olivares Ferreto a SemMéxico. Ella directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, entusiasta feminista, contó cómo la admisión de recomendaciones no significa cambio de la situación. Expuso que hay situaciones extremadamente graves, como las acciones militares extrajudiciales, que entre otras cosas ponen en riesgo a las mujeres, por violaciones sexuales.
La Campaña
Gracias al trabajo de MUXIC, liderada por la activista y artista mexicana Renee Mooi, se ha logrado la participación de reconocidos artistas de la talla de: Vivir Quintana, El David Aguilar, Plastilina Mosh, Centavrvs, El Mulu, Amanda Tovalin, Midnight Generation, Leiden, Budaya, Madame Recamier, Pahua, GRTSCH, Rulo, Leiden, Sonido San Francisco, Emma Platais, Phoebe Smolinm, Rosk y Eli De Llaca; al igual que otras reconocidas figuras nacionales e internacionales como: The Mills, Torinotabi, Luna Sujatovich, Elisa Tokeshi, Leo Camiser, ZavRam, Penny Nacional y Raichel & Lukro. Junto con ellos, otros más se sumarán a la iniciativa, componiendo o cantando canciones para impulsar el conocimiento de los Derechos Humanos a través de la música en TikTok, la plataforma más relevante de Internet, que ha generado 340,000 views orgánicos a solo 5 días del lanzamiento.
Se hizo viral
En cuestión de horas, la acción logró una conversación de impacto a escala global desde México, expandiéndose al resto del mundo, haciendo que influencers y usuarios replicaran la dinámica al crear y subir contenido con canciones hechas a partir de derechos humanos, amplificando su voz para informar a más personas sobre los mismos.
Los derechos humanos son libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz.
El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos y a través de esta acción, logramos acercarlos a una generación que será más consciente de ellos.
México admite recomendaciones, pero no pasa nada
Durante su tercer EPU, en 2018, México recibió 264 recomendaciones, de las que admitió 262 y tomó nota de dos.
Niñas y mujeres en vilo
México admitió recomendaciones relativas al derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia, lo cual incluye la importancia de la prevención y erradicación de esta forma de violencia, el fortalecimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y las garantías de justicia y reparación. Cuatro recomendaciones se referían al feminicidio en particular.
FEMINICIDIOS: Desde el último EPU, en 2018, los casos de violencia de género contra mujeres y niñas han seguido aumentando. Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2018 y mayo de 2023 fueron asesinadas al menos 20 mil 292 mujeres. Esto significa que casi 11 mujeres son asesinadas cada día en México.
Las fiscalías decidieron investigar 5.065 de estos asesinatos como presuntos feminicidios. Desde 2015 se ha activado en México la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que se basa en esfuerzos coordinados para prevenir y abordar la violencia de género contra las mujeres y responder a ella.
Pese a que se han activado 25 AVGM en 22 estados del país, persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios. En 2021, Amnistía Internacional documentó en un informe cuatro casos emblemáticos de feminicidio. El informe muestra deficiencias en las investigaciones, como pérdida de pruebas, falta de investigaciones adecuadas, falta de aplicación de una perspectiva de género y amenazas a las familias de las víctimas, que además sufren revictimización. Estos patrones son similares a los encontrados en las investigaciones de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, tal como han destacado reiteradamente las ONG y las personas titulares de derechos.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA México admitió recomendaciones para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas o de seguridad o con su aquiescencia fueran investigadas y castigadas, y se otorgara reparación por ellas. Una recomendación afirmaba la necesidad de adoptar medidas adicionales sobre los límites del uso de la fuerza.
Sin embargo, quedan por abordar grandes desafíos respecto a la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN. México admitió recomendaciones en relación con la protección de periodistas, entre ellas fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas —de carácter federal—, combatir la violencia y el hostigamiento que sufren, e investigar y, en su caso, enjuiciar dichos ataques.
No obstante, las investigaciones siguen siendo inadecuadas y la impunidad por estos ataques es generalizada.
ARRAIGO (DETENCIÓN PREVENTIVA SIN CARGOS) Lamentablemente, pese a admitir una recomendación relativa al arraigo que incluía derogar todas las disposiciones de la Constitución y otras leyes que disponen este tipo de detención e investigar y procesar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en virtud de esas leyes, las disposiciones legales relativas al arraigo siguen en vigor.
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. México admitió una recomendación relativa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente la de reforzar su autonomía y sus capacidades. No obstante, esta recomendación todavía no se ha aplicado.
RENDICIÓN DE CUENTAS. En una aplaudida decisión, y pese a haberse limitado a tomar nota respecto de la correspondiente recomendación, en septiembre de 2021 México ratificó las Enmiendas de Kampala (artículo 8) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto contribuye a la protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. En lo que constituyó una medida positiva, en 2020 México reconoció formalmente la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, tal como exponían cuatro recomendaciones admitidas por su gobierno.
Este mecanismo de presentación de quejas individuales ayuda a prevenir las desapariciones forzadas y a promover los derechos de las personas desaparecidas y de las familias que han agotado todas las vías nacionales en su lucha por la verdad, la justicia y la reparación completa.
Lo que realmente sucede:
Desde 2019 está en vigor una nueva ley sobre el uso de la fuerza que no regula de conformidad con las normas internacionales el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que restringe indebidamente el derecho de reunión pacífica.
A pesar de la militarización de la seguridad pública defendida y promovida por el presidente y secundada por el Congreso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha cuestionado estas decisiones, ni públicamente ni ante los tribunales.
Las organizaciones locales han considerado esta actitud como una falta de imparcialidad.
La rápida implementación de recomendaciones admitidas tanto del segundo como del tercer EPU21 respecto a fortalecer el trabajo de la CNDH ayudaría a abordar este motivo de preocupación.
Ataque sistemático al Poder Judicial
Cuando ha resuelto en contra de las iniciativas del presidente, la Suprema Corte de Justicia ha recibido por parte de éste constantes ataques públicos que comprometen la autonomía del poder judicial. Por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia bloqueó el intento del presidente de poner a la Guardia Nacional bajo el control del ejército, el presidente acusó a los jueces de estar “al servicio de las cúpulas del poder, y no de la mayoría del pueblo”.
La implementación rápida de las recomendaciones admitidas ayudaría a preservar la independencia del poder judicial y a garantizar los derechos a la verdad y la justicia.
Tierra y territorio, al garete
En enero de 2021, México ratificó el Acuerdo de Escazú, que incluye sólidas protecciones para los pueblos indígenas y para las personas defensoras de los derechos ambientales. Sin embargo, el presidente respondió acusando públicamente de ser “falsos ambientalistas” a los defensores y defensoras de los derechos humanos que han expresado su preocupación por el proyecto del Tren Maya.
Seis titulares de procedimientos especiales de la ONU expresaron su preocupación por la manera en que ese proyecto afectaría al derecho a la tierra y a la salud de los pueblos indígenas y por su impacto medioambiental. Estas preocupaciones se han planteado también en el último EPU de México.
El Arraigo
El arraigo no se ha eliminado, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que lo hiciera en 2022 y en 2023. La Corte Interamericana también manifestó que deben modificarse las disposiciones legales y constitucionales para hacer que la detención preventiva obligatoria sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Protesta Social
La gente que ejerce su derecho a la protesta pacífica a menudo sufre violaciones de sus derechos que incluyen estigmatización, represión, uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, amenazas, acoso digital, ausencia del debido proceso y falta de acceso a la justicia, impunidad y, en el caso de las mujeres, violencia sexual.
La estigmatización a menudo procede de las más altas autoridades, incluida la conferencia de prensa que el presidente ofrece cada mañana, en la que con frecuencia formula fuertes críticas contra periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y ONG que cuestionan las acciones del gobierno: los acusa de ser “conservadores” y “opositores” y de recurrir a “marros, y picos y bombas” cuando participan en las protestas.
. El informe de Amnistía Internacional titulado La era de las mujeres: Estigma y violencia contra mujeres que protestan36 documentaba violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra mujeres que reclamaban una vida sin violencia en Sinaloa, el estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Quintana Roo en 2020. Estas violaciones de derechos humanos incluían uso excesivo e innecesario de la fuerza, detenciones ilegales y arbitrarias, abusos verbales y físicos basados en el género, violencia sexual, estigmatización de las manifestaciones feministas —a las que se calificaba de “violentas”—, así como un sesgo discriminatorio contra las mujeres que se cubren el rostro. Hasta el momento, nadie ha rendido cuentas por estos abusos.
El sistema de justicia penal se utiliza a menudo como mecanismo de disuasión para quienes protestan, especialmente en relación con los derechos a la tierra, el territorio, el medioambiente y el clima. Desde el último EPU, Amnistía ha documentado casos de criminalización de la protesta.
Estos casos muestran una tendencia a criminalizar a líderes y a personas defensoras de los derechos humanos utilizando delitos penales de formulación amplia o imprecisa o presentando cargos falsos contra ellas. Las violaciones de derechos en estos casos incluyen falta del debido proceso y de acceso a la justicia, largos procesos judiciales con la amenaza constante de la privación de libertad, falta de consentimiento previo e informado en el caso de comunidades indígenas, e impunidad.
Seguridad de periodistas
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los profesionales del periodismo. Los años 202038 y 202239 fueron de los más mortales de la historia del país en lo que se refiere a la prensa: al menos 19 y 13 periodistas fueron víctimas de homicidio, respectivamente, a causa de su trabajo, más que en 2021 y 2019.
En el ámbito federal, desde 2012 México cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante, “el Mecanismo”), que proporciona ciertas medidas de protección a las personas que han sido blanco de ataques o amenazas. En la actualidad, el Mecanismo beneficia a más de 500 periodistas pero, de 2017 a 2021, al menos siete profesionales del periodismo fueron víctimas de homicidio a pesar de contar con su protección.
Además, hay muchos casos que siguen sin investigarse adecuadamente, y el Mecanismo sigue sin cumplir su objetivo de proteger la vida y la seguridad de estos grupos. El Mecanismo aún no ha proporcionado una estrategia para responder a los ataques digitales y la vigilancia ilegal, como los del programa espía Pegasus de NSO Group.
Militarización
México ha basado su actuación en una estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada. En 2019 se creó, mediante una enmienda constitucional, la Guardia Nacional, que en principio estaría bajo control civil. Sin embargo, la Guardia Nacional tiene una fuerte influencia de las fuerzas armadas: está bajo el mando de un general retirado del ejército y la mayoría de sus miembros pertenecían a dichas fuerzas.
El quinto artículo transitorio de las reformas constitucionales dispone que las fuerzas armadas participarán en tareas de seguridad pública durante un periodo de cinco años mientras la Guardia Nacional pasa a ser plenamente operativa.
En 2020, un decreto ejecutivo dispuso que las fuerzas armadas participarían formalmente en tareas de seguridad pública hasta 2024, 49 periodo que ha sido ampliado recientemente, después de que el Congreso acordara mantener al ejército en las calles hasta 2028, sin una estrategia para la desmilitarización de la seguridad pública y de los órganos encargados del cumplimiento de la ley y sin una estrategia de reforma policial.
En noviembre de 2022, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el decreto presidencial de 2020 que permitía la participación permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta 2024 era constitucional.
En septiembre de 2022, el Congreso aprobó una iniciativa que ponía a la Guardia Nacional formalmente bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana.
Sin embargo, el 18 de abril de 2023, la Suprema Corte de Justicia anuló la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA. La Guardia Nacional es una de las diez instituciones con la cifra más alta de denuncias por violaciones de derechos humanos. Desde la creación de la Guardia Nacional en 2019 hasta septiembre de 2022, la CNDH ha recibido mil 200 denuncias contra la primera. Estas denuncias se refieren a detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos.
Respecto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina (SEMAR), desde 2019 hasta septiembre de 2022 la CNDH había recibido 1.604 y 1.553 denuncias, respectivamente, sobre múltiples violaciones de derechos humanos tales como tortura y otros malos tratos, homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.55 28. La participación de las fuerzas armadas en la vida pública de México ha hecho aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención, ha provocado más violaciones de las garantías judiciales bajo custodia, y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones.56 29. Además, se ha relacionado directamente a personal militar con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con ejecuciones extrajudiciales y con casos de tortura y otros malos tratos.
