- Se presentaron 176 denuncias de violencia política, las más afectadas las mujeres de la diversidad sexual
- Las candidatas a diputaciones federales las que más denuncias presentaron
Micaela Márquez
SemMéxico, Cd. de México, 28 de febrero 2022.- Para garantizar la máxima protección a los derechos político-electorales de las mujeres el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el “Protocolo para la atención a víctimas” y la elaboración del “Análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género”.
El organismo electoral es pionero en las acciones para maximizar la participación política de las mujeres, aseguró el Consejero Presidente, Lorenzo Vianello, tras lamentar que “a mayor participación política y mayores logros en los temas de paridad, también aumenta la violencia que sufren las ciudadanas en nuestro país”.
El INE ha recibido 176 denuncias en materia de Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Genero (VPMRG) y de estas las mujeres de la diversidad sexual son las más afectadas, lo que demuestra la importancia de contar con la información estadística para plantear las estrategias necesarias, como señaló la consejera Norma de la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.
Al respecto, la consejera Carla Humphrey Jordán resaltó que las candidatas a diputaciones federales fueron las que más denuncias presentaron en materia de violencia política en razón de género con 32, seguidas de militantes de partidos políticos con 20 y candidatas a presidentas municipales con 15.
El Consejo General resolvió 14 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales y dio por recibidos: el Informe que presenta el secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y el Informe Reflexiones y recomendaciones sobre la implementación de la medida 3 de 3 contra la violencia.
El Protocolo establece los ejes rectores de la atención de primer contacto
En sesión ordinaria del Consejo General Norma de la Cruz Magaña destacó que “el Protocolo guiará la actuación del personal del INE en el proceso de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que establece los ejes rectores de la atención de primer contacto y de la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar las medidas de protección y/o un plan de seguridad a las mujeres que presenten una queja o denuncia por violencia política ante cualquier instancia del INE y su debido seguimiento”.
Lorenzo Córdova Vianello agradeció la labor realizada para lograr la elaboración del documento que es una ruta de trabajo para atender todas las eventuales quejas y la atención de primer contacto para “avanzar en este tema que nos lacera a todas y a todos” y proteger a las víctimas de violencia política por razones de género.
La consejera Carla Humphrey Jordán destacó que “informando con un lenguaje claro y sencillo de los derechos, que en su favor establece la normativa vigente, incluido su derecho a solicitar medidas de protección y el modo de ejercerlas”.
De igual forma, exhorta a todas las autoridades competentes para conocer los casos de violencia política y tratar de manera inmediata situaciones de riesgo planteadas por las víctimas, en atención a los supuestos de gravedad, urgencia y posible irreparabilidad y así garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres libres de violencia.
En seguida, la consejera Dania Paola Ravel Cuevas, señaló que, como parte de la atención a las víctimas, era indispensable que se contara con un mecanismo que delineara puntualmente cómo tendría que hacerse el primer contacto. Al expresar “queremos que las mujeres políticas sepan que no están solas, que las autoridades estamos aquí para ellas y ninguna conducta de este tipo va a ser tolerada”.
Agregó Ravel Cuevas que la lucha contra la violencia política contra las mujeres en razón de género “no es una moda, ni debe ser un tema de discurso, es un problema estructural en nuestro país y debe ser analizado y atendido con determinación y contundenciapara lograr el desarrollo y la pacificación social que tanto deseamos”.
Mientras que la consejera Adriana Favela Herrera dijo estamos animando a las mujeres políticas a que denuncien y asegurándoles que no van a estar solas. Reconoció que, por la impunidad que hay en el país, muchas de ellas no denuncian porque “por lo menos casi el 50 por ciento de las denuncias no van a tener ninguna consecuencia favorable para ellas y que solamente el 4.6 por ciento de las personas denunciadas son puestas a disposición de un juez”.
La Consejera Claudia Zavala Pérez sugirió la elaboración de flujogramas para que las personas que tengan estas responsabilidades tengan claro cuál es el a,b,c o el paso a seguir.
Tanto la consejera Carla Humphrey Jordán como el consejero Jaime Rivera Velázquez se refirieron a las negativas de autoridades y partidos políticos a proporcionar información requerida por el organismo electoral.
Mientras que el consejero Jaime Rivera Velázquez ha hecho solicitudes de información a autoridades encargadas de investigar posibles delitos en la materia y se ha encontrado con negativas, reticencias o ausencia de respuesta, al presentar el Informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016 a 2022.
Jaime Rivera Velázquez mencionó los casos en los que el INE, a través de sus órganos competentes, ha hecho solicitudes de información a autoridades encargadas de investigar posibles delitos en la materia y se ha encontrado con negativas, reticencias o ausencia de respuesta.
Precisó los casos de Odebrecht; David León Romero y Pío López Obrador; así como uno del PRI en el proceso electoral 2016-2017 “en donde el INE reiteradamente ha solicitado información sobre las investigaciones ministeriales al respecto y se le ha negado aduciendo el secreto ministerial”.
El presidente de la Comisión de Fiscalización recordó que recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que el secreto ministerial no es oponible a la autoridad fiscalizadora del INE y declaró fundados los incumplimientos de sentencia al demostrar que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República “no ha entregado la información solicitada por el INE y ordenó a este organismo cumplir con la sentencia principal a la brevedad”.
Por ello, llamó a las autoridades involucradas a que “cumplan con las sentencias del Tribunal y contribuyan al esclarecimiento de estos hechos y con todos los elementos y conforme a derecho, se pueda determinar si hay los ilícitos que se presumen en las quejas, sancionarlos o en su caso, cerrarlos”.
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