La mañana del 10 de marzo de 2017 Alondra Guadalupe González Arias, de 20 años de edad, fue encontrada sin vida con signos evidentes de violencia en el departamento que compartía con su pareja en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Alondra contaba con una orden de protección emitida un mes antes, cuando había denunciado violencia por parte de su pareja. Sin embargo, las autoridades no tramitaron en tiempo y forma dicho documento, lo que provocó que no se activara la protección para Alondra.
La muerte de Alondra Guadalupe pudo haberse evitado si las autoridades de Jalisco hubieran actuado con eficacia y le hubieran brindado las medidas de protección correspondientes, luego de que ella denunciara a su ex-pareja por violencia de género.
Antecedentes
El 6 de febrero de 2017, Alondra denunció en el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, la violencia física y psicológica sistemática por parte de su agresor. En su favor se emitió una orden de protección que la Agencia del Ministerio Público del CJM no hizo llegar a las autoridades responsables, por lo que la joven nunca recibió la protección que requería
El 21 de agosto de 2018. Nancy Arias Arteaga, madre de Alondra, interpuso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), una queja en contra del personal del CJM por la negligencia con la que se condujeron y no hicieron lo suficiente para evitar la muerte de su hija. Se inconformó además contra la Dirección de Investigación de Homicidios de la FGE porque no habían aprehendido al responsable pese a que existía la correspondiente orden para ello.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) ha dado acompañamiento a Nancy en todo este proceso.
Amnistía Internacional ha dado puntual seguimiento al caso de Alondra y ha desarrollado un intenso activismo en torno al mismo. En este sentido, entre otras actividades, el 11 de marzo de 2019 entregó al gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, más de 21 mil firmas provenientes de personas de varios países, que respaldan la exigencia de justicia y la reparación integral del daño a la familia de Alondra.
Las firmas fueron recabadas por activistas de Amnistía Internacional en México, Bélgica, España, Italia, Puerto Rico y Paraguay.
Recomendación de la CEDH
El 3 de abril de 2019, la CEDHJ del estado de Jalisco emitió la Recomendación 05/2019, de acuerdo con la cual el estado de Jalisco pudo evitar el feminicidio de Alondra. La Comisión establece una serie de medidas para reparar integralmente el daño a la madre, la hija y el hijo de Alondra.
Amnistía Internacional insiste en que las autoridades de Jalisco cumplan en su totalidad con la Recomendación 5/2019, emitida CEDHJ. Ésta establece un importante precedente en materia de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño en el caso de Alondra, así como para todas las víctimas de feminicidio en el Estado.
Detención del responsable
El 13 de mayo de 2019, después de dos años de intensa incidencia de la madre de la joven con las autoridades, fue detenida la persona que la FGE vincula al feminicidio de Alondra. La persona detenida tenía una orden de aprehensión desde el año 2017.
En los primeros meses del año 2019 se registraron además importantes avances en la reparación integral del daño, entre ellos destaca que la patria potestad temporal de la hija y del hijo de Alondra recayó en su abuela, Nancy Arias, quien pudo interponer la demanda para la tutela definitiva.
Se ha brindado atención psicológica para la madre y la hermana de Alondra, la misma será proporcionada también a las otras dos hermanas, la abuela, así como a la hija y el hijo de la joven. En esta acción participa personal del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).
Sentencia al responsable
En noviembre de 2020 fue dictada sentencia condenatoria en el caso del feminicidio de Alondra, con lo que se dio un paso importante en la búsqueda de justicia y el combate a la impunidad.
Sin embargo, Amnistía Internacional advirtió en su momento que el caso no se agota con esta medida, es importante que la atención a las víctimas de feminicidios y sus familiares no se quede en la casuística. Por ello, El gobierno del estado de Jalisco debe aplicar una política integral que prevenga la violencia contra las mujeres, que incluya una reparación integral del daño y que ofrezca garantías de no repetición para todas las víctimas de feminicidio.
Pendiente la reparación integral del daño
Dicha política debe incluir políticas públicas que incorporen la perspectiva de género en ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo urbano, entre otros, como señala la Recomendación General Número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer del Comité CEDAW.
Amnistía Internacional recuerda también que el gobierno del estado de Jalisco debe cumplir la Recomendación 5/2019, emitida por la CEDHJ, en lo relacionado con las garantías de no repetición, y con:
- La necesidad de brindar capacitación y formación especializada al personal que atiende a las mujeres en situación de violencia y,
- La actualización o implementación de un plan de urgencia para las víctimas de violencia de género, que permita identificar redes de apoyo para la víctima y la estrategia que deben seguir las autoridades para salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres en situación de riesgo.
Situación Actual del caso
Actualmente, como parte del proceso de reparación integral del daño, está en proceso la instalación de un memorial que honre la memoria de Alondra y una disculpa pública que ofrecerán autoridades del estado de Jalisco. Este proceso avanza muy lentamente.
Amnistía Internacional ha señalado que un proceso de construcción de disculpa pública debe poner en el centro a las víctimas. Son éstas las que establecen los términos en los que la disculpa se debe dar, conforme a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia que ha emitido al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En el proceso de búsqueda de justicia, verdad, reparación integral del daño y garantías de no repetición, las madres de las víctimas de feminicidio pasan por un proceso de mucha tensión, desesperación y sufrimiento. “Todas enfrentan, sin excepción, un sistema de procuración e impartición de justicia insensible, agresivo y falto de profesionalismo, que es más generador de impunidad que de justicia”, ha declarado Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
De ahí la importancia de que las autoridades de procuración e impartición de justicia lleven adelante un proceso de reparación del daño integral, que resarza los daños materiales e inmateriales causados a la víctima y su familia. En este sentido, tanto la declaratoria como el memorial, forman parte justamente de las medidas de reparación integral del daño que están consideradas tanto en la Constitución política como en la Ley General de Víctimas, entre otros ordenamientos.
La disculpa pública es una medida de satisfacción para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es un acto simbólico con el que se busca restaurar la memoria de las víctimas, también tiene un valor en sí misma porque la máxima autoridad gubernamental reconoce el daño moral que ha causado a las familias.
A la fecha, la instalación del memorial para Alondra está detenida. Éste ya ha sido terminado y se encuentra almacenado. Las conversaciones con la madre de Alondra para definir el formato del acto de disculpa pública no se han podido concretar debido a aspectos burocráticos que las autoridades se han tardado en resolver desde inicios de este año.
Más información
Exigimos justicia para Alondra
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Alejandro Juárez Gamero, Amnistía Internacional México
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