Claudia Corichi
SemMéxico, Ciudad de México, 26 de junio, 2026.- El día de ayer, como cada 23 de junio, las Naciones Unidas conmemoran el Día de la Administración Pública para reconocer el papel de las instituciones en la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.
Sin embargo, la celebración llega en un momento de grandes desafíos para los gobiernos de todo el mundo: crecientes demandas ciudadanas, restricciones presupuestarias, una innovación tecnológica sin precedente y una preocupante erosión de la confianza en las instituciones públicas.
La administración pública ya no puede entenderse únicamente como un conjunto de procedimientos burocráticos. Hoy se le exige capacidad para anticipar riesgos, responder con eficacia a problemas complejos y generar soluciones centradas en las personas. En otras palabras, se requiere un Estado cercano, transparente, innovador y capaz de producir resultados tangibles para la población.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que la región enfrenta una crisis de capacidades institucionales que limita el desarrollo sostenible. En su más reciente Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe, el organismo sostiene que la innovación pública debe convertirse en un motor de transformación para construir instituciones más eficientes, abiertas, resilientes y orientadas al bienestar social. Asimismo, destaca que la ética pública, la colaboración y la participación ciudadana son elementos indispensables para fortalecer la legitimidad democrática.
La confianza es, precisamente, uno de los principales activos de cualquier gobierno. Cuando la ciudadanía percibe que las instituciones actúan con integridad, imparcialidad y capacidad de respuesta, aumenta la disposición a colaborar, cumplir las normas y participar en la vida pública. Por el contrario, la desconfianza debilita la cohesión social y reduce la efectividad de las políticas públicas.
En México, el INEGI impulsa la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública, alineada con estándares internacionales de la OCDE, para medir factores como la confiabilidad, la apertura, la integridad y la capacidad de respuesta gubernamental. La existencia de este instrumento refleja que la calidad institucional ya no puede evaluarse únicamente por el gasto ejercido o los programas implementados, sino también por la percepción y experiencia de las personas usuarias de los servicios públicos.
La CEPAL, que cumple 75 años de tener su sede regional en el país, también ha señalado que la gobernanza moderna requiere fortalecer mecanismos de gobierno abierto, colaboración social y transparencia para responder a los desafíos del siglo XXI. Después de más de una década de experiencias en la región, las lecciones son claras: la participación ciudadana mejora la calidad de las decisiones públicas y contribuye a reconstruir la confianza institucional. Asimismo, frente a escenarios de reacción sucesiva, el pensamiento estratégico se vuelve fundamental.
La administración pública enfrenta hoy una prueba decisiva. No basta con digitalizar trámites o modernizar estructuras. El verdadero desafío consiste en recuperar la confianza de la ciudadanía mediante instituciones eficaces, transparentes y cercanas. En una época marcada por la incertidumbre, innovar en el Estado no es una opción: es una condición para fortalecer la democracia y avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.
@ClauCorichi
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