Saúl Escobar Toledo
SemMéxico, Ciudad de México, 26 de junio, 2026.- El sistema de pensiones en México sufrió un cambio radical hace unas décadas. El esquema solidario e intergeneracional fue sustituido por otro, basado en cuentas individuales a cargo de una administradora privada (para los trabajadores afiliados al IMSS) o pública en el caso de quienes cotizan al ISSSTE.
Con este propósito se impusieron dos reformas, en 1997 a la Ley del IMSS y en 2007 para enmendar la del ISSSTE. A partir de esas fechas, las personas trabajadoras tuvieron que financiar su propia jubilación con los recursos ahorrados en sus años de servicio, resultado de sus aportaciones y las que hicieron los patrones (IMSS) o el gobierno (ISSSTE). Adicionalmente, fueron obligados a pagar una cuota a las administradoras por el “servicio” que prestan por manejar estos recursos.
Ocurrió una privatización parcial de la seguridad social. La administración de los fondos de pensiones se convirtió en un gran negocio que dio lugar al surgimiento de poderosas empresas financieras, un verdadero monstruo oligárquico que hoy maneja una cantidad de recursos equivalentes a casi el 23 por ciento del PIB.
Además, el sistema no cumplió las metas que se había fijado. El monto de la pensión resultó muy bajo y muchos trabajadores no tuvieron acceso esa prestación debido a las semanas de cotización requeridas. Estas fallas fueron advertidas por la OIT y otros estudiosos del tema desde hace años. Según esta organización, varios países del mundo han echado para atrás el modelo privado y han vuelto al esquema solidario público. En Chile, la crítica al sistema privatizado, que se inició en tiempos del dictador Pinochet, ha sido constante a lo largo de todos estos años lo que ha motivado varias reformas, la última del presidente Boric poco antes de terminar su mandato.
En los últimos años el presidente Petro de Colombia también intento enmendar la ley, pero se enfrentó a la poderosa oligarquía de las administradoras privadas y la iniciativa quedó congelada.
El Banco Mundial (BM) fue uno de los principales impulsores de la reforma en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Su diagnóstico falló en varios aspectos: sobrestimó el envejecimiento de la población; no calculó correctamente el llamado “costo de transición”, es decir los recursos públicos destinados a mantener el pago de las pensiones bajo el viejo sistema; y tampoco entendió las características del mercado laboral latinoamericano: muchas personas se ocupan en el sector informal y, al mismo tiempo, muchos empleos registrados en la seguridad social son inestables o precarios, lo que impide a las personas trabajadoras reunir las semanas de cotización necesarias para pensionarse.
En 2021, los representantes de las administradoras privadas reconocieron que, en México, “varios millones de asegurados con el nuevo sistema no cumplirían con los años de cotizaciones requeridos para recibir una pensión y 70 por ciento de los jubilados cobraría una pensión menor a un salario mínimo”.
Ante la catástrofe que se avecinaba, el presidente López Obrador propuso una reforma que, en los fundamental, aumentó las aportaciones de los empleadores y redujo, parcial y transitoriamente, las semanas de cotización necesarias para pensionarse. Sin embargo, esta reforma sólo modificó la Ley del IMSS y al poco tiempo se consideró insuficiente. Por ello, en abril de 2024 se publicaron en el Diario Oficial otras enmiendas destinadas igualmente a la Ley del IMSS y, ahora también, a la del ISSSTE.
El texto de la iniciativa presidencial, en su exposición de motivos contenía una crítica severa de las reformas de 1997 y 2007, y las calificó como una “regresión histórica” y “una transgresión a los derechos laborales”. Reconocía que en la actualidad “lastimosamente” los jubilados reciben una pensión que equivale a menos de la mitad de su salario.
No obstante, la iniciativa se propuso sólo “reducir los daños”, es decir no cambió el modelo que tan duramente condenaba. El “remedio” consistió en modificar las leyes para “procurar” que los trabajadores “reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal” para que su pensión alcance un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS en ese año, 16 mil 777. 68 pesos, monto que se “actualizará anualmente el 1 de enero de acuerdo con la inflación estimada para ese año”. Para 2026 se calculó en 17 mil 885 pesos. Este apoyo sólo aplica para los trabajadores que se jubilen a partir de julio de 2024, estén inscritos en una cuenta individual, y cumplan con los años de cotización que marca la ley.
Para financiar esta reforma, se creó el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”. En el caso de los afiliados al ISSSTE, los recursos provendrán, principalmente, de las cuentas no reclamadas de la subcuenta de vivienda y de la cuenta individual de cada trabajador en PENSIONISSSTE.
Habría que aclarar que muchas personas trabajadoras no han reclamado los recursos acumulados en sus cuentas individuales por diversas razones: dejaron de laborar; hubo errores en su inscripción; o nunca supieron que tenían esos ahorros. Todo lo cual nos habla de una falla más del sistema.
Recientemente, el director del ISSSTE, ante las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reconoció públicamente las deficiencias del modelo, pero argumentó dos cosas: una, que las cuentas individuales tienen dueño y que el estado no puede apropiarse de ellas, y segundo que “el Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir un nuevo esquema solidario”.
Ambas afirmaciones son discutibles: la primera, porque, si se llegara a crear un sistema solidario, los trabajadores con cuentas individuales podrían voluntariamente solicitar su cambio a ese modelo alternativo. Hoy, de acuerdo con la ley vigente, una persona trabajadora puede elegir otra administradora privada o pública y darse de baja de la que está inscrito.
La segunda afirmación, el 20 por ciento del PIB, es dudosa porque el gobierno no ha explicado cómo calculó esta cifra. En realidad, el gobierno gasta una cantidad considerable de recursos del presupuesto federal para pagar las pensiones de los trabajadores del viejo sistema solidario que destruyó. Es decir, en lugar de que estas se paguen con el fondo común que existía, ahora los pagos se han tenido que hacer con dineros que provienen del presupuesto de cada año. Como ya se dijo, esto fue uno falla del sistema desde su inicio porque no se calculó correctamente este “costo de transición”.
En 2025 el gasto total en jubilaciones y pensiones fue de alrededor de 1.6 billones de pesos, poco más del 17 por ciento del gasto neto total y equivalente a más del cuatro por ciento del PIB. Para las que están a cargo del IMSS fue de 962 mil millones de pesos y para las que corresponden al ISSSTE 382 mil millones de pesos lo que representó, en este último caso, un 4.1 por ciento del gasto total y uno por ciento del PIB.
La Ley ISSSTE de 2007 exige, para otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez, 25 años de cotización y 60 años de vida de tal manera que las personas trabajadoras que podrán aspirar a esas prestaciones lo harán hasta 2032 si ya cumplieron la edad requerida. Hay muy pocos trabajadores, unos 65 mil, que ingresaron a trabajar antes de 2007, decidieron ingresar a una AFORE, incluyendo PENSIONISSSTE, y por lo tanto se han jubilado con las reglas del sistema de cuentas individuales. La gran mayoría decidieron acogerse al X Transitorio de la Ley y sus pensiones quedaron a cargo del presupuesto del gobierno federal.
La posibilidad de diseñar un modelo solidario para los afiliados al ISSSTE, como reclama la CNTE, tendría entonces varias ventajas: en lo que se refiere a los trabajadores que cotizaron en el viejo modelo (antes de 2007) y ya están jubilados o lo van a hacer en los próximos años, la carga para las finanzas públicas podría ser menor pues se reduciría el “costo de transición” .Por su parte, las personas trabajadoras que ingresaron a trabajar después de 2007 y tienen una cuenta individual en PENSIONISSSTE, podrían elegir entre mantener esa cuenta o ingresar al nuevo esquema solidario que se llegara a crear. Si se deciden por este último, el monto de la pensión y la tasa de reemplazo podrían ser mayores. debido a que ya no contarían solamente con sus propios ahorros; el fondo solidario serviría para financiar su retiro.
Como puede verse, el debate tiene un componente técnico y presupuestal complejo pues se trata de calcular los montos de las pensiones que se pagan hoy y las que se harán en el futuro. Sin embargo, la experiencia internacional enseña que el sistema intergeneracional con una administración pública es mejor para el trabajador y menos oneroso para las arcas públicas.
La posibilidad de construir un sistema solidario alternativo no puede descartarse con razones poco claras. La demanda de la CNTE no es un disparate y la ley del ISSSTE no puede convertirse en un tabú.
Todavía contamos con tiempo para analizar seriamente el asunto. Las reformas más recientes al modelo de cuentas individuales tanto del IMSS como del ISSSTE no garantizan su sustentabilidad financiera, ni una pensión digna para todos los trabajadores. Tampoco sirven para remediar el enorme gasto del presupuesto público, el cual va aumentando año tras año. Urge una revisión del sistema de pensiones en su conjunto. El resultado puede ser beneficioso para el país y un ejemplo para el mundo.
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