La gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Foto Especial
En el caso de cinco periodistas se determinó que sí incurrieron en esa infracción y se les aplicaron multas
Sara Lovera
La Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, deberá permanecer por un periodo de dos años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, por sus declaraciones sobre diputadas del PRI.
El TEPJF modificó el plazo de la sanción ya que originalmente se habían establecido cuatro años.
La gobernadora realizó comentarios misóginos y ofensivos en su programa Martes del Jaguar contra diputadas del PRI que constituyeron violencia política de género.
En el caso de cinco periodistas se determinó que sí incurrieron en esa infracción y se les aplicaron multas equivalentes a 7 mil 697.60 pesos (en dos casos); 6 mil 735.40 pesos (en dos casos) y 4 mil 811 pesos.
También se le ordenó dar vista a su superior jerárquico e inscribirlos en Registro del INE por un plazo de un año seis meses.
También se ordenó dar vista al superior jerárquico del director general del Sistema de Radio y Televisión de Campeche, así como el titular de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno de Campeche.
Antecedentes
El plazo original era de cuatro años; sin embargo, la Sala Superior había revocado la temporalidad para que se analizara nuevamente cuánto tiempo debía permanecer la funcionaria en dicho registro.
¿Por qué el TEPJF determinó que no había violencia política de género a Citlalli Hernández?
El plazo original era de cuatro años; sin embargo, la Sala Superior revocó la temporalidad para que se analizara nuevamente cuánto tiempo debía permanecer la funcionaria en dicho registro.
Con esta resolución, Layda Sansores se convirtió en la primera gobernadora en el registro de personas sancionadas por violencia política y no podrá competir por otro cargo público después de dejar la gubernatura de Campeche.
Desde noviembre de 2023, el pleno del Tribunal Electoral determinó que Layda Sansores sí cometió violencia política de género contra de varias diputadas del PRI.
Esto porque la gobernadora de Campeche afirmó, en un Martes del Jaguar, que varias legisladoras llegaron a su cargo debido a que mandaron fotografías íntimas al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno.
“La gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores Sanroman manifestó, en el programa “Martes del Jaguar”, la supuesta existencia de fotografías de carácter íntimo de algunas diputadas federales y, sostuvo que, para acceder a sus cargos, debían enviárselas a su dirigente”, señaló el TEPJF.
Como sanción, el Tribunal ordenó a Sansores eliminar todas las publicaciones en las que se difundió sus expresiones, abstenerse de emitir comentarios relacionados con el tema y emitir una disculpa pública a las diputadas en su mismo programa y por Twitter.
¿Qué dijo Layda Sansores sobre diputadas del PRI?
El 5 de julio de 2022, en su programa Martes del Jaguar, Layda Sansores mencionó tener en su poder fotografías íntimas de las diputadas del PRI, que presuntamente habían mandado a Alejandro Moreno.
“Cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a ‘Alito’ y ‘Alito’ con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo la gobernadora.
COMUNICADO OFICIAL EN PÁGINA DEL TRIBUNAL
La Sala Superior del Tribunal Electoral confirma que la
gobernadora de Campeche cometió violencia política de género 19 de abril
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por mayoría de votos, que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, cometió violencia política de género en contra de diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, por lo tanto, debe ser inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.
Esta controversia se originó cuando diversas diputadas federales del PRI denunciaron a la gobernadora de Campeche por expresiones difundidas en un episodio del programa “Martes del Jaguar”. Las expresiones denunciadas señalaban que algunas legisladoras enviaron fotografías íntimas al presidente de este partido a cambio de una candidatura o favor político.
Asimismo, las legisladoras presentaron denuncias en contra Morena, su dirigente en Campeche y los titulares de Comunicación Social y del Sistema de Televisión y Radio del estado, así como de diversos medios de comunicación, influencers, analistas políticos y comunicadores, por la difusión del episodio y la publicación de contenidos relacionados en redes sociales.
En su momento, la Sala Superior determinó que los derechos de las diputadas del PRI fueron afectados y ordenó la adopción de medidas para proteger y reparar dichas afectaciones (SUP-JDC-613/2022).
Por otro lado, la Sala Regional Especializada determinó que hubo violencia política de género en perjuicio de las diputadas, lo cual llevó a la imposición de sanciones económicas a las personas responsables y a su inclusión en el registro de personas sancionadas (SER-PSC-47/2023). Las personas sancionadas no estuvieron conformes con la sentencia anterior y acudieron a la Sala Superior.
El pleno, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien junto con la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado José Luis Vargas Valdez, tienen ausencia justificada, confirmó que las expresiones que fueron denunciadas sí constituyeron violencia política de género y reafirmó la necesidad de inscribir a la gobernadora y las demás personas responsables en el registro de personas sancionadas. Asimismo, propuso revocar, para que la Sala responsable, analice nuevamente si se acredita o no la violencia política de género de las restantes personas que fueron denunciadas.
Sin embargo, la propuesta propone revocar la temporalidad que dicha servidora pública debe permanecer inscrita, para lo cual deberá observar la metodología que esta Sala Superior estableció en el SUP-REC-440/2022.
Por otra parte, a petición de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón, se consideró que las medidas de reparación integrales complementarias debían revocarse, ya que vulneran el principio de non bis in ídem.
Se le pidió a la Sala Regional Especializada que determine nuevamente el periodo de tiempo durante el cual la gobernadora deberá permanecer registrada, atendiendo a los parámetros establecidos en la sentencia. (SUP-REP-150/2023 y acumulados).
