Guadalupe Ramos Ponce
SemMéxico, Guadalajara, Jal; 8 de junio de 2022.- Aún tengo fresca en mi memoria cuando en el año de 2007, fuimos convocadas a una reunión a nivel nacional diversas organizaciones de la sociedad civil y mujeres defensoras de los derechos humanos, para discutir y reflexionar respecto de una problemática que hasta ese momento parecía que sucedía solo en Ciudad Juárez.
Recuerdo también la vehemencia con la que María de la Luz Estrada nos invitaba a la reflexión respecto del asesinato de mujeres en el país.
En ese momento me encontraba yo estudiando mi doctorado y precisamente mi línea de investigación se refería al feminicidio en Jalisco. En ese entonces no existía el tipo penal de feminicidio ni mucho menos el concepto socio antropológico bien desarrollado del feminicidio. Ni siquiera existía información gubernamental que diera cuenta de la problemática del feminicidio a nivel nacional. Recuerdo con mucho cariño a las compañeras de Chihuahua y del resto del país cuando decidimos el nombre; cada palabra fue pensada y reflexionada en conjunto: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Después, invitamos a Julia Monárrez Fragoso, quien nos compartió generosamente sus saberes y conocimiento respecto al feminicidio en Ciudad Juárez. También estuvo Marcela Lagarde, quien nos compartió su experiencia como presidenta en la Comisión de feminicidios de la Cámara de Diputados y desde donde impulsó en el año 2006 la primera investigación sobre el asesinato de mujeres en el país.
Pero sin duda, de quien aprendimos y caminamos de la mano, fue cuando en junio de ese año de 2007, decidimos conformar el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que surgió de la mano de las madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y de las defensoras de derechos humanos de Chihuahua, para documentar e incidir en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia feminicida y que las autoridades municipales, estatales y federales atendieran la problemática -que en ese entonces se enfocaba en el norte del país-.
Sin embargo, la violencia grave contra las mujeres, niñas y adolescentes se empezó a registrar en otras entidades federativas, lo que hoy representa una alerta roja en todo México.
Actualmente son asesinadas diez mujeres cada día, a lo largo y ancho de la República. Los feminicidios, desapariciones, violaciones sexuales, trata, violencia familiar, etc. Forman parte del continuum de violencia que viven las niñas y mujeres en México.
De acuerdo, al comunicado del Observatorio, del 2015 a abril del 2022, han sido asesinadas 24 mil 312 mujeres en México, sólo 24 por ciento de los casos se han investigado como feminicidio. Lamentablemente los índices de violencia hacen que nuestra labor esté más vigente que nunca.
Nos encontramos en un escenario en donde el contexto criminal impera. Las mujeres, niñas y adolescentes se enfrentan a actores que van más allá del ámbito familiar, quienes acaban con su vida de manera brutal, con una saña indescriptible que requiere de respuestas prontas, efectivas y estructurales.
El OCNF ha dado una ardua lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, para pasar del olvido a la presencia, a la visibilización de la problemática, a la memoria de las mujeres que han sido asesinadas y que no pudieron culminar su proyecto de vida por la violencia machista e impune que sigue imperando.
Sabemos que los retos son muchos, que los pendientes con la agenda de las mujeres son una deuda histórica, por lo que nuestra labor como defensoras es indispensable para lograr que, junto con familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia y las autoridades de los tres niveles de gobierno se materialice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Abrazo con cariño a las familias víctimas de feminicidio en el país, a las compañeras cofundadoras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y a todas las compañeras que, a lo largo de 15 años de labor ininterrumpida, se han venido integrando y juntas hemos buscado estrategias para romper con la cadena de impunidad que impide que las mujeres accedan a la justicia. Durante estos 15 años, nuestro trabajo desde la sociedad civil ha sido ético, porque hemos puesto por encima de cualquier interés, la vida e integridad de las mujeres.
Vicecoordinadora de CLADEM en México
Profesora Investigadora de la UdeG.
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