- En 2021, el IMUMI y la WRC documentaron los desafíos y peligros que enfrentan las mujeres
- Experimentan violencia en México, esto agrava los traumas que las obligaron a escapar de sus países
Yessica Morales/Fotografías de Ángeles Mariscal
SemMéxico/Chiapas Paralelo, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de febrero, 2022.- Algunos escenarios que enfrentan las mujeres solicitantes de protección internacional en México y Estados Unidos como resultado de las políticas migratorias implementadas por estos gobiernos son: violencia de género, secuestros, extorsiones, agresiones sexuales, separación familiar y falta de acceso a la salud, señala el reporte “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021”.
La investigación elaborada por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), enfatiza que a menudo, las mujeres tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de México. Expone como ambos gobiernos incumplieron las promesas de una migración segura, ordenada y humana, dejándolas.
A través de la documentación y entrevistas, tanto de migrantes y solicitantes de protección internacional, detallan cómo las políticas de contención y disuasión del desplazamiento han derivado en medidas restrictivas que impiden a las mujeres y sus familias obtener protección en ambos países, y las revictimiza al obligarlas a vivir de nuevo situaciones de violencia.
Dicho esto, las solicitantes experimentan violencia en México, esto agrava los traumas que las obligaron a escapar de sus países. Un informe de las Naciones Unidas de 2015, reveló que cerca del 60 por ciento de las entrevistadas de Honduras, Guatemala y El Salvador escapaban de la violencia de género.
En relación a lo anterior, un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) evidenció que la violencia contra las mujeres en Centroamérica aumentó de manera drástica durante la pandemia de Covid-19, pues el confinamiento las obligó a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.
Inseguras en la frontera sur y norte
El IMUMI documentó casos de mujeres centroamericanas que fueron seguidas por sus agresores hasta territorio mexicano. Por ejemplo, Cristina, una guatemalteca que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió el terror de ser obligados a esperar en Tijuana, donde sus atacantes podían encontrarlos. Otro caso es el de Sara, la hondureña junto a su familia fue secuestrada por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, después de escapar los encontraron en Tapachula, huyeron a otra ciudad y desistieron de una solicitud de asilo.
Otro caso que suma es el de una mujer proveniente de Honduras, le ofrecieron un empleo en Chiapas, pero resultó ser una trampa para someterla a trata de personas. Después de seis meses de sufrir abuso sexual de forma reiterada, logró escapar. A pesar de haber denunciado, las autoridades no la protegieron ni investigaron, obligándola a salir de Chiapas y buscar protección por sus propios medios.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre julio y diciembre de 2020, 98.6% de los delitos sexuales no fueron denunciados ni investigados. Las migrantes enfrentan más riesgos de ser víctimas de una agresión, así como barreras para tener acceso a la justicia y servicios de apoyo como atención médica y psicológica.
Por ello, luchan por encontrar cuidados infantiles e inscribir a sus hijas e hijos a la escuela. De acuerdo con la Ley General de Educación, toda la niñez en movilidad, independiente de su estatus migratorio, pueden acceder a este derecho en cualquier institución pública, sin condiciones.
Sin embargo, existen barreras para inscribirlos, como discriminación y desinformación por parte de las autoridades escolares locales. Karina dijo que no pudo registrar a sus dos hijos porque le dijeron que tenía que pagar por cada uno de ellos, una cantidad importante de dinero.
Por otro lado, como consecuencia de las restricciones al libre tránsito, ellas se ven obligadas a buscar formas de evadir los puntos de revisión del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que viajar en caravanas las hace sentir seguras o confiar en los traficantes. En 2021, la situación fue en particular angustiante en Tapachula, con 89 mil 668 personas solicitantes de asilo, un aproximado del 68 por ciento del total de las recibidas en ese año, y que esperaban una respuesta.
De modo que las solicitantes son sometidas al uso excesivo de la fuerza y violencia por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En agosto de 2021, agentes del INM y de la GN fueron filmados cuando pateaban a migrantes y empujaban con violencia a las mujeres, niñas y niños para que entraran a las camionetas de migración y amenazaban con separar a las familias, como táctica para disuadir a los grupos grandes.
Además, en un video se puede ver a una mujer que había sido detenida gritando que la habían separado de su hija de dos años durante una redada. Aunque trató de salir de la camioneta del INM, se ve a un agente de migración empujándola en los senos para regresarla al vehículo.
En octubre de ese mismo año, una mujer haitiana fue encontrada muerta en una carretera en Chiapas, le quitaron la ropa, violaron y estrangularon, y cuatro agentes de la policía municipal fueron detenidos por el feminicidio. En septiembre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Del Río en Texas fueron fotografiados cuando golpeaban a las familias migrantes haitianas para regresarlas a México.
Es así como muchas solicitantes de protección internacional son sometidas a más de uno de los escenarios descritos durante su estancia en México, esto con frecuencia dura meses o incluso años, como resultado de las políticas migratorias restrictivas existentes.
Ante este panorama, el reporte dirigió una serie de recomendaciones para el gobierno mexicano, algunas son: destinar un presupuesto adecuado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para reducir los tiempos de espera, abrir más oficinas y contratar más personal. Reformar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para que las personas sigan su proceso de asilo en diferentes partes del país, tener una familia, redes de apoyo, oportunidades de empleo y condiciones más seguras de estancia.
Para finalizar, garantizar que las mujeres que han sufrido o siguen en peligro de violencia en México, tengan acceso a programas de reubicación y servicios donde puedan esperar, con seguridad sus procesos de asilo. Y, dejar de colaborar con el gobierno estadounidense en la implementación de políticas como Título 42 y Quédate en México, pues violan las leyes de Estados Unidos, México y el Derecho Internacional.
