- No se conoce a cabalidad Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos en materia de Trata de Personas: CATWLAC
Redacción
SemMéxico, Cd. de México. 30 de mayo de 2022.- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la trata de personas se ha convertido en una forma de esclavitud moderna y una causa posible de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, por lo que subrayó la necesidad de redefinir la legislación para hacer efectivo su combate.
Al participar en los Diálogos Parlamentarios sobre la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos contra la Trata”, la legisladora afirmó que la normatividad existente está rebasada y resulta insuficiente para enfrentar este fenómeno.
Alertó que la desaparición de niñas, de 15 a 25 años en nuestro país debe ser atendido de inmediato y no debe ser visto como un problema aislado, sino que en la mayoría de los casos está vinculado a la trata de personas por lo que el combate de delito “es vital para lograr un mejor país, para salvaguardar los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de la población en general”.
Sánchez Cordero se refirió a su iniciativa para modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, en cuya redacción contó con el apoyo de magistradas y magistrados que aportaron su experiencia en la atención de diversas causas penales, así como deficiencias que han enfrentado para poder tipificar este delito y brindar atención a la víctima.
La ministra en retiro explicó que datos de la Fiscalía General de la República (FGR), demuestran que la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos en el planeta, pues se estima que hay 5.4 millones de víctimas en el mundo, de las cuales, una de cada cuatro son menores de 18 años.
Su propuesta busca subsanar deficiencias existentes en la legislación actual; actualizar los tipos penales para contemplar supuestos fácticos como los engaños o la seducción de las jóvenes con la promesa de constituir una familia, una pareja o tener descendencia y que en realidad tienen un objetivo distinto: explotarlas sexualmente o entregarlas a terceras personas para que ellas lo hagan.
También se pretende elevar las penas a los infractores ya que en la legislación actual, son muy bajas y no corresponden ni son proporcionales con el daño causado a las víctimas; definir cómo se consuma el delito de trata para que todas las autoridades involucradas en su prevención y persecución tengan claridad sobre la manera en que deben actuar frente al ilícito.
Además, contiene un enfoque hacia la profesionalización, en particular de los fiscales, el personal de las unidades especializadas en delitos en contra de la violencia contra las mujeres, de los juzgadores y juzgadoras para que atiendan el tema con perspectiva de género.
La propuesta de reforma toma contempla los diversos acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en la materia y pretender armonizar la legislación nacional sobre el delito de trata, con lo que se pretenden acortar brechas entre la ley y la realidad, arle efectividad a los derechos de la mujer para tener una vida libre de violencia y de explotación sexual.
En contraste, la directora Regional en Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz, consideró que no se conoce a cabalidad la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, ni su funcionamiento.
Estableció que la autoridad no ha aplicado la ley de manera efectiva, por lo que reformarla sólo contribuiría a reducirle derechos a las víctimas y quitarle a la norma sus obligaciones preventivas en el delito de trata de personas.
