Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán; 8 de junio de 2022.- Continuemos, amigos lectores, revisando las realizaciones tangibles —y medibles— del Ejecutivo federal encabezado por el presidente López Obrador.
Hace 18 años, en 2004, se aprobó la Ley de Desarrollo Social, destinada a normar las políticas públicas para erradicar la pobreza y combatir la desigualdad.
Simultáneamente se creó el Coneval —por sus siglas, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social—, organismo responsable de dar seguimiento y evaluar el impacto de las acciones gubernamentales en la vida y el bienestar de la población.
La elaboración del “termómetro de la pobreza” fue objeto de encendidos debates entre especialistas, principalmente académicos, para dotar al Coneval de los instrumentos necesarios para estimar resultados y de esta manera calificar la actuación del gobierno.
Bajo el lema “Lo que se mide se puede mejorar” desde 2008 Coneval publica una evaluación global sobre la pobreza en México. La información proviene del Inegi, de sus censos y encuestas periódicas, principalmente de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (Enigh) y más recientemente, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Esta larga introducción viene a cuento porque lo que hace Coneval no es producto de un “complot neoliberal” o de los “conservadores”, calificativos que acostumbra aplicar el presidente de la república cuando los datos de la realidad contradicen los propios. El Coneval tiene un calendario para dar a conocer la información, de tal manera que se acallan los argumentos que pretenden descalificar resultados a partir de cercanías a determinados procesos electorales, o para apoyar o dañar la imagen de las y los políticos responsables.
Reflexión
Para un gobierno que ganó las elecciones bajo el lema “primero los pobres” las cifras del Coneval deberían haber motivado una profunda reflexión sobre el impacto de sus políticas públicas, que no han mejorado la situación de la población en pobreza, sino que la ha agudizado. La información que nutre la evaluación 2020 fue recabada entre agosto y noviembre de ese año.
Nos encontrábamos en los meses iniciales de la pandemia del Covid, pero escudarse en el pretexto de la pandemia sólo provocaría cerrar los ojos a una realidad que exige acción para cambiarla.
La medición del Coneval se integra por un indicador de Bienestar económico (ingreso), seis de Carencias sociales (Educación, Salud, Seguridad Social, Calidad y espacio de la vivienda, Servicios básicos de la vivienda, Alimentación nutritiva y de calidad) y dos indicadores denominados de contexto territorial (grado de cohesión social, grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas).
Del total de 9 indicadores, sólo hubo una ligera mejoría en tres de ellos: Seguridad social (2.1 puntos porcentuales); Espacios en la vivienda (1.2 por ciento), Carencia por acceso a servicios básicos —agua potable, drenaje, energía eléctrica— (1.2 por ciento).
Deterioro
El indicador de Ingreso observó franco deterioro, pues hubo más familias y personas en situación de pobreza en 2020 que dos años atrás, en 2018. También creció el porcentaje de población en pobreza extrema, medida por los ingresos que recibió, pues casi 22 millones de personas sobreviven a duras penas. Lo mismo sucedió con la pobreza moderada (los que tienen un poco más que los más pobres, pero claramente insuficiente para vivir con dignidad) que se incrementó a más de la mitad de los habitantes de México (52.8 por ciento).
El deterioro fue escandaloso en la carencia de servicios de Salud, que pasó del 16 por ciento en 2018 a 28.2 por ciento en 2020, consecuencia de la desaparición del Seguro Popular, que afectó profundamente a las familias más pobres.
La ENOE más reciente confirma los malos resultados gubernamentales en el combate a la pobreza. Si bien consigna un incremento del número de hogares que reciben programas sociales, hasta alcanzar un poco más del tercio del total (34 por ciento), resulta que no son los más pobres, pues éstos sólo representan la mitad de los que reciben apoyos, al menos de un programa social, cuando en 2016 eran dos tercios (68 por ciento) del total.
De acuerdo, con los datos de esta encuesta, sucede que los hogares más ricos están recibiendo subsidios gubernamentales -casi el doble-, muy probablemente por la pensión a adultos mayores, que se entrega indistintamente a la población mayor de 65 años que la solicita.
Asimismo, es muy probable que la desaparición de Prospera en 2019 haya significado un serio golpe para la economía de las familias más pobres, afectadas además por el pésimo levantamiento del padrón de beneficiarios que realizaron las brigadas de “servidores de la nación” y por cancelar que las madres y jefas de familia fueran las receptoras y administradoras de los apoyos gubernamentales.
Subsidios
La Enigh 2020, confirmó esta disminución de la participación de los hogares más pobres en los subsidios y transferencias de dinero. Sucede que el incremento en el presupuesto de egresos de la federación se ha dado principalmente en el programa de Pensión a Adultos Mayores, que representa más de la mitad del presupuesto asignado a la totalidad de los programas sociales.
En cambio, Becas “Benito Juárez” que sustituyó a Prospera, tuvo alrededor de 33 mil millones de pesos de presupuesto, cuando el programa desaparecido dispuso de casi tres tantos más (94 mil millones) en 2018.
Es muy probable que la difícil situación en los hogares más pobres se haya suavizado de alguna manera gracias a las remesas de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, los datos de la Enigh no permiten acreditar plenamente su impacto en el bienestar de las familias que las reciben.
Reitero: “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. No basta con declarar a gritos el “amor” y el “compromiso” con los más desposeídos, si las políticas públicas bajo la responsabilidad presidencial van exactamente en sentido contrario. ¿Enmienda? Deseable. ¿Posible? Quién sabe.
Precisión. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) me solicitó amablemente precisarles, amigos lectores, que los datos sobre la esperanza de vida a los que hice referencia en mi colaboración de la semana pasada no fueron generados por el PNUD sino que “corresponden a los hallazgos del estudio “Global and National Declines in Life Expectancy: An End-of-2021 Asessment” publicado por Patrick Heuveline (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/padr.12477)” que no tiene relación contractual con el PNUD
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
