Muriel Salinas Díaz
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero, 17 de noviembre, 2021.-Para que cualquier política pública se ostente como tal, requiere tener un marco normativo, un andamiaje institucional para su puesta en marcha, un instrumento programático y un presupuesto suficiente que garantice su ejecución.
Como hemos señalado en esta columna con antelación, la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se encuentra instituida en la Ley General del mismo nombre y cuenta con tres instrumentos: un programa nacional, que conocemos como el PROIGUALDAD, un sistema y un mecanismo de observancia.
Para que el PROIGUALDAD se ponga en marcha, es necesario que se garantice un presupuesto suficiente, el cual tiene el carácter de irreductible y progresivo, por tratarse de una agenda de derechos humanos que afecta a más de la mitad de la población del país, que somos las mujeres, que conformamos un grupo social histórica y estructuralmente discriminado.
En 2008 se dio origen a un anexo transversal en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el que concurren programas presupuestarios, componentes de éstos y Unidades Responsables del gasto, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios relativos a la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que hoy conocemos como el Anexo 13.
Inicialmente correspondía a la Cámara de Diputados establecer los criterios y la metodología para definir qué programas presupuestarios serían incluidos en este anexo. Pero en 2012 se reformó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y entones esa responsabilidad pasó a ser tarea de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual debe llevarse a cabo a través de la Unidad de Política y Control Presupuestal, área encargada de elaborar el Manual de Programación y Presupuesto de cada ejercicio fiscal, que es el instrumento técnico donde se deben establecer dichos criterios y metodología.
Pero la SHCP no ha cumplido con este deber cabalmente, dejando importantes vacíos normativos y técnicos, lo que ha favorecido que año tras año se incluyan en el Anexo 13 programas que nada tienen que ver con la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, generando simulación y debilitamiento de esta.
Por si fuera poco, la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y hombres no está de pleno incorporada en el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), con excepción de unos cuantos programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), lo que arroja como consecuencia una enorme lista desarticulada de más de 600 acciones cuya inclusión en el PIPP no es clara, razón por la cual la diputada Mirza Flores Gómez propuso depurar el Anexo 13 para dejar únicamente aquellos programas y montos que efectivamente correspondan a la política de igualdad. Pues si observamos con atención, no existe coherencia entre lo comprometido en el PROIGUALDAD y lo contenido en el Anexo 13, lo cual también observó la ASF en su evaluación.
Debido a la falta de claridad en la normatividad, los criterios y la metodología para definir cómo se debe integrar el Anexo 13, año tras año las legisladoras federales feministas libran una ardua batalla para defender el presupuesto federal que garantice la instrumentación de la política de igualdad.
Pero en esta legislatura, la avasalladora mayoría de MORENA y sus aliados, finalmente lograron avanzar en el desmantelamiento de la política de igualdad.
¿Qué hicieron las y los diputados federales en torno a este tema?
En la Cámara de Diputados se llevaron a cabo varios ejercicios de parlamento abierto en los que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones federales, activistas feministas y expertas en la materia: el primero de ellos fue realizado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el 28 de septiembre, el cual contó con la participación de organizaciones feministas como MIRA Pensadoras Urbanas, Incluye, A.C., Las Constituyentes Mx, Nosotras Tenemos Otros Datos y varias integrantes de la Red de Mujeres en Plural, entre otras. El 11 de octubre se llevó a cabo la 3ª Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Violencia y Por los Derechos Humanos, cuyo tema central fue el análisis PEF 2022.
Después, la diputada Mirza Flores Gómez, Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, propuso la creación de una Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género, en la que participaran especialistas de la academia y de la sociedad civil organizada, con el objeto de asegurar la transversalización de la Perspectiva de Género en el PEF, propuesta que fue aprobada en la sesión del 12 de octubre. Sin embargo, posteriormente se determinó que la instalación de dicha Subcomisión se llevaría a cabo después de que fuese aprobado el PEF 2022.
El 18 de octubre la Comisión de Igualdad de Género llevó a cabo el Foro: Presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres 2022, retos y perspectivas. Y finalmente, el 28 de octubre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública realizó una Mesa de Diálogo en Parlamento Abierto, en la que además de la participación de diversas OSC y especialistas en la materia, se contó con la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que presentó los resultados de una evaluación de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que abarcó una década (2007-2017) y cuyos hallazgos siguen siendo vigentes. A esta mesa también fue invitada la SHCP, con la finalidad de que explicara cuales son los criterios y la metodología para integrar el Anexo 13, ya que en su Manual de Programación y Presupuesto 2022 se mencionan, pero no se encuentran desarrollados. Sin embargo, esta dependencia no asistió.
La Comisión de Igualdad de Género hizo llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) su opinión sobre el Anexo 13 del PEF 2022, que recuperó las conclusiones y propuestas derivadas del foro del 18 de octubre.
Por su parte, la diputada Mirza Flores Gómez hizo llegar a la CPCP la opinión de lo que por ahora es un Grupo de Trabajo en materia de Presupuesto con Perspectiva de Género, que recuperó las conclusiones y propuestas derivadas del Parlamento Abierto realizado el 28 de octubre.
Además, hizo llegar una propuesta para incorporar un artículo transitorio en el Decreto del PEF 2022 mediante el cual se solicitaba a la SHCP entregase los criterios y la metodología para integrar el Anexo 13, además de proponer la incorporación de dígitos específicos en la Clave Presupuestaria para el enfoque transversal de igualdad entre mujeres y hombres, restituir el enfoque transversal en el apartado de Aspectos Generales de su Manual de Programación y Presupuesto 2022 e incorporar un nuevo formato de Clave Presupuestaria en el apartado de Programación del mismo.
Muchas fueron las coincidencias derivadas de todos estos ejercicios de deliberación pública, de los cuales destaco las siguientes:
1. Pese a que se presume que el Anexo 13 del PEF 2022 tiene un incremento del 75%, la realidad es que casi el 90% de esos recursos se concentran en los programas insignia del Presidente de la República, los cuales además de carecer de padrones de beneficiarios, no tienen perspectiva de género, tampoco tienen como finalidad el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, no cuentan con acciones afirmativas para acelerar el adelanto de mujeres y niñas, así como tampoco tienen metas ni indicadores relacionados con brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por lo que no deberían estar incorporados en este anexo y la única razón por la cual están incorporados ahí, la tiene la SHCP, que no ha querido dar la cara para explicar los criterios y metodología para la integración del anexo.
2. Una segunda coincidencia residió en propuestas de restitución de programas que sí tienen como objetivo central reducir brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, como los relativos al fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, programas para el desarrollo productivo de las mujeres rurales o el programa de apoyo para mujeres emprendedoras y microempresarias, que desaparecieron desde el inicio del gobierno lopezobradorista.
3. Se planteó priorizar las necesidades más urgentes y que se ubican en los renglones de salud sexual y reproductiva, el fortalecimiento de los Refugios para mujeres víctimas de violencia, los programas para la transversalización e de la perspectiva de género, prevención de embarazo en adolescentes, el presupuesto para la CONAVIM (como responsable de las Alertas de Violencia de Género), para las Casas de Atención a las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes y los Centros de Justicia para las Mujeres. Así como aterrizar acuerdos para el Sistema Nacional de Cuidados, Atención a la salud, principalmente para cáncer y en vacunas, así como para destinar del Programa de Apoyos para los hijos e hijas de madres trabajadoras, recursos para todas las mujeres que fueron excluidas de los mercados laborales o que son jefas de familia. También hubo coincidencias en asignar recursos para la reactivación económica y generación de empleos de calidad para las mujeres.
Pero de todo lo propuesto, la mayoría parlamentaria de MORENA y sus aliados no aprobó ninguna. Entre las más de 2 mil reservas presentadas por las y los legisladores al proyecto de decreto del PEF 2022, una gran parte fueron relativas al Anexo 13. Todas fueron desechadas.
Así como quedó aprobado el PEF 2022, el Anexo 13 representa el 4.5% del gasto programable. Si se sacaran de dicho anexo todos los programas que no corresponden a la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el anexo se reduciría de 102 a 39 programas, lo que representaría el 38 por ciento del total de programas contenidos en el anexo original del decreto, lo cual representaría apenas el 0.59% del PEF 2022. Ello a pesar de que las mujeres mexicanas, tan sólo con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que realizamos cotidianamente, aportamos el 16% del PIB del país.
Con esta decisión, la Cámara de Diputados dio la espalda a las mujeres de México. Síntoma de que necesitamos acelerar el paso de la paridad descriptiva a la sustantiva y de la urgente labor que tenemos desde el feminismo mexicano para articular nuevas estrategias que nos permitan revertir estos graves retrocesos.
Porque el poder se no se ha movido de lugar, como ya se había advertido cuando se logró la integración paritaria de la Cámara de Diputados, pues ningún Grupo Parlamentario es presidido por una mujer y, por tanto, la Junta de Coordinación Política está conformada en su totalidad por hombres. De 40 Comisiones legislativas, sólo 18 son presididas por mujeres, ninguna de ellas está dentro de las consideradas estratégicas.
Cierro este artículo haciendo un llamado a la reflexión crítica sobre los alcances de la representación paritaria de mujeres y hombres en la vida pública. La paridad no necesariamente es sinónimo de avances en la agenda feminista de la igualdad y los derechos de las mujeres. Estamos ante una representación política en el Legislativo caracterizada por una mayoría apabullante del partido oficial, de corte conservador y claramente antifeminista, que mantiene una sólida alianza con organizaciones religiosas que tienen un peso considerable en la toma de decisiones de la 4T. Por tanto, avanzan en una agenda de la cual están borrando a las mujeres.
Son pocas las legisladoras federales feministas, están en franca minoría y desarticuladas, necesitamos revertir esa realidad. Con el resto de las diputadas, es urgente trabajar en la sensibilización y construcción de conciencia feminista, en el tejido de alianzas y estrategias para recuperar lo perdido. Porque, como decía Susan B. Anthony en 1872, “ninguna mujer debería querer trabajar por el triunfo de un partido que las ignora”.
