• Ello por omisión, indolencia y falta de capacidad institucional: Amnistía Internacional
• En tres años de gobierno de la 4T, 19 mil desapariciones, 70 asesinatos contra  quien busca y negativa a  declararla  actividad esencial

Sara Lovera 1ª.parte

SemMéxico, Cd. de México, 3 de agosto, 2021.- Las buscadoras de hijas e hijos, o maridos  desaparecidos, cruzaron  la línea roja y su riesgo es la muerte, así dijo en entrevista Marcela Villalobos de Amnistía Internacional México, tras el asesinato de una buscadora en Sonora el 15 de julio último.

Y es que, como señala  la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH,  en boletín, las condiciones para ellas –las buscadoras- son cada vez más adversas y riesgosas y, lo peor, es la ausencia de respuestas oficiales.

Mientras una centena de grupos y colectivos, actúan en todo el país, en algunos casos sólo quieren saber ¿qué pasó?

Grupos que están en un proceso de reformulación de sus demandas y apuntan a convertirse, en una cadena de rebeliones, señalan los investigadores Miguel A. Martínez y Francisco Díaz Estrada en un  análisis denominado La búsqueda de personas en tiempos de pandemia, donde este grave problema no es considerado en el gobierno como esencial.

Ello a pesar de que en esta administración ya asesinaron a  70 activistas por los derechos humanos y del medio ambiente, y en dos meses  una mujer y  un hombre de los colectivos de búsqueda, perdieron la vida a manos de criminales.

Marcela Villalobos afirmó que muchas buscadoras, ante la falta de opciones institucionales, se están entrenando con capacitaciones y talleres, búsqueda de cuerpos y antropología forense, porque  no pueden esperar más. Están en el frente buscando a las y los más de 85 mil desaparecidos.

Las y los buscadores, en toda la República así, explicó, están  sustituyendo al Estado en la identificación  de sus familiares. Marcela Villalobos  dijo  que en México, en esta administración  hay más  de 19 mil personas desaparecidas, por omisión, indolencia y falta de capacidad institucional, que obliga a las mujeres a salir a la búsqueda.

Y  es que son las mujeres las abocadas a esa tarea, aseguran Martínez y Díaz. Ellas son  quienes  reciben amenazas y son vigiladas, probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos.

Las buscadoras, en colectivas que trabajan  en las 32 entidades del país,  siempre han tenido miedo.  Van a parajes remotos, sitios abandonados donde se cometen crímenes terribles. Pero hasta ahora no había pasado nada y tendían a ignorar las amenazas.

Eso cambió,  las amenazas dieron paso a las balas, dirigidas a estas buscadoras, verdaderas geólogas forenses, mujeres que resultan  ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas y sitios donde queman a las víctimas, sitios de los que se cree que hay miles.

Los asesinatos  

Dos crímenes contra quienes buscan,  se perpetraron en  los últimos dos meses. Aranza Ramos Gurrola, asesinada  el 15 de julio último, quien   llevaba un año buscando a su marido, Bryan Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre del 2020, que se sumó a las 87 mil 855 desapariciones que hay en México.

Dos semanas antes fue asesinado  Jorge Aguiluz quien buscaba a su hijo de  23 años desaparecido  el 30 de marzo de 2014 en Navolato, Sinaloa.

Algunos colectivos temen continuar con su trabajo. Por ello la CNDH anunció  ayer que acompañará a la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, para que puedan ingresar al predio de “La Bartolina” en Matamoros, con el objetivo de iniciar la búsqueda de sus familiares, unas 200 personas desaparecidas en un predio localizado en la zona del mar donde se han descubierto 500 kilogramos de restos humanos desde el año 2017 a la fecha, informa la institución oficialmente.

Estas mujeres buscadoras han planteado una  tregua a “Los Ciclones”, un grupo delincuencial que controla esa zona de Tamaulipas,  para que las dejen buscar restos de familiares y anunciaron que  colocarán bandera blanca en La Bartonila y portarán pañuelos blancos para identificarse. Ruegan por la tregua.

Se cree que estos familiares en  mayoría fueron asesinados/as por los carteles de las drogas y sus cuerpos fueron enterrados o quemados.

De esta situación, que creció en la presente administración, la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas en México ante la imparable desaparición y violación a los derechos, afirmó que  “Cuando un estado no logra cumplir con este deber, coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”.

También la CNDH alude al asesinato de Aranza Ramos, y demandó que las autoridades estatales y federales den una respuesta,  mientras  el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora se unió a diversos colectivos de búsqueda, para sumar a las exigencias de justicia por el asesinato de Aranza Ramos Gurrola y solicitó, a través de un escrito compartido en redes sociales, la protección de los colectivos de familiares en el estado de Sonora.

También manifiesta “la falta de la debida diligencia y respuesta de todas las autoridades responsables de buscar, localizar e identificar a nuestros familiares”, algo que se ha venido dando desde hace 5 años.

Frente a ello, la CNDH reconoce  la desesperación e impotencia que abrigan estas madres víctimas, y se declara lista para apoyarlas, acompañándolas en sus tareas de búsqueda.

Llamó  a la Fiscalía General del estado de Tamaulipas, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Búsqueda, para unir esfuerzos  coordinados para atender a  las víctimas, en un plan de búsqueda ininterrumpida, con las debidas garantías y condiciones de seguridad.

Amnistía Internacional sostiene que “Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo ocurrido durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia” y agrega que son incansables estas buscadoras y se trata de víctimas silenciadas.

Sobre el asesinato en Sonora la  Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila escribió “He girado instrucciones para darle seguimiento al caso de Aranza Ramos Gurrola, a nivel federal y local, para garantizar que se esclarezca su homicidio y no quede impune”. 

Sentir la pandemia de la desaparición en México

Miguel A. Martínez y Francisco Díaz Estrada en su  análisis denominado La búsqueda de personas en tiempos de pandemia: desaparición forzada y resistencias colectivas, publicado en  mayo último,  sostienen   que la pandemia generada por la COVID-19 ha retrasado los procesos de verdad, justicia y reparación, pero no las búsquedas.

Y señalan que en  marco de la búsqueda de personas desaparecidas los colectivos se muestran más expuestos a las hostilidades y la violencia debido a las restricciones gubernamentales, por el detenimiento de actividades esenciales en algunos espacios lo que incrementa el problema de la identificación para la que el gobierno tiene los medios que permitirían realizar el procedimiento, pero lo ha relegado.

Advierten, tras un análisis de hechos que el discurso del gobierno es una cosa; las acciones, otra; esos colectivos reclaman que se procuren las formas de incrementar la búsqueda, especialmente en los tiempos donde el confinamiento suspendió muchas  actividades.

Y en el marco de la hostilidad de las buscadoras señalan que ésta debería ser una actividad esencial. Ya que los familiares “son víctimas, que sienten dolor por advertirse ignorados, instrumentalizados y estigmatizados”, al asumir como propia la tarea de búsqueda, sobre todo las mujeres.

Los investigadores identifican encuentros diversos de  las Brigadas Nacionales de Búsqueda, así como  caravanas de búsqueda. Hablan del diálogo constante entre  organizaciones como Los Otros Desaparecidos, Familiares en Búsqueda María Herrera, Colectivo Independiente de Buscadores de Culiacán: María Herrera. Por ti y Por Todos, El Colectivo Cerezo, Sabuesos  y Guerreras A.C.

Y definen, al  considerar el tamaño del conflicto, que su trabajo no se circunscribe a las fuentes documentales y periodísticas, sino principalmente a la escucha de una voz impulsada por el dolor e indignada ante las desapariciones, no solo de sus familiares sino de la sistemática omisión del gobierno en turno. Piden desaparezca la  victimización o  instrumentalización de ese dolor.

• Impunidad y menosprecio del Estado mexicano ante violaciones a derechos de las mujeres, destacan
• Demandan presupuestos y políticas públicas apegadas a las leyes en la materia

Guadalupe López García

SemMéxico, Ciudad de México, 3 de agosto de 2021.- Organizaciones y redes feministas demandan a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a las que resultaron electas en 15 entidades del país a firmar el Pacto Feminista por los Derechos Humanos de las Mujeres, ante la impunidad y el menosprecio que el Estado mexicano ha mostrado a las graves violaciones que viven las mujeres y niñas.

En el Pacto  piden que se comprometan a cumplir con los instrumentos internacionales y leyes nacionales en la materia. Subrayan que aseguren el estado laico y advierten que los de las mujeres, no son un asunto coyuntural.

En conferencia de prensa virtual seis voceras de organizaciones nacionales presentaron los ejes del Pacto. Alma Oceguera Rodríguez, del Frente Feminista Nacional (FFN); Wendy Figueroa Morales, de la Red Nacional de Refugios (RNR); Marina Reyna Aguilar, de la Red Nacional de Alertistas; Verónica Palafox Girón, de Las Constituyentes Mx Feministas; Martha González Rentería, de Mira Pensadoras urbanas, y Tzinnia Carranza López, de la Red Género y Medio Ambiente, dieron lectura a los puntos centrales del Pacto, y anunciaron que convocarán a un acto público a autoridades en funciones y electas, así como a legisladores federales y estatales para que asuman dichos acuerdos.

Las representantes de las organizaciones y redes que promueven el pacto demandaron a quienes resultaron electas y electos a priorizar en sus agendas a las mujeres y sus diversidades, promoviendo la participación horizontal de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía y academia, instalando gabinetes paritarios y no incorporar a deudores de pensión alimenticia, hostigadores sexuales y agresores que hayan ejercido violencia de género.

Del mismo modo, deberán asegurar un Estado laico, sin la promoción del odio ni la intromisión de propuestas religiosas que trasgreden los derechos humanos, y a que legislen bajo los principios establecidos en el marco jurídico internacional y nacional en ese ámbito, por lo que tendrán que garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluida la interrupción legal del embarazo de forma segura y gratuita en todo el país. Si las acciones que instrumentarán no van acompañadas de un presupuesto, advirtieron, será pura demagogia.

Destacaron que los derechos de las mujeres no son temas coyunturales. En este 2021, indicaron, se sigue viviendo en un estado de emergencia nacional que se ha exacerbado con la Covid-19, teniendo en los primeros meses del año más de mil 500 asesinatos de mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre nueve y 14 mujeres son asesinadas diariamente. Este año, se cometieron casi mil 400 homicidios dolosos; es decir, más de 11 mujeres asesinadas. Sin embargo, si se les agregan los homicidios culposos, sumarían a casi 20 muertes diarias de mujeres.

De enero a junio del 2021 hay 129 mil carpetas de investigación en violencia familiar y se registraron 33 mil mujeres con lesiones dolosas. Solo ocho de cada 100 violaciones se denuncian. Los datos de las sentencias y juicios del poder judicial, son nada más dos de cada 100. Así, el nivel de impunidad es casi del 98 por ciento  de los casos.

Debido a que las violencias contra las mujeres imperan en todo el país, estimaron que se debe garantizar un Estado de derecho y un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y que sus políticas deban contar con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, teniendo como eje rector las leyes de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la instrumentación de mecanismos para evaluar las acciones de gobierno con indicadores que midan el cierre de brechas de desigualdad.

En el pacto se pide fortalecer y garantizar la operación de los mecanismos de protección para mujeres víctimas de violencias y, en su caso sus hijas e hijos como son los refugios, casas de Emergencia y de transición, recordando que el 40 por ciento  de los feminicidios sucedieron en los hogares, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Indicaron que todas las políticas deberán estar alineadas con los convenios internacionales signados por México para abolir la prostitución, la trata de mujeres y niñas, la venta de niñas y adolescentes, los matrimonios infantiles y el alquiler de vientres, los cuales deben ser tratados como delitos, juzgados con perspectiva de género, así como la abolición de la explotación sexual y contar con un sistema de justicia integral, que permita la prevención, atención, sanción, erradicación de las violencias de género y reparación del daño, así como la garantía de no repetición.

Asimismo, solicitan programas de empleo y salario digno que contengan iniciativas de licencia de ausencia laboral, con apoyo económico, por situaciones de violencia de género, así como espacios laborales libres de acoso laboral, sexual y discriminación.

Ante los más de cinco mil casos de violencia sexual en las escuelas, exigieron programas de educación escolarizada y no escolarizada para la promoción de la cultura para la paz, de la igualdad de género, la no violencia y nuevas masculinidades, además de cumplir con la laicidad en la educación y eliminar propuestas como el pin parental.

En el Pacto se pide promover la instalación de sistemas estatales o municipales de cuidados, en el marco de la iniciativa legislativa – que no ha dictaminado el Senado- y que modifica el artículo cuarto constitucional, en donde se establece el Derecho al Cuidado Digno y al Tiempo Propio, aunado a políticas para la adaptación y mitigación del cambio climático. Agregan que para para construir una sociedad más humana, digna y libre de violencias es necesario romper el pacto patriarcal.

Sem/glg/