Juego de Palabras
Janeth Angélica Tamayo Ávalos
SemMéxico, Querétaro, Qro., 4 de agosto, 2021.- La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, manifestó su preocupación por el impacto desproporcionado de la trata en la victimización de mujeres, adolescentes y niñas, en particular, frente a las prácticas de explotación sexual.
Para tener un contexto sobre esta gran problemática, conozcamos algunos datos. Según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 79 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y el 40 por ciento de estas son niñas y adolescentes.
Ya que, por cada 10 víctimas detectadas en el mundo, cinco mujeres son adultas y dos son niñas. En tanto que, alrededor del 20 por ciento de las víctimas de trata de personas son hombres adultos y 15% de estos son varones jóvenes.
Siendo mujeres y niñas víctimas de trata principalmente con fines de explotación sexual, mientras que los varones y niños son explotados con fines de trabajos forzosos.
Respecto de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que tan solo en el 2020 se registraron 620 víctimas, de las cuales un porcentaje alto fueron mujeres.
Situación que al parecer se va manteniendo ya que al primer semestre del 2021 se han contabilizado 331 denuncias.
Es importante mencionar, que la Fiscalía General de la República ha manifestado que en México de 5.4 víctimas de trata, una de cada cuatro son menores de edad. Siendo este delito una forma de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres y niñas mexicanas, convirtiéndolas en el 99 por ciento de las víctimas de la industria sexual comercial.
Debido a estos datos, la trata de personas es considerada como una forma de “esclavitud moderna”, ya que se cosifica a la víctima y la convierte en una transacción mercantil ilícita con fines de lucro que atenta contra su dignidad y libertad.
De ahí que, este delito resulte grave por la pluralidad de violaciones a derechos humanos (derecho a la vida, a la libertad personal, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, entre otros) que se comete contra las víctimas.
Si bien, todas las personas pueden ser víctimas de este crimen, las cifras registradas han mostrado que existe una especial incidencia en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes; ya que este tiene relación intrínseca con factores socioeconómicos como la desigualdad en la distribución del ingreso, la asimetría en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y la violencia y discriminación basada en el género.
Por ello, es importante poner especial atención en la advertencia que ha hecho la CIDH, respecto de la perspectiva de género y derechos humanos que los países de América Latina y el Caribe han omitido al no implementarlas en su forma de gobierno, impartición de justicia y combate al delito.
Omisión que ha ocasionado que las mujeres, niñas y adolescentes se vean particularmente expuestas a ser captadas por estructuras criminales dominadas por hombres, con jerarquías machistas, y a sufrir múltiples formas de violencia.
Colocándolas en especial riesgo a ser víctimas de explotación sexual, turismo sexual, pornografía infantil; y, la trata con fines de explotación laboral.
Ocasionando con ello afectaciones desproporcionadas como, 1) daño físico grave, derivado de agresiones físicas persistentes, malos tratos, condiciones de vida degradantes y privación de necesidades básicas; 2) afectaciones a la salud sexual y reproductiva, como violaciones y abusos sexuales, abortos y embarazos no deseados, pérdida de la capacidad reproductiva, y contagio de enfermedades de transmisión sexual; 3) dependencia de medicamentos y drogas, y 4) consecuencias psicológicas acentuadas.
Finalmente, todas las actividades que estén encaminadas a combatir este delito deben integrar desde un enfoque de interseccionalidad los derechos humanos y la perspectiva de género, de tal forma que, se examinen las repercusiones que una ley, una política, una práctica o una medida pueden tener en las personas que han sido víctimas.
Pero, sobre todo, se debe trabajar por eliminar la impunidad de estos delitos para evitar la tolerancia y perpetuación de la violencia de género. Ya que, un ambiente de impunidad facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada.
Las mujeres y las víctimas requieren atención y protección estructurada bajo un entorno político y social sustentado en derechos humanos y perspectiva de género.
