- Al alza los feminicidios y sin presupuesto para la erradicación de la violencia
Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 8 de junio 2021.- En los países de América Latina la violencia contra las mujeres sigue estando en un primer plano agudizada por la pandemia que obligo a millones de niñas y mujeres a encerrarse con sus agresores.
La mayoría de los Estados reportaron aumento en las llamadas a las líneas de atención y apoyo, pero al mismo tiempo disminuyeron significativamente las denuncias. Los procesos integrados de prevención y reparación se vieron excluidas de los gabinetes de crisis.
El Tercer Informe de las Recomendaciones del Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (MESECVI) señala que el avance en los esfuerzos para erradicar estereotipos de género y luchar contra la violencia, no está siendo reflejado en la vida y cotidianeidad de las mujeres en la región.
El 50 por ciento y 60 por ciento de las mujeres latinoamericanas han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida; el hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres y los principales perpetradores son los hombres del entorno íntimo. La violencia que ocurre en el ámbito educativo y laboral es perpetrada por los profesores y jefes, la mayor incidencia de violencia es física, sexual y psicológica.
Los estereotipos y prejuicios de género en la región siguen siendo el caldo de cultivo para la violencia contra las mujeres y niñas, y siguen estando presentes de manera implícita y explícita en políticas omisivas y practicas con la evidente tolerancia de las autoridades estatales.
El informe enfatiza que en los planes y acciones nacionales relevantes como en el ámbito de la salud y de las políticas laborales, educativas y migratorias, los Estados siguen sin una mirada interseccional para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la información enviada por los 18 estados parte, se encontraron importantes debilidades.
La mayoría de los esfuerzos destinados al diseño e implementación de las políticas públicas, no van acompañados de mecanismos de medición que den cuenta del impacto positivo o negativo de estas políticas.
Tampoco se recibió información que permita identificar con más claridad cuál es la cobertura de estos planes y políticas que con tanto esfuerzo se desarrollan.
“Necesitamos datos, cifras desagregadas sobre el impacto de las políticas, la cobertura en la atención de los programas, los procesos de monitoreo y el presupuesto asignado”, se lee en el Informe.
Se reconocen esfuerzos realizados por los Estados para erradicar los estereotipos de género a través de un marco normativo que reconoce sus efectos negativos.
Hay avances importantes en la elaboración de protocolos de protección, recepción de denuncias, y mecanismos de protección de mujeres y niñas y otros instrumentos para investigar los delitos cometidos contra las mujeres por motivos de género, pero no se ha medido su impacto.
Por lo que, en el informe, Tatiana Rain Venegas, presidenta del Comité de Expertos del Mecanismo de la Convención Belem do Pará, insto a los estados promover y activar políticas públicas que garanticen “más temprano que tarde” que el grito de lucha “Ni una Más” sea realmente una realidad.
Refirió que es deber de los organismos internacionales acompañar los esfuerzos y llamo a los gobiernos a trabajar en conjunto con el sector público, el sector privado y las organizaciones sociales para erradicar las relaciones desiguales de poder y los estereotipos de género.
Sin presupuesto
Siguen los países de América Latina la tendencia de destinar apenas el 1 por ciento de sus presupuestos para erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual fue evidenciado en el Tercer Informe Hemisférico del MESECVI en el 2018.
El Comité de Expertas reitera a los Estados la importancia de suministrar los recursos adecuados para abordar de manera integral la prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todos los niveles, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional.
Acceso a la justicia
El feminicidio presenta una tendencia sostenida al alza y si bien 18 países de la región han tipificado los homicidios de mujeres por razones de género no ha tenido un impacto real en la reducción de muertes violentas de mujeres.
El Comité de Expertas sostiene que es necesario que la violencia contra las mujeres en general y el feminicidio en particular se enfrenten a partir de acciones integrales que atiendan las raíces de esta problemática, a través de políticas eficaces de prevención, atención, investigación, sanción y reparación, en el entendido de que las muertes de mujeres por razones de género son prevenibles.
Proponen tomen en cuenta la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres (Femicidio-Feminicidio) que subraya la importancia de que en estos procesos las autoridades centren sus esfuerzos en las necesidades de las víctimas y de sus familiares, de tal forma que se tenga un verdadero acceso a la justicia y de que el proceso, en sí mismo, sea reparador y dignificante.
El Comité reiterala importancia de contar con mayor y mejor información entorno al acceso a la justicia en casos de feminicidio, ya que se observan dificultades para los Estados en determinar cifras definitivas entorno al número de eventos y causas judicializadas en determinados periodos de tiempo; en la metodología aplicada para la sistematización de la información y el registro de los casos; la tipificación de los delitos en la legislación nacional y sus discrepancias con los estándares de los instrumentos internacionales de derechos humanos y; específicamente, con la Convención de Belém do Pará, entre otros.
Por último, el Comité indago sobre el número y porcentaje de los procesos sobre reparación a víctimas colaterales por feminicidio por vínculo con la víctima, como hijas e hijos. Solo 6 países brindaron algún tipo de información y ningún país proporciono información relevante respecto a procesos de reparación a las mujeres víctimas de violencia.
Las estadísticas excluyen a las mujeres mayores
Respecto a la obligación de los estados de generar investigaciones y estadísticas sobre la violencia existente contra las mujeres y las niñas en la región, 14 países realizaron nuevas encuestas o han publicado datos de encuestas realizadas entre 2016 y 2018.
El Comité de Expertas encontró que es la edad fértil las de las mujeres la que se toma en cuenta para las estadísticas, a partir de los 15 años hasta los 40 o según el país, hasta los 60 o 65 años.
Se excluye a las mujeres mayores de las encuestas que buscan medir la prevalencia de la violencia contra las mujeres, aun cuando a nivel mundial existe un proceso de envejecimiento y a su vez de feminización de éste, ya que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor y varios años de sobrevida respecto de los varones.
México se encuentra entre los países que realizaron nuevas encuestas y se considera que es un país que cuenta con un sistema estadístico robusto y que produce numerosos datos relativos a la violencia de género.
En una encuesta del INEGI se da cuenta que la sensación de inseguridad de las mujeres paso de 74.7 por ciento a 82.1 por ciento del 2013 al 2018.
En general se destacan patrones comunes como otros tipos de violencia como la obstétrica, cibernética, económica, política o institucional que son menos reportadas o incorporadas en la mayoría de las encuestas.
El vínculo de la violencia contra las mujeres y el perpetrador, aún sigue siendo un desafío en la región en cuanto la mayor parte de los resultados de las encuestan dan cuenta de la violencia sufrida en el ámbito privado, más no en el ámbito público.
El Comité de Expertas considera que el mapa de violencia en la región debe ser atendido de manera prioritaria, y considera que además de la información sobre el número de mujeres víctimas, los resultados que arrojan estas encuestas, dan cuenta de una falta de confianza en el sistema de procuración y de administración de justicia para el reporte de estos casos.
El CEVI ha llamado la atención sobre el hecho de que para lograr un registro de calidad y oportuno, respecto de la violencia contra las mujeres, se requiere invertir en la sensibilización y capacitación del personal encargado; promover el uso de formatos especializados y el establecimiento de sistemas informáticos y digitalizados, así como del trabajo coordinado para el registro, sistematización y publicación de los datos.
