Ante el Sistema Estatal habló de la política universitaria de promover espacios libres para las estudiantes, personal académico y trabajadoras
Un protocolo contra la violencia, una guía de lenguaje incluyente y acciones de capacitación, anuncia el rector
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, 1 de diciembre, 2020.- El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, presentó acciones emprendidas para erradicar la violencia contra las universitarias.
La UABJO es una de las seis en el país que desde su Plan Institucional de Desarrollo contempla el Programa de Igualdad de Género, reconocido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En la Tercera Sesión conjunta de los Sistemas: Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca presentó el Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Discriminación, el Hostigamiento, Acoso Sexual y la Violencia en contra de las Mujeres.
Aprobado el 15 de noviembre de 2019 por el Honorable Consejo Universitario es un instrumento se sustenta en la política institucional de respeto y promoción a los derechos humanos, así como en la educación en igualdad de género, compuesto por tres apartados: disposiciones generales y antecedentes; acciones para prevenir y erradicar conductas de discriminación, acoso y hostigamiento sexual y procedimientos de actuación, el cual está disponible en www.uabjo.mx.
El objetivo del protocolo es promover espacios libres de violencia en la Universidad, así como fomentar y fortalecer la cultura de la denuncia con las autoridades y dependencias administrativas, además de concientizar sobre las sanciones por conductas violentas.
Asimismo, informó que, entre otras acciones, la institución integró la Red por la Equidad de Género, con enlaces en todas sus Unidades Académicas, para atender dichos rubros enfocados a la academia, la docencia, investigación, gestión y vinculación.
La institución también ha realizado un proceso de capacitación mediante cursos, seminarios, diplomados y talleres sobre lenguaje incluyente, nuevas masculinidades, derechos de las mujeres, entre otros.
Cabe destacar que esta actividad tuvo lugar el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que también se presentó la Guía de Lenguaje Incluyente y No Sexista que está disponible en www.uabjo.mx/guia-de-lenguaje-incluyente.
De la Redacción /Foto: Cortesía de la entrevistada
SemMéxico/SemLac. Habana, Cuba. 01 de diciembre 2020.- La pandemia de la Covid-19, obligó a pensar en diversas formas de organizarse. El trabajo a distancia y el teletrabajo fueron modalidades utilizadas en muchos países, incluida Cuba, como parte las medidas tomadas para frenar el avance del virus.
“El teletrabajo acumula ventajas que promocionan su utilidad, que tienen que ver con más libertad en el uso del tiempo, ahorro de recursos (para empleados y empleadores) y la posibilidad de tener una mayor armonía entre la vida personal, familiar y laboral”, subrayó a SEMlac Maura Febles Domínguez, integrante del Grupo de Investigación «América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA), del Instituto de Filosofía de la Universidad de La Habana.
Maura Febles Domínguez
Pero, para ella, “la pregunta que deberíamos hacernos en estos tiempos, de cara al teletrabajo, es si son posibles esas aspiraciones en nuestras sociedades patriarcales. Después de más de nueve meses de confinamiento, parece ser evidente que no”, señaló.
¿Por qué el teletrabajo tiene repercusiones diferentes para hombres y mujeres? En sí mismo, no creo que el teletrabajo cargue con diferencias específicas e impactos diferenciados a hombres y mujeres; sino que ha venido a sumarse y profundizar un conjunto de inequidades ya existentes entre ambos géneros. Previo a este contexto, ya el tiempo, los recursos y la armonía entre los diferentes espacios de nuestras vidas estaban desigualmente repartidos. En los hogares en que las mujeres tienen a su cargo la mayoría de las tareas de cuidados —las materiales (limpiar, cocinar, lavar, planchar) y las afectivas (atender y jugar con los hijos/as, ocuparse de las tareas escolares, estar pendientes de las necesidades de otras personas)—, se hace en extremo difícil lograr ese equilibrio anhelado con que se nos presenta el teletrabajo. Esperar que las mujeres cumplan con todas estas tareas, muchas veces al mismo tiempo, y además felices porque somos las heroínas de este tiempo, no solo es injusto, sino agotador para nosotras. Además, es fuente de sentimientos de estrés, depresión y ansiedad por no poder alcanzar con demandas tan diversas como aprender recetas nuevas, convertirnos en maestras eficientes de hijos/as, estar disponibles 24 horas para jefes/as, escribir artículos científicos y mantener una sexualidad activa y creativa con nuestras parejas. Por otra parte, ¿tenemos el acceso a medios de telecomunicación para poder cumplir con el trabajo desde casa? ¿Existen las condiciones necesarias para trabajar en los hogares? ¿Qué pasa cuando hay una sola computadora para toda la familia? No pocos testimonios dan cuenta de que las mujeres durante la pandemia realizan su trabajo “productivo” en horas de la noche y madrugada, después de realizar el trabajo no remunerado. Estas exigencias y superposiciones de tiempos para las mujeres están determinadas por una distribución de roles y tareas que las siguen confinando al espacio íntimo, privado, reproductivo. Los hombres siguen asumiendo con más frecuencia e intensidad las actividades en el espacio público (gestión de abastecimientos) y los que también se incorporan al teletrabajo tienen menor alternancia con las tareas de cuidado que le rodean.
¿Cómo se relaciona el teletrabajo con las violencias? La conexión más evidente que tiene el teletrabajo con las violencias es, en primer lugar, el hecho de que coloca a las mujeres en el espacio privado “con todas las de la ley”. Más allá de si ellas tienen condiciones o no para ejercer el teletrabajo, y de duplicar sus jornadas de tareas, las mujeres están, además, en peligro. Las restricciones de movimiento, combinadas con el miedo, la tensión y el estrés, han puesto a las mujeres y niñas en un mayor riesgo, al estar confinadas con sus abusadores. Son alarmantes las cifras de incremento de hechos de violencia cometidos durante la etapa de confinamiento, a los que se han sumado o intensificado formas más novedosas como el ciberacoso, dado el uso más frecuente de las redes sociales. A la par, las restricciones de movimiento destinadas a controlar la Covid-19 han limitado los programas y las vías de ayuda que apoyan a mujeres, niñas y niños para gestionar esos riesgos y les acompaña en la búsqueda de soluciones. Por otro lado, sin una adecuada normativa que garantice los derechos laborales que exige el momento, las mujeres están más expuestas a ser víctimas de violencias económicas y/o psicológicas en este nuevo espacio laboral en casa, que a veces parece que lo admite todo.
¿Que la mujer desarrolle adecuadamente el teletrabajo depende solo del entorno familiar? Para nada. Al espacio de teletrabajo se llevan de algún modo las condiciones laborales (en un sentido amplio), establecidas previamente a ese momento. El teletrabajo debe contener también la disponibilidad de recursos con que cuentan las trabajadoras, el respeto a sus condiciones familiares y de convivencia, el tiempo necesario para el descanso y el ocio. Es fundamental delimitar, en primer lugar, desde el espacio laboral (ahora reacomodado en casa), horarios y contenidos de trabajo, y no convertir el teletrabajo en el envío de tareas laborales que exigen una disponibilidad constante de las trabajadoras. No está de más decir que, en muchas ocasiones, esa disponibilidad es sostenida económicamente con recursos familiares y personales ajenos a los empleadores. Estamos en el momento de enfocar el teletrabajo desde una perspectiva de derechos: de la intimidad, de desconexión digital, de prevención de riesgos laborales, ergonómicos y psicosociales. Solo partiendo de estas premisas podemos comenzar a negociar límites, tiempos y espacios en el entorno familiar.
¿Podría verse la implementación del teletrabajo como una oportunidad para valorizar los cuidados? Yo creo que todas las situaciones nuevas, aunque estén enmarcadas en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, tienen un espacio siempre para las oportunidades. La pregunta sería si solo queremos aprovechar la oportunidad para valorizar el cuidado o vamos a hacer algo más. Tenemos lecciones suficientes, por si había pocas, para pensar y hacer las tareas de cuidado de otras maneras. Es una oportunidad para considerarlo como una actividad indispensable para la reproducción de la vida y para la cual es necesaria una mayor corresponsabilidad que sobrepase los límites familiares e incluya la comunidad, el mercado, las instituciones sociales y el Estado. Las tensiones entre estos actores tienden a resolverse en detrimento del trabajo de cuidados y de las mujeres, las que asumen el rol de cuidadoras per se, o mercantilizando estas labores, lo cual deja fuera a quienes no tienen acceso y reproduce las cadenas de cuidados (globales o no). La economía feminista ha colocado el desafío de plantearse las contribuciones económicas y sociales del trabajo no remunerado de las mujeres; sus derechos económicos, sociales y culturales, en un contexto mundial en que el ámbito del trabajo se complejiza con los cambios acelerados por el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es igualmente un desafío y una oportunidad incorporar los espacios productivos al debate (y la práctica), en torno a la economía del cuidado en Cuba. Hacerlo, además, desde una perspectiva que, de un lado, cuestione la división entre producción y reproducción de la vida y, de otro, construya otros modos de realización que incluyan el cuidado de la vida humana y natural. Para mí, pensar en los cuidados, en los desafíos del teletrabajo, es también pensar (y construir) modos de hacer sostenibles las vidas de todas las personas, de tejer redes de economías solidarias, de procesos colectivos de auto organización, de iniciativas comunitarias que incrementen la autonomía frente al mercado.
Se dijo que el país está listo para la paridad en todo y más mujeres gobernantes ¿campaña electoral frente a 2021?
La Secretaria de Gobernación afirmó que la red se suma a la 4T
Libertad López
SemMéxico, Boca del Río, Veracruz, 1º. de diciembre 2020.- La tarde del 30 de noviembre se creó la Rad Nacional de Presidentas Municipales y Alcaldesas, de la mano del Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, durante un encuentro nacional en el que se intercambiaron experiencias y se ratificó la urgencia de fortalecer liderazgos femeninos, de cara a las próximas elecciones y la votación a más de mil 800 municipios, donde participarán mujeres, en al menos el 50 por ciento de las listas electorales y las planillas municipales
El objetivo del Con el objetivo del “Encuentro Nacional de Presidentas Municipales: agendas a favor de las mujeres a partir de una mirada colectiva”, fue propiciar un espacio de articulación con mujeres que se encuentran gobernando municipios, intercambiar experiencias y generar una agenda de trabajo común.
La reunión partió de conocer las demandas de las mujeres, y ahí Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, afirmó que los municipios son los espacios donde se da la vida de nuestro país, es ahí, puntualizó, donde “podemos fomentar la prosperidad, donde podemos fomentar los espacios económicos, políticos, sociales y donde podemos enfrentar la violencia contra las mujeres”.
Luego la responsable de la política de género en México, dijo que “el país está listo para la paridad en todo, para tener mujeres gobernantes” y señaló que las mujeres somos 50 por ciento de la población. Por ello debemos trabajar todas juntas y juntas, porque la participación, con la inclusión de las mujeres en la vida política del país sea importante. Llamó a los hombres a ser aliados en este proceso.
Ahí, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, invitada, consideró que la formación de la Red Nacional de Presidentas Municipales y Alcaldesas además de ayudar a intercambiar experiencias y reforzar la vinculación entre las alcaldesas, se suman, dijo, a los esfuerzos de la Cuarta Transformación para erradicar y prevenir las violencias contra las mujeres, para lograr la igualdad sustantiva.
La presidenta de Inmujeres, reconoció que la legislación para lograr la paridad, todavía enfrenta retos, como la necesidad de que los partidos políticos postulen a mujeres de pueblos indígenas y mujeres afro-descendientes. Y llamó a los partidos políticos a que realmente apoyen, promuevan a las candidatas mujeres, a las candidatas indígenas, a las candidatas afro.
Luego explicó que la Red busca ser un espacio de gestión de otros temas necesarios para los gobiernos locales. Este proyecto será, dijo, un referente de utilidad para sus sucesoras, así como provocar la participación de otras mujeres para el próximo proceso electoral 2020-2021.
Durante su participación, el gobernador constitucional del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez dijo: “veo con mucho gusto que hay una participación de la mujer en municipios donde, si no hubiera existido una lucha previa de todas ustedes, hoy no podríamos hablar de que están en marcha ya toda una avalancha en contra de aquellas políticas arcaicas que denostaban el papel de la mujer en la vida pública”, no dijo a qué se refería.
Luego llamó a la sociedad a reconocer la participación política de las mujeres y explicó: “no es conceder, no es dejar que ahora ocupen los puestos, es reconocer, es reivindicar”, para que acaben las políticas machistas, las políticas que trataban de encubrir realmente una política de denostación, de hacer un lado a las mujeres.
Durante el Encuentro se identificaron distintas coincidencias en los retos que enfrentan los gobiernos municipales para abrir paso a la elección popular de más mujeres; destacando la necesidad de combatir cualquier manifestación de violencia política contra las mujeres. Las alcaldesas que participaron de forma presencial y remota en el Encuentro coincidieron en los paneles de trabajo en la importancia de trazar estrategias de intervención que permitan combatir la violencia política que se vive actualmente.
Un comunicado de Inmujeres declara que es fundamental para el Gobierno de México y en especial para el Inmujeres, consolidar la alianza con gobiernos municipales incluyentes, eficaces y eficientes que atiendan a las demandas de la ciudadanía, garantizando un Estado de derecho y que considere la voz de todas y todos.
Conversatorio propiciado por el Instituto Nacional Electoral, para examinar problemas
Urge capacitación a todos los niveles sobre delitos de violencia política, concluyen expertas
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 01 de diciembre 2020.- Las autoridades electorales deben tener un rol real, efectivo, eficaz e integral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, no simulado, de la misma manera que el compromiso manifiesto por funcionarias, políticas y activistas, se dijo en el Conversatorio sobre sobre “Atención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género” con vistas a las próximas elecciones del 2021.
Plantearon crear urgentemente una ruta de protección para las mujeres indígenas en razón de género, como lo dijo r Marina Iyalli -Tukarima- Carrillo Díaz, síndica del municipio del Nayar en Nayarit, al relatar cómo después de más de tres a cinco horas de camino que les toma a las víctimas llegar a la autoridad de primer contacto para denunciar y solicitar protección por violencia política, éstas desconocen que es un delito, y en los raros casos que dan protección cautelar a la víctima, esta sólo llega a las cabeceras municipales y no dónde viven y transitan las víctimas.
La síndica se dijo creyente de las instituciones y expresó su confianza para pronto sea creada una Defensoría para la Protección de las Mujeres Indígenas.
Tanto la consejera electoral Adriana Favela Herrera , como la ex magistrada electoral Mary Carmen Alanís Figueroa, hablaron de la revictimización a la que se somete a las mujeres cuando denuncian actos de violencia, ellas se enfrentan a actos lamentables, dijeron.
Detallaron que muchas mujeres, cuando deciden participar en política, se las inhibe y cuestiona. En muchos casos les dicen ¡Para que te metes en un espacio de hombres!, y ello sucede igualmente, narraron, desde sus partidos, donde las discriminan, no les proporcionan recursos para sus campañas, las mandan a lugares donde es doblemente difícil ganar elecciones.
La consejera nacional del INE Adriana Favela Herrera, consideró que se ha avanzado mucho, se cuenta con un marco legal sobre delitos de violencia política, pero falta mucho por hacer, como el trabajo de acompañamiento a las víctimas y, puntualizó, que como autoridades electorales están comprometidas a cambiar esta situación, principalmente porque en la renovación de cargos de elección, sobre todo municipales, se ha detectado que ahí es donde más se agrede a las mujeres.
“Falta mucho para que las mujeres víctimas de violencia política no se sientan solas y no tengan esos sentimientos de frustración”, puntualizó.
Consideró que es necesario denunciar para que realmente los mecanismos funcionen. También reconoció el apoyo de las redes, como son los colectivos de mujeres que dan acompañamiento.
Mientras que la abogada y ex magistrada Mary Carmen Alanís Figueroa se preguntó que dónde está la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y dónde están las estadísticas de los casos de violencia política de las mujeres. No hay información, puntualizó.
Planteó que hay mucho desconocimiento sobre las modificaciones legales y los tipos penales para encarar la violencia contra las mujeres. Explicó que eso sucede, no sólo en las comunidades rurales, el desconocimiento existe entre las autoridades de manera generalizada en todo el país, por lo que es fundamental difundir y capacitar a hombres y mujeres, sobre estos delitos y dónde denunciarlos.
Luego, experta en el asuntos electorales, criticó algunas acciones, como que en los delitos de violencia política en contra de las mujeres, los pasen a protocolos de delitos sexuales, cuando no siempre son de este tipo, por lo que debe haber un esfuerzo de formación.
A los partidos políticos los cuestionó, porque hacen mucho discurso, pero ni siquiera llevan estadísticas de los casos de violencia política de sus militantes. Reconoció la labor de los colectivos de mujeres en el acompañamiento de las víctimas, pero por igual hizo énfasis en la capacitación.
Consideró que se debe trabajar en el terreno de las autoridades tradicionales para los sistemas normativos indígenas y que el Tribunal debe mandar un mensaje muy claro en materia de protección inmediata a las mujeres y medidas cautelares.
Mientras la diputada del Congreso Local de Oaxaca, Elisa Zepeda, se refirió a los casos de dilación de la procuración de justicia, en denuncias de violencia política en razón de género, por lo que hay un distanciamiento para que las mujeres puedan apropiarse del marco normativo.
Contó que acaba de establecerse una escuela de política para mujeres indígenas, buscando desde ahí, dar a conocer sobre todo lo que implica el quehacer de la política, lo que ha permitido, también hacer visibles los casos de violencia y se han conocido experiencias enriquecedoras.
Por su parte, Ángeles Sánchez Santiago, coordinadora de CIDAHL, organismo de desarrollo humano especializado en mujeres y género, refirió los casos que han atendido de violencia política en Morelos, Oaxaca y Veracruz y demando que las personas que están en las instituciones de justicia estén más abiertas al diálogo, y se puedan aplicar las reformas que se aprobaron en abril y también se apliquen las sanciones.
Esther Araceli Pinelo, Fiscal Especializada en Delitos Electorales de Oaxaca, señaló que en los temas electorales se va avanzando en los tribunales locales de la federación. Resumió que la violencia política hacia las mujeres es responsabilidad tanto de las autoridades de la sociedad civil, y también debería de ser de los partidos políticos, que en sus documentos básicos debían incluir los aspectos de la violencia política.
Señaló que, entre los derechos de las víctimas, se encuentra el de solicitar medidas de protección y una de las obligaciones del ministerio público es brindar y dar esta protección a la víctima cuando se tiene un peligro inminente de que pueda suceder alguna violencia mayor, como se hizo en el proceso electoral 2018, cuando se dieron 25 medidas de protección a candidatas porque habían sido amenazadas.
La activista y representante de Defensoras Populares, Lina Xóchitl Flores Archila celebró que con las reformas en materia de género del pasado 13 de abril, ya se cuenta con una plataforma jurídica para dar atención integral a los casos de violencia política en razón de género.
Carlos Ferrer, Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, moderador, señaló que la violencia política contra las mujeres es un problema que lástima y erosiona nuestra democracia y que tiene orígenes multifactoriales, y que es muy complejo.
Sin embargo, es deber del Estado lograr una actuación rápida y eficiente y con perspectiva de género de las autoridades en los casos de violencia política.
Llama a parar la represión a feministas y los asesinatos a periodistas
Aprueba 3 dictámenes y celebra un foro: repite lo acordado y legislado por 3 décadas, lamenta que la ley sea de papel mojado
Argelia Guevara
SemMéxico, Ciudad de México, 1º. de diciembre, 2020.- El Senado de la República exhortó a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos, así como a los Poderes Legislativo y Judicial de las 32 entidades federativas, a que en ejercicio de sus facultades pongan en marcha y adopten las acciones pertinentes y necesarias encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
El dictamen expone que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de algún territorio o de determinada entidad federativa, pues los delitos cometidos contra mujeres y niñas han aumentado de manera preocupante en el país.
El Senado, en pleno, reconoce que es hora de promover la elaborar nuevas directrices y políticas públicas relativas a la seguridad, integridad, igualdad y dignidad de niñas y mujeres, ello a pesar de fiscalías, mecanismos de la mujer, programas de transversalidad, comisiones, y marco jurídico, con acciones que datan de hace casi tres décadas.
Es un hecho, dice el dictamen que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas desde 1995 y con un plan de acción.
La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que el dictamen es oportuno, tras conmemorar, hace apenas unos días, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues visibiliza y condena la problemática que lacera y violenta a la sociedad en su conjunto.
La senadora Verónica Delgadillo subrayó que más de la mitad de la población vive experimentando violencias, por lo que es momento de replantear que no se trata de una agenda de mujeres, sino de la Agenda de México para transformar al país. Debe quedar claro, dijo, que el país no saldrá adelante si se mantiene oculto, no visto, hecho menos la situación e ignorando los delitos que se cometen todos los días, agregó.
Enfatizó que la violencia es un rostro con muchas formas, ya que las mujeres ganan hasta 35 por ciento menos por el mismo trabajo y responsabilidad; 9 de cada 10 son acosadas en las calles. Sufrimos, agregó, una serie de violencias que llegan a arrebatar la vida a once mujeres todos los días.
Adicionalmente, el Senado de la República manifestó una enérgica condena por los ataques y asesinatos en contra de activistas y organizaciones defensoras del derecho humano a un medio ambiente sano.
En este segundo dictamen, -reiteradamente en el Senado se dicen discursos y se agregan cosas a las leyes de principios de siglo- también se hizo un llamado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que, en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como sus homólogas en cada estado del país, fortalezcan las estrategias de seguridad que permitan proteger a todas las personas activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, tomando en cuenta todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la materia, así como de instancias internacionales.
Al respecto, la senadora López Rabadán destacó que el Estado mexicano tiene la obligación de promover y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales, inscritas desde 2011 en la Constitución, incluido el derecho de toda persona a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos.( derecho a la manifestación, artículo 9º. de CPEUM)
En tanto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisó que en el último año han se asesinado a más de 30 defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente defensoras del medio ambiente, por lo que se trata de un asunto grave,” ya que nos encontramos en una situación crítica de la democracia en donde es necesario garantizar el derecho a defender los derechos humanos”.
En un tercer dictamen, las y los senadores hicieron un llamado a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, para que realicen acciones que busquen la correcta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de que, a la brevedad se logre el establecimiento y operatividad de las instancias locales que marca la ley.
El dictamen precisa que, de conformidad con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los 32 estados han instalado sus respectivas Comisiones Locales de Búsqueda de Personas.
La senadora Kenia López señaló que, del año 1964 a la fecha, se tiene registro de más de 77 mil personas desaparecidas o no localizadas, aunado al señalamiento que han hecho diversas organizaciones civiles acerca de la existencia de dos mil fosas clandestinas en el país.
Por su parte, el senador Álvarez Icaza Longoria, dijo que es necesaria una política pública a la altura de los colectivos de víctimas que siguen dando ejemplo extraordinario de cómo trabajar en la justicia, en la reparación y la no repetición. Esto, puntualizó, es un tema fundamental para la construcción de la Paz.
Por otra parte, durante el foro “Nuevas Realidades y Reformas Legislativas para una Vida Libre de Violencias, senadoras destacaron que es deber del Senado, ético y político legislar a partir de las necesidades e intereses de las mujeres y las niñas, de manera conjunta con expertas y sociedad organizada,
Ya se aprobaron cuestiones en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género; violencia digital y mediática, así como una reforma integral en materia de órdenes de protección.
La consultora especialista en temas de género, Teresa Hevia Rocha expresó que el Senado de la República y Karla Micheel Salas Ramírez, abogada y especialista en derechos humanos, indicaron que la Reforma Integral en materia de protección para las mujeres víctimas de violencia, es una conquista porque ayuda a saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado mexicano frente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
En su participación, la activista Olimpia Coral Melo Cruz, promotora de la “Ley Olimpia”, señaló que este ordenamiento ya es una realidad en 28 estados. Reconocemos que no es la panacea porque siempre las leyes son mejorables, por eso pusimos énfasis que lo que no está prohibido está permitido y no sólo es un cambio legislativo, sino una causa, expresó.
La Universidad Autónoma de Morelos en falta: no entrega perfiles genéticos
Víctimas, activistas y familiares denunciarán ocultamiento de pruebas
Ya hace 14 semanas que la protesta se mantiene, por Tetelcingo y Jojutla
Estrella Pedroza
SemMéxico, Cuernavaca, Morelos, 1º. de diciembre, 2020.- Integrantes del colectivo «Regresando a Casa Morelos”, denunciaron que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos incumplió con la entrega de perfiles genéticos por lo que iniciarán una ruta jurídica por dilación y ocultamiento de pruebas.
Tras 14 semanas de protesta en la Ofrenda de Víctimas, las activistas y familiares de búsqueda denunciaron que la UAEM no ha entregado los perfiles genéticos de los cuerpos encontrados en Tetelcingo y Jojutla por falta de pago a los laboratorios.
Ante ello, el rector de la máxima casa de estudios Gustavo Urquiza Beltrán se comprometió a resolver el problema.
Posteriormente, sostuvieron una reunión con Ulises Flores Peña, abogado de la UAEM, quien las atendió por orden del rector, quien les informó que habían llegado a un acuerdo con los laboratorios encargados de procesar las muestras genéticas obtenidas de los cuerpos exhumados de Jojutla.
“Nos dijo que ya se había hecho un convenio de pago con el laboratorio y nos dijo que los resultados de los perfiles genéticos serían entregados a la Fiscalía General de la República e incluso detalló que ya estaban elaborando el convenio para la entrega de los restos óseos a la FGR”, dijo, Angélica Monroy, integrante del colectivo «Regresando a Casa Morelos”.
Agregó: “A nosotros nos dijo que la semana pasada nos daría la fecha de entrega a la FGR pero hasta este momento no nos han informado nada”.
Por ello, reveló que esta misma semana iniciarán una ruta jurídica para presentar las denuncias correspondientes por los delitos de dilación y ocultamiento de pruebas. Estas denuncias serán en contra de la UAEM y en contra de quien resulte responsable.
Lo que no se documenta no existe para el debate público
¿Por Razón Necesaria? informe del programa Discapacidad y Justicia
Por Norma Isela Vásquez Lázaro
SemMéxico, Reflexión 24, Toluca, Estado de México, 01 de diciembre 2020.-La salud mental en México es un tema abandonado por las políticas públicas, invisible y relegado al ámbito médico, en donde se ha perpetuado un enfoque predominantemente clínico que deja de lado la importancia de los vínculos sociales, la inclusión comunitaria, la justicia social, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, situación que, a su vez, ha propiciado la falta de información, transparencia y rendición de cuentas vitales para el ejercicio pleno de los derechos, comentó Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora de programa Discapacidad y Justicia de Documenta A.C, al presentar el informe ¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”.
Por su parte, Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad, aseveró que lo no documentado no existe para el debate público, no está visible, es decir este informe habla sobre los problemas que hay en el marco normativo tanto nacional como internacional; un segundo aspecto es el marco institucional, aprender sobre fragmentación y problemas del financiamiento, pero, sobre todo, refleja la situación de las personas que están dentro del sistema de Salud Mental.
Agregó, le sorprendió leer sobre las terapias electroconvulsivas (TEC) que en la mayoría de países no se cuentan con el consentimiento, sobre los casos de esterilización forzada, de castración química, problemas de tortura y malos tratos.
Detalló que un aspecto importante de este informe es proponer una hoja de ruta para transformar esta realidad, hay varias ideas que son vitales como la reorganización de los servicios, repensar el marco normativo, poner atención en las determinantes sociales, como la pobreza, la inequidad, la violencia, el consumo de drogas, combatir el estigma y discriminación.
Propone la formación de los recursos humanos en derechos humanos, así como el mejoramiento en general del sistema de rendición de cuentas y monitoreo.
Al respecto, Sheinbaum comentó que la salud mental debe salir del espacio restringido del hospital psiquiátrico para convertirse en un asunto comunitario, desde la fundación, en 1910, del primer hospital psiquiátrico en el México independiente hasta la fecha, la respuesta institucional frente a los problemas de salud mental ha tenido como eje de atención el hospital monovalente, y como estrategia la institucionalización y la segregación.
Dijo que distintos países de la región han caminado hacia las reformas en salud mental impulsadas por el reconocimiento de que el modelo centrado en la atención psiquiátrica hospitalaria no ha cumplido su misión y, peor aún, ha generado espacios de violaciones de derechos.
Explicó que se trata de un informe que, a través de la sistematización de las quejas, recomendaciones, testimonios y del análisis del marco normativo nacional revela las terribles condiciones de violencia estructural y violaciones a derechos de personas usuarias de estos servicios bajo el argumento del personal de atención a la salud mental de que se realizan “por razón necesaria (PRN)”, como versa en diversos expedientes.
La investigación ofrece un amplio análisis sobre la situación de hospitales psiquiátricos, clínicas de tratamiento de adicciones, centros penitenciarios y centros de asistencia social —albergues o centros de integración—, todos ellos, centros donde se brindan servicios a la salud mental y en los que se puede alojar a personas en contra de su voluntad.
Destacó que entre los mayores problemas está la falta de accesibilidad a sus servicios, carencia de infraestructura y recursos suficientes, la asignación raquítica de presupuesto, la falta de supervisión y fiscalización externa para evitar violaciones a derechos en sus inmediaciones, la normalización de prácticas que atentan contra la dignidad humana e incluso la vida de personas usuarias, así como la perpetuación de un modelo fallido y violatorio de derechos.
De acuerdo a los resultados, se tiene que en estos lugares, el común de las personas usuarias se encuentran en privación ilegal de la libertad, aislamiento y segregación social, rompimiento de vínculos familiares, restricciones al contacto con el mundo exterior y medios de comunicación, criminalización, estigma, violencia, medicalización excesiva, mala atención médica, castigos como recursos “disciplinarios”, malos tratos y tortura.
En este informe se ofrece una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo, Congresos estatales, Secretaría de Salud, organismos públicos de derechos humanos, a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y al personal de los centros que brindan atención a la salud mental, con la finalidad de iniciar un proceso de transformación del sistema de salud mental, que esta vez coloque al centro a las personas y considere el respeto de los derechos humanos para todos y todas.
Algunas de las recomendaciones que se encuentran dentro del informe son:
Una reforma a la Ley General de salud, teniendo como piedra angular la recuperación, el enfoque comunitario y la integración a la red primaria de atención, con la participación activa de las y los usuarios del sistema y de las organizaciones defensoras de sus derechos.
Eliminar de los códigos penales las medidas de seguridad que implican el tratamiento forzoso médico-psiquiátrico y sustituir dichas medidas por alternativas basadas en el debido proceso, la igualdad, la no discriminación y el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad.
Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios tanto residenciales como ambulatorios.
Capacitar a las y los profesionistas que laboran en el sector salud en derechos humanos.
Garantizar que los centros de salud mental operen dentro de un sistema de rendición de cuentas
Comisión de Justica del Senado podría llamar a los gobernadores del Estado de México y Quintana Roo
Alertan sobre el derecho a la libre manifestación, luego de atropellos a las protestantes por feminicidios
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 01 de diciembre 2020.- El Senado de la República podrá citar a gobernadores del Estado de México y Quintana Roo para que informen sobre los feminicidios de Ámbar Viridiana Uicap Tapia y de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, y para que expliquen el exceso de uso de la fuerza para dispersar manifestaciones feministas.
Luego de que se estudia un punto de acuerdo así como garantizar el pleno respeto de los derechos de manifestación, de protesta y de libertad de sus familiares demandaron las senadoras de Morena, María Celeste Sánchez y Martha Guerrero Sánchez a los gobernadores de los estados de México y Quintana Roo.
En la propuesta de punto de acuerdo turnada a la Comisión de Justicia, las legisladoras destacaron que los feminicidios en el país son un problema grave que lastima a todas las mujeres.
Advirtieron que las acciones de algunas autoridades policiacas o castrenses para coartar el derecho social a la libre manifestación, obliga a que todas esas acciones se resuelvan en coordinación los tres niveles de gobierno.
Las senadoras solicitaron tanto a los gobernadores como a los alcaldes de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, y de Benito Juárez en Quintana Roo a esclarecer y deslindar responsabilidades sobre los hechos ocurridos los días 7 y 9 de noviembre en dichos municipios, en contra de las personas que se manifestaron para pedir justicia para las víctimas de feminicidio.
Explicaron que en el caso de la desaparición y asesinato de Ámbar Viridiana Uicap Tapia, de 17 años, sucedió el 23 de octubre. Ella cuando salió de su casa con destino a la escuela para recoger los boletos de una rifa navideña y ya no se supo nada de ella.
El cuerpo de la joven fue localizado sin vida 15 días después, en un canal de aguas negras de la zona de Alborada, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Los familiares, amigos, vecinos y colectivos feministas se reunieron y marcharon desde la glorieta principal del fraccionamiento Alborada hasta la carretera que une Cuautitlán Izcalli con Melchor Ocampo y en ese lugar detuvieron el tránsito de los vehículos.
Al lugar llegaron policías a bordo de patrullas para rodear, lanzar gas lacrimógeno y golpear a los manifestantes y se llevaron detenidas a siete personas: cuatro mujeres y tres hombres.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió un expediente para hacer su investigación “por la detención arbitraria de mujeres manifestantes, el uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad” por parte de los policías municipales.
También en Cancún, Quintana Roo, se registraron hechos violentos en el marco de la protesta por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, quien, de acuerdo con testimonios de sus amigos, salió de su domicilio para vender un cigarro electrónico cerca del fraccionamiento La Joya.
Debido al reporte del 911 del hallazgo de un cuerpo desmembrado en bolsas, la Fiscalía Estatal confirmó que se trataba de una persona de unos 20 años con claras huellas de violencia en un fraccionamiento del municipio de Benito Juárez. (Cancún)
Amigos y familiares convocaron a diversas marchas que, de manera simultánea, realizaron en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum, y tomaron simbólicamente las representaciones de la Fiscalía Estatal para exigir justicia.
Recordaron que la joven se había dedicado a manifestar públicamente su preocupación por los feminicidios en el país.
Redes sociales reprodujeron las imágenes de cómo se dispersó con armas la manifestación que llegó hasta el Palacio Municipal de Cancún. Diversas autoridades expresaron su rechazo a los actos de represión contra manifestaciones sociales y el director de Seguridad Pública, quien ordenó los disparos al aire para dispersar a los inconformes, renunció al cargo”.
SemMéxico. Cd. de México. 30 de noviembre 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 2 años de gobierno, le ha tocado un tiempo muy crítico. Tres décadas de democracia, permitió su triunfo, no de mayoría, pero evidentemente grande. Su administración ha sido, punto por punto la ejecución congruente del plan gubernamental: mejorar la situación de un país devastado por la violencia, la corrupción y la desigualdad. Todo heredado.
Cumple. Gobierna para desaparecer el marco jurídico, emanado de una Revolución detenida y contraria a los sueños mexicanos, signado en contrato social de 1917, buscaba la reivindicación de las masas campesinas levantadas en 1910. La que, de paso, excluyó derechos políticos a más de la mitad de la población.
La 4T, enfrentó la realidad: violencia estructural, añejos problemas de educación, salud y bienestar. El presidente no contó con la aparición de la pandemia, la resistencia de las clases medias y la creciente protesta feminista. Tiene mala suerte.
Su mirada antigua, respecto de las relaciones sociales, cuya base es la desigualdad entre hombres y mujeres, sumó la falta de visión para profundizar y/o establecer políticas públicas para la consecución de la igualdad de género. Algo fuera de su radar.
Apenas llegó, explotó la protesta feminista de nuevo cuño, nuevo ciclo, como concluyen Julia Cámara y Laila Jefet en “Dos siglos de Feminismos” cuya autoría es de Cinzia Arruzza y Lidia Cirillo – Crítica Alternativa 2018-. Nuevo ciclo de los feminismos que interpelan al sistema, en todo el orbe, con furia ocasional. En marzo de 2018 hubo manifestaciones masivas en 50 países y en más de 20 ciudades de México. No ha parado.
A ello, la administración de López Obrador, respondió con el cliché inamovible desde su campaña: las feministas “están movidas por el conservadurismo” y “la corrupción”, desestimando la crisis anunciada. Hasta ahora esta administración es incapaz de cumplir con la Constitución y compromisos firmados en el plano internacional, en materia de género.
Saldos:
Aumentaron los asesinatos de mujeres en razón de género, mil 500 durante de la pandemia; en 3 millones 400 mil hogares, según INEGI, ocurrieron al alza abuso sexual (42.6%) y violación (37.8 por ciento).
La mortalidad materna que disminuyó durante 15 años, creció con AMLO. La semana epidemiológica 47, reporta un crecimiento de 33 por ciento, superior a 2019; mantennos primer lugar en embarazo en adolescentes, se prevén 21 mil nacimientos entre ellas por violación. Diariamente 10 mujeres mueren por cáncer de mama, situación agudizada por la política de salud.
Las desaparición de niñas y mujeres, aumentó 2 por ciento; hay poca efectividad del protocolo Alba; el COVID 19, produjo pérdida de empleos, el 60 por ciento, afectó a mujeres, el doble que a hombres.
A esta realidad, la respuesta gubernamental es indiferencia, débil y confusa política. El mensaje directo y simbólico reiterado, es producto de la pérdida de valores. En 502 conferencias mañaneras, AMLO nunca pronunció violencia de género; se acompaña de mujeres integrantes del gabinete sólo en 22 por ciento. Cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo, pidió “no se hagan bolas”, primero los pobres. Veremos
*Periodista, directora del portal informativo semmexico.mx
SemMéxico/Noticias ONU. 30 de noviembre 2020.- La Organización Mundial de la Salud considera que el aumento de casos y muertes por COVID-19 en México demuestra que el país está en una situación “mala” que es “muy preocupante” y piden seriedad en la respuesta y a los líderes que sean ejemplares en el uso de mascarillas y otras medidas.
El director de la Organización destacó que desde mediados de octubre los números de muertes y casos semanales se han doblado.
“Cuando ambos indicadores aumentan, es un problema muy serio. Y nos gustaría pedir a México que sea muy serio. No comentamos comportamientos individuales sobre el uso de mascarillas. Pero hemos dicho en general que usar mascarilla es importante, la higiene de manos es importante, mantener la distancia es importante y esperamos que los líderes sean ejemplares. Queremos que los líderes sean un modelo a seguir”, dijo el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus.
El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, añadió que, en cualquier país del mundo es fundamental que la comunicación con la sociedad sea “clara, creíble y regular”.
“No importa lo que digan los carteles y las guías, si ese comportamiento no es demostrado por los líderes y personas con influencia, causa confusión, el asunto se politiza y no ayuda a nadie”.
El servicio es gratuito para mujeres de 40 a 69 años
Redacción Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2020.- Las unidades móviles para la detección oportuna del cáncer de mama, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), siguen su recorrido por las comunidades del estado, brindando atención gratuita a las mujeres de 40 a 69 años.
En la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre, las unidades móviles estarán en Jacona, San Lucas, Tacámbaro, Nuevo Parangarícutiro, Numarán, Yurécuaro y Uruapan.
La detección a través de la mastografía es considerada la intervención más eficaz, la piedra angular para la localización temprana de cáncer de mama, con impacto en la reducción de la mortalidad.
Para recibir el servicio gratuito, las mujeres deberán presentar credencial de elector y/o CURP, axilas depiladas, no usar desodorante, perfume, talco, ni crema corporal, usar cubrebocas correctamente y respetar las medidas sanitarias implementadas en cada unidad móvil.
La SSM, exhorta a las mujeres a seguir una dieta balanceada, mantener un peso saludable, no fumar, limitar el consumo de alcohol y ejercitarse de forma regular, para reducir los factores de riesgo de este padecimiento.
Violada por un piquete de soldados, el 25 de febrero de 2007, 13 años después, aún no hay justicia
En la audiencia del próximo jueves, se verán cara a cara denunciantes y funcionarios de gobernación
Sara Lovera
SemMéxico, Ciudad de México, 30 de noviembre 2020.- La encontraron moribunda entre los zacatales, tendida, tenía 73 años, era nahua, vivía en Tetlatzinga, Veracruz donde nació. Experimentó una violación tumultuaria a manos de un grupo de soldados el 25 de febrero de 2007. Murió la madrugada del día siguiente. Ernestina Ascencio Rosario, sus familiares y su pueblo siguen esperando justicia.
Fue un crimen de estado. En 2012, luego de haberse agotado todos los recursos para la justicia en México, se hizo una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y 9 años después habrá una audiencia pública el jueves 4 de diciembre.
Indígenas de diversas regiones de Zongolica escuchan los testimonios de los hijos de la indígena Ernestina Ascencio
Las organizaciones peticionarias explicaron que esa audiencia es fundamental porque la CIDH irá al fondo de la investigación, una cuestión de la mayor importancia; la audiencia será a distancia, estarán ahí representantes del funcionariado, de las organizaciones peticionaras e integrantes de esa comisión de la Organización de Estados Americanos, es el camino para determinar la responsabilidad del Estado Mexicano por impericia, impunidad y encubrimiento.
La CIDH tardó en el examen de la petición, para llegar a este punto, 5 años. La justicia en México no ha hecho nada, ya pasaron 13 años desde aquel 25 de febrero de 2007.
A las dos semanas del crimen se cerró el caso, y, desde el crimen al día de hoy, está incompleto el expediente de las periciales porque fueron borrados los nombres de los responsables de la investigación, el desistimiento y la decisión política de encubrir a los ejecutores de la violación y asesinato.
Las defensoras de Ernestina Ascencio Rosario (EAR) informaron del largo proceso de trámites que hubo de hacer ante la CIDH, y hoy, por fin, se abre una rendija para juzgar al Estado Mexicano.
Difusión Cencos México D.F., miércoles 26 de febrero de 2014
La causa penal se archivó por decisión del gobierno de Veracruz con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las periciales, hasta ahora son conocidas parcialmente, años después, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia.
Se ha sostenido que se trató de un encubrimiento para dejar impolutos a integrantes del ejército y al ejército mismo. El 9 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón Hinojoza, sentenció que EAR “murió de gastritis”.
La petición a la CIDH data de 2012. En 2014 se retomó el análisis del asunto, y finalmente en 2017 lo admitió a examen, gracias a quienes insistieron, tras ires y venires para que se haga justicia.
Aquel día, a 100 metros de su casa, EAR se hallaba pastoreando ovejas, a 300 metros se había instalado el campamento militar perteneciente al 63 batallón de Infantería zona militar de “El Lencero”. Por el ataque sexual a las 6:30 horas del día siguiente murió.
La CIDH llegó al punto de hacer una audiencia pública, hecho posible, por la tenacidad, de las organizaciones demandantes, con la anuencia de algunos familiares, sus hijas desistieron, estas son: Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, AC, la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y la casa Kalli Luz Marina.
El crimen cobró importancia mediática y desde 2007 a la fecha, vuelve a los medios de vez en vez, hay narrativas extensas y notas coyunturales. Puede decirse que en principio fue un caso de máxima publicidad; el Ejército había aceptado el crimen de violación, por grupos “contrarios”, o guerrilla, pero se unió a la hipótesis de “muerte natural”, luego del acuerdo de Felipe Calderón con José Luis Soberanes, para unificar versiones. Muerte natural, tras una segunda autopsia. Dictamen: no fue violada, y tres años después la CNDH calificó el asunto de interés de la opinión pública, como un “gran fraude”.
Hijas de Ernestina Ascencio
No obstante, en más de una década, el crimen cometido por elementos castrenses, ya fue objeto de múltiples piezas periodísticas, de dos tesis de grado en antropología, análisis del expediente, buscando el contexto de los hechos, en una zona, como la de Zongolica, rodeada de pobreza y abandono, donde las indígenas son víctimas de toda clase de discriminaciones y abusos.
Lo que parece claro es que sí hubo violación, así la madrugada del 27 de febrero lo constató la necropsia a cargo del doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez, desestimada inmediatamente y el médico despedido tres años después, con una nota de irresponsabilidad y negligencia, por haberla llevado a cabo en “un lugar inadecuado” y frente a otras personas, ahí en el hospital regional de Tierra Blanca.
Al fin, tras muchas pruebas, alegatos, testimonios, la CIDH prepara su análisis de fondo. La audiencia pública del caso todavía es parte del proceso. Durante esos 8 años, desde que se hizo la petición, el Estado Mexicano, ha dicho, reiteradamente, que no son los hechos, como lo son.
Este 4 de diciembre la audiencia pública durará hora y media. Estarán las y los representantes de las organizaciones demandantes, y probablemente por el Estado Mexicano el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y otros funcionarios, incluso podría asistir la comisionada de CONAVIM, o alguna representante del Instituto Nacional de las Mujeres.
ARGUMENTO DE LA INFAMIA: TEMIAN A LA GUERRILLA
De las teorías académicas, se desprende que febrero de 2007 era un año difícil. El gobierno mexicano instalaba retenes y piquetes de soldados en una zona donde operaba la guerrilla –un brazo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional- en la sierra de Tezonapa. Además, fue mediático porque ese año estaba totalmente reconocido el feminicidio en México, con la investigación camaral que dejó en claro que los asesinatos de mujeres sucedían en todo el país, sólo por ser mujeres y no solamente en Ciudad Juárez. El diagnóstico que dio lugar a la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia promulgada casi al mismo tiempo del crimen cometido y cuando se había sembrado en todo México, al ejército en la famosa guerra contra el narcotráfico.
El caso y los hechos, también durante 13 años, ya fueron objeto de tesis de maestría y doctorado en antropología y de seminarios y análisis, ubicando el crimen en el contexto del feminicidio, la discriminación y la olvidada vida de los pueblos indígenas.
En el Informe 144/17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relata el hecho de la siguiente manera: «La parte peticionaria alega que el Estado es responsable por la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, quien el 25 de febrero de 2007 habría sido violada y agredida sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército, que la noche anterior habían instalado un campamento en las cercanías de su hogar. Sus familiares la encontraron gravemente herida a 300 metros del campamento y, antes de perder el conocimiento, identificó a los soldados como sus agresores. A pesar de diversos intentos, no lograron acceder a centros médicos cercanos y, trascurridas 10 horas, ingresaron al hospital regional de Río Blanco, el cual no contaba con traductores. Ernestina Ascencio falleció la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros en las regiones vaginal y anal”, que fueron confirmadas en la necropsia realizada por el hospital en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV).
Marisa Belausteguigoitia –antropóloga feminista- escribió en Debate Feminista en 2007 que el atropello sexual a esta mujer indígena fue una sumatoria de su posición deficitaria (mujer, indígena, pobre, vieja, vinculación de su comunidad con movimientos de autonomía cultural, monolingüe) ha logrado ir mostrando capa por capa, nivel tras nivel, la profunda impunidad de nuestro sistema jurídico y la desatención, descuido y corrupción de nuestros servidores públicos, sobre todo si se trata de la defensa de los derechos humanos de sujetos marginales.
La periodista Blanche Petrich, escribió un reportaje – abril de 2007- donde hizo un extenso retrato de Ernestina Ascencio Rosario, y entre otras cosas narra sobre ella y su entorno: “ A sus pies se extiende su pueblo, más abajo se vislumbra el caserío de Soledad y, a lo lejos, el verde valle de Orizaba. Al fondo, el gigante Pico de Orizaba, con su ropaje de nieve teñido de rosa con los primeros rayos solares. La señora Ascencio enviudó muy joven. Julio, su primogénito, tenía apenas 11 años y Marta, la menor, era una nena de pecho. Sacó adelante a sus cinco hijos con maíz, frijol y a veces papas. Julio y ella sembraban y cosechaban, hacían sillas, urdían la lana de sus ovejas y hacían mantas y cotones para venderlos. Los últimos cobertores que tejió, gruesos y acogedores, quedaron en una esquina de su choza. En su mísero cuarto de piso de tierra quedaron, en un rincón, unas cestas llenas de mazorcas. En una repisa siguen sus santos, sus veladoras encendidas y varios dibujos infantiles de flores y árboles de Navidad, regalos de sus nietas Silvia y Olivia. Tuvo 28 nietos. Llegó a tener 25 ovejas y a llevarlas a pastar caminando cuatro kilómetros diarios. Pero sus hijos la restringían últimamente, por temor a que le agarrara una granizada en pleno campo. Aun así, cuidaba de media docena de borregos y subía al monte cada día, después de tomar café en casa de su hija Marta. A mediodía la esperaba Carmen, su otra hija, para compartir con ella la frugal comida. ¿Ora quién va a llegar a mi casa? Nadie».
Carlos Montalvo Martínez, en su tesis para obtener el grado de maestro, Ma techcahuacan cualli “¡Qué nos dejen bien, qué nos dejen libres, qué nos dejen vivir!” El conflicto intercultural en el caso Ernestina Ascencio Rosario, cuenta lo que sucedió, tras la muerte de EAR: “En el pueblo el suceso no se puede olvidar. Irrumpió la cotidianidad de la Sierra. Rápidamente se difundió por altavoces a los municipios que lo escucharan. Las señoras pedían a las comunidades, mediante el altavoz, correr a palos a los soldados. Hubo personas que traían sus machetes y gasolina para enfrentarlos. Los líderes de la región, así como el expresidente municipal Javier Pérez Pascuala pusieron en la balanza la decisión y actuaron. El objetivo fue calmar a la gente. Era un problema que debía resolver el gobierno del estado de Veracruz. El expresidente municipal expresó en su momento: No podemos meter mano porque si no se va a poner más feo”.
Esperaron a Fidel Herrera, gobernador del Estado, quien personalmente calmó la sed de justicia al comprometerse con las comunidades de resolver el caso.
Ernestina permaneció desahuciada, por espacio de trece horas, hasta que falleció a las 6:30 de la mañana del 26 de febrero de 2007 en el Hospital Regional de Rio Blanco, Veracruz.
Saber que los expedientes y las demandas en la CIDH pueden tardar 10, 20, 30 años. Muchos casos tienen audiencia, quedan entre los más de 8 mil que hoy tiene la CIDH. De su veredicto, que no se sabe cuándo sucederá, el caso podría ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta audiencia es parte del proceso. Pero su importancia fue destacada por las abogadas del caso.
CRONOLOGÍA
6 de febrero 1934 nace Ernestina Ascencio Rosario Tetlatzinga, Municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
2007
25 de febrero 2007. A los 73 años, es violada (cuando pastoreaba) por 3 elementos del 63 Batallón militar de Infantería de la 26ª zona militar de Lencero, Veracruz.
26 de febrero. Fue encontrada moribunda por su hija, en un llano a 300 metros de la base militar, ella logró decir que fue mancillada por los soldados, que habían llegado por ahí 2 días antes.
26 de febrero. Fallece en la madrugada, a las 6:30 horas debido a graves lesiones “múltiples desgarros en las regiones vaginal y anal” en un hospital del municipio de Tierra Blanca, Veracruz.
26-28 de febrero. El doctor Juan Pablo Mendizábal, hace la necropsia y concluye, con la firma de tres médicos legistas: que fue violada. Entrega el dictamen al procurador del estado Miguel Mina Rodríguez.
1º. de marzo 2007. Los resultados de la necropsia son confirmados por la ginecóloga de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV)».
Se integra una averiguación previa la 26Zm/04/2007.
6 de marzo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma que hubo un “crimen”, acusa a “grupos” contrarios a la institución, con uniformes verdes (guerrilla).
9 de marzo, El Ejército exhuma el cuerpo para una segunda necropsia, donde asegura que no fue violada. Los peritos especializados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) participaron en dicha diligencia con el carácter de observadores.
13 de marzo. El presidente Calderón afirma en entrevista con La Jornada que la señora Ascencio murió por «gastritis crónica”.
28 de marzo. El diputado del PAN, General retirado, Jorge González, afirma que la CNDH anticipaba las causas clínicas de la muerte de Ernestina Ascencio, descartando la violación.
6 de abril. En comunicado el Ejército afirma que “no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido”.
24 de abril. El Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se reúne con el presidente de la CNDH.
25 de abril. La Procuraduría del Estado de Veracruz integró la averiguación previa número 140/2007/AE en la Agencia del Ministerio Público Especializada de la Ciudad de Orizaba. (Toda esta región se conoce como Sierra de Zongolica).
30 de abril. Se cierra el caso por la justicia veracruzana. El fiscal especial de la indagatoria, Juan Alatriste, da razón a la CNDH, al concluir que la indígena, de 73 años “no fue violada sexualmente”, sino que murió de “parasitosis”.
1º. de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz cerró oficialmente el caso: Determinó que se trató de una muerte natural.
17 de mayo. Se concluyó en dictamen judicial, el no ejercicio de acción penal.
27 de junio. El expediente se archiva. El Estado sostiene que los recursos internos no fueron agotados y que el no ejercicio de la acción penal no fue impugnado por los familiares.
Julio 2007-2009. Familiares insisten, piden, demandan, van a todos los medios, el caso se conoció ampliamente, como injusto, se mostraron los dichos y contradicciones. Se acusó a Soberanes por encubrimiento el ejército, él y el gobernador Fidel Herrera Beltrán, convinieron.
2009
25 de enero. Organizaciones piden el expediente de la investigación ministerial. Hay negativa al derecho a la información, se hizo por Infomex.
8 de febrero. El Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, niega la petición. Argumenta que el expediente ministerial de las investigaciones sobre la muerte de EAR puede causar mayor al daño que cause la liberación de la información, es mayor al interés público de conocerla”.
27 de mayo. El Pleno del Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (CGIVAI) concluye con un segundo dictamen negativo. Dice que se acordó en febrero, que no era conveniente la solicitud de información para conocer el expediente ministerial.
2010
Tres años después, sigue la demanda por justicia.
15 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inhabilita al médico legista Dr. Juan Pablo Mendizábal Pérez, responsable de realizar la necropsia de ley al cadáver de la indígena Ernestina Ascensio Rosario, a tres años de su fallecimiento.
Se alega “procedimiento de responsabilidad 0612007 por haber certificado de manera errónea la existencia de un crimen que no era violación sexual, y por haber realizado la autopsia en un lugar no autorizado y por haberla realizado en presencia de personas no autorizadas».
16 de marzo. En entrevistas Juan Pablo Mendizábal Pérez, reitera que en el cuerpo de Ernestina se encontró semen abundante tanto vaginal como rectal el cual dio positivo en las pruebas periciales correspondiente para enzimas prostáticas y cromosoma. Describe las lesiones reiterando la presencia de desgarros rectales y vaginales que corresponden a penetración no consensual.
17 de marzo. José Luis Soberanes, presidente de la CNDH en entrevista con Carmen Aristegui sostiene que las pruebas de violación de Ernestina son incontrovertibles y posiblemente «el fraude más grande”.
2011
La familia y las organizaciones que apoyan esclarecer la muerte de EAR impulsaron diversas quejas declaradas infundadas y por las autoridades. Se amparan, para acceder al derecho a la información.
15 de abril. En relación con los hechos denunciados sobre la decisión definitiva de la Suprema Corte con la que se dan por agotados los recursos internos fue notificada a la peticionaria y al Instituto de Transparencia veracruzano que debe entregarse la información faltante.
11 de julio. Rechazo a la petición de revisión del caso vía transparencia, notificado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
5 de julio. Luego de que se interpusieron diversos recursos administrativos y judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acogió la revisión de la demanda de amparo, – para el caso del expediente solicitado a transparencia- ordenando la entrega de la totalidad del expediente de las investigaciones ministeriales, se entrega una versión pública del expediente ministerial, pero a modo. Así que para el final del año se agotaron todas las posibilidades de gestiones para la justica en México. Tanto penal como de derecho a la información. Hay posibilidades de llevar el caso a la CIDH.
2012
11 de enero. Se presenta, por familiares y abogadas la petición a la Comisión Interamericana de los Derechos humanos para que conozca, investigue e intervenga en el caso. Para que se pronuncie y llame cuentas al Estado Mexicano
11 de julio. La Comisión anota que los recursos de la justicia mexicana se agotaron y es admisible la petición, para su análisis. Concluye que la petición cumple con el requisito establecido en el artículo 46.1.b de la Convención Americana de los Derechos Humanos
2013
13 de noviembre. La CIDH notifica al Estado Mexicano sobre la queja y le da la posibilidad que alegue lo conducente.
Respecto al requisito de plazo de presentación, la Comisión observa que la ampliación de la petición mediante la cual se incluyó a la presunta víctima fue presentada el 31 de enero de 2014, – del caso de transparencia- esto es, más de nueve meses luego de la notificación de la decisión que dio por agotados los recursos internos. Por lo tanto, la Comisión concluye que, respecto de Patricia Benítez Pérez, la petición no cumple con el requisito establecido en el artículo 46.1.b de la Convención. Al respecto, la CIDH observa que si bien la señora Benítez no será considerada como presunta víctima, los hechos relativos a la alegada falta de acceso al expediente judicial están concluido, toda vez que forman parte de la situación denunciada, serán analizados en etapa de fondo.
2014
La CIDH respecto de la violación al derecho a la información, decide que, será analizado en etapa de fondo.
31 de enero y 21 de noviembre. La denuncia de se amplía. La CIDH, no va todavía al fondo.
19 de febrero. El Estado Mexicano responde que no se acredita la queja.
2015
15 de mayo y 1º de septiembre. Nuevas justificaciones del Estado mexicano ante la CIDH, no acepta la investigación.
3 de julio y 29 de septiembre. La CIDH llama a ampliar la información y pruebas. Continúa analizando, no decide.
2016
6 de diciembre. La CIDH, finalmente elabora el Informe No. 59/16. Petición 89-07. Admisibilidad. Y empieza a trabajar antes de ir al fondo. Define los derechos humanos violentados, presumiblemente, por el Estado Mexicano.
2017
26 de octubre. Admite la denuncia y publica el informe de admisibilidad Ernestina Ascencio y otras, México.
2018
31 de enero. Anuncia la CIDH que retoma el caso y anuncia que examinará el fondo la responsabilidad del asunto, con posibilidades de que el Estado Mexicano sea reconvenido por violación como causa de muerte de Ernestina Asencio y el derecho a la información.
2020
4 de diciembre. Audiencia pública en la CIDH para desahogo de pruebas, alegatos presenciales con las y los actores.
En 2019, Puebla todavía era de las entidades federativas con las penas más altas por el acto a nivel nacional con hasta cinco años de prisión
Víctor Hugo Juárez | El Sol de Puebla
SemMéxico/El Sol de Puebla. Puebla. 30 de noviembre 2020.- La criminalización del aborto en Puebla sobrevive a pesar de la llegada de la Cuarta Transformación a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, pues hoy se castiga hasta con un año de prisión a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo y la entidad suma 43 carpetas de investigación durante los últimos cinco años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Todavía en 2019, Puebla era de las entidades federativas con las penas más altas por aborto a nivel nacional con hasta cinco años de prisión, sin embargo, el Congreso del Estado aprobó el año pasado una reforma enviada por el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, que la redujo a un máximo de 12 meses.
Esta reforma desató críticas en contra del Poder Legislativo, que aunque tiene una mayoría de diputados de izquierda-Morena, PT y Encuentro Social- no eliminó las penas por completo, a pesar de ser parte de la agenda progresista que ofrecieron en campaña.
Actualmente, en el Congreso local son cuatro las iniciativas que se encuentran en la “congeladora” relacionadas con la despenalización del aborto, dos de ellas al Código Penal para legalizar esta práctica hasta las 12 semanas de gestación y dos más a la Ley Estatal de Salud para garantizar la atención y los protocolos en hospitales públicos.
La diputada del PRI y la primera en presentar estas iniciativas, Rocío García Olmedo, señaló que el objetivo de sus propuestas es acabar con la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, aunque recordó que, además de la penal, hay una criminalización social que también debe ser erradicada.
“Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, son criminalizadas en el estado de Puebla. No solo lo que marca con una sanción penal sino no hay que olvidar la criminalización social que se hace en contra de una mujer que decide sobre su cuerpo, sobre su maternidad, y eso trae como consecuencia la violación de sus derechos humanos”.
La priista aclaró que uno de los estigmas que deben eliminarse es creer que, por permitir legalmente la interrupción del embarazo, las mujeres saldrán corriendo a abortar, pues afirmó que quienes llegan a tomar esta decisión es porque ya explotaron todas las alternativas a su alcance.
“El que se despenalice no quiere decir que las mujeres van a salir a abortar, ahí está el ejemplo en la Ciudad de México, cuando se apertura todo esto y hay instituciones de salud pública determinadas para ese efecto, no quiere decir que incrementaron los abortos, eso es delicadísimo, cuando se llega a una decisión de esa naturaleza es porque el papá, el compañero ya las dejó, las abandonó o porque la familia ya las corrió de sus casas o porque en las escuelas ya no las reciben. Las mujeres no se embarazan hoy para irse a abortar porque les gusta mucho mañana”.
LEGISLACIÓN ACTUAL Y CONTEXTO NACIONAL
El artículo 343 del Código Penal del Estado de Puebla establece cuatro causales para considerar el aborto legal en el estado: cuando sea causado por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación, cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves.
A nivel nacional, hay estados que tienen hasta seis causales como Baja California Sur, Colima, Michoacán o Tlaxcala, aunque otros como Guanajuato y Querétaro conservan leyes más duras y solo permiten dos excepciones: por violación o un aborto por accidente.
Los únicos estados que permiten el aborto legal antes de las 12 semanas de gestación son la Ciudad de México y el estado de Oaxaca.
CRIMINALIZACIÓN EN NÚMEROS
Si bien no existe registro de mujeres que recibieron prisión definitiva por interrumpir su embarazo, datos del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), indican que de 2007 a 2016 se documentaron en Puebla 55 denuncias por aborto, 37 juicios penales, 13 sentencias y cinco resoluciones de prisión preventiva, de estas últimas cuatro fueron contra hombres y una contra una mujer.
Con datos más actualizados, el SESNSP reportó que de 2015 a octubre de 2020 suman 43 las carpetas de investigación iniciadas por aborto.
En el desglose por año se detalla que en 2015 hubo siete carpetas de investigación, en 2016 subió a 13, para 2017 bajó a nueve, en 2018 volvió a reducirse a cinco, en 2019 a cuatro y de enero a octubre de 2020 suman cinco más.
UN NEGOCIO, CONSIDERAN PROVIDA
Para la presidenta del Frente Nacional por la Familia, Fabiola Tépox, la razón detrás de la despenalización del aborto es económica, pues afirmó que se esconde un negocio que incluso recibe financiamiento.
“El aborto es una gran mentira y es un gran negocio, resulta que hay grupos que se dicen promotores, altruistas de los derechos de las mujeres para elegir sobre su cuerpo, quiero dar el dato del reporte de International Planned Parenthood, del año 2010 a 2017 se entregaron 14 millones 676 mil 517 dólares para financiar la promoción del aborto en México”.
Agregó que otro ejemplo es el costo que hay por cada intervención médica para interrumpir el embarazo, que va desde los 2 mil 500 a los 6 mil pesos y que representan fuertes ganancias para el sector.
“Si en promedio el aborto anda costando entre 2 mil 500 y 6 mil pesos sabes el negociazo que hay detrás del aborto”.
ABORTO, UN TEMA POLÍTICO: PAN
La presidenta del grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado, Mónica Rodríguez Della Vecchia, refrendo la postura de su partido para defender la vida desde la concepción, como actualmente lo marca la Constitución Política del Estado de Puebla y consideró que la discusión por la despenalización del aborto tiene fines políticos impulsado por diputados y diputadas de la Cuarta Transformación.
“Morena ha sido cambiante, pareciera que no es un tema real por las mujeres sino un tema político-ideológico, que lo están abordando desde ese punto de vista porque hace un año lo votaron en contra”.
Por ello criticó la participación de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, en el plantón que colectivos feministas realizaron la semana pasada para exigir la despenalización del aborto, pues dijo que ella es gobernante y debe hacerlo para todos los sectores de la sociedad, sin importar su ideología.
“Ella está gobernando para todos los poblanos y la demanda de los poblanos es que se ponga a trabajar, que recuerde que hoy es la presidenta municipal, no es hoy una luchadora, hoy está en otra postura que requiere de mucha responsabilidad y de mucha altura para gobernar a todos los poblanos, para los que están a favor, para los que están en contra, para los que no les interesa el tema, para todos”.
Sobre la discusión, afirmó que muchas de las encuestas informales que se han hecho en redes sociales revelan que el 70 por ciento de los poblanos no están de acuerdo con la despenalización, sin embargo, se manifestó a favor de que se realice un parlamento abierto para escuchar todas las voces, como el que anunció el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla.
AMAGAN ACTIVISTAS CON CASTIGO EN LAS URNAS
A dos años de la LX Legislatura, la activista en favor del aborto e integrante de la organización REDefine, Cinthya Ramírez, advirtió que, de no cumplir con esta demanda, la sociedad tomará represalias con ellos en la próxima elección de 2021.
“La poca voluntad política tiene costos políticos, sus discursos han sido respecto a que no quieren más polarización en la sociedad. Alguna vez sacaron una declaración de que iban a hacer una consulta ciudadana para checar qué opinaba la ciudadanía en Puebla y se los repetimos: los derechos no se consultan…Ya comenzó el proceso electoral del 2021 y muchos buscarán posicionarse en algún puesto de reelección o nuevo cargo y ahí les estaremos recordando que tienen una deuda histórica con las mujeres”.
Esa misma advertencia lanzó la presidenta del Frente Nacional por la Familia, al señalar que la sociedad dio un voto de confianza a Morena y solo se “atentó” contra los valores y la familia con la aprobación del matrimonio igualitario, por lo que de avalarse la despenalización del aborto se les castigará con el voto en contra durante la elección del siguiente año.
Por Rogelio Hernández López SemMéxico. Cd. de México. 30 de noviembre 2020.- Para quienes entiendan, el reporte que ofreció Alejandro Encinas sobre los asesinatos de 38 periodistas en dos años y lo que planea el gobierno nacional refleja que solamente con el Mecanismo de Protección federal no podrá atajarse esta otra tragedia nacional.
Y ese informe también indica que entre las y los periodistas, que comprendan este fenómeno, muy pocos toman medidas de autoprotección y, peor aún, confirma, que somos menos los que ubicamos y auxiliamos a los colegas más vulnerables, quienes son las víctimas principales de agravios y crímenes.
Vulnerabilidad extrema Durante años hemos testificado el perfil promedio de los periodistas más vulnerables y ahora lo reconfirmamos. Lo que apuntó el subsecretario de Gobernación el 25 de noviembre debe zarandear a todas las personas y organismos ocupadas en impedir más violencia y daños la periodismo mexicano.
El subsecretario de Gobernación, por comedimiento, no dijo que casi todos los victimados padecían precariedad laboral, trabajaban para medios pequeños, actuaban en zonas de alta violencia y presencia delincuencial, carecían de organización gremial de autodefensa y tenían poca capacitación profesional para tratar temas sensibles.
Lo que sí dijo Encinas fue que el 66 por ciento de los victimados recogía información sensible de carácter policiaco, de política, denuncias ciudadanas y comunitaria.
Y el otro dato nuevo y aterrador que mostró es que el 72 por ciento de los victimarios son parte de la delincuencia organizada (26%) y la delincuencia común (48%). (Encinas: Agravios-contra-periodistas-25nov20.pdf) Todo junto confirma un perfil ya conocido: que la mayoría de periodistas asesinados eran demasiado vulnerables ante la delincuencia y cubrían información hiperlocal sin capacitación suficiente.
Ellas y ellos son los que requieren atención inmediata antes de que engrosen la dramática estadística.
Lo urgente Para enfrentar esto de inmediato, ayudaría mucho la implementación de un ciclo de talleres para estos periodistas con los temas de autoprotección y la creación de redes locales de alerta y reacción rápida ante agravios.
El sujeto principal de este ciclo debiera ser la Unidad de Prevención del Mecanismo federal porque puede pactar el apoyo de universidades y, en los estados, de gobiernos, empresas de medios y agrupamientos de periodistas capacitados.
Hay experiencias exitosas de talleres similares organizados e impartidos por periodistas en Puebla, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero y otras entidades.
Un primer paso sería convocar a un encuentro nacional de periodistas para iniciar un cronograma de impulso a un programa nacional de capacitación, la formación de la red de redes, y promover la figura jurídica y comercial de pequeñas empresas no lucrativas de periodismo.
Lo prioritario En la ruta que el subsecretario informó que quiere seguir el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas destacan varias metas que el gobierno federal no podrá cumplir eficazmente sin la participación de otras secretarías de Estado, del Poder Judicial, de gobiernos estatales y municipales, de organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión más allá de presionar con declaraciones y recomendaciones, de organizaciones civiles e incluso de los medios convencionales de información masiva.
Veamos: El reto prioritario del Mecanismo, asegura Encinas, es lograr ahora sí, la participación de los gobiernos de los estados. Para esto Se proponen: “Establecer mecanismos de coordinación entre la federación y los estados”. Ya se inició la primera mesa nacional permanente.
“Crear mesas de trabajo con las 32 Secretarías Generales de Gobierno con facultades para establecer medidas de protección.
“Crear 32 Enlaces con el Mecanismo Federal.” Desde 2012, cuando se creó el mecanismo federal de protección, la mayoría de gobernadores han firmado dos convenios en los que se comprometieron a generar condiciones para homologar leyes, medidas de protección y preventivas o protocolos de reacción rápida o al menos para investigación de agravios y asesinatos. Pero en los hechos le han dejado la responsabilidad a la federación pese a que en la mayoría de las entidades se comete el mayor número de agravios y asesinatos de periodistas.
En julio de 2020, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE) difundió un primer estudio del comportamiento de los 32 gobiernos estatales y examinó a los que contaban con leyes y mecanismos de protección a la libertad de expresarse de periodistas y defensores de los derechos humanos, fiscalías especializadas y otras medidas CASEDE confirmó que doce entidades carecen de leyes al respecto, 19 carecen de alguna instancia de protección y 28 no han creado fiscalías para atender delitos contra la libertad de expresión.
Lo permanente Si lograran solamente la participación de los gobiernos estatales a mediano plazo, ya sería un avance esencial, pero aún insuficiente.
Se necesita el concurso de otros poderes para las otras dos grandes metas inmediatas del Mecanismo. A Saber:
“Revisar el marco normativo sobre la protección a periodistas”. Esta meta, por compleja y especializada, requiere de la participación de grupos académicos y periodistas especializados en los temas de protección para ampliar el concepto a protección cautelar a prevención integral, pero sobre todo convencer al Congreso Federal y los congresos estatales para construir un andamiaje legal con leyes estatales que si se cumplan.
“Impulsar que las fiscalías estatales y la FEADLE cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para revertir la impunidad.” La autonomía de estas dependencias para la procuración de justicia requiere de convenios que incluyan la capacitación de ministerios públicos, agentes de investigación y ampliarse hasta los jueces. Es decir a todo el Poder Judicial.
“Promoción de una Campaña Nacional Estratégica para el Reconocimiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para ser impulsada al más alto nivel con la participación de diferentes autoridades federales y gobiernos estatales.” En ello será indispensable conseguir compromisos de los medios de difusión masiva (privados y públicos) con la Presidencia de la República para diseñar y ejecutar campañas permanentes con voceros del gobierno federal de los gobiernos estatales, personalidades y periodistas organizados. A largo plazo, otro modelo “El Mecanismo –visualizó Alejandro Encinas– debe evolucionar hacia un Sistema Nacional de Protección Integral que garantice la consolidación de una Política de Estado para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Transitar de un modelo reactivo a uno preventivo.” Esta es una meta de largo plazo y que requiere otros apoyos del más alto nivel. El primero es que el Presidente de la República muestre voluntad política y tome decisiones para conformar ese Sistema Nacional de Protección Integral con un modelo preventivo de verdad que reconozca el ejercicio del periodismo como actividad de interés público y se encamine a disminuir las vulnerabilidades de las y los periodistas y auspiciar que se convierten en sujetos de acción para su autoprotección. El tránsito requiere, probablemente de una reforma profunda a la ley federal de protección que transforme la identidad del Mecanismo Federal de ser, como ahora un modelo de reacción cautelar de carácter semipoliciaco a una entidad normativa y diseño de Estrategias de Estado, con políticas públicas preventivas esencialmente. Un Mecanismo diferente que implemente políticas de Estado vigilaría que cumplan otras entidades de gobierno la protección cautelar y la procuración de justicia. Igualmente coordinaría programas de participación intersecretarial del trabajo, de educación, de salud, universidades públicas y, por supuesto involucraría a empresas de prensa que entiendan que la independencia editorial del periodismo no se riñe con la colaboración para contrarrestar el ciclo de agresiones y el desempeño de las y los periodistas con seguridad y más fortalezas profesionales, laborales y sociales. Colegas, el Mecanismo solo no podrá atajar este ciclo infausto para los periodistas. ¿Nosotros qué haremos además de cumplir profesionalmente al hacer periodismo?
El Estado Mexicano no cumple sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la Comisión de Víctimas sin dinero y sin dirección.
Juez Federal considera que la negativa de la Fiscalía del Estado de México de enviar el caso Atenco a la FGR no está debidamente justificada y por ende vulnera los derechos de las víctimas
Sara Lovera e Isabel Ortega SemMéxico/ Agencia ceprovysa,- San José, Costa Rica y Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020. A dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, la investigación penal sigue fragmentada debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de remitir la investigación para que ésta sea realizada en el fuero federal.
En un comunicado conjunto el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro CentroPro y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, informaron lo anterior y recordaron los pendientes del abuso policial, violencia sexual, médica, discriminación en que incurrieron las policías en Atenco, Estado de México, contra al menos 11 mujeres, los días 3 y 4 de mayo de 2006, hace 14 años.
La Corte IDH el 28 de noviembre de 2018 sentenció al Estado Mexicano para atender, investigar y hacer las reparaciones del daño a través de una serie de medidas y una reparación del daño, material -con 5 mil dólares – y la conclusión de la investigación ministerial.
Sin embargo, no había respuesta suficiente, de ahí la importancia de que el pasado 25 de noviembre el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca concedió un amparo a las mujeres de Atenco, en el que ordena a la Fiscalía local revocar su negativa a cumplir con la facultad de atracción ejercida por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FEVIMTRA), respecto de la investigación del caso Atenco.
En su sentencia, el Juez de amparo estableció que la Fiscalía local no justificó por qué no procedería entregar la investigación a la Federación, tomando en cuenta los hechos del caso y los derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad y equidad y género. A la luz de los hechos del caso -en los que las mujeres sufrieron delitos a manos de policías federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo conjunto-, las organizaciones representantes reiteran que la totalidad de la investigación corresponde legalmente a la Federación, por lo que la Fiscalía del Estado de México debería entregar la investigación a la FEVIMTRA sin mayores demoras.
La unificación de la investigación en el fuero federal resulta indispensable para garantizar que se tomen en cuenta todas las hipótesis y líneas de investigación en el caso. Así como que se consideren todos los eslabones de la cadena de mando, el patrón de actuación conjunta de quienes intervinieron intelectual y materialmente, así como todas las formas de responsabilidad individual según lo ordenado por el tribunal interamericano. Así, de no remitir el expediente a la FEVIMTRA, la Fiscalía del Estado de México seguiría obstaculizando el acceso a la justicia en este caso paradigmático en el que las mujeres ya han luchado durante más de 14 años contra la impunidad.
DETENIDO EL CUMPLIMIENTO DE LA CORTE
Recordamos que la sentencia de la Corte IDH señala que la investigación penal abierta en el Estado de México presenta una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Así, la Corte IDH ordena que las investigaciones se lleven a cabo en un plazo razonable, por funcionarios capacitados en la materia, para determinar, juzgar, y sancionar a los responsables. La sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito representa una oportunidad para avanzar hacia el cumplimiento de lo anterior, evitando la obstaculización de la investigación y logrando la unificación del expediente, lo cual constituye un paso fundamental para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco.
JUSTICIA A MEDIAS Hace un dos año que de la sentencia de la Corte IDH en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, las 11 mujeres denunciantes y sus representantes hicieron llamamos sistemáticos al Estado a realizar todas las acciones necesarias para dar pronto cumplimiento a las reparaciones ordenadas en beneficio de las víctimas sobrevivientes, así como las medidas de carácter estructural, de suma importancia para la sociedad mexicana. Detenidas por la negativa a que hoy obliga el amparo.
No se ha podido cumplir, a pesar del tiempo. El balance era en noviembre de 2019, que los asuntos pendientes en la implementación de las medidas ordenadas por la Corte IDH, por responsabilidad de la Fiscalía del Estado de México, lo único que sucedió fue una ceremonia de reconocimiento y perdón que se hizo en el gobierno actual.
Las organizaciones Pro y Cejil reconoce que el impulso dado a este proceso por parte de las mujeres. En abril de 2019 se instaló una mesa de cumplimiento de la sentencia, las 11 sobrevivientes han participado en numerosas reuniones de trabajo con diversas instituciones para avanzar con las reparaciones, buscando que no se repitan hechos como los de este caso, caracterizado por la represión social, las detenciones arbitrarias, la tortura física, psicológica y sexual, y la impunidad.
Aunque en materia de justicia, hubo la apertura de una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual las mujeres han aportado insumos, sin la investigación de la Fiscalía de Edomex, el avance es relativo.
Al mismo tiempo, dicen las organizaciones y las víctima, a pesar de las gestiones de la FGR, aún sigue pendiente el cumplimento de la fiscalía local del Estado de México una investigación cuyas serias deficiencias fueron expuestas por la Corte IDH. En este sentido, falta una investigación completa de los hechos indispensable, que unifique la investigación, por lo que era urgente que a las autoridades a concretaran y aceleraran la atracción del caso al fuero federal.
Tampoco hubo avances suficientes en la obligación del Estado de fortalecer el Mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres, y aunque el diálogo constructivo con las autoridades involucradas (coordinado por la Comisión Nacional de Víctimas, ahora sin recursos ni dirección), se llamó la atención sobre la pausa en que se encuentra el proceso se espera de respuesta de las instituciones.
Hubo un llamado a todas las instancias a actuar sin más demora y priorizar el cumplimiento de este punto, destacando, como han hecho las mujeres, que el impacto de esta medida alcanza a muchas otras sobrevivientes, como demuestran los casos de la campaña Rompiendo el Silencio.
Por otro lado, está la falta de avances concretos de parte del Estado en la creación de un Observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de México, como ordenó el Tribunal Interamericano. Frente a esta situación, las mujeres y sus representantes desarrollaron insumos para el diseño del Observatorio, solicitando a las autoridades la apertura de una mesa de trabajo para adelantar el cumplimiento de la medida el año que entra, como marca la sentencia internacional.
Finalmente, exhortamos al Estado mexicano a tomar todas las acciones necesarias para agilizar la implementación de los aspectos pendientes para garantizar la atención de salud a las mujeres, así como a celebrar una sesión de seguimiento de la mesa de cumplimiento instalada en abril.
A dos años ha prevalecido la valentía y el esfuerzo de las 11 mujeres a lo largo de todo el proceso, reafirmando su compromiso porque ello se traduzca a la brevedad en resultados concretos. Que nunca más, ninguna otra mujer tenga que volver a pasar por hechos como los del caso Atenco.
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