Las carpetas por delitos digitales no se judicializan, de 847 carpetas de investigación sólo una recibió sentencia por la Fiscalía, y 31 obtuvieron el perdón de la víctima.
Testimonios aleccionadores de la actividad en el ciberespacio contra las mujeres
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 23 de noviembre 2020.- La campaña falsa de cáncer de mama por Facebook; la amenaza de secuestro con fines de trata a través de internet, y la amenaza de muerte a una activista por twitter son algunas de las historias que han sufrido las víctimas de violencia digital en México.
En el informe, “Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México”, la colectiva Luchadoras da cuenta que la violencia digital sexual es grave y que las necesidades de acceso a la justicia y reparación del daño se quedan en trámites.
Señalan que en los últimos tres años se han abierto dos mil 143 carpetas de investigación en 18 estados del país, de los cuales 83 por ciento siguen en trámites, y sólo el 17 por ciento encontraron alguna “alternativa de justicia”, algunas no muy favorable a las víctimas, pues han tenido que otorgar el perdón.
Solo un caso en el estado de Chihuahua obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de “sexting”, en juicio oral abreviada por la Fiscalía, por lo que no se ve reflejada en las cifras concernientes en causas penales.
Las historias
En Facebook, una joven mujer fue contactada por una amiga para participar en una campaña contra el cáncer de mama por el Hospital La Paz, en España. Le solicito fotografías y videos de sus senos desnudos para sensibilizar revisiones mamarias preventivas a cambio de una compensación económica que nunca llego.
La identidad de la amiga había sido suplantada, la campaña era un engaño para obtener imágenes de mujeres jóvenes, acudió a la ciberpolicía y a la Fiscalía para denunciar, no recibió apoyo bajo el argumento de que ella accedió a enviar las fotografías. Tenía novio que al principio la apoyo, pero finalmente termino la relación. Ella quería saber cuál era el destino de sus imágenes y quien era el autor del fraude.
Amenaza de trata
Una joven menor de edad recibió amenazas de secuestro con fines de trata a través de Internet, después de que sus imágenes íntimas fueran difundidas sin consentimiento. Las amenazas se extendieron a su familia y continuaron durante más de un año. Su madre y padre decidieron sacarla de la escuela para evitar que furqa agredida, la madre se vio obligada a renunciar a su trabajo y la familia incluso tuvo que mudarse. Suspendieron su presencia en plataformas tecnológicas.
Amenaza de muerte
Una joven activista feminista muy activa en las redes sociales, recibió una amenaza de muerte a través Twitter, de parte de una cuenta anónima, en el marco de las denuncias de #MeToo. Hizo la denuncia y tuvo que enfrentarse a varios obstáculos como comprobar el daño a través de un peritaje, y la falta de comprensión sobre cómo funciona el espacio digital por parte del Ministerio Público. Actualmente la investigación sigue en curso, y ella tuvo que asumir enteramente los costos asociados a procurar su bienestar inmediato, así como los relativos a avanzar el proceso legal.
Delito, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento
Ixchel Aguirre, Lourdes V. Barrera, Anais Zamora y Yunuhen Rangel , integrantes de las Luchadoras, en su informe, precisan que entre los tipos de violencia digital contra las mujeres, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es usada como forma de coerción para obligar a sostener relaciones no deseadas, o llegar a niveles organizados a través de redes de “packs”, que son conjuntos de archivos acumulados de imágenes íntimas que son intercambiadas por otros para nutrir bases de datos de escalas mayores, en las que intermedian extorsiones y amenazas.
De acuerdo a la encuesta del Módulo sobre Ciberacoso del INEGI, 2017, las mujeres reciben más propuestas de carácter sexual 30.8 por ciento, que los hombres que reciben el 13.1 por ciento, y también se reporta que reciben más contenido sexual no solicitado, un 23.9 por ciento que ellos, un 14.7 por ciento.
Las Luchadoras advierten que este tipo de agresión sexual a través de las tecnologías es común que se confunda con el sexting, que es la práctica de intercambiar contenido sexual o intimo entre personas de manera libre y consensuada.
La colectiva Luchadoras están convencidas que el internet debe ser un espacio libre de violencia para las mujeres y un lugar donde se dé la libre lucha por la igualdad de género, ya que el 51.6 por ciento de las personas usuarias son mujeres, según el INEGI, y este año, el confinamiento impuesto por la crisis sanitaria del COVID-19 ha hecho que las tecnologías y el espacio digital se conviertan en un espacio esencial de socialización, educación y trabajo como nunca antes.
Las carpetas de investigación no se juidicializan
En los últimos tres años se abrieron 2,143 carpetas de investigación en 18 estados del país por delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. El 84.46 por ciento de las víctimas fueron mujeres.
El gran cuello de botella es el desahogo de la investigación, ya que sólo el 83 por ciento de las carpetas siguen en trámite. Además de que las carpetas de investigación no se judicializan. Las causas penales por estos delitos son mínimas.
Solo se han iniciado 24 causas penales que representan el 2.8 por ciento del total de 847 carpetas abiertas en siete entidades del país. Chihuahua 446, Jalisco 202, Nuevo León 73, Ciudad de México 56, Veracruz 48, Aguascalientes 17 y Zacatecas 5.
De estas sólo se obtuvo información final sobre 652. Carpetas en trámite siguen 543, fueron enviadas a archivo temporal 36, siete no ejerció acción penal, dos extinciones. Salidas alternas: siete fueron suspendidas por proceso a prueba; cinco acuerdo reparatorio; uno a juicio oral abreviado y 31 obtuvieron perdón. 20 obtuvieron otros procesos.
Leyes sin justicia
Mencionan que la preocupación por la violencia digital por parte de grupos feministas y tomadores de decisión publica ha generado reformas legislativas, la primera en el año 2012 que tipifica “la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento” como delito en el estado de Sinaloa.
En el año 2018 es cuando se dan las reformas legislativas conocidas como Ley Olimpia en Puebla que comienza el auge de la tipificación de éste delito que figura en los Códigos Estatales de 28 estados de la República.
Las reformas han consistido principalmente en la modificación de los códigos penales estatales y en algunos estados se ha modificado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Reconocen que estas reformas representan un avance y al mismo tiempo un reto pues no han sido homogéneas y en ocasiones representan problemas.
Por lo que proponen la armonización de la tipificación del delito de “difusión de imágenes intimas sin consentimiento “a nivel nacional que incorpore una perspectiva de género feminista y ponga en el centro la protección de los derechos sexuales y la libertad de expresión de las mujeres y personas de la diversidad sexual.
Se tomen en cuenta las legislaciones internacionales sobre derechos de las mujeres como son la CEDAW19, la Convención Belém do Pará20 y el Capítulo J
de la Plataforma de acción de Beijing a nivel internacional.
Que en este proceso se tenga una perspectiva multidisciplinaria que considere la indivisibilidad de derechos humanos que conviven en el espacio digital y que también requieren protección, como son libertad de expresión, privacidad y vida libre de violencia para las mujeres, entre otros; y que no se adopten reformas que sobre regulen Internet.
Contención emocional, y remoción de contenidos, denuncia y dada de baja de los perfiles agresores en plataformas, como reparación del daño.
Las Luchadoras consideran que es importante poner al centro lo que las víctimas consideran que es idóneo para hacer frente a una agresión digital, y tomar acción a partir de sus propias determinaciones.
Las estrategias para hacer frente a una agresión digital pueden contemplar por ejemplo, en un primer momento, la contención emocional; así como otra serie de acciones en las plataformas donde se perpetra la agresión, como son la remoción de contenidos o la denuncia y dada de baja de los perfiles agresores.
Poner una denuncia ante la Fiscalía con el fin de buscar una acción penal es una más de las posibles soluciones. Sin embargo, las mujeres que opten por ello porque consideran que es la medida más idónea para satisfacer su sentido de justicia o reparación, deben de contar con las condiciones necesarias para hacerlo con pleno goce de sus derechos humanos.
Sin embargo, como demuestra el informe, no hay un acceso a la justicia real, ya que la proporción de carpetas que concluyen es mínima. Por eso es necesario ampliar la mirada sobre otras alternativas más allá de lo penal.
La promoción de respuestas del Estado para combatir la violencia digital debe ser más amplia y considerar, además del ámbito legislativo, una transformación sustantiva en la procuración e impartición de justicia; así como la elaboración de políticas públicas de atención y prevención tendiente a transformar la violencia estructural, incluyendo la asignación de presupuestos adecuados para la operación de las mismas a nivel nacional y estatal.
