Se cumplirá pronto un año, pero todavía no hay denuncias
Las Revueltas señalan las dificultades que enfrentan las sobrevivientes
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 1 de octubre, 2020.- La colectiva Las Revueltas promueve capacitación y difusión de la violencia digital en esta entidad, que es delito desde 2019 y a la fecha no hay denuncias, debido al temor de las víctimas de denunciarlo, señalaron activistas.
Yolitzin Jaimes Rendón, integrante de “Las Revueltas”, dio a conocer la importancia de la difusión del delito de violencia digital para su identificación y denuncia, resaltó que este tipo de capacitación es dirigida a ayudar a quienes han sido víctimas y tener un diálogo en el que se conozca y reconozca esta práctica.
Es una información desarrollada desde la autonomía, “lo que nos reúne es la impartía, también el hecho de haber sido víctimas de violencia digital, algunas han sido víctimas de extorsión, usurpación de identidad, difusión de contenido intimo sin consentimiento”.
Desde su punto de vista son víctimas y sobrevivientes que han superado una situación difícil de violencia digital, que enfrentan la zozobra, la descalificación, exposición de sus cuerpos.
Yelitza Ruiz Ángel, abogada, hizo una exposición de motivos de La ley Olimpia en Guerrero, resaltó la importancia para quienes dan acompañamiento o seguimiento a víctimas de violencia de digital, de prepararse e informarse en la materia, sería irresponsable recalcó, hacerlo cuando no se conoce que se está persiguiendo.
En Guerrero reiteró la violencia digital es un delito desde septiembre pasado cuando el Congreso local aprobó la propuesta de reforma, al quedar plasmado en el artículo 187 del Código Penal, la divulgación no consentida de la intimidad, y entró en vigor en noviembre pasado, un trabajo en el que destacó el trabajo de las organizaciones de mujeres.
Dijo que las víctimas de la violencia digital deben hacer capturas de la violencia que son la prueba más importante y acudir ante el Ministerio Público, si es posible, acompañadas de una abogada feminista o solicitar una defensora de oficio. También es importante tener claro qué es lo que se quiere denunciar y evitar que el MP pretende “redireccionar” la denuncia, a menos que el otro delito sea más grave que la violencia digital.
Ruiz Ángel señaló que en noviembre próximo se cumplirá un año de la entrada en vigor de ese delito, pero aún no existe ninguna denuncia, dijo, al tiempo de señalar que no es una moda la violencia digital sino resultado de la cultura patriarcal que se trasladó a las nuevas tecnologías afectando a muchas niñas, adolescentes y mujeres.
Presentan organizaciones diagnóstico en la Costa Grande
Existen sistemas municipales para atender la violencia pero no sesionan
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 1 de octubre, 2020.- La apatía de presidentes municipales de la región de Costa Grande para atender la violencia de género contra las mujeres al no destinar recursos, ni hacer operables sus sistemas de Igualdad y de Violencia, expusieron activistas durante el conversatorio regional por una Vida Libre de Violencia para Mujeres y Niñas, correspondiente a esta zona del Estado de Guerrero.
En el sexto conversatorio regional de la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses por una Vida Libre de Violencia correspondiente a esa región, presentaron un diagnóstico sobre la situación que guardan los municipios de esta zona de a entidad respecto a la violencia de género y su atención por parte de las autoridades municipales.
Sobre la violencia feminicida, en esa región conformada por siete municipios, se dio a conocer que solo uno, Caohuayutla de José María de Izazaga, está libre de muertes dolosas de mujeres.
En el resto de los municipios se reportan asesinatos violentos de mujeres: Atoyac registra nueve casos entre 2017 a 2019, –tres cada año-; Benito Juárez (San Jerónimo), uno en 2020; Coyuca de Benítez, 11, cinco en 2017 y dos en cada uno de los años subsecuentes; Petatlán siete, tres en 2018 y 2019 y uno más este año; Tecpan cinco, 4 en 2017 y uno en 2018; La Unión, cuatro, dos en 2017 y dos en lo que va del año, y Zihuatanejo, municipio con alerta de violencia de género contra las mujeres registra el mayor número de feminicidios de la región, con 27 en total; uno en 2017, 10 en 2018, nueve en 2019 y siete en el presente año.
En este mismo diagnóstico encontró que en Atoyac fue instalado el sistema en el que participan distintas organizaciones de la sociedad civil, la Dirección de la Mujer, cuenta con estadísticas internas de casos atendidos y los tipos de violencia, además de un programa municipal para atender la violencia de género.
Tecpan no cuenta con un diagnóstico situacional actualizado, excepto en 2011, donde señala que cuenta con un programa municipal para entender la violencia contra las mujeres, su sistema municipal –de violencia- instalado en febrero de 2019, ha sesionado desde entonces en cuatro ocasiones. El sistema de Igualdad, ha tenido cinco sesiones.
En Coahuayutla sus sistemas de violencia e igualdad han sesionado solo en dos ocasiones, el 25 de agosto de este año en que fueron reinstalados y la segunda el 25 de septiembre.
En la Unión, el diagnóstico revela que persiste la misma situación. Se reinstalaron sus sistemas el 26 de febrero de 2019, y se han realizado dos sesiones, la de instalación y una segunda el 30 de septiembre pasado.
En Petatlán sus sistemas fueron reinstalados el 18 de febrero de 2019, desde entonces han sesionado en una ocasión, el 21 de febrero de ese mismo año. En San Jerónimo el sistema se reinstaló el 25 de febrero de 2019 y han sesionado solo una vez, el 21 de febrero de este año. En Coyuca de Benítez, lo hicieron el 26 de febrero y a la fecha no han sesionado.
Zihuatanejo, único municipio alertado en la Costa Grande, reinstaló sus sistemas municipales el 12 de febrero de 2019, desde entonces sesionaron el 17 de febrero y 17 de junio de este año.
En lo que se refiere a la asignación de recursos de parte de los ayuntamientos para la atención de la violencia de género, encontraron que en lo general los gobiernos municipales no están etiquetando recursos financieros para acciones en materia de prevención, atención y erradicación de violencia contra las mujeres.
A pesar de contar con fuentes de financiamiento alternas, como el subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad para municipios y demarcaciones territoriales de México, y en las entidades federales (Fortaseg), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que destinó para Zihuatanejo –municipio con alerta de violencia de género) 16 millones cinco mil 477 pesos.
Destacaron que Fortaseg contempla programas como el de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación ciudadana, para la atención de la prevención de la violencia familiar y de género y prevención de la violencia escolar, con acciones coordinadas con las instancias de la mujer de los municipios para coadyuvar en el cumplimiento del programa municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el acceso de las mujeres, niñas a una vida libre de violencia.
Comité municipal Unidos por 4T manifestó su apoyo y solidaridad
Como francotiradores actuaron funcionarios de la CNDH, sostienen
Chantal Martínez Díaz SemMéxico, Cd. de México, 1 de octubre, 2020.- El activista Guillermo Gutiérrez Riestra dejó su encargo en la Coordinación Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Reynosa a partir de este 30 de septiembre. Ante tal, colectivos de defensores de derechos humanos y desaparecidos en el estado de Tamaulipas, mostraron su apoyo al ahora ex funcionario.
El Comité municipal Unidos por la Cuarta Trasformación manifestó su apoyo y solidaridad a Gutiérrez Riestra “quien se desempeñó con respeto a los derechos humanos, combatiendo la burocracia e impunidad que prevalece en la aplicación de la justicia en el estado de Tamaulipas”.
Señalaron además a través de un pronunciamiento, que lamentan su separación del cargo porque con él “se encontraba la esperanza del aliado de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos”.
El proyecto de convertir a la CNDH en Tamaulipas, en un Organismo Autónomo, cuya prioridad fuera la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas quedará encaminado pero inconcluso, refirió Unidos por la 4T.
Por su parte, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana A. C. y el Frente Amplio de Tamaulipas manifestaron su apoyo a Gutiérrez Riestra “por su digna y combativa posición adoptada”; es decir, por dejar el encargo.
Asimismo, la Asociación Estatal de Técnicos y Profesionistas por el Desarrollo de Tamaulipas se solidarizaron con Guillermo Gutiérrez y acusaron que “francotiradores” de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ejercieron presión para lograr su salida.
Hasta ahora no ha habido pronunciamiento por parte de Gutiérrez Riestra.
Igualmente, el Campamento Ciudadano Choko Jiménez y las organizaciones y colectivos de apoyo solidario, demandan de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET) y de la CNDH:
1. Que resuelvan los expedientes de queja que fueron declarados procedentes desde hace más de 1000 días (junio de 2018).
2. Que expliquen por qué no asistieron a la reunión de trabajo el 22 de septiembre pasado, cuando ya se tenía la anuencia por escrito.
3. Que cese el contubernio entre ambos organismos de derechos humanos para detener la resolució de los expedientes de queja radicados en sus oficinas y,
4. Que cese la intimidación, acoso y provocación de la Policía Estatal de Tamaulipas. Los firmantes son FAT, UGOCM, AGROSER, HUASTECA CIUDADANA, CLDET, AETPT.
Dictaron sentencia de 30 años sin derecho a indulto por el feminicidio de la hija de la periodista feminista Helen Álvarez
Drina Ergueta
SemMéxico, La Paz, Bolivia, 1 de octubre, 2020.- La sentencia para William Kushner a 30 años de prisión sin derecho a indulto por haber cometido feminicidio, que se ha conocido este último viernes en Bolivia, ha generado nuevamente un gran movimiento de opiniones en redes sociales, como Facebook, y también ha promovido varias publicaciones en medios en las que se habla de “las dos versiones”.
Mientras en el caso de Facebook existen páginas que, según la abogada y la madre de la víctima, son pagadas para tener flujo y perfiles falsos a favor del feminicida, reclamando su inocencia, en los medios el afán de ofrecer “objetividad” hace que se dé voz y credibilidad a alguien sentenciado, siendo, además, puesta en duda la decisión judicial.
Se trata de un caso muy mediático a partir del momento mismo de los hechos, el 19 de agosto de 2015, debido a que Kushner es hijo de “buena familia”, de un médico de renombre y una artista reconocida, y porque la víctima de clase media, Andrea Aramayo, es hija de Helen Álvarez, una periodista feminista muy valorada (lo de las clases sociales es relevante porque la justicia suele favorecer a quien más tiene).
Este hecho, que en estos cinco años este juicio haya estado en el foco mediático, hace que los jueces a cargo se hayan visto obligados a ser muy cuidadosos en la consideración de las pruebas y en emitir, finalmente, un fallo que se sostenga firmemente en ellas; sin embargo, aún circula insistentemente la versión del sentenciado que ha sido judicialmente desechada por ser, en algunos casos, mentirosa.
Si bien el feminicida aún tiene derecho a recurrir el fallo, eso no quita que sea muy relevante que su principal testigo mintiera y luego confesara respecto a lo ocurrido; eso no quita que las pruebas forenses y otros peritajes establecieran, según la abogada Paola Barriga, que es falso que Aramayo se cayera persiguiendo al automóvil que Kushner conducía, sino que es verdad que éste le dio por delante, la levantara en el aire para luego caer al suelo y pasara por encima a lo largo de su cuerpo desde el pie hasta la cabeza, dejándole la huella de la rueda en una mejilla, sin que él hiciera el gesto de frenar.
Eso no quita que una testigo dijera que él, luego de aparcar el coche, fuera hasta donde quedó el cuerpo y lo pateara en el suelo para que se levante. Lo que indica, para Barriga, el tipo de relación que había y el tipo de persona que él es. Un tipo de persona que, según otra prueba: un examen psicológico realizado, no desea nadie como pareja.
Una pareja en la que, además, él tenía el control económico y laboral, ya que él era jefe de ella, y que se reflejaba en el poder que ejercía en la relación afectiva, tal como lo revelan las conversaciones por WhatsApp registrados en el celular de la víctima, otra prueba. Él se negó a entregar el suyo.
Una familiar de William Kushner decía que inclusive “el sentido común” nos indica que él es inocente. Tiene razón desde el sentido común machista y clasista que domina en la sociedad actual boliviana y que deja una mujer asesinada cada dos días ¿Cómo un “chico bien”, guapo y con estudios, va a ser feminicida? Esa gente que hoy le dice inocente y que se identifica con él por esas características, podría pedir pena de muerte si se tratara de un hombre pobre, inculto y con rasgos indígenas.
Así, esa familiar tiene razón desde el sentido común construido insistentemente desde Facebook y los medios. Sobre esa construcción se ha escrito y estudiado mucho. Tomo como ejemplo a un clásico de la antropología, Clifford Geertz, que en su estudio explica que el sentido común no es más que un conocimiento lleno de prejuicios que tiene la apariencia de ser evidente, natural, indudable y sin fisuras: “El sentido común no es lo que percibe una mente liberada de propensiones; es, más bien, lo que colige una mente llena de presunciones”.
La presunción de inocencia ya no corresponde, gente del Facebook y los medios, allí están las pruebas que son las que importan y allí está el fallo: culpable de feminicidio.
El Consejo General recibe los informes de planes, programas y calendario de seguimiento del Proceso Electoral 2020-2021
Destacan los cambios a diversas normas electorales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 1 de octubre, 2020.- El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue construyendo las reglas y previsiones para las elecciones 2021. Además de las acciones para atender el Covid-19, ratificó en su penúltima reunión el impacto de la violencia política contra las mujeres, y se apresta a proponer acciones para mejorar leyes y armonizar otras que garanticen la participación paritaria sin violencia de género.
El Consejo General del INE determinó que, derivado de la pandemia por Covid-19, resulta inviable instrumentar el voto instalando casillas electorales en centros hospitalarios el próximo 6 de junio de 2021, como fue implementado en el Proceso Electoral 2017-2018.
De manera paralela, las consejeras Claudia Zavala, Carla Humphrey y Adriana Favela, y el Consejero Ciro Murayama, llamaron a partidos y legisladores, a explorar las mejores vías en donde se conjugue la expansión de derechos y el cuidado a la salud para el ejercicio del derecho al voto, sobre todo a la luz de las condiciones que se han presentado en el contexto de una pandemia.
El Consejo General conoció también el informe final de la Comisión Temporal de Reglamentos, la cual analizó el impacto normativo de la reforma a diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y determinó las reformas necesarias para actualizar y armonizar el Reglamento Interior y, en su caso, otros cuerpos normativos del INE.
A manera de síntesis, la Consejera Dania Ravel refirió los cambios en el Reglamento Interior del INE, al Reglamento de Elecciones, al Reglamento de Comisiones y al Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que contempló disposiciones específicas como los principios y garantías que regirán los procedimientos, los órganos competentes para la sustanciación de las quejas y denuncias, las medidas cautelares y de protección, su trámite y seguimiento, los requisitos para el inicio del Procedimiento Especial Sancionador (PES), los medios y hechos objetos de prueba.
También se conoció la opinión técnica del equipo multidisciplinario integrado por la fusión de las Comisiones de Organización y Capacitación Electoral, así como por las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, Educación Cívica, Registro Federal de Electores, Administración, el área Jurídica y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UNICOM).
Se avaló que las Juntas Distritales del INE consideren la posibilidad de instalar casillas especiales alrededor de los hospitales para permitir el voto al personal médico, administrativo y familiares, con el fin de garantizar los derechos político-electorales en el marco de los comicios de 2021.
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión Temporal de Capacitación y Organización Electoral indicó que, como bien lo sostiene el informe, la ubicación de las casillas dentro de los hospitales es, por sí misma, una situación que debe ser materia de la más amplia revisión, lo cual en estos momentos de pandemia no resulta viable.
También se ve la posibilidad de una línea de acción que las áreas del Instituto continúen los trabajos de análisis y construcción de un proyecto de prueba piloto para dichos procesos electorales, es decir, 2021-2022, y los subsecuentes.
El Consejo General conoció también el informe final de la Comisión Temporal de Reglamentos, la cual analizó el impacto normativo de la reforma a diversas leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y determinó las reformas necesarias para actualizar y armonizar el Reglamento Interior y, en su caso, otros cuerpos normativos del INE.
Igualmente, el pleno recibió el informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Concurrentes 2020-2021, del periodo del 7 de agosto al 24 de septiembre de 2020; al tiempo que se dio por enterado del Informe Trimestral sobre las actividades correspondientes al Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero durante el periodo comprendido del 1º de junio al 31 de agosto de 2021.
Avala INE Plan y Calendario del PEF 2020-2021
El órgano electoral aprobó el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2020-2021 como parte del Programa de Trabajo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, el cual contiene los objetivos, metas e indicadores de actuación previstos en el calendario electoral.
Asimismo, consejeras y consejeros del INE aprobaron por unanimidad realizar el monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2020-2021 en los programas que difundan noticias, el cual deberá realizarse conforme a la metodología y el catálogo de noticieros aprobado por el Comité de Radio y Televisión del Instituto; al igual que avaló por unanimidad, ad cautelam, la asignación de tiempos en radio y televisión para las autoridades electorales locales durante el cuarto trimestre del año 2020, correspondiente al periodo ordinario.
Además de hacer un balance sobre las encuestas, el órgano electoral aprobó el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, con el objetivo de generar conocimiento y desarrollar competencias para el ejercicio de la ciudadanía, entre la población mexicana de 18 a 30 años, en el marco del Proceso Electoral concurrente 2020- 2021.
En la entrega recepción el nuevo responsable no permitió la presencia de testigos en la entrega recepción
Acusa a nuevo visitador de no observar normas reglamentarias ni trato digno
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 1 de octubre, 2020.- José Martínez Cruz, ex director de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entregó un oficio al nuevo titular Paolo Guiseppe Martínez Ruiz, en el que se queja de haber sido mal tratado, un trato contrario al que se espera de un funcionario del organismo nacional defensor de los derechos humanos.
El documento, del que da vista al Órgano Interno de Control y a la Presidenta de la CNDH (Rosario Piedra Ibarra), en la que también revela las irregularidades tanto para él como para sus ex compañeros.
Texto íntegro
“Me dirijo a usted por este medio ya que cuando me presenté a hacer las aclaraciones personalmente en su oficina, únicamente recibí un trato soez y vejatorio por su parte, contraviniendo todas las normas reglamentarias y el más elemental trato digno que merece cualquier persona en el servicio público, más aun tratándose de la institución nacional defensora de los derechos humanos.
“Quiero dejar constancia de que le solicité a usted se me permitiera tener testigos de la entrega física de los teléfonos y que, en lugar de eso, usted de manera altanera lo impidió, a pesar de que usted tenía a dos personas a su servicio dentro de la oficina.
“A pesar de ello, le hice ver que yo había dejado el teléfono rojo dentro del escritorio, mismo que usted abrió y dijo que ahí no había nada, por lo que solicité la presencia de personal que había sido testigo de que ahí se encontraba al momento en que le entregué la oficina en la fecha acordada con la Coordinación Jurídica de la institución, por lo que una vez que insistí en contar con la presencia de un testigo, usted reconoció que había sacado del cajón el teléfono y que ya estaba en otra parte, insistiendo en cuestionar el hecho de que no estuviera asentado en el acta, mostrando en realidad el carácter punitivo que pretende realizar con el tipo de observaciones realizadas, evidenciando la falta de ética y de respeto con los procedimientos establecidos en el reglamento, razón por la cual me comuniqué al Órgano Interno de Control (OIC) y le comuniqué lo que estaba ocurriendo, justo antes de que usted cerrara violentamente la puerta de su oficina y con palabras altisonantes me dijo que no podía permanecer en ella.
Por todo lo anterior, y una vez dejando constancia de mi disposición a hacer las aclaraciones solicitadas en su oficio con número CNDH/DGPV/709/2020, con fecha 23 de septiembre del 2020, doy respuesta en lo que respecta al apartado V del Acta Entrega-Recepción con fecha 10 de septiembre del año en curso.
Por todo lo anterior, una vez que he dado respuesta a las observaciones realizadas al Acta de Entrega Recepción y ante la imposibilidad de tener un diálogo respetuoso y civilizado con usted, estoy haciendo del conocimiento del OIC y de la Presidenta este oficio para que quede constancia de que nuestra labor ha sido de compromiso y buena fe en el desempeño de las actividades conferidas a mi persona como Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH durante el período comprendido entre el primero de enero y el último día de agosto de 2020, donde me desempeñé con el compromiso y responsabilidad que se me confirió y que he entregado a usted para su continuidad en el máximo organismo protector de los derechos humano en el país.
Atentamente. José Martínez Cruz, ex Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH
• Se podría solicitar dinero de la cooperación internacional para un sistema de cuidados
• Funcionariado reconoce que no hay dinero por la Pandemia
• Paimef pierde 3.5 % de recursos en atención a violencia contra las mujeres en las entidades
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 1 de octubre, 2020.- En 2021, el proyecto de presupuesto de la federación, para empoderar económicamente a las mujeres cambiará de rumbo tanto en el campo como en las ciudades, no hay dinero etiquetado para pequeños emprendimientos y el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, sobre la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF) tiene una reducción de 3.5 por ciento, se dijo hoy en la segunda mesa interinstitucional de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados con funcionariado relacionado con la productividad y la economía social.
Ahí se anunció que la empresa Mexicana de Aviación –cerrada por ahora- será una cooperativa para empoderar económicamente a las mujeres; desaparece el fondo para pequeños emprendimientos en el campo “porque había corrupción” y en el proyecto del Tren Maya se piensa armar un programa con un modelo de negocios para proyectos productivos, dando prioridad a las mujeres, anunció Juan Manuel Martínez Liber, director del Instituto Nacional de la Economía Social (Inae).
También se reconoció que el programa 017 del ramo 20, de 370 millones de pequeños emprendimientos para mujeres pobres del campo, operó desde este 2020 sin recursos: cero pesos. La justificación es que había dos direcciones administrativas. En tono intelectual, el funcionario dijo que el neoliberalismo es naturalmente productor de desigualdades sociales y entre hombres y mujeres.
Esto reconfigurará toda la política económica social para “empoderar” a las mujeres, antes contempladas en el anexo 13 para la igualdad, porque en las transferencias a “intermediarios” había corrupción. Ahora se programa –“si hay recursos”-, un programa de cooperativas, en formación. Ello para explicar a las diputadas los cambios en diferentes ramos del presupuesto y la desaparición o diminución o aumento de recursos en algunos rubros.
También se buscan recursos internacionales, con la ONU y otras agencias, para armar un programa de cuidados.
En violencia, Luz Rosales Esteva, directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social, dijo que en seis meses de 2020 aumentó la cobertura a mujeres violentadas atendidas en refugios, lo que equivale a 17 por ciento más.
Rosales dijo en siete ocasiones que eso sólo ha sido posible por el trabajo de las Redes de Refugios de la Sociedad Civil y, en muchos casos de los gobiernos estatales y municipales. Afirmó que en 30 entidades del país hay al menos un refugio, y no los hay en Zacatecas y Tamaulipas. Afirmó que se dio atención a cerca de 150 mil mujeres.
La funcionaria dijo a las diputadas que el grave problema de la violencia, requeriría hacer mucho más de lo que han logrado, ya que, se ha conseguido trabajar con 414 municipios, pero por sus campañas lograron impactar a más de mil 500, de los más de dos mil 500 municipios del país.
No obstante, la demanda de mujeres pobres, campesinas, indígenas y afromexicanas en los ejidos del país, de apoyar a mil 300 proyectos, la disminución del 50 por ciento del presupuesto al Inae imposibilitó atenderlos, y no se pudo apoyar a las mujeres, que por el Covid 19, se quedaron sin empleos como jornaleras del campo.
El examen del proyecto de presupuesto 2021, desde las diputadas, explicó la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso federal, Wendy Figueroa Zuloaga, busca analizar cómo se ha gastado el dinero, que impactos ha tenido en la igualdad entre mujeres y hombres y cuál será la estrategia para defender los recursos del próximo año, considerando que hay todavía grandes rezagos en la transversalidad y el empoderamiento económico de las mujeres.
A excepción de Luz Rosales, las y los funcionarios que son responsables de programas de la economía social hablaron de futuros proyectos, y de que sólo se atiende al 53 por ciento de los ejidos; el problema del desempleo y el proyecto de convertir todos los subsidios y apoyos, en fomentar organizaciones para el trabajo productivo sin subsidios, sino con cooperativas y apoyos económicos de la cooperación internacional
La diputada panista Verónica Sobrado Rodríguez, especializada en presupuesto e integrante de la Comisión de Igualdad, puntualizó que hay un crecimiento hasta de 23.7 por ciento en el rubro 20 de Bienestar, que apuntala los programas presidenciales de becas para las personas de la tercera edad; sembrando vida –del campo-, pero hay reducción para el programa de transversalidad y prevención de la violencia de género en 3.5 por ciento y un programa de pequeños emprendimientos, que eran programas de fomento para mujeres pobres y del campo, desaparece. Pidió explicación de cómo se van a reconocer esas acciones y en dónde. No está claro.
El director del Inaes, dijo que se estudia, pero que no podrá reestablecerse ese programa, al señalar que “había corrupción” y que sí tienen, aún no saben cómo, el propósito de apuntalar la autonomía económica de las mujeres más pobres.
Dijo que, en el campo, y a ello se han enfrentado, existe machismo, lo que dificulta la inclusión de las mujeres en proyectos productivos. Aseguró que todo lo que se está pensando hacer, busca poner a mujeres del campo en primer plano, ya que, reconoció, son las productoras de alimentos, cuidan los bancos de semillas y cuidan el ambiente.
Lidia Rivera Herrera, del Sistema de Planeación Regional, dijo en la reunión que en Sembrando Vida, se beneficia a una población que son 70 por ciento hombres y 30 por ciento mujeres. Afirmó que “necesitamos acelerar el empoderamiento económico de las mujeres” y que se trabaja en un sistema de cuidados. Se planea, incluso, que haya dinero de la cooperación internacional.
SemMéxico, 1 de octubre, 2020.- La historia es terca, cíclica pero poco aleccionadora para las mentes de supuesta estructura revolucionaria y justiciera, éstas que se disciplinan con banderías que responden a sus intereses no satisfechos en los espacios que los encumbraron.
Trepadores, chapulines, oportunistas, faltos de convicciones y sujetos a los apetitos cortoplacistas de poder que doblan la cerviz frente al líder o la lideresa, aunque éstos, como se observa al paso de casi dos años de poder de pronto se hastiaron de parecer tolerantes y demócratas y se sorprenden de ver manifestaciones de suyo disímbolas como la que transita con el cartel en ristre y el grito de enojo que no insulta al ciudadano y menos vandaliza, frente a la que golpea, veja e incluso intenta quemar a mujeres policía.
¡Ay, qué horror!, exclama la doctora Claudia Sheinbaum y pregunta si con actos de agresión y vandalismo se protesta; y se asume feminista pero, horrorizada, desacredita a esas jóvenes encapuchadas que madrean a mujeres policía.
¡Vaya! ¿Dónde ha estado la jefa de Gobierno de la Ciudad de México desde 2012 cuando aparecieron anarcos y fundamentalistas incluso custodiados por “indicadores” a sueldo de la administración capitalina, como se observó el 17 de agosto del año pasado cuando un cavernícola golpeó cobardemente a un colega del canal ADN 40 luego de que el “indicador” le dio el visto bueno?
¿Sheinbaum gobierna a la capital del país?
Ha sido recurrente ese despliegue de violencia escenificada por grupos de hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría que nutren a la leva maiceada en colonias populares de la periferia del Valle de México, que se infiltran en marchas y roban, vejan, golpean y zarandean y bañan con bombas molotov a policías antimotines, aunque la doctora Sheinbaum ordenó su desaparición porque, ¡válgame Dios!, atentaban contra los derechos humanos. Esa fue una medida revanchista y populista para ganar adeptos entre jóvenes. ¿O no?
¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué acusar a una ejecutiva GINgroup de financiar la toma de las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico y acusarla de usar un automóvil último modelo, como si eso fuera delito? Ella no lo negó, pero los “periodistas” orgánicos la trataron como delincuente. Ahora resulta que es delito apoyar a organizaciones sociales, sean éstas feministas o de defensoras de derechos humanos. ¿Andrés Manuel y Claudia feministas?
No cabe duda que, como refiere mi amigo Roberto Vizcaíno, al licenciado López Obrador y a la señora Sheinbaum Pardo, les arrebataron banderas y espacios. Por eso la impronta, por eso la reacción de ordenar una medida anticonstitucional y clasista de detener, incluso arrebatándoles casas de campaña, a integrantes de FRENAAA y evitarles el libre tránsito porque, adujo doña Claudia, fue para evitar la propagación del Covid. ¡Ajá!
Y luego enviarles a provocadores, incluso a sedicentes “periodistas” para descalificar a un movimiento que marcha en nombre de Dios y contra el avance del comunismo, aunque suene anacrónico, como anacrónico es el discurso que invoca a la lucha de clases sociales y marca la división entre pobres y ricos, pueblo bueno y pueblo malo, conservadores y liberales, juaristas y porfiristas.
Porque, además, se burlaron de ellos por rezar en plena calle y los acusan de estar fuera de lugar, lerdos que no saben que el comunismo se fue con la caída del Muro de Berlín, aunque son víctimas de lo que injurian y alguien debe decirles que la doctrina comunista no ha muerto y junto con el socialismo son divisa de ambiciosos populistas que se encumbran en nombre de la defensa de los pobres y los dejan ser pobres regalándoles dinero como satisfactor nunca promotor hacia mejores estadios de vida.
¿Para qué quieres otro pantalón? ¿Para qué quieres títulos y estudiar en el extranjero? La promoción del mexicano mediocre y conformista.
Por eso, en el Canal Once de pronto se desató ese mecanismo propagandista para desacreditar a los integrantes de FRENAAA y su cabeza visible Gilberto Lozano. Y se observa al respetable y respetado Bernardo Barranco prestar el espacio de “Sacro y Profano” para que Julio Hernández (a) “Astillero” se desenvuelva cual experto en asuntos de política-religión y le busque –como recordó Roberto Fuentes Vivar la frase de Salvador González Pérez—“chichis a las víboras” con calificativos como “organismo fachada” o de “utilería”.
Pero Barranco y la doctora Ángela Renée de la Torre Castellanos, investigadora del CIESAS, advirtieron algo más que las sesudas convicciones de Hernández (a) “Astillero”: el riesgo de restar importancia a un movimiento como el encabezado por Gilberto Lozano, que no oculta sus fundamentos ideológicos y, aunque dudaron que el alto clero católico mexicano esté atrás de esta movilización social que demanda la renuncia de Andrés Manuel López Obrador, no desoyeron su influencia en un sector que ha sido dejado de lado por Andrés Manuel que privilegia a cristianos y evangélicos.
Y es que, incluso, el licenciado presidente no ha desmentido su pertenencia a la masonería mexicana; por eso su terca identidad juarista.
¿Sabrá el historiador Andrés Manuel López Obrador quien fue Salvador Abascal Infante y su alta influencia como fundador de la Unión Nacional Sinarquista?
¿Sabrá que por ser opositor al sistema del entonces naciente PRM de Lázaro Cárdenas y refundado como PRI por Manuel Ávila Camacho, fue prácticamente llevado al destierro en atención a su idea de fundar una Ciudad de Dios?
La guerra Cristera había concluido pero la grey católica estaba viva y, organizada en la UNS, no daba tregua al gobierno, primero de Lázaro Cárdenas y luego de Ávila Camacho, con la experiencia inmediata de la guerra en nombre de Dios, el poblano Ávila Camacho aceptó la petición de tierras que le hizo Salvador Abascal Infante, quien se había convertido en un incómodo integrante del mando sinarquista.
Abascal Infante nació en 1910 y falleció el 30 de marzo del año 2000, con su esposa Guadalupe Carranza procreó a once hijos, uno de ellos, el hoy desaparecido Carlos María Abascal Carranza, fue secretario de Gobernación y su hermano Salvador diputado federal.
¿Por qué el nombre de Carlos María? Porque fue en honor, justamente, de la comunidad o colonia “Santa María Auxiliadora” fundada por su padre en una zona distante 320 kilómetros de La Paz, del entonces territorio de Baja California Sur, gobernado por el amigo y compadre de Lázaro Cárdenas, el general michoacano Francisco J. Múgica Velázquez.
La aventura duró del 29 de diciembre de 1941 a marzo de 1944 cuando el gobierno federal, con apoyo del gobierno del entonces territorio y de la dirigencia de la Unión Nacional Sinarquista se urgió a Salvador Abascal Infante a abandonar la colonia, junto con su esposa y un puñado de sobrevivientes en aquellas tierras áridas, so pena de ser ex comulgado.
Así se jugó la batalla político religiosa, en nombre de la fundación de la Civitate Dei (Ciudad de Dios) en territorio bajacaliforniano. Así se desactivó la rebeldía de un hombre que enfrentó al sistema azuzado por Lázaro Cárdenas, aunque éste supo jugar sus cartas y visitó en algún momento aquel experimento de un credo con el que no comulgaba.
La colonia “Santa María Auxiliadora” no se perdió en el desierto, dio pie al hoy Valle de Santo Domingo, donde incluso se erige una estatua en homenaje a Salvador Abascal Infante.
¿Minimizar a los mochos, católicos que rezan en la calle? ¿Por qué el señorpresidente insulta a un grupo de ciudadanos que aún luchan contra el comunismo? Es un gobierno sectario, sin duda alguna, inexperto y rencoroso, falto de voluntad política que se adueñó del poder.
¿Sabe usted qué opinaba Abascal Infante del general Lázaro Cárdenas? Una muestra contenida en el ensayo “Entre la histeria anticomunista y el rencor antiyanqui: Salvador Abascal y los escenarios de la Guerra Fría en México”, de la autoría de Francisco Alejandro García Naranjo, publicado en 2005 en la Revista Historia y MEMORIA de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A saber:
“Para Abascal, sencillamente, el presidente Cárdenas era representante del “comunismo internacional”, refiere García Naranjo y acota:
“Esa es la sentencia que cruza los dos libros que escribiera sobre Cárdenas. En un recorrido por la personalidad de los hombres de la revolución, como Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abascal se expresa así de Cárdenas: […] el caso de Lázaro Cárdenas confirma la regla, pues siendo por naturaleza falso y tortuoso […] y siendo también inteligente, en realidad fue torpe, por lo cual será un instrumento de inteligencias más lúcidas: sobre todo de [el embajador norteamericano] Daniels y de [el Presidente norteamericano] Roosevelt. En cuanto a su posición personal, sabrá encumbrarse como un semidiós de la Revolución; pero en cuanto a su tarea nacional, que deseaba fuera en beneficio material de obreros y campesinos, sólo será “el ciclón” ciego y desatado que no sabrá más que destruir. Sus panegiristas tienen que confesar sus tremendos fracasos en materia social, sin un solo acierto, en exclusivo beneficio, aclaro yo, de los EU, que nos quieren apóstatas y en la miseria. Su socialismo no ha sido ni podía ser sino para la mayor ruina material y moral de los de abajo y provecho de la Revolución Mundial, cuyo cerebro no está en Rusia sino en los EU, nuestros peores enemigos. Creyendo él ser anti-imperialista, siendo realmente comunista pro-soviético –aunque esto nunca quiso confesarlo- ¡resultó ser un dócil robot del imperialismo yanqui!” Fin de la cita.
¿FRENAAA un grupúsculo de la ultraderecha? ¿Ahora sí preocupan las y los anarquistas que roban, vejan, vandalizan y evidencian a un gobierno federal con eco en el local que se pasmó y le han arrebatado banderas? ¿Por qué se atora la federalización que despenaliza a la práctica del aborto y se culpa al PAN cuando los diputados de Morena se santiguan? Los pobres votan y todos, todos, tienen religión. ¿En nombre de Dios? Digo.
Testimonios de cuatro mujeres que siguen viviendo indiferencia y falta de acceso a la justicia
No existen estadísticas de “sobrevivientes”, dice Carolina Ramírez
“Ante las leyes no existen las sobrevivientes, no existimos (…)
necesitamos que se nos considere porque nosotras perdimos la vida”
YLC, 38 años, sobreviviente
Ana Alicia Osorio
SemMéxico/Testigo Púrpura, 1 de octubre, 2020.- Daniela, Fabiola, Mónica y Georgina tienen en común el haber sobrevivido a un intento de feminicidio, pero también tienen en común vivir en un país donde no son tomadas en cuenta y donde sus problemas se aumentan por la falta de justicia.
“Me cambió la vida para siempre y por completo”, sentencia Fabiola Pozadas cuando habla cómo sobrevivió a un intento de feminicidio hace un año.
Después de las agresiones que vivió dejó de trabajar como arquitecta (con los problemas que implica económicamente), durante meses no podía salir sola de su casa y cuando lo intentaba los ataques de pánico se hacían presentes.
Pero ella no es la única que ha pasado este tipo de situaciones. Entre las sobrevivientes de intento de feminicidio algunas han tenido que dejar sus casas, sus trabajos, sus vidas, otras no pueden asomarse solas a las calles o viven un miedo constante, o simplemente no tienen las medidas que deberían. Sin embargo, para ellas no hay política pública y no hay acciones que las contemplen.
Carolina Ramírez, coordinadora de la Colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, cuenta que ni siquiera existen estadísticas certeras sobre la cantidad de mujeres que han logrado mantenerse vivas luego de que alguien (generalmente su pareja) intentara convertirlas en una más de las 11 víctimas de feminicidio al día.
“Hay cero política pública, hay cero conciencia de que existimos de que estamos, de que tenemos necesidades especiales, de que con cinco terapias no salen adelante las mujeres, se necesita un proceso de más largo plazo y toda una asesoría jurídica muy muy específica para poder salvaguardar su vida, su integridad, su dignidad y las de sus hijos e hijas”, sentencia.
La lucha por ser considerada sobreviviente
“Yo no sé si es más tortura lo que viviste en la relación
o enfrentarte a las autoridades”
Daniela, 37 años, sobreviviente
Durante hora y media Mónica esperó que llegara la patrulla, luego de que su vecina le ayudó a detener a su violentador frustrando las intenciones para las que llevaba en su mochila cintas, cuchillos y demás.
Entre el papeleo, los peritajes y otros trámites, demoró cerca de un día para poder presentar la denuncia.
Después de todo, otro día en una las tantas audiencias, se encontró con que el juez que lleva el caso quería cambiar el delito por el que procesan a su agresor (actualmente feminicidio en grado de tentativa) a violencia familiar, es decir restarle gravedad a esa noche donde los gritos y una vecina valiente evitaron que su vida fuera arrebatada.
“Yo no sé si es desconocimiento o es miedo porque si alguien sentencia bajo ese término, abre la posibilidad de que todos los casos se deban juzgar así”, cuenta, tras lamentar que no se entienda la importancia de procesar por el delito que es.
La carpeta de investigación que levantó Daniela la abrieron por violencia psicológica, la de Fabiola por lesiones, la de YLC por hostigamiento. Todas son sobrevivientes de un intento de feminicidio que no se registró.
Ramírez señaló que no se tienen cifras de la cantidad de mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio y que enfrentan problemáticas parecidas.
“La tentativa de feminicidio en su cabeza no existe, entonces lo que orilla es que esa problemática se enmarquen n lesiones, violencia familiar u otro tipo de figuras de delito que siempre pueden permitir el que se pague una fianza y entonces que el agresor salga”, dice.
Pero los problemas no paran ahí. Daniela Sánchez recorre los juzgados y las fiscalías cuatro días a la semana. Su vida, desde que enfrentó legalmente su agresor, ha sido combatir las denuncias que él pone en su contra.
Cuando salió del refugio al que tuvo que irse para salvaguardar su vida tras convertirse en una sobreviviente, después de su pareja intentara asesinarla con una pistola en su cabeza, se enteró que la había denunciado por violencia familiar y la guarda y custodia de sus hijos. Pero esa fue una de las 14 denuncias que ha tenido que enfrentar.
“Me sigue violentando, una cosa así, el hecho de levantar y levantar y levantar carpetas yo las interpreto como una forma de querer amedrentar”, sentencia.
La mayoría de las carpetas de investigación en su contra ya fueron cerradas, pero ha tenido dar vueltas, pedir asesorías legales, pagar abogados y abogadas, y no poder continuar con su vida.
Sin embargo, no existe ningún mecanismo jurídico para evitar que ella, o cualquier víctima de este tipo de violencia, se enfrente a esos problemas.
Jamás vivir tranquila
“Yo le encontré la palabra de qué me hace falta a mi:
me hace falta justicia”
Martha*, 57 años, sobreviviente
Las sobrevivientes coinciden, no pueden vivir tranquilas. Sus vidas se han convertido en un miedo constante de que sus agresores, en libertad, regresen a terminar lo que no pudieron hacer antes: acabar con sus vidas.
“Yo salgo a todos lados con gas pimienta, compartiendo mi ubicación con todo mundo, nunca salgo sola con mi hijo (…) mi independencia la perdí porque yo ahora no puedo salir”, dice YLC.
Su agresor intentó asesinarla hace dos años, pero la violencia no paró ahí. Desde entonces la sigue a todos lados, a cualquier compra que va, cuando hacía ejercicio, cuando iba al trabajo.
Por eso pidió una orden de protección, que le negaron argumentando que eso no existía ese mecanismo.
“Me dice que en México no existe ya, que eso es pasado, me dicen que se puede ir a conciliación y que firmen un acuerdo donde él ya promete o acuerda no acercarse a ti, le dije cómo crees que se va a ir solamente a reír de mi”, narra.
Las órdenes de protección son una medida urgente para garantizar la vida y seguridad de las mujeres víctimas de violencia y pueden consistir en restringir al agresor comunicarse o acercarse, un botón de pánico, rondines policiacos, entre otras. Éstas deben proporcionarlas las Fiscalías o el Poder Judicial, según la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Pero, según Carolina, la negativa a entregarlas es generalizada pues muchas personas en el servicio público ni siquiera las conocen.
“No las conocen y cuando mucho, aunque hay como 17 rubros en estas medidas y órdenes de protección, lo único que hacen algunas veces lo Ministerios Públicos es dictar la de rondines de la Policía, policía que tampoco tiene una mira o una perspectiva de género y no tiene esa capacitación y no sirven casi de nada, esa es una problemática”, señala.
Problemas no atendidos
“Es como vivir otra realidad y ver como vive la gente (…)
te empiezas a dar cuenta que no fue solo un agresor,
que es todo un sistema que permite que existan agresores”
Fabiola, 40 años, sobreviviente
“Es un asesino que gracias a dios no tiene puntería”, cuenta Martha*, quien recuerda la forma en que su exesposo intentaba asesinarla disparándole y todos los días de violencia que vivió a su lado.
Han pasado 26 años, muchos psicólogos y psiquiatras, pero el miedo sigue. La ansiedad constante y los ataques de pánico se convirtieron en algo de todos los días.
Un comercial, una película, un ruido fuerte, son disparadores de esos ataques.
Ramirez señala que las terapias psicológicas que les brindan (en ocasiones) a las sobrevivientes resultan insuficientes ante la falta de capacidad del Estado para darles una verdadera atención.
El libro Feminicidio y suicidio de mujeres por razones de género de FLACSO- Chile señala que un estudio en Guatemala explica que se deben tener mecanismos para darle soporte a las sobrevivientes para restablecer su vida que ha sido vulnerada, incluida la terapia psicológica. Pero en México no sucede así.
“Ante la vivencia de un hecho de violencia son muchas las capacidades que se ven debilitadas, entre ellas la propia estima, identidad y confianza, la sensación de vulnerabilidad y los efectos que pueda dejar la violencia como el mismo proceso judicial”, señala.
Esta invisibilización del problema emocional, cuentan, lleva a otras complicaciones como familias y amistades que no comprenden lo que están viviendo.
“Mis amistades cambiaron drásticamente, te empiezan a decir que te estás victimizando, perdí amigos, perdí familia”, dice Fabiola.
La unión para ayudar
“Ha sido una gran diferencia. Me siento acompañada,
siento que las acompaño a ellas también”
Mónica, 59 años, sobreviviente
Desde 2008 la campaña Únete de las Naciones Unidas contemplaba a las sobrevivientes de feminicidio y señalaba que las autoridades se deben coordinar para atenderlas y generar un modelo de atención integral. Nada de eso se ha realizado.
Como los gobiernos no tienen la capacidad de ayudar a las sobrevivientes, varias mujeres que saben lo que es convertirse en una, con sus problemas invisibles ante las autoridades, decidieron unirse y formar una colectiva.
Ramírez, sobreviviente de feminicidio y algunas otras mujeres comenzaron a crearla para acompañarse, ayudarse y sobre todo mostrar a los gobiernos los problemas que enfrentan y que urgen ser atendidos.
“No deberíamos exigir si todo fluyera como debe de ser en la justicia, pero por experiencia sabemos que no es así entonces tenemos que estar empujando, haciendo red con otras compañeras, haciendo incidencia política y demás para que esto camine porque de otra manera no camina”, sentencia.
SemMéxico, 1 de octubre, 2020.- La mejor consulta popular se realizó antes del 1 de julio de hace dos años. No hubo convocatoria expresa. Tampoco se recurrió al más Alto Tribunal Judicial. El resultado que se obtuvo en las urnas electorales fue contundente. Más de treinta millones de mexicanos, entiéndase hombres, mujeres, jóvenes y adultos, votaron contra la corrupción y la impunidad. Rechazaron no a los candidatos presidenciales, sí desterraron a los partidos políticos y esperaban no una transformación radical y sí deseaban, y siguen deseando, una administración constructora, unificadora y restauradora.
No hay un solo mexicano que esté a favor de que las hermanas del desastre, corrupción e impunidad, se mantengan en los tres niveles de gobierno. En los últimos treinta años las nuevas generaciones solo han oído hablar de los políticos y funcionarios ladrones, de policías torturadores, de pingües negocios. Por eso debería darse una batalla abierta, transparente y sin excepciones.
El primer día de octubre, en este año de crisis y pandemia, o sea mañana, los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estarán en pleno y uno de ellos presentará el proyecto para su discusión y aprobación o rechazo, relacionado con la demanda presidencial de realizar “una consulta popular” para saber si son o no enjuiciados los últimos cinco expresidentes de México, por considerados por el hombre de Palacio Nacional como presuntos responsables de la situación en que se encuentra el país.
Desde el inicio de este sexenio el presidente ha planteado llevar a juicio “por voluntad popular” a los gobernantes del neoliberalismo. En un principio manifestó que él “votaría en contra” y dejaba al pueblo sabio y bueno la determinación. Después el tabasqueño envío al Senado la solicitud para respaldar su propósito y la petición fue turnada al máximo representante del Poder Judicial Federal, a quien corresponde resolver conforme al marco jurídico.
El Ministro ponente es el jurista Luis María Aguilar Morales. A propuesta presidencial el abogado, originario del Distrito Federal y hoy de 70 años edad, fue ratificado por el Senador de la República para que el 1 de diciembre de 2009 asumiera el cargo de Ministro. En el trienio 2015-2018 fue presidente de la Suprema Corte. En el pleno de mañana será leída la ponencia en que se califica de inconstitucional la consulta popular. Por supuesto tiene una fundamentación jurídica, detallada en 43 fojas.
Trascendental precedente
Sea cual sea el fallo de los señores ministros, será un pleno trascendente. Habrán de oírse los pros y los contras. De votarse por unanimidad, se sienta un precedente en este tipo de asuntos, en los que el solicitante, demandante o promovente es el jefe del Poder Ejecutivo Federal, quien ha dicho respecto a la posible declaración de inconstitucionalidad de la consulta popular: “Mejor vamos a esperar a que el pleno de la Corte resuelva, que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio”.
Tanto en los pasillos del medio judicial como en los despachos de los abogados litigantes, en las aulas universitarias e inclusive en el ambiente gubernamental se estima que si los cinco expresidentes, de 1988 a 2018, cometieron no faltas administrativas sino delitos del orden común o del nivel federal, lo conducente es denunciarlos ante la autoridad competente, ya sea la Fiscalía de la Ciudad de México o la Fiscalía General de la República. Proceder a que se abra una carpeta, concretando los delitos presuntamente cometidos.
Aportar las pruebas documentales y recabar los testimonios es tarea del Ministerio Público, además de escuchar a los presuntos indiciados, recibir las pruebas de descargo y, en su caso, realizar los peritajes a que haya lugar. Una vez concluido el procedimiento, la o las carpetas (expedientes) se ponen en manos de los jueces que se encarguen del siguiente paso: vincular a proceso a los indiciados y declarar si procede o no la prisión preventiva. También el juzgador ´puede resolver que no hay delitos que perseguir.
El pleno de la Suprema Corte lo preside, desde diciembre de 2019, el queretano Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. Los Ministros son: el ponente Luis María Aguilar, así como: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán y la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Las Ministras Yasmín Esquivel Mosso y Margarita Ríos Farjat junto con el Ministro Juan José González Alcántara Carrancá, también recibieron la ratificación en sesión plenaria del Senado, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, a propuesta del Ejecutivo Federal.
Por pandemia de Covid 19 se agudizan las carencias
Se pueden revertir gravemente los avances, advierten PNUD y UNICEF
Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 1 de octubre, 2020.- Con la suspensión parcial o total de los servicios de salud sexual, reproductiva y pediátrica; las dificultades de acceso por la falta de transporte público; el miedo a exponerse al coronavirus; y el aumento de la malnutrición causada por la pobreza, miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de morir por falta de atención en salud, y no por COVID-19.
La suspensión o el cierre de los servicios esenciales de salud en América Latina y el Caribe debido a la pandemia de Covid-19 pueden revertir gravemente los avances en la reducción de la mortalidad de las mujeres y los niños de la región, advierte un nuevo estudio apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), esto de acuerdo con información de la Agencia Noticias ONU.
Según el informe, una reducción del 10 por ciento de la cobertura de los servicios esenciales de salud materno-infantil podría causar hasta 28 mil muertes de madres y 168 mil de recién nacidos.
Además, el aumento del hambre en medio de la pandemia conlleva a la malnutrición de las embarazadas e infantes, causando el posible retraso del crecimiento intrauterino, así como la desnutrición aguda y crónica durante la niñez, incrementando el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas.
La doctora Arachu Castro, autora del informe, asegura que se registran diariamente 30 mil nacimientos en la región y que de ellos cuatro mil 800 nacen de una madre adolescente. Según la experta, la mayoría de los países había logrado disminuir la mortalidad causada por el embarazo, parto y postparto y la de menores de cinco años a los niveles recomendados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Pero con la suspensión parcial o total de los servicios de salud sexual, reproductiva y pediátrica; con las dificultades de acceso por la falta de transporte público; con el miedo a exponerse al coronavirus; y con el aumento de la malnutrición causada por la pobreza, miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de morir por falta de atención en salud, y no por Covid-19”, expresa en un blog publicado en la página del PNUD.
El estudio señala, además, que hasta junio de 2020, las circunstancias redujeron a la mitad la demanda de los servicios de vacunación en los 38 países de la región, y que por lo menos 18 Estados han reportado dificultades en la obtención de inmunizaciones e insumos, como jeringuillas, por dificultades en el transporte y el cierre de fronteras.
Durante la pandemia del coronavirus han aumentado los casos de violencia contra las mujeres y las niñas.
Un aumento de la mortalidad en general
El informe indica que además de miles de muertes por COVID-19 y del sufrimiento causado en la región, comparar los decesos reportados por cualquier causa con las del mismo período de años anteriores “puede indicar con mayor fidelidad el impacto de la pandemia en la mortalidad”.
En algunas semanas, el exceso de muertes se ha estimado en 185 % en Perú, 219 % en México y 242 % en Ecuador. Esas muertes se deben tanto al Covid-19 como a las causas indirectas producidas por la disminución de la provisión de servicios de salud y por la disminución de la utilización de estos servicios. Se calcula que el efecto indirecto de la pandemia en los servicios y en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia es de gran magnitud, incluso mayor que el de las muertes directas por Covid-19, alerta el documento.
El aumento del número de personas con síntomas que buscan atención colapsa los establecimientos de salud, en particular si requieren atención crítica. Las camas de cuidados intensivos han sido insuficientes en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá o Perú.
Algunos países han designado hospitales para atender de forma exclusiva a personas con COVID-19, han interrumpido la provisión de servicios de prevención y promoción de la salud y de atención clínica y han reubicado a una parte del personal de salud en los hospitales más sobrecargados, lo que ha desabastecido otros establecimientos de personal y de insumos, advierte la autora del estudio.
La experta de la Universidad de Tulane recalca que países como Cuba, Costa Rica y Uruguay, que, antes de la pandemia habían priorizado la inversión en la salud pública y en el fortalecimiento de la atención primaria son los que no han suspendido la atención y los que están mejor preparados para prevenir más muertes por causas distintas a las de COVID-19.
El informe también recomienda a los países que las políticas públicas se establezcan con perspectiva de género para que tengan prioridad las mujeres, quienes en su mayoría se encargan de cuidar a los niños, así como las personas mayores, las personas con discapacidad y aquellas que sufren violencia por parte de sus parejas.
SemMéxico, 1 de octubre, 2020.- Uno de los principales logros que las mujeres hemos conquistado a lo largo de la historia es nuestro derecho a votar y ser votadas. Lucha que no ha sido fácil, muchas fueron y han sido víctimas de la misoginia de quienes por costumbre han considerado que la política y el poder les es exclusivo.
Sin embargo, la determinación que las mujeres hemos mostrado por nuestro deseo de asumir la toma de decisiones sobre nuestros intereses y derechos, es lo que ha permitido que la agenda de las mujeres trascienda a niveles internacionales y avance a pasos agigantados.
Aunque hay que aclarar que, estos avances no han sido inmediatos y fáciles de materializar, los sistemas estructurados en practicas consuetudinarias y desiguales que operan al interior de los partidos políticos, han colocado barreras y techos que han impedido que nuestros derechos político-electorales se reflejen en el ámbito material.
Lo anterior, debido a la resistencia de no querer considerarnos como iguales, pero también, por la falta de compromiso de asumir sus obligaciones jurídicas con las mujeres de sus partidos y con la democracia.
De ahí que, nuestros derechos han tenido que ser exigidos a través de tribunales electorales y mandatos internacionales. Pues hay que ser claras, en el tema de paridad y violencia política contra mujeres por razón de género, los dirigentes e integrantes de los partidos políticos han acatado la ley por mandato judicial y no por voluntad.
Y vaya que, estos han sido ingeniosos y habilidosos en simular el cumplimiento de la ley; la simulación con las “Juanitas”, con la paridad conyugal y con la relegación de mujeres a distritos o municipios con nula posibilidad de ganar o con menor población y presupuesto han sido unas de muchas formas de evadir su obligación de garantizar la igualdad de género.
De ahí que, las estadísticas nos revelen que por mucho que existan normas jurídicas que garantizan la igualdad y la no discriminación, en el plano de la realidad aun estamos distantes de alcanzar una igualdad real o sustantiva.
A sesenta y cuatro años de haber obtenido nuestro derecho a votar y ser votadas apuestos de elección popular, solo siete mujeres han sido gobernadoras y dos de cada diez municipios del país son gobernados por mujeres, siendo hasta el 2018 que se pudo conformar la Legislatura de la Paridad de Género y no por gusto -aclaro-, porque si bien recordamos fue producto de años de esfuerzo y litigio que varias mujeres hicieron para que se garantizara de forma real y sin simulaciones la paridad de género.
Situación que obvio no será diferente en el proceso electoral que se avecina. Y tal vez, más de alguno creerá y dirá que las mujeres ya alcanzamos la igualdad en los partidos políticos, que la paridad de género ya nos otorgó a las mujeres lo que por derecho nos corresponde, que pedir más es producto de la ambición que tenemos por quererlo todo.
Y si, en este proceso que se avecina queremos el 50 % de todo. ¿Y qué es todo?
Todo es, lo aprobado en la reforma constitucional del 2019; es decir queremos la paridad horizontal en su vertiente sustantiva en las gubernaturas, en los ayuntamientos y en los distritos con mayor representación y gestión presupuestaria, no más municipios y distritos de menor representación, no menos poder y decisión que la de nuestros pares.
Pero, además queremos el 50 % de los puestos estratégicos en las administraciones federales, locales y municipales; si nosotras las mujeres somos el 51.1 % de la población mexicana, tenemos el derecho de representar en las secretarias, direcciones y demás dependencias de todas las instituciones a la mitad de la población.
¿Qué tan difícil será? Habrá resistencias y las mujeres como siempre tendremos que judicializar nuestros derechos, ya que para no variar seguramente encontraremos obstáculos, algunos de estos ya se comienzan a ver en los estados en donde ya se emitieron los lineamientos de paridad para el proceso electoral, unos adaptándose a la realidad social son garantistas y progresivos; y en otros, la costumbre otorga lo mismo de procesos anteriores.
Este proceso electoral definirá el compromiso y la voluntad que tienen los Estados, los Tribunales Electorales, el INE, los OPLE`S y por supuesto los partidos políticos, respecto de garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y la igualdad de hecho.
Algunos dirigentes de partidos políticos ingeniosa y habilidosamente empiezan a subirse al tema de género, esperemos que recuerden que el pez por su propia boca muere y que los dichos se traducen en hechos. Las mujeres hoy más que nunca estaremos al pendiente de recordarles sus dichos y obligaciones.
Un cargo político, de representación popular, no debe ser visto como algo ajeno para las mujeres
Armonizan marco jurídico para instancias municipales de las mujeres
SemMéxico, Oaxaca, 1 de octubre, 2020.- La diputada Elisa Zepeda Lagunas fue designada como presidenta de la Diputación Permanente para el segundo año del ejercicio legislativo del Congreso local.
En entrevista, la diputada de Morena y representante del Distrito IV, con cabecera en Teotitlán de Flores Magón, destacó la importancia de que las mujeres ocupen estos espacios dentro de Congreso local, “es un referente y una motivación para las oaxaqueñas, son espacios absolutamente alcanzables y que merecemos”.
Zepeda Lagunas expuso que un cargo político, de representación popular, no debe ser visto como algo ajeno para las mujeres y destacó el trabajo que las diputadas han impulsado a favor de los derechos humanos de las oaxaqueñas en el ámbito político, “uno de los más criticados, denostados e impedidos por el sistema patriarcal”.
La diputación permanente también está integrada por la diputada Maritza Vásquez Guerra, vicepresidenta; Elena Cuevas Hernández, como secretaria; en las secretarías Arsenio Lorenzo Mejía García y Rocío Machuca Rojas.
Armonizan marco jurídico para instancias municipales de las mujeres
Por otra parte, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Instancias Municipales de las Mujeres del Estado de Oaxaca, a fin de brindar certeza jurídica a las funciones administrativas que realicen los ayuntamientos, en materia de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres.
La nueva legislación armoniza el marco jurídico estatal con diversas disposiciones nacionales e internacionales. También, agrega solidez a la determinación de la 64 Legislatura respecto a la reforma del Artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, la cual, establece la atribución de los ayuntamientos para crear la Instancia Municipal de la Mujer, esto de acuerdo a un comunicado de prensa.
De esta manera, el Pleno Legislativo fija las funciones específicas que deberán atender cada una de las instancias municipales en la entidad, con la finalidad de que cada una de sus titulares cuenten con las herramientas legales para su actuar.
La propuesta impulsada por la diputada, Hilda Graciela Pérez Luis, también consideró la obligatoriedad a que las administraciones municipales consideren una partida presupuestal en su plan anual de egresos para las Instancias Municipales de las Mujeres.
La joven de 21 años fue reportada como desaparecida el lunes 21 de septiembre y cinco días después, su cuerpo fue hallado en Morelia.
Después de una orden de aprehensión y ofrecimiento de recompensa, hoy miércoles es detenido y será presentado ante el juez.
Redacción
SemMéxico. Morelia, Michoacán. 30 de septiembre 2020.- El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que Diego Urik ‘N’ fue detenido esta tarde en el estado de Jalisco, por su probable participación en el asesinato de Jessica González.
El funcionario estatal informó a través de Twitter que se realizan los trámites para presentar al implicado ante el juez de control que lo reclama.
Informo que hace unos momentos personal de la @FiscaliaMich detuvo a Diego Urik “N” probable responsable del Feminicidio de Jessica 1/2
Este lunes, López Solís informó que se había liberado una orden de aprehensión contra Diego Urik “N”, principal sospechoso del feminicidio de Jessica González, y ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien otorgara datos para localizar y detener al acusado.
Tras la muerte de Jessica, cientos de mujeres salieron a las calles para protestar y exigir justicia en el caso, mientras que en redes sociales se difundió fotografías del presunto responsable con el mensaje «te vamos a encontrar».
Se espera que las autoridades brinden mayores datos en los próximos días, sobre la captura de Diego “N” y avances de la investigación.
SemMéxico, 30 de septiembre, 2020.- Conté varias veces… Pero contar no da resultado, estoy enojada. Traté de ignorar los comentarios de las personas indignadas por lo que en muchos medios han llamado vandalismo, pero incluso me reí de una soberana carta de mujeres o bien diría personas «desquehaceradas» defendiendo un edificio “vandalizado” en la ciudad de Oaxaca, el edificio que resguarda la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO). (Lo de desquehaceradas es una hermosa palabra que tomé del vocabulario de la abuela de una querida amiga y que además me encanta. Se aplica en aquellas personas que están pendientes de lo que hacen las otras personas, las critican y las cuestionan).
Sin embargo, no pude resistir a no decir nada sobre lo que debo suponer habla medio país. Las «violentas y destructivas marchas de las feministas…” O como dicen esas «decentes» personas que hablan indignadas y que las han calificado como “feminazis”, peyorativo y discriminatorio para con las mujeres que salen a las calles, gritan, lo pintan todo, lo destruyen todo…con motivos verdaderamente encarnados en sus vidas y en sus cuerpos. Mujeres, dicen en otro comentario, de miles que hay en las redes sociales, que no dan la cara, que cubiertas del rostro van por la vida jodiendo edificios, golpeando mujeres policías y cantando endemoniada alabanzas.
Las marchas del 28S son un peligro dirán algunas y otros, en tanto con su dedo siguen señalando a diestra y siniestra. El juicio ciudadano ya dio su veredicto: ellas son las culpables, no los agresores, no los feminicidas, no los Ministerios Públicos ni fiscalías que dan con hechos concreto paso a la impunidad, la revictimización, el letargo, la omisión…menos la indiferencia de gobernadores de norte a sur del país, ni del mismísimo hombre de Macuspana, Tabasco, que dice que gobierna y que recuerdo con tristeza prometió a miles de madres otra cosa.
En fin, miren que dejar roto todo, no tiene nombre. Y volvemos al lugar común ese que nadie entiende, ni unos ni otros. La mañana del pasado lunes, la mañana del 28S, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, amenaza a una señora que un día bajó de su lujoso coche para dejar una o unas despensas, no sé con precisión, en el edifico de Cuba, una oficina alterna de la CNDH, tomada por las Okupas. Y la acusa de apoyar a estas mujeres que subastan cuadros de los héroes nacionales en pleno mes de la Patria, con P.
Coincidencia o no, ese mismo día en el periódico El Economista una declaración sorprende. Se trata de otra acusación, está desde las oficinas de la Secretaría de Gobernación donde despacha la ex ministra Olga Sánchez Cordero, y fue dada a los medios por la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, Paulina Téllez Martínez quien aseguro que un grupo de feministas está cobrando a otras familias de víctimas de la violencia contra las mujeres la suma de tres mil pesos para gestionar la atención ante las instancias gubernamentales. ¡Cómo si tal cosa fuera posible!
La funcionaria que a diferencia de Sheinbaum no se atreve a decir nombres, da detalles de quién o quiénes se trata: estuvieron en plantón en el zócalo de la ciudad y ahora toman la caseta de Tlalpan. Las mujeres aludidas, que pidieron no decir su nombre, respondieron que cuando se acusa se presentan pruebas y que a diferencia de lo que dice la funcionaria ellas tienen elementos para mostrar que su dicho es falso. Bueno yo misma puedo asegurar que el dicho de la funcionaria es falso. Una de las mujeres señaladas ha estado preocupada por la falta de avances en el caso de mi hija María del Sol Cruz Jarquín, a más de dos años sigue en el mismo triste lugar del principio. Ellas, sin un peso de por medio, han colocado la fotografía de mi hija en sus lonas, ellas fueron ante la CNDH, antes de la toma del edificio de Cuba y presentaron un resumen. Y todo ello lo han hecho sin que medie ningún peso de por medio.
Paulina Téllez señaló lo anterior durante la presentación del VII Informe mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra la Violencia, y aseguró que tiene testimonios de sus dichos o sea un “Yo acuso”. Lo cierto es que SEGOB más que preocuparse de los supuestos cobros indebidos que sí suceden en otros grupos, disfrazados de “coperachas”, le debería preocupar las denuncias sistemáticas de las madres o familias de las víctimas a quienes los agentes investigadores les piden dinero para realizar su tarea. Ese sí es un delito grave. O sea, citando un pasaje bíblico: Doña Paulina Téllez hay una viga en sus ojos…
¿De qué se trata? Es la pregunta. Y la respuesta no es difícil de encontrarla. Se llama criminalizar la protesta. ¿Cómo lo hacen? Con las mismas armas en que hace 40 años se criminalizó a los jóvenes de la izquierda, a las personas que tocaban rock, a las personas LGTB. Lo que tenemos enfrente es una enorme regresión, muy conservadora y esa regresión sale cada día por la puerta del Palacio Nacional.
Además de los “yo acuso” ahora sistemáticos, hay otras formas de criminalizar las protestas, lo hemos visto antes en Guanajuato, en Guadalajara y el domingo y lunes pasado en la Ciudad de México y en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz donde hubo confrontaciones, golpes, encapsulamiento de horas de las manifestantes por parte de policías –una violación a la libertad de tránsito y a la libertad de expresión-. En todo el país la 4-O (la Cuarta Ola feminista) marchó bajo el temor a ser reprendidas, lo que genera siempre más enojo. En Zihuatanejo, Guerrero, como lo reportó la corresponsal de SemMéxico, Josefina Aguilar Pastor, un funcionario municipal casi casi las regañó y les dijo que lo que estaban haciendo estaba muy mal. ¿Qué estaban haciendo? Exigir sus derechos, es decir, ¿está mal exigir derechos? Ese “regaño” sin duda fue bien patriarcal. No sólo se sienten dueños de las ciudades (los gobernantes, funcionarios y policías) sino que además se atreven a reprimir, a regañar, a encapsular, porque ellos están determinados a no dejar pasar la protesta social de las mujeres, el patriarcado en pleno, el dueño de todo, incluso, reitero del cuerpo de las mujeres y hasta de sus dichos.
El mal ejemplo, la desatención, el valemadrismo de López Obrador cunde en el país, y no me digan que no se los advertí, vendrá más represión, menos atención y cero políticas públicas. A 100 años de la lucha de las mexicanas por su derecho a la interrupción legal del embarazo, ese es el gran pendiente y no lo olvidemos una promesa aún no cumplida por el Presidente mexicano.
La indiferencia también es violencia. La criminalización aprovechando la existencia de diversos grupos, organizaciones de víctimas que no logran ponerse de acuerdo, así como muchos intereses aviesos, es bien aprovechada por el gobierno en turno, como siempre, sólo que ahora están dispuestos a otras cosas, amenazan con acciones legales y ponen en riesgo la vida de muchas activistas.
Si no se endereza el camino, cosa que se ve difícil, tendremos una sociedad más polarizada que nunca. Estaremos en medio de una regresión conservadora y de nueva cuenta estará en riesgo la libertad de las mujeres. Señor Presidente, yo creo que las exigencias de las mujeres sí debe interesarle, al menos porque somos más de la mitad de la población y merecemos que ponga atención, estas “las cosas de las mujeres” son lo más importante que debe atender hoy por hoy.
La criminalización no es una acción ajena en los medios de comunicación. Ya vimos que la fotógrafa Kena Uribe aclaró en su cuenta de twitter, para vergüenza de muchos, cómo habían tergiversado SU fotografía, como la habían sacado de contexto y cómo pretendieron descalificar la protesta, bajo el cínico argumento de “mujeres agrediendo a mujeres”.
Una criminalización que camina a lo largo y ancho del país, en detrimento de una tarea fundamental que la de INFORMAR. Por ejemplo, Oaxaca no fue la excepción. Incluso la manipulación de este tipo de notas viene desde oficinas gubernamentales, que emplean supuestas redes sociales para fines maliciosos, como la denominada “bloqueos y accidentes” (utilizada antes contra la misma organización, cuando en junio pasado les fue colocada una cartulina a las puertas de sus oficinas con una amenaza, para desacreditar su denuncia pública) y que, reitero, ponen en riesgo a quienes son señaladas, como sucedió con la delegada de PROFECO, Lourdes Santiago, de quien se dijo fue a la manifestación del pasado lunes, misma que como ya sabemos terminó en el rompedero de vidrios, rotos de por sí, en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Se incluye en esos comentarios y se señala también a la directora de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, quien habría que decir sí estuvo en la marcha, pero se retiró al poco tiempo de iniciada.
La funcionaria tuvo que explicar en sus redes sociales que lo dicho era un infundio, uno más en la larga lista, porque ella como ya lo había informado antes, se encontraba guardando una sana distancia debido a que se encuentra convaleciente por Covid-19.
Es la suma de actos que criminalizan y señalan. Incluso la carta enviada por una organización denominada 50 más uno, capítulo Oaxaca. En ella manifiestan su “rechazo a este tipo de expresiones que no privilegian el diálogo y el entendimiento, en un contexto en el nada más que nunca se requiere de conversaciones que hagan posible avanzar en la agenda de género…”
Se refieren a la “destrucción” del edificio que alberga la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Y es que habría que decir, pero las mujeres de Oaxaca no han tenido diálogo con la SMO, a cargo de Ana Isabel Vásquez, lo que ha salido de ahí es otra cosa, esa institución se ha mantenido callada frente a los reclamos sistemáticos de las mujeres en materia de violencia de género, de eso que llaman “agenda de género”, que hay que decirlo no se creó con la llegada de la organización que reclama por la destrucción, ha sido una propuesta de las mujeres organizadas de Oaxaca hace varias décadas. Hay muchas formas de utilizar la agenda de género, que para las mujeres de Oaxaca es agenda FEMINISTA, una palabra que, por cierto, les causa escozor a muchas otras y que solo es utilizada en tiempos electorales. Como lamentablemente lo hemos atestiguado sexenio tras sexenio, en esta entidad, como seguramente sucede en otras partes del país.
Si las mujeres están en la calle protestando es porque las instituciones, como la SMO les ha fallado, con su silencio y con la improvisación.
