• Diputada pide postura clara al Presidente sobre la violencia contra las mujeres

• Lorena Villavicencio Ayala se pronunció por el respeto al presupuesto para la igualdad

• Llamó a la cámara, a las mujeres y a las feministas a dar una respuesta contundente a las víctimas directas e indirecta del feminicidio

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 22 de septiembre de 2020.- La diputada morenista Lorena Villavicencio Ayala exigió al presidente de la República un compromiso y una clara postura frente a la violencia contra las mujeres y la igualdad; llamó a que la Cámara de Diputados apoye a las mujeres que han protestado y tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a todas las mujeres, las feministas y las legisladoras a que defiendan el presupuesto para la igualdad.

En conferencia de prensa y en su calidad de legisladora, exigió que dé una respuesta contundente a las mujeres; se aclare la postura de los órganos del Estado frente a la violencia contra las mujeres, porque con su actitud la acrecientan y advirtió que con su indiferencia están enviando un mensaje de permisividad a los agresores.

Denunció que las mujeres “estamos en completa indefensión”, donde no se hace esperar la violencia institucional; afirmó que ello involucra a los tres poderes, a los tres niveles de gobierno y a los organismos autónomos como la CNDH. 

De cara a los medios de comunicación, dijo vehemente, “no podemos permitir que las políticas incluidas en el anexo 13 que tienen como objetivo garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y erradicar la violencia sean afectadas presupuestalmente. Tenemos que ampliar los presupuestos a favor del grupo poblacional mayoritario en este país que somos las mujeres”

También evidenció a la violencia institucional, llamó omiso al sistema de justicia, y reiteró que  actúan como fuentes de promoción de la violencia contra las mujeres; planteó el peligro que significa la militarización del país.

Para Lorena Villavicencio Ayala hay una forma de evitar la toma o desalojos de edificios por parte de feministas y víctimas indirectas del feminicidio: es sencillo “reparando el daño” y realmente garantizar el derecho a una vida libre de violencia que cruza por la prevención, por la atención, por la sanción, la reparación y la   erradicación de la violencia.

Relató que el 3 de septiembre ante la indiferencia de la autoridad, la omisión del sistema de justicia en los diferentes niveles de gobierno y la negligencia o actuaciones deficientes de los organismos de derechos humanos, el movimiento amplio de mujeres y feministas decidieron tomar  simbólicamente estas instituciones que no sólo no han asumido su responsabilidad en la defensa y acceso a la justicia a víctimas de violencia feminicida, y a víctimas indirectas del feminicidio, sino también han violentado y acrecentado la violencia al mandar un mensaje de impunidad a los agresores.

La violencia institucional también promueve la violencia al mandar un mensaje de permisividad a los agresores. Violencia que se recrea también con la militarización del país y con la creciente presencia del crimen organizado, que pactan su fidelidad al interior de estos grupos sobre los cuerpos de las mujeres. 

Explicó que el sentido de apropiación sobre las mujeres, que nos convierten en objetos, y la reproducción de esta cultura que no reconoce en las mujeres su plena autonomía como seres completos, donde nuestros derechos no están siendo garantizados y plenamente reconocidos, refuerzan esta cultura de violencia contra las mujeres.

Dijo contundente: “exijo en mi carácter de representante popular y feminista, que esta Cámara de Diputados se pronuncie claramente apoyando las causas legítimas de las mujeres que están involucradas en estas tomas simbólicas de algunas instituciones.

Luego dijo que la responsabilidad involucra a todos los niveles de gobierno, a los congresos locales, a los sistemas de justicia federal y estatal, y a las comisiones de derechos humanos de todo el país.

Ahí fue cuando señaló: esto cruza también por un mensaje claro al presidente de la República y de la Cámara de Diputados donde nos comprometamos a garantizar estas políticas indispensables para lograr una vida libre de violencia, estén incluidas con suficiencia en el presupuesto que aprobaremos en las próximas semanas.

“No podemos permitir que las políticas incluidas en el anexo 13 que tienen como objetivo garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y erradicar la violencia sean afectadas presupuestalmente. Tenemos que ampliar los presupuestos a favor del grupo poblacional mayoritario en este país que somos las mujeres.”

Hizo un llamado para darles respuesta contundente a las mujeres para garantizar una vida libre de violencia y el acceso a la justicia.

Convocó a las mujeres y a las feministas a que apoyemos un presupuesto que coloque nuestras exigencias como prioridad en las políticas públicas de este país.

La estadística sobre los distintos tipos de violencia contra la mujer es reveladora. De acuerdo con la encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), elaborada por el INEGI, mostró que:

• De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que el 66.1% de ellas (30.7 millones) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja.

• En el ámbito de la pareja es donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres, ya que el 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron pareja, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida marital, convivencia o noviazgo.

• En espacios públicos (la calle, el parque y el transporte, entre otros) donde 38.7% afirmaron que fueron víctimas de actos de violencia por parte de desconocidos.

• En el ámbito laboral, 26.6% de las mujeres, que trabajan o trabajaron alguna vez, ha vivido algún acto violento, de tipo sexual, discriminación por razones de género o de embarazo.

• Respecto al abuso sexual en la Infancia, 9.4% (4.4 millones) de las mujeres de 15 años y más, afirmaron haber sufrido este tipo de agresión.

• El promedio nacional de la violencia en mujeres se ubicó en 66.1%, no obstante, 5 entidades están por encima de la media nacional: Ciudad de México (79.8%), Estado de México (75.3%), Jalisco (74.1%), Aguascalientes (73.3%) y Querétaro (71.2%).

• El legislador dice que son acusaciones para dañar su imagen

Estrella Pedroza

SemMéxico. Morelos. 22 de septiembre de 2020.- Presentan denuncia penal en contra del diputado  Marco Antonio Zapotitla Becerro por cometer el presunto delito de violación en contra una mujer,  abogados piden al Congreso de Morelos separen al acusado de su cargo para que enfrente el proceso legal sin cobijarse en un curul y  exigieron a Uriel Carmona Garanda que judicialice la carpeta.

Esta no es la primera ocasión que el diputado del Partido de Encuentro Social (PES), que actualmente funge como presidente de la Comisión de Igualdad y Género, es señalado por ejercer violencia contra las mujeres.

Este martes, abogados del despacho Asesoría Jurídica Especializada, informaron que desde en el mes de julio presentaron la denuncia  en contra del legislador ante la Fiscalía General Estatal (FGE) quedando asentada en el número de averiguación previa SC01/8000/2020.

 “Se presentó una denuncia en contra del hoy diputado local Marcos “N” que fue señalado por la víctima (de quién se reservó sus datos personales para no vulnerar sus derechos y por seguridad) de haberle causado un daño psicológico, emocional y físico, que deriva en el delito de violación”, destacó, Gibran Haro, abogado y vocero en la conferencia de prensa ofrecida en Cuernavaca.

Detalló que se cuenta con elementos de prueba  suficientes para que este caso sea judicializado.  Sin embargo, a poco más de un mes la FGE no lo ha realizado.

 “Ya le hizo el requerimiento al Ministerio Público de la fiscalía  y a su titular Uriel Carmona Garanda  para que se judicialice de manera inmediata y al fiscal Uriel Carmona le pedimos que solicite al Congreso de Morelos  el juicio de procedencia que conlleva”,  añadió el abogado. 

En este mismo contexto, lanzó un llamado a las diputadas y diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura que no lo protegen y lo separen del cargo.

 “A las Legisladoras y los Legisladores les pedimos que separen de su cargo lo antes posible a este diputado que se esconde tras una curul, y sea llevado ante un juez de control para que haga frente al procedimiento penal que se está siguiendo en su contra, no esperamos menos de esta exitosa Legislatura, y mucho menos que sean cómplices o en su caso obstruyan el proceso para brindar apoyo a uno de sus compañeros”, destacó.

Los abogados llamaron a la sociedad civil a no dejar sola a esta víctima, con la que suma la segunda mujer en iniciar cargos en contra de este diputado.

Por último hicieron responsable a  Zapotitla Becerra por cualquier amenaza o agresión que puedan sufrir   la víctima así como como defensores legales.

Versión del acusado

Tras la denuncia pública,  el diputado emanado del PES y presidente de la Comisión de Igualdad y Género, sostuvo que es totalmente falsa la acusación en su contra.

En una breve entrevista sobre el tema,  aseguró que esos señalamientos tienen un trasfondo político que busca dañar su imagen en tiempos electorales.

 “Es un hecho que quieren afectar mi imagen (…) estamos en tiempo electoral y empiezan a soltarse los demonios”, dijo.

Además aseguró que ese  tema lo estoy atendiendo en el tema de las instituciones correspondientes.

• Se modificarán al menos 12 ordenamientos y de desechó hacer una Ley general

• Las reformas buscan reordenar garantías y recursos suficientes para la protección a víctimas 

• Informa de los dictámenes y el proceso la diputada del MC, Martha Tagle Martínez

Por América López

SemMéxico. Cd. de México. 22 de septiembre de 2020.-  Los derechos de las y los periodistas podrían ampliarse si se tiene cuidado de legislar correctamente en relación al daño moral, porque esta figura puede ser utilizada para limitar la libertad de expresión, advirtió hoy la diputada Martha Tagle Martínez, en la ceremonia donde la Comisión de Gobernación, aprobó dictámenes de 12 leyes para establecer las bases de la libertad de expresión como el máximo valor democrático y se abrogó la Ley de Imprenta de 1917.

La legisladora pidió suficiencia presupuestal para el órgano que protege a las víctimas de la libertad de expresión, muchos periodistas, dijo, son asesinadas y asesinados a sangre fría; ese mecanismo debe asegurar el respeto y la protección de periodistas y quienes defienden los derechos humanos.

Dijo que lo más importante de estos cambios es garantizar una política pública que tenga como fundamento promover y asegurar una de las libertades base de nuestra democracia, como es la libertad de expresión

Están a punto de aprobarse varios dictámenes para modificar el marco jurídico para respetar, proteger, garantizar y promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas que implica la modificación a 12 ordenamientos secundarios y pasará a la Comisión de Justicia, donde se analizará la cuestión del daño moral que ya afectó a periodistas, como el caso del doctor Sergio Aguayo.

Del proceso, que inquieta en estos días donde se discute la libertad de expresión en muchos espacios, informó que arrancó exactamente hace un año 5 meses, a través de una propuesta general que se discutió en Parlamento Abierto. 

El 30 de abril de 2019 se hizo la inscripción de la iniciativa, detalla la legisladora, llamada Ley General para respetar, proteger, garantizar y promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas.

Esta fue elaborada por un grupo de  diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población; a partir de ello  la Comisión promovió la realización de  “Audiencias de Parlamento Abierto” con siete mesas en las que se presentaron un total de 68 ponencias en las que se trataron temas como: medidas de protección, medidas sociales, medidas de prevención, acciones reactivas del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, actuaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

Afirmó, en la discusión de esta mañana que para nadie es desconocida la situación que atraviesa el periodismo en México, configurándose en 2019 como el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, incluso en peores condiciones que Afganistán y Paquistán, conforme al reporte de La Libertad de Prensa en el mundo 2019, de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Las personas que se dedican al periodismo o son defensores de Derechos Humanos, son víctimas de intimidaciones y corren el riesgo de ser asesinados a sangre fría, en medio de la total impunidad

Por ello se discutió durante todos estos meses especialmente, y a fondo la atención a las víctimas que han sido desplazadas de sus hogares para ser reubicadas en distintas zonas del país y poder recibir la protección del Mecanismo. El sistema de parlamento abierto pudo tomar en cuenta todas las opiniones y propuestas presentadas por las personas académicas, especialistas, servidoras públicas, integrantes de la sociedad civil organizada y ciudadanía que acudieron a alguna de las tres reuniones que se celebraron durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.

Finalmente, el 12 de febrero en el Salón de Protocolo se entregó la relatoría y conclusiones del Parlamento abierto. De común acuerdo la Comisión de Gobernación y Población y organizaciones de la sociedad civil consideraron realizar las modificaciones necesarias a la ley vigente y declinaron expedir una nueva.

Ese mismo día se planteó la ruta y presentación para la modificación de un paquete de 12 reformas a diversas leyes para garantizar la libertad de expresión y fortalecer la protección de activistas y periodistas; este día informó “estamos por votar dos dictámenes: el de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la abrogación de la ley de delitos de imprenta que data de 1917. 

Un tema pendiente fundamental, en el paquete de reformas, que fue turnado a la Comisión de Justicia, y será muy importante trabajar con los legisladores, en lo que se refiere a las modificaciones al Código Civil en materia de daño moral, para que esta figura no sea utilizada para limitar la libertad de expresión de quienes hacen periodismo, como lo hemos visto en el caso del Doctor Sergio Aguayo. Confió en que se alcanzará el consenso para que pronto salga también ese dictamen.

Reiteró que esas modificaciones no serán determinantes en la práctica, si no se toma en cuenta la necesidad de garantizar la suficiencia presupuestal para la implementación de una política pública que tenga como fin garantizar una de las libertades base de nuestra democracia, como es la libertad de expresión.

Luego dijo que como legisladora y llamando a la Cámara de Diputados que debe prevalecer la convicción de que debemos asumir la responsabilidad que cada uno tiene frente a esta tragedia. 

Desde su perspectiva cree que con las reformas avanzamos en nuestro compromiso para atender la situación que viven personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, pero también señaló en esa parte de su discurso sobre r la necesidad de garantizar la suficiencia presupuestal para la implementación de una política pública que tenga como fin garantizar una de las libertades base de nuestra democracia, como es la libertad de expresión.

Finalmente reconoció el trabajo de conducción, compromiso y capacidad de consenso de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Rocío Barrera Badillo, y reconoció a los equipos técnicos, tanto de la comisión, como de las y los legisladores y de las organizaciones que participaron durante todo el proceso.

• Esta reforma a la Ley Estatal de Salud complementaría la reforma penal del 25 de septiembre de 2019
• Una acción legislativa en el marco del primer aniversario de la despenalización del aborto en Oaxaca

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 22 de septiembre, 2020.- El próximo 25 de septiembre, hacia el mediodía se cumplirá el primer año de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en Oaxaca. Ese día fue calificado como una fecha que pasaría la historia en la efeméride de las luchas de las mujeres. Con las modificaciones logradas por la Legislatura, Oaxaca se convertía apenas en la segunda entidad en el reconocimiento de ese derecho de las mujeres. Doce años atrás se había logrado en la Ciudad de México.

A un año, hoy la diputad Magaly López Domínguez anuncia, en un comunicado de prensa que con una reforma a la Ley Estatal de Salud busca garantizar que centros de salud o instituciones públicas de salud de Oaxaca practiquen interrupción legal del embarazo, sin acciones discriminatorias por parte del personal sanitario, de forma gratuita, accesible, aceptable y de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca.

La iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar: el Capítulo  Séptimo de la Interrupción del Embarazo, y los artículos 70 ter, 70 Quater y 70 Quinquies de la Ley Estatal de Salud.

Dicha propuesta está basada en un enfoque de la salud apegado a los derechos humanos, la cual ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios

La diputada Magaly López argumentó que Oaxaca es la segunda entidad del país en permitir interrupción legal del embarazo, además de la Ciudad de México, sin embargo, a casi un año de haberse aprobado las referidas reformas, aún están pendientes modificaciones y adiciones a la Ley Estatal de Salud, que refuercen que la maternidad es una decisión libre, oportuna, e informada.

Consideró preocupante el hecho de que, dentro del servicio médico, se busque imponer creencias religiosas e imponer estigmas, naturalizando que debe existir una culpa en la conciencia de las mujeres que abortan, sosteniendo la suposición de que, la interrupción de un embarazo es sinónimo de pecado, juzgando a las mujeres desde esa posición.

López Domínguez, indicó que en el aborto es una problemática de salud pública que ha ido en aumento. Mencionó que cifras oficiales revelan que al año se registran en la entidad un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos.

Detalló que, por cada aborto registrado, existen cuatro no registrados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 abortos anuales, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).  A través de una reforma a la Ley Estatal de Salud, la diputada Magaly López Domínguez, busca garantizar que las mujeres que acudan a las instituciones públicas de salud de la entidad, para la interrupción legal de su embarazo puedan tener acceso a este servicio, sin discriminación,  de forma gratuita, accesible, aceptable y de calidad, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Oaxaca.

La iniciativa con proyecto de decreto propone adicionar: el Capítulo  Séptimo de la Interrupción del Embarazo, y los artículos 70 ter, 70 Quater y 70 Quinquies de la Ley Estatal de Salud.

Dicha propuesta está basada en un enfoque de la salud apegado a los derechos humanos, la cual ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los resultados sanitarios

La diputada Magaly López argumentó que Oaxaca es la segunda entidad del país en permitir interrupción legal del embarazo, además de la Ciudad de México, sin embargo, a casi un año de haberse aprobado las referidas reformas, aún están pendientes modificaciones y adiciones a la Ley Estatal de Salud, que refuercen que la maternidad es una decisión libre, oportuna, e informada.

Consideró preocupante el hecho de que, dentro del servicio médico, se busque imponer creencias religiosas e imponer estigmas, naturalizando que debe existir una culpa en la conciencia de las mujeres que abortan, sosteniendo la suposición de que, la interrupción de un embarazo es sinónimo de pecado, juzgando a las mujeres desde esa posición.

López Domínguez indicó que en el aborto es una problemática de salud pública que ha ido en aumento. Mencionó que cifras oficiales revelan que al año se registran en la entidad un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos.

Detalló que, por cada aborto registrado, existen cuatro no registrados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 abortos anuales, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

SEM/lv/sj