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En Guerrero se preparan ante posibles casos de violencia política

  • La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hará capacitación virtual
  • Reconoce que en esa entidad es un problema recurrente

Josefina Aguilar Pastor  

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 24 de agosto, 2020.- Ante la próxima contienda electoral la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Guerrero (FEDEGRO) está preparada para atender los delitos de violencia política en razón de género, recurrente en la entidad, así dijo el titular la dependencia, Roberto Rodríguez Saldaña.

Detalló que la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, en abril pasado, se incorporó al Código Penal, el delito de violencia política en razón de género, la prevención, investigación y la persecución de los delitos electorales contra las mujeres. Igualmente se prepara para atender las denuncias que ocurran.

Explicó que ya habían definido algunas acciones para cumplir con la prevención, que inicia con orientación y capacitación, tanto a la ciudadanía, como al funcionariado y así identifiquen cuándo, cómo y quienes incurran en el nuevo delito.

Debido a la pandemia, estas actividades de capacitación, información y orientación, que antes las realizaban de manera directa, presencial, la contingencia, ahora se va a recurrir a lo virtual, para continuar con esta encomienda, comentó el titular de la FEDEGRO.

Hasta el momento, aseguró, luego de la reforma electoral del 12 de abril, no se ha presentado una sola denuncia por el delito de violencia policía en razón de género, y advirtió que este “tema”, será incluido de manera prioritaria en las capacitaciones.

“Es un tema que acaba de aprobarse y debe darse a conocer”, precisó el funcionario, quien agregó que abrirán una serie de capacitaciones virtuales de manera general para quien esté interesado o interesada en la violencia política en razón de género “vamos a hacerlo, ya lo estamos trabajando”, recalcó.

Las capacitaciones sobre violencia política en razón de género, serán dirigidas a hombres y mujeres, al reconocer que quienes comenten estos delitos son principalmente hombres, y deben conocer los alcances que tiene, así como las sanciones a las que pueden hacerse acreedores, en caso de acreditarse el ilícito.

Se hará énfasis, anunció, en trabajar con los partidos políticos, puesto que es al interior de estos, donde la violencia política contra de las mujeres es más intensa. La FEDEGRO, señaló su titular, no participará en la conformación del padrón de agresores por razón de género, de acuerdo a la ley, sólo le corresponde integrar la carpeta de investigación como cualquier denuncia y, quien resulte responsable, deberá asumir sus consecuencias.

Reconoció, no obstante, la importancia de este problema y lo calificó de grave, y dijo que en esta entidad, hay muchos casos.

“Para nosotros tiene mucha relevancia poder meternos para evitar que se genere la violación de los derechos políticos de las mujeres, tenemos una gran responsabilidad y si logramos dar los cursos de capacitación, penetrar en la sociedad y evitarla; sería fabuloso que los partidos políticos respetaran esta parte que ya está incorporada a los delitos electorales”, acotó el funcionario.

SEM/jap/sl

Toman protesta a nueva consejera electoral en Morelos

  • Sostiene que busca trabajar a favor de la democracia: América Preciado
  • Velará por los derechos de todas las personas, en especial, de las mujeres, dice

Estrella Pedroza

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 24 de agosto, 2020.- Se integra otra consejera al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), se trata de América Patricia Preciado Bahena, quien rindió protesta integrante de dicho órgano.

Abogada de profesión, Preciado Bahena ocupará el lugar de Ixchel Mendoza Aragón, quien ahora funge como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

La presidenta consejera del IMPEPAC, León Trueba, destacó que a pocos días del inicio del proceso electoral, se requiere de un trabajo coordinado para hacer frente a la gran responsabilidad que tendrá el IMPEPAC.

En entrevista, la nueva consejera destacó que llega al IMPEPAC con la intención de trabajar en conjunto a favor de la democracia.

“Vengo con la mejor disposición de trabajar en conjunto y tender puentes de comunicación, porque me queda claro que la única forma que vamos a cumplir con nuestra labor”, dijo.

Y detalló que su principal prioridad será “apegarme a los principios de actuación que tiene el Instituto que es actuar con honestidad, eficiencia”.

Indicó que uno de los principales retos que prevé para el IMPEPA es enfrentar el complejo proceso electoral en medio de una crisis sanitaria, donde pugnará por garantizar las medidas de seguridad y sanidad, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general.

En su agenda personal y laboral, dijo, mantiene la defensa de los derechos políticos de todas las personas y, principalmente, de las mujeres. 

En sesión extraordinaria virtual, Ana Isabel León Trueba, presidenta consejera del IMPEPAC, así como las consejeras electorales Xitlali Gómez Terán e Isabel Guadarrama Bustamante y los consejeros electorales Alfredo Javier Arias Casas y José Enrique Rodríguez Pérez, le dieron la bienvenida.

SEM/ep/sj

La cultura machista y misógina nos ha superado: feministas

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  • Precarización de Fiscalías y falta de armonización impiden reconocer el feminicidio
  • Realizan foro virtual Rumbo a la Realización del Informe Alterno CEDAW 2020

Olga Rosario Avendaño

SemMéxico, Cd. de México, 22 de agosto, 2020.- Una de las carencias actuales para tipificar el feminicidio como un delito por razones de género en México es que las legislaciones estatales no están armonizadas con las federales, además de la ausencia entre las personas impartidoras de justicia de sensibilización y conocimientos sobre Género, coincidieron expertas en el Primer Foro Nacional Rumbo a la Realización del Informe Alterno CEDAW 2020, Feminicidios emergencia nacional, organizado por el colectivo Nosotras Tenemos Otros Datos.

La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) fue aprobada por Naciones Unidad en 1979 y ratificada por 187 países, entre ellos México en 1981 y el Informe que los estados miembros entregan es cada cuatro años.

Esta Convención exige a los Estados Partes no sólo que no discriminen, sino que modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y tomen constantemente medidas para eliminar la discriminación. En el caso de México, en el 2018 la CEDAW recomendó de manera particular concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales y de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas.

En esta recomendación también se resalta la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones y tomando como línea base los estándares de seguridad social.

El foro (que contó con más de 300 visitas virtuales y que fue el primero de tres que se realizarán en este mes) estuvo moderado por las activistas y defensoras de los derechos de las mujeres, Patricia Olamendi e Yndira Sandoval, quienes forman parte del Colectivo Nosotras Tenemos Otros Datos.

Imelda Marrufo, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, explicó que hay varias recomendaciones qué cumplir por parte de México, una de ellas es armonizar las legislaciones, federal, estatales y municipales, porque en la actualidad hay un tipo penal del feminicidio, pero en la mayoría de los casos “son precarios”, es difícil que los asesinatos de mujeres “se reconozcan que fueron por razones de género”.

Cuestionó cuál es el grado de instituciones que se tienen en las fiscalías de investigación y “sabemos que uno de los grandes fantasmas se llama FEVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas), antes sabíamos quiénes la dirigían, pero ahora ni eso”.

Explicó que en Chihuahua, ha hecho un análisis en la materia, “para saber cuál es la capacidad de agentes de investigación, no sólo el grado de protocolos, sino el grado de especialización, conocimiento que tienen la fiscalía” y han llegado a la conclusión de que “se tiene una precarización de las fiscalías en este México y se ha precarizado en estos dos últimos años, a nivel de investigaciones FEVIMTRA ya nos quedaba a deber, aún el vacío se ha hecho más extenso, es importante tener la radiografía del estatus que tienen estas fiscalías”.

Por su parte, Yndira Sandoval, dijo que como colectivo se pronuncian en contra de la violencia policial en contra de las manifestantes en Guanajuato y por los diferentes tipos de violencia contra las manifestantes para quienes exigió justicia.

En el foro también estuvo la diputada Lorena Villavicencio Ayala, coordinadora de la Subcomisión de Violencias de Género y Feminicidio e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, consideró importante que “darle mayor fuerza a este tipo de delitos, deberíamos pedir a nivel internacional que se le dé el peso suficiente, el feminicidio es un delito equiparable al racismo y que debe estar tipificado”.

En tanto Estefany Alvarado de la Colectiva No te calles, del estado de Morelos, donde la Alerta de Género está activa en ocho municipios, dijo que el hecho de que las legislaciones no estén armonizadas “trae como consecuencias que los feminicidios no sean calificados como tal, reduciendo así en los discursos (de las autoridades) el número de casos”.

Agregó que “la cultura machista y misógina nos ha superado, el Estado Mexicano debe acatar las recomendaciones de la CEDAW. El feminicidio debe ser investigado de la misma forma en todo el país, debe ser homologado y no eliminando el delito feminicidio”.

Consideró que “homologar el tipo penal, permitiría un avance importante” ya que en la actualidad “nos encontramos con niveles altísimos de impunidad, las fiscalías no cuentan con la perspectiva de género, de tenerlo, eso permitiría un análisis completo sobre violencia feminicida”.

A su vez la a bogada penalista Ana Katiria Suárez consideró importante la salud mental de quienes están a cargo de la justicia, desde los policías hasta los jueces y que no se siga viendo que la psicología “es para quienes están locos”.

Agregó que ya es momento de hablar del tema psicoemocional de “quienes velan por nuestra seguridad e integridad” y se preguntó si esas personas (sobre todo hombres) “están capacitados para entender por qué la muerte de una mujer lastima a una sociedad”.

La psicóloga social María Lizbeth Escudero Garrido, especializada en Género y Derecho Penal, quien además formó parte de la primera Unidad de Análisis de contexto en el Estado de México, presentó una investigación que encabezó sobre la violencia en contra de las mujeres en esa entidad y resaltó la importancia de la investigación académica en esta área.

Rosario Texis académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, enfatizó que para las autoridades estatales “es más fácil decir que el asesinato de una mujer fue homicidio doloso y no feminicidio, eso se traduce en que ellos digan no tenemos problemas tan graves como otros estados”.

También coincidió con las otras ponentes en que las personas impartidoras de justicia “no están capacitadas con un enfoque integral”.

Resaltó que con los cambios que se han dado en CONAVIM, las alertas de género se han “parado y eso no tendría que suceder. El feminicidio es un tema que nos está rebasando y que no sólo se necesitan las leyes, sino articular a todas las instancias del estado, si eso no pasa, las organizaciones seguiremos diciendo que la vida de las mujeres no le interesa al estado mexicano, no hay una integralidad para reconocer el tema y para investigar estos fenómenos”.

SEM/ora/sj

ONU Mujeres mitiga efectos de la pandemia en 3 entidades

  • En sólo tres meses se perdieron más de 300 mil empleos
  • La crisis sanitaria evidencia desigualdades de género preexistentes

María Hernández

SemMéxico, 24 de agosto, 2020.- Durante los primeros tres meses de la pandemia COVID 19 en México las mujeres perdieron más de 300 mil empleos y sólo en junio se recibieron, cada hora, 148 llamas de auxilio por violencia en casa; crecieron 60 por ciento las solicitudes para acceder a un refugio, lo que obligó a ONU Mujeres a activar los programas ciudades seguras y Segunda Oportunidad.

Para mitigar los efectos de la pandemia, mirando especialmente a las organizaciones civiles, tres entidades de la República recibirán dos mil 880 kits de limpieza, higiene y despensas en una acción concertada entre ONU mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).

Se trata, explica la información de mitigar los efectos de la pandemia por Covid-19. Ello se hará en los estados de México, Jalisco y Puebla, en donde se pondrán en marcha los programas de Ciudades Seguras y Segunda Oportunidad de ONU Mujeres.

Señala que la crisis sanitaria evidencia desigualdades de género preexistentes a la pandemia, en este caso, en el impacto en las mujeres, en sus necesidades específicas y en el acceso a servicios esenciales de salud, empleo, alimentación y a equipo sanitario. 

Las emergencias humanitarias, los desastres naturales y las pandemias, como la de Covid-19, ponen a las mujeres y las niñas en mayor riesgo de violencia. Por otro lado, muchas mujeres están experimentado precarización laboral, pérdida de empleo, carencias en el acceso a alimentación o artículos indispensables para prevenir contagios.

En México, como consecuencia de las medidas de contención, en los meses de marzo, abril y mayo, se perdieron un millón 30 mil 366 empleos formales, de los cuales 30 por ciento corresponden a empleos de mujeres, según cálculos con base en información de personas aseguradas asociadas a un empleo.  Consulta dinámica (CUBOS) del IMSS.

Disponible en http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos]. 

Por otra parte, solo en junio de 2020 se recibieron 106 mil 711 llamadas al 911 relacionadas con algún incidente de violencia contra las mujeres, es decir, 148 llamadas cada hora. 

Por otra parte, la Red Nacional de Refugios reporta que las llamadas por violencia de género han aumentado en 60 por ciento y las peticiones de asilo en 30 por ciento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contras las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911 Información con corte al 30 de junio de 2020. Se puede consultar en https://drive.google.com/file/d/1wG6qya31zzz4m1YUgowZWSSH0z748HDt/view

Ante este panorama, ONU Mujeres, en colaboración con el Inmujeres y las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas han emprendido acciones para mitigar los efectos de la pandemia por Covid-19 a través de la entrega de dos mil 880 kits de limpieza, higiene y despensas en los Estados de referencia, en donde, además, se desarrollan los programas de Ciudades Seguras y Segunda Oportunidad de ONU Mujeres. 

El Gobierno de México, a través del Inmujeres, como órgano rector de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres, ha colocado como prioritario en esta pandemia la necesidad de diferenciar el impacto del Covid 19 en la vida de las mujeres, por lo que trabaja de cerca con organismos internacionales, las instancias del gobierno federal, local y municipales de las mujeres para responder a las necesidades específicas de niñas y mujeres con acciones que atiendan los efectos desproporcionados de la pandemia en ellas.

En este sentido, a través del Programa Segunda Oportunidad se realizó una donación de dos mil 190 kits de limpieza, higiene y despensas para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad en estas tres entidades federativas. En el Estado de México, en coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), en Jalisco por medio de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y en el estado de Puebla por medio de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS). 

Por otro lado, a través del Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en México (Ciudades Seguras), se realizó una donación de 690 kits de limpieza, higiene y despensas a Organizaciones de la Sociedad Civil en la zona metropolitana de Guadalajara en la primera línea de respuesta en la atención a mujeres sobrevivientes de violencia, migrantes, refugiadas, indígenas y mujeres cabezas de familia afectadas económicamente por la pandemia.

En específico, los kits se entregaron a las organizaciones FM4 Paso Libre, Mirando al Progreso A.C. y Consejo Ciudadano 100 por Jalisco A.C en colaboración con la Red de Abogadas Violeta; que pertenecen al Grupo Asesor de la Sociedad Civil del Programa Ciudades Seguras en Guadalajara.

Asimismo, en el marco de la colaboración entre ONU Mujeres y la Universidad de Guadalajara, se hizo entrega de kits de despensa a la Red Promotora de los Derechos de las Mujeres Indígenas de Jalisco A.C. (PRODEMI) y a los colectivos de pueblos originarios: Nosotras no olvidamos nuestras tradiciones, La muñeca Ar Lele. Otomí, Artistas y artesanos unidos del pueblo Wixárika WAAU. A.C., Sueños de mujeres mixtecas y a Cultura mixteca en la Ferrocarril General: Mujeres purépechas.

Reconocer el impacto de Covid-19 en las mujeres y niñas, identificando sus necesidades, es central para fortalecer los esfuerzos de mitigación y recuperación, así como para asegurar una respuesta efectiva que garantice sus derechos.

ONU Mujeres reitera su compromiso para seguir apoyando las necesidades de las mujeres ante el impacto de la pandemia y con vistas a una recuperación efectiva post Covid-19.

SEM/mh/sj

COVID-19 no frena lucha contra el cáncer de mama en Michoacán

  • Se desplegaron las unidades móviles de mastografías
  • En lo que va del año, se han realizado 5 mil 845 mastografías.

Redacción

SemMéxico. Morelia, Michoacán, 24 de agosto de 2020.- Con unidades móviles de mastografías y atención médica a mujeres, la Secretaria de Salud de Michoacán (SSM), retoma acciones contra el cáncer de mama, lo anterior como medidas de la nueva convivencia durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

Por ello, se desplegó una unidad móvil de mastografía a la localidad de Angangueo como primer punto de arranque en esta Nueva Convivencia, y que próximamente estará visitando diversos municipios de la Jurisdicción Sanitaria de Zitácuaro para realizar el estudio gratuito.

A partir del 7 de septiembre, otra unidad más será trasladada al municipio de Morelos y posteriormente será rotada en diversas localidades de difícil acceso de la Jurisdicción Sanitaria de La Piedad.

Desde el 14 de septiembre se desplegará una tercera unidad médica a la Jurisdicción de Lázaro Cárdenas, donde se visitarán localidades con menor incidencia de casos de COVID-19.

Es importante mencionar, que la atención se les brindará a través de cita telefónica y en diferentes horarios para evitar aglomeraciones y prevenir contagios.

La SSM informó, que se ha logrado diagnósticos y tratamientos oportunos contra el cáncer de mama, donde hasta el momento ha realizado 5 mil 845 mastografías en beneficio de las michoacanas.

También hace el exhorto a las mujeres para que acudan a las unidades a realizarse su mastografía, principalmente si tienen entre 40 y 69 años de edad o tengan antecedentes familiares, siempre tomando en cuenta las indicaciones sanitarias como uso de cubrebocas y gel antibacterial, mantener sana distancia y no tener sintomatología COVID-19.

Todas las unidades móviles se encuentran debidamente sanitizadas y brindan atención bajo estrictos protocolos de seguridad, tanto para la paciente como para el médico.

SEM/IL

Vinculan por corrupción de menores a funcionario de Puerto Vallarta

  • Se suma al delito de abuso sexual infantil
  • En Bahía de Banderas separan del cargo a otro funcionario por violentar sexualmente a su hijo

Analy S. Nuño

SemMéxico, Puerto Vallarta, Jal., 24 de agosto, 2020.- Luis Alonso “N”, ex funcionario de Puerto Vallarta que violentó sexualmente a una menor de 10 años, fue vinculado a proceso por corrupción de menores tras la apelación de la Fiscalía del Estado y la asesora jurídica de la víctima.

El viernes pasado durante una nueva audiencia concedida luego de la apelación a la decisión del juez Jorge Solís Arana, quién determinó no vincular a proceso al inculpado bajo el argumento de que la menor “no sintió placer”, la Fiscalía aportó datos de prueba obtenidos recientemente que permitieron vincular a proceso al ex funcionario encontrado con la menor el pasado 26 de julio en su vehículo.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado explicó que tras inconformarse y acudir al Órgano Jurisdiccional al existir suficientes elementos de prueba se logró la vinculación por el delito de corrupción de menores, el cual se suma al delito de abuso sexual infantil por el que ya se le había vinculado.

Las colectivas que han dado seguimiento al caso y brindado apoyo a la menor y su familia, señalaron que la vinculación a proceso por el delito de corrupción de menores significa un gran avance para el acceso a la justicia de la menor violentada.

“Seguiremos observantes de todo el proceso y no descansaremos hasta la obtención de justicia integral para la menor y su familia”.

Otro funcionario denunciado por abuso sexual infantil

Juan Fernando “N”, jefe de Licencias y Permisos en la Subdirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Bahía de Banderas, ubicado en el océano Pacífico, fue separado del cargo tras ser denunciado por abuso sexual infantil.

El 18 de agosto, el ahora ex funcionario fue denunciado por su esposa ante las autoridades luego de que está lo encontró en estado alcohólico abusando de su hijo de 4 años.

Tras las acusaciones de la esposa y que el caso se hiciera público, el Ayuntamiento informó que el sujeto fue separado del cargo a fin de que “su posición no interfiera y no entorpezca las investigaciones”.

SEM/asn/sj

Cuba: Equidad de género en contexto

  • Todavía tenemos mucho que luchar porque existen muchos estereotipos sexistas
  • No se puede desconocer, obviar y dejar de tomar en cuenta la existencia de la violencia de género

Redacción
SemMéxico/SEMLAC, La Habana, 24 de agosto, 2020.- Especialistas cubanas reconocieron avances y también desafíos en los derechos de las mujeres en la nación caribeña y en la región, durante el espacio La Tertulia, organizado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).


El intercambio, mediante transmisión online, tuvo lugar el pasado 20 de agosto, en vísperas del 60 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización femenina fundada el 23 de agosto de 1960.


«Los avances y logros en el campo de los derechos de las mujeres en Cuba han sido fuertemente articulados a un proceso de emancipación revolucionario y un proceso de construcción socialista», expuso Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).


Agregó que, por ello, «las construcciones de nuestros derechos van de la mano de los cambios estructurales que se han dado en el proceso revolucionario. Las cifras son muy elocuentes», dijo y aludió a progresos en la equidad de género en la educación, la salud sexual y reproductiva, la participación política, el empleo y esperanza de vida, entre otros espacios.


En esos y otros resultados ha tenido un rol destacado la FMC, sostuvo la jurista Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas (UNJ).


«Si yo me detengo en narrar todos los aportes que desde la Federación de Mujeres Cubanas se han hecho para los cambios y transformaciones legislativas en este país, sería interminable; lamentablemente se conocen muy poco», dijo González Ferrer al subrayar los aportes de la organización en materia penal, familiar y constitucional.


Entre las problemáticas y desafíos expuestos por las panelistas estuvieron la pervivencia de una cultura patriarcal, la violencia de género, la actualización de las normas jurídicas, la capacitación y la visibilidad del trabajo realizado.


Para González Ferrer, si bien son fundamentales los cambios legales, el reto principal es cultural. «Estamos hablando de una sociedad que, por más que ha avanzado, todavía es una sociedad con muchos elementos patriarcales, es una sociedad patriarcal», aseguró.


«El hecho de tener voluntad política, instituciones y organizaciones que acompañan ha sido algo muy favorecedor. Pero, definitivamente, todavía tenemos mucho que luchar porque existen muchos estereotipos sexistas asentados en la subjetividad de las personas.

Y esos estereotipos no solo los llevamos en lo personal, sino también en nuestro trabajo», reflexionó la también coordinadora del proyecto Justicia en Clave de Género de la UNJC.


Respecto a las violencias, resaltó que la Constitución de la República hace referencia en varios artículos a la violencia de género, la violencia intrafamiliar y contra la infancia.


«Siempre me posiciono en la Constitución porque contiene esas voluntades políticas y aspiraciones que tenemos como nación», dijo.


Por su parte, la psicóloga Karima Oliva Bello consideró que «no se puede desconocer, obviar y dejar de tomar en cuenta la existencia de estos fenómenos de violencia de género, entendidos no solo como una historia de colonización y neocolonización, sino porque también hay condiciones que los están favoreciendo».


La profesora de la Universidad Veracruzana en México exhortó a que estas problemáticas tengan más presencia en los medios y se amplifiquen las acciones para llevarlas a las comunidades y bases de organizaciones sociales.


Refirió que hay una tendencia, respecto a muchos de estos temas de carácter social, y tan sensibles, a ser monopolizados y que solo hablen algunas personas por sus trayectorias, sus títulos y publicaciones.


«Siento que deben ser de dominio público, creo que las organizaciones políticas y de masas deben renovar sus formas de trabajo y prácticas, porque estas discusiones tienen que tenerse en las bases, con las personas, en las comunidades y los barrios», precisó.
La psicóloga también convocó a poner las problemáticas sociales y de género en contexto, reconociendo las particularidades del país socialista y el bloqueo unilateral de los Estados Unidos a Cuba.


«Lo diferente que tiene Cuba en relación con otros contextos es el socialismo; que es un socialismo en construcción, con muchos desafíos y limitaciones en todos estos temas, pero eso ya es otra cosa. Por otro lado, la existencia del bloqueo, que también se intenta obviar, al tener un impacto en la sociedad cubana, marca estos procesos», apuntó Oliva Bello.


En tanto, González Ferrer también reconoció la política hostil estadounidense como un desafío en la búsqueda de la equidad.


«No podemos negar que somos un país que estamos siendo atacados constantemente por el imperialismo en sus múltiples formas y cualquier elemento lo toma para desacreditar a la Revolución. Y a veces no hemos hablado totalmente de todas las cosas y lo que estamos haciendo para vencer los retos que tenemos hacia delante», argumentó.


Otro de los temas tratados en el encuentro fue el compromiso de movimientos feministas y de mujeres con la transformación social y anticapitalista.


«Las luchas de mujeres y feministas están fuertemente vinculadas a las luchas por la justicia social más profunda y radicales. Independientemente de que en todo este proceso haya existido tendencias liberales», dijo Castro Espín.


Karima Oliva Bello recordó a Berta Cáceres y Marielle Franco, dos feministas asesinadas por su activismo social y político, y a las cuales aún no se ha hecho justicia.


«Los movimientos feministas construidos desde las bases han sido muy conscientes de la importancia de que las luchas no se queden solo en el ámbito legislativo, aunque estas son muy importantes; sino también que se asuman profundamente anticapitalistas y antisistémicas», expuso Oliva Bello.


Y más adelante agregó que «cualquier lucha que abogue por un horizonte de mayor equidad y mayor democracia en el mundo tiene que defender alternativas a la barbarie que estamos viviendo. Lo primero es la defensa del socialismo, porque crea un conjunto de condiciones y posibilidades mínimas indispensables para que haya un margen de derechos efectivos para las mujeres y para otros grupos sociales», sostuvo.


Durante el encuentro también se abordaron resultados alcanzados y desafíos en la equidad de género a nivel internacional. González Ferrer recordó el papel de Cuba en los cambios legislativos internacionales y su participación en las conferencias mundiales sobre la mujer.


«En todas estas conferencias y en la propia redacción de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, estuvo Cuba presente encabezada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)», recordó.

SEM-SEMLAC

Cuba: Debate activa discusión sobre violencias machistas

  • Femicidio…uno de los recursos más explotada por los medios digitales
  • Todas las mujeres importan. No somos un número ni un dato para esconder

Redacción

SemMéxico/SEMlac, La Habana, 24 de agosto, 2020.- Un activo debate sobre las violencias machistas en Cuba se generó en medios y espacios digitales desde la publicación, el pasado de 18 de agosto, de un artículo en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con circulación nacional.


Bajo el título de «Revictimizada mil veces«, el texto de Javier Gómez Sánchez se refiere a la «mediatización del feminicidio en las redes sociales», como «uno de los recursos más explotados por la maquinaria de medios digitales financiados por Estados Unidos para la guerra comunicacional dirigida hacia la sociedad cubana».


Detrás de lo que describe como un aumento notable, en los últimos meses, de historias contadas sobre mujeres asesinadas en la nación caribeña, desde una narración emotiva, Gómez Sánchez apunta a la articulación de varios medios digitales, «unos abiertamente reconocibles como parte de la contrarrevolución y otros que cuentan con acreditación como medios de prensa extranjera, junto a los que reciben financiamiento bajo el camuflaje de ‘medios y periodismo independiente'».


En su texto, el autor expone datos de informes oficiales, establece comparaciones con otros países y ofrece sus consideraciones acerca del tratamiento de los femicidios en las redes sociales.


Como cierre, llama a «entender que, cuando vemos aparecer en nuestro muro de Facebook, u otra red social, uno de estos contenidos, tanto los más burdos como los más sofisticados, estamos siendo testigos de una revictimización de esas mujeres cubanas: primero víctimas de quien les quitó la vida, y luego de quienes las utilizan como objeto de sus intenciones».


El artículo desató de inmediato una gran cantidad de opiniones, numerosos desacuerdos y críticas, algunos respaldos, así como reacciones acaloradas que, por momentos, apuntaron más a la discordia y a la incomunicación que al diálogo. También se expusieron argumentos, propuestas y puntos de vista diversos.


«Una sola mujer, víctima fatal de la violencia machista en Cuba, es un asunto GRAVE», escribió el médico y activista Alberto Roque, quien expuso en su muro de Facebook los criterios que antes envió al diario Granma, para «retroalimentar al autor y al Partido sobre nuestras opiniones fundamentadas, que no pretenden ‘hacer el juego al enemigo’, sino construir una Nación mejor».


Otros comentarios rebasaron el tratamiento del problema en los medios y redes sociales, para abordar también aspectos jurídicos, sociales y de respuestas a las violencias machistas.


«TODAS las mujeres importan. No somos un número ni un dato para esconder, ni vivas ni muertas. NADIE me paga por defender mis derechos como mujer», declaró en su muro de Facebook la cineasta cubana Marilyn Solaya.


En su publicación, Solaya señaló que la falta de información acerca del número de víctimas por feminicidios y la poca disponibilidad de los procesos obstaculiza el ejercicio de los derechos de las mujeres.


«Estas carencias de transparencia contribuyen a invisibilizar el problema y obstruyen los procesos de apoyo a las víctimas y de sensibilización, capacitación y evolución de la sociedad en estos temas», sostuvo.


«No podemos esperar a que los casos de feminicidios en Cuba se igualen a los de otros países de la región para identificarlos como un problema.


Con este accionar no le damos elementos al ‘enemigo’, sino que salvaríamos vidas y avanzaríamos en una sociedad mucho más justa e inclusiva si se aprueba una Ley contra la violencia de género».


Desde su blog Ciudadanías, con el texto «Revictimizada mil veces»: el programa que las cubanas no necesitamos«, la académica feminista Aylinn Torres Santana confrontó sus argumentos con los expresados por Gómez Sánchez respecto a los actores, la prensa y el problema en sí mismo.


«La violencia machista no puede ser un cajón que se abra, de un lado, para presumir lo bien que lo hemos hecho ni, de otro, para instrumentalizar la lucha de las mujeres en función de una causa, ahí sí mercenaria, que en sus resultados va contra las mujeres. Aquí se juegan vidas. Y para proteger esas vidas tenemos que pensar honestamente en las desigualdades que habilitan las violencias. Desigualdades que operan en forma de reconocimiento injusto y en forma de déficits redistributivos. Ambas a la vez», expuso.


Partidaria de que luchar contra las violencias machistas implica defender un programa amplio de justicia social, que asegure reconocimiento, redistribución, representación y participación, la académica enumeró los aspectos imprescindibles de ese proyecto: educación y salud universales, normas inclusivas, programas de sensibilización, estados fuertes garantes de derechos y de protección social, escucha a la ciudadanía, a quienes llevan décadas intentando intervenir en este estado de cosas y a quienes lo hacemos hoy.


«En Cuba podría hacerse, a contrapelo de los mercenarismos injerencistas y de los mercenarismos misóginos de conciencia; esos que buscan implosionar causas justas, no importa cuánto arrasen en ese camino», concluyó.


En respuesta a sus planteamientos, Carlos Luque publicó Ni mujeres ni hombres de paja, donde hace análisis específicos de párrafos y argumentos de la académica.


«Reparemos en que si Cuba no fuera el país multi-agredido que es –también en el tema–, no habría necesidad alguna de referirse a lo hecho por la Revolución y sus instituciones al efecto de dignificar la vida de sus mujeres. Ya bastante se oculta, deforma y miente en la prensa hegemónica, ya harto se culpa al socialismo de todos los pecados, como para que no haya gallarda dignidad y razón suficiente para referirse a ello», sostiene Luque.


«Ocultar, subestimar o ningunear lo que el país hace por las féminas, también, de algún modo, va contra ellas. Esas, supongo, son las razones por las que en algunos párrafos JGS menciona instituciones y organizaciones que se ocupan de los derechos y problemáticas de la mujer en el país», agrega en su análisis.


También a favor del artículo que promovió el debate se pronunció Pedro Jorge Velázquez, desde un intercambio en Facebook: «El artículo no es antifeminista. Es pro-feminista contra-contrarrevolucionarios, lo deja claro en una oración cuando habla acerca de los feminicidios como «una necesidad sin dudas insatisfecha -en cantidad y profundidad- desde nuestros medios de comunicación».


«Además, dice que las historias de feminismo son ‘reales y dolorosas, indudablemente evitables y necesitadas de mayor actuación institucional sin lugar a dudas’. (Lo acabo de citar). Ahí se ve como está pidiendo por mayor actuación institucional», agregó.


Otras feministas cubanas dejaron constancia de sus desacuerdos con el artículo de Gómez Sánchez e hicieron sus propuestas y valoraciones desde el blog Asamblea feminista.


«El periódico Granma ha publicado una crítica contra quienes llevamos años intentando poner en el centro del debate el tema de la violencia de género. Es triste y vergonzoso leer cosas tales en tiempos de crisis, necesitados de mayor unidad», afirmó la crítica e investigadora literaria Zaida Capote, en su texto «Por qué no me callo«.


Capote, una de las cuarenta mujeres que en 2019 dirigieron una solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular para que se apruebe una Ley Integral contra la violencia de género en Cuba, dijo que «algunas instituciones, aunque trabajan por solucionar el problema, suelen desentenderse de iniciativas colectivas extra institucionales. Quizás tengan derecho a hacerlo».


Y agregó: «En cualquier caso, nosotras también tenemos derecho a expresar nuestras preocupaciones por la falta de estadísticas claras, por la carencia de espacios de reflexión pública, por la toma de decisiones sin discusión previa, por la tendencia a debatir en grupos mínimos de convencidos sin interpelar a la sociedad o, una vez que se elige la interpelación, ignorar o atacar las opiniones diversas en lugar de discutirlas».


Convencida de que es necesario tratar estos problemas en los medios y la sociedad, en su comentario «El femicidio duele, indigna y lacera. Tratarlo en la prensa, es cosa seria«, la periodista Lirians Gordillo lamentó el artículo publicado en Granma.


«Más que dar luces, las opiniones expuestas crean CONFUSIÓN porque generalizan. Algunas personas no entendidas en un problema tan complejo y ausente de nuestros medios nacionales, como lo es el femicidio, pueden quedarse con la idea de que llevar la cuenta de los casos, contar testimonios de las víctimas, denunciar a los agresores y reclamar el avance necesario es ir en contra de su país. Nada más alejado de la realidad», sostuvo.


«¿Por qué no presentar el problema? ¿Por qué no hablar de los casos y las mujeres que han perdido la vida en nuestro país? ¿Por qué no hablar de las causas de las violencias machistas, para también hablar de los esfuerzos, de los avances y pendientes?», fueron algunas de sus preguntas.


Tras referirse a la existencia de recursos para abordar las violencias y el femicidio «de manera sistemática y profunda, creativa y comprometida», la comunicadora aseveró que «desde los medios públicos cubanos tenemos el deber y la responsabilidad de hacerlo bien».


Y cerró sus ideas así: «No es posible construir esa sociedad socialista que aspira a conquistar toda la justicia sin el feminismo. Pero quien crea que el feminismo es cómodo y no interpela, quien lo conciba como un bloque monolítico y partidista, no podrá comprender toda su capacidad de transformación».


A favor del articulista se expresaron también varias personas, como Arianna Álvarez Avalo, para quien el trabajo de Javier Gómez Sánchez es «un artículo muy acertado, donde se deja en evidencia la manipulación y el sensacionalismo con el que muchas veces se tratan estos temas por la prensa extranjera».


Álvarez Avalo asegura que «estas organizaciones gubernamentales son y han sido las responsables de educar a un pueblo, de abrir espacios para la realización profesional de las mujeres, de crear herramientas para su inserción en la toma de decisiones del país y en puestos de jefatura».


Y también plantea que «es necesario crear más cultura de debate y más organismos que eduquen en materia social sobre la igualdad de género y atacar los comportamientos machistas, propios de una sociedad patriarcal general».
Desde una postura analítica expuso sus argumentos Claudia Rafaela Ortiz Alba, en un intercambio en el muro de Gómez Sánchez.


«Existe la guerra mediática contra Cuba», reconoció, «no se ignora eso, es importante contextualizar y poner en perspectiva, frente a otras estadísticas regionales, el caso Cuba. No somos la peor realidad, pero el artículo de Javier, al decir de un amigo, intenta extirpar un tumor a machetazos y, en este caso y para escribir sobre esto, necesitaba la sutileza y el bisturí de un cirujano», apuntó.


Y agregó: «El feminismo anticapitalista en Cuba está dentro, pero también fuera de las instituciones; la sociedad civil socialista no es exclusivamente la institucional, como el periodismo socialista que se hace no es exclusivamente el estatal. Saben mejor que yo eso. El artículo es injusto, muchísimo, lanza para un mismo saco de contrarrevolución y mercenarismo a todo el que investigue o hable de feminicidios en Cuba y no esté bajo la regulación institucional».


Ortiz Alba opinó sobre aspectos específicos tratados en el artículo, como las estadísticas, que no son públicas. «Es por ello que muchas de nosotras trabajamos con el recuento de los casos que salen en redes sociales, y no porque queramos improvisar», puntualizó.


Además, consideró que el trabajo periodístico «establece muy pocos desafíos y nada tiene de autocrítica», por lo que «a muchos, a mí, nos pareció un artículo contraproducente». También expresó su deseo de «ver al Granma y Javier como mis potenciales aliados y no como enemigos. El sectarismo ya le ha costado mucho a la izquierda latinoamericana e internacional. Nosotros no podemos permitirnos ese lujo», dijo.


Cuando, pasados ya cinco días de iniciado este debate, hay quienes continúan opinando en redes y espacios virtuales, otras personas empiezan a resumir criterios, sacar aprendizajes y sus propias conclusiones.


Para la periodista Maryam Camejo, el debate deja como positivo «la justa ola de inconformidad, protesta e indignación que ha provocado».


En su opinión, es momento de entender que el feminismo tiene exigencias que hacer en Cuba y no deben ser desestimadas; que la sociedad la componen individuos y sus aspiraciones individuales deben tenerse en cuenta; y que los medios subsidiados por el Estado deben ser reflejo y respuesta de esas tantas aspiraciones.


«Que pensar como país es entender la individualidad dentro del colectivo y que, por tanto, toda aspiración finalmente organizada espontáneamente dentro de la sociedad civil no debe ni puede ser satanizada con el mismo argumento de siempre, como si la sociedad cubana estuviera sencillamente dividida en dos bandos y no existieran otras posiciones», añadió.


Consideró, además, que falta mucho camino por recorrer y hablar de ello no significa estar a favor de una agenda extranjera, «sino observar nuestra Cuba con ojo crítico y quererla mejor».

SEM-SEMLAC

Servicios de Salud de Morelos criminalizó a menor tras abortar

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  • La maltratan y filtran sus datos personales en medios, denuncian feministas
  • Fiscalía General del Estado niega que esté o haya estado detenida

Estrella Pedroza

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 24 de agosto, 2020.- Autoridades de Servicios de Salud Morelos criminalizaron a una adolecente que fue atendida por interrumpir su embarazo, además sus datos personales fueron filtrados a medios de comunicación que los publicaron y la dejaron expuesta, denunciaron feministas.

Se trata de Fátima, una adolescente de 15 años, que fue atendida en Hospital General de Temixco, luego de presentar un cuadro delicado de salud debido a que enfrentó un proceso de interrupción de embarazo.

“Tras ser atendida y tratada como criminal su información personal y sensible fue filtrada a los medios de comunicación”, explicó, Tania Osiris Cabrera Fuentes, integrante de la Red Violeta.

En redes sociales, periodistas y de medios de comunicación, publicaron su nombre y domicilio completo, infringiendo Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA), que en el Capítulo Décimo Séptimo prohíbe la divulgación de datos personales de menores.

Y, además, agregaron (los medios) información falsa o imprecisa para crear sensacionalismo, al presentar una historia amarillista y morbosa, agregó Cabrera Fuentes.

La feminista destacó que, en el caso de Fátima o cualquiera otra menor de edad, las autoridades de la Secretaría de Salud, el DIF Morelos, el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, “deberían revisar como ayudan a la menor de edad porque podría ser víctima de algún tipo de abuso o delito y dejar de maltratarla y revictimizarla”.

“Existen causales legales en el estado por las que el aborto está permitido”, recordó.

Además de un Código internacional avalado por la ONU, que advierte que el aborto es un derecho. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pedido al estado de Morelos que legisle a favor del derecho a decidir de las mujeres”.

Destacó que se debe considerar que en muchos casos el aborto se produce en condiciones de clandestinidad e insalubridad como resultado del reproche emocional, social y legal al que son sometidas las mujeres que deciden sobre sus cuerpos.

Normalmente cuando una mujer llega a un hospital con un aborto incompleto son juzgadas, maltratadas y amenazadas por el personal sanitario, otras se les condiciona el servicio médico, obligándolas a realizar una declaración y es el personal de salud quienes las acusan ante el Ministerio Público por el delito de aborto.

Este no es el primer caso. A finales del pasado mes de julio, en el municipio de Cuautla, una mujer que fue atendida en el Hospital General Mauro Belaunzarán, fue denunciada, en esa ocasión la Fiscalía General Estatal, en un comunicado de prensa, difundió información personal de la joven y fue expuesta públicamente.

Por esta razón, diferentes organizaciones y colectivas que integran la Red Violeta se pronunciaron en contra de estos “actos de odio contra las mujeres”, tanto por parte del personal médico y administrativo, la Fiscalía, Ministerio Público, periodistas y medios de comunicación, así como la sociedad en general.

En el pronunciamiento cuestionan que en cambio los representantes del Estado no han sido capaces de garantizar la vida, salud, seguridad y protección de datos de las mujeres y adolescentes, dijo la vocera de Red Violeta.

Indicó que las autoridades del Gobierno de Morelos deben garantizar la aplicación de un protocolo con perspectiva de género en este tipo de casos.

Por otra parte, en un comunicado de prensa de la misma organización hicieron algunas exigencias a los servicios de salud atención a las mujeres sin criminalización.

Que la Fiscalía General del Estado respete el debido proceso apegado a los derechos humanos de las mujeres, protección de datos personales, aplicación de La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos pidieron que actúe en contra de los medios y personas que han expuesto los datos confidenciales de la adolescente Fátima, violando sus derechos.

Y, finalmente, que los medios de comunicación respeten la identidad de las mujeres, imparcialidad en sus notas, que dejen fuera los juicios morales, la criminalización, que dejen de publicar datos personales y sensibles de las mujeres. Es urgente periodismo responsable y con perspectiva de género.

Fiscalía aclara

Esta tarde la Fiscalía de Morelos afirmó en un comunicado que la menor no fue ni está detenida, como tampoco existe proceso judicial en su contra.

En su breve comunicado, también se manifiesta “respetuosa de las garantías individuales y derechos fundamentales y su labor se circunscribe a los conceptos y límites que la propia ley establece, generando su función de acuerdo a lo que el marco normativo establece”.

SEM/ep/sj

Feminicidio al alza

Eduardo Ibarra Aguirre

SemMéxico, 24 de agosto, 2020.- Con un incremento leve, pero incremento al fin de 0.1 % en los homicidios dolosos, renglón en el que no existe cifra negra –no denunciados–, cerró el séptimo mes del año, lo cual es valorado por el secretario de Seguridad como que “hemos logrado muy forzadamente una línea de contención”. Bien por el espíritu autocrítico.

Alfonso Durazo no presentó, sin embargo, una valoración en otro ilícito que permanece al alza con un crecimiento de 5.4 %, el feminicidio, práctica tan recurrente como aberrante que impacta con fuerza en la opinión pública y publicada, en franjas amplias de mujeres que forman parte de la acotada periferia de los feminismos, desde los que no tienen empacho en privilegiar en su capacidad crítica el anti-4T y a su líder Andrés Manuel López Obrador, hasta el “feminismo de ocasión” de la dirigencia del Partido Acción Nacional y del sociópata (Álvaro Delgado dixit) Felipe Calderón y su eterna precandidata presidencial Margarita Zavala.

Los señores de México Libre todavía no adquieren el registro y ya son multados por el Instituto Nacional Electoral con 2.7 millones de pesos por graves irregularidades en sus ingresos, igual que en 2018 lo fue la esposa de Felipe por falsificar firmas para su registro como candidata presidencial. Todavía, insisto, no obtiene registro la franquicia familiar y el dipsomaniaco pretende victimizarse:

“Sabemos también que desde la Presidencia de la República se ejerce una presión indebida e ilegal a los consejeros del Instituto para negar nuestro registro”.

De feminicidios y su incremento hablamos. Crecimiento que en julio se produjo en 17 entidades de la indebidamente denominada república mexicana –aunque un enciclopedista asegura “es perfectamente válido”–, y en 15 disminuyó. Entre las primeras se encuentran con el mayor número de casos los estados de México, Veracruz y la capital del país; respecto de la tasa por cada 100 mil habitantes las entidades con mayor incidencia son Morelos, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí. Correlación entre casos y número de habitantes que no estableció caprichosamente la Organización de las Naciones Unidas. Y que, por supuesto ignoran, en forma interesada e irresponsable, los que colocan a México entre los primeros cinco lugares por el número de fallecidos por SARS-COV-2.

En el reporte sobre incidencia delictiva durante julio se registra una muy clara tendencia a la baja y “contención” en delitos del fuero común y federal como secuestro, extorsión, violación, robo de ganado, de automóviles y negocios.

Salvo información en contrario, no existe más que la descripción telegráfica del grave fenómeno que requiere de una valoración oficial sobre las insuficiencias y errores cometidos para efectos estrictamente de trabajo y de actualización de estrategias y políticas.

Por si el cuadro para las mujeres, en particular las niñas, no fuera aterrador, la policía de León, Guanajuato, que gobierna Acción Nacional desde 1988 y preside Héctor López Santillana, reprimió una manifestación de 300 mujeres la tarde del 22, que denunciaba el acoso sexual de que fue objeto una jovencita por parte de oficiales el 14 de agosto; hay 25 detenidas y cuatro reporteras agredidas. La policía leonesa ocupa el primer lugar en quejas en la Procuraduría de los Derechos del Estado de Guanajuato, pero las autoridades arguyen los actos vandálicos contra monumentos históricos, como ya es una abusiva costumbre de las “feministas radicales” en la Ciudad de México. Pero en León se atravesaron los “feministas” del PAN.

Acuse de recibo

“Tomé conocimiento de la muerte de Raúl Moreno Wonchee (21-VIII-20), lo conocí en los 70 como estudiante de Medicina (de la UNAM), él ya por egresar; dirigió el Comité de Lucha de la Facultad de Medicina, militamos en ese espacio. Lamento su temprana partida”, testimonia Javier Andrade Torres… Mi sentido pésame para Raúl y Jimena Moreno González por la muerte del integrante del Consejo Nacional de Huelga del 68, periodista, editor y político… De Arturo Sandoval: “Mi querido Eduardo ¿cuántas revistas le compraban a Aguilar Camín en sexenios pasados?”… Lea en http://www.forumenlinea.com/ (:) 

Una buena de López-Gatell, que Bimbo, Coca Cola y Sabritas sean parte de la solución, ya no del problema; Tan pendejos todos, no nos dimos cuenta que México era como Suiza (Reyes Heroles dixit) Federico Arreola. Admite la CIDH la solicitud de las madres de la Guardería ABC, de Hermosillo (Silvia Núñez Esquer).

La Universidad Nacional establece sanciones estatutarias contra los agresores de mujeres (Angélica Jocelyn Soto Espinosa). Transformación sin retrocesos; De la pandemia a un mejor equilibrio social (Jorge Faljo). El Armagedón pandecónomico y la transformación; La barbarie del pikadon y el diario del doctor Hachiya (Jesús Delgado Guerrero) …Los datos para apoyar a Forum Ediciones SA de CV, razón social que patrocina a Utopía y Forum en Línea, son: BBVA: 04 49 49 84 00. CLABE: 01 21 80 00 44 94 98 40.

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Vetó gobernador de Veracruz reformas sobre violencia política de género

  • La reforma implica que personas que ejerzan violencia política en razón de género no podrán ocupar cargos públicos
  • El Congreso deberá votar de nueva cuenta en un plazo de 15 días. 

Ana Alicia Osorio González

SemMéxico, Veracruz, 24 de agosto, 2020.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, vetó una reforma a las leyes con las que las personas que ejerzan violencia política de género no podrían ocupar cargos públicos, entre otros aspectos. 

La reforma había sido aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado tras una petición del Congreso el Unión, para armonizar las leyes en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

A pesar de ello, García Jiménez decidió devolver las reformas (que incluyen múltiples leyes como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica de la Fiscalía y el Código Penal) al Congreso para que lo analicen y voten nuevamente.

La reforma, que fue vetada, incrementa los puntos que constituyen este tipo de violencia y considera obligaciones de las y los servidores públicos en la materia. 

Además, se incorpora un Observatorio de Participación Política de las Mujeres, se regulan medidas cauterices y órdenes de protección cuando se identifique violencia política contra las mujeres. 

También contempla que el Organismo Público Local Electoral pueda monitorear que las campañas utilicen la perspectiva de género, entre otros aspectos. 

Sin embargo y a pesar de que los y las diputadas ya habían realizado el análisis, el gobernador decidió hacer observaciones y regresarla al Congreso para que la vuelva a votar en un plazo de 15 días. 

SEM/aaog/sj

Intolerable utilizar la fuerza del Estado contra manifestantes: Malú Micher

  • Urge la investigación a fondo pide la senadora
  • La reacción de la policía ante la marcha fue actuar con más violencia sexual

Argelia Guevara

SemMéxico, Cd. de México, 24 de agosto, 2020.- No podemos tolerar ni aceptar que la fuerza del Estado se utilice para detener, atacar y agredir sexualmente a las jóvenes y las mujeres que se manifiestan pacíficamente para exigir respeto a sus derechos el pasado sábado, afirmó la senadora Martha Lucía Micher Camarena.

A través de un pronunciamiento, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena y representante de Guanajuato, calificó como indignante y completamente reprochable la actitud y respuesta de las autoridades municipales de la ciudad de León, frente a una manifestación pacífica realizada el sábado 22 de agosto.

Recordó que la marcha, conformada mayoritariamente de jóvenes mujeres, se llevó a cabo para protestar por un caso de violencia sexual cometido por elementos de la policía municipal contra una joven, esto en las inmediaciones de la caseta de policía de la Plaza del Expiatorio en el centro de la ciudad.

La presidenta de la Comisión de Igualdad en el Senado denunció que la reacción de la policía ante la marcha fue actuar con más violencia sexual, con más detenciones arbitrarias e incluso con uso desproporcionado de la fuerza, ya que se realizaron 23 detenciones arbitrarias bajo el argumento de que las manifestantes habían “cometido infracciones al Reglamento de Policía y Vialidades”.

Agregó que, sin denuncia alguna o investigación sobre esas supuestas “infracciones administrativas”, la policía municipal arremetió contra las manifestantes, incluso cuando ya había terminado la concentración, lo que representa una afrenta contra la libre expresión de las ideas, el libre ejercicio del periodismo y la libertad de tránsito de todas las jóvenes y mujeres que se manifestaban pacíficamente.

Además de la falta de responsabilidad y apego a los protocolos de actuación del uso de la fuerza, Micher Camarena se dijo preocupada e indignada porque de nueva cuenta se presentaron testimonios de violencia sexual e incluso de tortura sexual en contra de algunas jóvenes manifestantes.

Ante esta situación, la senadora de Guanajuato exigió a las autoridades del gobierno municipal de León, de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado la suspensión inmediata de los policías que presuntamente agredieron a Evelyn.

Asimismo, pidió que el proceso que lleven estos elementos ante el Consejo de Honor y Justicia cuente con la participación de la víctima, de sus familiares, de sus asesores jurídicos y de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos para evitar que ese procedimiento se desarrolle “en lo obscurito” como sucede siempre, asegurando la incorporación de la perspectiva de género.

También, demandó que se revisen los videos y los testimonios de las detenciones arbitrarias del día 22, para iniciar los procedimientos legales de naturaleza administrativa correspondientes contra los elementos que incurrieron en claros actos de abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza.

Recordó que, el pasado 8 de marzo, los gobiernos encabezados por el Partido Acción Nacional se sumaron a las protestas feministas para denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas en el país. “Es momento de que sean consecuentes y congruentes con este discurso y salgan a dar la cara ante esta violación flagrante a nuestro derecho a tener derechos”, manifestó.

Sostuvo su pronunciamiento en la ley. La policía municipal actuó en clara contravención a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza que señala:

“Artículo 27. Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.

En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos.

La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse por personas con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Sin embargo, la reacción de la policía municipal -ante una denuncia por violencia sexual en una manifestación pacífica- fue actuar con más violencia sexual, con más detenciones arbitrarias e, incluso, con uso desproporcionado de la fuerza al realizar 23 detenciones arbitrarias bajo el argumento de que las manifestantes habían “cometido infracciones al Reglamento de Policía y Vialidades” durante la manifestación del sábado 22 de agosto.

Sin mediar denuncia alguna o investigación sobre esas supuestas “infracciones administrativas” la policía municipal de León arremetió contra las manifestantes incluso cuando ya había terminado la concentración, literalmente actuando como represalia contra la libre expresión de las ideas, contra el libre ejercicio del periodismo y contra la libertad de tránsito de todas las jóvenes y mujeres que se manifestaban pacíficamente.

Además, de estos abusos de autoridad y de detenciones arbitrarias, conocemos los casos de varias comunicadoras que ejercían su trabajo de cobertura de la manifestación y que fueron agredidas, detenidas y amenazadas, todas ellas trabajadoras de los medios de comunicación a quien la autoridad les impidió realizar su trabajo violando sus derechos humanos y su integridad física.

Exigió la suspensión temporal inmediata de los policías que presuntamente agredieron a “Evelyn” en las inmediaciones de la Plaza del Expiatorio el pasado 14 de agosto de 2020.

La sustanciación de sendos procedimientos en el Consejo de Honor y Justicia contra estos elementos con la plena participación de la víctima, de sus familiares, de sus asesores jurídicos y de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos para evitar que ese procedimiento se desarrolle “en lo obscurito” como sucede siempre, asegurando la incorporación de la perspectiva de género.

La revisión de los videos y de los testimonios de las detenciones arbitrarias del día 22, para iniciar los procedimientos legales de naturaleza administrativa correspondientes a las y los policías aprehensores por violar lo dispuesto en el Artículo 4, fracción IV, artículo 5, Artículo 6 fracción I, II, III, IV y V, 21, 22, 23 y 27 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como por haber incurrido en claros actos de abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza.

A la Fiscalía General, el inicio de las Carpetas de Investigación correspondientes por las denuncias públicas sobre abusos de autoridad, violencia sexual e incluso por tortura sexual, pues a partir de la noticia criminal que se ha conocido en redes sociales y en medios de comunicación, pueden iniciar dichas indagatorias.

Asegurar en la integración de las Carpetas de Investigación la participación de las víctimas, de sus asesores jurídicos, así como de instancias de protección de los derechos humanos para asegurar el debido proceso y la incorporación de la perspectiva de género.

Igualmente, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes les solicita respetuosamente dar seguimiento a estos procesos legales, así como acompañar a las víctimas en sus procesos de denuncias, para evitar cualquier acto de re victimización, de estigmatización o de criminalización por parte de las propias autoridades denunciadas.

En el estado Guanajuato, donde la violencia está desbordada por la falta de actuación efectiva de las autoridades estatales y municipales, no podemos tolerar ni aceptar que la fuerza del estado se utilice para detener, atacar y agredir sexualmente a las jóvenes y las mujeres que se manifiestan pacíficamente exigiendo respeto a sus derechos. Nunca más otra “Evelyn”, Nunca más otro 22 de agosto autoritario en México.

SEM/ag/sj

Indignación por la violencia policíaca contra feministas en León

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  • 12 detenidas, heridas y abusadas mujeres tras una marcha de protesta
  • El relato es significativo, contado por las víctimas de la represión

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 24 de agosto, 2020.- La organización Unidas por la Igualdad lanzó una petición en Change este día, dirigida al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y a otras autoridades por los hechos de represión del sábado pasado durante una manifestación pacífica de mujeres que exigían justicia para una víctima de violación sexual, la petición señala –con mil firmas esta mañana-, que quienes suscriben están indignadas.

Durante la represión fueron detenidas, golpeadas y abusadas de distinta manera 12 jóvenes que estuvieron encarceladas. Ellas son: África Nahely Torres Boy, Libertad Reyes, Italia Cruz, Alexa Daniela Álvarez Ángeles, Paola Escalante Nava, Andrea Manrique Palacios Muñoz, Sofía Esther López Martínez, María Fernanda Torres García, Cynthia Palacios Muñoz, Diana Sofía Ramírez Posada, Fernanda García, Enya Alia Mota Luna y a la menor Karyme Antonio Ortega.

Afirma la petición que en la represión hubo violencia física, sexual y tortura contra las manifestantes a manos de elementos de Seguridad Pública del Estado. Muchas afectadas eran menores de edad que se manifestaron el sábado en la Ciudad de León.

En los vídeos difundidos en redes sociales muestran la represión y violencia en contra de las manifestantes, una crónica de las Colectivas de Guanajuato, narran minuto a minuto los hechos. También se difunde una queja por obstrucción a periodistas, algunas, según ellas mismas narran, fueron golpeadas. Han podido escribir lo que pasó.

El relato es significativo. Ante las acciones ya han protestado diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluso legisladoras federales han hecho un pronunciamiento. Demandan acciones de investigación y castigo. Piden responsabilidades y hechos. Hasta el cierre de esta información, la senadora por Guanajuato, Martha Lucía Micher, había hecho un pronunciamiento, colectivas ya han puesto una denuncia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En la petición dicen: este hecho trastoca el conjunto de Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales que México ha ratificado, de manera especial, el Derecho a la Libertad de expresión; a una vida libre de Violencia; a procedimientos penales basados en el principio del debido proceso.

Por tanto, exigen:

Reconocimiento pleno a los derechos humanos de las manifestantes.

Alto a la criminalización de las mujeres detenidas arbitrariamente y su inmediata libertad.

Procesamiento a los responsables.

Los hechos

Los hechos ocurrieron el sábado 22 de agosto, durante la manifestación feminista en exigencia de justicia y atención al caso de Evelyn Lizet Valdés Virgen, joven quien denunció abusos y violencia sexual por parte de policías municipales de León.

Según testimonios de periodistas, publicados en distintos medios, entre ellos el a Melissa Esquivas Espinosa del medio Informativo Ágora; Alfonsina Ávila Ramírez, de Zona Franca, así como Martha Silva Moreno y Brenda Orozco Hernández, del medio PopLab, elementos de Seguridad Pública Municipal hostigaron, amenazaron y ejercieron violencia física a lo largo de la marcha de protesta.

Todo sucedió entre las 19:30 y 20:30 horas, en las inmediaciones del Arco Triunfal de la calzada de los Héroes y la caseta móvil número 21 control 2373, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en la Ciudad de León. Este lugar en la calle General Ignacio Zaragoza 1047, frente del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús.

Melissa Esquivas Espinosa relata que los actos de represión se intensificaron al finalizar las acciones programadas. La comunicadora se percató que un grupo de feministas se dirigían a la caseta móvil, donde eran retenidas varias mujeres. El grupo de manifestantes cuestionó la detención de las tres jóvenes y exigían su liberación, a lo que los elementos respondieron con empujones. Fue en ese altercado que una mujer policía comenzó amedrentar a Esquivas, primero le solicitó mantener distancia y después le indicó que tenía que retirarse. En todo momento la comunicadora se identificó como periodista y argumentó que estaba ahí en función de su labor periodística.

No obstante, un elemento de seguridad pública (que no logra identificar), arremetió contra la periodista y le colocó esposas con la intención de detenerla arbitrariamente. Pero fue la policía que inicialmente la amedrentó quien ordenó que la liberaran. Mientras que su compañera Alfonsina Ávila Ramírez fue sujeta de agresiones físicas en la espalda y en el plexo solar por parte de varios elementos de seguridad pública, cuando la periodista realizaba una transmisión en vivo. Ávila narró que, pese a que se identificó como periodista, las agresiones fueron aumentando. Primero, comenzaron con amenazas para que desistiera de grabar la violencia y detenciones contra las manifestantes, hasta que quedó en medio de un encapsulamiento y fue víctima de varios golpes.

Mientras había confusión y desastre, esto narran sobre los hechos ocurridos el día 22 de agosto, la Colectiva Mujeres Contra las Violencias Machistas:

Que a las 7:50 pm fuimos comunicadas que se estaban realizando detenciones de las compañeras auto convocadas para la manifestación de Justicia por Evelyn en el Arco de la Calzada, razón por la cual nos dividimos para acudir a los Cepol (Ministerios Públicos) Norte, Oriente y Poniente del municipio de León para esperar a las compañeras que detuvieron.

A las 8:40 pm algunas de nosotras nos dirigimos rumbo a la Plaza Expiatorio ya que se estaban realizando detenciones arbitrarias, aleatorias y con violencia. En el camino pudimos observar cómo elementos de la policía se metían en los paraderos del Optibus en búsqueda de compañeras para detenerlas, casi una hora después de finalizada la marcha y en lugares alejados del punto de la manifestación.

Llegamos a la Plaza Expiatorio (aludiendo al convento) a las 8:50pm y pudimos observar a varias patrullas deteniendo a las compañeras a punta de golpes, jalones y agresiones, llevándolas rumbo al Cepol Norte en donde ya estaban algunas de nuestras compañeras, vimos camionetas que entraban con las detenidas.

Llegaron las últimas camionetas con compañeras detenidas a las 9:10 pm sin poder identificar cuántas ni quiénes eran; a las 9:25 nos refirieron que las trasladarían al Cepol Poniente, mientras otras colectivas feministas de León ya se movilizaban para recabar los nombres de las compañeras que no aparecían y/o que habían sido detenidas. Cabe señalar que al desconocer el paradero de las compañeras y dada las formas de violencia con las que actuaron los y las policías, identificamos que estaban en calidad de desaparición forzada.

A las 10:20 pm comenzaron a llegar a Cepol Norte familiares de las detenidas, refiriendo que a algunas las habían sustraído de sus vehículos para detenerlas, a otras las detuvieron sin que hubieran asistido a la manifestación porque caminaban cerca del lugar, hubo también otras a quienes bajaron de las estaciones del Optibus sin haber cometido ninguna falta.

A las 10:30pm teníamos registro de 13 compañeras desaparecidas y en Cepol Norte no nos daban información sobre cuántas tenían detenidas para poder identificar si estaban todas o se encontraban en calidad de desaparecidas. Cabe mencionar que se solicitó información sobre las detenidas al personal de Cepol Norte, preguntamos directamente al C. Dolores Valadez quien se negó a dar datos y se presentó como telefonista, posteriormente, nos enteramos que era el procurador en turno.

Una compañera Consultora de Derechos Humanos comenzó a trabajar un comunicado como Comisión de Derechos Humanos para solicitar habeas corpus para exigir la información de sus paraderos. Con la refrenda de la Secretaría de Seguridad Pública supimos que eran 25 mujeres y un hombre en detención y después en una actualización de la información, que eran 22 mujeres y un hombre.

 A las 11:23 p. m., nos confirmaron en Cepol Norte el nombre de 4 compañeras detenidas, por la presión que se ejerció desde distintas instancias, medios y redes sociales, ya que en ese momento estaba circulando el video donde la compañera Paola E. era detenida por elementos de la policía quienes la estaban ahorcando, visibilizando el uso de la fuerza excesiva contra las compañeras.

Después de haber realizado varias llamadas a la Procuraduría Estatal de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (PPIDNNA) aproximadamente a las 11:40 pm dejaron salir a Paola E. adolescente, quien relató la violencia con la que fue detenida, los golpes, ahorcamientos, humillaciones, violencia verbal y tortura sexual por parte de los elementos policiacos.

 A partir de esto ahí comenzaron a salir poco a poco las demás compañeras, relatando los hechos y recibiendo acompañamiento por parte de nuestra colectiva y de otras colectivas feministas de León que se encontraban en el lugar para recibir atención médica y proceder con las denuncias, ya que hasta ese momento no había ninguna institución ni organismo oficial ofreciendo apoyo ni acompañamiento a las mujeres y adolescentes agredidas, aun cuando se les llamó y solicitó su atención ante los hechos.

Con el listado de personas detenidas comenzamos a realizar el monitoreo para identificar a las que iban saliendo y verificar que no quedara ninguna sin saber su paradero. A la 1:20am del 23 de agosto, acompañamos a Paola E. al Hospital de Especialidades Materno Infantil de León, con apoyo de compañeras observadoras de Derechos Humanos, para recibir atención y valoración médica por sus lesiones, cerca de las 2:30 am llegó personal de la PPIDNNA a Cepol Norte.

Es importante señalar, que durante la espera fuera del Ministerio Público Norte, elementos de seguridad pública se burlaron y trataron de intimidarnos al dejarnos ir una perrera a toda velocidad y repitiendo consignas feministas a manera de burla, por reiteradas ocasiones. Demostrando así, su falta de sensibilidad y enfoque de derechos humanos.

Tuvimos durante toda la noche y madrugada el apoyo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos alertando por la posible desaparición de compañeras, así como de la Red Nacional por los Derechos de la Infancia (REDIM) difundiendo y circulando el testimonio de violación de los derechos de Paola como adolescente.

Desde ese momento estuvimos como colectiva buscando atención médica para las compañeras agredidas pues la PPIDNNA había indicado que se llevara al Hospital General para su valoración, sin embargo, en el hospital señalado no estaban brindando atención debido a la pandemia de Covid-19. Por indicaciones de la Coordinación Estatal del Programa de Atención a La Violencia Familiar y de Género fuimos referidas al Hospital de Especialidades Materno Infantil de León, a donde llegó también Paula a las 3:40am para recibir atención por golpes y lesiones.

Cabe señalar que cerca de la 1:00 am dimos aviso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes respondieron de manera inmediata tomando la queja, que tiene el número de folio 62898/2020. Asignaron como observador al Lic. Oscar Ortiz, para que acudiera a la ciudad León, el día de hoy por la mañana.

Mantuvimos comunicación con él durante toda la madrugada. Asimismo, mantuvimos comunicación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con quien tuvimos asesorías.

A las 4:06 am salió de Cepol norte la última compañera detenida, confirmando que no había ninguna otra dentro, y nosotras corroboramos que todas las compañeras de la lista de detenidas estaban en libertad. Las compañeras en el hospital materno estaban con el personal de la Procuraduría de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (PPIDNNA), a la espera del agente del ministerio público para rendir sus declaraciones.

Siendo las 7:29 am aún no había llegado el Ministerio Público y no se recibía atención médica para Paula. Que, en palabras del personal del Hospital Materno Infantil, era por la falta de personal médico, señalando que sólo había un doctor.

No fue hasta las 8:47, casi 9 horas después de solicitar su presencia, que llegó el agente del ministerio de trámite común a levantar la denuncia sin la Procuraduría, sin querer esperar a la Unidad Especializada, con actitud prepotente y revictimizante con la compañera y su mamá. Asimismo, el trato por parte de la C. Marisela Loza Vázquez del Hospital Materno Infantil, fue de manera agresiva impidiendo hacer la labor cómo observadoras de derechos humanos, Sin mostrar respeto y sensibilidad frente a Paola y su mamá.

Nos comunicamos con el Instituto Estatal para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), para solicitar la presencia de agentes del Ministerio Público, quienes estuvieron interviniendo para que se esperará a la Unidad Especializada de Atención a las Mujeres y se pudiera tomar la declaración a las compañeras, en este sentido queremos reiterar que durante toda la madrugada y la mañana no hubo presencia ni contacto alguno desde la Fiscalía Estatal.

A las 10:14 am llegó la Unidad Especializada de Atención a la Mujer y comenzaron a tomar la denuncia a Paola, ya la CNDH iba en camino y hasta ese momento había disposición para atender a Paula. Cerca de las 12:00 pm estaba la presencia de CNDH, IMUG, PDHG, PPIDNNA, IMM, cabe señalar que posterior a casi doce horas de espera, las autoridades correspondientes hicieron acto de presencia.

A Paula le indicaron a las 12:44 pm que le tomarían su declaración en las oficinas de Prevención Social, (ubicadas a más de 10 kilómetros de distancia) por lo que nos trasladamos con ella hasta ese punto, señalando la Lic. Elva del Carmen, que tenía un detenido, preguntando a Pau sí estaba de acuerdo en que se realizará su declaración en Prevención.

Aproximadamente a las 6:30 pm del domingo, Paola E. salió del Hospital Materno indicándole que tiene inflamaciones en los tejidos blandos (cuello y muñeca), además de tener lastimado el cartílago de la nariz, pero afortunadamente sin presentar fracturas.

Aproximadamente a la misma hora la compañera Paula salió de presentar su declaración en las oficinas de Prevención, quedando pendiente la revisión de su cuello para volver y ampliar la denuncia.

Ante estos hechos nos pronunciamos:

Mujeres contra las violencias machistas en León y se adhieren las colectivas: Barrio Feminista, AUDE, Verde Aquelarre, Mujeres en Bici León, Resistencia Radical Irapuato; Comunidades Feministas Irapuato; Red de mujeres que lucha en León.

La Red jurídica feminista esta mañana publicó en redes:

“Al León Municipio y a Guanajuato Gobierno del Estado les hacemos responsables de las detenciones en la marcha de #JusticiaParaEvelyn. Ya nos comunicamos y no se encuentran en ninguno de los edificios centrales de la policía. “

Narración de las organizaciones de defensa de derechos humanos de las mujeres:

  • Que varias compañeras identificaron en la manifestación a una mujer de cabello rojo, blusa blanca, pantalón de mezclilla y mochila color beige, quién era resguardada por elementos policiacos y que tomaba registro de las caras de muchas de las compañeras feministas que se encontraban en la manifestación, y que fue identificada horas después en  Cepol Norte, saliendo y entrando del estacionamiento con comportamiento sospechoso y evidente autorización para transitar por esa zona exclusiva para personal del Cepol.
  • Creemos que esa mujer vestida de civil fue infiltrada en el movimiento para sacar registro de las compañeras y usarlo para represalias en contra de ellas. Y así como ella, sabemos que pudieron utilizar más elementos infiltrados para iniciar las provocaciones y las revueltas para poder hacer uso de la fuerza.

Descalificamos estas acciones fuera de todo estado de derecho y exigimos una investigación clara ante estos hechos.

  • Sabemos y reiteramos con profundo dolor y rabia que las instituciones destinadas a proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes, nos dejan muy claro que no les interesa la protección de nuestros derechos, y que al contrario son quienes los violentan con mayor brutalidad y crueldad. A partir de todo lo descrito nos queda claro que no se trató de voluntades aisladas de algunos elementos de la policía sino que se trató de una estrategia frente a la movilización y exigencia de las mujeres en León.
  • Reafirmamos que la alianza entre colectivas feministas es clave para apoyar, acompañar y hacer posible el respeto a la dignidad de las mujeres, que nosotras y sólo nosotras somos capaces de agotar todos nuestros recursos para que no exista ni una compañera más asesinada, ni una compañera más desaparecida, ni una compañera más violentada. Nos queda claro que sólo nos cuidamos entre nosotras, y que ahora más que nunca “me cuidan mis amigas, no la policía”.

Con base a lo anterior exigimos:

  •   Que se investigue con enfoque de derechos humanos y de género el caso de la violencia ejercida en contra de la compañera Evelyn por parte de policías municipales, así como los casos ocurridos el día de ayer 22 de agosto.
  • La destitución inmediata de las y los agentes policiales responsables de la violencia ejercida en contra de las compañeras. Toda violencia cometida por funcionarios públicos representa violaciones a derechos humanos.
  • Destitución inmediata del Secretario de Seguridad Pública del municipio, quien a través de estos dos últimos sucesos, ha demostrado su incapacidad como funcionario público para garantizar, respetar, proteger los derechos humanos de las mujeres. Nos preguntamos para qué han servido tantas horas de capacitación y sensibilización a quienes se supone están para cuidarnos y en realidad nos agreden física y sexualmente.
  • Disculpa y reconocimiento público por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhúe y el alcalde de León Héctor López Santillana, de que los hechos cometidos corresponden a tortura sexual, tal y como lo establece el artículo # de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • A las autoridades municipales y estatales como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, les reiteramos su obligación de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de las 22 compañeras.
  • A la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, le exigimos emitir a la brevedad las recomendaciones a las instancias públicas que han violado los derechos humanos de las compañeras, así como vigilar de manera ética y profesional sin intereses políticos el actuar de las dependencias del Estado.
  • Debido a las graves violaciones a derechos humanos cometidas y en el contexto de alta violencia e impunidad en Guanajuato, exhortamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la atracción del caso, considerando que los hechos cometidos corresponden a tortura sexual.

Respecto, las organizaciones y redes firmantes exigimos:

1. Al Gobierno del estado de Guanajuato, reconozca y respete la labor periodística de las mujeres, así como de las defensoras de derechos humanos en la Entidad y condene la represión ocurrida la noche del 22 de agosto contra las manifestantes.

2. A la Secretaría de Seguridad Pública de León, así como a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sanciones inmediatas y ejemplares para los elementos que intervinieron en las agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias y actos de tortura contra las periodistas, defensoras de derechos humanos y demás manifestantes. Así como respetar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales incorporando los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

3. A la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato dé trámite exhaustivo al expediente de queja, iniciado por estos terribles hechos generadores de graves violaciones a derechos humanos (uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual contra mujeres, restricción a la libertad de expresión y el derecho a comunicar) de las periodistas, defensoras de derechos humanos y demás manifestantes. En un marco de independencia, transparencia y apego estricto al mandato de esa institución.

4. A la Fiscalía del Estado de Guanajuato, investiguen el caso de violencia sexual en contra de Evelyn Lizet Valdés Virgen cometida por parte de los policías municipales, así como los delitos cometidos contra las periodistas Melissa Esquivas Espinosa, Alfonsina Ávila Ramírez, Martha Silva Moreno, Brenda Orozco Hernández y demás que se hayan cometido en contra de las defensoras de derechos humanos que estaban presentes durante la manifestación.

5. Al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ponerse en contacto con las periodistas agredidas, a fin de proveer esquemas de protección integral con enfoque de género.

6. Al gobierno Municipal de León, generar condiciones estructurales que posibiliten el ejercicio periodístico y políticas públicas que erradiquen todo tipo de violencia contra las mujeres.

SEM/sl/sj

Corrupción: la Hidra de mil Cabezas

Natalia Vidales Rodríguez

SemMéxico, 24 de agosto, 2020.- Como en la famosa Casa del Jabonero, donde el que no cae resbala, así también la 4T cojea del defecto de la corrupción; y con el agravante de que la exhibición de audio videos comprometedores ha salpicado al propio personero de la lucha contra la deshonestidad en México: al Presidente López Obrador.

Lo anterior hizo recordar al sexenio de Miguel de la Madrid (1983- 1989) y su intentona de acabar con la podredumbre gubernamental -similar a la Hidra de Lerna, aquel monstruo policéfalo de la mitología griega, a quien habiéndole cortado una cabeza le brotaban dos o más- con su también fallida “renovación moral de la sociedad”, luego de los excesos de López Portillo con “la solución somos todos”, rebautizada por la ciudadanía como “la corrupción somos todos”. Y a López Mateos se le considera el padre de ese cáncer moderno en el país, con su frase de que “todo mexicano le tiene metida la mano a otro mexicano; y de que hay de aquel que rompa la cadena”.

Antes de esos cachorros de la Revolución, el erario era el botín -así como el “carranceo, en honor de las tropas saqueadoras de  Don Venustiano Carranza- natural  de los políticos, pero con la llegada de los “licenciados” a la Presidencia se adicionó con los porcentajes a la asignación de la obra pública, con la redituable narcopolítica, con los “moches” a los legisladores por reorientar los recursos, con la compra de votos canjeable con puestos públicos, y con la consabida “mordida” a los ciudadanos de bien para dejarlos seguir su camino (sin olvidar los irresistibles “cañonazos” de 50 mil, de aquellos pesos, en la época de Álvaro Obregón).

Hace poco, AMLO se lamentaba de que el 2018, el INE había sancionado a MORENA por la recaudación ilegal de recursos para su campaña política (que finalmente ganó ese año) al detectarse depósitos en efectivo sin remitente identificable, y no al tramposo PRI de toda la vida (quien perdió la elección con todo y su compra masiva de sufragios, aunque para algunos observadores más expertos, entre ellos Jorge Castañeda en su libro “Solo Así”, se trató de un pacto entre Enrique Peña Nieto y AMLO mediante el cual aquel le permitiría a este ganar por fin la Presidencia a cambio de impunidad posterior para Peña Nieto, y la cual hoy pende de un hilo).

El más reciente escándalo es el video del jueves pasado, donde un hermano de AMLO, con nombre de Papa (Pío López Obrador) recibe billetes de David León Romero, a quien se le pagaron sus servicios de recolector de recursos ilegales el 2016 con un espacio en el gabinete, para sostener el Movimiento de Regeneración Nacional ( MORENA) del que resultó electo dos años después el tabasqueño. Ni siquiera un Movimiento como ese, que logró 30 millones de pesos pudo moverse del todo sin corrupción.

De manera similar a como ocurre con la delincuencia organizada, en que reventada una célula criminal se disemina y multiplica dando pie a varias más; así parece ocurrir con la corrupción oficial, sin que haya nacido todavía un Hércules que acabe con las cabezas de la Hidra de Lerna (su primo, Yolao, inspirado en Atenea, cauterizó los céfalos cortados evitando así su rebrote hasta lograr matarla).

Hay quienes pensaban que AMLO sería ese Hércules, pero ya vemos que no es así. El PRD, su antiguo aliado, prepara una demanda en su contra (de AMLO, no de Hércules, se entiende) como cómplice de la deshonestidad de su hermano y de David León, a quien el escándalo evitó que tomara posesión como jefe de compras de medicamentos del gobierno federal (una “minita de oro” para un corrupto), no sin antes haber disfrutado de la Coordinación Nacional de Protección Civil como pago a sus servicios de corrupto en jefe de MORENA.

Proponen capacitar en género a quienes aspiran a cargos de elección popular

  • La propuesta legislativa da la responsabilidad al INE
  •  Reyna Celeste Asencio Ortega, diputada morenista considera urgente dar herramientas para su futura función

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 24 de agosto, 2020.- La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente, para exhortar al Instituto Nacional Electoral INE, a impartir un curso en materia de género, derechos humanos y no discriminación a las y los candidatos registrados para contender por un puesto de elección popular.  

Explica la iniciativa que se trata de sensibilizar y dotar a las futuras bancadas y para que cuenten con herramientas para su función y servicio público en materia de género.

Ello puede mejorar las condiciones de igualdad e inclusión para mujeres, niñas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual, entre otros grupos que han sido marginados, expuso la proponente.

Se trata de modificar el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE, lo que podría prevenir actos de violencia política en contra de mujeres o población vulnerable.

Para lograrlo, dijo la legisladora de Morena, es indispensable la capacitación de las mujeres y hombres que aspiran a un cargo de elección popular, que conozcan las bases teóricas de los derechos humanos y muestren absoluta tolerancia, respeto y perspectiva de inclusión.

Ascencio Ortega señaló que con esta medida se enriquecerán las campañas políticas y se sentarán las bases para un mejor desempeño público de aquellos que resulten ganadores en las urnas, en favor de la ciudadanía.

La diputada aclaró que dicha reforma no se impone como un requisito para participar en una contienda electoral, toda vez que se podría alegar que vulnera los derechos políticos de votar y ser votado de las y los ciudadanos, bajo el argumento de que es un nuevo requisito no previsto en la Constitución.

Solo se establecerá como un mandato a la autoridad electoral, a fin de que imparta dichos cursos a las y los aspirantes, subrayó.

La iniciativa fue turnada de manera directa a la Comisión de Gobernación y Población con opinión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su estudio.

 SEM/sj