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Anuncia la consejera Carla Humphrey Jordán compromiso del INE para que violentadores no sean candidatos

  • Lorenzo Córdova dijo que para 2021 la meta es que la paridad sea efectiva 
  • Participan en la presentación de la Agenda Paridad Total en Querétaro

Argelia Guevara

SemMéxico. Cd. de México. 19 de agosto de 2020.- En las elecciones de 2021 deberá consolidarse la paridad entre mujeres y hombres que en números es mantener el 48.2 en la Cámara de Diputados; el 49.7 en los congresos locales y multiplicar por dos los ayuntamientos presididos por mujeres, es decir el 27.2 por ciento.

Así lo dijo el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello hoy en Querétaro, tras señalar que la apuesta es pasar de la paridad en las candidaturas a la paridad en los hechos, “esta es la gran apuesta” en el proceso del próximo año en que se celebrarán comicios en todo el país.

A su vez, la Consejera Electoral, de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Carla Humphrey Jordán, habló que por mandato de la Sala Regional se está  creando  un padrón de personas que violentan a las mujeres en el ámbito político, quienes no podrán formar parte de las listas electorales, lo que será público y conocido por todas las autoridades.

También habló de las inercias que atentan contra los derechos políticos electorales de las mujeres como el mal uso de los recursos para fomentar los liderazgos femeninos, obligación de los partidos políticos.

Destacó que la encomienda es garantizar la paridad horizontal y vertical, en todos los municipios donde habrá elecciones. Afirmó que ello emana de la reforma constitucional que garantiza la paridad, por lo que habrá de hacerse en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes de los estados. No obstante, advirtió es un reto parar la violencia política contra las mujeres en campaña o en funciones. 

Ambos participaron en la presentación de la Agenda 2020 Paridad en Todo celebrado en Querétaro.

Lorenzo Córdova dijo que esta vez se trata de consolidar el porcentaje de mujeres legisladoras a nivel local, por un lado, y de alcanzar la paridad en los ayuntamientos. 

Destacó que hay algunos legislativos, como en el estado de Morelos y reiteró que la gran apuesta es que, en septiembre de 2021 estemos celebrando que se logró la paridad total en la toma de legislaturas y en todos los cargos del país.

Comentó que estamos a escasos 18 días de que inicie el proceso electoral que volverá a ser, una vez más, el más grande de nuestra historia. Será por mucho, el mayor desafío técnico y logístico que haya enfrentado el andamiaje institucional que nuestra nación se ha dado para la recreación de la democracia.

Luego dimensionó lo que ello significa: el próximo 6 de junio de 2021, más de 95 millones de votantes podrán elegir más de 3 mil 526 cargos federales o 21 mil cargos, si se toma en cuenta todas aquellas posiciones al interior de los cabildos, de los organismos municipales que estarán en disputa. Además de 500 diputaciones federales, de 15 gubernaturas, de más de mil 60 diputaciones locales, de más de mil 900 ayuntamientos. 

Y esta competencia democrática nunca antes vista, por la cantidad de cargos que se definirán en las urnas es un reto frente a la complejidad del contexto en el que transcurrirá el proceso electoral., en medio de niveles de desempleo que no se habían visto en décadas, y en medio de una inédita incertidumbre, a propósito de la convivencia en espacio públicos a causa del COVID19. 

El Consejero Presidente del INE, dijo que esta es una oportunidad inmejorable para que superemos la última frontera en materia de paridad sobre todo en ayuntamientos, en donde la representación política todavía dista mucho de alcanzar lo que hemos visto en los ámbitos legislativos, tanto a nivel federal como a nivel local.  

 PADRON DE VIOLENTADORES

 La consejera electoral Carla Humphrey Jordán destacó que en Querétaro la legislatura está integrada con el 52 por, y que seis son jefas de ayuntamientos.

Hizo notar la importancia de la constitucionalización del principio de paridad electoral en la constitución en 2014, y dijo que eso que ahora se vive con cierta normalidad antes parecía una concesión graciosa de quienes legislan y de los partidos políticos.

Pero, advirtió que existen inercias buscando parar la legislación tanto local como nacional. Puso como ejemplo  cómo se escatima  el 3 por ciento de los recursos de  los partidos para capacitar y formar liderazgo de mujeres; la que deja desarrollar la violencia política contra las mujeres agudizada con el COVID19, para lo que es necesario prepararse en las próximas elecciones.

Ello, porque reflexionó que la violencia contra las mujeres ha aumentado mucho en el ámbito intrafamiliar, pero hay casos desafortunados donde se anuncia más violencia en el ejercicio de los derechos político electoral de las mujeres. Abogó por crear un cerco como Instituto, como autoridades electorales, en todo el país para prevenirla y erradicarla, con acciones y responsabilidades de las autoridades, pero también de las personas que integren el padrón de personas que violenten políticamente a las mujeres. 

Consideró que además de generar estos lineamientos, el padrón de violentadores  tiene la  misión de inhibir públicamente a las personas que cometan  violencia política y explicó que  la Sala Superior “nos mandata tener este registro para, en su caso, resolver cuáles son las consecuencias jurídicas de cada una de estas personas, como el limitar su acceso a una candidatura a un cargo de elección popular, fue cuando anunció  el registro público de las personas que ejercen violencia  y  que podrá  ser consultado por diversas autoridades,. El padrón se constituirá con personas condenadas en una sentencia firme por un tribunal electoral, o bien por una autoridad jurisdiccional, cuya resolución no fue impugnada. 

El tema de la violencia política de género sucede también en el mundo de las OPLES y el Consejo General, asuntos todavía no resueltos. En primer momento tendremos que acatar en sus términos la sentencia del Tribunal, ser un piso mínimo respecto de las condiciones de violencia que viven o vivimos las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos y, quizá ampliarlo en primer lugar obviamente, aquéllos que tengan una condena penal por violencia política. Tener una interacción con la Fiscalía de Delitos Electorales y también, por qué no, pensar en otros ámbitos. 

Textuales:

Ya hay una iniciativa por parte de diputadas de diversos partidos políticos, en el sentido de que también las personas que sean condenadas por violencia de género, tengan una consecuencia, o pueda tener una consecuencia en caso de que quieran postularse a un cargo de elección popular. 

Además, el INE tiene un desafío importante, porque tenemos que emitir lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género; tienen que tener en sus estatutos todas estas medidas que garanticen un acceso a la justicia partidaria, pero también sanciones y elementos de reparación en contra de las acciones de violencia política. 

Y, además, junto con otra sentencia de la Sala Superior que, me parece muy relevante, respecto a la omisión de un Congreso local de armonizar su legislación en materia de paridad de género, pero también de violencia política, mandata directamente a ese Congreso a legislar de manera inmediata, pero, sin embargo, para que las mujeres no se queden sin este parámetro de protección y de garantía de sus derechos, establece que los Organismos Públicos Locales, o ese en concreto, tenga que emitir unos lineamientos para cumplir estos parámetros respecto a la reforma constitucional y legal en esta materia. 

Y esto ofrece también una ruta muy clara para que cualquier Congreso del estado sepa que, sin importar que ellos no legislen en el tiempo correspondiente o adecuado para que las reformas se apliquen en el siguiente proceso electoral, habrá una serie de medidas que garantizarán que esa reforma en materia de paridad y de violencia política, se cumpla. 

Finalmente, uno de los retos más importantes que tendremos enfrente y para el que estaremos trabajando, es buscar la auténtica igualdad sustantiva, erradicar la violencia política, como ya lo había dicho, y tenemos tres semanas para tener claro el panorama, generar todos estos lineamientos que se nos obligan desde instancias jurisdiccionales, pero también que es una misión que, desde el INE se ha abanderado ya por muchos años, de generar condiciones igualitarias y libres de violencia para la participación política de las mujeres. 

La paridad de género es un principio constitucional que busca la igualdad entre hombres y mujeres, en el acceso a puestos de participación y representación política; es decir, no busca ni más, ni menos que una igualdad de derechos. 

La normativa indicada y la ley busca asegurar dicha participación igualitaria en candidaturas en el Legislativo, pero ya también en otros poderes del Estado, por ello, resultan fundamentales todo este marco que nos podemos dar como autoridades electorales y, desde la academia, para generar estas condiciones de participación igualitaria, en primer lugar, pero en condiciones seguras. 

La Paridad en Todo debe ser una garantía, no sólo normativa, sino también debe seguir permeando en los diversos actores políticos, para que la misma se materialice con hechos y que, con ello, logremos al fin ser una sociedad con igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Y me permito concluir con la frase de una escritora estadounidense Francés Wright que dice: “La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella”. 

Muchas gracias y cuenten, desde luego, con el doctor Córdova, con mi participación también desde la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y con todas nuestras compañeras y compañeros, para acompañarlas en esta Agenda Paridad 2020 y, por supuesto, para generar todas las sinergias, las acciones necesarias para garantizar la participación de las mujeres en condiciones igualitarias y de seguridad. 

La mirada distinta y profunda de las fotógrafas

  • 19 de agosto, Día Mundial de la Fotografía
  • Ellas se abrieron paso y han dejado sus huellas en las imágenes

Soledad Jarquín Edgar

Dedicado a María Jarquín, nombre artístico de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín (1990-2018)

SemMéxico, Oaxaca, 19 de agosto, 2020.- Hoy es el Día Mundial de la Fotografía y en la gran mayoría de los rincones del mundo la imagen que se viene a nuestra mente es la de un varón con su cámara en mano. Pero la historia de las mujeres está llena de nombres de mujeres que nos han dejado, en sus imagen, una mirada distinta.

Y sí, el Día Mundial de la Fotografía fue instituida porque fue un 19 de agosto pero de 1839 cuando Luis Daguerre presentó en la Academia de Ciencias de Francia el daguerrotipo, el dispositivo que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico, sería entonces el orígen de la fotografía.

En la fotografía, cierto, incursionaron los hombres, pero hay registros históricos interesantes que nos revela que desde aquel siglo XIX las mujeres fueron activas participantes de esta tarea, como SemMéxico lo ha expuesto mes con mes en sus Efemérides.

María Guadalupe Suárez, editora, propietaria y autora del Álbum Fotográfico de México (1882). Ella fue la primera en instalar un estudio fotográfico en la Ciudad de México (1881) que se ubicó en la calle de Chiconautla número 3 (actual República de Colombia) en el centro. Las composiciones fotográficas tienen puntos de vista diferentes a las utilizadas por otros fotógrafos de la época, como en el caso de la hacienda La Castañeda, donde la fotógrafa la toma extremadamente abierta, como refiere el artículo de Laura Castañeda García (Posgrado en Artes y Diseño. Escuela Nacional de Artes Plásticas. UNAM/2014). El 28 de mayo de 2011 se difundió su obra fotográfica.

Sara Castrejón, considerada la primera fotógrafa que documentó la Revolución Mexicana. Nació en Teloloapan, Guerrero, el 16 de agosto de 1888. Una de las fotografías tomada a los jefes maderistas, se convirtió en tarjeta postal, la primera en su género. Dejó de existir el 4 de noviembre de 1962, en su natal Teloloapan.

Fotografía de Sara Castrejón

Natalia Baquedano, abre un 15 de enero de 1898 su Estudio Fotografía Nacional. Ganó popularidad con sus retratos de flores. Hizo un registro fotográfico de su hermana Clemencia durante toda su vida.

Berenice Abbott, quien nació en Springfield, Ohio, Estados Unidos, un 17 de julio de 1898, fue una de las pocas mujeres que logró realizar exposiciones individuales de su trabajo en varias galerías importantes de París, durante el decenio de 1920. Trabajó como asistente de laboratorio del fotógrafo surrealista Man Ray quien ejerció gran influencia sobre ella. En su primera etapa se cultivó el retrato de personalidades célebres. Posteriormente, trabajó en la edición de libros y se dedicó al estudio, desde la fotografía, de los fenómenos físicos. Uno de sus aportes más significativos es el ensayo titulado “Changing New York”, sobre las distintas etapas de la evolución de la arquitectura neoyorquina. Falleció el 9 de diciembre de 1991 en Manson, Maine.

Fotografía de Tina Modotti

Tina Modotti, nació en Udine, Italia, un 17 de julio 1896, quien desarrolló una importante carrera en el ámbito de la fotografía y fue considerada precursora de una escuela de fotografía en México, donde se estableció en la década de los años veinte cuando viajó con Edward Weston, quien será su maestro de fotografía y pareja. Con su lente capta imágenes fundamentales del México de ese entonces, donde el sentido social la lleva a descubrir la miseria y la injusticia. Militó en el Partido Comunista al que se afilió en 1927. Fue expulsada de México acusada de ser parte del asesinato contra el el presidente Pascual Ortiz Rubio, por lo que es expulsada del país. En Europa es una activista política más que una fotógrafa. En España forma parte del Quinto Regimiento (1934) durante la Guerra Civil. Regresa a México en 1939, donde el presidente Cárdenas anula su expulsión. Tina murió en un taxi mientras viajaba de regreso a su casa, debido a un paro cardiaco, el 5 de enero de 1942, tenía 46 años. La escritora mexicana Elena Poniatowska escribió el libro Tinísima (Era, 1992).

Gerta Taro, pionera del periodismo gráfico de guerra, nace el 1 agosto de 1910 en Stuttgart, Alemania. Cubrió la Guerra Civil española. Murió la madrugada del 26 de julio de 1937, luego de sufrir un accidente automovilístico. Su cuerpo fue reconocido por Rafael Alberti y María Teresa León dirigentes de la Alianza de Intelectuales Antifascistas de Madrid. Su vida de poco menos 27 años terminó entonces pero su obra sigue vigente, su obra está expuesta desde 2016 al aire libre, aunque inicialmente solo era parte f/stop photography festival de Leipzig y la maleta con los negativos de su obra y otros dos fotógrafos están en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York y una calle de París lleva su nombre a partir de 2019.

Mariana Yampolsky, es mexicana naturalizada en 1954, pero nació en Chicago, un 6 de septiembre de 1925.En México, donde ingresó a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Una de las primeras mujeres en formar parte del Taller de Gráfica Popular donde fotografió artistas, la obra fue publicada en el libro Doce años del Taller de Gráfica Popular. Fundó el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras del IPN y coeditora del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana y del salón de la Plástica Mexicana. Coedita con Leopoldo Méndez, de Lo efímero y lo eterno del Arte Popular de México, compilación de la vida, danza, ceremonias y creatividad de la gente del campo. Sus imágenes fueron publicadas en los libros: La casa canta, La casa en la tierra, La raíz y el camino, Tlacotalpan, Estancias del Olvido y The Edge of the Time. Murió en mayo de 2002. (https://n9.cl/c0hp)

 María Santibáñez, de era de origen oaxaqueño, es considerada la primera mexicana que hace de la fotografía un oficio. El 1 de junio de 1927, la revista Mujer, Periódico independiente para la elevación moral e intelectual de la mujer. Con su trabajo podemos hoy conocer a las mujeres de la época. En 1927, el Universal Ilustrado realizó un concurso que ganó, esto le permitió darse a conocer y evitó que su estudio cerrara y también le permitió publicar en Jueves de Excélsior y Revista de Revistas.

Fotografías de María Santibáñez

Agnès Vardá, cineasta, fotógrafa y guionista, considerada como una pionera del cine hecho por mujeres y del cine feminista, nació en Bruselas el 31 de mayo de 1928. Recibió diversos premios, el León de Oro del Festival de Cine de Venecia por la película Sans toit ni loi (1985); el Premio René Clair de la Academia Francesa (2009) por su biografía documentada en Las playas de Agnès, así como un Oscar Honorífico en 2017 por su trayectoria. Murió en París el 29 de marzo de 2019.

Fotografía de Kati Horna

Kati Horna, nació en Budapest el 19 de mayo de 1912. Inició su trayectoria en Paris realizando reportajes para la agencia francesa Agence Photos. Como reportera de guerra “cubrió” como se dice en el argot periodístico la guerra civil española. Son famosas sus fotografías próximas al surrealismo. En México llegó en 1939 y colaboró con diversas revistas y como profesora de fotografía en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM (1973-1999) y en la Universidad Iberoamericana. Entre sus foto-reportajes más destacados se encuentran: La Castañeda (1945), Fetiches de S.nob (1962), Sucedió en Coyoacán (1962), Mujer y Máscara (1963) y Una noche en el sanatorio de muñecas (1963). Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2000.

Fotografía de Ruth D. Lechuga

Ruth D. Lechuga, quien nació en Viena, Austria, un 6 de febrero de 1920 y huyendo de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial llegó a México en 1939. Médica por la UNAM. Donó una vasta colección de fotografías y artesanías al Museo Franz Mayer, misma que reunió entre 1940 y 2000. Murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2004.

Vivian Maier, nacida en Nueva York, el 1 de febrero de 1926, inmortalizó la vida cotidiana de Nueva York de mediados del siglo pasado. Trabajo que combinó con su actividad como niñera. Al paso del tiempo se convirtió en una mujer solitaria que viajó a lo largo y ancho del mundo con su cámara a cuestas. Su obra se ha expuesta en galerías de todo el mundo y se han realizado varios documentales y libros. El 21 de abril de 2009, falleció sola, en un asilo de ancianos.

Aurora Eugenia Latapí gana el 20 de agosto de 1931 el cuarto lugar del Concurso Artístico Tolteca, convocado por la Revista Cemento, la empresa cementera y el periódico Excélsior, con su trabajo Chalchiuhtlanetzin. Nació en 1911 en la ciudad de México, estudió fotografía alentada por su madre Aurora Esteva, quien le regaló su primera cámara en 1926. En diciembre de 1929 participó en la exposición colectiva “Guillermo Toussaint y 11 fotógrafos mexicanos en la Galería de Arte Mexicano. En noviembre de 1931 exhibió 50 fotografías en la Exposición Fotográfica Jiménez-Latapí en la Galería Excélsior. A mediados de 1950 se convirtió en la primera mujer en ingresar al Club Fotográfico de México, donde a decir de ella, “la pusieron a hacer todo lo que los fotógrafos no querían hacer…”. Ese mismo año fundó y presidió el Salón Femenil dentro del Club Fotográfico de México. Esa misma década tuvo su propio estudio Foto Cui. Sus fotografías destacan por su encuadre diagonal y la impresión en plata gelatina. Falleció en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 2000.

Lourdes Grobet, quien nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1940, realizó en 2005 fotografías del Polo Norte. Su obra se ha publicado en libros, folletos y grandes ediciones. Destacó por su serie de mujeres luchadoras.

Graciela Iturbide nació en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1942, estudió en el CUEC, con Manuel Álvarez Bravo, con quien trabajó entre 1970 y 71. En 1978 fotografío para el Instituto Nacional Indigenista al pueblo Seri. En 1989 publicó Juchitán de las Mujeres, producto de su trabajo en esa localidad. Desde principios de los 80 y hasta el 2000 viaja por diversos países. Realizó diversas exposiciones, una de ellas sobre la historia de las fotógrafas en México en el Museo de Arte Moderno. Entre los premios obtenidos destaca el W. Eugene Smith Memorial Fundation (1989), el Grand Prize Mois de la Photo, Paris (1988) y el International Grand Prize, Hokkaido, Japón, entre otros.

Fotografía de Graciela Iturbide

Luz Graciela González Montes, mejor conocida como Lucero González, nació en la Ciudad de México, aunque sus orígenes son oaxaqueños, el 18 de abril de 1947. Además de fotógrafa, es socióloga y feminista que se unió al movimiento de liberación de la mujer en la década de los setenta y al Colectivo La Revuelta. En ese camino ha impulsado la creación de distintas organizaciones entre ellas Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano en América Latina, Semillas y GIRE, en 2007 fundó el Museo de las Mujeres Artistas Mexicanas. Como fotógrafa es una convencida de que la personalidad de la gente está en algún punto de la imagen. Su obra Mi hija yo misma es considerada como una de las obras maestras del arte feminista en México.

Yolanda Andrade, nació en Villahermosa Tabasco el 22 de mayo de 1950. Con su trabajo ha documentado manifestaciones, marchas o mítines de diversas índoles, políticas, culturales, de derechos humanos, del orgullo homosexual, de mujeres, de apoyo a diversas causas, o de carácter religioso. En Modelo Fotográfico se ve representado el movimiento homosexual y en Región Mujer documenta el movimiento feminista. El 30 de agosto de 2012 recibió la Medalla al Mérito Fotográfico. Se educó en el Visual Studies Workshop en Rochester Nueva York en 1976. En 1993 y 1997 recibió una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México y en 1994 la beca conmemorativa de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Nació en Tabasco el 22 de mayo de 1950.

Fotografía de Frida Hartz

Frida Hartz es fotoperiodista mexicana nacida en la ciudad de México un 25 de noviembre de 1960. Dicho por ella misma sostiene que sus temas fotográficos, aparte “de la cuestión documental de corte social, han sido retratar las condiciones de vida de las mujeres del campo, de la ciudad, las trabajadoras, las amas de casa, la violencia, la inequidad y todo lo que tiene que ver con este sector de la sociedad que representa un mayor porcentaje de la sociedad mexicana”. Fue una niña que soñó con ser fotógrafa, a los 12 tuvo su primera cámara. Su ensayo fotográfico La pólvora maya ha sido expuesta en más de 20 países. Colaboró de forma independiente con varios medios y tuvo una destacada participación como fotógrafa durante la insurrección del Ejército Zapatista en Chiapas (1994) para el diario La Jornada.

Paola Dávila Pineda construye fotográficamente las imágenes, es como repetir la experiencia de su vida. Ser la artista que es, le significó mucho esfuerzo porque también el talento se construye. Nació en Oaxaca el 26 de octubre de 1980. Estudió Artes Visuales en la Universidad Autónoma de México y descubre su destino como fotógrafa en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (Cd. de Oaxaca) donde se hace fotógrafa de la mano de Domingo Valdivieso Ramos, Jorge Acevedo y Vittorio D´Onofri, sus primeros maestros. Obtuvo una mención honorífica en el Tercer Concurso Universitario ENEAP, luego la beca Jóvenes Creadores del Foesca. En su historia tiene varias exposiciones individuales o colectivas en museos o galerías en la ciudad de México en Nueva York, en Houston o en Sinaloa, en Testaccio, Roma, o en Yucatán, en Oaxaca o en la República Checa, en Austria o en San Miguel de Allende, entre otros. En 2017 fue designada Ciudadana Distinguida de Oaxaca de Juárez.

Herminia Dosal, fotógrafa, feminista mexicana. El 21 de junio de 1983, junto con las artistas Mónica Mayer Lucido y Maris Bustamante, crean Polvo de Gallina Negra, primer grupo de arte feminista, dedicado a analizar la imagen de las mujeres en el arte y en los medios de comunicación, y a demandar políticas públicas para abrir oportunidades a pintoras, músicas, bailarinas y actrices. 

Fotografía de Herminia Dosal

Pareja del mismo sexo logró registrar en Morelos a un menor como hijo suyo, tendrá el apellido de las dos madres

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  • Ahora podrá  tener las prestaciones de ley 

Estrella  Pedroza 

SemMéxico. Morelos. 19 de agosto de 2020.- Lucas,  se  convirtió en el primer menor en Morelos  registrado legalmente como hijo de  una pareja del mismo sexo;  Yaneli y Sofía,  emprendieron una lucha jurídica  para garantizar todos los derechos a su bebé y sentaron precedente para que otras parejas igualitarias no enfrenten la misma problemática. 

Fue  el Juzgado Primero de Distrito  donde se  dictó sentencia a favor de la pareja , luego de  un año de haber iniciado  un proceso  jurídico y de batallar  con una larga lista de  trámites en dónde sufrieron discriminación.

Debido a las  lagunas legales para registrar a hijos de familias igualitarias, el Ayuntamiento de  Cuernavaca les negó el trámite y por ende el acta de  nacimiento del bebé con  argumentó que de esa forma se protegían los derechos del menor . 

 Lucas nació el  2 de julio del  2019,  es hijo biológico de  Sofía y  durante  un año  perdió el derecho a tener guardería, seguro social, control del  niño sano,  derecho a  fórmula, seguro de  gastos médicos  mayores, entre otras prestaciones por no tener los  apellidos de sus madres y una acta de nacimiento con los  apellidos de  sus madres. 

“En ese  tiempo estuvo totalmente desprotegido, sin derecho a nada y puedo  haber enfermado o contagiarse de  COVID  pero  porque legalmente no tenía una identidad  no tenía ninguna protección y  tuvimos que pagar dinero que tal vez en ese momento no teníamos”, dijo Sofía. 

Este miércoles, Yaneli y Sofía,  acudieron al  Registro Civil número 01  de Cuernavaca, situado  en la sede oficial del  Ayuntamiento, para finalmente registrar al pequeño de un año y un mes de edad. 

Después de un breve procedimiento,  les entregaron el acta de nacimiento. 

En este  contexto,  las  madres hicieron un llamado a las autoridades municipales  y estatales, del Poder  Judicial e incluso de la  Comisión de  Derechos Humanos del Estado de  Morelos a que faciliten el proceso a las  familias igualitarias. 

“Me gustaría que les dieran más facilidades a las parejas, hubo discriminación,  y aseguran que  defienden los derechos de los  niños pero en realidad  se los violentan”, dijo, Yaneli.  

La pareja se dijo contenta de  haber logrado sentar  un precedente jurídico que podrá  facilitar el proceso a otras parejas igualitarias y recordaron que  cuando ellas  iniciaron esta lucha fue muy complicado porque no había ningún antecedente. 

Agradecieron la  colaboración y respaldo de  Violeta Sánchez Luna, titular de la   Dirección de Atención a la Diversidad Sexual del  Gobierno de Morelos, “fue la única que nos acompañó en todo el proceso porque los colectivos de la diversidad  sexual nos dieron la espalda”, coincidieron por  separado.

Por su parte,  Violeta Sánchez Luna, titular de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual del  Gobierno de Morelos, explicó que  la sentencia declaró   insubsistente  el  documento  donde les negaron el  registro(que significa que no está  jurídicamente  fundado y motivado) “es un asunto de  interpretación”. 

Indicó que  ahora se analizará si es viable  que se  legisle  en el Congreso del Estado para que se establezca lineamientos  claros  que  permitan el registro de hijos de parejas del mismo sexo o para que los municipios  en el Registro Civil se  modifiquen los  criterios  y  se  evite que las parejas  tengan que  iniciar  un proceso jurídico que  al final van a ganar  porque ya existe un antecedente que es el caso de Lucas. 

Dominicana: Trabajadoras domésticas en tiempos de COVID-19 y cambio de Gobierno

Mercedes Alonso

SemMéxico/SEMlac. Santo Domingo. 19 de agosto de 2020.- Entre las más de 300 mil trabajadoras domésticas de la República Dominicana se halla Jenifer Rosario Mercedes, la segunda de cuatro hermanos y madre de 4 hijos. Para ella, esta labor constituye su propósito de “echar ´palante a su familia”, aunque reconoce que pertenece a ese gremio de personas dejadas al margen de la protección del Estado dominicano.

A sus 36 años habla con orgullo de cómo aprendió junto a su madre a trabajar desde los 12 años, en un comedor donde fregaba y ayudaba a servir la comida. “A veces llevaba los almuerzos a la zona franca junto al motorista encargado de transportar los alimentos que yo misma ayudaba a cocinar”, explica. 

En República Dominicana, el trabajo doméstico sigue siendo una solución para las mujeres más humildes, que constituyen aproximadamente el 5.6% de la mano de obra ocupada.

Dos veces a la semana, lunes y jueves, Rosario Mercedes dirige sus pasos a la casa donde brinda sus servicios en la capital dominicana, Vive lejos, en uno de los barrios marginales y pobres; pero, llega a su hora, puntual, como ha aprendido que debe de ser, y los fines de semana trabaja en el hospital Marcelino Vélez Santana, ubicado en el municipio de Santo Domingo Oeste. 

“En el hospital pagan muy poco, aunque hago limpiezas profundas en el quirófano, donde las medidas de higiene son vigiladas por un superior. Me ocupo de mantener todo esterilizado. Pero ese dinero no me alcanza. Imagínese, me uní al padre de mis hijos desde los 15  años. Primero tuve a la niña, que ya cumplió 19 años. Ella es la que cuida a sus tres hermanos, dos de ellos mellizos, en lo que yo hago mis oficios. Por suerte tengo este trabajito como doméstica, porque mi esposo gana muy poco y hay que mantener a todos en la casa”.

La historia que narra nuestra entrevistada es similar a la del resto de las trabajadoras domésticas en el país, muchas de las cuales son madres solteras, protagonistas de esta labor que se ha complicado en estos tiempos de la epidemia, al enfrentar la incertidumbre de cómo sostener a sus hogares. No obstante, reitera sentirse dichosa porque en la casa que trabaja como doméstica le permitieron continuar, tomando todas las medidas posibles de precaución. Pero, muchas dominicanas no han corrido igual suerte en estos tiempos del COVID-19.

Rosario relata que su vida ha estado plena de sacrificios y pérdidas, como aquella vez, cuando junto a su esposo armó una pequeña cafetería en la casita donde vivían, y tuvieron que dejarla porque los dueños vendieron el sitio con ellos dentro. Fue el momento en que, nacido su segundo hijo y embarazada de trillizos, perdió uno de ellos y, encima, fueron desalojados del terrenito que habían logrado comprar.

“Gracias a Dios nacieron los mellizos y junto a mis otros dos hijos, continúo con los dos trabajos y espero que este nuevo gobierno que acaba de comenzar, me devuelva el terreno que me quitaron, porque mucho nos ha costado rodar de un sitio a otro y, encima, vivimos ahora con miedo por este virus que se ha propagado en el país y ataca a todos”. 

Nuevo Gobierno

Este 16 de agosto tomó posesión de la primera magistratura del Estado, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, quien ha prometido un nuevo estilo de gobierno. Jenifer Rosario Mercedes confiesa tener esperanzas en que sucedan verdaderos cambios en el país. En realidad miles de domésticas han sido suspendidas y canceladas desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el virus, de acuerdo a datos publicados por la Asociación de Trabajadoras del Hogar.

Poco antes del cambio de Gobierno, los reclamos del Foro Feminista, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, la Asociación de Mujeres Amas de Casa y la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, ante los despidos y suspensiones, hicieron que la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández se comprometiera con buscar una solución para ese sector y se pronunciaron por la necesidad de reivindicar los derechos de estas empleadas, a partir de la reafirmación y cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece en 27 artículos una serie de regulaciones que van desde un régimen de salario mínimo hasta lo relativo a la protección de la seguridad social para las trabajadoras en casas de familias.

La propia Cedeño aseveró que pese a que ese acuerdo fue ratificado por el Congreso Nacional en el 2016, nunca se ha puesto en práctica: “El incumplimiento de este Convenio por parte de algunos sectores de la sociedad, ha llevado a que muchas mujeres hayan quedado desprotegidas durante esta crisis”, subrayó la otrora vicemandataria.  

Tampoco estas mujeres han sido beneficiadas por el Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados (FASE), ni de “Quédate en casa”; por lo que Margarita Cedeño solicitó un listado de las canceladas y suspendidas para verificar la pertinencia de su integración a este último programa de ayuda temporal para el sector informal. El tema sigue inconcluso. 

Si bien Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, catalogó de positivo el anuncio de la vicepresidenta de la República, consideró que “el Gobierno no tenía necesidad de esperar por más de dos meses para ayudarnos…Estábamos siendo olvidadas sin ningún tipo de protección, no habíamos sido ni incluidas ni mencionadas en ninguno de los programas de ayuda. Ya era hora”, dijo.

En realidad, como aseguró Pérez “la crisis ha provocado que las canceladas busquen otras formas de generar ingresos, como brindar sus servicios a vecinos o familiares. Muchas de ellas le tienen más miedo a no poder llevar el pan a sus hogares que al mismo coronavirus. Están viviendo días muy grises, pero se las arreglan como pueden porque hay bocas que alimentar”.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), de esa cifra que oscila en más de 300 mil trabajadores, el 96% son mujeres, en su mayoría, jefas de familias o madres solteras. 

Los reclamos continúan, voces como las de Eulogia Familia, vicepresidenta y encargada de Equidad de Género de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), se alzan para asegurar que “la necesidad más importante para ese sector es lograr que se les incluya en la Seguridad Social y que al ser canceladas la ley contemple pagos de prestaciones laborales: “Es duro cuando una trabajadora pasa 20 años en un hogar y lo único que le dicen cuando ya no puede seguir dando el servicio es gracias. Es un trabajo como cualquier otro, deben haber leyes que nos protejan”, observó.

Se conoce, según datos ofrecidos por la CNUS, que el 80% de estas trabajadoras reciben salarios iguales o inferiores a RD$6,000 mensualmente (alrededor de 100 dólares), aun cuando la canasta básica alcanza aproximadamente los más de 400 dólares al mes. “No se les paga horas extras, ni les corresponde el incentivo del 15% por la jornada nocturna. Actualmente, llevamos a cabo una campaña virtual para que la población y las autoridades hagan conciencia sobre los derechos de estas trabajadoras”, reveló Familia y agregó:

“Esta crisis mostró que los derechos de las trabajadoras domésticas no han sido una prioridad para el Gobierno. Aunque hemos reclamado por años, tuvo que venir una crisis para que nuestra voz sea escuchada”, concluyó.

Debido a la situación de la epidemia provocada por el COVID-19, el Gobierno dominicano dispuso medidas de distanciamiento social, el cierre de negocios no esenciales, así como un estado de alarma para evitar la propagación del virus. 

Tanto Jenifer Rosario Mercedes, como miles de trabajadoras domésticas más, tienen la mirada fija en el nuevo Gobierno: 

“Espero que este Presidente que acaba de empezar nos ayude. Sueño con que mi hija mayor, que cumplió 19 años, termine sus estudios y pueda alcanzar los niveles que yo no pude. En mi caso, rezo porque en la casa donde trabajo me sigan considerando bien y que algún día, en el hospital valoren mi trabajo, que hasta ahora ha sido reconocido por todos, y pueda pasar a otra área que no sea la de limpieza”. 

“Pese a que la Constitución dominicana reconoce al trabajo del hogar, como una actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza y bienestar social”, en su artículo No. 55, inciso 11, las personas que se dedican a esta labor continúan desprovistas de garantías que de forma efectiva les permitan disfrutar derechos, como lo son horario definido, salarios mínimos, indemnizaciones en caso de despidos injustificados; así como otros derechos laborales”, afirmó la ATH en un comunicado publicado por la prensa nacional.

Delito grave violencia de género cometida por servidores públicos, proponen en Guerrero

Josefina Aguilar Pastor  

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 19 de agosto de 2020.- Norma Otilia Hernández Martínez, diputada local de Morena, propuso, establecer como falta grave, en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, la violencia de género, y abuso de poder, que comentan servidores públicos, en contra de las mujeres.

En la sesión de este miércoles, la diputada local, presentó la propuesta de adición al artículo 57de la ley de responsabilidades administrativas del Estado de Guerrero, encaminada a sancionar los casos de servidores públicos, quienes en el amparo de su cargo, cometen violencia de género en ejercicio de sus funciones, hacia las mujeres y posteriormente contra sus parejas.

“Que el cometer violencia de género constituya una razón de peso, por ello se propone considerar como falta grave; con ello el servidor público deberá responder ante su actuación y los hechos que denoten la omisión de los principios deontológicos del servicio público y sobre todo por la evidente violación a los derechos humanos de las mujeres”, argumentó Hernández Martínez.

La propuesta, que fue turnada a la Comisión Para la Igualdad de Género para su análisis y dictaminación; establece que será responsable el servidor público que en ejercicio de sus funciones, ejerza violencia contra las mujeres, considerándola como una falta grave de abuso de funciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.

Refirió que de acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), en México se registraron 508 mil 186 casos de violencia contra la mujer; mientras que en el estado de Guerrero, se registró un total de 5 mil 16 casos para el año 2019.

Agregó que el indicador de tipo de violencia contra la mujer, indica que la psicológica es la más común en Guerrero, con alrededor de 2 mil 300 casos registrados. La segunda es económica, con mil 500 expedientes iniciados, la física, con unos mil 200 casos; la violencia matrimonial y sexual, posteriormente.

Hernández Martínez no dejó de mencionar los distintos documentos y tratados internacionales que existen para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, y pese a ello, no se ha logrado garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Dijo que una de las principales razones para ello, es el propio sistema de justicia en el que prevalece la  impunidad. 

Lo grave de las distintas manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres, exige acciones urgentes para atender y proteger a las víctimas y garantizar que el Estado cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores, en este caso quienes funjan como servidores públicos, acotó la legisladora. 

Se generaliza la violencia política contra las mujeres: INE obligado a evitarlo

  • Ominoso caso se deja impune en Durango, como en otras entidades
  • El tribunal electoral del estado eximió al violentador, José Antonio Ochoa Rodríguez 
  • Advierte de la problemática la Consejera Electoral Adriana Favela Herrera

 Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 19 de agosto de 2020.- La violencia política contra las mujeres, en funciones de legisladoras o en el ejercicio de un cargo de elección, se está generalizando en México, “los casos abundan”, dijo la consejera electoral Adriana Favela Herrera luego de afirmar que las autoridades electorales tienen la obligación de evitarla y sancionarla.

Lo más grave, explicó al poner ejemplos es que sucede entre pares, así  habló de lo sucedido  en  algunos estados del país como  Tlaxcala, Puebla y , Morelos, ello durante su participación en el foro de análisis de sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Durango,  ayer denominado “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, Organizado por Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente Renacedi y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC.AMCEEAC.

En Durango, apenas en junio pasado, mientras la OPLE ordenó una sanción a un diputado que incurrió en el delito de violencia política contra las mujeres, el Tribunal Electoral del Estado prácticamente los eximió de responsabilidad. “Y no ha pasado nada” hasta ahora, dijo la integrante del Consejo General del INE. Como no ha pasado nada, puntualizó, en esas otras entidades, con el argumento del derecho parlamentario. Cómo no ha pasado nada, tampoco en el Congreso del país.

Lo que se examinó fue la denuncia del 5 de junio de 2020 de la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, jefa de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Durango, contra el diputado local José Antonio Ochoa Rodríguez, quién en forma ofensiva, “machista”, elocuente, en respuesta a un diferendo en el Congreso, le puso en su curul una carpeta de huevos, y un letrero que decía “para que cumplas con tu palabra”. 

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En la foto se observa al Diputado denunciado aproximándose a la Mesa Directiva, específicamente al lugar que ocupa la Diputada Sandra Lilia Amaya Rodríguez depositando una cartera de huevos en su lugar, como se muestra en la imagen

La queja, investigada por SemMéxico, se presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, y se denunciaron expresiones de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para ello, según sus facultades que tiene el Instituto, pidió al Congreso medidas cautelares y la sugerencia de separar del cargo al diputado local, quien al impugnar ante el Tribunal fue eximido de responsabilidad.

La consejera Favela Herrera advirtió que no es legal que el Tribunal argumente que es no tiene facultades para  resolver los procedimientos especiales sancionadores  y no podía pronunciarse en relación con un “supuesto”, ya sancionado por el OPLE, caso de violencia política contra de una diputada local, porque los actos los ocasionó, aparentemente otro diputado del estado. 

Esta conducta hay que pararla, dijo, y señaló que seguirá sucediendo “si no cambiamos nuestra forma de pensar”

Violacion a la ley 

El 13 de abril de 2020 se estableció el tipo penal de VPGM y se modificaron diversas leyes, donde es superior este mandato sobre el llamado derecho parlamentario argumentado por el diputado local José Antonio Ochoa Rodríguez que dio lugar a la resolución del tribunal. La conducta en que ocurrió está perfectamente establecida como violencia política contra las mujeres.

Además de Artículo 20 Ter, fracciones IX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala expresamente lo siguiente:

“ARTÍCULO 20 Ter. -La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: […] IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos; (…]” a)    Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas.

Así la expresión verbal o visual referida a los “huevos” – típicamente mexicana- tiene un significado ofensivo ya que pretende tener consigo un aire de burla e insulto al mismo tiempo, “la ironía que trae consigo esta grosería condiciona al ofensor un grado de supuesta superioridad sobre el ofendido”. Además que esa conducta se hace efectúe con base en estereotipos de género. Justo a un lado de la Diputada ofendida, se encontraba el Diputado Iván Gurrola Vega, quien pertenece al mismo partido político Morena.

Lo que dijo el OPLE es que la conducta desplegada afecta desproporcionadamente a las mujeres, pues, como se señaló antes, (en su resolución) los testículos son una característica fisiológica intrínseca al sexo masculino, y en el contexto de la frase, se enarbola para destacar alguna cualidad positiva, en detrimento de quien no los tiene. De hecho, es válido afirmar que la misma conducta realizada y que hoy se combate, no habría tenido el mismo efecto denigrante de haberse realizado entre dos hombres. 

Es pertinente decir que tanto la Ley de Procedimientos Electorales, como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, le confieren a este Instituto (el Instituto Local Electoral) la competencia para su instrucción y resolución, atendiendo al principio de supremacía jerárquica de las normas.

Así, el objetivo del diputado local buscaba de menoscabar la imagen pública de la diputada de Morena o limitar o anular sus derechos: la conducta realizada por la parte denunciada se llevó a cabo en una sesión de carácter público del Congreso del Estado, que además se transmite en línea abierta para toda la ciudadanía, mediante la red oficial de Facebook de dicho Congreso. 

A pesar de que el diputado denunciado exhibió una disculpa, en sus redes sociales (Facebook y Twitter), esto no conlleva a una atenuante de sus acciones.

Hechos

Sandra Lilia Amaya Rosales, Diputada del Congreso del Estado de Durango, presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, un escrito de queja, mediante el cual denunció probables expresiones de violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuibles al Diputado local José Antonio Ochoa Rodríguez. Esto en el Congreso Local

Medidas cautelares

De acuerdo a las consideraciones que han sido narradas, solicitó se decreten de inmediato las siguientes medidas de protección: Realizar el análisis de riesgos y un plan de seguridad.” (Sic)

La Comisión aprobó la medida cautelar:

  •  Se estima pertinente establecer un plan de seguridad a favor de la Diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, con el propósito de proteger sus derechos políticos, en tanto se resuelve el fondo del asunto, bajo los siguientes términos:

1. A quien presida las sesiones de la Comisión Permanente u otros órganos del Congreso del Estado, en donde concurran las partes en el procedimiento identificado al rubro, se le conmina a que en el desarrollo de las mismas, garantice que se cumplan las disposiciones internas respecto al orden y el respeto en las deliberaciones, con el fin de prevenir conductas similares a la denunciada

2. Que el Diputado José Antonio Ochoa Rodríguez, en el ejercicio de su derecho parlamentario, se abstenga de realizar señalamientos, expresiones o utilizar simbolismos, que puedan constituir violencia política en razón de género, hacia la quejosa Sandra Lilia Amaya Rosales.”

Improcedencia

El diputado sostuvo entonces  la  demanda  debe de ser desechada de plano, cuando los hechos denunciados no sean constitutivos, de manera evidente, de una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo, o bien, cuando la denuncia sea evidentemente frívola.

Sin embargo el Instituto Electoral recordó que con fecha trece de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en donde se reformó -en lo que interesa- lo siguiente:

Derivado de la reciente reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, es claro que las leyes locales no contemplan aún la violencia política contra las mujeres bajo esa vertiente, como una materia que deba sustanciarse a través del Procedimiento Especial Sancionador; sin embargo, tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, le confieren a este Instituto la competencia para su instrucción y resolución, atendiendo al principio de supremacía jerárquica de las normas.

Análisis de la conducta denunciada

“En la sesión del pasado viernes, – aludiendo a la reunión de la Comisión Permanente del Congreso Local- y derivado de la actuación mezquina, ilegal y abusiva de los Diputados que integran los grupos parlamentarios de MORENA, se aprobó un dictamen que a todas luces es inconstitucional…no es permitir que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, llegue a presidir el tercer año de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Congreso, le tienen miedo al Partido Acción Nacional, tal acuerdo que quedó aprobado y firmado de su puño y letra por los coordinadores de los grupos parlamentarios …

Hoy se sabe qué vale la palabra de muchos de nuestros compañeros diputados muy poco, y hoy se ve también cuánto respetan estos acuerdos, es por eso que, como en el Partido Acción Nacional, tenemos los que se amerita, les venimos a entregar este artículo, aquí se los voy a dejar” …

… se observa al Diputado denunciado aproximándose a la Mesa Directiva, específicamente al lugar que ocupa la Diputada Sandra Lilia Amaya Rodríguez depositando una cartera de huevos en su lugar, como se muestra en la imagen.

La cartera de huevos que el Diputado denunciado entregó a la actora, tenía la leyenda “para que cumplas tu palabra”.

  • La Diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, es Coordinadora del Grupo Parlamentario Morena. 
  •  Al momento de entregar la cartera de huevos, la Diputada tenía a su lado a una persona del sexo masculino, siendo este el Diputado Iván Gurrola Vega, integrante también del grupo parlamentario de Morena 

b) Que la conducta anterior, se efectúe con base en estereotipos de género. Justo a un lado de la Diputada ofendida, se encontraba el Diputado Iván Gurrola Vega, quien pertenece al mismo partido político Morena.

La conducta desplegada afecta desproporcionadamente a las mujeres, pues, como se señaló antes, los testículos son una característica fisiológica intrínseca al sexo masculino, y en el contexto de la frase, se enarbola para destacar alguna cualidad positiva, en detrimento de quien no los tiene. De hecho, es válido afirmar que la misma conducta realizada y que hoy se combate, no habría tenido el mismo efecto denigrante de haberse realizado entre dos hombres. 

c) Lo anterior, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos: la conducta realizada por la parte denunciada se llevó a cabo en una sesión de carácter público del Congreso del Estado, que además se transmite en línea abierta para toda la ciudadanía, mediante la red oficial de Facebook de dicho Congreso. 

A pesar de que el diputado denunciado exhibió una disculpa, en sus redes sociales (Facebook y Twitter), esto no conlleva a una atenuante de sus acciones.

Resuelve el Tribunal

PRIMERO. Se tiene por acreditada la violencia política en razón de género, denunciada por la Diputada Sandra Lilia Amaya Rosales.

SEGUNDO. El H. Congreso del Estado de Durango, en ejercicio de sus atribuciones, determinará la sanción por la conducta acreditada en el presente Procedimiento Especial Sancionador. Una vez hecho lo anterior, notifíquese a este Instituto.

TERCERO. Se apercibe al Diputado Local José Antonio Ochoa Rodríguez, que, de incurrir nuevamente en una conducta similar o idéntica a la que fue materia de la presente resolución, o en caso de incumplimiento de la sanción que, en su caso determine el Congreso del Estado de Durango, se procederá de inmediato a ordenar su separación del cargo, en función del interés superior de la víctima. 

Pero no sucedió nada hasta este 18 de agosto, está impune. 

Mujeres deben tener un papel central en la recuperación económica, afirma Mónica Fernandez

  • La Presidenta del Senado hace un llamado para modificar las estructuras que las ubica en una situación de vulnerabilidad.

Redacción 

Semméxico/Bille Parker Noticias. 19 de agosto de 2020.- Cdmx. 19 agosto 2020.- La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, consideró que si se busca un mundo más equitativo, inclusivo, sostenible y preparado para las emergencias, la mitad del mundo, las mujeres, deben ser capaces de unirse más allá de intereses político-partidistas para dar una respuesta eficaz a contingencias como la pandemia de COVID19.

En la 13ª Cumbre de Presidentas de Parlamentos, organizada por la Unión Interparlamentaria, dijo que esta respuesta no debe acotarse a la reforma o fortalecimiento de los sistemas de salud, sino que tiene que ser una oportunidad para modificar las estructuras que ponen a las niñas y a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Desde el Poder Legislativo se puede incidir en las políticas de inclusión desde la infancia y en presupuestos para dar respuesta a la crisis con perspectivas de género y soluciones multisectoriales, indicó.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado mexicano puntualizó que a 25 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, las mujeres enfrentan aún la pobreza, la falta de acceso a la educación y a los servicios de salud, violencia, exclusión y violaciones de sus derechos.

A través de un mensaje en video, la legisladora mexicana aseveró que los parlamentos forman parte de un andamiaje jurídico y político que debe contribuir en la transformación en la que estamos obligados y encaminar a nuestros países a un camino de prosperidad compartida y justicia para todas y todos.

En su oportunidad, Doris Bures, vicepresidenta del Consejo Nacional de Austria, subrayó que muchos de los países de más éxito en la lucha contra la pandemia son dirigidos por mujeres. “Como parlamentarias y ciudadanas comprometidas, tenemos que actuar en consecuencia para que participen en igualdad de condiciones en la construcción de políticas económicas y sociales”.

Por su parte, la presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas Barrón, consideró que la igualdad de género tiene que ser un “el núcleo de todas las respuestas parlamentarias en un mundo post pandemia”, y esto no se trata de un lujo sino de una necesidad absoluta. Participa Mónica Fernández Balboa en la Cumbre de Presidentas de Parlamentos.

Preguntas y esperanza | Ante el Covid

Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico. Cd. de México. 19 de agosto, 2020.- Son preguntas que aparecen en comentarios y conversaciones a distancia. De cerca, en el estrecho círculo familiar, o de lejos, con amigos conectados por alguna de las plataformas tecnológicas, surgen numerosas inquietudes frente a un fenómeno que parece no tener fin. Escogí tres de las que se repiten con mayor frecuencia porque afectan la vida cotidiana de miles de hogares yucatecos.

1) “¿Qué va primero: la salud o la economía?” El sentido común y el instinto de conservación indican que, sin duda, primero la vida pues cuando viene la muerte, todo lo demás pierde sentido.

En algunos países, su sistema de protección social permitió combinar el confinamiento sanitario con la preservación de parte de sus ingresos. Sus gobiernos, junto con los empleadores, en distintos porcentajes, mantienen el salario de los trabajadores en tanto se toman las medidas necesarias para un retorno seguro. No ha sido el caso de México, ni de Yucatán. Millones de personas se ven ante la difícil disyuntiva de salir a la calle a trabajar, para obtener su sustento, o quedarse confinados en el hogar, renunciando a sus ingresos. Permanecer en casa es un lujo que cada vez menos personas se pueden dar. El retorno seguro ha implicado la coordinación entre los gobiernos y las y los empleadores para volver a echar a andar la economía minimizando los riesgos para la salud. Hasta la fecha, los resultados han sido poco satisfactorios.

El gobierno estatal y las organizaciones empresariales han anunciado la revisión conjunta de la estrategia de reanudación de actividades económicas pues el ritmo de los contagios no disminuye y el dinamismo económico no aparece.

La “temporada” toca a su fin con sus fiestas y encuentros riesgosos con el virus, pero la regulación sanitaria del transporte público sigue siendo tarea pendiente. Largas “colas” de usuari@s desesperad@s se forman en los paraderos de la ciudad de Mérida. Las unidades son insuficientes y las “corridas” cada vez más espaciadas hacen de los traslados de la casa al centro de trabajo y viceversa una peligrosa aventura cotidiana.

No debiera ser así. El gobierno tiene los medios para acordar con los concesionarios del transporte público un mayor número de unidades y un incremento de las frecuencias. Puede asimismo redistribuir los paraderos fuera del primer cuadro. Tiene además, las cámaras del C-5 para vigilar que las normas sean respetadas y en caso contrario, puede tener una reacción rápida para corregir la situación.
El reto actual consiste en proteger la salud y, al mismo tiempo, poner los medios para la reactivación económica.

2) “¿Por qué hay tantas camas vacías en los hospitales y tantos muertos? Cuando comenzaba la pandemia, el factótum sanitario, el Dr. López Gatell, señaló como objetivo primordial reducir el ritmo de contagios de tal manera que se evitara la saturación de los hospitales. En esos primeros meses, una y otra vez se subrayaba la importancia de mantenerse en casa si se presentaba alguno de los síntomas del contagio.

La espera en el hogar se transformó en un riesgo elevado, pues numerosos pacientes llegaban tarde a solicitar la atención que podría haberles salvado la vida. En estas últimas semanas, con mayor frecuencia se escucha la entendible resistencia a internarse, al asociar el ingreso a un hospital público con la muerte.

¿Habrá camas disponibles por este temor? Los infectados, se comenta, tardan más en ingresar que en registrar su deceso.

Las frías estadísticas dicen que más del 50% fallecen en los primeros cinco días y que siete de cada diez personas intubadas pierden la vida. Más que las camas -disponibles o ocupadas- deberían ser los decesos el principal indicador de la calidad de la respuesta institucional frente al Covid. Casi 60,000 muertes reprueban la estrategia seguida.

3) “¿Quiénes resienten con mayor fuerza los efectos de la pandemia?” Ningún grupo social puede declararse al margen del riesgo de contraer Covid, aunque algunos se comporten como si se sintieran invulnerables. Por grupo de edad, sabemos que, afortunadamente, los menores están mejor protegidos y que son los adultos mayores quienes registran la mayor mortalidad. Sin embargo, en la parte económica se presentan diferencias importantes. Los muy ricos, como siempre, tienen la posibilidad de escapar más fácilmente de sus consecuencias: y los más pobres, entre una situación de crónica desventaja social y los apoyos gubernamentales, sobrellevan la carga que la nueva realidad les impone.

Sin embargo, una vez más, son las amplias clases medias de las ciudades las más afectadas. La familia de madre y padre trabajadores, que en forma súbita perdieron su empleo y, por tanto, su ingreso para hacer frente a sus compromisos de hipoteca, renta, pagos a plazos y colegiaturas. El pequeño negocio familiar que tuvo que cerrar sus puertas; aquellos que están literalmente “comiéndose” su inventario, sin posibilidad de reponerlo; tragos amargos y tragedias domésticas que pueden en un santiamén transformar lo que se sentía seguro en un mar de incertidumbre.

Próximamente exploraré con ustedes, amig@s lectores, la situación de vulnerabilidad de un amplio grupo social que se caracteriza por la capacidad de invertir en su propio futuro.

Colofón: una luz de esperanza. Los gobiernos de México y Argentina, junto con la universidad de Oxford y la empresa Astra-Zéneca, anunciaron la producción masiva de una vacuna contra el Covid. La Fundación Carlos Slim pondrá el capital de riesgo para comenzar desde ahora su elaboración, mientras se obtiene el visto bueno de las autoridades sanitarias. Si se logra, la disponibilidad de vacunas se habrá adelantado varios y muy valiosos meses y se habrán prevenido miles de fallecimientos.

Si no es así, las vacunas fabricadas tendrán que ser destruidas, estimándose un gasto de más de 200 millones de dólares.— Ciudad de México.

Presentan iniciativa para incluir el tipo de tortura sexual en la ley

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 19 de agosto, 2020.- El Estado, tiene la obligación de proteger a todas las personas frente a cualquier manifestación de este delito, pero la Ley no incluye el tipo sexual en contra de mujeres y hombres, lo que ha sido un obstáculo para sancionarla advirtió el senador Alejandro Peña Villa.  

Señaló que la impunidad y vacíos legales sobre los actos de tortura permiten que persista una grave violación a los derechos humanos, deja en total desamparo a las víctimas y les impide acceder a la justicia.

En este contexto, el senador presentó una iniciativa para reformar el artículo 24 de este ordenamiento, a fin de incluir a la tortura sexual y evitar la impunidad de este delito por un vacío legal.  

Refirió que en mayo de 2006, en un operativo policial en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, decenas de mujeres fueron torturadas física y psicológicamente y once de ellas agredidas sexualmente.  

Si bien es cierto que son más comunes los casos donde ellas son víctimas de tortura sexual, esto no significa que no se presente en hombres. En 2017 y 2018, agregó, se analizaron 120 expedientes de queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por denuncias de tortura sexual contra indígenas varones.   

Otro ejemplo es el ocurrido en agosto del 2018, cuando la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal informo que había 15 hombres víctimas, que fueron torturados sexualmente en reclusorios.     

Pese al número de casos, dijo, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sólo tipifica la tortura física y/o psicológica, pero no prevé la del tipo sexual, la cual desafortunadamente se ha presentado en nuestro país. 

Peña Villa subrayó que entre diciembre de 2006 y junio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó 999 recomendaciones, 301 casos fueron violaciones graves a derechos humanos y 221 actos de tortura.  

Las recomendaciones emitidas por CNDH por tratos crueles, inhumanos y degradantes narraban hechos claros de tortura, pero no recibieron esta clasificación por resultar insuficientes, apuntó.   

La Comisión, concluyó el legislador, clasificó a la tortura como física, psicológica y sexual; la primera hace referencia a los golpes, asfixias, descargas eléctricas; la segunda a las amenazas, humillaciones, vejaciones; y la última hace referencia a las descargas eléctricas en los genitales, la desnudez, los tocamientos y la violación.   

Opinión| Las Mujeres de Belarús

Por: Pedro Arturo Aguirre

SemMéxico/Contra Réplica. 19 de agosto 2020.- Mujeres valientes vestidas de blanco y sosteniendo flores en lo alto se manifestaron en Minsk durante toda la semana pasada en portentosa protesta silenciosa. Iban solidarias con las miles de personas golpeadas y abusadas horas antes por haber demostrado su inconformidad contra el fraudulento resultado oficial de las elecciones presidenciales en las cuales salió reelecto, por sexta ocasión, el déspota Alexandre Lukashenko.

El de Bielorrusia es un levantamiento inspirado y dirigido por las mujeres. Los candidatos presidenciales masculinos de la oposición fueron arrestados o huyeron del país antes de la votación. Svetlana Tikhanovskaya, esposa de uno de ellos, decidió tomar la estafeta de su marido y, aliada con otras dos mujeres líderes opositoras, se propuso derrotar a Lukashenko. El dictador, como era de esperarse, dedicó pedestres burlas a su adversaria, sugiriéndole dedicarse mejor “a cocinar la cena para sus hijos”. Pero esta estulticia sólo hizo crecer la popularidad y determinación de Tikhanovskaya: ella y sus dos compañeras de lucha se han convertido en un símbolo de libertad.

Lukashenko es el «último dictador de Europa», continente donde (monarcas aparte) es con mucho el gobernante más veterano. Se perpetúa en el poder gracias a una urdimbre de represión, populismo y apoyo ruso. Triunfó en la elecciones de 1994 como un candidato ajeno a las élites poscomunistas. Presumía ser un paladín contra la corrupción. Era, en el fondo, un nostálgico del régimen comunista, enemigo jurado del curso tímidamente prooccidental y promercado iniciado por Bielorrusia desde su separación de la URSS en 1991. Ya en el poder revirtió las cosas, restableció los controles estatales de la economía e instauró esquemas asistencialista para la población.

También alteró leyes e instituciones para perpetuarse en el poder. Hoy nada reta su caudillaje. Ni siquiera se ha valido de un partido propio porque prefiere ser el “protector sin intermediarios” del pueblo. Rehúye cualquier signo de sofisticación y patentiza constantemente su adhesión a los “valores, creencias y tradiciones del pueblo bielorruso”. El Parlamento del país se ha convertido en un adorno, las libertades fundamentales son sistemáticamente conculcadas, la oposición es débil y fragmentada, y los procesos electorales distan muchos de satisfacer los mínimos estándares democráticos.

Pero el tiempo del oprobio se agota. La bancarrota económica es absoluta, la gente está harta de la dictadura y el colmo llegó con el pésimo tratamiento dado al coronavirus. Convocada por Tikhanovskaya, el domingo se celebró la llamada «Marcha de Libertad», la mayor protesta en la historia del país. Por eso Lukashenko ha decidido recurrir a su “hermano mayor”: el peligroso Vladimir Putin, en una jugada no exenta de riesgos. Desde hace tiempo el mandamás ruso pretende engullirse a la Belarús. A ver si al tirano no le sale más caro el caldo que las albóndigas.

Fiscalía apela decisión de juez en caso de menor víctima de abuso sexual en Puerto Vallarta

  • Fiscalía Anticorrupción y Contraloría Interna revisarán el actuar del juez 

Analy S. Nuño

SemMéxico, 18 de agosto de 2020, Guadalajara, Jalisco.- La Fiscalía del Estado apeló la decisión del juez Jorge Solís Arana, en el caso de la menor violentada sexualmente en Puerto Vallarta e inició distintos procedimientos para que sea revisada su actuación y el de los servidores públicos implicados en la integración de la carpeta de investigación.

De acuerdo al fiscal general, Gerardo Octavio Solís, luego de que el pasado 11 de agosto el juez determinará no procesar por el delito de corrupción de menores a Luis Alonso N, ex funcionario municipal, quien fue encontrado el pasado 26 de junio con la menor desnuda en su vehículo, “de manera inexplicable y por demás lamentable el juez decide no vincular a proceso” al imputado por lo cual se hará lo necesario para revertir la decisión.

Explicó que son 3 acciones las que se están llevando a cabo con este fin: en primer término la presentación de una apelación, con la finalidad de que el asunto sea revisado por una sala y se determine la pertinencia de la solicitud del Ministerio Público; la segunda, se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez Solís Arana por su manera  de resolver el caso y, la tercera, se dio vista a la Fiscalía Anticorrupción para que en el ámbito de sus atribuciones analice la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y determinar alguna posible responsabilidad. 

“Después de la resolución se empezó a trabajar en estos tres documentos, la apelación, la vista al Fiscal Anticorrupción y la queja ante el Consejo de la Judicatura, pero también se dieron indicaciones para que la Contraloría Interna de la Fiscalía revisara la actuación del Ministerio Público integrador, esto quiere decir que también está siendo revisado el servidor público por la contraloría interna, no queremos dejar de lado ninguna posibilidad”.  

Aseveró que desde el momento en que el asunto se traslada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría Interna se da amplitud de jurisdicción para que se revise lo que se considere, se obtengan los documentos que sean necesarios y ambas instancias determinen si investigan a una persona determinada o amplían la investigación a algún otro servidor público.

Insistió en que la Fiscalía está “trabajando para revertir esta decisión del juez” así como recabar más datos de prueba señalados por la defensoría jurídica de la víctima, “que se están tomando en consideración para fortalecer la teoría del caso”. Además, a su decir, se incorporaron las colectivas al trabajo de investigación, para reforzar la investigación.

“Aún y cuando el Ministerio Público logra una vinculación, no termina su responsabilidad, se han conseguido otros datos de prueba, vamos a continuar en está lucha, no vamos a ceder”, dijo.

El pasado 11 de agosto el juez determinó no vincular a proceso al imputado por el delito de corrupción de menores. De acuerdo a colectivas y las asesoras jurídicas la investigación ha estado plagada de errores que permiten sospechar de una protección al imputado pues la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta ha cometido graves omisiones y faltas en la integración de la carpeta de investigación que ponen en riesgo el juicio.

Entre las fallas detectadas por la defensa de la víctima destaca el que no hubo retención de equipos telefónicos del presunto abusador, no se recabo la ropa del imputado -sobretodo el short ni el calzoncillo para determinar la existencia de fluidos, no se realizó prueba en el vehículo en cuanto a los fluidos en el del copiloto ni en el piso, así como tampoco se han levantado testimoniales del lugar donde la menor fue subida al vehículo ni ha declarado el padre de la menor.

Cerradas las puertas del Palacio Nacional para las víctimas de feminicidio

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  • Malú García Andrade, una de las activistas del plantón, hoy en terapia intensiva por Covid 19.
  • Resistiremos, aquí seguiremos exigiendo nuestro derecho a audiencia, aseguran sus compañeras.

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Cd. de México, 18 de agosto, 2020.- En tanto esperan que las puertas del Palacio Nacional se abran para reunirse, por derecho, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitud presentada hace seis semanas, Malú García Andrade, lucha contra el Covid-19 en un hospital capitalino.

Es parte del precio que hemos tenido que pagar por estar en plantón en espera de la respuesta del ejecutivo, solo nuestro derecho a ser escuchadas, sostiene Mar Cruz, activista y defensora de derechos humanos.

Malú García Andrade es parte de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa y beneficiaria del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores/Defensoras de Derechos Humanos, permaneció en el plantón hasta hace unos días, hoy es atendida en el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, en la Unidad de Cuidados Intensivos, su estado es grave pero estable.

Mar Cruz explica que en estas seis semanas han estado a pesar de las tempestades que en estos días se desatan desde el cielo, han atestiguado otras protestas y exigencias de familias de personas desaparecidas, personas desplazadas…algunas de ellas desalojadas por policías capitalinos en los últimos días, porque quieren “limpiar el zócalo” para que esté listo para las fiestas patrias a pesar de la pandemia, dice en entrevista para SemMéxico.

Estamos preocupadas por nuestra compañera y por nosotras mismas porque hemos estado juntas, en unos días más nos haremos la prueba, dice con tristeza y mucha impotencia, porque plantea que no debería ser así, que el Presidente debió recibirlas antes.

Dijo que pase lo que pase seguirán resistiendo en el plantón de familias de Feminicidio, como se los pidió la propia Malú García Andrade, “sin olvidar que tambiénforma parte de nuestra responsabilidad moral y congruencia política continuar hasta que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se siente, firme acuerdos y de solución a nuestrasdemandas por escrito con las familias víctimas de Feminicidio, entre ellas la familia de Malú”.

Por amenazas diversas Malú García Andrade fue desplazada en 2011 desde Ciudad Juárez, donde con su madre Norma Andrade, han luchado por el esclarecimiento y justicia para su hermana e hija, respectivamente, Lilia Alejandra García Andrade, quien desapareció el 14 de febrero de 2001 y cuyo cuerpo fue localizado una semana después con signos de violencia física y sexual.

El pasado 5 de julio, familiares y madres de víctimas del feminicidio se instalaron en un plantón en las cercanías del zócalo capitalino, al día siguiente Leticia Ramírez, de atención Ciudadana de la Presidencia, recibió el pliego petitorio, donde la principal demanda es ser escuchadas por el presidente mexicano.

En el escrito de tres hojas solicitaban además la declaración de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en todo el país; la ampliación de las Facultades de Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVIMTRA; la construcción de una base de datos de huérfanos y huérfanas del feminicidio y el pronunciamiento del presidente López Obrador sobre el feminicidio en México.

Han pasado desde entonces 45 días, plantones, desalojos, aguaceros, frío en las madrugadas, condiciones difíciles ante una pandemia y el contagio de Malú García Andrade, aun así, las puertas del Palacio Nacional siguen cerradas para nosotras, concluye Mar Cruz.

SEM/sj

Fiscalía investiga a 2 hombres por asesinato de Elsy Michelle, de 12 años

  • Este jueves se realizarán acciones de memoria y protesta 

Analy S. Nuño

SemMéxico,Jalisco, 18 de agosto de 2020.- La violencia feminicida en Jalisco alcanzó a Elsy Michelle, de 12 años, quien tras desaparecer, fue encontrada asesinada en un campo de caña. Por su feminicidio, dos hombres están bajo investigación.

La tarde del 16 de agosto, Elsy Michelle, salió de su casa, en el municipio de Tala, rumbo al rancho Los Conejos para recoger un cargador. Por horas no se supo de ella. Luego de que los familiares dieron aviso de su desaparición, se iniciaron labores de búsqueda y cerca de la media noche, fue localizado su cuerpo en un campo de cañas, con huellas de violencia y abuso sexual.

El fiscal general del estado,  Gerardo Octavio Solís, la principal línea de investigación involucra a una persona cercana a la menor, sin embargo tras ampliar las indagatorias, se investiga a otro hombre sin relación con la menor.

“La principal línea de investigación pudiera apuntar sobre una persona cercana a la menor, incluyendo el padrastro quien ya se encuentra bajo investigación para determinar si pudiera estar relacionado con estos hechos”. “El segundo sujeto no tiene que ver con vínculos familiares ni amistad, es ajeno al circulo de confianza de la menor”. 

Explicó que la autopsia realizada a la menor determinó muerte por asfixia por estrangulación, “las líneas de investigación en este caso no va ni remotamente por otros casos como pudiera ser un robo o algún otro, aquí se trata de una agresión sexual y la muerte de la pequeñita”.

Refirió que aunque se está a la espera de una serie de dictámenes, los trabajos en el lugar continúan, con la revisión de fincas y registro de testimonios de algunos vecinos que alcanzaron a ver a la menor con vida. Para estos trabajos, en el lugar se encuentra un grupo interdisciplinario, integrado por el área de la niñez, delitos sexuales, homicidios y feminicidios además de peritos y policías.

“Trabajando en toda el área donde presumiblemente pudiéramos encontrar indicios. Se ha llevado a cabo un recorrido a pie tierra por todas y cada una de las rutas posibles que hubiera transitado el agresor, se han levantado algunos indicios que pudieran tener relación con los hechos y determinarnos alguna posible identidad del individuo”. 

En redes sociales se ha mostrado la indignación por el feminicidio de Elsy Michelle con el hashtag #JusticiaParaElsy y se convocó a diferentes acciones de protesta y memoria a realizar en Tala y Guadalajara para exigir justicia. En Tala, la convocatoria es para una marcha pacifica que partirá desde la Plaza Gardenia rumbo a la plaza principal del municipio. Mientras que en Guadalajara se realizará la concentración feminista Las Niñas No se Tocan, el jueves 20 de agosto en Palacio Municipal de Guadalajara, punto del que partirán para realizar una pega de carteles por la capital de Jalisco. 

Hasta el momento la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres no se ha pronunciado por el feminicidio de la menor, mientras que la subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y encargada de despacho, María Elena García, se limitó a escribir en su cuenta personal de la red social Twitter: “Elsy debió haber vivido una adolescencia plena, haber crecido y ser lo que ella quisiera. Elsy no debió ser asesinada. Le fallamos”.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General de Jalisco en lo que va del año se han registrado37 feminicidios, de los cuales, han sido judicializados y vinculados en el primer distrito 12 de estos y 5 más en la Fiscalía Regional. Además, la dependencia reporta 21 muertes violentas de mujeres que no han sido clasificadas como feminicidio.

Iniciativa para dar atención médica para mujeres en comunidades indígenas

​* La mortalidad materna entre indígenas relacionada con la pobreza, la opresión cultural y el desconocimiento de la lengua local 

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 18 de agosto de 3020.- Con la intención de que las mujeres indígenas tengan acceso a servicios de salud en su lengua, sin discriminación y con respeto a su cultura, durante el embarazo, parto y puerperio, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga propuso una iniciativa para reformar distintas leyes.  

La propuesta de la legisladora de Morena busca establecer en la Ley General de Salud que en los hospitales de estas comunidades haya una persona que traduzca a las mujeres y que la atención se realice con ese apoyo.  

En lo que se refiere a la Ley General para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, y la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propone establecer la garantía del uso de los principios de interculturalidad en la atención y aplicarlos en la comunicación con las comunidades indígenas.  

Wendy Briceño argumentó que la mortalidad materna indígena es una problemática grave y multicausal, relacionada con las condiciones de vida, pobreza y opresión cultural que las mujeres de ese sector poblacional viven, además de las dificultades geográficas, económicas y de acceso a los servicios de salud.  

“El problema no sólo es acceder a los servicios de salud, sino a que éstos se den bajo estándares de calidad, sin discriminación y respetando los principios de interculturalidad”, subrayó.

Dijo que en el caso de las mujeres indígenas, se presentan complicaciones en el embarazo y parto y no son atendidas en su comunidad, ya sea porque no hay servicios de salud, o no hay personal con la capacidad profesional y técnica para atender dichas complicaciones. 

Lo más importante, apuntó, es que aun existiendo ese apoyo, muchas veces, los y las trabajadoras de la salud no tienen conocimiento de la cultura regional, lo que representa un riesgo. 

La iniciativa para reformar las Leyes Generales de, Salud; Para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres; y de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. 

La injusticia para las mujeres invisible en el arranque de la Reforma Judicial

  • Se trabajará sin simulaciones y sin negar la realidad: 2 millones de asuntos al año
  • No a la impunidad, el nepotismo y la corrupción: Ricardo Monreal

El Fiscal opuesto al Código Penal Único y por tratar a todos iguales

Por Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 18 de agosto de 2020.- En el Foro Nacional sobre los desafíos de la Justicia Mexicana, -virtual y a distancia- con que arrancó la reforma al sistema judicial del país, los 5 primeros discursos de representantes de los tres poderes de la Unión, nunca dijeron: feminicidio, niñas, discriminación de género, derechos humanos de las mujeres, hombres y mujeres, justicia para las mujeres y aborto.

Fueron 4 hombres y una mujer. Sólo una vez se habló de acoso sexual, justicia histórica a las mujeres, 3 veces género, 3 veces igualdad, 4 veces se dijo mujer o mujeres, 5 veces derechos humanos.

De las versiones estenográficas se sacó esta conclusión. Se encontró en los discursos de dos: Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación que dijo una sola vez: perspectiva de género y 2 veces mujeres y el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que habló de justicia histórica para la mitad de la población y señaló la conveniente paridad. Ricardo Monreal Ávila mantuvo en su discurso lenguaje incluyente, en sus dos intervenciones.

De un sistema de justicia que incluya a las mujeres, hubo entre legisladoras presentes, varias referencias y solamente la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa dijo alto y con claridad que el Senado de la República no admitirá la regresión en derechos humanos, ni pasos para atrás en la justicia para las mujeres, ni para los delitos contra ellas, y afirmó que no imagina una reforma al sistema de justicia que excluya la perspectiva de género.

Fernández Balboa cerró el foro. Una reunión de 3 horas, más de 18 discursos, al que por vía virtual se sumaron 5 mil espectadores. Entre las intervenciones, Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, sin hablar de los pendientes enormes de la justicia femenina, en 10 minutos les explicó a los presentes por qué debe juzgarse con perspectiva de género, mencionó la enorme brecha de desigualdad, con los conceptos principales de la abogada costarricense Alda Facio. Otras.

Los ejes principales de la reforma, tomando de todos los discursos principales, son: impunidad, corrupción, nepotismo, exceso de asuntos en los tribunales, pensar en los 2 millones de delitos que se cometen, 93 por ciento no se denuncian; la necesaria recuperación de la ética en los ministerios públicos, la recuperación de la confianza en el sistema ya que la sociedad no confía ni el policía, ni en los jueces, ni en el sistema de justicia. 

En su intervención Záldivar Lelo de Larea, fue el único que consideró a la reforma que él planea y cuyo proyecto es el único firmado por el presidente de la República, que esta reforma elevará los estándares de excelencia y honestidad, que dotará de mayores herramientas contra la corrupción y que dará a las mujeres, la participación paritaria que les corresponde, en beneficio de toda la sociedad. 

El Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, en su discurso, sin proponérselo se manifestó en contra de un Código Penal Nacional, dijo que “todos somos iguales”, aludiendo a las diferencias históricas entre hombres y mujeres. No mencionó una sola vez a éstas.

Olga Sánchez Cordero, estuvo en acuerdo con el fiscal respecto de conservar la autonomía de los códigos penales y destacó, principalmente, la urgencia para que en los estados se abran fiscalías especializadas para delitos contra mujeres, indígenas, personas con discapacidad y adolescentes.

Por qué se justifica la Reforma

El tono general del Foro, donde lo que hubo fueron legisladores e integrantes del poder judicial, uno que otro gobernador, representantes de las barras de abogados, y se dijo, especialistas, fue en el sentido de llevar a cabo la reforma judicial a fondo. 

Se informó que habrá una comisión de redacción de los textos para dictamen, en la que participarán los tres poderes y todos los partidos políticos. Se intenta tener borradores en septiembre con dictámenes a discusión.

Ricardo Monreal Ávila pintó los pormenores del sistema. Y dijo al entrar en materia que “No permitamos la simulación, no se trata de maquillar o disfrazar la realidad. La justicia en México ha vivido desde hace décadas, un cáncer terminal conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad. Todo arraigado en las estructuras de los aparatos de justicia, donde hay “deleznables parásitos” que obliga a terminar con ellos. Detalló que es necesario poner en el centro, críticamente, la gravedad de la injusticia, el nepotismo y la corrupción.

Luego pintó el panorama: En 2018 se cometieron 33 millones de delitos en contra de 24.7 millones de víctimas de 18 años o más. Con un costo de 1.5 del Producto Interno Bruto, equivalente a 286 mil millones de pesos, o sea 783 millones diarios, para reforzar las medidas de prevención o en daños o pérdidas ocasionados por tales actos delictivos. 

Según INEGI, el Estado tiene poco más de 5 mil órganos jurisdiccionales en todo el país,  4 mil 90 corresponden a juzgados y salas de tribunal de los Poderes Judiciales estatales; 915 corresponden al Poder Judicial Federal y alrededor de 150 pertenecen a tribunales agrarios, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a Tribunales Administrativos, Electorales y también Electorales locales. 

Los órganos de justicia locales y del Poder Judicial Federal, de acuerdo con los censos citados, resolvieron durante el último año, dos millones 300 mil asuntos. De éstos, 2 millones 300 mil, la mitad fueron resueltos por órganos federales y la misma cantidad, por los órganos locales. De estos asuntos: 

4,099 corresponden a juzgados y salas de Tribunal de los poderes judiciales estatales; 915, al Poder Judicial federal; alrededor de 150 pertenecen a tribunales agrarios, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a tribunales administrativos y electorales locales. Miles se entienden.

Zaldívar Lelo de Larea, tras describir su reforma al sistema de la judicatura, afirmó que la reforma busca por saldar la deuda histórica con las mujeres.

 Se trata de para alcanzar la paridad de género en todas las categorías de la carrera judicial, incorporando la perspectiva de género como principio transversal a todas las políticas públicas y la paridad como principio de la carrera judicial. De igual propone que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual, sin el consentimiento de la mujer, constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía. 

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, después de saludar, dijo que “Nosotros, en la Fiscalía General de la República, tenemos una visión muy clara, diaria, de qué es lo que está pasando en el país, cómo lo debemos resolver y cuáles deben de ser nuestras funciones. Impulsará el proyecto de siempre, de hace 20 años. Consideró que la grave situación en la impartición de justicia,” es porque no tenemos la sensibilidad de entender cuáles son las necesidades”, que son las de todos los días, por ello “nuestro proyecto”, está encaminado a la defensa de las víctimas.

En México, tenemos un problema de victimización que ha ido creciendo de una manera desmesurada. Y aseguró que su fiscalía es independientes y atiende todo.

Anunció que se encamina a crear una Ley Nacional de Justicia Cívica, la Ley de todos los días en todos los municipios, en todo el país, para la defensa de todos los ciudadanos. Para Gertz Manero, no debe haber diferencias, haciendo alusión a entre otras a no mirar a las mujeres como diferentes. “Todos los mexicanos somos iguales”, recalcó y defendió la soberanía estatal, señalando, sin proponérselo que no está de acuerdo con un Código Penal nacional.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en su papel de abogada de la nación, dijo que en materia de justicia, ella hace sólo las relaciones del poder, con diálogo, y sólo desde el punto de vista administrativo. Habló de lo que su dependencia hace como unidad de apoyo.

Dijo que en la justicia social se debe incorporar la perspectiva de género, tanto como la inclusión de las minorías; que el Estado de derecho proteja a los grupos más vulnerables, es lo deseable. 

Para lograrlo, precisamente se requieren foros como este, detalló, donde exista información. Compartió con el Fiscal que no solamente es el Sistema de Justicia Penal que, como él dice, es el más visible. También la justicia familiar, la justicia mercantil, la justicia laboral, la justicia civil, están ahí. 

Luego recomendó, a los gobernadores, algunos presentes que fomenten la creación de fiscalías especializadas,  en delitos contra las mujeres, para la población indígena,  intérpretes de lenguas indígenas, así como a atención de personas con discapacidad, y de ser posible, también, fiscalías especializadas en temas de personas con discapacidad y por supuesto también, inclusive fiscalías para menores de edad.