Josefina Aguilar Pastor  

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 21 de agosto de 2020.- Un total de 801 cargos de elección popular serán electos en el próximo proceso electoral 2020-2021,  en el que más de 4 mil mujeres podrían participar y que estarían propensas a ser víctimas de violencia política por razón de género, advirtió la consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC); Cinthya Citlalli Díaz Fuentes.

Subrayó que en el instituto Electoral tienen el firme le compromiso de respaldar a las mujeres que deseen participar en la vida política, es una  autoridad administrativa electoral comprometida para darles esa protección, acompañamiento,  y garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales  de todas las mujeres participen, no solo con voluntades ni protocolos, sino con elementos jurídicos firmes, que les ha dotado la reciente reforma electoral.

Serán 801 cargos de elección popular,  entre ellos, una gubernatura, 46 diputaciones, 85 sindicaturas, 80 presidencias, y 500 regidores, para los cuales, sin duda alguna, participarán un número importante de mujeres 

En el pasado proceso electoral, hubo más de 4 mil registros de mujeres, por lo que en el próximo, podrían ser el mismo número o incluso más y los órganos electorales deberán estar a la salvaguarda de los derechos políticos de las participantes, puedan transitar en un ambiente libre de violencia, refirió la funcionaria electoral.

A unas cuantas semanas del inicio del proceso electoral, Díaz Fuentes señaló tres grandes retos que deben superar ante de que inicie, entre ellos; la armonización, en materia de responsabilidades administrativas, es decir, las sanciones que pudieran aplicarse para quien en funciones de servidor público, ejerza violencia algún tipo de violencia en contra de las mujeres,  y que tendrán que ser incluidas en la ley de responsabilidades de los servidores públicas, al cual tiene que reformarse.

Otro de los pendientes, aunque adelantó que estarían a punto de subsanarlo en los próximos días, es la reforma del reglamento de quejas y denuncias del  propio IEPC, para regular el procedimiento especial sancionador, el cual abundó, en su esencia es un procedimiento para garantizar la tutela efectiva de los derechos de las mujeres, con el que tendrán que administrar una denuncia en un término de 24 horas, en 72 resolver medidas cautelares, en 48 horas a la par, desahogar la audiencia que se lleve a cabo.

“Este reglamento está por aprobarse, y muy pronto lo darán a conocer”, adelantó la consejera del IEPC.

Con el andamiaje jurídico que se concretó el 13 de abril a nivel nacional y el 2 de junio de 2020, a nivel local, con la aprobación de la reforma electoral en la que se reconoce, estipula y sanciona la violencia política por razón de género, se cierra la pinza, y proporciona una herramienta importante para la defensa de los derechos políticos de las mujer, sin embargo subrayó Díaz Fuentes, falta traducir lo escrito, en hechos fehacientes.

“Esta reforma viene a dar el respaldo a las mujeres que desean participar en política y que muchas veces en el silencio de sus habitaciones han tenido que llorar, han tenido que sufrir pero sacudirse, levantar y seguir”, recalcó la consejera de IEPC, al participar en el conversatorio “Participación Política de las Mujeres rumbo al Proceso electoral 2021”.

* El sistema patriarcal está a la expectativa y a la defensiva

* Las leyes avances importantes, pero se requieren políticas públicas y sanciones

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 20 de agosto, 2020.- Las mujeres han puesto en jaque al sistema político, dice Claudia Ramírez Izúcar, del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.

Se refiere a la forma que la que muchas mujeres electas han luchado denodadamente por sus derechos, incluso, otras desde antes de ser electas, ya sea por el sistema de partidos políticos o por los sistemas normativos indígenas, los dos sistemas que se aplican en Oaxaca para elegir autoridades municipales y que incluso obligan a cambiar la legislación.

Es claro que el sistema patriarcal está a la expectativa y a la defensiva en cualquiera de los dos sistemas, pero muchas de ellas están bien conscientes de sus derechos, los demandan y exigen, dice refiriéndose a esas autoridades que en los dos últimos procesos siguen esperando que se les reconozca haber sido electas o que gobiernan con dificultad.

Desafortunadamente, agrega, ellas mismas han emprendido la lucha, se mueven ante los tribunales electorales, invierten tiempo, su propio dinero en su defensa y exigen ante las dependencias para que sus derechos ciudadanos sean restituidos.

Pero, no es solo eso, además, algunas han tenido que cambiarse de casa o se han separado de sus hijos e hijas ante el temor de amenazas o porque ya han sufrido violencia política en razón de género, para evitar que esas violencias los alancen y al final de cuentas, apunta, muchas veces la restitución de derechos, no contemplan estos daños.

Ramírez Izúcar apunta que el problema de las instituciones es que no piden la opinión de las mujeres, sino que interpretan sus demandas.

Ellas mismas son sus propias defensoras, aunque existan organizaciones como nuestro Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, las acompañemos son ellas sus principales defensoras.

Por eso las instituciones están en jaque, de ahí la necesidad de que las escuchen, “no lo saben todo”, encontrar una solución no está en manos de una sola institución el esfuerzo debe ser conjunto, entre la sociedad y las instituciones, porque es claro que aunque existan sentencias la política pública no tiene cómo resolver los problemas que enfrentan.

El mensaje para los hombres es que no pasa nada y la historia de violencia política contra las mujeres se sigue repitiendo. 

Explica que es común que la violencia contra las mujeres en el ámbito político sea cometida por hombres con un determinado poder dentro del municipio, son personas con propiedades, grandes extensiones de tierras, personas que proporcionan trabajo a otros hombres, caciques, con claros compadrazgos con políticos o policías, “y así los presumen para amedrentar a las mujeres. A mí no me va a pasar nada porque tal o cual político es mi compadre…”, dicen.

“Eso muestra que el nivel de corrupción alcanza otros niveles y se sienten seguros, no cumplen las sentencias, nadie los castiga. Si fuera al contrario, si una mujer tuviera esas redes entonces estaría mal visto, en los hombres no”.

Y a eso se enfrentan muchas mujeres, que en el camino por resarcir sus derechos aprenden y, en algunos casos, han obligado a generar cambios que aplican las dependencias.

Al referirse a las recientes reformas en materia de paridad y de violencia política en razón de género, sostiene que toda reforma sin duda significa un avance, pero advierte que faltan instrumentos para echar a andar las políticas públicas y que se cumplan.

Sin embargo, la realidad es que no hay instrumentos para sancionar a quienes han violentado los derechos ciudadanos de las mujeres.

Ver para creer, es lo que plantea Claudia Ramírez Izúcar.

Me parece interesante esto de la “lista negra”, dice en relación a la creación de listados de hombres con antecedentes de violencia de género contra mujeres. “Veremos qué pasa al momento de definir las candidaturas, veremos con qué artimañas nos salen con tal de salirse con la suya”.

Por ello sostiene que las leyes en materia electoral y la violencia política de género debe ser clara y muy precisa, para evitar que encuentren cómo zafarse, como brincar.

Que las luchas que las mujeres emprenden por sus derechos no se haga con desventajas y sí con consecuencias para los infractores, plantea.

En ese sentido refirió algunos casos emblemáticos.

Uno de ellos, el de la síndica de San Juan Colorado, Jamiltepec, electa en 2016, a quien mediante amenazas se le impidió ejercer su cargo por parte del entonces presidente Juan García Arias, quien junto con el Cabildo pidieron su destitución. Herminia Quiroz Alavez, a pesar de todo, nunca dejó de cumplir con la tarea para la que fue electa.

Sus derechos restituidos por una sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Tribunal Electoral de Oaxaca, sin embargo. eso no fue suficiente para Herminia Quiroz Alavez porque aunque se pidió en la sentencia que la dejaran ejercer el cargo, nadie pagó por los daños ocasionados por hechos concretos de violencia. 

En la actualidad, la presidenta municipal de Santa María Teopoxco enfrenta uno de los casos más emblemáticos de violencia política (https://semmexico.mx/?p=23970)

Incluso, recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la suspensión provisional de poderes en el municipio de Santa María Tepoxco promovido por el Congreso del Estado de Oaxaca el 17 de marzo pasado, manteniéndose en el cargo como Presidenta Municipal Susana Alvarado Lozano.

Hoy el Congreso local debe analizar que la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública cumplan, al menos, con las medidas de protección a favor de la presidenta, tal y como lo solicitó la diputada Elisa Zepeda.

El camino que Herminia Quiroz Alavez y Susana Alvarado Lozano nos muestra esa lucha que deben emprender las mujeres en defensa de sus derechos ciudadanos, a veces hasta el final de sus mandatos.

SEM/sj

* Foro del Observatorio de Participación Política

* Órganos Electorales deberán acompañar a las mujeres y evitar la violencia política contra ellas

Josefina Aguilar Pastor  

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 20 de agosto, 2020.- En las próximas elecciones el reto para los partidos políticos y las autoridades electorales es trabajar con una perspectiva de inclusión y justicia para las mujeres, cuya participación se puede ver limitada por la carga adicional que han vivido con el COVID19.

Así lo dijeron Maira Martínez Pineda, titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer) y la magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Alma Delia Eugenio Alcaraz, durante el conversatorio de Participación Política de las Mujeres rumbo al proceso electoral 2021.

Es preocupante que en la contingencia sanitaria, las mujeres fueron -una vez más confinadas al ámbito privado, la pandemia por Covid-19 podría limitar la participación de las mujeres en el proceso electoral del próximo año, advirtió la magistrada del TEE y dijo que ello sucede por los efectos de la pandemia,

pero, principalmente porque encerradas cargan con toda la tarea doméstica.

Martínez Pineda organizadora del conversatorio puntualizó que el otro gran reto es la violencia política, una realidad constante, como “una cadena perpetua” y planteó la necesidad de ir “rompiéndole los eslabones”. La calificó como “un acto vil” de discriminación y dominación contra las mujeres.

La titular de la Semujer, destacó la importancia de la participación política de las mujeres, sobre todo de las que desean hacerlo y desde su autoridad les dijo: “sepan no solo que pueden ser víctima de violencia política por razón de género, sino también que existen leyes que tutelan sus derechos, que es una cuestión de buena voluntad”, para reiterar que está en las normas y que en Guerrero esas normas se respetarán.

La explicación de la titular del Tribunal Electoral ilustró el momento en que se dan las elecciones más grandes del siglo –que iniciarán este 9 de septiembre- y dijo las mujeres continuarán en el espacio privado, con papel de cuidadoras; las han responsabilizado de la educación, el cuidado, lo que podría inhibir su participación en las elecciones. Urgió a desarrollar una estrategia para que puedan transitar del espacio privado al público. 

Consideró vital que los organismos Electorales como el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) den acompañamiento a las mujeres que participen en el proceso. Ahora ya está la paridad, lo que urge es o prevenir y evitar la violencia política con razón de género. En su opinión ello inicia al interior de los procesos internos de los partidos políticos. 

Informó que hay reglas y protocolos, por lo que alertó para que se conozcan y difundan.

La responsable de la Secretaría de la Mujer en su turno dijo que la violencia de género no queda acotada en un proceso electoral, sino que continua cuando se asume el cargo, donde las autoridades electorales pueden actuar, es violencia política. Dijo que la paridad hay que defenderla en los hechos.

Como panelistas fungieron Alma Delia Eugenio Alcaraz, magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Cinthya Citlalli Díaz Fuentes, Consejera del Instituto electoral y participación Ciudadana (IEPC), y Xitlali Gómez Terán, Consejera Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana (IMPEPC).

SEM/jap/sl