SemMéxico/Billie Parker Noticias. Xalapa, Veracruz. 28 de
Mayo de 2020.- La Reforma integral del Código Civil representa una necesidad
ineludible e impostergable, porque finalmente las y los veracruzanos contarán
con un marco legal que responda a la sociedad, que fortalezca las instituciones
y que garantice la protección de los derechos humanos, consagrados en la
Constitución Mexicana y en los Tratados Internacionales firmados por nuestro
país, aseguró la diputada Mónica Robles Barajas al pronunciarse a favor de la
actualización legislativa al Código Civil.
La también presidenta de la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales, dio a conocer que la modificación logrará abatir
numerosos paradigmas de desigualdad entre hombres y mujeres de Veracruz, con lo
que nuestra entidad se acercará al cumplimiento de la igualdad de género, uno
de los principales objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dentro de sus argumentos, Mónica Robles señaló que la
aprobación de esta Reforma significa avanzar en materia del principio pro
persona, con una visión incluyente y de vocación social, además de que brindará
amplitud y precisión a la normativa civil.
Asimismo, sostuvo que la necesidad de rediseñar el apartado
del derecho familiar en el Código Civil ha sido expresada por diversos juristas
y profesionales de la ciencia jurídica, quienes han solicitado una plataforma
legal, útil y vanguardista para resolver las controversias familiares que
dirimen cotidianamente.
La diputada explicó que la Reforma aprobada plantea, entre
otros aspectos, que las hijas e hijos de matrimonio lleven el nombre que les
impongan su madre o padre seguido de los apellidos en el orden que ellos
libremente decidan, con lo que se terminará con una supuesta percepción de
superioridad del sexo masculino.
De igual modo, se derogan conceptos contra el libre
desarrollo de la mujer como el abstenerse de contraer matrimonio hasta pasados
300 días después de un divorcio. Se prevén también obligaciones iguales para
los cónyuges, con cooperación mutua y económica para el sostén de las familias
veracruzanas y se reconoce el trabajo doméstico como una aportación fundamental
al patrimonio de los hogares.
A su vez, la legisladora por MORENA expuso que se aprueba la
figura de pensión compensatoria, en beneficio de las mujeres que por dedicarse
al cuidado de la casa y los hijos resignaron la posibilidad de una carrera
laboral.
A decir de la diputada, la Reforma al Código Civil otorga al
concubinato responsabilidades y derechos similares al Matrimonio, con el afán
de proteger a las personas que conforman esta unión.
Por otra parte, se actualiza la legislación conforme a los
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al incorporarse el
divorcio incausado, garantizando el libre desarrollo de la personalidad de los
consortes.
Mónica Robles comentó que se ampliará el concepto de
alimentos, para incluir los estudios hasta la Licenciatura u oficio, así como
se reforzará la protección de personas en vulnerabilidad como personas mayores,
personas con discapacidad y a quienes padezcan de una enfermedad crónica que
derive en incapacidad para el trabajo.
No obstante, la legisladora aceptó que el no incluir el
matrimonio igualitario es una deuda social pendiente, pero firmó su compromiso
de lograr los consensos necesarios entre las y los diputados para derrumbar los
prejuicios y establecer este derecho en el Código Civil.
Posteriormente, con el voto a favor de 35 integrantes del
Pleno del Congreso del Estado, se aprobó la nueva Reforma integral del Código
Civil para el Estado de Veracruz.
El
artículo 4 de la nueva ley de educación presenta vicios de
inconstitucionalidad.
Modificaciones
al artículo 57 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
promueven y legitiman la violencia contra los mismos.
Redacción
SemMéxico. Aguascalientes. Aguascalientes. 28 de mayo 2020.-
El pasado 25 de mayo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial, una nueva
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, aprobada por unanimidad de
las y los integrantes del Congreso. En la cual hay modificaciones a Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo ésta promueve y legítima
la violencia contra los mismos.
En un documento firmado por la Comunidad Feminista de
Aguascalientes, señalan que la nueva normativa contiene puntos preocupantes con
base en argumentos constitucionales, de derechos humanos y desde la perspectiva
de género, que se describen a continuación:
De forma específica, el último párrafo del artículo 4to de
esta ley, vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes al acceso a la
información para su desarrollo, mismo que a la letra señala:
“…Así mismo la Autoridad Educativa Estatal dará a conocer de
manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades
análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a
fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a
los mismos, de conformidad con sus convicciones”, Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, pág. 26, mayo 25, 2020.
En relación a este tema, la Suprema Corte de Justicia ha
señalado, que:
“La inclusión de la garantía del derecho de acceso a la
información a los menores de edad respecto a cuestiones de sexualidad, así como
a métodos anticonceptivos, no pugna en sí y por sí misma con el interés
superior del menor, ni genera un ambiente nocivo para su desarrollo, pues la
información y acceso a los referidos insumos de salud no resultan
indiscriminados para toda etapa de la infancia, ni incluyen todo tipo de
contenidos que resulten inapropiados para la niñez […]” Tesis: 2a. CXXXVII/2016
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2013383
De lo anterior, las feministas expresaron que la nueva ley
de educación, transgrede de forma directa el derecho de niñas, niños y
adolescentes a recibir información esencial para la salud y el desarrollo, el
cual está consagrado tanto en el artículo 3° de la Carta Magna, como en
diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por nuestro país,
como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Así mismo, a través de la aprobación de este ordenamiento,
se eliminó cualquier referencia a la perspectiva de género y a la violencia de
género, la primera, principio incorporado de forma expresa en el artículo 3ro
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de
género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de
las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la
lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la
filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país,
las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en
especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”, CPEUM,
Artículo 3, Párrafo adicionado DOF 15-05-2019
Por lo cual, señalan, que la ley aprobada por unanimidad de
la LXIV Legislatura, impone una restricción injustificada al ejercicio del
derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes de la entidad, además
de vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos al obstaculizar que reciban
la información adecuada a su edad y desarrollo que les permita un crecimiento
pleno y libre de violencia.
Conforme a las obligaciones en materia de derechos humanos,
es una responsabilidad del Estado y sus autoridades, impartir educción
inclusiva, pública, gratuita y laica, desde un enfoque de derechos humanos e
igualdad sustantiva.
Por su parte, la eliminación de toda referencia a la
violencia de género de la ley de educación, constituye una regresividad e
incumplimiento en materia de derechos humanos, además de invisibilizar este
fenómeno que, con características específicas sigue presente en las escuelas y
requiere un abordaje integral por parte de las autoridades educativas. La
violencia de género se encuentra definida por diversos instrumentos, como es el
caso de la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia, documentos que, además, imponen deberes estatales en la materia.
La Comunidad Feminista expresó que la reforma al artículo 57
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, dicha reforma coloca en riesgo la seguridad, libertad e
integridad de las niñas, niños y adolescentes, ya que normaliza y justifica la
violencia ejercida en su contra, afirmándola como un correctivo válido a su
conducta. Situación especialmente grave en un país que ocupa los primeros
lugares en violencia y abuso infantil.
“Artículo 57.- … Quienes ejerzan la patria potestad, tutela
o guarda y custodia, tendrán derecho a decidir e intervenir en la educación que
habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, asimismo tendrán la facultad de
corregirlos en su conducta, lo cual no implicará violencia familiar en los
términos del Capítulo Tercero, Título Sexto, Libro Primero del Código Civil
para el Estado de Aguascalientes, castigos corporales o tratos crueles,
denigrantes o humillantes que atenten contra la integridad física o psíquica de
niñas, niños y adolescentes”, Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes,
pág. 2, mayo 25, 2020.
Resulta lamentable que, mientras en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos está próxima a dictarse una sentencia en el Caso Paola
Guzmán vs Ecuador que tiene como tema central la violencia de género y la
perspectiva de género en la educación, en nuestro Estado presenciamos un
retroceso a través de la publicación de la ley y reforma señaladas. Es
obligación de las y los legisladores trabajar por el avance y reconocimiento de
los derechos de todas las personas, esto conforme al tercer párrafo del
artículo 1° constitucional que establece que “todas las autoridades, en el
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
La maestra en Política Pública y Perspectiva de Género,
Elena Anaya Villalpando, señaló que “el género sí define la manera en que se
desarrollan los procesos educativos y más aún cuando tal condición se cruza con
otros factores como el embarazo, la maternidad y la condición económica. Por lo
tanto, promover la garantía del derecho a la educación desde la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos, implica asumir, las dinámicas de
discriminación y violencia que aún tienen lugar dentro de los planteles para
identificarlas, prevenirlas y cambiarlas; además de llevar a cabo acciones que
reduzcan las tasas de abandono a partir de la consideración de las necesidades y
condiciones específicas de niñas, adolescentes y mujeres…”.
De lo anterior, se subraya la importancia de que las leyes
no invisibilicen al género como una condición que causa desigualdad en el
ejercicio de los derechos, así como de asegurar que ninguna norma viole los
parámetros constitucionales e internacionales establecidos. Así mismo,
enfatizamos en lo indispensable que resulta que las autoridades implementen
acciones, programas y políticas que aseguren el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de derechos humanos, desde una visión que considere las
diferencias y desigualdades existentes.
Al hablar de equidad e inclusión como principios rectores
del modelo educativo mexicano, éstos se han relacionado principalmente con las
condiciones económicas y sociales en las que viven las y los estudiantes, u
otras como la discapacidad; sin embargo, es esencial asociarlos también con las
desigualdades estructurales y de género que atraviesan la vida de muchas
mujeres y otras personas, como las que integran la comunidad LGBTTTIQ, con el
fin de promover un ánimo que remueva los obstáculos que les impiden acceder a
los beneficios de una educación plena e integral.
La Comunidad Feminista de Aguascalientes, exige a las
autoridades de todo nivel el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
derechos humanos, y que asuman de forma inmediata los criterios establecidos en
las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales
internacionales.
Y hace un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Aguascalientes a promover una acción de inconstitucionalidad, ya que la Ley
de Educación del Estado de Aguascalientes claramente restringe el avance y la
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la entidad.
También piden una vez más al Congreso autodenominado de la “paridad de género”,
asuma su deber de trabajar por los derechos humanos asegurando en todo momento
la perspectiva de género y la progresividad de los mismos.
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres señalan violaciones a derechos de las mujeres
Exponen caso de menor violada sin que le permitan abortar
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 28 de mayo, 2020.-
Organizaciones de la Sociedad Civil demandaron hoy que la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) declare la segunda alerta de violencia de género por
agravio comparado en esta entidad, ante la falta de acceso a servicios
especializados de salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres, a través de redes sociales, denunciaron
la omisión del gobierno Federal para atender la solicitud de declaratoria por
agravio comparado, presentada el 8 de marzo del 2018, y cuyo plazo para su
declaración, venció en diciembre pasado.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio,
Católicas por el Derecho a Decidir, Observatorio Ciudadano de las Violencias
contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO- Guerrero); Justicia, Derechos Humanos y
Género dijeron desconocer si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha solicitado al gobierno de Guerrero
información del cumplimiento de las recomendaciones recibidas, que de acuerdo
al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, debía realizar en un plazo seis meses.
Señalaron que en tanto el gobierno Federal omite su
responsabilidad, en Guerrero se siguen violentando los derechos de las mujeres
y las niñas.
Las peticionarias citaron las cifras del Secretariado
Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el año pasado: en 2019, 3 mil 825 mujeres
fueron asesinadas en el país, de los cuales solo mil 6 casos fueron
investigados como feminicidio.
En Guerrero, se registraron 312 casos de violación,
389 de abuso sexual y 11 denuncias por aborto; en tanto, que la Fiscalía
General del Estado (FGE), acreditó ese año sólo 16 feminicidios y en 2020 8,
“cuando la realidad es distinta, se está ocultando al máximo la violencia
contra las mujeres” acusaron.
En cuanto al acceso a la salud hay resistencia por
parte del personal de la Secretaría de Salud de aplicar la norma 049, para la
interrupción legal del embarazo (ILE), bajo dos argumentos principales, el
primero que en la ley estatal aún se establece como requisito, la autorización
del ministerio público para hacerlo, y el segundo, la apelación al derecho de
conciencia al que aluden muchos médicos.
Como ejemplo de esta omisión, Viridiana Gutiérrez
Sotelo, representante de OBVIO- Guerrero, mencionó el caso de Esmeralda, una
niña de 14 años de edad, con discapacidad intelectual, embarazada víctima de violación
sexual y pesar de estar su vida en riesgo no le realizaron la interrupción del
embarazo, tuvo una niña que murió al nacer por un choque séptico, sepsis
neonatal y de neumonía.
Hace un mes, tras realizar una visita de seguimiento,
el personal de salud constató que la hermana menor de Esmeralda, quien también
tiene discapacidad cognitiva, es víctima de violación.
Aun cuando OBVIO-Guerrero insistió a la Procuraduría
del Menor del DIF estatal le brindara atención e, incluso, solicitó la
intervención del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, la visita
domiciliaria se realizó sin respetar el protocolo de atención a víctimas de
violencia, y de manera tardía, usaron como pretexto la pandemia por COVID-19.
Incluso se anularía el proceso electoral si se acredita el ilícito contra las mujeres
Ordena crear el Banco Estatal de Datos e Información
Redacción
SemMéxico,
Oaxaca, 28 de mayo de 2020.- El Pleno de la LIXV Legislatura del Congreso de
Oaxaca, aprobó con la mayoría de votos de los asistentes a la Sesión
Extraordinaria de este jueves, un paquete de reformas para garantizar la
participación de las mujeres en procesos electorales, y en su caso, sancionar
actos de violencia política por razón de género.
Al
aprobar reformas y adiciones al Artículo 114 Bis de la Constitución Política
del Estado de Oaxaca, y al Artículo 9 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado, quedó establecida como causal para
decretar la nulidad de una elección, cuando se acredite violencia política en
razón de género, siempre y cuando el candidato que cometió el acto haya
resultado ganador.
En
este mismo tenor, la representación popular reformó la Ley Estatal de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de regular hechos y
conductas que, tradicionalmente, no fueron contempladas o sancionadas por la
Ley.
También,
otorga facultades adicionales a la Fiscalía General del Estado (FGEO), al
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) y al Tribunal
Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), con el objetivo de prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia política en razón de género.
El
Instituto y el Tribunal Electoral, podrán solicitar a las autoridades
competentes órdenes o medidas de protección y reparación para las mujeres
víctimas de violencia política.
Asimismo,
la Fiscalía tendrá la responsabilidad de investigar, bajo perspectiva de
género, en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de
género. Además, creará, actualizará y administrará el Registro de Casos de
Violencia Política contra las mujeres.
Otra
reforma a esta misma legislación, permitió la creación del Banco Estatal de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, al ser el
análisis de datos recopilados un factor indispensable para la
transversalización de las políticas públicas que atiendan y prevengan factores
de riesgo para las mujeres.
Armonización de leyes
Por
su parte, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso oaxaqueño, Hilda
Graciela Pérez Luis, informó de esta forma se logró la armonización de las
leyes locales en materia de violencia política contra las mujeres por razón de
género y paridad; por lo que la participación de las mujeres en el siguiente
proceso electoral para la elección de legisladores y Ayuntamientos municipales,
será en mayores condiciones de igualdad con los hombres.
La
legisladora dijo que también se garantiza que toda violencia ejercida contra
las mujeres en propaganda impresa o medios de comunicación, sea suspendida a
través de la aplicación de medidas cautelares que se ejercerán a través de las
autoridades involucradas.
Garantizan participación de mujeres en
SIN
Además,
señaló que en los Sistemas Normativos Indígenas se garantiza la participación
de las mujeres en condiciones de paridad tomando como una base el principio
constitucional de progresividad de derechos.
De
la misma manera, informó que con la incorporación de la perspectiva de género,
las actuaciones de las autoridades administrativas electorales, Fiscalía
General, Tribunal Electoral y las demás autoridades deberán aplicarse bajo una
óptica de derechos humanos a favor de las mujeres, que les garantice el acceso
a justicia y a la reparación integral del daño.
Hilda
Luis, indicó que Oaxaca reformó la Constitución Política local, la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, la Ley Estatal
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Participación
Ciudadana.
Además;
indicó que adicionalmente se garantizó el derecho a la protección de la imagen
e intimidad de la niñez oaxaqueña; pues con éstas nuevas disposiciones todos
los partidos políticos y las candidaturas independientes no podrán utilizar la
imagen de niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral sin los
requisitos exigidos por la ley; por lo que, la utilización ilegal de la imagen
de menores de edad será sancionada.
La pandemia por COVID 19 alerta a las mujeres ante posibles contagios
Siete de cada 10 prefieren ser atendidas lejos de hospitales
Estrella Pedroza
SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 28 de
mayo, 2020.- En medio de la pandemia por COVID19, en Morelos al menos siete
de cada 10 embarazadas han optado por ser atendidas por parteras tradicionales o
profesionales, informó el Comité Promotor por una Maternidad Segura.
María Luisa Becerril Straffon,
secretaria técnica del Comité Promotor por una Maternidad Segura en Morelos,
comentó embarazadas tienen miedo de acudir a los hospitales para la atención
del parto por temor a ser contagiadas del virus y que sus bebés sean
afectados.
Explicó que hay vulnerabilidad de
las embarazadas frente al nuevo coronavirus, incluso han dejado de asistir a
sus consultas prenatales en los centros de salud para evitar exponerse y
aseguró que no hay alternativas claras para ser atendidas al momento del parto,
sin poner en riesgo su salud.
«Las mujeres están buscando
ser atendidas por parteras, pidiendo partos en casa o buscando
espacios donde puedan ser atendidas de otra manera que no sean los hospitales, lo
sabemos porque tenemos dos páginas de Facebook en los que las mujeres
preguntan, ¿dónde puedo encontrar una partera?, ¿qué parte de me recomiendas?,
o ¿adónde puedo acudir para que atiendan mi parto?, ¿a qué hospital
privado también puedo ir?», detalló.
El Comité Promotor por una
Maternidad Segura en la entidad ha documentado que de cada 10 mujeres un
promedio de seis o siete optan por esa alternativa que consideran más segura frente
a la pandemia.
En Morelos los hospitales
destinados para la atención a embarazadas en el Hospital de la Mujer, situado
en Yautepec y el Hospital de Temixco. Sin embargo, autoridades de los
Servicios de Salud Morelos (SSM) informaron que en cualquier hospital pueden
acudir atenderse las mujeres embarazadas, incluso en el Hospital General de
Cuernavaca “José G. Parre”, que está habilitado para atención de COVID.
La defensora de los derechos
reproductivos de la mujer, consideró preocupante que durante esta
contingencia sanitaria en la entidad, a casi tres meses, el gobierno
de Cuauhtémoc Blanco no haya habilitado zonas seguras para partos
alternativos, como casas de partería, espacios de primer nivel de
atención, o cómo ha sucedido en otros estados como Chiapas, en los que hay una
importante cantidad de parteras indígenas, que durante este periodo de
emergencia sanitaria, están brindando atención en diferentes colonias y
comunidades, dijo.
Emergencias humaniarias ponen en mayor riesgo a las mujeres y niñas
Y la violencia seguía en casa… persisten patrones culturales
Josefina
Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 27 de mayo, 2020.- Grettel Castorena Escalera, Presidenta del Consejo Social
del INMUJERES, dijo que las emergencias humanitarias, como los desastres
y las pandemias mundiales, ponen en mayor riesgo de violencia a las mujeres y
niñas, como sucede ahora por la COVID-19.
Explicó que la violencia que tiene una relación con la
desigualdad y discriminación, las normas sociales y las masculinidades nocivas vigentes
en el siglo XXI; 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en
América Latina, donde 3 mil 800 mujeres
han sido asesinadas.
En México, de acuerdo a la última encuesta de ENDIREH,
43.9 por ciento de las mujeres han experimentado violencia por parte de su
pareja; en febrero de este año, se registraron 166 feminicidios, 466 mujeres
víctimas de homicidio doloso que dan un total de 632 víctimas.
Castorena Escalera dijo
que en los dos primeros meses de este 2020, se contabilizaron 9 mil 941
víctimas de lesiones dolosas.
Sin embargo, dijo la consejera social del IMUJERES, la
pandemia tiene otras repercusiones en la vida de las personas como son los
efectos emocionales por el encierro, la inseguridad económica, el desempleo, lo
que aumenta los niveles de violencia contra mujeres y niñas, y advirtió de un
posible aumento de embarazos producto de la violencia contra de las mujeres y
niñas.
A su vez, la catedrática de la Universidad Juárez de
Tabasco, Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Peralta, y Lilia Mireya Castro
López, Secretaria Ejecutiva del Consejo Social, coincidieron en que el confinamiento
sanitario permitió visibilizar otros problema en lo social, educativo o de
salud, pero sobre todo ha develado sobre todo, la violencia machistra y
patriarcal que persiste.
911
en Guerrero
Durante marzo, el 911 recibió mil 223 llamadas de
emergencia por parte de mujeres que sufrieron violencia patriarcal, cifra que
disminuyó en 50 por ciento en mayo, dijo la titular de la Secretaría de la Mujer
(SeMujer), Maira Gloribel Martínez Pineda.
Al participar en la videoconferencia El impacto de la COVID-19 en la violencia de mujeres y
niñas, organizada por la Unidad de Género de la Universidad Autónoma de
Guerrero (UAGro), la funcionaria coincidió con las integrantes del Consejo Social de Instituto Nacional
de las Mujeres, en que el confinamiento sanitario elevó el riesgo de la
violencia machista contra las mujeres y niñas.
Dijo que el recrudecimiento de la violencia machista por
el confinamiento se debe a patrones culturales, como la creencia de que un
hombre es la autoridad de la casa, lo que significa subordinar a las y los demás
miembros de la familia, muchas veces a través de la violencia y el encierro,
insistió, ha servido para hacer más visible un problema que ya estaba.
Justificar la violencia que se ha recrudecido en contra
de mujeres, niñas y adolescentes en lo que va de la contingencia, bajo el
argumento de que se debe al encierro, naturaliza esta práctica, “y no es cierto
ellos ya traen un sexismo intrínseco, un
machismo que explota en los días que ha estado en confinamiento con las
mujeres, las niñas y los niños, el abuso se ha registrado en personas mayores
incluso”, expuso la titular de la SeMujer.
Dijo que las llamadas de auxilio y denuncia se
incrementaron en marzo, en tanto que hasta ayer las llamadas ascendían a 640, expuso
Martínez Pineda.
“La violencia no es responsabilidad de quien la recibe,
sino de quien la ejerce”, luego de asegurar que muchas mujeres no denuncian y
no porque les guste vivir violencia, ese mensaje justifica a los agresores,
dijo.
La funcionaria explicó que todos los días es necesario
hacerle entender a las personas que la violencia no es natural, que quien
ejerce violencia es el responsable y que con comete un delito.
Martínez Pineda aseguró que desde el primer día cuando se
tomaron las medidas de prevención frente a la pandemia, el gobierno del estado
ha mantenido en funcionamiento los servicios esenciales para atender a las
mujeres en situación de violencia, como el Centro de Justicia para Mujeres, el
refugio temporal -que funciona recalcó, con recursos y por voluntad del ejecutivo
estatal, en tanto que el recurso federal “está por llegar”- y en muchos
municipios las primeras respondientes frente a estea violencia son las
directoras de los institutos municipales.
Plan de créditos para mantener
empleos a 10 mil empresas
Elda Montiel
SemMéxico. Morelia, Michoacán. 28 de mayo 2020.- Sin
relajar las medidas de prevención iniciará la nueva convivencia afirmo el
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien ha estado trabajando
con los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz
en Michoacán, en el análisis del reinicio de actividades para que no aumenten
de manera desmedida los casos de COVID-19.
«Vamos a hacer un análisis minucioso estas
semanas para que el primero de junio sepamos qué actividades vamos a poder
retomar y qué no. Por ello he propuesto que a partir de ahora hagamos una
revisión municipio por municipio, para así tomar decisiones a nivel municipal,
conforme a la situación de cada región», señaló el Gobernador Silvano
Aureoles Conejo.
Hasta el momento se encuentran confirmados 1625
casos de coronavirus en el Estado de Michoacán con lamentablemente 149
defunciones y afortunadamente 669 recuperados, 852 casos sospechosos; 3543
casos negativos.
De las 32 entidades federativas, Michoacán se
encuentra en el lugar 14 por número de defunciones confirmadas por coronavirus.
Desde el 16 de marzo en el primer mensaje del
gobernador Silvano Aureoles Conejo, cuando dio a conocer el Plan de Acciones
Extraordinarias y de Prevención contra el coronavirus la preocupación ha sido y
es priorizar la salud de todas y todos, porque las estadísticas
muestran que el país se encuentra en la etapa de mayor crecimiento en contagios
y muertes.
Unidades Móviles para atender a las y los michoacanos por COVID-19
La Secretaría de Salud de Michoacán instaló 44
unidades móviles que operan como filtros en 25 hospitales y el resto en puntos
estratégicos en la entidad; así como Módulos de Enfermedades Respiratorias en
los 364 Centros de Salud y 5 Unidades Móviles para Toma de Muestra (4 en Lázaro
Cárdenas y 1 en Zitácuaro), donde han sido atendidos por personal capacitado.
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM),
realiza recorridos de supervisión por centros de salud para verificar que el
protocolo de toma de muestra de casos sospechosos de COVID se realice de manera
segura desde la ruta de ingreso y egreso del paciente
Especial
atención en el municipio de Lázaro Cárdenas
En las unidades móviles instaladas en los puntos con mayor
índice de contagios por coronavirus en Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Salud
de Michoacán (SSM), ha atendido a 442 pacientes. De estos, 254 fueron hombres y
188 mujeres; 431cumplieron con la definición operacional de caso, por lo que se
les hizo la toma de muestra en apego a los protocolos establecidos.
Por el alto número de casos registrados en este municipio se
implementó una estrategia integral, que incluye la activación de cinco unidades
médicas móviles y la instalación de un Centro Jurisdiccional de Operación en
las instalaciones del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas.
En el municipio de
Zitácuaro la SSM puso en operación la Unidad de Toma de Muestras de pacientes
sospechosos por COVID-19, espacio que se
encuentra ubicado en las instalaciones del DIF municipal. Un médico y un químico forman
parte de la Unidad, servirá como filtro de pacientes con enfermedades
respiratorias, donde atienden de lunes a sábado de 9 a 18 horas.
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM),
recibió del Insabi 30 ventiladores, así como una plantilla de personal
conformada por 370 profesionales que fueron distribuidos estratégicamente en
las unidades médicas.
Por otra parte, la iniciativa Juntos por la
Salud donó al Hospital General «Dr. Miguel Silva» equipo de
protección para el personal médico, de enfermería y de hospitalización. El
Hospital civil recibe a pacientes con COVID-19 del interior del estado.
Acompañamiento
a 380 mujeres por violencia
Durante el aislamiento social por el COVID-19,
se han atendido a 380 mujeres con orientación, contención y acompañamiento por parte
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer),
que dirige Nuria Gabriela Hernández.
Señaló que desde el inicio de la pandemia se
implementó la línea de teléfono y mensaje, para proteger a las mujeres y niñas
que viven violencia por razones de género.
Con un considerable repunte en la violencia
psicológica y física, la funcionaria pidió: “debemos ser empáticos con el
problema de la violencia en contra de niñas y mujeres, no juzgarlas, no
criticarlas, simplemente ayudarlas, con una llamada al 911 pueden salvar una
vida”.
Hernández Abarca refirió que es un compromiso del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, prevenir y atender todas las formas de violencia en este aislamiento, por eso recordó que pueden llamar o mandar WhatsApp al teléfono, 4435822082 o escribir un correo electrónico a: seimujeratencion@gmail.com.
Migrante fallecidos en Chicago, Illinois
Durante el
periodo de la pandemia del COVID-19 de los 73 migrantes que han fallecido en
Chicago, Illinois, nueve son michoacanos. En una reunión virtual, encabezada por el cónsul Reyna Torres Mendivil, se
informó del apoyo y asesoría que el gobierno mexicano ha realizado con los
familiares de los 73 migrantes que han fallecido en ese estado por
COVID-19.
El Gobierno de Michoacán, en coordinación con
representantes sociales y líderes migrantes de Estados Unidos, acordaron
atender y asesorar a connacionales que enfrenten problemas laborales o de salud
durante la contingencia por el COVID-19.
Apoyo a la economía
En Michoacán, a través del Plan Emergente de
Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas, se ha contribuido a conservar
más de 9 mil empleos de negocios ubicados en 92 municipios en los que a la
fecha se han autorizado créditos. El Plan tiene como meta beneficiar a 10 mil
empresas de la entidad.
Uno de esos apoyos crediticios lo recibió Vianey
C, propietaria de un restaurante ubicado en el Centro Histórico de Morelia, a
quien el crédito le permitió mantener el salario de las 10 personas que ahí
laboran. Además de pagar los gastos fijos como renta, luz, y agua, entre otros.
Preocupada por el 90% de la caída de sus ventas se acercó al Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), para solicitar un microcrédito, con el respaldo del organismo empresarial al que está afiliada. Aseguró que el recurso le permitirá pagar salarios y gastos fijos, como los pagos de renta, luz, agua, entre otros.
Michoacán por mantener convenios de ocupación
del empleo
A propuesta de Michoacán, los gobiernos de Nuevo León, Coahuila,
Durango, Tamaulipas, Colima y Jalisco acordaron el 16 de mayo hacer un llamado
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), para que reconsidere y
dé continuidad a los convenios con las entidades federativas para la operación
de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE).
En el caso de
Michoacán, el impacto de esa decisión de la STyPS afectaría la meta de atención
a más de 30 mil buscadores de empleo, la colocación de mil 853 jornaleros que
participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México–Canadá
(PTAT) y la realización de ferias del empleo, en las que se proyecta atender a
5 mil 175 personas.
Se afectaría también a mil 479 personas que dejarían de acceder a becas de
capacitación para la empleabilidad, para promover o fortalecer capacidades.
Durante 2019, a través del trabajo coordinado de la Dirección de Empleo de la
Sedeco, y del Servicio Nacional de Empleo (SNE), se logró la colocación de 23
mil buscadores de empleo, y de 2 mil 328 personas con discapacidad y adultos
mayores.
Acuerdo de gobernadores
La semana pasada, durante
la Reunión Interestatal COVID-19 el gobernador Silvano Aureoles Conejo acordó
con los gobernadores de Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Colima y Jalisco solicitar el reintegro de los recursos
que se han erogado para hacer frente a la pandemia.
Al analizar el número de contagios por este virus
en sus entidades, los gobernadores determinaron aumentar el número de pruebas
serológicas para mejorar el monitoreo de la pandemia para reabrir gradualmente
las actividades económicas a partir del 1 de junio. Estos protocolos incluyen
el monitoreo del número de casos una vez que la actividad económica reabra.
Los gobernadores, desaprobaron la iniciativa que
pretende eliminar más de 40 fideicomisos de gran importancia para los estados,
y fijaron su postura contraria al decreto presidencial que desincentiva la
inversión en energías limpias, ya que, con ello, el país incumple en
compromisos internacionales para desarrollar energías renovables.
Consideraron
que daña la economía de las familias mexicanas porque encarece el servicio de
electricidad producida con combustibles tradicionales. El recibo de luz de casa
sale 6 veces más caro con la estrategia que está apostando el gobierno
federal”, sostuvo Aureoles Conejo.
Información del
Covid por línea telefónica, micrositio y App
Se han recibido 2 mil 987 peticiones de orientación e información sobre sintomatología del COVID 19 a través a través de las líneas 911 y 800-123-2890, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
Morelia, Zamora y Zitácuaro son las
tres Jurisdicciones Sanitarias que concentran el mayor número de llamadas, con
mil 731, 160 y 127 respectivamente. Del total de estas consultas, el 46.5 % son
realizadas por hombres de entre 40 y 59 años de edad. michoacanos.
Mientras que las visitas al
micrositio Michoacancoronavirus.com ha tenido 903,025 mil visitas de usuarios
un 62% mujeres y un 38% hombres. Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas,
Sahuayo, Puruándiro y Ciudad Hidalgo, son los municipios michoacanos de donde
procede la mayoría de los usuarios, además de la Ciudad de México, punto fuera
del estado en el que se mantiene este interés.
El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, en conjunto con la Secretaría de Salud en Michoacán, lanzó la app denominada “COVID-19 Michoacán”, que lleva un total 10,208 usuarios han consultado tanto en su versión iOS como en Android, en la que las michoacanas y los michoacanos pueden revisar desde su teléfono celular toda la información actualizada sobre la pandemia, supervisada y validada por la Secretaría de Salud de Michoacán.
Las penitenciarías sin casos de COVID-19 y fabrican insumos para
prevención de Covid
A más de dos meses de la implementación del
protocolo Penitenciario de Prevención COVID-19 en los 11 centros penitenciarios
de Michoacán, no se registran casos positivos del virus ni tampoco casos
sospechosos, confirmó el coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de
Michoacán, Javier Ayala Rodríguez.
Las medidas se dispusieron de acuerdo a cada fase
de la pandemia, empezando por la colocación de filtros sanitarios para
aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura y sanitización de calzado
al ingreso. Se suspendieron las visitas, pero se implementó el uso de
videollamadas para que las personas privadas de la libertad pudieran
comunicarse con sus familiares, de acuerdo a las recomendaciones de las
Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Además “el sistema penitenciario coadyuva con el combate a la pandemia mediante
la fabricación y envasado de más de tres toneladas de gel antibacterial,
máscaras protectoras y cubrebocas de neopreno, que se distribuyen tanto para el
personal administrativo y operativo, como para el sector salud”.
Se mantienen filtros sanitarios en casetas y terminales de autobuses
Como parte de las acciones que realiza el Gobierno de
Michoacán ante la contingencia de salud el Instituto Estatal de Estudios
Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) del Estado,
mantiene su apoyo dentro de los filtros sanitarios instalados en casetas y
terminal de autobuses en el estado.
Las acciones que realiza el personal del IEESSPP son:
orientar a los usuarios la ruta de ingreso a los filtros sanitarios, informar
sobre el uso de cubrebocas y el gel antibacterial, seguir respetando el
confinamiento y la sana distancia entre los usuarios formados, así como apoyar
en hacer guardar el orden, realizar el conteo de usuarios y auxiliar en la
identificación de síntomas de infección respiratoria. De esta manera se apoya a
las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública.
Examen
virtual para el ingreso al Instituto Michoacano
En materia de educación y cultura se ha cumplido con las
recomendaciones que emanan de las autoridades federales y estatales ante la
contingencia del COVID-19, y dando seguimiento a las actividades académicas en
línea, sosteniendo reuniones virtuales con todo el cuerpo directivo de los 93
planteles que conforman el subsistema, además con los directores de área del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM).
Mientras que el Instituto Michoacano de Ciencias de la
Educación, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, aplicará
su examen de ingreso para los programas de licenciatura, así como sus cursos de
inducción, de manera virtual.
La evaluación para ingreso se aplicará mediante plataforma
web en línea, misma que podrá ser contestada desde cualquier dispositivo, como
teléfono celular, tableta, computadora portátil (laptop) o computadora de
escritorio, con conexión a internet por Wifi o datos móviles. La oferta
académica para el ciclo escolar 2020-2021 incluye las licenciaturas de
Pedagogía, Psicología Educativa, Educación Artística, Inglés e Inclusión
Educativa. Los exámenes se realizarán en julio y los resultados se darán en
agosto.
Se han realizado capsulas de ciencia para transmitirlas por
radio como resultado del trabajo conjunto entre el Instituto de Ciencia,
Tecnología e Innovación y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.
Por otra parte se han seguido con actividades culturales con el apoyo de las nuevas tecnologías, de esta manera en el marco del 50 aniversario, el parque Zoológico “Benito Juárez” celebro el “Día Internacional de la Diversidad Biológica”, con un ciclo de conferencias virtuales con especialistas invitados.
En este contexto en
sesión virtual con especialista se llevan a cabo charlas virtuales con
especialistas con diferentes temas como los museos organizados por la
Secretaría de Cultura de Michoacán.
SemMéxico. Ciudad de México. 28 de mayo 2020.- Entre Palacio Nacional y la sede del Senado hay calles colmadas de historia y lecciones de política de tiempos idos que son pretexto para denostar y desmantelar leyes e instituciones con ánimos y fundamentos de diversa naturaleza ideológica y partidista, pero igual para las corrientes que defienden a esta estructura institucional que sosegó rebeliones en la primera mitad del siglo pasado y luego dio pauta a un país moderno y de avanzada; con sus bemoles y tragedias de corrupción en esa lucha de los civiles por el poder.
México en su democracia inconclusa, que evidencia los más ejemplares contrastes entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, esto que se conoce como lo políticamente correcto. La diferencia de la tarea de consensos y posturas firmes entre oposición y oficialismo, sin que el término sea peyorativo, de senadores y diputados.
Veamos. En Palacio Nacional como en el Senado de la República se hace política, nos guste o no, que lo mismo atiza tempestades que llama a coincidencias de urbanidad política y pauta legislaciones que finalmente instalan en su sitio a cada quien, aunque en Palacio priva más el voluntarismo cuyas consecuencias luego deben ser reconstruidas y vueltas a bordar con acuerdos de elemental ejercicio político en la llamada Cámara alta; y póngale usted los adjetivos que quiera.
Por supuesto, en esa mayoría senatorial de Morena hay personajes que no ganan un concurso de popularidad en la feria, porque llegaron al escaño por la vía de ese tsunami llamado Andrés Manuel como ocurrió con los diputados federales de tómbola que después de dos años mantienen el curso intensivo que reprobarán el año próximo cuando pretendan reelegirse. ¿Cuántos artículos tienen la Constitución General de la República? Pregúnteles y ya verá usted.
¡Ah, las diferencias! Entre septiembre de 2018 y los meses que corren de este 2020, en el Senado –como dicen los clásicos—se ha tenido que enmendar la plana lo mismo al inquilino de Palacio que a la arrolladora mayoría morenista en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y conste que Mario Delgado Carrillo fue senador, aunque sus apoyos lo llevan más a los yerros, graves e inoportunos como la reciente ocurrencia –¿sin línea?—de la maestra Dolores Padierna Luna con esa iniciativa de desaparecer a 44 fondos y fideicomisos.
Y es que, mire usted, a reserva de su mejor opinión, con sus subrayadas excepciones de políticos de carrera, expertos en su trabajo, la Cámara de Diputados tiene, en su mayoría ocurrente, algo más que disciplina o postura institucional, una subrayada genuflexión sin chistar que alza la mano y aprueba, con sus excepciones como la de los legisladores que el año pasado se negaban a aprobar las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, pero fueron convencidos con un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Así, en la mañanera del martes pasado, el licenciado Andrés Manuel López Obrador trazó una jugada que le puede dar buen resultado para levantar su alicaído lugar en el top ten, aunque diga que tiene otros datos o que las encuestas están cuchareadas.
Como experto en la prospectiva política y el arte de la propaganda, el señorpresidente pulsó y echó andar dos acciones que sin duda le aplaudiría el pueblo bueno con las reservas de los que identifica como conservadores.
Primero. Urdió la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo a personal de salud que ha estado en la primera línea en el combate a la pandemia.
Pero, y ésa es una clave toral de alto contenido proselitista, la entrega de la máxima presea que otorga el Estado mexicano a ciudadanos distinguidos por servicios a la patria, no la decidirá un grupo de notables, no. Serán ciudadanos, sobrevivientes del Covid-19 o que fueron atendidos para enfrentar este virus, los que votarán mediante cédulas y decidirán quiénes, entre el personal médico, incluye de enfermería y asistentes, son merecedores de la condecoración Miguel Hidalgo.
¿Algún problema por el desabasto de equipo? ¿Algún problema por la falta de apoyo al personal en clínicas y hospitales? Con esta decisión el licenciado López Obrador se lava la cara. Él, porque los responsables del sector salud han cumplido con sus obligaciones y responsabilidades; atender órdenes presidenciales, es parte de su obligación. Y aquel que se rehúsa, lleva por delante la renuncia; los ejemplos tienen nombres y apellidos.
Segundo. El martes pasado, reprochó nuevamente a sus antecesores de los males del país, entre ellos en el sector salud donde hay un vasto déficit de médicos en general pero, sobre todo, de especialistas. Y esta situación afloró en la epidemia de coronavirus.
Por ello, junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que los más de 50 mil aspirantes a cursar una especialidad no serán rechazados e incluso habrá 30 mil becas para estudiar en el extranjero.
En este tenor, en la conferencia de prensa mañanera, López Obrador argumentó la razón de la insuficiencia de médicos en México:
“Porque se apostó a privatizar la educación y utilizaron como excusa para rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades o a especializarse que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto, no es que no pasaran el examen de admisión, es que no había cupo, no había espacio porque no había presupuesto para las universidades públicas, para la formación de los especialistas”.
¿Qué vamos a hacer nosotros?, se preguntó y respondió:
“Lo anuncio, ya todos los que quieran estudiar especialidades van a tener manera de hacerlo. En el nivel de especialidades no va a haber rechazados (…)”.
Luego preguntó al secretario Alcocer Varela cuántos presentan examen para entrar a la especialidad en un año.
El secretario de Salud refirió que en este año se presentaron más de 52 mil candidatos para poder optar por especialidades médicas.
Las especialidades médicas suman en términos generales más de 60, 68, de las cuales se abren, de acuerdo a los sitios donde se forman, donde hay posibilidad de darles esa preparación, una preparación que es uno, dos, tres años, dependiendo la complejidad de la ciencia que se está ampliando para la medicina.
En ese periodo participan varias universidades –acotó el secretario de Salud–, pero sumadas y principalmente a través de las más notorias, la UNAM, el TEC y otras universidades, las estatales que también hay que considerar, se aceptan alrededor de 10 mil, una cuarta parte, y eso con esfuerzos, estoy hablando que siempre aceptaban, o sea, se les daba el visto bueno alrededor de nueve mil, pero el Seguro Social, lo resalto, ha hecho esfuerzos para aumentar progresivamente alguna de esas especialidades.
“El enfoque ahora, como ya dijo el señor presidente, va a ser completo. Uno, no rechazarlos, porque todos los que deben de presentar llenan el requisito de ser médicos generales, y en algún momento señalé que el ser médico general ya es una distinción, seis años de estar trabajando y haciendo, inclusive ahora en el COVID (…)”.
Y luego López Obrador anunció becas para formar en el extranjero a 30 mil médicos especialistas. En la conferencia informó que se destinará el presupuesto necesario e instruyó a las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores realizar las gestiones a fin de lograr este propósito.
Las becas, podrían ser administradas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El principal acuerdo es que, a su regreso al país, los especialistas trabajen en hospitales públicos para que “devuelvan lo que el pueblo les va a dar: la posibilidad de especializarse”, citó el señorpresidente en esta segunda operación política con pretexto sin discusión, salvo la elemental suspicacia de la cantidad de votos que esto lo acarreará en la elección intermedia del año que entra para salvar la mayoría legislativa de Morena en la Cámara de Diputado. La política en Palacio, operada por el maestro de la propaganda.
Y la otra vertiente de la praxis política en el Senado, la ofreció alguien que de pronto se alzó como vocero de la pandemia y que se ha convertido en ave de las tempestades.
Y dígame lo contrario. Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell respondió a los cuestionamientos de los senadores, con quienes se reunió por más de cinco horas de manera virtual, y provocó la airada reacción de la bancada del PAN que lo llamó misógino, irrespetuoso y todos esos etcéteras derivados del desencuentro.
Bueno, bueno. Si ya saben cómo es, para que lo invitan, diría el clásico, porque el doctor sin duda es un crooner que si le piden baile charleston lo hace y cuenta cuentos a los niños y responde a inquietudes de amas de casa y…
En la óptica de mi asesora política, López-Gatell arrolló a la oposición, reitero, en especial a la del Partido Acción Nacional, con argumentos explicativos y técnicos acerca de la estrategia y acciones emprendidas para enfrentar la pandemia generada por el Covid-19.
Mi asesora concluye: Simple, con una vasta explicación técnica, muy pormenorizada de casi cinco horas y 40 minutos, López-Gatell, responsable de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, expuso el origen de la pandemia, la estrategia y los alcances de la misma, para luego responder a los cuestionamientos de los legisladores.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, dio la bienvenida al subsecretario y le hizo los primeros cuestionamientos.
A ésta tercera reunión de trabajo virtual, con López-Gatell convocado, se conectaron más de 55 senadores, entre ellos presidentes de diversas comisiones y todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Y el PAN anda severamente encabronado, ofendido y con ganas de enjuiciar al doctor subsecretario. Pero, reitero, si ya saben cómo es, para qué lo invitan. De Palacio Nacional en la ruta del Senado. Conste.
Desde el pasado viernes había recibido amenazas del presidente y de su esposa
Jaquelina Escamilla los responsabilizó de cualquier situación que pidiera sucederle
Soledad
Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 27 de mayo, 2020.-
Jaquelina Escamilla Villanueva, directora del Instituto Municipal de las
Mujeres, fue destituida esta tarde por el presidente municipal de esta ciudad,
luego de que por fallas técnicas no se pudo transmitir la conferencia, que
horas antes más de 300 mujeres y más de 80 organizaciones de la sociedad civil
habían solicitado que se cancelara por su sesgo religioso y de fanatismo.
En un breve mensaje, Escamilla Villanueva
señala que habían tratado de solventar el problema técnico, que le había
informado al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, quien molesto
determinó, mediante una llamada telefónica, destituirla del cargo.
“Quiero hacer responsable en este momento
al Presidente Municipal de todo lo que me pueda suceder”, apuntó la funcionaria
luego de recibir la comunicación telefónica de García Jarquín.
Yo no voy a renunciar, agregó Escamilla
Villanueva, porque no estoy cometiendo ninguna falta, y pidió la intervención
de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Secretaría
de las Mujeres de Oaxaca y la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria dijo que teme por su
integridad, de su familia y de sus colaboradoras, ya que desde el pasado viernes
cuando presentó la conferencia de la senadora Citlalli Hernández Mora, sobre el derecho a decidir de
las mujeres ha sido víctima de una serie de amenazas
de parte de la señora Patricia Benfield y su esposo el presidente municipal
Oswaldo García Jarquín, a quienes acusó de violencia política de género e
institucional.
Dijo que tiene grabados las llamadas
telefónicas y las conversaciones vía WhatsApp por lo que reiteró que
responsabiliza al munícipe de Morena que fue electo por el pueblo, y por el que
ella misma votó, porque como mujer de la 4T creo en la transformación, apuntó.
Por último mencionó que en pleno 2020, el
presidente municipal violente sus derechos, pensé que cambiaría de actitud y
aunque me pidió que “no lo decepcionara, ha sido él quien me ha decepcionado”,
comentó Jaquelina Escamilla Villanueva.
En twitter el presidente de la Junta de
Coordinación Política de Oaxaca, el morenista Horacio Sosa Villavicencio
condenó a nombre de la LXIV Legislatura el “acto de violencia política” y pidió
a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y a la Fiscalía
del Estado medidas cautelares para la Directora del Instituto Municipal de la
Mujer del municipio de Oaxaca de Juárez.
Asimismo, las integrantes del Consejo del
Instituto Municipal de las Mujeres, como lo hicieron las más de 350 feministas
y más de 80 organizaciones, se unieron a la petición de cancelar la conferencia
denominada “Preservar la vida, la máxima necesidad en este tiempo…”.
Y recnocieron el trabajo de la directora
del Instituto Municipal de las Mujeres Jaquelina Escamilla, “quien ha sido
congruente en cuanto a la promoción de la política de equidad e igualdad de
género en este municipio”, señalan en un documento suscrito por Evlin Marysol
Hernández Aragón, María Margarita Dalton Palomo, Niz Yamille M. Gómez
Hernández, Erika Lilí Díaz Cruz, Rosario Guadalupe Sánchez Pacheco, Ximena
Avellaneda Díaz, Zoila Jovita Ríos Coca, Paulina Ríos Olivera, Mayra Morales
Aldaz y Vilma Katt Ulloa.
* Se modifican más del 50 % de la normatividad que se aplicaba
* Buscan fortalecer la igualdad y no discriminación
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 27 de mayo de 2020.- Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC); aprobaron la nueva Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, y abrogaron anterior política aprobada en 2018.
Durante la quinta sesión ordinaria realizada de manera virtual debido a la pandémica por covid-19, se presentó el acuerdo sobre la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación que a la vez abroga su más cercano antecedente de política de igualdad, aprobado en febrero de 2018, creado con el propósito de implementar y desarrollar estrategias para la promoción y fortalecimiento de la igualdad y no discriminación entre el personal del IEPC, y garantizar ser una institución igualitaria, incluyente y libre de violencia.
Dicha política definirá los mecanismos para asegurar que las acciones operativas institucionales, tuvieran como premisas básicas los principios de igualdad de género, no discriminación, una cultura de respeto a los derechos humanos, inclusión y diversidad.
Sin embargo, debido a que las condiciones en distintos ámbitos han cambiado, la Comisión Especial de Normativa Interna del IEPC, consideró la necesidad de modificar y actualizar esta Política de Igualdad Laboral y No Discriminación que venían aplicando, y contar con un nuevo instrumento que señale las políticas internas y sus principios en materia laboral y de derechos humanos, que contenga lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio, y además, asegure buenas prácticas basadas en los principios universales de igualdad y no discriminación, y libre de cualquier tipo de violencia.
Los cambios requeridos representaron más del 50 por ciento de la modificación de la normativa que se venía aplicando, por lo que la Comisión Especial de Normativa Interna de este organismo, en sesión de 20 demayo del 2020,emitió un dictamen en el que recomendó abrogar la Política de Igualdad y No Discriminación, aprobada en el 2018 y propuso aprobar una nueva política en la materia.
“Con la propuesta de actualización de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, este órgano electoral reafirmará el establecimiento de tres principios de actuación entre las y los trabajadores de la misma, a saber: ser una institución libre de discriminación, con igualdad de oportunidades y trato, y libre de violencia”, establece el documento.
En esta nueva propuesta, el organismo electoral establece que el objetivo de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación consiste en establecer estrategias para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género y los principios universales de igualdad y de no discriminación en los ámbitos de su competencia y acción, con el fin de garantizar la igualdad sustantiva y el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos.
Su aplicación es de observancia general para las servidoras y los servidores públicos que laboran en el IEPC, adscritos a la Rama Administrativa, y del Servicio Profesional Electoral Nacional, ya sean cargos permanentes o temporales, dados los procesos electorales.
Al ser sometida a votación, la propuesta fue aprobada por unanimidad de parte de los consejeros electorales, y con el aval de los representantes de partidos políticos de Morena, PRI, y PRD, quienes durante sus intervenciones, manifestaron su total acuerdo.
La conferencia rechazada por feministas y OSC, atenta contra los derechos de las mujeres
Cuestionan injerencia en la vida institucional de Patricia Benfield, esposa del munícipe de la capital oaxaqueña
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico,
Oaxaca, 27 de mayo, 2020.- Más de 80 organizaciones de la sociedad civil y más
de 350 mujeres de forma independiente exigieron hoy al presidente municipal de
esta ciudad la cancelación inmediata de una plática programada para esta misma tarde,
por el sesgo religioso y fanático, que atenta contra los derechos humanos de
las mujeres.
Esto
luego de que a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca (IMMO)
del gobierno municipal de esta capital anunció la realización de una
conferencia encabezada por Estefanía Ricci y Adriana Jáuregui, bajo el título:
Preservar la vida, la máxima necesidad en este Tiempo, de los derechos y las
realidades médicas en el estado de Oaxaca, considerada una respuesta a la
conferencia que el pasado viernes ofreció la senadora Citlalli Hernández Mora,
quien habló sobre el derecho a decidir de las mujeres.
En la
carta pública que circula desde hace unas horas, se exige también a “las
instituciones que promueven los derechos de las mujeres financiadas con
recursos públicos no sean utilizadas para fines proselitistas, partidistas,
religiosos ni para promover opiniones personales, ya que pone en
cuestionamiento la autenticidad de su compromiso con las temáticas de género y
feministas, o el uso que a estas se les dan para lograr fines políticos”.
La
carta dirigida al munícipe capitalino de Oaxaca de Juárez, a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero; a la titular de la Secretaría de las Mujeres
de Oaxaca, Ana Isabel Vásquez, y a la titular del IMMO, Jaquelina Escamilla
Villlanueva, hace un llamado a Patricia Benfield -quien no tiene ningún cargo
electo, por tanto sus atribuciones deberían ser limitadas y transparentes- a
que en lo sucesivo deje de disponer de las instancias de las mujeres y sus
recursos para promover sus dogmas de fe.
A
Patricia Benfield, presidenta honoraria del DIF Municipal, las feministas
oaxaqueñas le piden que deje de manifestarse a nombre de la ciudadanía
oaxaqueña y mucho menos de las mujeres. “¡Las mujeres oaxaqueñas no nos vamos a
quedar calladas! En este estado nuestro derecho a decidir ya no está en debate.
No a “conferencias” ni eventos anti-derechos pagados con nuestros impuestos”.
Como se
recordará en Oaxaca, la 64 Legislatura del Estado “hizo historia” al
despenalizar el pasado 25 de septiembre de 2019, la interrupción del embarazo
hasta la semana 12, “cubriendo así una deuda histórica que tenía con los
derechos sexuales y reproductivos de las oaxaqueñas”.
En la
carta se recuerda la rispidez de aquella sesión de la diputación local, en la
que se expresaron los grupos denominados pro-vida alterando el orden e
intentando impedir la votación. “Con insultos y agresiones condenaron a las
mujeres feministas que por años hemos luchado por el reconocimiento y respeto
al derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”.
De la
misma forma, señalan han utilizado “discursos retrógrados” recientemente para
atacar a la Senadora Citlalli Hernández Mora el pasado 22 de mayo, quien a
través de Facebook Live ofreció la conferencia virtual “Derechos de las
Mujeres; derecho a decidir, por una maternidad libre y segura” organizada por
el Instituto Municipal de la Mujer Oaxaqueña y realizada en concordancia con su
misión en la promoción los derechos de las mujeres.
Durante
su presentación, la Senadora recordó la aprobación de la ley para despenalizar
el aborto en el Código Penal de Oaxaca y puntualizó que la responsabilidad del
Estado es garantizar las condiciones de salud y seguridad para que las mujeres
ejerzan su derecho a decidir.
“No
obstante, la seriedad y claridad de su argumentación, un ejército de personas
se hizo presente a través de la opción de comentarios para expresar su
oposición a la conferencia en base a posiciones personales y opiniones
desinformadas con respecto al aborto. En el transcurso de la conferencia la
Senadora recibió un sinfín de insultos y ataques basados en creencias
religiosas y dogmas de fe provenientes de sectores conservadores que ignoran
que la interrupción del embarazo es un derecho humano reconocido por instancias
internacionales y por esta entidad federativa que ya reformó su Código Penal.
Su `discusión´ fue alrededor de una demanda resuelta con 24 votos a favor y 10
en contra que despenalizó el aborto en el estado hasta la semana 12 del
embarazo.
“A
pesar de la existencia de la ley y el hecho histórico de vivir en la segunda
entidad federativa en México que reconoce el derecho de las mujeres a decidir,
durante la transmisión de la conferencia, la señora Patricia Benfield,
presidenta del DIF Municipal de la capital oaxaqueña, hizo un par de
comentarios inapropiados tales como “Oaxaca es provida” y “El presidente es
provida” refiriéndose al edil municipal Oswaldo García Jarquín, quien es su
esposo”.
En este
sentido, las feministas sostienen que se trata de posiciones personales “tomadas
desde el privilegio de clase y basadas en creencias religiosas y moralistas que
no representan a toda la población de este estado ni de su capital. Los grupos
“pro-vida” a los que evidentemente ella pertenece se organizan a través de una
concepción religiosa que alberga prejuicios machistas, sexistas y misóginos. En
México y en el mundo estos grupos han representado un obstáculo para el acceso
a una educación sexual integral y al ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres”.
Patricia
Benfield ha hecho uso del poder que le confiere su posición como presidenta del
DIF imponiendo su credo personal y religioso. Tal como se mostró en la
presentación de la película con evidentes tintes pro-vida “Inesperado”, para la
cual fue trasladado a esta ciudad, haciendo uso de recursos públicos, el actor
mexicano Eduardo Verástegui.
Demandaron
información para conocer el derecho a interrumpir un embarazo por las causales
que la ley marca, garantías de acceso a la salud y respeto a los derechos,
porque explican que en Oaxaca una de las principales razones de la muerte de
mujeres es el aborto mal practicado.
De ahí
que la promoción de presentaciones que fomenten el estigma hacia las mujeres
que deciden abortar es una acción irresponsable, señalan. Además de recordar
que de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se establece la separación del Estado e Iglesia, por tanto,
es competencia de los gobiernos de todos los niveles evitar la injerencia de
ideas o preceptos religiosos que atenten contra los derechos humanos y los
derechos de las mujeres.
SemMéxico. Jalisco. 27 de mayo de 2020.- La nueva campaña del gobierno federal “Cuenta hasta 10”, presentada por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para supuestamente prevenir la violencia contra las mujeres durante la contingencia, es retrógrada y reproduce casi exactamente la misma campaña que hace 40 años realizó televisa y que reproduce los estereotipos de la típica familia mexicana que solo está presente en la mente añejada de López Obrador. Igual que hace 40 años, la campaña “Cuenta hasta 10”, está alejada de la realidad de los hogares mexicanos, descontextualizad y llena de estereotipos, naturaliza y justifica la violencia contra las mujeres al remitir esta violencia al ámbito individual, responsabilidad única de quien solo tiene que contar hasta 10 para hacer posible que disminuyan las violencias y alejada de cualquier responsabilidad estatal y de alguna política pública. Hace 40 años fue una televisora privada quien impulsó esta campaña que permeó en la sociedad y que generó la idea de que las violencias pueden ser resueltas solo con la voluntad personal de quien decide controlar sus impulsos. El agravante de hoy es que es la Secretaría de Gobernación (Segob) y las instituciones federales responsables de prevenir la violencia contra las mujeres, quienes según ellas buscan: “visibilizar la violencia contra las mujeres y por otro lado mostrar algunas herramientas prácticas a los ciudadanos para enfrentar situaciones difíciles que a veces desembocan o terminan en actos de violencia contra contra las mujeres”. La campaña se presentó con una serie de postales, videos y audios que en donde se ve a familias convencionales al borde de un acto de violencia. El mensaje del gobierno federal es “cuenta hasta 10” y “saca la bandera blanca de la paz”.
Ese discurso de “sacar la banderita de la paz” y la “familia fraterna”, está totalmente alejada de la realidad de las miles de mexicanas que viven violencia diariamente en nuestro país. Como bien señala María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) “esta campaña es reflejo que las autoridades no están entendiendo la cultura machista discriminatoria. Imagínate que sólo sea que contaras 10 y ya acabara la violencia. Muchas mujeres están totalmente sometidas, tienen miedo al agresor. Todos los miembros de la familia pueden tener miedo”.
Por su parte, la coordinadora de la Red Nacional de Refugios A.C, (RNR) Wendy Figueroa Morales y una de las impulsoras de la red #Nosotras Tenemos Otros Datos, ha señalado que esta campaña vuelve a naturalizar y justificar la violencia contra las mujeres, carece de enfoque de género, Derechos Humanos e interculturalidad así como acciones puntuales y transversales que garanticen el derecho de las mujeres y niñez a una vida libre de violencias. La también integrante de la Red #Nosotras Tenemos Otros Datos, la Dra. Patricia Olamendi señala que “lacampaña es un retroceso en el avance sobre los derechos de las mujeres, ya que desde los años 70 ya se identifica la violencia contra las mujeres en México; ya se hicieron leyes, presupuesto, programas y un conjunto de acciones específicas, pero nada de eso se ve reflejado en la campaña”.
Sin duda, el gobierno mexicano sigue perdido y sin brújula para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Campañas como esta de “Cuenta hasta 10” demuestran que la problemática de las mujeres no se entiende y deja en las mujeres la responsabilidad de prevenir la violencia contra ellas,no plantea ninguna acción de gobierno ni se encuentra vinculada a ninguna política pública. Como bien lo dicen mis queridas compañeras feministas, solo les faltó incluir el recetario de cocina de CONAVIM, no vaya a ser que el marido se les enoje por no saber preparar la comida y no alcancen a contar hasta diez.
SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 27 de mayo de 2020.-Sin un dictamen, en materia de violencia política por razón de género, concluyó sesión de dos horas, de los diputados y diputadas que integran las comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.
La sesión habría sido convocada para conocer la presentación, análisis, discusión y posible aprobación del dictamen por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales y la ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral y el Código Penal 499 del Estado de Guerrero, con las que se incluiría la violencia política por razón de género.
Según se dio a conocer, habría un acuerdo previo, en el que no habría discusión, solo aprobación del dictamen que sería puesto a consideración por parte de la Comisión para la Igualdad de Género, que preside la diputada de morena, Erika Valencia Cardona; sin embargo el presidente de la Comisión de Justicia, el priista Omar Jalil Flores Majul, increpó dicho pacto.
Se quejó que el dictamen les fue enviado a las 02:03 de la mañana de este martes, y no habrían tenido tiempo suficiente para analizarlo y poder aprobarlo, se remitió a la ley orgánica del Poder Legislativo que señala que los dictámenes deben ser enviados con 24 horas mínimo de anticipación, y debido a que había modificaciones de fondo que tenían que ser bien analizadas, se opuso a aprobarlo.
La diputada Erika Valencia respondió que se trataba de voluntad política y le recordó que sus propuestas junto con las del resto de los integrantes de la comisión de Justicia, poco después de las 8 de la noche, las cuales habría incorporado al dictamen en el tiempo en que le fueron remitidas “con toda la voluntad política de avanzar”, dijo.
La también diputada de Morena Norma Otilia Hernández Martínez, acusó al legislador priista de estar en contra de los derechos de las mujeres, del reconocimiento de los mismos, a pesar de la lucha que dado durante décadas, y se pronunció porque el dictamen fuera leído y sometido a votación en esa misma sesión.
A la voz discordante del priista Omar Jalil, se sumaron las de la perredista Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, la priista Alicia Elizabeth Zamora Villalba, el diputado sin partido, Servando de Jesús Salgado, y la panista Guadalupe González Suástegui.
Esta última aludió que sus propuestas no habían sido incluidas, además de que el documento enviado carecía de consistencia, “no se trata solo de copiar y pegar, se trata de congruencia y dar ilación a las ideas”, y propuso un receso para analizar la propuesta.
Moisés Reyes Sandoval, también de Morena, insistió en que el dictamen fuera sometido a votación, también arremetió en contra de quienes solicitaron más tiempo para su análisis.
Finalmente, tras dos horas de dimes y diretes, de acusaciones mutuas e incluso de levantamiento de la voz, por parte de un diputado, las diputadas y diputadas de las comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, por mayoría de votos, aprobaron declarar un receso, y reanudar sesión hasta nuevo aviso, con el convencimiento de que aún hay tiempo para legislador en materia de violencia política por razón de género.
También discutieron del porque la sesión fue transmitida a través de redes sociales, sin consultar al resto de las y los diputados, la presidenta de la Comisión para la igualdad de Género aceptó consensar en la próxima sesión con el resto de las y los integrantes, y evitar sea una imposición.
SemMéxico. 27 de mayo de 2020.- Uno de los tantos desaciertos por los que se han caracterizado las administraciones pasadas del gobierno federal, tienen que ver con la falta de compromiso y sensibilización con la que sea tratado los temas de inclusión, igualdad y violencia de género.
De ahí que, miles de mujeres han tenido que luchar contra un sistema androcéntrico para lograr visibilizar, defender y garantizar sus derechos humanos. Incluir la perspectiva de género para lograr equidad e igualdad en las políticas públicas, en los presupuestos y en la legislación no les ha sido una tarea fácil.
No obstante, la actual administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha generado un retroceso contra los avances ya logrados; la reducción y retención de programas presupuestarios, la descalificación hacia los refugios de asistencia a mujeres y la invisibilización de las situaciones sociales que padecen éstas, han constituido un atentado a los derechos de las mujeres.
Pero es en especial, las declaraciones hechas por Andrés Manuel López Obrador las que constituyen en sí, un peligro a los derechos humanos de las mujeres, no es la primera vez que éste minimiza e invalida las condiciones sociales que padecen miles de ellas.
En particular, se tiene la última declaración que emitió con motivo del cuestionamiento que se le hiciera sobre el aumento en las cifras de mujeres violentadas en los meses de enero a abril y cuyo argumento para descalificar los datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y por las organizaciones civiles fue el siguiente:
“Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a mal interpretar, […] el 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas. Esta demostrado”
La anterior declaración emitida por el Presidente de la República deja ver como la estructura de su forma gobierno se basa en no ver ni oír lo que esta ahí y habla; una forma de gobierno que esta soportada bajo una cultura de discriminación e invisibilización de los problemas y necesidades de las mujeres.
Pero, además al emitir tales declaraciones descalifica la credibilidad de miles de víctimas en casos de violencia, lo cual contribuye a la inacción por parte de otras instituciones estatales encargadas de administrar e impartir justicia, que de por si ya son ineficaces.
Y al mismo tiempo, envía el mensaje de que toda violencia contra la mujer puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir, favoreciendo con ello su aceptación social.
De tal manera que sus afirmaciones solo avalan la concepción errónea de que las mujeres son inferiores y que por ese motivo sus necesidades no son importantes, al grado de pretender encubrir hechos como los feminicidios, la violencia de género y el rezago social que padecen.
De hecho, la CIDH y la CEDAW en reiteradas ocasiones han manifestado que la impunidad creada y propiciada por el Estado mexicano se ha sustentado y legitimado por su cultura de discriminación, en donde han provocado que los delitos contra las mujeres, no sean percibidos como un problema de magnitud importante.
Lo que a ocasionado una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra mujeres propiciando un ambiente de impunidad que ha facilitado y promovido la repetición de los hechos de violencia en general.
Por ello urge que, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenga en claro que sus declaraciones no solo invisibilizan los hechos padecidos, sino que profundizan la experiencia del sometimiento y perpetuación de situaciones de no reconocimiento de dominación y explotación.
Pero también es necesario que la ciudadanía, le exija al mandatario que deje de justificarse bajo el argumento de que la sociedad civil y las víctimas buscan deslegitimarlo en sus acciones de gobierno; se debe tener en claro que la sociedad civil no es enemiga de la ciudadanía, pero sí lo es aquel que produce una alineación social que contribuye a la negación de múltiples formas de sufrimiento social.
La discriminación, la desigualdad, la violencia, la segregación y la invisibilidad social, no solo daña a las mujeres, sino que se extiende a todas las personas y a todas las comunidades.
“El Presidente no escucha, no
aprende, no entiende en qué país está. El confinamiento coloca a las mujeres en
situación de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad frente a agresores
domésticos”.
-Marcela Lagarde-
Por María Trinidad
Rojas Arreola
SemMéxico. 27 de mayo 2020.- Cuando elegí Desiderata Legal
como el nombre de mi columna, lo hice porque su significado es “las cosas
deseadas del derecho”. Y no es que el mismo se rija de deseos, pero cada vez
dista más en México y el mundo que los gobiernos cumplan con su papel
fundamental de ser garantes de los derechos humanos de sus gobernados.
El martes 25 de mayo, justo en el día naranja -campaña
denominada así, ya que es un recordatorio contra la violencia hacia la mujer,
decretada por la ONU desde 2008-, la sociedad organizada y mujeres de todo
México nos sumamos a la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos producto, sí, de la
cruda y cruel realidad de la violencia feminicida que a diario vivimos las
mujeres y niñas mexicanas, pero más aún del hartazgo ante la violencia que
estamos viviendo reiteradamente del Presidente.
Y es que en mi querido México, diariamente tenemos delitos
de violencia contra la mujer, en un punto extremo que, hay quienes pretenden
continuar con su normalización, o peor aún, con la negación de su existencia
cuando a diario ocurren casos de violación a niñas y adolescentes, de mujeres
violentadas en el seno de su hogar, de mujeres utilizadas como carne de cañón
del crimen organizado; de mujeres víctimas de trata, de trabajadoras del hogar
sin un pago formal y, el caso más extremo, los feminicidios.
Todo ello se agrava y maximiza por la contingencia del Covid-19
y el obligado confinamiento en el hogar.
Casos como el feminicidio de Diana, estudiante de Nayarit,
ocurren diariamente sin que exista un pronunciamiento rotundo, claro y fuerte
que señale que se aplicará todo el peso de la Ley a los feminicidas por parte
del Ejecutivo Federal.
El negar o desviar la atención del tema sólo empeora la de
por sí difícil situación de las mujeres, pues tenemos una de las peores crisis
que han existido en nuestro País con el virus del feminicidio. Hemos superado
los 10 feminicidios diarios en México, esto reconocido por la CNDH.
Los otros datos que tenemos y que son de organismos como la
propia ONU, es que por cada tres meses de confinamiento habrá 15 millones más
de casos de violencia de género, mismo que prevé millones de nuevos casos no
sólo de violencia, sino de matrimonio infantil, mutilación genital femenina y
embarazos no deseados.
A nivel mundial se reconocen proyecciones alarmantes del
presente y, peor aún, del futuro catastrófico que enfrentarán las mujeres y las
niñas si no se realizan esfuerzos urgentes para asegurar su bienestar y
garantizar sus derechos.
Entonces, hablar de que en México las familias son fraternas
y que las llamadas de auxilio por violencia en el hogar son falsas, como lo
hace el presidente López Obrador, ¿qué podemos esperar de su mandato ante ese
llamado internacional?
Que no se olvide que México tiene una serie de
recomendaciones de organismos internacionales, como la CEDAW, y que está
obligado a preservar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas; que se
tiene un Mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pero sobre todo que existe
una robusta y amplísima gama normativa que configura los derechos de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Como diría el colectivo chileno en su composición un
violador en tu camino: “el violador eres tú”.
Michelle Bachelet señaló en la conmemoración de los 25 años
de la Conferencia de la Mujer de Beijing, que los derechos de las mujeres hoy
están siendo atacados por varios frentes, y que estamos viendo retrocesos y el
resurgimiento de narrativas contra la igualdad feminista. Ante ello, enfatizó
que los derechos de las mujeres no son negociables y no pueden ser una política
opcional, sujeta a vientos cambiantes de la política.
La protesta digital que vivimos el 25 de mayo -y
diariamente- es una muestra y un mensaje claro de que más de la mitad de la
población de México tenemos derechos y exigimos su cumplimiento.
Cierro con la reflexión de Rita Segato, quien refiere que,
“en la progresiva precarización económica de la vida, las mujeres tienen una
posición histórica de inferioridad, por lo que la violación y el feminicidio
son un crimen de poder”.
