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Programas etiquetados para la igualdad entre hombres y mujeres se reducen en más de mil millones

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Programas etiquetados para la igualdad entre hombres y mujeres se reducen en más de mil millones
  • El impacto de menos presupuesto fue para 17 programas y de plano 11 no recibieron recursos
  • Análisis de los centros de Género y Finanzas, ambos de la Cámara de Diputados

Por Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 7 de agosto, 2020.- Durante el primer semestre de 2020 los recursos asignados por la Cámara de Diputados para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se redujo en dos mil 163 millones de pesos que afectaron a 17 programas específicos, algunos hasta con 50 por ciento; a 11 entidades que están en cero o que no recibieron recursos para la igualdad; 5 estratégicos sólo recibieron el 50 por ciento.

Las reducciones fueron se hicieron al comenzar el ejercicio fiscal del 2020, pero se afectaron estructuralmente tras el decreto presidencial del 23 de abril pasado, para reducir gastos operativos en 75 por ciento. Los impactos mas grandes fueron para adultas mayores, salud sexual y materna; violencia contra las mujeres tanto recursos de Gobernación como de Bienestar y mujeres indígenas y campesinas.

Todo ello a pesar de la ley. Por ejemplo, el artículo 58 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que “no podrán realizarse reducciones a los programas presupuestales ni a los de inversiones dirigidos a la igualdad entre hombres y mujeres.” o el transitorio décimo séptimo del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, que declara la obligación del gobierno federal de promover el desarrollo de las mujeres, como algo prioritario.

Algunos de los programas más afectados fueron los de Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación que afectó al programa de víctimas, atención a la violencia de género y los relacionados con la discriminación; igualmente se afectó a las erogaciones para la salud reproductiva y los cánceres femeninos; pero también a los programas mixtos como las becas para las personas mayores, con un rezago al cerrar el semestre de 13 mil 231.8 millones de pesos.

Todo ello se explica, analiza y señala en sendos informes de los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP y el de Estudios para el Logro de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, CELIG, ambos de la Cámara de Diputados, realizados a solicitud de las legisladoras, entre otras la diputada Martha Tagle y Guadalupe Almaguer, la primera de Movimiento Ciudadano y la segunda del Partido de la Revolución Democrática. De los estudios SemMéxico tiene una copia.

Los programas más sensibles para la mitad de la población como erogaciones para el VIH Sida, mini créditos a mujeres emprendedoras, mujeres pobres del campo, mujeres indígenas, construcción de casas para viudas o divorciadas; aquellos que apoyan la promoción de la transversalidad de género en las entidades de la República y cuantiosos recursos en ceros que antes se dedicaban a la capacitación y educación en igualdad entre hombres y mujeres, fueron recortados o simplemente desaparecidos. Aparecen en Hacienda como no ejecutados o en altísimo subejercicio.

Igual a las instancias que viven con recursos propios, como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminació  (CONAPRED), hubo una reducción sistemática desde 2019.

Algunas reducciones las escribe claramente el estudio el CELIG:12 millones menos para atender la violencia en las entidades del país  través del programa Paimef de la Secretaría de Bienestar , 43 millones menos para políticas de igualdad en la Secretaría del Trabajo; 25 millones menos en la Secretaría de Salud para el VIH SIDA, un millón 90 mil pesos a Derechos Humanos y violencia contra las mujeres en la Secretaría de Gobernación; 4 millones 800 mil para capacitación en género en la Secretaría de Salud; Inmujeres -antes del último recorte- 147 millones menos; casi 8 millones menos para Salud Sexual y Reproductiva; para Cánceres femeninos 5 millones menos, lo que se puede ver en los cuadros que anexamos.

Estudios hechos para las diputadas

El CEFP señala que fue  a la solicitud de las legisladores, para dar información sobre el Impacto de los recortes hechos, durante el primer semestre del ejercicio 2020, al presupuesto original aprobado para el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”,  de donde se encontró que  presupuesto anual aprobado por la Cámara de Diputados para el Anexo 13 ascendió a 103 mil 475.4 millones de pesos,  monto que durante el primer semestre del año se redujo en dos mil 163.9 millones de pesos se redujo del presupuesto autorizado anual. La diferencia entre las cantidades aprobada y modificada estuvo determinada por las reducciones en tres Ramos: 20 “Bienestar”, 12 “Salud” y 08 “Agricultura y Desarrollo Rural”, uno cuarto es para la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, especialmente para perseguir el delito y para Derechos Humanos.

El CELIG, que más bien hace un análisis del impacto público, no obstante, encontró 17 programas a la baja y 11 sin recursos. El CEFP da un dato interesante, dice que en conjunto esos tres Ramos ocurrió una disminución de un mil 651.6 millones de pesos, que explica 76.3 por ciento de la diferencia.

Curiosamente la mayor afectación fueron programas del presidente de la República:  R08 “Agricultura y Desarrollo Rural”; Producción para el Bienestar; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Y enseguida el R12 “Salud” en materia de Salud materna, sexual y reproductiva, R20 “Bienestar” Sembrando Vida y campo. SEP capacitación en género.

Se explica en ambos textos claramente: la integración del Anexo 13, en él participan 33 Ramos, de los cuales cinco de ellos lo hacen con recursos propios , y el resto con recursos presupuestarios; 113 programas presupuestarios de  todos los ramos asignan recursos a favor de la equidad de género, de los cuales, en más de 12 dependencias se redujeron en mil 886 mil 827 millones de pesos; y de esos programas 14 son instrumentados por los cinco Ramos que participan con recursos propios, como los casos de CONAPRED e Inmujeres.

Dice el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que hay saldos que se compensan entre los incrementos y las disminuciones. Esto ocurre, en algunos programas, en el programa de Microcréditos para el Bienestar del Ramo 10 Economía; en el programa de “Jóvenes construyendo el futuro” del Ramo 14 Trabajo y Previsión Social. Cuestión que califica de es inusual y podría estar vinculado al adelanto de recursos para programas sociales que en su momento se anunció, a través del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad.

Deja en claro que la SHCP autorizó ejercer, a lo largo del primer semestre, una cantidad de 65 mil 139.7 millones de pesos, de los recursos del Anexo 13 “Igualdad entre Mujeres y Hombres”. No obstante, efectivamente pagó 49 mil 857.4 millones de pesos por lo que se aprecia un rezago de 15 mil 282.3 millones de pesos.

Luego destaca para entender que el  55.6% del presupuesto autorizado y 45.6% del pagado se concentró en el Ramo 20 “Bienestar” donde están “los apoyos” a la tercera edad y a los jóvenes sin trabajo; por otro lado, la diferencia registrada entre lo autorizado y pagado se identificó principalmente en el Ramo 20 “Bienestar” en el Programa  “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” el cual muestra un rezago de 13 mil 231.8 millones de pesos, es decir que no se ha pagado tanto a hombres como a mujeres, y dice el CEFP  que ello explica 86.6 por ciento de la diferencia entre lo autorizado y lo pagado.

Cuando premian uno de tus relatos

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Cuando premian uno de tus relatos
  • En algunos hoteles donde me hospedo cuando voy a un congreso, me han pasado cosas extrañas. 
  •   “Un cuerpo sobre el mío” ha sido seleccionado como ganador de la convocatoria de Librerío

Por Elvira Hernández Carballido 

SemMéxico/El Independiente de Hidalgo. 7 de agosto de 2020.- La convocatoria decía: Librerío. ¡Participa! ¡Última semana! Convocatoria 2020 “PM: Noches de terror”. Si te gusta escribir y quieres que tu relato forme parte de un libro, te invitamos a participar en nuestro concurso. Bases: Cualquier nacionalidad. Ser mayor de edad. Temática relato de terror. Extensión mínima de mil 500 palabras (sin contar el título). Escrito en español. Relato inédito y que no esté participando actualmente en otro concurso.

Recordé que hace unas semanas, en mi Taller de literatura, había escrito un cuento de terror. Por suerte, mi profesora, la poeta Kyra Galván, nos dejó redactar un texto con esa temática. Después de leer a Edgar Allan Poe y otros autores, consideró que era importante arriesgarnos a narrar con otras perspectivas y tono. Ese mismo día pensé y pensé de qué podía escribir. Ya me había aventurado con la historia de una casa, donde yo viví, que de verdad asustaba. Recordé que a veces, en algunos hoteles donde me hospedo cuando voy a un congreso, y casi siempre viajo sola, me han pasado cosas extrañas, sobre todo en las casonas antiguas como las que hay en Zacatecas. Entre tantas historias recordé ese momento que mucha gente ha sentido, sobre todo en las noches, que algo o alguien se coloca encima de tu cuerpo y no puedes moverte. Creí que de esa situación podía escribir una historia que tuviera suspenso, miedo y mucha angustia de la protagonista. Empecé a escribir un párrafo, luego una página y después varias más.

El día que leí el texto en mi taller de literatura a mi maestra le gustó y no es fácil que eso ocurra porque ella es muy sincera y estricta, pero sobre todo justa. Mis compañeras del taller opinaron lo mismo. Hicimos unas correcciones y quedó redondito. Y en la tarde, justo ese día vi la convocatoria, confiada y desconfiada, decidí mandar el cuento. Semanas después llegó el mensaje: “Estimada, buen día, el motivo de este mensaje es para confirmar que de este número de móvil se envió un relato para participar en la convocatoria organizada por Librerío y que la autora del relato “Un cuerpo sobre el mío” ha sido seleccionado como ganador de nuestra convocatoria. Felicidades”. Brinque por la casa, abracé a mi esposo e hijo, volví a brincar, lloré un poquito. Le escribí a Kyra para avisarle. Celebró feliz. Ya anunciaron a los ganadores, el libro ya está en Amazon, pronto se publicará impreso. Releo uno de los párrafos que escribí: “Cierro fuerte los ojos, tan fuerte que me duelen los párpados, siento un vacío en el estómago y aprieto con tal fuerza el puño de la mano izquierda que creo quebrar las líneas de mi palma. Unas afiladas uñas rasgan mi muslo derecho, poco a poco se encajan como mil colmillos de vampiros…” Espero pronto lo puedan leer, y sí, hoy sonrío feliz.

CEDHJ cometió graves faltas en perjuicio de familia de víctima de feminicidio

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CEDHJ cometió graves faltas en perjuicio de familia de víctima de feminicidio

* Organizaciones exigen al organismo corrija información que pone en riesgo a la familia de Liliana Carrillo

* Piden que la CEDHJ corrija públicamente la información que emitió en la Recomendación 25/20

Analy S. Nuño

SemMéxico, Guadalajara, Jal., 6 de agosto, 2020.- Organismos de defensa de los derechos de las mujeres exigieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos corregir la información de la recomendación 25, relacionada al caso del feminicidio de Liliana Carrillo González, pues pone en riesgo a familiares de la víctima. 

El pasado 9 de julio integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hicieron públicas las omisiones, acciones y delitos cometidos por funcionarios del Gobierno del Estado en el caso del feminicidio Liliana, mujer wixárika, que no investigaron como feminicidio y lo reportaron como suicidio. 

En ese momento, las organizaciones exhortaron a la CEDHJ a pronunciarse y emitir una recomendación ante las graves omisiones y violaciones a los derechos humanos de la víctima y víctimas indirectas. A un mes del exhortó, la Comisión emitió recomendación 25/20 con graves faltas en el proceso

«La CEDHJ dio a conocer públicamente la recomendación, difundiéndola en medios de comunicación el 4 de agosto, sin antes establecer contacto con la familia de la víctima y la asesora jurídica, afectando los derechos de las víctimas y de la quejosa, ya que no fuimos notificadas de dicha medida y nos enteramos por medios de comunicación, siendo hasta el día siguiente que la asesora legal fue notificada vía correo electrónico, violando con esto el debido proceso y el derecho a decidir sobre la publicidad o no de la misma», señalaron en rueda de prensa.

Además, hicieron énfasis en la situación de vulnerabilidad en que la CEDHJ puso a la familia de la víctima al emitir información errónea, pues el organismo informó que la parte quejosa es un familiar de la víctima de feminicidio, cuando la parte quejosa es el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas. 

«La CEDHJ puso en riesgo la vida y la integridad de la familia de la víctima al difundir que la parte quejosa es un familiar de la víctima, en lugar del Observatorio». 

Por lo anterior, las organizaciones exigen que la CEDHJ corrija públicamente la información que emitió en la Recomendación 25/20 correspondiente al feminicidio de Liliana, aclarando la correcta identificación de la parte quejosa. 

Asimismo, que las recomendaciones se hagan públicas, siempre y cuando las víctimas hayan sido notificadas y conozcan el contenido de las mismas antes que cualquier medio de comunicación.

Liliana fue asesinada por su esposo el 3 de marzo frente a su hija de 3 años. Sin realizar una investigación exhaustiva y con información falsa, autoridades del Ministerio Público de Huejuquilla y el médico que práctico la necropsia, reportaron que la joven de 20 años murió por suicidio.

SEM/asn/sj

En Morelos, aumenta la violencia feminicida y el feminicidio: CIDH

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En Morelos, aumenta la violencia feminicida y el feminicidio: CIDH

* Marzo y julio los meses más violentos del 2020

* Crece también el número de municipios con asesinatos violentos de mujeres

Estrella Pedroza

SemMéxico, Cuernavaca, Mor., 6 de agosto, 2020.- En lo que va de este año, en Morelos se han registrados 44 feminicidios, los meses más violentos fueron marzo con 10 y julio con nueve casos, según documento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH).

Este mes de agosto, se cumplen cinco años desde que se decretó –en 2015- la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en ocho municipios de la entidad (Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec) por el alto índice de violencia feminicida y feminicidios contra las mujeres.

A cinco años de distancia, la violencia feminicida prevalece, incluso va en aumento, detalló Paloma Estrada Muñoz, integrante de la CIDH, quien explicó que en este lapso a la lista de ocho municipios con AVG, se suman otros 10 por la ocurrencia de feminicidios.

En los siete meses que han transcurrido de este 2020, los municipios donde las mujeres fueron asesinadas por razón de género son: Amacuzac con tres, Ciudad Ayala con uno, Cuautla con dos, Cuernavaca con 11, Emiliano Zapata con dos, Huitzilac con uno, Jantetelco con uno, Jiutepec con tres, Puente de Ixtla con uno, Temixco con seis, Tepoztlán con dos, Tetecala con dos, Tlaltizapan con tres, Xochitepec con dos, Yecapixtla con uno y Zacatepec con dos.

De acuerdo a la activista a lo largo de dos décadas se han acumulado mil 79 casos de asesinatos violentos de mujeres en la entidad.

Y detalló que esto se debe a que “ningún gobierno, de todos los colores, ha cumplido a cabalidad con lo que establece la Alerta de Violencia de Género”.

Estrada Muñoz expuso que, con el pretexto de la pandemia sanitaria, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha incumplido hasta con una campaña informativa que busca hacer conciencia entre la ciudadanía.

Es importante recordar que de acuerdo con el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) durante esta pandemia se incrementado la violencia familiar en contra de las mujeres.

SEM/ep/sj

Encubren autoridades de Guelatao de Juárez a un agresor

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Encubren autoridades de Guelatao de Juárez a un agresor

* Un médico, un síndico, una regidora y el alcalde minimizan un acto de violencia machista

* No lo detienen porque “no sabe cómo le va a explicar a su esposa que debe ir a la cárcel”

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 6 de agosto, 2020.- Un hecho de violencia contra una trabajadora del municipio de Guelatao de Juárez sigue en la impunidad, luego de que la autoridad ha minimizado la agresión, el victimario pidió –en un escrito- que no se le detenga, se niega a reparar el daño, documento que fue tomado como “un amparo” y, además, el violentador “no sabe cómo explicarle a su esposa que debe ir a la cárcel”, por lo que la autoridad se negó a detenerlo.

“María”, trabaja como afanadora en el municipio de esa localidad, fue pellizcada en el muslo izquierdo por Raúl M. B., la agresión le produjo un moretón visible por más de 15 días, de inmediato acudió al médico del Centro de Salud para solicitarle un certificado sobre la lesión, el médico se negó.

Explicó que no podía extender el certificado médico porque “no tenía orden del síndico municipal” y porque no podría darle seguimiento. Finalmente extendió el documento varios días después.

Acudió entonces ante el síndico quien no pudo atenderla.

Al día siguiente muy temprano se presentó ante el alcalde Antonio del Águila García Ramírez para contarle lo sucedido el 19 de julio. Después de pedirle que llevara su queja por escrito, le informó que llamarían a Raúl M.B. “para hacer una conciliación” y “que por lo menos le pida una disculpa”.

Dos días después dio aviso a su jefa, la Regidora de Educación, Salud y Ecología, Adelina Beteta, quien le aconsejó no denunciar porque “no le iban a creer” y le otorgó un uniforme, un overol naranja para recolección de basura y le dijo: “para que no te duela cuando te pellizquen”. 

Raúl M. quien no había sido llamado por la autoridad molestó en dos ocasiones más a “María”, quien además es conocida por su trabajo como curandera tradicional de la población, hechos que ocurrieron el 23 y 25 de julio. Por lo que nuevamente acudió ante el Alcalde y la Regidora para manifestar que había sido molestada por su agresor nuevamente. Ambos minimizaron el hecho.

La falta de respuesta de las autoridades hizo que María acudiera ante la asociación civil Yureni, donde Miriam Pascual Jiménez, la atiende y la acompaña en diversas reuniones con la autoridad, ya que María pide que el caso se atendido conforme al sistema normativo indígena.

En dos ocasiones, la autoridad municipal mandó a llamar al agresor, Raúl M.B., quien admitió los hechos frente al síndico Alejandro Ruiz García y el alcalde Antonio del Águila García Ramírez, señalándolos como “un accidente, días despúes el agresor comenzó a difundir entre la población que demandaría a María.

La autoridad mandó llamar a María, ella pidió de nueva cuenta su intervención, concretamente que se actuara conforme a derecho y se le impusiera a Raúl M. la sanción correspondiente, tal y como se establece en el Artículo 101, freacción k) del Reglamento Municipal y se tomaran en cuenta los delitos que se configuren de acuerdo al Código Penal para el Estado de Oaxaca, en el Artículo 272.

Las autoridades encabezadas por Antonio del Águila han sostenido tres reuniones más con María. En la primera se comprometieron a castigar a Raúl M., quien como ya se señaló antes dijo peliizcarla en el muslo izquierdo había sido “un accidente”, por lo que no es arrestado. Cuando la abogada Pascual Jiménez pregunta por qué no fue arrestado, la respuesta fue: “porque el señor no quería ir a la cárcel”, sin embargo, ordenan al Mayor (jefe del bando de policía comunitaria) que lo arresten al día siguiente porque ya era tarde.

En la segunda reunión, el síndico municipal pide a la víctima que llegue a un acuerdo con su agresor. Ella sostiene que se daría por reparada la agresión, si la autoridad emitía una disculpa pública por no ser atendida debidamente, por no protegerla y se reprobaba la conducta machista en la comunidad.

En tanto que para el agresor propuso la alternativa de una reparación del daño de 20 mil pesos para que ella pagara terapias psicológicas en la ciudad de Oaxaca, y pudiera vivir un momento en lo que conseguía un mejor trabajo donde no estuviera en riesgo y que si Raúl M, su agresor, no aceptaba entonces solicitó al gobierno municipal que fuera castigado al reglamento interno dispone. 

Las autoridades prometieron llevar la propuesta al Cabildo.

Raúl M. se negó a reparar el daño, informó en su momento el síndico, por lo que la representante de la Asociación Civil Yereni y la víctima solicitaron que se procediera a aplicar la sanción correspondiente. El síndico dijo que la decisión sería tomada por el Alcalde, pero se encontraba fuera de Guelatao, aunque ya existía una orden de detención en contra de Raúl M. por lo que se insistió en que debían proceder.

Al mismo tiempo la afectada y la representante de la organización pidieron un escrito de resolución, fuera cual fuera la determinación, lo que si ocurrió. En el escrito le indican a María que llamarán a comparecer al agresor, que le pedirán que repare el daño y que en caso de negarse sería detenido.

Raúl M presentó ante la autoridad un escrito pidiendo que no se le detuviera, documento que fue tomado como un “amparo”, por lo que la autoridad se negó a proceder. La sugerencia de la autoridad fue que presentara su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, a lo que María respondió que no, que debía aplicarse el sistema de justicia comunitaria.

La autoridad de Guelatao de Juárez, municipio ubicado en la Sierra Norte, dice la abogada Pascual Jiménez no detuvo al responsable de la agresión porque “el señor no quería ir a la cárcel”, además de pedirle a la víctima que perdonara a su agresor “y nos arreglamos aquí entre amigos”.

Además, trataron de justificar al violentador señalando que Raúl M. quien se negaba a ser detenido porque no tenía cómo explicarle a su esposa por qué irá a la cárcel, y no quiere tener problemas con ella”, de ahí que bastó que solicitara por escrito no ser detenido para que no fuera detenido nunca.

Jiménez Pascual señala que en todas las ocasiones explicó a las autoridades municipales su obligación de garantizar el derecho de las mujeres, como en el caso de María, a una vida libre de violencia de género contra las mujeres, además de que tampoco la víctima estaba dispuesta a llevar el caso a la Fiscalía.

En Guelatao, añade, se castiga a una persona borracha por gritar u ofender a una autoridad, pero como en este caso, de violencia contra una mujer, la impunidad persiste.

SEM/sj

Interponen queja ante la CNDH por irregularidades de la Fiscalía de Oaxaca

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Interponen queja ante la CNDH por irregularidades de la Fiscalía de Oaxaca

* Pide víctima de violencia familiar acompañamiento en las audiencias 

* Extravían el expediente y no hay actos de investigación en la carpeta

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 6 de agosto, 2020.- Por un cúmulo de irregularidades cometidos por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, LVT, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que pide se conozca la grave violencia institucional y violaciones a los derechos humanos de que he sido objeto.

Como se recordará en SemMéxico – https://semmexico.mx/?p=23479 – se publicó la denuncia de LVT, quien presentó denuncia por violencia familiar ante la vicefiscalía Regional de la Costa, en el Estado de Oaxaca, en la que denunció los múltiples agravios cometidos por su ex pareja, un empresario de origen italiano asentado en Mazunte.

De igual forma pide se dicten medidas cautelares urgentes que garanticen su derecho al acceso a la justicia, a la seguridad y a la alimentación en la audiencia inicial que se llevará a cabo mañana 7 agosto en el Juzgado de Control de San Pedro Pochutla.

Y también solicitan que la CNDH que un visitador asista a la audiencia como observador de derechos humanos en la audiencia inicial y que la Comisión –de manera urgente- pida al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que considere pertinentes la aplicación de convencionalidad y juzgue con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Esto luego de que personal de la Fiscalía de Oaxaca habría obstaculizado el avance de la denuncia de LVT al “extraviar” durante meses la carpeta de investigación de su denuncia que presentó el 29 de enero de 2020, carpeta en la que acusa, no hay actos de investigación entre el 29 de abril y el 19 de junio, por parte de la dependencia.

SEM/sj

Contrapeso legislativo; basta con 80 distritos federales

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Contrapeso legislativo; basta con 80 distritos federales

+ Sobre contagios y cadáveres, Morón en campaña

+ El raro asesinato de Lalo Ochoa

Por Martha Elba Torres Martínez

SemMéxico. 06 de agosto 2020.- Sobra razón al dirigente del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona, cuando se pregunta: “¿que no podemos ponernos de acuerdo, en por lo menos 80 distritos federales para lograr el contrapeso en la Cámara de Diputados?”.

La alianza opositora, se cocina para las elecciones federales intermedias. En lo local, ya se verá.

Es un tema de sobrevivencia. De interés nacional; de unidad, por encima de divergencias ideológicas. “A todos nos va mal, parejo, militantes, apartidistas, abstencionistas, empresarios, trabajadores, campesinos. Nadie puede decir que le va a toda madre”, dice por su parte, el dirigente estatal del PRI, Jesús Hernández.

Las alianzas electorales no son nuevas y han recorrido un largo camino. ¿Qué ha fallado? La selección: cuando no salen malos, resultan peores los que encumbran en el poder. Nuevamente lo estamos sufriendo. Sueños que se convirtieron en pesadilla.

Es cosa, como dice Juan Bernardo, que se pongan de acuerdo en cada distrito.

El PAN ha dicho que con el PRI, nada. La soberbia azul. Pero lleva una década trabajando con el PRD. El dirigente estatal, Oscar Ledezma, es la mejor prueba: es diputado local de mayoría, gracias a los votos amarillos. Aquí se requiere de sumar, no restar. No hay llanero solitito.

Y sí, a toditos no va de la refregada. Hasta a los canijos delincuentes. ¿Qué le roban al pobre que no trae un peso en la bolsa porque perdió el trabajo? Se meten a una casa y no encuentran más que deudas y Covid. Las empresas quebradas y los campesinos e indígenas, en el abandono. Burócratas que no les pagan la quincena, o ya les mocharon una buena parte, para “la austeridad”.

Los morenos y fans de Amlo ¿no lo sufren? ¡Claro que sí! Pero calladitos se ven más bonitos.

O sueltan la sopa, como el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo. No importa que lo haya dicho en marzo o esta semana: la 4T es pura retórica engañabobos. “Está llena de contradicciones muy fuertes y de luchas de poder”.

“No idealizar la 4T porque no esta en la cabeza del Presidente ni en su gabinete”. Lo dijo un secretario de Estado.

¿Cómo le cayó a López Obrador la filtración del audio? Para que vean que a él también le va de la fregada.

Pero lo mejor, finalmente la respuesta de ayer del Presidente, en Sonora: él es el responsable de las decisiones en el gobierno y por tanto de todas sus estrategias fallidas en seguridad, salud y economía…

                                                                              ***

Y es que López Obrador hace escuela con los gobernantes emanados de Morena, con las malas decisiones.

Por eso le va muy mal en las redes sociales, al alcalde de Morelia, Raúl Morón, con dos errores tremendos: con semáforo rojo, china libre a restaurantes, bares y antros. ¡Claro! Los giros rojos es lo que más deja, y sus informes en nueve tenencias y el 15 de agosto, en la plaza Jardín Morelos con 300 invitados especiales, comenzando con el presidente López Obrador. Qué tal que si venga.

Pero ya chole con eso de los “especiales”. ¿De qué o en qué? Les apuesto que serán los mismos de siempre: empresarios, ministros de culto, la milicia, la horda de legisladores, algunos funcionarios federales y desde luego, el ayuntamiento y dirigentes de Morena. Neta. Ese calificativo no es más que otra de las contradicciones de la 4T.

Desde el 22 julio, la Secretaría de Salud del estado advirtió que de relajarse las medidas sanitarias con la reactivación socioeconómica, podría llegarse a los 10 mil casos positivos de Covid para el 10 de agosto, de acuerdo a las proyecciones del modelo matemático Kermack-McKendrick. A finales de ese mes, ya había valido gorro.

El 30 de julio, el gobernador Silvano Aureoles emitió un decreto de medidas extraordinarias, uso obligatorio de cubreboca y horarios específicos para establecimientos nocturnos y se prohibió la operación de tianguis y mercados los fines de semana.

Pero dijo Morón Orozco, que en Morelia las decisiones las toma él. Llovió la crítica en redes y el día 4, el desacuerdo de Silvano con el desacuerdo del edil:

“Esa es una verdadera irresponsabilidad, porque juegan con la vida de las personas, juegan con la vida de las familias. Hasta que no se les enferma algún familiar o fallece algún cercano, entonces si reaccionan, y entonces quieren apoyo de inmediato de los servicios de salud, pero antes no hacen la parte que les toca, siendo los principales responsables de la salud en sus municipios. Pero tiempo al tiempo. Después empiezan las quejas y las demandas de apoyo, por andar promoviendo que la gente no cumpla con las medidas sanitarias.

“Morelia tiene un millón de habitantes, si se nos llega a salir de control, no nos la vamos a acabar, porque no nos alcanzarían los espacios ni el personal médico para atender a la gente contagiada o enferma. Pero el mal ejemplo lo pone el Presidente de la República al no usar el cubrebocas, qué podemos esperar de los que lo siguen”. Así en su mensaje en redes, el mandatario.

Al cierre de ayer, Michoacán ya sumaba 10 mil 646 casos acumulados y 850 vidas perdidas. Nada más por no aceptar la gravedad de la situación…

                                                                              ***

Y es que todo alrededor es muerte, incertidumbre. México está en el punto A y ni siquiera puede ver el punto B. Así de mal.

En el gremio periodístico, cerca de 20 colegas caídos por Covid y en una sola semana, tres absurdas muertes: Tere Huerta, de Veracruz, luego de una larga agonía por un accidente vehicular; a Pablo Morrugares, de Guerrero, le dispararon dentro de un bar en Iguala, y aun con escolta al estar adherido al Mecanismo de Protección a Periodistas.

En Uruapan, Michoacán, Luis Eduardo Ochoa Aguilar, que si bien no se encontraba en activo desde hace tres años por estar en la academia, era muy apreciado por el gremio al haber trabajado para varios medios del estado.

Y eso es lo extraño de su asesinato.

Corrieron dos versiones: que le dispararon en la cabeza cuando estaba en su carro; la otra, que estaba en su casa con unos amigos, oyó un pleito afuera. Salió y al tratar parar la pelea, le dispararon.

La real, es que se encontraba en la casa de su abuelo, salió con él a comprar unas hamburguesas y en el camino y unos sujetos los asaltaron. Lo raro, es que a Lalo, uno lo separa, se lo lleva a un jardincito y le dispara dos veces en la cabeza. No había revelado amenazas de muerte, pero al parecer si había una en su contra.

La Fiscalía General del estado esta obligada a resolver este crimen, pero también el de Chava Adame, cometido en 2017, y los de una docena más. Si ya les dieron carpetazo, porque cualquiera que sea la razón, que se informe, porque tenemos derecho a eso, sus familias y periodistas: saber por qué murieron y a manos de quién.

Cuesta embarazo adolescente el 0.27 % de PIB a México

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Cuesta embarazo adolescente el 0.27 % de PIB a México

* Presenta UNFPA el informe Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México

* 20 % de los partos en la región de AL y El Caribe correspondió a mujeres menores de 20 años

María Ramírez 

SemMéxico/Naciones Unidas, Cd. de México. 6 de agosto, 2020.- El embarazo adolescente cuesta a México el 0.27 por ciento del Producto Interno Bruto, señala el informe sobre las Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México, que presentó hoy el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Este análisis, amplio de la situación del embarazo adolescente, evalúa su costo para las madres adolescentes, la sociedad y el Estado Mexicano y señala que de acuerdo con el informe de UNFPA, el 20 % de los partos en la región de América Latina y El Caribe correspondió a mujeres menores de 20 años. 

Esto representa un problema ya que las madres adolescentes tienen un logro educativo mucho menor, perciben ingresos inferiores y presentan mayores niveles de desempleo. Tienen menor acceso a la seguridad social y a un empleo formal.

“En México, la brecha educativa es muy significativa entre las mujeres que fueron madres en edades tempranas y las que fueron madres en edad adulta”, dijo Federico Tobar, el asesor regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA.

El embarazo adolescente representa un problema de salud, pero también social y político: el informe presentado en conferencia virtual revela que el impacto económico total del embarazo en adolescentes para la sociedad (por pérdida de ingresos y empleos) es de casi 63 mil millones de pesos, y más de 11 mil millones de pesos de pérdida de ingresos fiscales para el Estado – un costo que representa el 0.27 por ciento del PIB-.

Uno de cuatro habitantes de América Latina y Caribe tiene entre 15 y 29 años de edad; en México, en 2020 está parte es de 25.5 por ciento, unas 32.6 millones de personas.

“¡Como país, esto nos cuesta muy caro!”, expresó Arie Hoekman, Representante de UNFPA México. 

Un tema de derechos humanos

Más allá, el informe recuerda que prevenir que una niña o una adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a continuar estudiando, a tener mejores oportunidades laborales, entre otros.

María Antonieta Alcalde, directora de la organización IPAS Centroamérica y México, señaló durante el intercambio que siguió la presentación del informe que la educación sexual para la prevención del embarazo adolescente es un derecho humano y constitucional que se debe garantizar de manera universal.

Parte de estos embarazos son forzados y son la consecuencia de la violencia de género, y necesitan políticas públicas específicas, expresó la directora del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez.

Un otro informe del PNUD publicado esta semana documentó el aumento del embarazo adolescente durante las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19. 

 “Las personas adolescentes y jóvenes representan el presente y el futuro de cualquier sociedad”, dijo Arie Hoekman. “En la medida que este segmento de la población obtenga oportunidades para su inserción económica y social, a la sociedad en general le esperará un futuro más próspero”.

SEM/sj

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena analizará tema de aborto en Veracruz

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El ministro Gutiérrez Ortiz Mena analizará tema de aborto en Veracruz

Por: Ana Alicia Osorio/Testigo Púrpura

SemMéxico/ Billie Parker Noticias. Veracruz. 06 agosto 2020.- El tema del aborto en Veracruz ya fue entregado a otro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que lo analice y presente un nuevo proyecto ante la Primera Sala.

Ahora el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de analizar el amparo y su resolución, presentado por asociaciones civiles porque el Congreso del Estado se negó a modificar las causas de aborto legal en la entidad veracruzana.

Este ministro, quien ya estuvo a cargo de un proyecto donde se dictaminó que negar el aborto en casos de que haya posibles complicaciones a la salud de las mujeres es una violación a sus derechos, será el nuevo encargado de elaborar un posicionamiento.

 “El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena ha sido consistente en proponer que los casos sean analizados con perspectiva de género. Su manera de pensar sobre la equidad y discriminación lo ha llevado a pronunciarse en favor de declarar la inconstitucionalidad de normas secundarias que, a su juicio, resultarían en un reforzamiento de estereotipos de género”, señala la página de la Corte.

Ello luego de que el pasado 29 de julio los y las ministras rechazaron un proyecto donde se determinaba que el Congreso debía hacer las modificaciones necesarias ya que consideraron que la forma en que se planteaba (omisión legislativa) no era la correcta.

El caso del aborto en Veracruz llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que el Congreso se negara a ampliar las causas de interrupción legal del embarazo como lo marcaba la Alerta de Violencia de Género (hasta las 12 semanas de gestación sin restricción, por salud de la mujer y sin tiempo límite por violación).

Ante ello algunas organizaciones feministas presentaron un amparo que fue resuelto a su favor pero el Congreso apeló esa decisión y la SCJN decidió que le toca decidir al respecto por la importancia del tema.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio había señalado que es necesario que el nuevo ministro actúe de manera rápida para que el proyecto se vote a la mayor brevedad posible.

Exigen periodistas de Guerrero esclarecer asesinato de informadores

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Exigen periodistas de Guerrero esclarecer asesinato de informadores
  • Condenan el atentado contra el Diario de Iguala
  • Demandan justicia por el asesinato de siete informadores en los últimos años

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 6 de agosto, 2020.-  Periodistas de la entidad condenaron el ataque a las oficinas del periódico Diario de Iguala y exigieron a los gobierno federal y estatal una investigación a fondo, detener a los responsables e impartir justicia, así como esclarecer los asesinatos de siete comunicadores asesinados en los últimos años.

Periodistas aglutinados en organizaciones como el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) emitieron un posicionamiento respecto a los últimos acontecimientos ocurridos en el municipio de Iguala, en la región Norte, donde  los últimos días, se han cometido agresiones en contra de representantes de los medios de comunicación.

Los comunicadores condenaron de forma enérgica el ataque armado en contra de las oficinas y taller del periódico Diario de Iguala, hechos ocurridos la mañana de este martes y que vulnera el derechoa a la libertad de información y de expresión.

“Demandamos a los gobiernos federal, estatal y municipal una investigación a fondo para esclarecer la artera agresión a las instalaciones de este medio informativo, donde además se imprimen los periódicos locales Diario de la Tarde y Redes del Sur”,  especifica el documento.

Al mismo tiempo exigen el esclarecimiento de los asesinatos de los siete comunicadores registrados en lo que va de la presente administración estatal, entre ellos; el del director del periódico El Foro de Taxco, Francisco Pacheco Beltrán; el del reportero del Despertar del Sur, Cecilio Pineda Birto; la directora del portal Denuncias Acapulco sin Censura, Pamela Montenegro; el del locutor de Radio y Televisión de Guerrero, Gabriel Soriano Kuri.

El del director del portal La Verdad Zihuatanejo, Edgar Alberto Nava López; el de Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del portal Punto por Punto; y el más reciente, el de Pablo Morrugares Parraguirre, asesinado la madrugada del pasado domingo 2 de agosto, en Iguala de la Independencia.

Exigen a los gobiernos federal y estatal, la plena garantía y condiciones para que las y los periodistas puedan desempeñar libremente su labor, sin ningún tipo de obstáculos, agresión directa o indirecta que afecte el derecho de informar.

SEM/jap/sj

Crearían un Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata infantil

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Crearían un Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata infantil
  • La propuesta legislativa fue presentada por Elisa Zepeda
  • La información sería expuesta a través de la plataforma de Sipinna

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 6 de agosto, 2020. La diputada Elisa Zepeda presentó al Congreso Local, la iniciativa de reforma con proyecto de decreto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, con la que se propone crear el Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad.

Lo anterior con el objetivo de crear un mecanismo que permita detectar de forma ágil y oportuna, la manera en que operan los criminales, y responsables de agresores sexuales de menores de edad. Así como las condiciones y lugares de mayor incidencia delictiva, al Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

La propuesta legislativa promovida e impulsada por la diputada morenista, Elisa Zepeda, añade que el Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad, deberá concentrar información precisa del inculpado: nombre, sobrenombre, seudónimo o apodo, domicilio actual, Clave Única del Registro de Población (CURP), filiación, señas particulares, entre otros datos.

Expone que será la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia proporcionarán la información necesaria a la Secretaría Ejecutiva del Sistema local a fin de mantener actualizado el Registro Estatal.

Se establece, además que la información recabada será publicada por Sipinna, a través del portal electrónico con el que cuenta, apegada a los términos de esta ley, antes mencionados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca.

La diputada Elisa Zepeda indicó que actualmente Ley estatal, no existe una plataforma estadística e información de datos de los sentenciados por los delitos de violencia sexual y de trata cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes; en el que las personas puedan conocer la información de hombres y mujeres, que hayan cometido alguna agresión de índole sexual y del delito de trata.

Señaló que proteger a las niñas y niños víctimas de la trata requiere identificar a las víctimas a tiempo, ubicándolos en un entorno seguro, brindándoles servicios sociales, de salud, de apoyo psicosocial y de reintegración con la familia y la comunidad.

La propuesta legislativa por la que se reforman los artículos: 108, 125 Bis, 125 Ter, 125 Quáter, 125 Quinquies Y 125 Sexeis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, se turnó a la Comisión Permanente del Congreso Local correspondiente para su análisis y dictamen.

SEM/sj

Uso y aprovechamiento de tierras, un pendiente para la igualdad de género

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Uso y aprovechamiento de tierras, un pendiente para la igualdad de género
  • Presentan iniciativa para abatir la desigualdad y discriminación en materia agraria
  • RNA señala que las mujeres poseen solo el 26.3 % de núcleos agrarios en todo el país

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 6 de agosto, 2020.- Ante la Comisión Permanente del Congreso, diputadas y diputados de Morena y del PVEM proponen establecer en la legislación agraria la igualdad género y el principio de paridad para abatir la desigualdad y discriminación que padecen las indígenas y rurales sobre el uso y aprovechamiento de las tierras.

La desigualdad en esta materia sigue siendo una asignatura pendiente, sostienen en la iniciativa, en la que explican que de acuerdo con el Registro Nacional Agrario, 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, 3.6 millones de hombres y 1 millón 304 mil mujeres, lo que representa 26.3 por ciento del total. 

Con la iniciativa que impulsan los diputados Ana Patricia Peralta, Armando Contreras, de Morena; Arturo Escobar y Vega, del PVEM, a nombre de sus compañeros legisladores, así como de los diputados Héctor Serrano y Mauricio Alonso Toledo, sin grupo, buscan actualizar los artículos 10, 17, 18, fracción III; 57, párrafo primero y fracción III; 72, 108 y 109 de la citada legislación. 

Reconocieron que, sin demeritar los avances en la normatividad y legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, tutelados por el Estado, se debe admitir que la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres que pertenecen a un grupo étnico y que viven en el medio rural.

Existe una brecha muy pronunciada de género en la propiedad de la tierra, históricamente relacionada con factores como la preferencia hacia los hombres en la herencia; los privilegios hacia ellos en el matrimonio; la tendencia a favorecerlos en la distribución de la tierra y también en los programas estatales de redistribución; además de los sesgos de género en el mercado de tierras, agregaron. 

Señalaron que en materia de derechos agrarios de las mujeres su acceso es limitado. Las áreas que están bajo responsabilidad de ellas, la mayoría de las veces son menores que de los hombres y son las de menor calidad para la producción. Las diferencias para su acceso se expresan de distintas formas: en la herencia, en los programas de reforma agraria y en el mercado de tierras, acotaron. 

Un ejemplo de esto, dijeron, son las estadísticas del Registro Nacional Agrario, donde se indica que el padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país está integrado por 3.6 millones de hombres y 1 millón 304 mil mujeres, lo que representa 26.3 por ciento del total. 

Ello significa, agregaron, que de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres. Eso sí, alrededor de 850 mil de ellas trabajan la tierra sin que sean titulares de derechos. Lo grave de esos casos es que las mujeres en esas condiciones no pueden acceder a los programas oficiales de apoyo, advirtieron.  

De acuerdo con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, indicaron que es necesario revisar la normatividad vigente en materia agraria para adecuarla a dicha ley, al tomar en cuenta que las mujeres trabajan la tierra y sin derecho sobre ella; tienen el uso y no el derecho y, actualmente, están en algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que la legislación tutela. 

“Además, con esta reforma se cumplirá con una de las tareas pendientes del Estado Mexicano y se verificarán los compromisos internacionales suscritos en la materia”, adelantaron. 

La iniciativa fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados. 

SEM/lv/sj

MP maltratan y revictimizan a mujeres en Guerrero

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MP maltratan y revictimizan a mujeres en Guerrero
  • Afirma presidenta del Frente Integral contra la violencia de género que falta capacitación
  • La violencia sexual una de las más difíciles de denunciar

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 5 de agosto, 2020.- La falta de conocimientos sobre “perspectiva de género” por parte de agentes del Ministerio Público provoca la revictimización de las denunciantes de violencia de género contra las mujeres y con ello que provocan que muchas veces desistan, señaló Yoloxochilth Ávila Alcaraz, presidenta del Frente Integral contra la Violencia de Género.

En entrevista vía digital para SemMéxico consideró que aún son pocas las mujeres que se atreven a denunciar un hecho de violencia en su contra y señaló entre las razones el miedo o el desconocimiento de su derecho a vivir libres de violencia, pero también es porque son maltratadas por los agentes del MP quienes carecen de conocimientos sobre perspectiva de género y terminan por revictimizarlas, las mal orientan y reenvían con su agresor.

Esto aunado a la naturalización y tolerancia de la violencia de género, agregó la también integrante de la Escuela Itinerante de Mujeres Morenas Guerrero, quien explicó que los violadores generalmente tienen antecedentes de violencia doméstica, acoso u hostigamiento.

Esos son los datos que las autoridades correspondientes deben tomar en cuenta para evitar su reiteración, dijo tras explicar las dificultades de una víctima para hacer frente a un trauma tan fuerte, muchas veces tardan hasta 10 años para poder denunciar, de ahí que consideró que la atención psicológica es prioritaria.

Señaló que las investigaciones en casos de acoso deben ser más efectivas para castigar a quien resulte responsable y evitar delitos sexuales.

Se refirió a las declaraciones, que en otro momento, han hecho algunas personas que se dedican a la política, en su intento por ocultar esta problemática social y que terminan por desestimar los altos índices de denuncias registradas, sobre todo durante la presente pandemia, “no hay motivo para dudar de la palabra de una mujer si habla sobre este ilícito”, sostuvo.


La presidenta del Frente Integral contra la Violencia de Género lamentó que las mujeres tengan que salir a las calles y realizar acciones para ser tomadas en cuenta, pues “en un mundo ideal esto no debería pasar, la inclusión debe ser natural, sin embargo, hemos llegado al grado de reclamar el sesgo donde los hombres se creen superiores a las mujeres”.

Agregó que antes de la pandemia, las acciones sociales se dirigieron a las escuelas primarias, sin embargo, debido a la contingencia por coronavirus, las actividades que realizan las integrantes de la organización, son de manera virtual, para identificar los diferentes tipos de violencia, empoderar a las mujeres y circulas de lectura que permiten la formación del pensamiento feminista.

SEM/jap/sj

Recuperar a su hijo, un camino lleno de obstáculos

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Recuperar a su hijo, un camino lleno de obstáculos
  • Su hijo fue sustraído por el papá, aun así, se le concedió la custodia provisional
  • Una funcionaria del DIF Municipal la hizo firmar un documento sin la presencia de un abogado

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 5 de agosto, 2020.- La justicia está lejos de las mujeres, sostiene Irma Haydée Trejo Ángeles, víctima de la sustracción de su hijo por parte de su ex pareja Luis Alberto R.R., y quien tiene ya más de año y medio sin ver a su pequeño.

Después de enfrentar un embarazo difícil, además de todos los tipos de violencia –de acuerdo con un dictamen elaborado por personal especializado del Inmujeres de la Ciudad de México- por parte de su ex pareja y la familia de éste, hoy enfrenta el lento proceso de la justicia, suspendido durante meses por el aislamiento sanitario del Covid 19.

El pequeño, de poco más de dos años, fue sustraído por su papá Luis Alberto R.R., de su domicilio en la ciudad de México para ser trasladado a la lejana población de Santo Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec, por lo que Irma Trejo Ángeles tiene poco más de año y medio sin ver a su pequeño hijo, sufre amenazas por parte de la familia de su ex pareja y, por si fuera poco, hasta de hechos de corrupción tanto de su ex abogada como de las instituciones.

El problema fundamental, explica a SemMéxico, es que su expareja, un hombre violento en extremo, por lo que ella ha interpuesto una denuncia, cuenta con un diagnóstico de trastorno de bipolaridad, por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz ubicado en la Ciudad de México, lo que pone en riesgo la vida y la salud de su pequeño e incluso de ella misma.

Del trastorno de bipolaridad supo mucho tiempo después de su convivencia en pareja y Luis Alberto R.R. le aseguró que tomaba vitaminas, pero siendo ella entonces una estudiante de veterinaria sabía que las pastillas no eran vitaminas, cuando tanto la madre de Luis Alberto como él mismo le informaron del padecimiento estaba ya casi por nacer el niño.

Incluso, afirma, las agresiones encontraron entonces un nicho de justificación permanente, pues las reacciones violentas contra ella se debían al trastorno bipolar, le decía él para justificarse. Incluso, Irma Haydée se enteró más adelante que Luis Alberto tuvo que ser internado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, una primera vez, porque agredió físicamente a su propia hermana, hecho que se ocultó en la familia.

Durante el séptimo mes de embarazo, presentó oligohidramnios, es decir, un volumen deficiente de líquido amniótico, por lo que se le recomendó tomar precauciones y más cuidados por parte del personal médico. En tanto, Luis Alberto la presionó para que se fueran a vivir a su casa. Pese a su condición recibió malos tratos de la madre de su pareja y decidió salir de ese círculo de violencia cuando el niño tenía poco más de dos años, para regresar a su casa familiar que compartía con su abuela.

El niño fue sustraído de la casa familiar de Haydée mientras ella asistía al trabajo y a su servicio social. Aunque de manera inmediata buscó a su hijo se encontró con la desagradable noticia de que se lo habían llevado de la ciudad de México, se trasladó sola y con pocos recursos a Santo Domingo Ingenio. Estuvo con su hijo bajo supervisión permanente. En una ocasión su expareja la golpeó de nueva cuenta y pretendió abusar de ella. Por lo que llamó a una patrulla. Fue conducida a una oficina del Dif municipal de esa localidad, le hicieron valoración psicológica y le atendieron las lesiones. Para interponer la denuncia por violencia, tenía que ser trasladada a Juchitán de Zaragoza, pero no le permitieron llevarse al niño, aduciendo que se encontraba delicado del estómago, pero le aseguraron que no habría problema.

La titular del DIF, Cintia Nashiely Gómez Morales le hizo firmar una carta, donde también estaban las firmas de los abuelos del niño y de su ex pareja. En el documento se asienta entre otras cosas “que al no tener la madre un techo seguro se estima conveniente que el menor quede al cuidado de los abuelos, HASTA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE DICTAMINE LO PROCEDENTE, sin que estos (el abuelo y la abuela) impidan la convivencia del menor y su madre…”. Sin embargo, eso no pasó.

Por el contrario, no le permitieron ver más a su hijo. El padre del niño promovió un juicio para solicitar la guarda y custodia, del que Irma Haydée nunca se enteró, no fue llamada a juicio y se decretó una guarda y custodia provisional a favor de Luis Alberto R.R. Una acción indebida, sostiene la madre del menor, quien también había interpuesto una demanda de esa misma naturaleza, con diferencia de un mes, en este caso Luis Alberto R.R., si fue debidamente notificado. El padre del menor presentó un amparo por conexidad.

Cabe señalar que de igual manera, ella interpuso una denuncia por violencia familiar, misma que quedó establecida en la carpeta de investigación 1025/FISCJUCHITAN/2019, que fue ofrecida como prueba en el juicio 217/2019, expediente que lleva el CAAMI, Centro de Ayuda a la Mujer Istmeña, del Grupo de Mujeres “8 de Marzo”.

Las irregularidades de la abogada

Trejo Ángeles refiere con un dejo de tristeza que tuvo que contratar a una abogada, de nombre “Rosa Isela S.M.”, a quien pagaba puntualmente sus honorarios y que de acuerdo con personal del juzgado habría dejado de promover actuaciones para recuperar al niño.

De igual forma pudo constatar otras malas prácticas por parte de personal de instancias responsables de procuración de justicia, quienes –presume- habrían sido compradas por la familia de su ex pareja y violentador.

Durante más de año y medio, ha viajado en diversas ocasiones desde la ciudad de México hasta Juchitán para tratar de recuperar a su hijo a quien asegura se le han violentado sus derechos humanos de manera reiterada, con acciones improcedentes de algunas autoridades, como la titular del DIF Municipal de Santo Domingo Ingenio que la hizo firmar un documento sin la presencia de un abogado, a pesar de que ella lo pidió de manera reiterada y a lo que accedió porque fue presionada y convencida de que no habría problema alguno, que podría regresar por su hijo.

En ese mismo lapso ha sufrido diversas amenazas, incluso de muerte, por parte de la familia de su ex pareja, quienes le han pedido de manera reiterada que deje de molestar y que el niño no les será devuelto nunca.

Ha tenido que dormir en refugios de la sociedad civil o de una iglesia cristiana para poder avanzar en el caso y lamenta que el supuesto poder económico de la familia de su ex pareja, quien debido a su problema psiquiátrico nunca ha trabajado, siga siendo un factor determinante para obstruir la justicia.

SEM/sj

TDnR: La vida de las mujeres ante la emergencia sanitaria por COVID-19

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TDnR: La vida de las mujeres ante la emergencia sanitaria por COVID-19
  • Aumentan los factores de riesgo para la incidencia de la violencia de pareja o intrafamiliar
  • El trabajo doméstico no Remunerado es un factor de desigualdad estructural de género

Guadalupe Prieto Rivera, Diana Ramírez Huerta y Luis Rodrigo Torres Reynaga*

SemMéxico, Cd. de México, 6 de agosto, 2020.- El Trabajo Doméstico no Remunerado (TDnR) ha sido históricamente feminizado relegando las labores a mujeres y niñas, que lo realizan de manera informal, gratuita, precaria e invisible. Este trabajo incluye tanto labores domésticas como el cuidado de personas dependientes. Es un factor de la desigualdad de género y violenta los derechos de las mujeres al reproducir las desigualdades estructurales, al mismo tiempo que es atravesado por el sexismo, racismo, clasicismo y otras formas de discriminación.

La emergencia sanitaria por COVID-19 aumenta los factores de riesgo para la incidencia de la violencia de pareja o intrafamiliar. Las mujeres se encuentran en situaciones extremadamente vulnerables debido al cierre de estancias infantiles y centros educativos, además de la pérdida de sus ingresos especialmente si ellas laboran en la informalidad. Las consecuencias negativas van desde la salud y la economía, hasta el acceso a la protección social y la violación de sus derechos.

Las mujeres y niñas enfrentan situaciones adversas

Las desigualdades de género son de carácter estructural y tienen una diversidad de causas tales como roles de género, la división sexual del trabajo, el sistema educativo y los medios de comunicación, los cuales en su conjunto suponen la aparición de múltiples discriminaciones a partir de las interseccionalidades propias de cada mujer como el estatus social, etnia, estatus migratorio, orientación e identidad sexuales, entre otras.

El TDnR es un factor de desigualdad estructural de género que restringe las posibilidades de las mujeres de acceder al mercado laboral, contar con ingresos propios y participar en la vida pública (en la política y en la sociedad), al mismo tiempo que las excluye de la protección social indispensable para poder satisfacer de manera autónoma sus necesidades.

Aún con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, las desigualdades persisten debido a la naturaleza multidimensional del problema que se encuentra además inserto en una cultura patriarcal que naturaliza el papel subordinado de las mujeres. La división sexual del trabajo atribuye los siguientes roles: a) las mujeres asumen la responsabilidad de las labores domésticas y de cuidados sin recibir remuneración alguna, al mismo tiempo que pueden estar o no trabajando, y b) los hombres se dedican por completo al trabajo remunerado.

El reparto del trabajo se encuentra sexualizado, es invisibilizado y naturalizado, se entiende, inherente a la estructura familiar situación que se agrava frente a la emergencia sanitaria.

Incremento de la violencia de género a partir de las medidas de aislamiento y confinamiento social

Atender al llamado “quédate en casa” ha ocasionado que mujeres y niñas estén confinadas sin ninguna red de apoyo que les permita poder salvaguardarse ya que al estar la mayor parte del tiempo en casa quedan potencialmente expuestas a ser víctimas de violencia. 

Desde un enfoque interseccional, los grupos en mayor situación de riesgo durante la emergencia sanitaria por COVID-19 son:

Tabla 1. “Grupos en mayor situación de riesgo durante la emergencia sanitaria por COVID-19”

GrupoRiesgos
Mujeres migrantes, refugiadas y desplazadasEnfrentan desafíos particulares como la falta de acceso a servicios de salud. Además, los centros de atención, albergues o centros de detención migratoria pueden presentar condiciones de hacinamiento creando mayores condiciones de infección.
Mujeres indígenasEnfrentan riesgos como la desigualdad socioeconómica, la falta de agua potable, la desnutrición y el menor acceso a recursos sanitarios y de salud.
Mujeres afrodescendientesSe enfrentan a la falta de infraestructura sanitaria básica y algunos grupos viven en zonas urbanas (como la CDMX) en condiciones de hacinamiento.
Mujeres mayoresEste grupo tiene un riesgo de mortalidad y morbilidad mayor. Algunas mujeres no tienen la posibilidad de aislarse por situaciones de cohabitación o por tener responsabilidades de cuidado.
Mujeres privadas de libertadLa emergencia sanitaria exacerba las condiciones de hacinamiento extremo, la falta de infraestructura básica y la falta de acceso a los servicios de salud.
Mujeres con discapacidadDurante la emergencia sanitaria los servicios de salud necesarios para este grupo se han interrumpido como resultado del desvío de atención y recursos de salud a la respuesta al COVID-19.
Mujeres que viven en contextos frágiles y/o afectadas por conflictosEl COVID-19 presenta riesgos para las mujeres en contextos frágiles, especialmente en zonas asediadas por la violencia. Las interrupciones a la salud y a los programas humanitarios o de desarrollo las mantiene en condiciones vulnerables.
Personas del colectivo LGTBIEl mayor riesgo para este grupo es la discriminación por estereotipos de género en el acceso a los servicios.
Mujeres en situación de vivienda insegura o sin viviendaPrincipalmente la falta de acceso a los recursos de saneamiento e higiene.

Fuente: Elaboración propia con base en la Comisión Interamericana de Mujeres (2020).

Pese a la evidencia, en su conferencia matutina el pasado 15 de mayo de 2020, el Presidente López Obrador rechazó que la violencia contra las mujeres fuese a incrementar durante la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que estadísticamente nos demuestra lo contrario pues las llamadas sobre denuncias de violencia contra las mujeres han ido en aumento sustancial a partir de los meses de febrero y marzo.

El Presidente expuso que el 90 % de las llamadas por denuncias de violencia contra las mujeres son falsas, argumentando que “él no está a favor de ningún tipo de violencia ya que por razones humanitarias ninguna persona debe de sufrirla”, menospreciando que se trata de un problema que debe ser abordado desde una perspectiva de género.

En comparación con los últimos años, en el 2020 se han sumado más llamadas al servicio Línea Mujeres del LOCATEL para atender denuncias por violencia género. Los meses de febrero y marzo de este año registraron la mayor incidencia y coincidieron con el periodo en el que comenzó la jornada de “Sana Distancia”.

Gráfico 1. “Incremento en las llamadas por violencia de género 2018-2020”

Fuente: Elaboración propia con datos de la Línea Mujeres de la Ciudad de México 

¿Qué acciones por parte del gobierno federal se han implementado para atender los estragos del incremento del TDnR y la violencia contra las mujeres durante la emergencia sanitaria?

El “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024” establece en el objetivo número dos: “Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado”, sin embargo, no se han implementado programas que fomenten cambios sustantivos para lograrlo.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (en materia de trabajo doméstico remunerado) recomienda apoyar a las trabajadoras del hogar, ya que pertenecen al sector informal y carecen de seguridad social. Sin embargo, este apoyo sigue siendo exclusivo de aquellas mujeres que reciben una remuneración a cambio de las labores domésticas y de cuidados que realizan.

El presupuesto para la reducción de las brechas de género es insuficiente y se ha reducido

El 23 de abril del presente año, un decreto presidencial estableció las Medidas de Austeridad para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: “No se ejercerá el 75% del presupuesto ya comprometido o no comprometido”.

El pasado 15 de julio se formalizó un recorte presupuestal de aproximadamente 151 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), órgano rector de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Su junta del gobierno aprobó el recorte del 75% con una diferencia de 3 votos; 13 a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Se indicó que el recorte se verá reflejado en la asignación presupuestal de las partidas de servicios generales, materiales y suministros que se traduce en la reducción de sus capacidades operativas.

Este recorte implica una contradicción con el decreto presidencial que indica que “no se reducirá el presupuesto para la defensa de los Derechos Humanos”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo 463 millones de pesos, lo cual significa una retención de aproximadamente 178% del presupuesto aprobado en la Ley de Egresos de la Federación para el presente año.

La situación se agrava, las autoridades mantienen como prioridades frenar los estragos del colapso sanitario del Sistema de Salud y la reactivación de la economía; mientras, la violencia de género aumenta por la “austeridad” del presupuesto para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.

El gobierno federal no ha dado respuesta al problema del TDnR. Se requiere que las autoridades gubernamentales lo reconozcan, que se diseñen e implementen políticas públicas para redistribuir el TDnR entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad, que garanticen a mujeres y niñas el acceso a una vida libre de violencia y al ejercicio pleno de sus derechos.

* Estudiantes de la Licenciatura en Sociología de la UAM-Xochimilco

**Trabajo coordinado por la Dra. Janette Góngora Soberanes

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