• Entregan amicus curiare, esperan que se acepte la opinión, dice Andrea Medina

• Buscan evitar posible errores en propuesta de Ministro González Alcántara Carranca

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 27 de julio, 2020.- Con el respaldo de más de mil 850 mujeres se presentará un Amicus Curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mejorar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, sobre el derecho al aborto en Veracruz, se trata de mejorarlo porque podría tener errores graves que ya no sería vinculante en Derechos Humanos y de la Alerta de Violencia contra las Mujeres AVCM.

Para la abogada Andrea Medina, encargada del Amicus Curiare que se entregó a la Suprema Corte de Justicia este medio día, el proyecto afirma que las Alertas de Violencia Contra las Mujeres no son vinculantes, como tampoco el sentido de propersona en Derechos Humanos, lo cual afectaría a todas y todos.

La aportación con observaciones sucede a 48 horas de que la Corte discuta y decida sobre el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que es reconocido sin duda como un avance sustantivo para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas que se ampararon en Veracruz contra una negativa del Congreso a dar respuesta a lo mandatado en lo que se conoce como AVCM por agravio comparado, en el sentido de aprobar el derecho al aborto hasta las 12 semanas de la concepción.

La abogada, consultora internacional y autora de varias iniciativas, entre otras la de Violencia contra las Mujeres en Jalisco, señaló que existe una pequeña diferencia entre la opinión del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la que ahora promoverá la Red Nosotras Tenemos otros Datos.

El Observatorio acepta integramente el proyecto del Ministro, en tanto que la Red, señaló esta mañana en conferencia, que tal y como se encuentra este proyecto, de aprobarse se violentaría el principio de interdependencia ya que se perderían unos derechos por otros.

La abogada advirtió que hay una tercera salida, la más peligrosa, que es la que viene de la ultraderecha, que no sólo se opone al proyecto, sino que se moviliza en su contra y manipula el contenido Constitucional de los Derechos Humanos, y anuncia movilizaciones desde mañana.

Considera que es un paso fundamental e histórico que se aclare, que no hay excepción ni en territorio ni por poder del Estado, para cumplir con los derechos humanos. Debe ser una gran celebración confirmar que sí somos una nación que tiene como principio fundamental los derechos humanos en igualdad para todas las personas en todos los ámbitos, en todas las relaciones y territorios.

Al mismo tiempo señala que ante esa contundencia y gran celebración sorprende de manera preocupante que la resolución se acompañe de un análisis y afirmaciones que ponen en riesgo ese mismo reconocimiento. Para resolver sobre aspectos que el Congreso de Veracruz controvierte, como son: qué normatividad obliga al Congreso de Veracruz, y si toda la normatividad y mecanismos citados en el Amparo que se recurre tienen fuerza vinculante, el Proyecto de la Primera Sala crea una fisura grave y profunda en el bloque de constitucionalidad.

Dice que es posible dividir el cuerpo normativo y de interpretación del sistema internacional de derechos humanos. Lo hace al afirmar que las Convenciones de derechos humanos sí obligan, pero que las interpretaciones oficiales de dichas convenciones no son fuente de derecho. Lo que es grave e inconstitucional. Se puede mejorar, reitera.

Mientras se dice que en la Cámara habría una postura muy clara para apoyar el proyecto, incluso se estarían buscando reuniones con las y los ministros de la Corte, gestionadas  tanto por congresistas del partido mayoritario, Morena, como del ultraderechista Partido Encuentro Social, puesto que si se aprueba  señalando que  las alertas no son vinculantes va a ser un gravísimo retroceso, y si aprueban que las recomendaciones generales de Derechos Humanos  no son vinculantes, se afecta a todos los DDHH, por ello, insiste la abogada, coautora de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, en que es necesario mejorar el proyecto, lo cual tendría que admitir el ministro ponente.

Otra opción es que se baje de la discusión su proyecto, pero ello implicaría que se pase a la responsabilidad de otra u otro ministro. Lo cual significaría un futuro incierto.  Sobre todo, por el largo camino andado en favor de los derechos humanos de las mujeres. Y cuando en el contexto de la paridad, nos indica un momento crucial.

Antecedentes

Posicionamiento Crítico al Proyecto de resolución del Amparo en revisión 636/2019

El posicionamiento leído por Andrea Medina en el seminario virtual de este 27 de julio señala que se busca el derecho a decidir pleno, sólido y sin fisuras que lo pongan en riesgo.

Sostiene que este miércoles 29 de julio de 2020 es, de nuevo, una fecha decisiva en la consolidación de los derechos humanos en México.

El derecho a decidir de las mujeres ha tenido históricos obstáculos y resistencias para su reconocimiento y ejercicio. Desde los derechos políticos para ser reconocidas como ciudadanas y representar, para decidir en la administración del matrimonio, para decidir sobre la propiedad de la tierra, hasta el reconocimiento pleno de la dignidad para decidir sobre la propia maternidad de manera libre y voluntaria.

En un contexto en el que se celebra e impulsa la paridad en la representación en todos los poderes del Estado mexicano, para que las mujeres sean parte de las decisiones de la vida pública y social en igualdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá sobre un debate que se ha sostenido desde el año 2016 en el estado de Veracruz, cuando se presentaron, por un lado, una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por agravio comparado ante la penalización total del aborto y por otro, la reforma a la Constitución Estatal para reconocer la vida desde el momento de la concepción. Ambas acciones fueron aprobadas, se reformó la Constitución de Veracruz y se aceptó la AVGM por agravio comprado, generando una gran polarización social y confusión normativa.

El inicio de este debate en Veracruz hace que regresemos nuestra atención al año 2009, cuando, al resolver sobre la acción de inconstitucionalidad por la despenalización de la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación en el Distrito Federal, la SCJN dejó ambigua la libertad de las entidades federativas para legislar sobre la vida y la reproducción humana sin definir de manera precisa las referencias normativas que le imponen límites. A partir de ello, 20 entidades federativas modificaron sus Constituciones para reconocer la vida a partir de la concepción y otras tantas entidades federativas reforzaron la penalización del aborto.

A la par, desde la federación se aprobaron los mecanismos en la NOM 046 para operar, en casos de embarazo producto de una violación, el acceso al aborto sin la necesidad de una autorización de un juez, misma que no se logra operar por la objeción de conciencia de la gran mayoría del personal de salud, en un contexto en el que todavía se penaliza social y normativamente al aborto. Es decir, el debate que se ha mantenido y se relaciona a los referentes jurídicos y de derechos que deben orientar las decisiones y la acción del Estado, regresa a la SCJN.

El contexto normativo de aquella resolución era distinto. En ese tiempo no se contaba aún con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ahora, con el artículo 1º Constitucional, literalmente incorpora el cuerpo normativo de los derechos humanos en un bloque constitucional que incluye las normas internacionales y nacionales, que establece una Interpretación bajo el principio por persona y la obligación de todas la autoridades, en el ámbito de su competencia, de cumplir con los principios, las obligaciones y los deberes constitucionales en materia de derechos humanos.

México ratificó desde 1981 las convenciones internacionales de derechos humanos que reconocen como actos de discriminación y violencia contra las mujeres el no reconocimiento, o el menoscabo del derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad de una manera libre y voluntaria, con las condiciones sociales y materiales adecuadas para tomar esa decisión. A pesar de haberlo ratificado ante la comunidad internacional, los obstáculos y el debate se mantuvieron sobre la mesa nacional. Por esa razón, principalmente los Comités de derechos económicos, sociales y culturales y para eliminar la discriminación contra las mujeres, han recomendado al Estado mexicano de manera específica, pues no está cumpliendo con el compromiso aceptado.

Hoy, el proyecto de la Primera Sala de la SCJN reconoce que el Estado mexicano sí está obligado, que la sociedad, los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos, están obligados a tener como referencia y límite las Convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Es un logro inmenso y se celebra que la SCJN reconozca expresamente que la Carta Universal de derechos humanos, que el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que las convenciones para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, sí obligan a todo el Estado mexicano.

Es un paso fundamental e histórico que se aclare, que no hay excepción ni en territorio ni por poder del Estado, para cumplir con los derechos humanos. Debe ser una gran celebración confirmar que sí somos una nación que tiene como principio fundamental los derechos humanos en igualdad para todas las personas en todos los ámbitos, en todas las relaciones y territorios.

Ante esa contundencia y gran celebración sorprende de manera preocupante que la resolución se acompañe de un análisis y afirmaciones que ponen en riesgo ese mismo reconocimiento. Para resolver sobre aspectos que el Congreso de Veracruz controvierte, como son: qué normatividad obliga al Congreso de Veracruz, y si toda la normatividad y mecanismos citados en el Amparo que se recurre tienen fuerza vinculante, el Proyecto de la Primera Sala crea una fisura grave y profunda en el bloque de constitucionalidad. Dice que es posible dividir el cuerpo normativo y de interpretación del sistema internacional de derechos humanos.

Lo hace al afirmar que las Convenciones de derechos humanos sí obligan, pero que las interpretaciones oficiales de dichas convenciones no son fuente de derecho.

Avanza un poco más en esas fisuras, y en un análisis muy pobre sobre la figura jurídica de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, afirma que no tiene fuerza vinculante en sus  declaratorias, que son sólo (párrafo 43) “un mecanismo sui generis para la protección de los derechos humanos de las mujeres, cuya finalidad es fomentar una protección coordinada a través de la negociación, cooperación y diálogo entre la Federación y las entidades para lograr la implementación de las propuestas contenidas en los informes” y que es sólo la CONAVIM quien opera las AVGM, sin las atribuciones de ley para ello. Ante esa interpretación, es importante volver a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia que es muy clara al señalar, en su artículo 22, que las AVGM son “El conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.” También establece que se investiga, diseña y da el seguimiento a la AVGM a través de un Grupo de Trabajo Autónomo que se convierte en Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario cuando se declara, de los cuales, la CONAVIM es su Secretaría Técnica, como una integrante más.

Si afirma que se reconoce la dignidad de las mujeres y por tanto confirma que la omisión legislativa del Congreso de Veracruz es un acto de discriminación y de violencia contra las mujeres, acorde a los convenios internacionales de derechos humanos ¿Por qué daña la comprensión y vinculatoriedad de los compromisos en materia de derechos humanos diciendo que sólo obligan las convenciones, pero no su interpretación oficial? Con su proporción guardada ¿Acaso también vamos a decir que nos obliga la Constitución, pero no las resoluciones y jurisprudencia de la SCJN? ¿Qué objetivo tiene la SCJN al señalar que las garantías y mecanismos creados en la legislación nacional para dar cumplimiento a los compromisos de derechos humanos, y para erradicar la discriminación, no tienen fuerza vinculante? ¿No es la prohibición constitucional de la discriminación un principio al que hay que dar toda la fuerza para su cumplimiento? ¿Acaso busca dejar sin puente garantista el extremo de dialogar privadamente los daños de la discriminación y los análisis centralizados en el máximo tribunal sobre qué es discriminación y qué no?

El bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad difuso y concentrado, así como la vinculatoriedad de las normas que refuerzan las obligaciones en materia de eliminación de la discriminación deben ser lo más claras posible. Exigimos que la SCJN sostenga una resolución coherente y sólida para cumplir el acuerdo constitucional de que nuestra base de convivencia en México son los derechos humanos.

Por ello solicitamos que se revise acorde al artículo 1º constitucional las afirmaciones de la fuerza vinculatoria y fuente de derecho de las Recomendaciones Generales de los órganos internacionales de derechos humanos y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, a la par que sostenga y fortalezca la obligación de las entidades federativas de respetar la Constitución y legislar acorde a las obligaciones en materia de derechos humanos.

• En Congreso de Jalisco violan acuerdos, no consultan a las familias, denuncias organizaciones

• Esto ante la posibilidad de que será votada por la diputación jalisciense

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Guadalajara, 27 de julio, 2020.- Con el #SinLasFamiliasNo colectivos feministas y defensoras de Derechos Humanos exigen al Congreso local que no pasen al pleno ni se voten los dictámenes de las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas, hasta que se genere un proceso abierto, participativo, transparente e incluyente, con la metodología previamente acordada.

Ocho organismos de la sociedad civil pidieron que hasta ser atendidas las observaciones de familiares de personas desaparecidas de Jalisco, y víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañadas por las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en las materias.

En una carta pública, señalan que la decisión de pasar las iniciativas al pleno de forma “tan acelerada sin generar un proceso participativo, transparente e incluyente, no solo incumple los acuerdos e imposibilita que las leyes incorporen los más altos estándares en la materia, sino también demuestra la falta del compromiso por parte de las y los diputados”.

Además, sostienen que eso es evidencia de que en el Congreso de Jalisco se priorizan los intereses y negociaciones políticas en vez de las necesidades de familiares de personas desaparecidas y de las víctimas en general.

La carta firmada por el Colectivo Por Amor a Ellxs, Colectivo Entre Cielo y Tierra, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres, #NuestroPresupuesto, Observatorio Legislativo del ITESO y ¡Tómala! señalan que desde 2018 el Congreso local está obligado a armonizar los  contenidos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, presentó tres iniciativas de ley: sobre Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, sobre Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y sobre Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco.

En enero pasado, en el Congreso se realizaron mesas de trabajo, cuyo objetivo fue analizar y debatir sobre los contenidos de las iniciativas de ley de Desaparición y de atención a víctimas, y garantizar la participación de familiares de personas desaparecidas, así como de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos en el proceso legislativo. De forma paralela la sociedad civil y organismos internacionales presentaron observaciones a las propuestas de ley, pero no fueron tomadas en cuenta.

Incluso se acordó una ruta de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado de dar seguimiento al proceso de diálogo, esfuerzos suspendidos al iniciar la pandemia, el pasado 17 de julio pidieron que se reanudaran sin obtener respuesta del Congreso.

“Nos enteramos en medios de comunicación y redes sociales que el Congreso local tenía previsto esta semana pasar al pleno los tres dictámenes de leyes en una sesión virtual para la votación y su posterior aprobación”, por lo que aseguran que eso sería violatorio a los acuerdos tomados con las organizaciones, familias de personas desaparecidas y no garantiza el principio de participación conjunta establecido en el artículo 5 de la Ley General en Materia de Desaparición.

En la carta también explican que las familias de personas desaparecidas llevan dos años aportando y trabajando por una ley que sirva y responda a la gravedad de la problemática, estiman que en Jalisco hay más de 10 mil personas desaparecidas.

SEM/lv/sj

• Originaria de El Ocotito, Guerrero, llama a entender la situación de la población migrante

• Es presidenta de la “WAGRO Foundation”, Maestra en Ciencias de la Comunicación y Doctora en Comunicación Social

Dassaev Téllez Adame 

SemMéxico, Chilpancingo, 27 de julio, 2020.- La city council, equivalente a un síndico municipal, de la ciudad de Lynnwood, en el estado de Washington Estados Unidos (EU), Julieta Altamirano-Crosby, originaria de El Ocotito, es la primera mujer latina en obtener este cargo en toda la historia de este estado norteamericano, informa el diario La Jornada de Guerrero.

Señala que las autoridades en el estado encargadas de la situación y problemas de los migrantes solo se preocupan por atender las ciudades de Chicago y Los Ángeles, descuidando los 48 estados norteamericanos restantes, por lo que hace un llamado a las autoridades que tomen posesión en el próximo proceso electoral, designen a una persona que entienda la situación de la población migrante y que venga de este sector.

Julieta Altamirano-Crosby, además de su histórico cargo, es presidenta de la “WAGRO Foundation” (Fundación WAGRO, que es una abreviatura de Washington-Guerrero), es Maestra en Ciencias de la Comunicación y Doctora en Comunicación Social, esto por la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de La Habana, respectivamente; obtuvo su Maestría en Educación (MEd) en Liderazgo Educativo de la Seattle Pacific University en 2018.

Desde enero de este año se desempeña, luego de haber participado, de manera apartidista, en las elecciones de la ciudad de Lynnwood, como City Council, cargo que desempeñará de manera histórica en este estado por cuatro años, ya que es la primera mujer latina en ostentar un cargo de este tipo, que es el equivalente a un síndico municipal.

Recordó que, desde hace 11 años, cuando, derivado de la violencia que se vivía en la ciudad de Zihuatanejo, lugar donde radicaba y conoció a su esposo, y en el estado de Guerrero, optó por cambiar de residencia y vivir en Estados Unidos.

Explica que, al llegar a EU, su sueño era el dar clases de español, pero para su sorpresa se topó con encontrar donde le hicieran equivalente el nivel educativo que llevaba; además de que carecía de la herramienta más importante, que es el de hablar inglés para comunicarse, por lo que tuvo que estudiar y aprender esa lengua, cosa que le llevó dos años, por lo que tuvo que andar con intérpretes que le ayudaran a comunicarse.

“Si yo, con mi nivel educativo, tuve esa complicación, imagínate a los padres de familia que se van con el sueño americano, muchos indígenas incluso se van sin poder hablar español”, indicó.

Dijo que, a pesar de los cargos que ha ostentado desde el 2012, donde ha estado en constante acercamiento con comunidades migrantes y minorías, no conoce al titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internaciones (SEMAI) del Estado de Guerrero, Fabián Morales Marchán, por lo que, como cientos de guerrerenses migrantes, no conoce qué programas de ayuda al migrante hay en el estado.

Desde ese año, ha apoyado no sólo a guerrerenses sino también a paisanos de otros estados del país, a tramitar repatriaciones, traslados de cuerpos y a comunicarse con las autoridades; asegurando que, sólo le ha pasado que, en Guerrero, no se puede comunicar con los representantes de la SEMAI, solo los estados de Puebla y Guanajuato son los que responden casi al cien por ciento a los migrantes de sus estados, apoyándoles de la misma manera.

“El estado de Guanajuato es punta de lanza en ese aspecto, en ir y visitar, incluso tienen oficinas y están presentes, la gente de ese estado sabe a dónde ir, sabe qué hacer, no están desinformados” aseveró.

Pidió que las autoridades vean más por los derechos de los migrantes, “votamos por un presidente, pero ¿por qué no votar por un gobernador o diputados… como ciudadanos guerrerenses? ¿por qué no tomarlos en cuenta?”, ya que este sector es el que impulsa parte de la economía con las divisas que se mandan, la cual de dólares a pesos se convierten en millones.

Por lo que se deben de establecer relaciones con los 50 estados del país del norte, no sólo con las ciudades más importantes, como lo es Chicago y Los Ángeles, “lugares a donde se les hace muy cómodo ir a los gobernantes.

“Está padre el ir a una sociedad más organizada, pero hablan tú mismo idioma”; por lo que pidió el acercarse a los representantes gubernamentales de las ciudades, así como a las escuelas y universidades, para que conozcan y puedan establecer convenios institucionales, educativos y culturales, “se tiene que ser más visionario, porque a mí me tocó ver las carencias de los guerrerenses, se tienen que hacer visitas para complementar cualquier cuestión de programas”.

Indicó que en Oaxaca recibe el total apoyo de la dirección del Migrante, ejemplificando que, cuando alguien fallece y es repatriado, en EU se habla con una funeraria local para poder hacer su traslado, pero a su vez en el estado debe de buscarse una funeraria que haga el traslado, además del gasto por los servicios de funeraria a funeraria y solo en el estado de Oaxaca se ha logrado un total contacto de las autoridades con la familia para esto, ofreciendo el apoyo monetario total de esto.

Por otro lado, la Council Julieta lamentó que las 23 urnas repatriadas con restos de igual número de guerrerenses que fallecieron por Covid-19, hayan tenido que ser entregadas en Chilpancingo.

Enfocándose a un caso de una familia de la región Montaña, que tuvo que pedir dinero prestado para poder trasladarse a recoger las cenizas de su hijo, “allá este caso fue muy criticado, porque no sé si la secretaría no tenga recursos o fondos, porque no se pudo hacer como en otros estados, el trasladar los restos hasta sus hogares, evitando que las familias hagan un gasto mayor”.

Redacción 

SemMéxico/EFE. 24 de julio de 2020.- Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles a la Cámara de Diputados que llame a comparecer al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por el recorte al presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Las y los diputados deben ejercer su facultad de vigilancia y llamar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, para que rinda cuentas sobre los recortes presupuestarios ordenados por el Ejecutivo federal”, aseveró la organización en un comunicado.

Argumentó que estos recortes son contrarios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece claramente que “no se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres”.

La semana pasada, la Junta de Gobierno aprobó un recorte del 75% en el presupuesto del Inmujeres, equivalente a 151.9 millones de pesos.

La disminución es consecuencia del decreto publicado el pasado 23 de abril por el Gobierno Federal en el que se anunciaban fuertes ajustes a los gastos de ciertas áreas a causa de la crisis por el Covid-19.

Amnistía Internacional denunció que el Ejecutivo federal pasó por alto las facultades que tiene en este caso la Cámara de Diputados, pues la citada ley precisa que cualquier cambio en el ejercicio del presupuesto “debe ser aprobado por las y los diputados“.

Entre las reducciones, se pretendió recortar los recursos de las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente y el presupuesto que asigna la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres para implementar las recomendaciones de las Alertas de Violencia de Género.

Estos recortes han sido negados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que su gobierno no ha recortado ayudas contra la violencia de género.

“Nosotros no tenemos ningún ajuste en el programa federal para lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos”, aseveró el mandatario el pasado martes en su conferencia matutina, pese a que ha hecho numerosos recortes en el gasto público para cumplir con su plan de “austeridad republicana”.