• Sobre todo las llamadas de consultas informativas y de contención

• Necesario mantener el Plan de Contingencia una vez finalice el estado de alarma

Raquel Zapata González
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 21 de mayo, 2020.- El pasado 14 de marzo se impulsó desde el Ministerio de Igualdad un Plan de Contingencia contra la violencia de género ante esta situación originada a causa del Coronavirus. El Plan, que cuenta con una serie de medidas de carácter estratégico y operativo para ayudar a prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas que tiene el confinamiento para muchas de las víctimas, cuenta además con una serie de servicios que se han considerado esenciales y que han estado operativos las 24 horas del día durante toda la semana: las llamadas y consultas online al 016 y el servicio de WhatsApp para prestar apoyo psicológico.

Dos meses más tarde, los datos recogidos por el Ministerio de Igualdad revelan la necesidad de estos servicios, ya que las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el confinamiento se elevan a 18 mil 700, un 61,56 % más que el año anterior.

Hace medio mes conocimos la noticia de que las llamadas al 016 habían aumentado considerablemente, en concreto un 60% con respecto a 2019 con motivo de la reclusión a la que la ciudadanía se ve obligada ante la emergencia sanitaria. Ahora, nuevos datos confirman que las llamadas y consultas a los servicios de atención del ministerio han mantenido una tendencia creciente hasta el 1 de mayo, donde se ha podido ver un ligero descenso de un 0,2% en las consultas al 016 en la primera quincena de este mes. Para Victoria Rosell, delegada del gobierno contra la violencia de género, es posible que esta pequeña bajada se dé «porqué desde el 11 de mayo muchas mujeres en fase 1 tienen algo de desahogo».

La primera quincena de mayo de 2020 ha registrado 4.022 llamadas, 9 llamadas menos que la primera quincena de abril, lo que ha implicado esa bajada del 0,2 %. Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, ha explicado a AmecoPress que “es un poco pronto para hacer valoraciones de una manera precipitada, habría que esperar a ver si este descenso se estabiliza”. En cuanto a ligero descenso cree que el criterio de la delegada es acertado y añade que “las mujeres pueden tener una mayor apertura debido a la fase uno, pero también debido a la incorporación del trabajo, lo cual le da más libertad, tanto si se reincorpora ella como su maltratador”.

“Han aumentado algunas llamadas de asistencia inmediata, pero en nuestra experiencia no han sido todas de este tipo, sino que muchas han sido de contención, es decir, para ayudarlas a poder aguantar la situación y el incremento de la tensión durante el confinamiento y también informativas. Llaman para informarse de a dónde dirigirse si la situación que viven estallara”, explica Susana Martínez.

Hay dos factores posibles para el aumento de llamadas: el desconocimiento de cómo seguían funcionando los recursos en el inicio del confinamiento, añadido ahora a cómo se van a ir reabriendo los servicios, y el estrés que se suma a una situación de violencia psicológica o de tensión familiar que ya se estaba sufriendo con anterioridad. “En la gran mayoría de casos ya se estaba sufriendo algún tipo de violencia antes del confinamiento que se ha agudizado con la situación actual”, concreta la experta.

En cuanto a las consultas online al 016, mientras que el número de consultas del 14 de marzo al 15 de mayo de 2019 fue de 90, el número de consultas del 14 de marzo al 15 de mayo de 2020 ha sido de 504, es decir 414 consultas más. En lo que se refiere al servicio de atención emocional y psicológica vía Whatsapp, desde que se puso en funcionamiento el pasado 21 de marzo ha recibido un total de 1.678 consultas. Mientras que el número de consultas pertinentes del 21 de marzo al 15 de abril de 2020 fue de 731, del 16 de abril al 15 de mayo ha sido de 947, es decir un aumento de 216 consultas entre el periodo de abril-mayo respecto al marzo-abril.

Por su parte, Susana Martínez, defiende la necesidad de mantener el Plan de Contingencia una vez finalice el estado de alarma. “Las consecuencias derivadas de la crisis del Covid van a ser a medio y largo plazo, en todos los ámbitos, incluido el de la violencia de género, ya que hay mujeres que durante el confinamiento han estado en proceso de contención y una vez acabe el estado de alarma van a pedir ayuda y necesitarán que sobre todo las medidas habitacionales y económicas sigan activas para poder dar ese paso”.

La Delegada manifestado que «el incremento de las llamadas y las consultas pertinentes al 016 sigue siendo muy llamativo» y alerta de que la ligera bajada de 0,2% no puede provocar una relajación de las exigencias, sino que debe motivar la planificación de la siguiente fase de desescalada o de salida para “garantizar el acceso de las víctimas a la justicia”.

SEM-AmecoPress/rzg

• No consideran la brecha digital en el acceso a la tecnología por parte de las mujeres

• Migrantes sin marco legal que las proteja

Redacción

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 21 de mayo, 2020.- La Plataforma Sombra CEDAW -Estambul-Beijing ha dirigido una carta al Ministerio de Igualdad, firmada por más de un centenar de organizaciones, en la que se exponen algunas preocupaciones –y propuestas– ante lo observado en el seguimiento a la implementación efectiva, tanto a nivel nacional, como autonómico y local, de las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género como consecuencia de la emergencia sanitaria y pandemia mundial que estamos viviendo provocada por el Covid 19.

Las entidades, muchas de las cuales gestionan recursos destinados a la atención directa a mujeres víctimas de violencia, “reconocen y celebran” que el Plan de Contingencia impulsado el 17 de marzo del 2020 por el Ministerio de Igualdad, así como las medidas adoptadas desde el Ejecutivo en esta materia durante la pandemia, forman parte de un “paquete de medidas inéditas y sin precedentes en nuestro país”. Sin embargo, critican los límites y errores de implementación (y de concepción) que algunas de esas medidas se han encontrado.

Según la Plataforma, las medidas lanzadas en el marco de la Campaña Comunicacional para la prevención de la violencia de género durante el confinamiento, “no están llegando de manera adecuada a todos los territorios a nivel local”. Así mismo, tampoco resultan adecuados “los medios” mediante los que se difunde dicha Campaña, ya que no consideran la brecha digital existente en el acceso a la tecnología por parte de las mujeres, ni las necesidades y particularidades de las mujeres que no se encuentran en los núcleos urbanos, sino en el ámbito rural del país, ni consideran, desde un enfoque interseccional, las múltiples discriminaciones y dificultades que pueden enfrentar las mujeres para acceder a la información y a la tecnología.

Adecuación de canales de comunicación y de mensajes

La propuesta de las organizaciones apunta a establecer una mayor articulación y coordinación entre gobierno central y autoridades competentes a nivel autonómico y local, y de manera conjunta con el tejido asociativo y profesional involucrado en la prevención y atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente en el ámbito local, de manera que se puedan complementar, mejorar, modificar, ampliar y adecuar “tanto los canales de comunicación como los mensajes”, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los territorios.

En ese sentido, consideran necesario “potenciar y hacer un mayor uso y divulgación de las campañas informativas y de sensibilización por medio de los canales tradicionales de comunicación como pueden ser la radio y la televisión, que llegan más fácilmente a toda la población”.

En materia de protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, las organizaciones critican que las medidas que se han dictado desde el Gobierno están siendo implementadas “de manera desigual” en las diferentes Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos. “Su alcance está siendo limitado, y nos consta que en muchos casos los recursos y servicios habilitados se encuentran saturados, sobre todo los recursos residenciales y destinados a la protección y seguridad de las mujeres, sus hijos e hijas, que no llegan a satisfacer las demandas habitacionales y necesidades existentes, ni la variedad de implicaciones derivadas de la pandemia”, exponen las entidades.

Además, las medidas adoptadas están mayormente enfocadas en una “respuesta asistencial, sin un enfoque de género, de derechos humanos e interseccional”. Específicamente, la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género en situación irregular es “especialmente dramática, pues no llegan a acceder a la protección y atención integral debido a diferentes factores entre ellos, el desconocimiento de sus derechos, la barrera lingüística, el aislamiento social, el no tener redes de apoyo”.

Reclaman que se regularice a todas las mujeres migrantes víctimas de violencia

La misiva critica que las medidas adoptadas por el Ejecutivo hasta el momento, solo han tenido en cuenta la violencia de género que pueda ejercerse por parte de la pareja o expareja, o las dirigidas a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución, no considerando ni emitiendo medidas de manera específica para el abordaje de sus causas o de otras formas de violencia de género, como la violencia sexual o la violencia obstétrica. La ausencia de reconocimiento de todas las formas de violencia “deja en una especial desprotección e indefensión a muchas mujeres, adolescentes y niñas”. En el caso de las mujeres “migrantes víctimas de violencia sexual en situación irregular, por ejemplo, no existe un marco legal que las proteja, pudiéndose incoar un expediente de expulsión”.

Las organizaciones solicitan revisar, adecuar y ampliar las medidas dictadas hasta el momento, generando un Plan de Contingencia Integral para la Prevención y Atención Integral a la Violencia de Género, entendido en su sentido más amplio e incluyendo todas las diferentes formas de violencia de género contra las mujeres, incluida la violencia y explotación sexual. De manera particular y en atención a las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, reclaman que “se regularice a todas las mujeres migrantes víctimas de violencia de género que se encuentran residiendo actualmente en España, ya que es un requisito indispensable para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación”.

Recursos residenciales y habitabilidad

En relación a los recursos residenciales y la habitabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género, la carta propone que las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas no tengan que abandonar el domicilio familiar en los casos de violencia de género, y que sea en todo caso el agresor el que se vea obligado a abandonar el mismo, instando a la autoridad competente a la adopción de medidas de protección adecuadas que contemplen tal fin.

Por otro lado, se propone el fortalecimiento y ampliación de los recursos residenciales existentes y que se amplíe su cobertura en todo el territorio nacional, así como los períodos de estancia durante todo el período que dure la emergencia sanitaria, para garantizar una solución habitacional permanente y de larga estancia adecuada a las necesidades y particularidades de las mujeres víctimas de violencia de género que así lo necesiten, incluidas las mujeres migrantes y extranjeras, independientemente de su situación administrativa en el país, así como las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución, sin necesidad de que medie una denuncia previa, para acceder a los mismos.

Además, proponen tener una especial actuación sobre la situación laboral de las mujeres víctimas de violencia de género la aprobación de un paquete de medidas y ayudas económicas específicas con carácter urgente.

Medidas dirigidas a los agresores

Las organizaciones firmantes, con distintos ámbitos de actuación, lamentan que durante la pandemia no se hayan considerado medidas específicas para que las autoridades competentes cumplan con sus obligaciones de ejecutar y hacer el correspondiente seguimiento de las órdenes de protección existentes, así como la emisión de nuevas órdenes de protección de manera inmediata y adecuada que garanticen entre otras, las medidas de distanciamiento y no comunicación por parte de los agresores, así como el cumplimiento del régimen de visitas en condiciones de seguridad, garantizando tanto la integridad y protección de las mujeres y sus hijos e hijas, y el pago de las pensiones alimenticias conforme a la ley, que son ingresos fundamentales para la economía de las mujeres.

“Consideramos que, la falta de medidas y directrices claras y específicas para las autoridades competentes respecto a estos aspectos, junto con la falta de coordinación entre las diferentes administraciones, menoscaba los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, así como los de sus hijos e hijas, y agravan su situación durante este periodo de emergencia sanitaria”, sentencian.

Las organizaciones proponen dictar medidas específicas que puedan prevenir la violencia por parte de los agresores contra las mujeres y sus hijos e hijas u otras personas dependientes que convivan con ellas por medio de la creación de un “plan específico que tenga en cuenta las particularidades y los riesgos derivados del confinamiento y el estado de alarma”. En ese sentido abogan por un “protocolo específico de coordinación y actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que actualmente pueden y deben atender a las mujeres en situación de emergencia.

En relación a la Administración y acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia de género, las organizaciones proponen que se puedan formular medidas específicas para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género de manera integral, y formular un Plan de Contingencia en coordinación con la Administración de Justicia.

 “Si bien es cierto que los asuntos judiciales en materia de violencia de género no han sido suspendidos durante el estado de alarma, y la protección inmediata de las mujeres que denuncia ha sido atendida por los Jugados competentes en la materia -Juzgados de Violencia sobre la mujer-, incoándose el procedimiento adecuado según las circunstancias”, las organizaciones comparten una exhaustiva crítica al Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que, no solo no alcanza a contemplar especificidades derivadas de la situación de alarma por la pandemia, sino que “resulta contraproducente (…)”.

Transparencia y accesibilidad

Sobre el levantamiento de información y la generación de información estratégica disponible sobre violencia de género y el impacto de la actual pandemia, las organizaciones constatan “falta de transparencia y accesibilidad” a una información desagregada que permita dimensionar la realidad y analizar la prevalencia de la violencia de género durante el confinamiento. Tan solo se cuenta con los datos de los servicios de atención del 016 y con la información que da la Policía Nacional como parte de sus informes durante el estado de alarma, pero “se desconoce totalmente, qué tipos de casos se están reportando”, datos que son fundamentales y suponen “la clave para poder analizar la información y contar con indicadores estratégicos que permitan la toma adecuada de decisiones”.

Las organizaciones proponen que se utilicen los Sistemas y mecanismos de Información específicos sobre Violencia de Género, y se recopile de manera sistemática y periódica toda la información relevante, con datos desagregados, que permita contar con información actualizada y de acceso público, para conocer la prevalencia de la violencia de género en todo el territorio nacional y en los diferentes niveles de gobierno.

La Plataforma critica asimismo lo que considera una deficiente coordinación interinstitucional. “Se ha podido constatar que no existe coordinación entre instituciones públicas en los diferentes niveles de gobierno, y mucho menos con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que gestionan recursos destinadas a la prevención, protección, y atención integral de las víctimas de violencia de género”, asegura la carta.

Frente a ello, la Plataforma solicita el fortalecimiento de las instituciones en materia de violencia de género, y los mecanismos de control y seguimientos de políticas públicas ya existentes, como el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, así como la creación de un Grupo de Trabajo o Comisión especializada, integrada por profesionales y organizaciones especializadas en la prevención y atención a las víctimas de violencia de género de la Plataforma. Dicho Grupo de Trabajo o Comisión, “será el encargado de formular y garantizar la coordinación, el seguimiento y evaluación periódica para garantizar la adecuada implementación del Plan de Contingencia Integral para la Prevención y Atención Integral a la Violencia de Género”.

Además, el texto enviado al Ministerio de Igualdad denuncia que “no existe una dotación financiera y presupuestaria adecuada para dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Ejecutivo, ni para reforzar las iniciativas o servicios existentes a nivel local”. Y asegura que “la utilización de los fondos del Pacto de Estado no está siendo efectiva, ni es suficiente”. Las organizaciones proponen la creación de un fondo específico para para la prevención y atención integral de la Violencia de género durante la emergencia sanitaria, adicional a los fondos de Pacto de Estado.

Por último, las organizaciones muestran su “ánimo de participar de manera activa y desde nuestra experiencia”, en el Proceso de Reconstrucción que se está llevando a cabo desde el gobierno central, con el objetivo de” contribuir a la formulación de políticas públicas y medidas integrales, reales y eficaces, desde un enfoque de derechos, de género interseccional e intercultural, y con una perspectiva feminista”. Y abogan por la conformación de un “Espacio de Coordinación y de Trabajo Periódico y Permanente con las organizaciones que formamos parte de la Plataforma Sombra España CEDAW-Estambul-Beijing+25, y con otras organizaciones no gubernamentales”.

“Los momentos de crisis nos dan la oportunidad para transformar la realidad. Por ello le pedimos, que aprovechemos este momento, para juntas prevenir y eliminar las violencias de género en nuestro país, para no dejar nunca más a ninguna mujer atrás”, concluye la misiva.

SEM-AmecoPress

• Beijing fue clave en el impulso de la agenda de las reclamaciones de las mujeres

• 1325 mujeres tejiendo paz acabó siendo una semilla que germinó

Lucía Cortés

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 21 de mayo, 2020.- La Resolución 1325 de la ONU sentó las bases para que las mujeres participaran en los procesos de paz. Mostraba la voluntad compartida para que dejaran de ser solo víctimas y se sentarán en las mesas de negociación. Solo si se cuenta con ellas es posible una paz sostenible y duradera. Sin ellas, no habrá paz.

El año 2000 presenció la masacre de Grozni, Chechenia, a manos del Ejército ruso. También entonces se daban los primeros pasos que conducirían a la invasión y guerra de Iraq. Comenzaron los ataques terroristas en Laos. El año 2000 fue el mismo en el que la Organización de las Naciones Unidas decidió a través de la resolución 1325 que la paz solo sería posible y duradera si las mujeres forman parte de su construcción. Casi veinte años ya de una resolución histórica que quiso cambiar la concepción de la paz.

Su aprobación no fue fruto de la casualidad. Numerosas organizaciones de la sociedad civil venían trabajando desde hacía tiempo en la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en la resolución de los conflictos. Un punto de inflexión llegó cinco años antes, con la Conferencia de Beijín de 1995. Esa fecha histórica fue clave en el impulso de la agenda de las reclamaciones de las mujeres en las grandes decisiones internacionales. Numerosos estudios han mostrado cómo la inclusión de las mujeres en los procesos de paz incrementa sus posibilidades de éxito. Pero no basta con cumplir con números.

La paz no se construye solo en las grandes cumbres y declaraciones de autoridades. La paz se construye en los países asolados, calle a calle, y se conquista barrio a barrio y pueblo a pueblo. 1325 de estas historias personales con mayúsculas aparecen recogidas en el proyecto “1325 mujeres tejiendo la paz”. Se trata de un libro que recoge las historias de vida de 1325 mujeres implicadas en los procesos de construcción de la paz y movimientos pacifistas. Es una obra monumental que encuentra en el medio digital su segunda casa. En su web se pueden encontrar las historias.

Con él pretendían difundir el trabajo realizado a partir de la resolución 1325 de Naciones Unidas y recoger del olvido las historias particulares de mujeres valientes que se plantaron frente al odio y la violencia. Como es el caso de la suiza Elizabeth Eidenbenz quien creó una maternidad en la frontera francesa que acogió a las mujeres exiliadas de la guerra civil española y salvó así la vida de innumerables mujeres y bebés. Manuela Mesa, coordinadora de la obra, nos ha hablado sobre el valor de las historias de paz bajo distintas formas. “A través de las historias de vida podíamos hablar no sólo del papel que habían jugado algunas mujeres en zonas de conflicto, sino también de justicia, educación, participación… El proyecto nos acabó desbordando por la gran acogida que tuvo”.

1325 mujeres tejiendo paz acabó siendo una semilla que germinó. “El hecho de ponernos a trabajar en este tema hizo que un grupo de mujeres que estábamos en distintos centros de investigación y otras que no pero estaban en nuestra red, nos animamos a formar la sección española de WILPF. Fue un proyecto muy generador y que sigue vivo: se ha transformado en otras cosas a lo largo de los años. Es un buen ejemplo de trabajar en red vinculando a mucha gente en distintos niveles de análisis y con un lenguaje distinto según a quién va dirigido”. Y es que una de las aspiraciones con que fue concebida la famosa resolución fue unir a mujeres de distintos ámbitos y latitudes para trabajar juntas por la paz.

“Avanzar hacia una noción de seguridad humana”

Pero a veces las buenas intenciones solo no sirven. Como hemos visto en otras ocasiones con resoluciones y declaraciones de intenciones en el seno de las Naciones Unidas, las palabras no siempre se materializan en hechos. Para Manuela Mesa, ha faltado esa voluntad generadora por parte de las instituciones.

“No podemos seguir con las mismas de hace veinte años, los avances han sido bastante escasos. En la parte más normativa y de resoluciones complementarias se ha avanzado, pero en lo que es mejorar las vidas de las mujeres que viven en zonas de conflicto se ha avanzado muy poco. En lo que se refiere a la financiación de las acciones que es fundamental también se ha avanzado muy poco”.

Sobre los desafíos que debe aún afrontar la agenda de mujeres, paz y seguridad, señala, son muchos. “Cambiar la propia concepción de seguridad”. Echa en falta un abordaje que vaya más allá del concepto tradicional de seguridad basada en el territorio. “Si algo nos demuestra la crisis del COVID19 es precisamente que la seguridad en este momento tiene muy poco que ver con la idea tradicional de seguridad militar o del territorio. Ese es uno de los retos porque la resolución ha sido en parte utilizada para incorporar más mujeres al Ejército, para incorporarlas mujeres a las misiones de paz, pero no ha sido un cambio significativo, no ha servido para hacer un debate más a fondo sobre qué se entiende desde el feminismo por seguridad. Cómo la seguridad tiene que ver con poner en el centro otras cuestiones y que se opone completamente a lo que es rearme y militarismo”.

“Ellas decían que no se levantaban de la mesa hasta que sus verdugos las mirasen a los ojos”

Cuando se habla de la participación de mujeres en los procesos de paz el primer caso que se nos viene a la cabeza es Colombia. Después de más de cincuenta años de un conflicto sangriento entre Gobierno y guerrilleros, en 2016 se firmó un Acuerdo de Paz histórico para el pueblo colombiano y para el mundo. Por primera vez las mujeres se sentaron a la mesa. Lula Gómez, periodista y escritora, entrevistó a siete lideresas colombianas por la paz y unió sus voces en un libro “Mujeres al frente: La ley de las más nobles” y un documental homónimo. Echando la vista atrás, las cosas no han cambiado tanto en el país. “Se prometió principalmente que no hay paz, si no hay pan. Que debían hacerse una serie de reformas estructurales en el campo, por su puesto siempre con mirada de género.

Y esas reformas no se han hecho y el estado sigue sin estar presente en las zonas más golpeadas por la guerra. Ha pasado el tiempo, en las zonas de dónde salieron las FARC las han ocupado otros actores armados que son ni más ni menos que ELN, los paramilitares, los narcos de Sinaloa y bandas criminales, lo que llaman allí bacrils. Claro, si no llega el Estado la situación absolutamente de guerra. Las mujeres por su parte siguen liderando procesos de paz y dejando bien claro su defensa por la tierra y por todos y están siendo asesinadas. Ellos también, por supuesto. Mujeres y hombres están siendo asesinados de forma sistemática con el Gobierno mirando para otro lado”. Pero no por ello deja de valorar positivamente las aportaciones de estas mujeres valientes a las que conoce bien.

“Yo creo que la principal aportación es esa amplia perspectiva de lo que supone la paz. La paz es una palabra muchas veces muy cansada y consumida, es como si habláramos de amor. Estas mujeres hablaron de paz de una forma muy clara. Hablaron de la necesidad de tener una educación para sus hijos y sus hijas. De la necesidad de que se reconociese cómo la guerra había pasado por sus cuerpos.

De la necesidad de establecer y cambiar la política agraria del país. Hablaron de la necesidad de que las riquezas minerales del país no se vayan a multinacionales extranjeras. De la necesidad del diálogo entre víctimas y verdugos. Ahí ellas son unas maestras en un país con ocho millones de víctimas ellas decían que no se levantaban de la mesa hasta que sus verdugos las mirasen a los ojos. Y lo hacían con una generosidad enorme”.

Pero no han sido solo las colombianas, las mujeres congoleñas también trataron de tomar las mesas de negociación durante el proceso de Goma. A pesar de las dificultades, han conseguido grandes avances pese a un contexto normativo con leyes que las subordinan al hombre. No se puede olvidar que los procesos de paz no son solo el cese de la violencia o la deposición de las armas. Es el momento clave en el que se sientan las bases para la configuración del nuevo estado, las leyes fundamentales de las que se dota y las promesas que hace a su pueblo.

Por ello, la resolución de un conflicto no debe de ser solo el fin de la violencia sino también la construcción de una paz duradera. Se debe incluir la perspectiva de las mujeres pues solo así se puede garantizar que la nueva situación respetará los derechos y podrá intentar iniciar la reparación a más de la mitad de la población. Un proceso de paz brinda la oportunidad a una nación de construir un nuevo futuro y su éxito depende la inclusión plena de toda la sociedad: mujeres incluidas.

SEM/AmecoPress-lc