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Violencia continúa cobrando vidas de mujeres en Oaxaca

  • Esta mañana dos nuevos casos de feminicidios
  • 448 asesinatos en la administración de Murat Hinojosa

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 22 de julio, 2020.- Dos mujeres fueron asesinadas esta mañana, en puntos distintos del territorio oaxaqueño, en ambos casos, la autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación e inició las diligencias correspondientes.

Datos de Consorcio Oaxaca señalan que son 448 los asesinatos violentos ocurridos en la actual gestión del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en tanto que GesMujer afirma que 234 de esos asesinatos han ocurrido en los casi dos años desde que se decretó la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en 40 municipios de la entidad, lo que ocurrió el 30 de agosto de 2018.

El primer caso ocurrió en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa, donde una mujer fue asesinada a balazos en vía pública, cerca de las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Oaxaca. 

Por otra parte, un grupo de cuatro personas, entre ellas una mujer, fueron ejecutadas en jurisdicción de Ocotlán de Morelos, al sur de la ciudad de Oaxaca.

Según el reporte preliminar el crimen sucedió a un costado de la carretera federal 175, Oaxaca-Puerto Escondido, las víctimas presentaban heridas por disparos de proyectil, y estaban separados entre sí. 

Detienen a feminicida y lesionan a activista

En otro orden, el ayuntamiento de Mazatlán Villa de Flores confirmó la detención del presunto feminicida de Evelin, de 20 años de edad, cometido el pasado sábado en esta localidad indígena mazateca, uno de los 40 municipios declarado en la alerta de género. 

Rogelio Rosas Blanco, presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, condenó los hechos que privaron de la vida a la joven al interior del negocio de alquiler de computadoras, en la comunidad de Piedra Ancha. 

De acuerdo con la carpeta de investigación 21963/FNSC/HUAUTLA/2020, el probable responsable, identificado como Francisco N, privó de la vida con un objeto punzo cortante a la víctima, cuando ella se encontraba en su centro de trabajo. 

En tanto, Elizabeth Cruz, presidenta del Comité de Vida Vecinal del Barrio de Xochimilco, fue atacada por la espalda con arma blanca en inmediaciones de su domicilio cuando se disponía a encabezar una reunión en este asentamiento, ubicado en el perímetro del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. 

El agresor huyó del lugar dejando abandonado el vehículo donde aguardó  a la activista, un vehículo modelo Aveo, marca Chevrolet, color azul y placas B21-BBR de la Ciudad de México. 

SEM/pb/sj

OPS insta a países intensificar esfuerzos para evitar más contagios de COVID-19 entre los pueblos indígenas

  • En México, se registraron 4.092 casos, 649 de ellos mortales, en poblaciones indígenas

Por Redacción ONU México

SemMéxico/ONU Noticias. 22 de julio 2020.- Los pueblos indígenas de varios países de las Américas están experimentando un creciente número de casos y muertes por COVID-19, y la Organización Panamericana de la Salud instó a las autoridades de salud a «redoblar esfuerzos para prevenir el avance de la infección en dichas comunidades, así como también para asegurar el acceso a los servicios de atención de salud».

La alerta de la OPS llamó a fortalecer el manejo de casos utilizando enfoques culturalmente apropiados, e implementar medidas preventivas en todos los niveles del sistema de salud para reducir la mortalidad asociada con COVID-19.

«La pandemia COVID-19 representa un riesgo para la salud de los pueblos indígenas, tanto aquellos que viven en áreas urbanas como los que viven en asentamientos remotos o aislados donde el acceso a los servicios de salud es un desafío y la capacidad muchas veces limitada para atender a toda la población,” dice la alerta de la OPS.

Para interrumpir la transmisión de COVID-19 en comunidades indígenas, la OPS recomienda que los líderes indígenas participen en acciones para detectar casos a tiempo, obtener confirmación de laboratorio, aislar casos positivos, y rastrear y poner en cuarentena sus contactos.

«Entre las poblaciones indígenas que viven tanto en asentamientos remotos o aislados como en áreas urbanas, algunos de los factores de riesgo que podrían estar asociados a altas tasas de mortalidad por COVID-19 son la desnutrición, el acceso deficiente o falta de acceso a los sistemas de salud, así como a agua potable y saneamiento básico, además de la alta carga de enfermedades parasitarias», señala la alerta.

La OPS analizó la situación COVID-19 entre las poblaciones indígenas de varios países. En Bolivia se registraron 31.249 casos y 1.135 muertes. Brasil reportó 7.946 casos confirmados y 177 muertes entre los pueblos indígenas en todo el país. Canadá tuvo 334 casos confirmados en cinco provincias, incluidas 6 defunciones. Hasta el 6 de julio, se han notificado 1.534 casos confirmados, 73 de ellos mortales entre los indígenas de Colombia, mientras que en Ecuador se han confirmado 4.498 casos, incluidas 144 muertes. En México, se registraron 4.092 casos, 649 de ellos mortales, en poblaciones indígenas. En Estados Unidos, se han notificado 22.539 casos confirmados en 12 áreas del Servicio de Salud Indígena. Y en Venezuela, se han notificado 152 casos, entre ellos una muerte, entre los pueblos indígenas.

Las estrategias de vigilancia del COVID-19 en las comunidades indígenas deben incluir la vigilancia comunitaria llevada a cabo por los residentes, así como la atención primaria, en hospital, y en centros de salud, con especial atención a reportar rumores de casos o muertes relacionados con la fiebre y dificultad para respirar que deben ser investigados para determinar la causa y proporcionar atención médica rápida a los afectados, dice la alerta de la OPS.

La OPS destacó la importancia de una buena comunicación sobre COVID-19 entre las comunidades indígenas, utilizando lenguas indígenas y adaptando mensajes para considerar prácticas y culturas locales con símbolos e imágenes cuando sea necesario. «Las formas en que se transmiten los mensajes deben ser validadas por las mismas poblaciones indígenas. Las imágenes utilizadas en los documentos y en las redes sociales deben ser incluyentes y no deberían nunca estigmatizar a los pueblos indígenas», señala el documento.

La alerta recomienda que las autoridades sanitarias fomenten los intercambios entre los profesionales tradicionales, los terapeutas ancestrales y otros miembros de la comunidad «para que medidas específicas como el distanciamiento social, el diagnóstico, aislamiento y tratamiento consideren sus visiones del mundo, prácticas ancestrales existentes y sus contextos. En este sentido es también importante considerar la importancia y el sentido de la medicina tradicional tiene para los pueblos indígenas».

La OPS también señala que se necesitan diferentes estrategias para las poblaciones de las zonas urbanas, las que residen en aldeas, poblaciones indígenas migrantes o poblaciones indígenas en aislamiento voluntario, «considerando que el diferencial de vulnerabilidad y exposición frente a la COVID-19 no afectará de la misma manera a todas las comunidades indígenas.”

La OPS está trabajando estrechamente con organizaciones indígenas de la selva peruana, el este de Bolivia, la Amazonía ecuatoriana, la Amazonía colombiana y la Amazonía brasileña, representadas por el Coordinador de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas (COICA).

Buscan a Destinee de 17 años; abordó un Uber y desapareció en Juárez

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  • Solicitan ayuda para dar con el paradero de la jovencita Destinee Cruz, quien desapareció al abordar un auto habilitado como Uber.

Redacción  

SemMéxico/El Tiempo. 22 de julio de 2020.- Familiares y amigos de la jovencita Destinee Cruz de 17 años de nacionalidad estadounidense, solicita ayuda para dar con su paradero, pues abordó un auto Uber y nunca llegó a su destino.

La familia señala que desconocen si el auto lo pidió a través de la aplicación o bien si lo hizo fuera de ella, sólo saben que abordó un auto Spark en Jardines de Aragón y no regresó.

La joven abordó el auto a las 3:45 de la madrugada aproximadamente, se desconoce la ropa que llevaba al momento en que desapareció.

Destinee es de estatura media, complexión regular, usa lentes, tiene cabello lacio y oscuro; ojos cafés y nariz y boca medianas.

Urgen a cambiar ley en Guerrero para que mujeres víctimas de violación puedan acceder a un aborto seguro

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo, Gro. 22 de julio del 2020.- Las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, violentan la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y son exhortados a que en un plazo de 30 días, dictaminen sobre la propuesta de reforma de Código Penal del Estado de Guerrero, y garantizar a las víctimas de violación, el acceso legal y seguro al aborto, sin la previa autorización del ministerio público.

Durante la sesión de este martes, el diputado local de Morena, Arturo Martínez Núñez, a nombre de sus compañeros de bancada, Luis Enrique Ríos Saucedo, Aristóteles Tito Arroyo, Mariana Itallitzin García Guillen, Norma Otilia Hernández Martínez, Moisés Reyes Sandoval, Nilsan Hilario Mendoza, Blanca Celene Armenta Piza, Marco Antonio Cabada Arias, y Jesús Villanueva  Vega, solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Alberto Catalán Bastida, realizar un llamado a la Comisión de Justicia, para que emita el dictamen correspondiente para reformar la fracción I del artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero.

En la solicitud, el legislador de Morena, señala que el pasado 12 marzo el presente año, presentó dicha solicitud para  reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado de Guerrero, la cual fue a la Comisión de Justicia. 

Los proponentes consideran acertada la solicitud realizada en el marco de la  Alerta de Violencia Género por Agravio Comparado para el estado de Guerrero, presentada por organismos de la sociedad civil y emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), luego de que las víctimas de violación, deben dar parte al ministerio público para que éste autorice, y solo así pueden acceder a su derecho de la interrupción legal del embarazo.

Tras haber declarado la Alerta de Género, la Conavim observó al Congreso Local,  revisar y modificar la legislación relacionada con la interrupción legal del embarazo por causales de violación, en específico el artículo 159 del Código Penal, fracción primera;  la Ley General de Víctimas; la NOM-046 y el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, y garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura.

Martínez Núñez señala en su petición, que han transcurrido casi 120 días de presentada la iniciativa sin que hasta el momento, la Comisión de Justicia haya  emitido el dictamen correspondiente, con ello recalca “se evidencia el incumplimiento del artículo 279 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, por lo que solicito de trámite a la siguiente solicitud”, puso el legislador.

En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Alberto Catalán Bastida, exhortó a los integrantes de la mencionada  Comisión de Justicia, para que en un plazo no mayor a 30 días, emita el dictamen correspondiente.

Japón: abuso infantil en busca de medallas olímpicas

  • El anfitrión de los Juegos de Verano de 2021 debería emprender reformas sistémicas urgentes

Redacción Human Rights Watch

SemMéxico/Agencia Human Rights Watch, Tokio, Japón. 21 de julio 2020.-  Los niños atletas en Japón sufren abusos físicos, sexuales y verbales durante sus entrenamientos, dijo Human Rights Watch en un nuevo informe, publicado hoy, que evidencia casos de depresión, suicidios, discapacidades físicas y traumas crónicos resultantes de estos abusos. Japón es el anfitrión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio que se celebrarán a partir del 23 de julio de 2021.

El informe de 67 páginas, “‘I Was Hit So Many Times I Can’t Count’: Abuse of Child Athletes in Japan” (“‘Me golpearon tantas veces que perdí la cuenta’: el abuso de niños deportistas en Japón”), documenta las historias de castigos físicos en el deporte en Japón (taibatsu, en japonés), y revela el abuso infantil deportivos en escuelas, federaciones y deportes de élite japoneses. En entrevistas y una encuesta nacional en línea, atletas japoneses de más de 50 deportes describieron haber sufrido abusos, como por ejemplo, golpes en la cara, patadas, golpes con objetos como bates o palos de bambú para kendo, privación de agua, simulacros de ahogamiento, azotes con silbatos y raquetas, así como acoso y abusos sexuales.

“Durante décadas, los niños en Japón han sido golpeados brutalmente y han sufrido abusos verbales en nombre de trofeos y medallas”, dijo Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch. “Conforme Japón se prepara para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Tokio en julio de 2021, esta atención mundial brinda una oportunidad única para cambiar las leyes y políticas en Japón y en todo el mundo con el fin de proteger a millones de niños atletas”.

Human Rights Watch documentó las experiencias de más de 800 ex atletas menores de edad – más de 50 de entrevistas en persona y 757 de una encuesta en línea – incluidos atletas olímpicos y paralímpicos. La encuesta contó con participantes de 45 de las 47 prefecturas japonesas y 50 deportes. Human Rights Watch también hizo una investigación de la cobertura de prensa en Japón sobre abuso infantil en el deporte, contactó a federaciones deportivas para evaluar la disponibilidad de líneas telefónicas directas, entrevistó a académicos, periodistas, padres y entrenadores, y se reunió en persona con funcionarios del gobierno y de las federaciones deportivas.

En 2013, cuando Japón presentó su candidatura para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, una serie de videos de casos de abuso de atletas de élite de alto perfil, junto con suicidios de deportistas infantiles, alentó a las principales agencias deportivas a hablar sobre la necesidad de proteger a los niños en el deporte. En 2018, apareció un video que mostraba a un entrenador de béisbol en una escuela secundaria de la prefectura de Aichi abofeteando, golpeando y pateando repetidamente a los jugadores de su equipo. En el video, se ve cómo el entrenador golpea al menos a cinco jugadores lo suficientemente fuerte como para hacer que los atletas adolescentes se tambaleasen hacia atrás.

La indignación pública desencadenó importantes reformas, como la creación de líneas telefónica directas para denunciar este tipo de abuso. Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que estas reformas son “pautas” opcionales en lugar de normas, que el progreso ha sido desigual y no ha estado supervisado, y que no hay informes obligatorios de las denuncias o estadísticas de abuso.

Este tipo de abuso viola las leyes japonesas contra el abuso infantil, las normas internacionales de derechos humanos y las regulaciones del Comité Olímpico Internacional sobre la protección de los atletas.

Human Rights Watch descubrió que el abuso infantil en el deporte sigue estando aceptado y normalizado en muchas partes de la sociedad, y que es difícil para los atletas jóvenes presentar quejas contra un entrenador u oficial poderoso. Las escuelas y las federaciones rara vez castigan a los entrenadores abusivos y a menudo les permiten continuar entrenando, dijo Human Rights Watch.

 “Las federaciones deportivas en Japón tienen permitido establecer sus propios sistemas para rastrear el abuso y sus responsables, algo que muchos simplemente eligen no hacer”, señaló Kanae Doi, directora de Japón de Human Rights Watch. “Esto expone a los niños a riesgos inaceptables y deja a los padres y atletas con pocas opciones para presentar quejas o buscar remedios contra abusadores poderosos”.

El abuso infantil en el deporte es un problema global que se caracteriza por una grave falta de sistemas unificados y claros para abordar la violencia y el maltrato. La carga de denunciar el abuso a menudo recae en las víctimas, mientras que los sistemas de denuncia son opacos, no responden y son inadecuados.

En todo el mundo, entrenadores y otros responsables de abuso quedan impunes o son promovidos a cargos en los que pueden amenazar y silenciar a sus acusadores. Dos presidentes de federaciones deportivas, en Haití y Afganistán, han sido acusados de agresión sexual de atletas en los últimos 18 meses. El médico olímpico estadounidense Larry Nassar abusó de cientos de gimnastas femeninas durante décadas. A menudo no se les da credibilidad a los niños y adolescentes que acusan a entrenadores poderosos, que toman como rehén el éxito de los atletas. El 26 de junio, según el New York Times, la triatleta surcoreana de 22 años Choi Suk-hyeon se suicidó después de presentar numerosas quejas ante funcionarios deportivos y gubernamentales sobre el abuso físico y psicológico que sufrió.

 “El deporte puede ser beneficioso para la salud y aportar becas y carreras, pero con demasiada frecuencia las víctimas de abuso experimentan sufrimiento y desesperación”, señaló Takuya Yamazaki, abogado deportivo del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Jugadores, el sindicato mundial de atletas que trabajó con Human Rights Watch en el informe. “Una de las razones por las que es tan difícil lidiar con los casos de abuso es que no se alienta a los atletas a que tengan voz. Al igual que numerosos atletas valientes defienden cada vez más sus derechos, los organismos deportivos deberían mostrar coraje para lidiar con el pasado, si desean que el deporte sea una verdadera fuerza positiva”.

La principal recomendación de Human Rights Watch es que el país establezca un Centro Japonés para el Deporte Seguro, un organismo administrativo independiente encargado de abordar el abuso infantil en el deporte japonés para garantizar el registro y el seguimiento de las denuncias de abuso, establecer soluciones claras para los atletas y los padres, y evitar el abuso infantil mediante la identificación y descertificación de entrenadores abusivos.

Dado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio hasta el verano de 2021, Japón tiene un año para adoptar medidas convincentes antes de que comiencen los juegos, dijo Human Rights Watch.

 “Tomar medidas decisivas para proteger a los niños deportistas enviará un mensaje a los menores de Japón de que su salud y bienestar son más importantes que las medallas, al tiempo que alerta a los entrenadores abusivos de que su comportamiento ya no será tolerado”, dijo Worden. “Si Japón actúa ahora, puede servir como ejemplo de cómo otros países pueden poner fin al abuso infantil en los deportes”.

A continuación encontrará una selección de citas de las entrevistas a niños y ex atletas infantiles.

Citas ilustrativas del informe:

“Me golpearon tantas veces que perdí la cuenta. Todos [en mi equipo actual] habíamos sido golpeados siendo atletas de secundaria, todos experimentamos taibatsu. Yo jugaba a béisbol como lanzador (…) El entrenador me dijo que no me tomaba suficientemente en serio correr [durante los entrenamientos], así que todos fuimos convocados por el entrenador y me golpearon en la cara frente a todos. Estaba sangrando, pero no dejó de pegarme. Le dije que me estaba sangrando la nariz, pero no paró”.

–Daiki A. (seudónimo), atleta profesional de 23 años, habló de su experiencia jugando a béisbol en la escuela secundaria en la región de Kyushu.

 “Utilizamos una gorra para jugar a waterpolo. Sacaban a los atletas de la piscina tirando de la correa de la gorra, ahogándonos. Otro castigo era empujar a los niños bajo el agua para que no pudiéramos respirar (…) Es como el ejército. Los niños más pequeños no eran tan buenos. Se asustaban y abandonaban el deporte”.

– Keisuke W. (seudónimo), ex jugador de elite de waterpolo de 20 años.

Casi todos los días después del entrenamiento, el entrenador hacía que la atleta de élite Chieko T. se reuniera con él en su aula, donde la hacía desnudarse y le tocaba el cuerpo desnudo, diciendo que era para darle un “tratamiento”. “[Siempre] quería vomitar, su olor, manos, ojos, cara … voz, lo odiaba todo de él”.

– Chieko T. (seudónimo), una atleta de élite de unos 20 años del este de Japón, cuyo entrenador abusó sexualmente de ella mientras afirmaba que estaba tratando su hombro dislocado.

“Me dio un puñetazo en la barbilla y me sangraba la boca. Me levantó por el cuello de mi camiseta. El 90 por ciento de mis compañeros de equipo experimentaron abuso físico (…) Todos hacíamos bromas como ‘¿Todavía no te han golpeado? ¿Cuándo será tu turno?’”.

– Shota C. (seudónimo), 23 años, ex jugador de béisbol de secundaria en la prefectura de Saitama.

 “El entrenador daba patadas a los jugadores y les lanzaba la pelota desde una distancia cercana. Cuando los jugadores usaban cascos, el entrenador les daba golpes con el bate en el casco como castigo por los errores que cometían en el campo”.

–Tsukuru U. (seudónimo), 20 años, jugador de béisbol de secundaria y preparatoria en Kanagawa.

 “El voleibol es el deporte más duro”.

–Tsubasa Araya, jugador de voleibol de secundaria de 17 años de la prefectura de Iwate que se quitó la vida en julio de 2018 después de lo que sus padres calificaron como “violencia verbal” de su entrenador.

“No recuerdo nunca haber sido alabada por mi entrenador. Todos los días pensaba cómo evitar que mi entrenador me pegara. Nunca pensé que el voleibol fuera divertido (…) Odiaba el voleibol como jugadora”.

–Naomi Masuko, ex jugadora estrella de voleibol en el equipo nacional femenino de Japón. En 2015, Masuko fundó un torneo de voleibol que prohíbe el abuso por parte de los entrenadores. Ella habló del abuso de los atletas como un ciclo a romper: “Cuando era mayor, hablé con mi entrenador, y él dijo que en su generación era mucho peor. Así que, según sus palabras, entendí que esta experiencia es una cadena. Y que nuestro trabajo es romper esa cadena”.

Más de mil mujeres se han atendido por violencia de género durante COVID-19 en Michoacán

  •  El 60 por ciento de las michoacanas que han buscado ayuda lo hacen por violencia psicológica: Seimujer

Redacción

SemMéxico. Morelia, Michoacán. 21 de julio de 2020.- A través del Protocolo de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia durante el periodo de COVID-19, se ha atendido a mil 074 mujeres por violencia de género desde el inicio de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, el 60 por ciento de las michoacanas que han buscado ayuda lo hacen por violencia psicológica.

 “El COVID-19, en definitiva, no es el peor enemigo con el que se enfrentan las mujeres en esta emergencia sanitaria, ellas viven con sus victimarios y el miedo u otras condiciones emocionales generan que no busquen ayuda”, reconoció la funcionaria.

Recordó que, desde el Gobierno de Michoacán, se trabaja en la prevención y atención de todas las formas de violencia contra niñas y mujeres, “como sociedad nos toca ser empáticos a un problema que nos afecta a todas y todos, denunciar al escuchar o saber de una mujer que vive violencia nos permite actuar y protegerla”.

También indicó que es necesario que mujeres vivan una vida libre de violencia, por lo que se ha instruido a las dependencias a reforzar todas las acciones necesarias para cuidar de ellas y su integridad durante la contingencia.

Las mujeres que se encuentren en situaciones de peligro por violencia de género o viven el aislamiento con personas que las agreden, pueden denunciar al 911, también llamar o enviar mensaje de WhatsApp al 44-3582-2082, o enviar un correo electrónico a la dirección, seimujeratención@gmail.com

SEM/IL

Palabra de Antígona

Intimidades de un proceso de selección y una criatura impertinente e inmadura

Por Sara Lovera

SemMéxico. 21 de julio 2020.- El nacimiento del Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), fue una obra de la ciudadanía mexicana que un día dijo: “Basta al control electoral del partido de Estado”. No fue una cosa sencilla enfrentar inercias, cacicazgos y prácticas electorales viciadas. El INE no es una institución autónoma más, es la institución encargada de regular el voto y asegurar que este sea respetado, sin intervención de los distintos poderes. Por ello, repercute en nuestra vida democrática; esta, la que vivimos a fuerza de tesón y esperanza. La misma batalla que damos para conseguir la ciudadanía plena para las mujeres. Nada de ello ha sido sencillo.

Yo, entre las personas que hemos atestiguado muchos momentos de la historia del México reciente, mirado importantes cambios, el afán por conseguir un país de prácticas y procesos que nos lleven a la democracia, pensamos que la función del INE es fundamental, que la renovación de su consejo no puede convertirse en un ariete político, ni en el viejo instrumento para mantener en el poder a un solo partido político ni a una clase ni a un solo sexo. 

La selección de cuatro personas para ocupar los lugares vacantes en el INE, de un total de 11 que forman el Consejo General, tiene trascendencia, y resultó una tarea fascinante. No solo por su sentido y responsabilidad intrínseca, sino por lo que significan las elecciones de 2021 y el papel de organizarlas: habrá 15 nuevas gubernaturas, elección de quienes integran la Cámara de Diputados y de congresos locales, los ayuntamientos y sus planillas. Serán más de 3 mil puestos en todo México.

Un momento clave para la paridad entre mujeres y hombres y un ascenso de la participación ciudadana. No es poca cosa. Por lo que, para mí, fue un reto participar en la selección de candidaturas y un compromiso con el avance de las mujeres; mi único compromiso político.

La tarde en que se instaló el Comité Técnico Evaluador (CTE) para la selección de las candidaturas a ocupar las cuatro sillas vacías en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dije en público que mi designación había sido una sorpresa, no calculada, y me ostenté como lo que soy: periodista feminista independiente. Casi cinco meses después, al cierre de los trabajos del Comité y con cuatro quintetas para la elección de consejeros y consejeras en la Cámara de Diputados, me sentí satisfecha de haber participado y atestiguado de un proceso aleccionador que, entre otras cosas, me enseñó a conducirme con templanza, característica poco común en mi historia y que me dejó un cúmulo de conocimientos.

A la sorpresa inicial de mi designación –hecha a bote pronto y debido a razones que aún desconozco–, la tarde del 16 de julio, un personaje, único en el Comité, con una clara militancia partidaria, hizo un voto particular contra los acuerdos consensados. En su discurso, intentó desprestigiar a las y los integrantes del Comité evaluador y a un número impreciso de aspirantes, señalando que fueron grises, burócratas y cómplices de procesos electorales fraudulentos.

El abogado John Ackerman miente. Es un individuo sin ética y, aparentemente, un mal representante de una corriente política. Fue primero impuesto en el Comité, tras una votación que lo dejó fuera en la designación que hizo la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la cual eligió a las doctoras Blanca Heredia Rubio y Silvia Giorguli Saucedo y al doctor Diego Valadés Ríos. Ackerman fue propuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), supongo que por consigna. Los doctores José Roldán Xopa y Ana Laura Magaloni Kerpel fueron propuestas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La Cámara tuvo que hacer un acuerdo para incluirlo, a pesar de no ser mexicano por nacimiento. Hoy no puede hablar de exclusión.

Desde la instalación del Comité, sus actitudes siempre fueron sospechosas. El primer día de trabajo, el señor llegó con un equipo de cinco asesores, quienes participaron en todos los equipos de trabajo; por lo general, queriendo siempre imponer reglas. La Jucopo había autorizado un presupuesto para la contratación de dos asistentes, y así lo hicimos la mayoría, excepto él.

El primero día de trabajo, se propuso contar con una coordinación interna en el Comité, pero el señor Ackerman se opuso, porque dijo que las decisiones tenían que tomarse de manera horizontal, como lo mandan los nuevos tiempos, con la finalidad de evitar jerarquías. Sin embargo, él, poco a poco logró privilegios y un liderazgo en el quehacer diario del Comité, como en la escuela, cuando el profesor te hace cargo del gis y el borrador. Era el enlace, en la práctica, con la Cámara.

¿De qué se queja cuando habla de un trabajo sesgado en el Comité y de la existencia de un bloque conservador? No tengo idea. Pero evidentemente su comportamiento es peligroso; hoy queda en claro. Estuvo emboscado y, cuando no logró sus objetivos, entonces se hace eco de quienes sí trabajan por destruir al INE. Se convirtió en su vocero. Durante los trabajos del Comité, no tuvo empacho en convertirse en un censurador. Todo le fue entregado. Pudo ver y revisar todos los expedientes, pudo llegar a los lugares de resguardo de documentos cuando quiso, cambió citas y ritmos de trabajo, a su antojo. Rompiendo la regla interna, escribió, se exhibió, dio de qué hablar, contra toda la discreción que hubo en el Comité. ¿Por qué, si estaba seguro de nuestros sesgos, no nos denunció antes?

Una regla en el Comité fue la absoluta discreción, no por opacidad, sino para garantizar una contienda con piso parejo, sin cuotas ni cuates, regla que no cumplió el señor Ackerman. Él y sus ayudantes, como todas y todos los demás, tuvimos la misma oportunidad de examinar desde el primer día los expedientes de más de 390 personas y la forma en que estos serían evaluados. En consenso, acordamos cada paso del proceso, de la estructura y contenido del examen de conocimientos, tiempo y sentido de las entrevistas finales y todo tipo de tareas que este tipo de trabajo demanda. Nuestras y nuestros ayudantes, jóvenes profesionistas, hombres y mujeres, firmaron una carta de confidencialidad para evitar trascendidos. Los expedientes fueron resguardados celosamente.

Discutimos y acordamos con libertad absoluta, y admitimos, ahora me doy cuenta, una conducta inmadura que rondaba entre nosotros. Con gran elegancia, mis compañeras y compañeros del Comité contemporizaban con este muchacho quien cambiaba acuerdos y horarios, y quien tenía –por momentos– actitudes desafiantes: “¿Por qué no empezamos mañana a las siete? El señor presidente se levanta a las cinco”. Nadie contestaba; luego, decidíamos iniciar la jornada a la hora consensada que a cada quien conviniera. Él estuvo en todos los acuerdos; los admitió y firmó.

Los siete integrantes del Comité acordamos, como regla infalible, la obligación de excusarnos de revisar los expedientes, cuando tuviéramos algún conflicto de interés. Vale la pena señalar que la revisión se hizo al azar, y dos de nosotros revisaríamos, de manera individual, los mismos expedientes. Ello permitiría que no hubiera la más mínima sospecha de complicidad. Es curioso, John Ackerman revisó el expediente de Diana Talavera Flores, quien quiso incluirla en las quintetas hasta el último momento, sin una lógica racional. Nadie sabe hasta ahora por qué. Él revisó su ensayo y él la calificó. Hoy dice que fue excluida, porque “huele a pueblo”, a pesar de su “alta calificación”. Ojo, según nuestro análisis, el 30 por ciento de quienes forman las quintentas provienen de universidades públicas, solo cinco por ciento de universidades privadas. Su opinión sobre el interés del Comité por favorecer a personas, por ejemplo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se cae por sí misma.

De la selección de conocimientos, de 390 participantes, pasaron a 160, cuando se evalúo cada expediente, cuidadosamente; incluso, checando si existía o no el título que presentaban. En todo estuvo Ackerman de acuerdo. Fue consenso. No hubo votaciones. Es decir, si estaba en desacuerdo, no lo dijo. ¿Podemos decir que eso es ético y profesional?

Yo preguntaba, como es parte de mi oficio, e insistí muchas veces en entender antes de estar de acuerdo. Él, en cambio, ojo, ¿preparaba el asalto? Porque nunca se opuso a la diversidad que ahora reclama. Es mentira que propusiera tres quintillas solo de mujeres. Eso fue solicitado en una carta al Comité por el grupo Mujeres en Plural. Las dificultades de la diversidad regional, la diversidad de profesiones, no llevó a las 20 personas, de entre las cuales se elegirán a quienes ocuparan las cuatro vacantes: dos hombres y dos mujeres.  

Además, estuvo de acuerdo en cómo serían las entrevistas y que se incluirían las preguntas que libremente el público hizo a través de una modalidad de parlamento abierto, a través de internet, opiniones que fueron recogidas cuando se hizo la segunda fase. Opiniones que fueron siempre importantes. Ahí había algunas denuncias de acoso sexual o de mal trabajo de algunos o algunas aspirantes. Un ejercicio transparente de selección que incluyó todos estos aspectos ¿Dónde está el sesgo? Me pregunto.

Así, las entrevistas serían cruciales. Es el momento cómo de cara a cara una persona puede trasmitir lo que un frío expediente no logra. Las interrogantes fueron incisivas. John Ackeman, todas las mañanas, de esos cinco intensos días, traía una ficha para aplaudir o descalificar a las y los aspirantes. Tanto, que entre broma y risa le pusimos el enviado de la KGB o el representante del antiguo CISEN. Increíble. Fue de entre todos, y pueden verse las entrevistas, el más agresivo. No obstante, a la hora de la selección hizo el consenso para elegir rápidamente a 17 personas, 9 hombres y 8 mujeres. No tengo la menor idea, cómo este señor, sin elementos sustantivos, habla de sesgos y bloques. Solamente tuvimos esos casos no consensados y decididos por voto. ¿Dónde están todas esas candidaturas que harán del INE más de lo mismo?, como sugiere la opinión de un grupo partidario en la Cámara de Diputados.

Tenía o tiene un interés personal en Diana Talavera, evidentemente. Inexplicable al comienzo, cada vez más claro ahora que se publican fotografías de amistad antigua. Por eso me vuelvo a preguntar: ¿cómo es que él no se excusó al revisar su expediente? Todas y todos lo hicimos cuando conocíamos a un o una aspirante. ¿Cómo es que este personaje tan polémico, pueda ser cobijado, por una corriente política, con la que una no puede estar de acuerdo, pero que en democracia no solo es legítima sino posible? ¿Cómo es posible que lo avalen, si además de mentiroso se comportó como un niño inmaduro que puede echar abajo cualquier estrategia?

Alguna vez y, sin consenso, yo advertí de la conducta pública de Ackerman, de sus lances políticos, como una forma de afectar al Comité; sin embargo, no tuve éxito. Yo estoy clara de cómo, con absoluta falta de ética personal, se escondió, sin poder enderezar ni una sola conducta ilícita o falta de ética de las siete personas del Comité.

Hoy, los analistas dan sus explicaciones políticas y profundas. Yo solo creo que hay que seguir mirando a un personaje poco confiable, no solo para la vida honesta e intelectual, universitaria de México, sino para su grupo político y para el partido que obtuvo la mayoría electoral en 2018. Ojalá que, quienes se unieron a su protesta, sin conocer el trabajo del Comité, no logren presionar y echar abajo tan ardua tarea.

Pero, además, debo decir desde aquí, que cada papel, minuto, acuerdo, metodología, sustento y calificaciones están publicadas en el micrositio de la Cámara de Diputados, igual que todas las entrevistas de los 60 finalistas. Ello, para quienes interesadamente hablan de un proceso opaco, que es totalmente transparente. Veremos.

Hoy hace 25 años se firmó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

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Redacción 

SemMéxico/Noticias ONU. 21 de julio de 2020.- La Asamblea General de la ONU se reunió este martes para pedir el aceleramiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas ante la pandemia, y en el futuro.

Hace 25 años se firmó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing por parte de los países del mundo, una hoja de ruta para alcanzar la igualdad de las mujeres, sin embargo, esta meta aún no se logra.

Si bien la representación política de las mujeres se ha duplicado desde 1995, los hombres aún controlan más de las tres cuartas partes de los escaños en las cámaras individuales y bajas de los parlamentos de todo el mundo; casi mil millones de mujeres y niñas de 15 años o más carecían de habilidades básicas de lectura y escritura en 2018; y las mujeres de 25 a 34 años tienen un 25% más de probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza.

La COVID-19 ha puesto en evidencia todas esas desigualdades preexistentes en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, las mujeres y las niñas se están viendo desproporcionadamente afectadas, ha señalado el Secretario General, Antonio Guterres. 

El presidente de la Asamblea General, así como la directora de Onu Mujeres pidieron a los Gobiernos incluir a las mujeres en la respuesta a la pandemia, y en la recuperación.

SEM/GR

Alista Suprema Corte despenalizar aborto

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Víctor Fuentes/Reforma

SemMéxico/Reforma. Ciudad de México. 21 de julio 2020.- La Suprema Corte de Justicia discutirá un proyecto que, de ser aprobado, por primera vez establecería que penalizar el aborto viola derechos humanos de las mujeres.

El Ministro Juan Luis González Alcántara propuso a la Primera Sala confirmar el amparo otorgado por un juez federal de Xalapa, que ordena al Congreso de Veracruz reformar el Código Penal local, para eliminar la sanción a las mujeres por abortar.

«La prohibición total de la interrupción del embarazo -vía tipificación penal- es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud», dice el proyecto que será discutido el próximo 29 de julio.

«Considerando las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y su evolución, para esta Primera Sala, las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo durante este periodo», agrega.

Si tres de cinco ministros de la Sala aprueban el proyecto, abrirían la puerta para que organizaciones civiles como la que presentó el amparo en Veracruz, lleven a juicio los códigos penales estatales que todavía contemplan alguna sanción por abortar.

SEM/Reforma

Costa Rica aprueba una ley que castiga con cárcel el acoso sexual callejero

  • La Asamblea Legislativa tipifica como delito palabras, silbidos o gestos con connotación sexual al igual que tomar fotografías o videos sin consentimiento. Quienes lo cometan, deberán enfrentarse a multas y penas de cárcel

Por Yurany Arciniegas Salamanca

SemMéxico/ AmecoPress. San José, 21 jul. 20.- Con 47 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la Ley Contra el Acoso Sexual Callejero. Aunque diez de los diputados se ausentaron en la votación. Un pronunciamiento unánime contra el acoso sexual callejero, informa bing.com/news.

Este delito está considerado como «toda conducta con connotación sexual y con carácter unidireccional, sin que medie el consentimiento ni aceptación de la persona a la que está dirigida, con potencial de causar molestia, malestar, intimidación, humillación, inseguridad, miedo y ofensa, que proviene generalmente de una persona desconocida para quien la recibe y que tiene lugar en espacios públicos o de acceso público», señaló la declaración del órgano unicameral sobre el que recae el poder legislativo en este país.

La aprobación de la iniciativa, que fue impulsada por varios partidos políticos, fue celebrada por la ministra de la condición de la mujer, Patricia Mora.

“Las mujeres tienen derecho a caminar en libertad y sin miedo. La ciudad también es de las mujeres. Pero mientras avanzamos hacia el cambio cultural, hasta conseguir que la sociedad desnaturalice el acoso sexual callejero, el Estado debe asegurar el acceso de las mujeres a la justicia”, declaró la funcionaria, en un comunicado difundido en sus redes sociales.

¿Cómo serán aplicadas las sanciones con la nueva ley?

Para la entrada en vigor de la ley sólo falta la ratificación por parte del presidente del país, Carlos Alvarado, quien ya mostró su respaldo a través de sus redes sociales.

«Hoy la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el proyecto de Ley contra el Acoso Sexual Callejero. Agradezco al Congreso y a todas las mujeres que trabajaron para hacer posible esta iniciativa, que pronto será ley y contribuirá a construir una sociedad más respetuosa», expresó el mandatario.

La norma impone penas de entre un año y año y medio de cárcel contra aquella persona que tome fotos o videos de otra persona en sitios públicos, sin su consentimiento, y con connotación sexual.

La sanción aumenta a dos años de prisión si el material es compartido o distribuido a otras personas.

Para quienes muestren sus genitales en lugares públicos, la pena será de seis meses en prisión.

Quien persiga o acorrale a alguien con intenciones sexuales enfrentará entre 8 meses y un año de cárcel.

La masturbación en sitios públicos se expone a penas de cárcel de hasta un año o sanciones económicas.

Y quien use palabras, ruidos, gemidos, silbidos o ademanes hacia otra persona, con fines sexuales, deberá pagar una multa. Aunque el valor aún no ha sido revelado.

Las autoridades pertinentes contemplarán agravantes contra los acusados, en caso de que la víctima sea menor de edad, persona de la tercera edad, en condición de discapacidad, o si el agresor es reincidente.

«El acoso sexual callejero no es inofensivo, es violencia contra las mujeres y sus cuerpos y ya no podemos seguir justificando, naturalizando ni minimizando esta conducta machista y cotidiana», señaló la ministra Mora.

El Instituto Nacional de las Mujeres, Inamu, destacó que esta ley es un avance fundamental para reducir la alta impunidad que existe frente a esta forma de violencia que sufren a diario las mujeres de todas las edades.

Sudán penaliza la mutilación genital femenina

  • Según Unicef, la mutilación genital femenina tenía en Sudán una tasa de prevalencia del 86,6% en 2014

Por Redacción 

SemMéxico/AmecoPress. Madrid, 21 jul. 20.- El Gobierno de Sudán ha ratificado de forma definitiva una ley que criminaliza la mutilación genital femenina, como parte de una legislación más amplia de derechos humanos. Se estima que casi una de cada diez sudanesas son víctimas de la ablación. Este tipo de procedimientos, que representan una flagrante violación a los derechos humanos y afecta niñas y mujeres principalmente en África, Oriente Medio y Asia, son cuestionados por la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Justicia informó en un comunicado de la aprobación de varias legislaciones, entre ellas la Ley de Enmiendas Misceláneas de Derechos y Libertades Fundamentales de 2020, tras ser firmadas la víspera por el presidente del Consejo Soberano, el general Abdelfatah al Burhan.

La Ley de Enmiendas Misceláneas «se ocupa de llevar a cabo una parte de las reformas mencionadas en el documento constitucional sobre derechos humanos y libertades, como rectificar los derechos de las mujeres y los niños», explica el texto.

Para ello, elimina una serie de cláusulas «que degradan el valor y la dignidad de las mujeres», optando por penalizar la mutilación genital femenina y reconocer el derecho de las mujeres a acompañar a sus hijos e hijas cuando viajan fuera del país, entre otros puntos.

El borrador aprobado por el Gobierno el pasado abril establecía una pena de tres años de cárcel para quien practique la mutilación genital femenina, además de la retirada de la licencia del hospital, centro de salud o clínica privada donde se haya llevado a cabo la operación, informaron entonces las autoridades.

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en 2014 por Unicef, la mutilación genital femenina tenía en Sudán una tasa de prevalencia del 86,6%, mientras que en el mundo hay al menos 200 millones de mujeres y niñas que han sufrido esta resección total o parcial de los genitales externos por motivos no médicos.

La OMS denomina mutilación femenina a todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.

Las redes sociales y el WhatsApp, principales formas de dominación entre parejas adolescentes

Por Iratxe Redondo Rodríguez

SemMéxico/ ÁmecoPress. Madrid, 21 jul. 20.- Si bien el fenómeno de la violencia en la pareja es ampliamente conocido, actualmente se observa un aumento preocupante a edades cada vez más tempranas, dándose ya incluso en parejas adolescentes.

Las agresiones pueden ser de distintos tipos (físicas, psicológicas, sexuales…), algunas más evidentes o explícitas, y otras de carácter más sutil, que pueden incluso pasar inadvertidas entre quienes las sufren.

Sin embargo, junto con el avance y la generalización de internet y las nuevas tecnologías, apareció con fuerza una nueva forma de violencia de la que aún se habla poco: el ciberabuso en la pareja.

Esta forma de abuso puede entenderse como un conjunto de comportamientos repetidos en el tiempo y que tienen como objetivo controlar, desacreditar o causar daño al otro miembro de la pareja a través de las redes sociales y el móvil.

Las conductas que se incluyen aquí pueden ser muy variadas, y oscilan desde controlar y vigilar a la pareja en las redes sociales, por ejemplo, visitando frecuentemente su perfil, revisando sus fotos o las actualizaciones de sus estados o leyendo comentarios de sus amigos, hasta amenazarla e insultarla de manera pública o privada o difundir información negativa sobre ella para dañarla.

Hoy por hoy, estos comportamientos se pueden llevar a cabo empleando distintas herramientas, tales como los teléfonos móviles, el email, e incluso las webcams o los equipos GPS, todos ellos al alcance de cualquiera.

Sin fronteras y difícil de reconocer

Ocurre, además, que es un tipo de violencia al que es muy difícil poner freno. Las nuevas tecnologías, por sus propias características, facilitan que un mensaje, una conexión a un dispositivo, o un clic aquí o allá puedan producirse en cualquier momento o lugar, incluso después de haber finalizado la relación.

A esto hay que añadir también el hecho de que los mensajes digitales o las fotos quedan ahí para siempre y pueden expandirse rápida y fácilmente. No es de extrañar, por tanto, que esta ausencia de límites espacio-temporales sea señalada por algunos autores como la razón principal para explicar que el ciberabuso en la pareja cause incluso más depresión y ansiedad en la víctima que otros tipos de violencia offline.

Una de las dificultades en la detección del ciberabuso en parejas jóvenes es que ni siquiera ellos son conscientes de que están siendo víctimas de este tipo de violencia. 

A modo de ejemplo, cuando se explicó brevemente a un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco cuáles son las principales características de este tipo de violencia, una alumna preguntó:

“¿Pero que mi pareja me controle por el móvil se puede considerar violencia?”

Al igual que ocurre con la violencia offline, es posible que todos estos comportamientos sean justificados por quien los sufre como “muestras de amor”.

Se podrían señalar como ejemplos recibir múltiples llamadas para saber dónde se encuentra la pareja, darle la contraseña propia para que el otro miembro de la pareja tenga acceso al correo personal y sus perfiles o permitir que geolocalice con el móvil a la otra parte.

Más habitual de lo que imaginamos

No es sencillo conocer el alcance de este tipo de violencia entre los jóvenes. La forma en la que se recogen y analizan los datos, la muestra utilizada, e incluso las diferentes formas de entender el ciberabuso hace que encontremos resultados muy dispares en la literatura científica.

Las investigaciones señalan que entre un 6 % y 91 % de los jóvenes recurren a algún tipo de ciberabuso.

No obstante, es importante conocer qué tipos de ciberabuso se dan. En un estudio que realizamos con universitarios del País Vasco se halló que alrededor del 30 % de los participantes reconocía ser controlado por su pareja y controlarla a través de las redes y el móvil.

Efectivamente, ser controlado y controlar. Esta es otra de las características que frecuentemente se encuentran en los estudios: la bidireccionalidad de la violencia. Ello dificulta aún más su detección, ya que es difícil que desapruebe una conducta en mi pareja que yo mismo ejerzo contra ella.

¿Afecta más a los chicos o a las chicas?

En este tipo de violencia no parece que haya diferencias de género entre los perpetradores y las víctimas. Es decir, tanto los chicos como las chicas ejercen y sufren el ciberabuso en la misma medida. No obstante, parece que ellas y ellos la padecen de distinta manera.

Según revelaba un estudio realizado con estudiantes de Educación Secundaria en EE UU, las chicas muestran mayor estrés emocional cuando sufren algún tipo de ciberabuso. Así, cuando su pareja publica alguna foto comprometida sin su permiso, cuando la amenaza a través de las redes sociales o cuando difunde rumores falsos sobre ella en las redes, ellas sufren más estrés.

Ellos, en cambio, reaccionan ante este tipo de conductas con una actitud más indiferente o despectiva hacia su pareja.

Independientemente de las diferencias de género, lo cierto es que el ciberabuso va asociado a un sufrimiento considerable en los jóvenes (ansiedad, depresión, estrés, baja autoestima, consumo de sustancias…). Además, se ha constatado que puede ser un precursor de futuras conductas violentas offline.

Por lo tanto, poner en marcha intervenciones preventivas que aborden estas cuestiones desde edades tempranas resulta esencial para evitar futuros malestares. Y en ello estamos algunos porque, como bien dice el refrán, en esta, como en otras cuestiones, “más vale prevenir que lamentar”.

CIDH saluda el avance del proyecto de ley que declara el Día Nacional de la Mujer Afroperuana

  • Recuerda la importancia del proyecto de ley contra el racismo en Perú

Redacción

SemMéxico. Washington, D.C. 21 de julio de 2020.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda el avance de la aprobación del predictamen del Proyecto de Ley No. 4795/2019-CR, que declara el día 25 de julio como el Día Nacional de la Mujer Afroperuana. Asimismo, recuerda al Estado la importancia de la aprobación del “Proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Racial”, No. 5493, que tiene como fin prevenir, eliminar y sancionar actos de racismo y toda forma de discriminación racial, además de promover políticas públicas encaminadas a la prevención de la discriminación por motivos de origen étnico-racial.

Según los estándares jurídicos interamericanos fundados en el principio de igualdad y no discriminación, así como en el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los Estados de la región deben adoptar legislación, en todos los niveles, que defina, prohíba y sancione el racismo, la discriminación racial directa e indirecta, incluidas las diferentes formas de intolerancia. Al respecto, la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH ha señalado que “los Estados deben derogar y/o modificar de los ordenamientos jurídicos toda normatividad que promueva o den soporte legal a sistemas de discriminación, exclusión e intolerancia racial, así como textos legislativos y políticas fundamentados en el racismo”. Asimismo, el Comisionado Edgar Stuardo Ralón, Relator de la Comisión para Perú afirma que “todas las acciones tendientes a visibilizar y a erradicar las prácticas de discriminación y racismo deben de ser un compromiso ineludible para los Estados de la región”.

La CIDH llama a Perú a continuar implementando el Plan Nacional para el Desarrollo de la Población Afroperuana 2016 – 2020, el cual tiene un potencial de avanzar de manera positiva los derechos humanos de las personas afroperuanas, y al mismo tiempo reitera la necesidad de implementar acciones afirmativas y otorgar reparaciones integrales en favor de grupos étnico-raciales históricamente expuestos a discriminación como consecuencia del racismo estructural, garantizándoles su participación en todos los proyectos que puedan impactarles. En ese sentido, la Comisión hace un llamado al Estado a ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, subrayando que la ratificación universal de los instrumentos interamericanos es un paso indispensable para el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas en las Américas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Textura Violeta

Periodistas en tiempos del covid-19

Por Drina Ergueta

SemMéxico. América-Europa. 21 de julio de 2020.- Despidos masivos, reducción de sueldos, precariedad laboral, contagios, muerte, restricciones informativas e inclusive represión es lo que vive en general el periodismo; a eso se suma, para las mujeres periodistas, la disminución de la presencia femenina y el aumento de las discriminaciones de género, en lo informativo y en lo laboral. Son algunas de las coincidencias actuales en el gremio entre países de Centro y Sud América y algunos de Europa, de acuerdo con informes presentados por varias periodistas este fin de semana.

¿Cuál es la situación del periodismo en la coyuntura del covid-19? Y, en especial, ¿cuál es la situación de las mujeres periodistas en este contexto? Ha sido el tema central de un nutrido conversatorio realizado este fin de semana por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en el que una cincuentena de reconocidas periodistas mujeres han participado desde gran parte de los países de América y de varios de Europa. Las similitudes son importantes y lo que se dijo muy interesante y preocupante.

Las periodistas Mónica Maureira desde Chile, Pamela Alfaro desde El Salvador y Paola Andrea Gómez desde Colombia fueron las invitadas a presentar ponencias respecto al tema en cuestión; sin embargo, desde distintos países, como Nicaragua, México, España, Bolivia y Cataluña, se sumaron otras voces que explicaron las vivencias del periodismo y en especial de las mujeres periodistas en este contexto global de crisis sanitaria.

Al conversatorio asistieron medio centenar de periodistas y fue organizado por las coordinadoras internacionales de la RIVPG: Rosa María Rodríguez Quintanilla de México, Alicia Oliver de Cataluña y Miriam Bobadilla de Argentina. 

Lo primero que resalta es el conversatorio online en sí: en los últimos meses se ha disparado el uso de medios electrónicos para comunicarnos, socializar, informarnos y debatir y se han puesto de moda los conversatorios para que gente generalmente experta hable de lo que sabe u opina. Estos encuentros públicos online tienen algo en común y es que participa una abrumadora mayoría masculina. Las mujeres no aparecen en estos conversatorios, ¿no se las invita?, ¿no se cuenta con ellas? por lo que el realizado por la RIPVG fue muy particular.

En varios países de América Latina (Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Argentina, México, Brasil…) la crisis sanitaria del covid-19 se ha presentado poco después de una crisis política, social o situación de reciente cambio gubernamental que ha influido en cómo los gobiernos han encarado la pandemia. De todas formas, en general, de las exposiciones realizadas se observa que hay un control absoluto de la información de parte de los gobiernos, con el uso de los datos de acuerdo con la conveniencia política, así como hay restricciones para el acceso informativo (y a veces coerción y persecución) a los y las periodistas. 

Los gobiernos, especialmente en estos últimos meses, han buscado que al periodismo “se nos use como repetidores de la poca información que se da” y sin que haya la posibilidad de obtener datos fidedignos y contrastados, explicó Gómez.  

Otro elemento común de gran preocupación son los despidos masivos y la reducción de las mismas fuentes de trabajo, con cierres de medios. Maureira explicó que en Chile se han registrado 2.000 despidos desde el 2018 y que en los últimos meses se han incrementado, siendo muy revelador que en el canal estatal TVN se registraran 361 cuando la política debiera ser mantenerlos. En Bolivia, tras el conflictivo cambio de gobierno en octubre de 2018, se cerraron una treintena de radios campesinas y se despidió masivamente a periodistas de los medios estatales para reemplazar por gente “de confianza”, aunque estas personas también tienen un futuro incierto ya que se trata de un gobierno transitorio. Además, importantes diarios como La Razón y El Deber hicieron reducciones notables de plantilla en sus redacciones. En Colombia, según informó Gómez, existen 48 medios seriamente afectados por la crisis del covid-19 y allí se han producido o cierres o reducciones. 

La reducción de salarios a quienes mantienen sus puestos, es, además, otra norma explicada en el conversatorio; así como, también, las condiciones de absoluta precariedad con contratos temporales o haciendo colaboraciones puntuales, lo que no da un ingreso mensual seguro ni mucho menos genera aportes para beneficios sociales o una jubilación, que es lo que se hizo énfasis desde España.

El trabajo que realiza la prensa, con periodistas en primera línea, pone a este sector en un alto grado de vulnerabilidad frente al contagio, cosa que está ocurriendo de manera creciente y con varios casos de muerte en todos los países. Esto ocurre, además, debido a que los y las periodistas no cuentan con las mínimas condiciones de bioseguridad porque las empresas no les brindan los equipos necesarios y son ellos y ellas quienes deben agenciárselos.   

Se explicó que las mujeres periodistas sufren una mayor discriminación respecto a la que habitualmente viven. Para quienes hacen un trabajo online, esta situación ha incrementado su horario no remunerado y el hecho de estar en casa las ha llevado a hacer mayor trabajo doméstico y, en situación de covid-19, de hacerse cargo de las personas enfermas.

Por otra parte, la invisibilización pública de las mujeres se ha hecho más patente en este contexto de crisis sanitaria, ya que son varones quienes se muestran como expertos. Son pocas las mujeres médicas o en cargo público que aparezca como vocera o responsable de alguna entidad a cargo de la solución o de hacer frente a la enfermedad.

Por otra parte, existe gran coincidencia en señalar que se han incrementado notoriamente los feminicidios y las violencias machistas durante el confinamiento; sin embargo, este tema, ya secundario, ha pasado a ser muy marginal en los medios de comunicación, así como en las prioridades políticas.

Todo lo referido a igualdad de género, a enfoque noticioso desde una visión feminista, la idea de que haya medidas en los medios como la creación de una editora de género, han sido pospuestos o han prácticamente desaparecido. 

El periodismo, hoy, vive una de sus peores crisis y el futuro es poco claro, más bien negro. El deterioro de las condiciones laborales es general en el globo y los avances logrados por las mujeres en este campo parecería que se están perdiendo, hay un retroceso. Urge reaccionar y para ello la RIPVG contribuye.

A través de sus numerosas miembras y desde distintos países, la RIPVG tiene previsto preparar un informe de situación actual de la situación de las mujeres en los medios, tanto como periodistas como noticia, para buscar no sólo conocer la realidad sino de hacer incidencia para lograr reducir las desigualdades que sufren las mujeres en general y las periodistas en particular.

Entresemana

No os hagáis que ya lo sois

MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN

SemMéxico. Cd. de México. 21 de julio de 2020.- Ignoro la identidad del negociador que logró calmar los ánimos de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Silvano Aureoles Conejo, Enrique Alfaro Ramírez y José Ignacio Peralta Sánchez, cuatro gobernadores de diferentes partidos pero con el mismo reclamo por el trato que les ha dado el inquilino de Palacio, no el gobierno que es un tanto subjetivo.

“Voy a apoyar a la gente con mi presencia (…) independientemente de las diferencias con los gobiernos de esos estados que son públicas, son evidentes”, refirió el licenciado presidente poco antes de emprender ese periplo en el que Diego y Enrique fueron extremadamente comedidos; sorprendentemente dispuestos a colaborar incondicionalmente.

Prácticamente se postraron ante el señorpresidente en un acto de contrición que evidenció el nivel de negociación que hubo para que, en un santiamén, cambiaran de opinión y hasta de modo de andar. Al punto de las lágrimas el bragado gobernador de Jalisco ofreció disculpas por su mal comportamiento y, aunque de pronto pretendió alzarse charrito –como dice mi amigo Vladimir Galeana– sucumbió frente a la figura del prócer.

Ni qué decir de Diego Sinhué, mandatario de Guanajuato cuya pertenencia al que parecía sólido grupo opositor de gobernadores del PAN y también del que integran los de Coahuila, Nuevo León, Durango y Michoacán, de pronto se despachó un discurso en el que prácticamente pidió al licenciado López Obrador olvidar el pasado y caminar del brazo y por la calle sin rencores, para enfrentar al crimen organizado, significado por el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima.

Del michoacano Silvano Aureoles Conejo lo salva de esa actitud lisonjera de sus contrapartes de Guanajuato y Jalisco el haber referido que las discrepancias existen pero hay prioridades. Y sí, las hay como el hecho de que el pasado fin de semana fueron virales videos en los que el Cártel Jalisco Nueva Generación hizo una demostración de poder que fue minimizada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Alfonso Durazo Montaño, e incluso calificó como un montaje.

Lo peor del tema es que haber difundido esos videos y publicado notas informativas al respecto, fue factor para que inmediatamente desde Palacio se alzara la voz para calificar a la prensa de incurrir en la apología del delito, responsabilizarlos de ser obedientes servidores de los conservadores que buscan cualquier pretexto para atacar al gobierno de la 4T.

Reitero sin abandonar el tema: ¿quién fue el negociador que logró calmar los ánimos de cuatro gobernadores que dieron un singular montaje que no espectáculo de las buenas costumbres?

El licenciado presidente se dio el lujo hasta de tomarse la foto con los cuatro que, a diferencia de él, llevaban cubreboca con el mensaje elemental de que sí atienden las medidas sanitarias recomendadas. 

Dicen que fue el reparto inmediato de las participaciones federales lo que logró ese cambio de actitud entre estos gobernadores que, en algún momento reciente, prácticamente fueron a patear la puerta Mariana de Palacio Nacional.

Pero no. Las participaciones federales del segundo trimestre del año, debían entregarse obligadamente en estas fechas, como ocurrió.

El punto es que la violencia es un mal que ha crecido exponencialmente en buena parte de la geografía nacional, algo que la administración federal no quiere ver. ¿Usted cree que la sola presencia del licenciado López Obrador apoyará a los mexicanos que están reiterada y sobradamente hartos de la delincuencia organizada y de poca monta pero al final delincuencia? 

¿Por qué la insistencia de saber quién fue el negociador que convenció a los gobernadores para cambiar su actitud y sumaran a la tarea emprendida por el gobierno federal en la lucha contra la corrupción y la delincuencia que se desató singularmente en Guanajuato, Jalisco y Colima y está de vuelta en Michoacán?

Sería un exceso pensar que se puso en práctica la máxima referida hace poco por el inquilino de Palacio: liberales o conservadores, conmigo o en mi contra, porque sería una malsana forma de gobernar con el amago de dejar en la orfandad a los gobiernos opositores o disidentes en materia de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Y más hoy que puntualizó un hecho: la Marina se va a cuidar costas y litorales porque eso dispone la Constitución y, su papel en la lucha contra la delincuencia organizada lo asume la Guardia Nacional.

¿Somos o nos hacemos?

Al inicio de semana, desde el púlpito de la mañanera en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el licenciado Andrés Manuel aludió a un escenario que asume ya no existe:

“Entonces –citó López Obrador–, eso nos está dando resultado, el que la gente sea atendida como merece, los jóvenes sobre todo, y que no haya impunidad. Porque imagínense cómo era antes, no hace mucho, el secretario de Seguridad acusado de estar favoreciendo a uno de los grupos de la delincuencia.

“Tenían (la delincuencia organizada) el control de los gobiernos en los municipios, control de jueces, de ministerios públicos, de las policías municipales, policías estatales, en la procuraduría. Pero esto no lo estoy inventando, esto se sabe, incluso hay expedientes abiertos de todo lo que acontecía. Por eso tanta violencia.

“Entonces, ya no hay impunidad y no hay acuerdo de que vamos a perseguir a un grupo, a una banda para proteger a otra, no. Es actuar por parejo, sin distinción, sin ningún acuerdo en lo oscurito, al mismo tiempo respetando derechos humanos, sin masacres, sin tortura.

“Estaba yo viendo, porque nuestros adversarios los conservadores pues ahora se adhieren a cualquier causa para cuestionarnos, se volvieron feministas en su momento, luego buscan que nos vaya mal en el manejo de la pandemia, hasta adelantaron la muerte de personas que afortunadamente están vivas”. Hasta aquí parte de la homilía que asume todo ha cambiado.

Y mire usted, no es invento esto de la homilía, cuando el propio licenciado lo declara, margen aparte de volver a cuestionar a periodistas y medios que no simpatizan o discrepan de él. Sus enemigos, vamos, porque eso de contrincantes tiene tufo a eufemismo mal dicho. Leamos lo dicho por el señorpresidente:

“Eso de que no va a temblar la mano y el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pues no. Eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento. No coincido con la ley del talión. Si a esas vamos, pues nos vamos a quedar tuertos o chimuelos. No es eso.

“Tenemos que convencer, tenemos que persuadir. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia. La violencia no se puede enfrentar con la violencia, no se apaga el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, no vamos a variar en eso”.

¿Entonces negociar la justicia? Bueno, he aquí la confesión de quien incurre en esa negociación con un delincuente de cuello blanco recién llegado a México en calidad de testigo protegido, el ya famoso Niño Cantor de Pemex, y disculpe el exceso verbal.

–¿Valdrá la pena, entonces, los privilegios que tendrá a cambio la información que va a ofrecer, y si por fin supieron…?—preguntó una reportera a López Obrador.

Vale la pena todo lo que va a decir (Emilio Lozoya Austin) –respondió el señorpresidente. Es de mucha utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, a limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del país.

Va a ayudar muchísimo porque no es tener en la cárcel a una, dos, a tres a cinco, a 10, a 20, a mil personas, no sólo eso, es que no se repitan esos hechos vergonzosos, y que se acabe con la idea errónea de que sólo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole.

Y ya lo he dicho, nada de que la moral es un árbol que da moras, nada de que político pobre, pobre político; nada de que el que no transa, no avanza. Vamos al carajo con todo eso. Ya a limpiar al gobierno y a limpiar al país para tener una sociedad mejor, ya dejar de aplaudirle a quienes se burlan del pueblo, traicionan al pueblo, eso es muy importante.

Bien, ¿qué le parece el nuevo justiciero? No, no es igual que sus antecesores, pero todos los días hace hasta lo imposible para superarlos. Más de lo mismo. Conste.

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