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Exigen OSC marcha atrás a arrestos por salir de casa o no usar cubrebocas

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  • Ha aumentado la violencia contra las mujeres, señalan las organizaciones
  • Ellas sin opciones frente a la cuádruple jornada que implica la cuarentena

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 29 de abril, 2020.- Cerca de 80 organizaciones sociales, sindicales y civiles de Oaxaca demandaron este miércoles al gobernador Alejandro Murat Hinojosa dar marcha atrás a su determinación de arrestar y aplicar multas a quienes salgan de sus casas o no usen cubrebocas, por considerar que esas medidas son contrarias a la Constitución y al andamiaje internacional para la protección de los derechos humanos.

En su exposición del contexto, plantean que en la emergencia sanitaria también ha aumentado la violencia contra las mujeres, “sin que el gobierno del estado muestre una política clara dirigida a prevenir, atender y sancionar las agresiones por razón de género en el contexto del confinamiento, omisión que en sí misma es también una manera de violencia de género cometida desde las instituciones del estado”.

“Las autoridades tampoco ofrecen opciones para descargar a las mujeres de la cuádruple jornada que enfrentan durante la cuarentena, como proveedoras económicas, como responsables del trabajo doméstico, como sustitutas de las instituciones educativas y como encargadas de las labores de atención y cuidados de niñas y niños, de personas adultas mayores y de personas enfermas”, exponen.

En un extenso Manifiesto por la salud y la economía populares en el estado de Oaxaca, las organizaciones exigieron dejar esa “política represora que busca criminalizar y encarcelar al pueblo desposeído que todos los días necesita salir a las calles para alimentar a sus familias”, y en lugar de ello asumir una política social que permita a la gente quedarse en sus casas.

Para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, también urgieron al gobernador a hacer lo necesario para atender la salud de la población oaxaqueña, mediante la adquisición de materiales, insumos, medicinas y equipos; la contratación de personal sanitario; la recontratación del personal despedido tras la disolución de programas federales, y la ampliación y reconversión hospitalaria.

Igualmente exigieron garantizar la seguridad laboral y disminuir el riesgo de contagio de las y los trabajadores de la salud; hacer del conocimiento público los presupuestos y acciones de Estado para hacer frente de manera integral a los impactos de la pandemia, frente al incremento de la violencia feminicida y el feminicidio, y garantizar el abasto de agua en todas las comunidades del estado.

Entre las demandas al gobernador incluyeron el establecer de manera urgente una política para garantizar el abasto de alimentos en las zonas rurales y en las periféricas con mayor riesgo de presión alimentaria derivada de la pandemia, que incluya el subsidio total a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos básicos, a favor de las y los campesinos indígenas de Oaxaca.

También cuestionaron el programa para la estabilidad económica, y requirieron al gobernador que “antes de presupuestar los multimillonarios apoyos para los empresarios” atienda de manera prioritaria a la mayoría de la población afectada por el aislamiento, como las personas empleadas en el sector informal o con empleos temporales, con medidas como seguro de desempleo o renta universal.

Al Congreso del Estado, en tanto, pidieron que en el contexto de la pandemia legisle para obligar al Poder Ejecutivo a atender como prioridad la salud y la vida de la población; vigilar el uso los recursos para evitar “que continúe el saqueo criminal contra los intereses y los derechos de la población más desfavorecida”, y cuidar que las medidas económicas beneficien a los sectores realmente necesitados.

Con las consignas “¡Permanecer en casa no es permanecer callados ni desorganizados!” y “¡Confinados, pero movilizados!”, advirtieron que emplearán sus propios métodos de lucha para que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar la salud y la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.

Aun en el contexto de la crisis sanitaria, agregan, la salud no es una prioridad para el gobernador, quien no ha hecho públicos los recursos que destina para ello, frente a la debilidad del sistema de salud del estado, “caracterizado por la insuficiencia de medicamentos, equipo, insumos, infraestructura y personal médico, que por lo general tiene que sufragar los gastos de su propia protección”.

“Si bien el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud es un fenómeno mundial, determinado por el avance del capitalismo, en el estado de Oaxaca adquiere dimensiones criminales, pues desde hace décadas ha sido saqueado por los gobernantes que se han sucedido unos a otros, en latrocinio que aún hoy continúa, con total impunidad”, plantean.

SEM/sj

Para refugios 500 millones: la primera entrega de Recursos en marcha

  • Se aprobaron financiamientos a 21 Refugios y 20 Centros de Atención Externa
  • Del 7 de abril al 28, en 21 días, un proceso récord, luego de una batalla y presión política
  • En septiembre la segunda entrega para civiles, algunos municipales y otros estatales.

Elda Montiel

SemMéxico. Ciudad de México. 29 de abril 2020.- Ayer se inició el proceso de transferencia de cerca de 500 millones para la operación de los Refugios para mujeres en situación de violencia, sólo para 4 meses, informaron en comunicado conjunto la Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y la Secretaría de Salud, mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR).

Las transferencias ya empezaron a recibirse según se pudo precisar, con el dinero etiquetado por el Presupuesto para la operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, que tiene muchos meses en disputa, finalmente se garantiza que, quienes resultaron elegibles, puedan desarrollar sus actividades para atender a las mujeres en situación de violencia.

El Instituto Nacional de Desarrollo Social informó que ya se han entregado recursos a 21 Refugios y 20 Centros de Atención Externa, de los 48 proyectos de Refugio y 32 Centros de Atención Externa que recibieron después de haberse publicado los Lineamientos de Operación el pasado 7 de abril.

Destaca el Indesol que los subsidios entregados garantizan la operación de los refugios y Centros de Atención hasta el mes de septiembre, y la segunda ministración la recibirán en se mismo mes. 

Destacó la titular de Indesol, Luz Beatriz Rosales Esteva, que es la primera vez que los Refugios y CAES cuentan con el recurso en el mes de abril, gracias al esfuerzo conjunto de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres (Conavim) y la participación comprometida de las expertas que integraron las mesas de análisis para la revisión de cada uno de los proyectos.

De acuerdo a la información de una de las dictaminadoras, Magdalena García, analizaron los proyectos por vía remota a partir del 14 de abril, y se otorgaron los recursos en 21 días, lo más rápido que se pudo hacer, ya que los refugios fueron considerados servicios esenciales durante la declaración de emergencia sanitaria.

La titular del Indesol informó que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y de la Secretaría de Salud, mediante el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), inició la transferencia de recursos para la operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, con lo que se garantiza que quienes resultaron elegibles puedan desarrollar sus actividades para atender a las mujeres en situación de violencia.

El recurso del refugio fue asignado por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, en el anexo 13, para la operación de refugios para mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos. En febrero de este año se notificó oficialmente que pasaba a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente al Indesol.

Con la publicación de los Lineamientos de Operación el 7 de abril del presente año, Indesol dio inicio a los trabajos para la ejecución de los recursos y al día siguiente puso en marcha la plataforma para el registro de proyectos de refugios y centros de atención. Después se llevaron a cabo las mesas de análisis para dictaminar y elegir las propuestas que cumplen lo estipulado en los lineamientos y hoy 28 de abril, fecha de cierre de la convocatoria, se entrega la primera ministración de recursos.

En un mes más se entregará la segunda ministración, informaron las autoridades. Informó la autoridad que ello fue posible “gracias al esfuerzo de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres (Conavim) y la participación comprometida de las expertas que integraron las mesas de análisis para la revisión de cada uno de los proyectos, se logró que por primera vez, los refugios contaran con el recurso en el mes de abril, apegados a los procedimientos administrativos con objetividad, transparencia y responsabilidad que implica la implementación del programa, ya que los refugios fueron considerados servicios esenciales durante la declaración de emergencia sanitaria”.  

SEM/em/sl

Al bache o al pozo

Crisis del Covid

Por: Dulce María Sauri Riancho

SemMéxico. Mérida, Yucatán. 29 de abril 2020.- En Yucatán sabemos distinguir perfectamente un bache de un pozo. El primero es una falla en el pavimento y se presenta, generalmente, en temporada de lluvias. Los pozos acompañan a los y a las yucatecas, tanto del campo como de las ciudades.

La mayor pesadilla de las madres con hijos traviesos es que, jugando, se caigan al pozo. Lo mismo sucede algunas veces con las personas en estado de ebriedad que acaban en el fondo.

Cuando los baches reinan en las calles, se puede transitar en ellas, aunque hay que cuidar de no cruzarlos a alta velocidad para no romper la suspensión de los vehículos. Cuando alguien se cae al pozo, si sale vivo, será con golpes y fracturas.

Al Covid 19 tenemos la opción de afrontarlo como un peligroso bache en nuestra salud y la economía de las familias. Un bache que, pasada la emergencia, permita la recuperación sobre bases más sólidas. Pero también podemos acabar en el fondo del pozo. El riesgo mayor son las malas decisiones que acaben tirando por la borda lo logrado o precipitando al país a un abismo, del cual será muy difícil salir.

Baches y pozo en la salud. Tirios y troyanos, incluyendo finalmente al presidente López Obrador, admiten que México vive una crisis sanitaria por el Covid 19.

Veamos las coincidencias. Es un peligroso y desconocido virus contra el cual todavía no se crea una vacuna eficaz. Desgraciadamente, la información reciente muestra que no sólo se aloja en los pulmones provocando una neumonía, sino que también puede causar derrames cerebrales, sobre todo en los pacientes más jóvenes.

La recomendación “Quédate en casa” sigue siendo válida, aunque la necesidad haga que miles de personas se desplacen a sus actividades diarias, con el consiguiente riesgo de infección.

Las autoridades, no sé si con el afán de mantener la esperanza, hablan de un pronto final de la cuarentena, alrededor del 17 de mayo, para todos aquellos municipios donde no se hayan presentado casos de infección.

Sin embargo, ¿cómo le harán para declarar, por ejemplo, el fin del aislamiento en Tunkás, Peto o Yaxcabá, cuando la mayoría de sus habitantes se tienen que desplazar a la Riviera Maya o a Mérida para ganar su sustento?; ¿Y si estos municipios continúan sin regresar a sus actividades económicas? Muy pronto tendrá el gobernador que definir esta situación que, probablemente, se ordenó tras un escritorio en Ciudad de México y ante numerosas gráficas.

Estas semanas de pandemia nos han demostrado, en los hechos, la conveniencia de mantener la descentralización de los servicios médicos.

A diferencia del propósito del INSABI de concentrarlas bajo el mando federal, las estructuras estatales del difunto Seguro Popular son las que se han activado para detener al virus. Y han sido las y los gobernadores quienes han asumido medidas efectivas para reducir los contagios y preparar con sus menguados recursos las instalaciones necesarias para atender a los posibles infectados.

Bache será reorientar al INSABI en su empeño de acabar con las estructuras estatales. Pozo será insistir en la centralización, una vez salvada la emergencia.

Pozo y baches en la economía. La crisis en el empleo y los ingresos de millones de familias ya se ha presentado. Las reservas y los ahorros se han visto seriamente reducidos después de seis semanas de confinamiento.

Los escenarios económicos futuros hablan de una caída del PIB (Producto Interno Bruto) de alrededor del 7%, o quizá más. Menos de la mitad de la población trabajadora (43.3%) está afiliada al Seguro Social o al Issste, en tanto que la parte más grande están en la economía informal, con toda la incertidumbre que acompaña a esta forma de participación económica. Los pronósticos anuncian un retroceso de más de una década en la situación de pobreza y un crecimiento de la informalidad.

Ante estos obscuros escenarios vuelve a presentarse la opción. Se trataría de un bache si se asume que, para salvar el empleo y los ingresos de las y los trabajadores, requerimos una doble estrategia: una, dirigida a cuidar el trabajo formal —los más de 20 millones de aseguradas y asegurados del IMSS, casi 370,000 en Yucatán— con medidas dirigidas a aligerar la carga tributaria a las empresas, postergando el pago de impuestos. Además, echar a andar los fondos de garantía para que puedan obtener créditos a tasas preferentes, de acuerdo con sus necesidades.

De poco sirven los apoyos de $25,000 que ofrece el gobierno federal a una empresa de, por ejemplo, 5 trabajadores. Da para dos quincenas de salarios mínimos, sin considerar adquisición de insumos, pago de luz, renta, etc.

El gobierno de Yucatán ha tomado decisiones acertadas para apoyar con diversas medidas fiscales a los establecimientos yucatecos. Muy eficaz se muestra el programa del Ayuntamiento de Mérida, ejemplo, a mi juicio, del micro-rescate focalizado. “Surte tu negocio”, para panaderos, pasteleros, jardineros, etc.; “Impulsa Mérida”, para carnicerías, estéticas, loncherías; “Manos al campo”; Apoyos al Talento Cultural; al Trabajador Turístico y Acciones de Fortalecimiento al Hogar son muestras de la posibilidad real de llegar a quien verdaderamente lo necesita.

El Seguro del Desempleo del gobierno del estado, dirigido a quienes perdieron su trabajo, tuvo un arranque un tanto accidentado, pero se están corrigiendo excesos y errores como, entre otros, no presentar la información por municipio para facilitar la supervisión de la misma comunidad sobre la entrega de los apoyos.

Caer al pozo sería continuar polarizando a la sociedad entre ricos y pobres; negar créditos y facilidades fiscales a las empresas y condenar a las clases medias del país a ingresar a la pobreza por decisiones equivocadas o insuficientes.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) convocó esta semana a una Conferencia Nacional para la Recuperación Económica. Participantes de todos los colores ideológicos, experiencias profesionales y académicas, con un solo propósito: desarrollar la imaginación para que la pandemia del Covid 19 sea un bache del que salgamos en unidad y si se puede, más fuertes. El pozo, con su brocal de obscuridad, hay que rodearlo, ignorarlo, taparlo. O conseguir una buena bomba que le extraiga el agua para distribuir entre quienes anhelamos que este país salga adelante.

30,8 % de la población mexicana son niñas, niños y adolescentes

  • Más de medio millón presentan alguna discapacidad
  • La principal causa de la discapacidad se debe a una condición de nacimiento

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Aguascalientes, 29 de abril, 2020.- En México, las niñas, niños y adolescentes representan el 30.8 por ciento de la población total, 18.9 millones son mujeres y 19.6 millones son hombres, es 38.5 millones de personas de entre cero y 17 años de edad.

De la población de cinco a 17 años de edad (29.3 millones de niñas, niños y adolescentes), poco más de 580 mil (2 %) presenta alguna discapacidad. Así lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a propósito de la efeméride del Día del Niño, que en lenguaje incluyente sería el Día del Niño y de la Niña.

Por grupos de edad, 9.2 millones tiene cuatro años o menos; 10.8 millones tiene entre cinco y nueve años, 11.5 millones de 10 a 14 años y siete millones son adolescentes de 15 a 17 años.

Resultados de la ENADID 2018 muestran que actividades como aprender, recordar o concentrarse (40.1%), ver (aunque use lentes) (32.6%) y hablar o comunicarse (30.2%) son las de mayor prevalencia de discapacidad en este grupo de población; mientras que escuchar (aunque use aparato auditivo) (11.3%) y actividades motrices como mover o usar brazos o manos (10.9%) son las actividades menos declaradas.

Por cada 100 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 87 cuentan con afiliación a al menos a una institución de servicios de salud. De la población infantil que cuenta con este servicio, 58.2 % están afiliados a un programa social con acceso a atención médica (Seguro Popular o Seguro Médico Siglo XXI), 36.7 % lo están al IMSS; 5.9 % al IMSS-PROSPERA, 5.6 % al ISSSTE; y 2.2 % a otra institución o un seguro privado.

Anualmente y desde el año 1924, el 30 de abril en México se conmemora a la niñez. Esta acción brinda un punto de partida para sensibilizar sobre la necesidad de llevar a cabo medidas para defender y promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. A escala mundial, se ha acordado instrumentar acciones encaminadas a proteger y promover sus derechos a sobrevivir, aprender, crecer, a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial.

En materia de cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, uno de los grupos en los que han permeado en menor medida estas acciones, es el de la población infantil y de adolescentes con discapacidad.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad aún se encuentran entre los grupos más desfavorecidos e invisibilizados en todo el mundo” ya que, al estar en esta situación, se intensifica su estado de vulnerabilidad y, en comparación con sus pares sin discapacidad, tienen más probabilidades de experimentar las consecuencias de la inequidad social, económica y cultural.

La discapacidad en la población infantil y adolescente

Para la medición de la discapacidad en la población, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, utiliza la propuesta metodológica del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (WG) de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

Su propósito es identificar el grado de dificultad que tiene la población para realizar un conjunto de actividades consideradas básicas: caminar, ver, escuchar, atender el cuidado personal, poner atención, entre otras. Fue diseñada para ser aplicada dentro del contexto del censo de población o encuestas en hogares, y está encaminada a obtener datos de la población de cinco años o más edad, debido a la dificultad derivada de los procesos de desarrollo en los primeros años de vida (Washington Group on Disability [WG], 2017, p. 5).

La discapacidad se identifica en la ENADID 2018 a partir de tres variables y sus respectivas clasificaciones: tipo de actividad, grado de la dificultad y causa de la dificultad, y a partir de estas se establece el monto de población con o sin discapacidad o limitación, según el caso.

La variable “causa de la dificultad” identifica el origen de la discapacidad, entre las que se encuentran las médicas, las relacionadas con la interacción con el medio ambiente y los cambios sociales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2019a, p. 221).

Otro aspecto medido en la ENADID 2018 es la causa de la discapacidad. Tener conocimiento sobre el origen de la discapacidad, contribuye a la atención de las demandas y derechos que tienen las niñas y niños en situaciones vulnerables. Los problemas originados antes o durante el nacimiento (nació así) y debido a una enfermedad, son las causas más declaradas para todas las actividades captadas.

La principal causa de la discapacidad se debe a una condición de nacimiento; por ejemplo, 53.8 % de la población infantil con dificultad para aprender, recordar o concentrarse nació así; 52.5 % de quienes no pueden ver (aunque usen lentes) es porque así nacieron; finalmente, 66.6 % de niñas, niños y adolescentes que tienen dificultad para hablar o comunicarse es por causa de nacimiento.

Lo mismo se observa en la actividad de mover o usar brazos o manos que es una discapacidad que tiene como principal causa el nacimiento 56.5 % y solo 31.4 % de los casos es producto de una enfermedad. La principal causa de dificultad para caminar, subir o bajar escaleras usando sus piernas es debido a una condición de nacimiento, con 56.9 %, y 30.2 % de esta dificultad es producto de una enfermedad.

Educación de la población de 5 a 17 años con discapacidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tomando como base el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve el derecho de las personas con discapacidad a la educación, y afirma que el acceso a la educación es fundamental para garantizar el aprendizaje a niñas, niños y adolescentes con esta condición. Por ello, la inscripción y permanencia de la población infantil y adolescente con discapacidad en el proceso educativo, contribuye a reducir sus niveles de vulnerabilidad.

Al respecto, datos de la ENADID 2018 muestran una menor asistencia escolar en la población con discapacidad. A saber, 75.3 % de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad con discapacidad asiste a la escuela, comparado contra el 88.4 % de la población sin discapacidad en ese mismo rango de edad. Por grupos de edad, las brechas se intensifican principalmente en el grupo de 10 a 14 años, con 14.7 puntos porcentuales de diferencia.

La población de 15 a 17 años con discapacidad tiene mayor riesgo de abandono escolar con respecto a quienes no tienen ese rasgo, debido no solo a su condición, sino a diversos factores de índole social, económico y hasta geográfico, por lo que demandan una mayor atención del Sistema Educativo Nacional (UNICEF, 2016, p. 9).

Con base en los datos de la ENADID 2018, se puede observar que la población adolescente de 15 a 17 años con discapacidad presenta mayor rezago que aquella que no tiene esta condición, ya que solo 0.4 % de esta no tiene escolaridad, mientras que, en la población adolescente con discapacidad, el porcentaje aumenta a 12.8 por ciento.

Del total de adolescentes de 15 a 17 años con discapacidad, 41.1 % no cuenta con educación básica completa, es decir que aún no ha concluido la secundaria, mientras que, para los adolescentes de 15 a 17 años sin discapacidad, esa proporción es de 15.2 por ciento.

SEM/sj

Mirada Violeta

Muertes prevenibles

Lupita Ramos Ponce

SemMéxico. 29 de abril 2020.- Desde marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS),  advirtió  que el colapso del sistema sanitario por el coronavirus aumentaría drásticamente las muertes prevenibles. El director general de la OMS hizo entonces un llamado para que los gobiernos facilitaran a las empresas la fabricación de productos sanitarios. Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertió que los colapsos en el sistema sanitario debido a la pandemia del coronavirus podrían “aumentar drásticamente» las muertes de pacientes con otras enfermedades y señaló: «La pandemia de Covid-19 está ejerciendo presión sobre los sistemas de salud de muchos países.

El rápido aumento de la demanda de instalaciones y profesionales sanitarios amenaza con dejar algunos sistemas de salud sobrecargados e incapaces de funcionar eficazmente. Los brotes anteriores han demostrado que cuando los sistemas de salud están colapsados, las muertes por enfermedades prevenibles y tratables con vacunas aumentan drásticamente», insistió también que aunque los sistemas sanitarios de todo el mundo se encuentren «en medio de una crisis», los servicios de salud esenciales «deben continuar». «Los bebés todavía están naciendo, las vacunas deben ser administradas y la gente todavía necesita tratamiento para salvar vidas en una serie de otras enfermedades».

En este contexto, la OMS ha publicado una guía para ayudar a los países a equilibrar las exigencias de responder directamente al coronavirus, manteniendo al mismo tiempo los servicios de salud esenciales. Por ejemplo, instan a garantizar las vacunaciones ordinarias durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento de enfermedades infecciosas y no transmisibles y condiciones de salud mental, junto con los servicios de donación de sangre. Igualmente, la OMS ha publicado un manual que detalla cómo establecer y gestionar centros de tratamiento del coronavirus y a la vez mantener los servicios esenciales. Entre otras cosas, aconseja la instalación de triaje en los centros de salud utilizando un edificio específico o en hospital de campaña, instalaciones comunitarias para atender a pacientes de leves y un centro de tratamiento, reutilizando las salas de un hospital o todo el hospital o estableciendo uno nuevo de campaña. He leído últimamente en las redes sociales las quejas de diversas usuarias y usuarios del sistema de salud que se quejan que de pronto dejaron de recibir su consulta médica para la atención de sus enfermedades preexistentes, sin duda, este señalamiento de la OMS debe ser atendido cabalmente para evitar que las defunciones por todas esas muertes prevenibles, terminen siendo mayores que las ocasionadas por el propio COVID19.

Y a propósito de muertes prevenibles, sin duda el Feminicidio es una de ellas; todos esos asesinatos de mujeres son totalmente prevenibles y evitables. Las 55 mujeres asesinadas al día de hoy en Jalisco durante el 2020 no debieron morir. Si el Estado atendiera con la misma preocupación los feminicidios y estableciera las medidas urgentes y necesarias para evitarlos, que incluyeran  encierro de los agresores, “distanciamiento social” de la violencia machista y la movilización de todos los órdenes de gobierno para acabar con la pandemia del feminicidio; seguramente ya contaríamos con las vacunas necesarias contra el machismo y las nuevas generaciones crecerían inmunes y no habría en el futuro una sola mujer asesinada más.

  lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosp

Desobediencia

Un cierto malestar

* En abril todo se desborda

Olimpia Flores Ortiz

SemMéxico, 29 de abril, 2020.- A la violencia la conocemos por sus manifestaciones evidentes, asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, violaciones, asaltos, es decir lo que entra por la percepción. Es también la que se produce dentro de las paredes de las casas en contra de los vulnerables de la familia, la que ejerce el macho hacia las mujeres, la que ejercen las madres hacia los hijos, la que se ejerce contra ancianos y enfermos. Son tantos los hechos visibles y es tanta su difusión, que se produce una atmósfera a la que sentimos generalizada y le atribuimos el cierto malestar que nos invade.

Sin embargo, lo que percibimos es apenas la agresión o violencia fáctica. ¿Qué es entonces la violencia en su sentido amplio? Un indecible, “un exceso que perturba el curso de los acontecimientos”, dice Carmen Franco, psicoanalista mexicana. La violencia que desborda lo que se supone un devenir esperable.

Pero es también, según la Real Academia Española, una disrupción, una rotura. ¿Qué se rompe con la violencia?

En ambas definiciones estamos ante una misma premisa: Hay un cierto estado de cosas que se rebasa a sí mismo o se fractura. Y todo desplazamiento es violencia.

En los versos de Eliot en Tierra Baldía, la vida es violencia:

Abril es el mes más cruel: engendra/ lilas de la tierra muerta, mezcla/ recuerdos y anhelos, despierta/ inertes raíces con lluvias primaverales. El invierno nos mantuvo cálidos, cubriendo/la tierra con nieve olvidadiza, nutriendo/ una pequeña vida con tubérculos secos. Traducción de Agustí Bartra

En abril todo se desborda, el exceso de la naturaleza –a la que no es ajena nuestra humana biología- en la fecunda exuberancia primaveral, hace de abril, el mes más cruel. Y todo es ruptura en el florecimiento, en la gestación de la nueva vida.

El exceso de fuerza implica ruptura de lo previo, y de alguna manera sometimiento, hablemos de física o de economía o nacimientos. Lo nuevo se erige sobre lo anterior, toma su lugar. Así, con la cultura que no es estática, que es un continuo de rupturas en el tiempo que transcurre (entre generaciones) y el contemporáneo (la diversidad de estadios culturales), gesta su Ley, la que deriva del mito fundacional que después religa mediante liturgias atávicas para normar la vida. Y la Ley jurídica, a la que hoy le atribuimos un carácter laico, cuando todo el orden y su nominación viene del mismo mito, como la existencia de la familia de pareja heterosexual, monógama y preferiblemente de la misma condición social y pertenencia étnica y sobre la que se teje el andamiaje de la tradición con sus prejuicios y prohibiciones; en ella se finca la estructura social a la que rige la Ley.   Este constreñimiento, es violencia. La Ley somete. Y nadie escapa a la Ley, mucho menos sus transgresores de oficio, quienes por eso mismo están más cerca de ella que quienes van de ciudadanos decentes.

En todos los tiempos, las culturas se organizan en sistemas, más o menos complejos; el que parece que estamos viendo que se derrumba, el de nuestro tiempo presente, ha tenido como estructura al capital financiero y como agente al mercado que nos seduce con su estética y nos satisface en el consumo. La vida medida según su productividad. El dominio sobre la vida de las personas y de los Estados se reveló en la crisis que provocó la especulación del capital financiero del 2008. Se declaró la debacle del modelo de la simulación filantrópica ante la expoliación.  

Este es el modelo del orden de la desigualdad social y las asimetrías mundiales, mediante el subterfugio del discurso democrático. Esa es violencia estructural.

Ese liberalismo económico, es el que nos ha impuesto los marcos lógicos para la actuarialización de la política pública. Es el método de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos USAID. Habría que entenderlo no como un marco lógico universalmente aplicable, sino como un marco para una cierta lógica de gobierno que no accede a la complejidad. Los gobernantes tienen la muletilla de referirse a los fenómenos como temas, nos gobiernan por temas. Por eso, por ejemplo, no se entiende que en el origen de la violencia criminal y delictiva, está la violencia de género que produce esta sociedad carente de amor propio, escrúpulos y compasión. Así que estamos parados en la reacción punitiva: meter a la cárcel a todos y  todas por toda causa. El color local lo ponen la impunidad y la corrupción.

Hoy la Ley tiende hacia una violencia supranacional. Los gobiernos de los Estados se rigen por parámetros internacionales y se asumen lineamientos dictados por organismos supranacionales, como la Organización Mundial de la Salud,  que efectivamente la organiza bajo los intereses de las farmacéuticas y las industrias en torno a la salud.

Entonces, la violencia es omnipresente y para todas las personas porque estamos vinculados por el imperio de la tradición que se hace Ley en sus acepciones costumbristas y jurídicas. Este orden es el que engendra sin dar cuentas, a toda la desigualdad y a sus múltiples resistencias: la desigualdad social y su anomia, el ostracismo y la aniquilación de la diversidad cultural, el sexismo, el racismo, el abuso de menores, el maltrato de toda persona vulnerable, las nuevas esclavitudes como la trata de personas, la usurpación territorial y de los recursos naturales, la depredación ambiental, la absoluta falta de consideración con toda vida, la de la vecina y la de todos a quienes se pueda considerar diferentes. Indiferencia, desconfianza y franca hostilidad.

La desigualdad se establece como normalidad dada y no instaurada. Ha sido dada en el nombre de Dios.

“No se puede dominar a los iguales” Dice Walter Mignolo, pensador de la decolonialidad. Y a ello atribuye el hecho de la evangelización y sus costumbres y de la discriminación en la colonización española,  pero también del sometimiento de las mujeres, como una estrategia de su dominación. Violencias simbólica y estructural claramente coludidas. De allí venimos a este hoy.

A estas esferas de la violencia, la simbólica, la estructural y sus manifestaciones fácticas, se suma la violencia cibernética. Ya llegamos a un estado de vida a la disposición. Recién se nos va apareciendo esta amenaza, como un acecho permanente del que no hay escapatoria ahora que se nos ha lanzado al famoso home office y que se ha diluido el tiempo de vida, confundido con el estado de alerta y de conectividad.

En este momento en el que el mundo globalizado está en una crisis de dimensión inédita porque es total, la mayor violencia está en la incertidumbre de la que ya no saldremos, no hay después previsible. No tenemos otro horizonte que el de la incertidumbre. Viviremos bajo la violencia de nuestro propio desasosiego.

Así, las/los sujetos, sujetados por esta complejidad inaprensible, en la que se conjugan su biografía, su entorno social y su tiempo dando forma al estadio cultural en el que habita -y pudiéramos decir que le habita-, conforman su subjetividad. Es allí en donde anida el cierto malestar que nos fustiga…

Mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries lanzan declaración por el primero de mayo

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  • Trabajos necesarios para la reproducción social, los más explotados, feminizados, racializados y precarios
  • Pandemia de COVID 19 visibiliza la crisis capitalista y patriarcal

Por Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril de 2020.- Por un primero de mayo feminista transnacional y convencidas de que la sociedad puede ser organizada sobre nuevas bases, donde es posible una vida sin violencia patriarcal ni racista y libre de explotación, se pronunciaron les y las trabajadoras del mundo en la lucha por sus derechos, en lo que se denomina la Declaración del 1º de Mayo Transfronterizo.

La pandemia mundial de COVID 19 ha visibilizado aún más no sólo la crisis capitalista patriarcal, sino que ha mostrado claramente que los trabajos necesarios para la reproducción social son los más explotados, feminizados, racializados y precarios, puntualizó Feministas con voz de Maíz en la declaración en donde se llama a les y las trabajadoras a la unidad para protestar contra la violencia en una sociedad que las oprime y mata.

En su convocatoria por el Día Internacional del Trabajo, expusieron la situación por la que atraviesan millones de trabajadoras y trabajadores durante esta pandemia, pues siguen trabajando en los almacenes logísticos sin protección y con bajos salarios. En las cárceles, las personas detenidas están denunciando condiciones inhumanas de reclusión y ausencia de protección. Las personas migrantes revelan saturación en los centros de internamiento y reclaman sus papeles.

En las fábricas surgen huelgas reclamando que sólo se sostengan las actividades imprescindibles y en condicione dignas, mientras que millones de trabajadoras de la salud y obreras trabajan sin pausa con bajos salarios y sin condiciones dignas, poniendo cada día su vida en peligro.

Miles de trabajadoras del hogar son despedidas sin recibir ningún subsidio, en tanto que millones de mujeres se ven sobrecargadas de trabajo de cuidado, y millones de trabajadoras y trabajadores informales de las economías populares y precarizadas se encuentran sin empleo.

Estamos ante una crisis de la reproducción de la vida que precariza e intensifica aún más el trabajo productivo y reproductivo que realizamos las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, por lo que en esta iniciativa consideraron urgente transformar la sociedad y sus desigualdades en su conjunto.

Advierten que durante la pandemia —incluso, en los próximos meses— el trabajo reproductivo se ha convertido en un campo de lucha para contestar a la división sexual y racista, con la demanda de la socialización de trabajo de cuidado, una atención integral en salud y el reforzamiento de los servicios básicos. Además, para poder abortar de manera segura, libre y gratuita y no endeudarse más para disponer de sus libertades.

Llaman a que los derechos a la salud mental, sexual y (no) reproductiva sean reconocidas como derechos esenciales. Queremos, dicen, “una salida feminista transfronteriza de la crisis para no volver a una normalidad hecha de desigualdades y violencias”.

Exigen que todas las tareas no indispensables para sostener y cuidar la vida sean suspendidas: ¡Los trabajos serán para sostener la vida o no serán!, y reclamaron, también, poner fin a la subordinación, la explotación, la precarización y a que nos provean de las protecciones contra el virus en los trabajos esenciales.

“Lo que la huelga femenina global nos enseñó es que, cuando estamos juntes somos fuertes, y más ahora que nunca, tenemos que levantar nuestras voces en la misma dirección para poder evitar la fragmentación que la pandemia parece imponer”, indicaron, al referirse al movimiento del pasado 8 y 9 de marzo, donde se mostró la potencia feminista en el mundo, al desbordar las calles en la marcha y sumarse al paro del día siguiente.

SEM/em/glg

Piden 360 organizaciones y activistas feministas indulto por razones humanitarias para mujeres en reclusión

  • La propuesta, ante las consecuencias imprevisibles de la COVID19
  • El llamado, a los mandatarios de las 32 entidades federativas

Por Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril de 2020.- Ante la situación tan grave que vivimos como país y las consecuencias aún impredecibles por la pandemia de la COVID19, más de 360 organizaciones, activistas, feministas y ciudadanas y ciudadanos solicitaron a gobernantes de las 32 entidades federativas decretar el indulto por razones humanitarias para mujeres que cumplen una condena.

Argumentaron que resulta central aplicarlas para la atención y protección de los derechos humanos para las mujeres en reclusión, con base en las facultades que las constituciones estatales les conceden en la materia.

Dicho indulto, precisan, sería para las mujeres que se encuentran cumpliendo una condena que tienen con ellas a sus hijos menores de edad, que están embarazadas, con dependientes económicos, que sean primodelincuentes, mayores de 65 años y quienes no tenían armas al cometer el delito.

Como sustento de la medida, aludieron a la aprobación en 2010 de las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes o Reglas de Bangkok. Asimismo, mencionaron el acuerdo a la Resolución 58/183 de 2003, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que insta a gobiernos, organismos e instituciones, a que “prestasen mayor atención a la cuestión de las mujeres que se encontraban en prisión, incluidos los hijos con el fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de abordarlos”.

SEM/em/glg

Juego de Palabras

Conciencia ciudadana

Yaneth Tamayo Ávalos

SemMéxico. 28 de abril de 2020.- Uno de los temas a los que he hecho referencia en entregas pasadas es lo referente a la corresponsabilidad ciudadana. Este tema en especial ha tomado relevancia en la actual contingencia sanitaria, debido a los comportamientos que han mostrado algunas personas en donde tales acciones a simple vista parecieran no tener relevancia.

Incluso tales comportamientos se han justificado bajo calificativos de necedad e ignorancia, minimizando y en cierto modo invisibilizando un problema real.

Cabe aclarar que, dentro del grupo de personas al que me refiero no incluyo a las que por necesidad tienen que salir a desempeñar sus actividades, pues es claro que en México no existe la posibilidad económica para que de forma equitativa e igualitaria todas las personas se queden en casa.

Ni mucho menos es intención señalar a las personas que por determinadas razones no comparten la idea de colaborar en equipo y de forma organizada.

Pero sí la de visibilizar el impacto real que se da cuando las personas no ejercen su corresponsabilidad en la comunidad en donde se desenvuelven. 

Para comenzar, es necesario tener en claro que la corresponsabilidad se trata de la responsabilidad compartida que se tiene con otra u otras personas en donde existe un reparto justo y equitativo de responsabilidades familiares, profesionales y sociales entre mujeres y hombres de una misma unidad de convivencia.

En donde además esta se comparte con el Estado y con el mercado, quienes en conjunto con la ciudadanía son los agentes responsables de la generación de bienestar de la población.

Sin embargo, cuando uno o varios de los agentes no cumplen con su responsabilidad, es otro quien se tiene que responsabilizar de realizar las tareas que no se llevan acabo; ya que como se ha dicho, son trabajos necesarios para el sostenimiento de la vida, de modo que, si el Estado y la ciudadanía no cumplen, serán otras personas, organismos o instituciones quienes tendrán que realizar dicho trabajo de cuidado, pudiendo ser adecuado o no.

Sea, a modo de ejemplo las restricciones de movilidad que algunas entidades federativas han tratado de implementar debido a la baja respuesta de medidas sanitarias de algunas personas.

En este caso el 20 de abril del presente año, el Gobernador de Michoacán emitió un decreto como medida extrema, en el cual se determinó el confinamiento obligatorio sin excepción y de manera estricta a personas que no participaban en actividades laborales esenciales, bajo el ultimato de ser sancionadas, sin que con tal medida se contemplara a personas que por razones económicas y por la informalidad de sus trabajos no podían resguardarse. 

Decreto que, si bien fue declarado inconstitucional, sigue siendo una pretensión de otras entidades federativas.

Otro ejemplo que se puede analizar, es el caso de la seguridad ciudadana de algunas entidades, en donde los agentes policiales están dedicando su atención en hacer que su ciudadanía cumpla con las medidas sanitarias y de confinamiento; situación que les dificulta atender sus obligaciones y dar asistencia inmediata a personas que han sido víctimas de algún delito. 

Los anteriores ejemplos, muestran como la falta de participación ciudadana y de responsabilidad compartida de unos cuantos, perjudican en conjunto a la sociedad y no solo por lo que ve a la diseminación del virus, sino porque tales acciones contribuyen a que otras personas sean privadas o restringidas en derechos y libertades.

Lo cual propicia desigualdad, rezago social y por ende violaciones a derechos humanos.

Respecto de este tema, han surgido opiniones encontradas durante los días que ha transcurrido el aislamiento, estas han estado divididas entre las personas que ven necesario un aislamiento forzado mediante la coacción y las que toman con resignación la falta de responsabilidad de la ciudadanía que se niega a cooperar.

Ambas posturas son entendibles ante el deseo de que la situación de emergencia termine, pero tal pretensión puede generar que se intente recurrir a medidas drásticas, las cuales en determinado momento pueden provocar violaciones a derechos humanos.

Para concluir, es necesario que en estos tiempos de incertidumbre se tenga especial cuidado con la implementación de medidas arbitrarias y fuera de desproporción; la ciudadanía debe estar al alba no solo de los comunicados de salud, sino también de las medidas, decretos e iniciativas que las autoridades emitan.

Esta contingencia debe ser vista como una evaluación al actuar del Estado y la ciudadanía, frente a la conservación, garantía y protección de todos los derechos.  

Mujeres: expuesta a mayor riesgo por COVID19 en el sector salud y en los hogares

  • En emergencia sanitaria aumenta la violencia y el trabajo de cuidado para las mujeres
  • Demanda reasignación presupuestal para la salud en Morelos y a nivel federal

Por Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril de 2020.- Las mujeres constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en el sector sanitario y son las que asumen los cuidados de la población con la COVID19 que convalecen en sus hogares, por lo que están expuestas a un mayor riesgo de infección. Ante ello, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) demandó la reasignación de recursos presupuestales para la salud.

Se requieren medidas específicas para reducir la repercusión de la crisis sanitaria sobre las mujeres y no caer en el autoritarismo, la violencia y la represión, ante la Jornada de Sana Distancia y resguardo en casa por la pandemia de la COVID19, estableció la organización y llamó a garantizar el derecho a la salud, como parte integral de los derechos humanos.

Además de su ya de por sí situación precaria y de aumentar las cargas de labores del hogar, de la familia y del cuidado de personas enfermas con COVID19, señaló que es de esperarse que dada la sistemática violencia patriarcal, en el confinamiento se dé un incremento de la violencia familiar, cuya incidencia ha aumentado en México. Aunado a ello, recordó que en ocho municipios de la entidad está declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Destacó que las mujeres es la población más vulnerable económica y socialmente, sobre todo por la grave situación que relaciona la expansión de una peligrosa pandemia de efectos devastadores con un conjunto de críticas condiciones económicas y sanitarias que ahora tenemos que enfrentar de manera urgente.

La consecuencia inmediata del paro forzoso de actividades productivas en la industria, el comercio y los servicios, derivado de las medidas de confinamiento de la población para contener y mitigar la proliferación del contagio de la COVID-19 saltan a la vista, destacó.

Es importante no olvidar que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el sector salud y las más amplias capas de la población es producto de décadas de neoliberalismo y gobiernos abusivos que fueron privatizando y desmantelando las responsabilidades del Estado, acrecentaron la miseria, el desempleo, la precariedad y la inseguridad social a la gran mayoría del pueblo mexicano.

Millones de personas en todo el mundo y en México están perdiendo sus empleos e ingresos elementales, mientras otros tantos son forzados a laborar en condiciones de alto riesgo de contagio. Al mismo tiempo, las medidas restrictivas de la movilidad e interacción social dejan sin posibilidad de ingreso a millones de personas del sector de la economía social y a quienes subsisten en la economía informal o el autoempleo.

“El gobierno debe evaluar y tomar medidas extraordinarias para hacerse de recursos para enfrentar la situación, sin lastimar la economía de los que menos tienen”. De por sí ya es preocupante la militarización que viene dándose en México, en esta contingencia sanitaria, las medidas deben ser tomadas con respeto y sin imposiciones autoritarias y deben contribuir para generar conciencia y solidaridad, dijo la CIDHM. Hoy, más que nunca, no debe darse un paso atrás en la defensa de los derechos humanos: ¡Ni una más! Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, finalizó.

SEM/em/glg

La economía de las mujeres será más afectada que la de los hombres tras la pandemia

  • Actualmente, las mujeres ganan alrededor de un quinto menos que los hombres en el mundo y la crisis económica podría provocar que ellas pierdan unos 25 millones de empleos

Por Redacción AmecoPress

SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 28 de abril de 2020.- Por diversos factores la economía de las mujeres será mayormente afectada que la de los hombres, tras la pandemia por coronavirus, según personas expertas.

Según un reporte del portal web France 24, «en la actualidad hacen falta 70 años para cerrar la brecha laboral, pero la crisis del coronavirus plantea nuevas desventajas basadas en el género y podría alargar el camino hasta 200 años». Pero, ¿qué factores influyen para que esto ocurra?

Entre las causas están el que las mujeres utilizan su tiempo libre, luego del trabajo, para cuidar a los demás o para realizar tareas en el hogar, también se debe a que la población femenina está mayormente empleada en los sectores con peores salarios y en estos, por la crisis, se recortan las horas o el personal.

El origen de la brecha salarial entre mujeres y hombres podría estar en la infancia

Un estudio dice que el ejemplo que las mujeres tuvieron en su infancia puede  afectar su actividad laboral en el futuro al tratar de balancear el trabajo y la maternidad.

El tener hijos penaliza financieramente a las mujeres, según un reportaje del medio especializado The Economist.

Anteriormente se han conocido muchos estudios de cómo las mujeres tienen mayores problemas que los hombres en sus carreras luego de tener hijos. Sin embargo, un nuevo documento académico puede ayudar a predecir si la reducción de los ingresos de una mujer que decide ser madre analizando las decisiones que tomó su propia madre durante su infancia.

El estudio fue realizado por varios profesionales: Henrik Kleven, de la Universidad de Princeton; Camille Landais, de la Escuela de Economía de Londres, y Jakob Sogaard, funcionario del ministerio de impuestos de Dinamarca.

Dificultad la igualdad salarial incluso cuando un gobierno lo decreta

Islandia se convirtió en el primer país del mundo en obligar a las compañías y empresas a pagar a hombres y mujeres de forma equitativa.

Eso fue el año pasado tras décadas de reclamo. Y es que el pago equitativo -es decir, mismo salario para mujeres y hombres que hacen igual trabajo- ha sido un reclamo de larga data en la lucha por la igualdad de género que se ha reflejado incluso en leyes no solo de Islandia sino de otros países europeos.Y este paso es coherente con el dato de que Islandia, una nación de poco más de 350.000 habitantes, es considerado el mejor país del mundo en cuestiones de igualdad de género.

Informe sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en las familias monomarentales

Por Redacción 

SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 28 de abril de 2020.- La Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) he hecho público su balance del impacto de este primer mes de crisis sanitaria en las vidas de las familias monomarentales de nuestro país.

El estudio pretende analizar cómo está afectando la situación que atravesamos en estas familias especialmente vulnerables y si se están tomando las medidas necesarias para protegerlas. Desde la FAMS echan en falta la toma de medidas específicas para el colectivo ante la recesión económica que se avecina.

El sondeo se realizó entre el 17 de marzo y el 13 de abril por lo que se muestran conscientes de que en un periodo de tiempo tan corto es difícil tomar medidas concretas. El 63% de las familias que participaron en la consulta estaba encabezada por una mujer. Según el informe, el miedo más común entre las madres era al desabastecimiento al no poder ir acompañadas a comprar y no tener con quien dejar a sus hijos o hijas. Además de ello, muchas temían tener que enfrentar situaciones de rechazo si los llevaban con ellas.

Por otra parte, un 27% de las familias encuestadas ha manifestado que ya no puede hacer frente a los gastos en alimentación y otro 34% ha respondido que “de momento sí siempre y cuando no se alargue la situación”. Otro revelador que señalan es que un 33% no cuenta con una red de apoyo durante el confinamiento. En muchos casos es consecuencia de la pérdida de contacto con los abuelos y abuelas. De manera generalizada, las encuestadas demandan apoyo psicológico tanto para ellas como para las y los menores, que les permitan salir a hacer la compra acompañadas o ayuda presencial para cuidarles mientras trabajan.

Desde FAMS relacionan la situación de vulnerabilidad que viven estas familias con la falta de reconocimiento institucional. Sobre ello Carmen Flores, presidenta de FAMS, nos ha contado en declaraciones a AmecoPress que “en general sigue habiendo una falta de visibilidad de que existen familias monoparentales. Cuando se ponen medidas en marcha no se tiene en cuenta. Lo hemos visto muy gráficamente en el primer decreto, a los pocos días tuvieron que rectificar diciendo que los hijos de las familias monoparentales sí podían entrar a los centros comerciales. Y aún así nos hemos encontrado con numerosos centros donde no les dejaban entrar. Esta denuncia nos ha llegado de manera repetida”.También nos ha hablado de la situación que afrontan estas familias: “tenemos a muchas madres que las han despedido del trabajo. Mujeres que estaban en economía sumergida o empleadas de hogar sin dar de alta o con pocas horas trabajando. Mientras no llegan las ayudas hablamos de familias que no tienen, por regla general, capacidad de ahorro y están teniendo que tirar de los bancos de alimentos. Por otro lado, el acceso a las tareas escolares sin tener muchas veces herramientas, un portátil o una tablet, o incluso sin llegar a tener datos.”

Perspectiva de género ante la crisis de la COVID-19

  • El Instituto de la Mujer organizó un nuevo debate en el que expertas explicaron la importancia de las propuestas feministas en esta pandemia global, con consecuencias sociales y económicas profundas

Por Gloria López

SemMéxico/AmecoPress. Madrid. 28 de abril de 2020.-Introducir la perspectiva de género en el análisis de la realidad de la covid-19 fue el objetivo del debate promovido el pasado jueves por el Instituto de la Mujer, en el que participaron María Solanas y Libertad González. Y es que los datos y tendencias evidencian la necesidad de abordar las políticas públicas teniendo en cuenta que la pandemia y la post pandemia tienen rasgos desiguales para hombres y mujeres y que el feminismo cuenta con postulados teóricos y propuestas concretas oportunas para abordar una salida a la crisis social y económica que atraviesa el mundo.

Porque “la crisis puede servir para postergar la agenda feminista”, según María Solanas, directora de Programas del Real Instituto Elcano y, a la vez, “puede ser una oportunidad para avanzar en igualdad”, defiende Libertad González, profesora de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Inercias y posibilidades se entrecruzan en el contexto actual y la inclinación de la balanza en una dirección que beneficie al conjunto de la sociedad requiere de energía y empeño por parte de las feministas.

El análisis realizado por parte del Real Instituto Elcano advierte que “en un contexto global de erosión de derechos de las mujeres, esta crisis, también global, puede ser traducida como retroceso en las políticas de igualdad en determinados países”. “No se está haciendo una lectura de género de la crisis de la covid-19 a pesar de la evidencia de los datos”, advierte Solanas, “muchos de los cuales permanecen invisibles”. Esto puede provocar un “debilitamiento” de la agenda feminista, aunque también la situación que vivimos tiene un carácter de oportunidad, “sería la primera vez que los postulados feministas se usarán para dar salida a una crisis global”.

Desde el punto de vista laboral, pareciera que esta crisis, a diferencia de la crisis del 2008, puede traducirse en una mayor pérdida de empleo para las mujeres. Si bien en el 2008 los sectores más afectados fueron la industria y la construcción, dos sectores en los que trabajan fundamentalmente hombres, en esta ocasión va a ser el sector servicios el más afectado, que es un sector fuertemente feminizado. La OIT estima que, a raíz de esta pandemia, se pueden perder 25 millones de puestos de trabajo en Europa. En España, un país con poco tejido industrial, un país de servicios, las más perjudicadas serán ellas. Además, uno de los sectores más vulnerables será el del trabajo informal, ampliamente feminizado y ocupado en gran parte por migrantes. Ese es el análisis que hace Libertad González de la crisis del coronavirus, a corto plazo, donde destaca también que el confinamiento aumenta la carga del trabajo doméstico y del hogar, normalmente realizado por las mujeres.

Sin embargo, a largo plazo, según la experta, “aparecen algunas posibilidades”. En primer lugar, esta crisis está ayudando a potenciar el teletrabajo y la flexibilidad de horarios. Si esto se traduce en que las empresas lo valoren, puede ser una cuestión que beneficie a las mujeres, que suelen tener más demanda de flexibilidad en el terreno laboral que los hombres. En segundo lugar, en algunas familias se está viendo que los hombres se están ocupando de tareas en el hogar y de la educación de los hijos e hijas. “Ojalá esto ayude a promover un cambio cultural”.

María Solanas no es tan optimista. Recuerda que las mujeres aplicamos dos horas y cuarto más al día que los hombres en tareas de cuidados. Para cambiar esto “necesitamos medidas específicas”. Sin embargo, aunque en todas las pandemias el papel de los cuidados ocupa un valor central, que se haya dado en Europa es una oportunidad si se toman las medidas adecuadas y si los hombres se sienten en interpelados también porque se vea que los cuidados forman parte de la solución a la crisis. Pero insiste, “de modo natural no se va a dar”.

¿Qué tendrá que ver género y feminismo con esta pandemia?, nos preguntan

Estamos ante una situación completamente nueva que ha revelado como ciertas muchas de las contribuciones políticas y teóricas del feminismo. El feminismo lleva siglos analizando y politizando la desigualdad de género y construyendo un cuerpo político y teórico que ahora se revela imprescindible. La revolución de las tareas de cuidados es una asignatura pendiente. No se le ha prestado la atención necesaria. En esta crisis, se está poniendo en el centro. Sin embargo, algo tan obvio encuentra resistencias. ¿Qué tendrá que ver género y feminismo con esta pandemia?, nos preguntan.

Los datos son “abrumadores”. En cuanto a la pura exposición al virus, el 68% en España y el 70% a nivel global del sector sanitario está formado por mujeres (médicas, enfermeras, psicólogas, etcétera) y más del 90% de las cuidadoras a domicilio y en residencias son mujeres. Son mujeres la mayoría de las personas que ocupan la primera línea en esta emergencia, son también las peor pagadas y las que trabajan con menos seguridad.

“La igualdad de género es un objetivo político de primera magnitud”, que ha sido reivindicado por las instituciones europeas y por la ONU, apunta María Solanas. “Nosotras no somos un sector de la población, no somos un grupo, somos la mitad de la sociedad, en algunos lugares incluso un poco más y las políticas públicas tienen que incluir a toda la sociedad, por eso es importante que incorporen la perspectiva de género”.

Libertad González, junto a Lídia Farré, durante el mes de abril, han distribuido una encuesta dirigida a las familias en España, con el objetivo de conocer la situación de los hogares durante este periodo de confinamiento. En particular, les interesaba saber cómo se están adaptando estas personas, en términos de su actividad laboral y de las tareas domésticas, incluyendo el cuidado de los hijos y las hijas, con particular atención a desigualdades de género. En el debate del Instituto de la Mujer González ofreció algunos de los resultados (pueden consultarse en el blog nadaesgratis).

“Centramos nuestro análisis en hogares formados por parejas de distinto sexo con hijos”. En principio, con los primeros resultados se observa que las pérdidas de empleo, bien por ERTES o por finalización de contratos temporales durante la crisis, “afecta más o menos igual a hombres y a mujeres”. Sin embargo, “el reparto de tareas domésticas y cuidados muestra mucha desigualdad”, es decir, con la crisis “se refuerza la desigualdad existente”. Durante el confinamiento el cambio más destacado es que ahora el hombre pasa a ser el principal responsable de la compra (en el 38% de los hogares encuestados). Así pues, mientras que el cierre de los centros educativos y las dificultades para externalizar los servicios domésticos han representado un incremento (sin precedentes) de las responsabilidades familiares, éstas siguen repartiéndose de manera desigual entre hombres y mujeres. Esto sugiere que las mujeres tendrán más dificultades para conciliar el nuevo escenario laboral y familiar.

El confinamiento invisibiliza la violencia de género y refuerza la sobrecarga de los cuidados en las mujeres

Efectivamente la división social del trabajo es un tema fundamental, todavía. Desde ese punto de vista, el teletrabajo puede suponer un “nuevo confinamiento”, en palabras de Beatriz Gimeno. La directora del Instituto de la Mujer recuerda que el confinamiento invisibiliza la violencia de género y refuerza la sobrecarga de los cuidados en las mujeres.

“Todavía la conciliación se atribuye a las mujeres”, explica María Solanas, “sería más adecuado enfatizar en el concepto de corresponsabilidad”. Las mujeres, desde el punto de vista laboral, “ocupan un porcentaje mayor de contratos a tiempo parcial, están peor remuneradas, quedan con pensiones más bajas y, en definitiva, sufren segregación y un 23% de brecha salarial, y gran parte de estas discriminaciones tienen que ver con el objetivo de hacerse cargo de los cuidados”. Efectivamente con el confinamiento “esa dinámica social puede agravarse”. “Si la sociedad va hacia el camino de eliminar los traslados, este camino tiene que ser compartido”. Si quienes se quedan en el hogar son las mujeres, esto puede ser un retroceso y puede agravar las desigualdades existentes.

Teletrabajo: arma de doble filo

Así, pareciera que el teletrabajo es un “arma de doble filo”, como lo define la especialista en políticas públicas y familia. Libertad insiste en valorar el que la crisis provocada por el coronavirus esté ayudando a visibilizar “lo complicado que es compaginar el trabajo y los cuidados de los hijos y de la casa”. Pero efectivamente “hay brechas de género laborales que penalizan a las mujeres por la crianza de los hijos y que no deben dejarse de lado a la hora de pensar formas de organización”.

En ese sentido las expertas apuestan por seguir ampliando los permisos de paternidad en dirección a conseguir que sean iguales a los de maternidad. “Creo que los permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres son esenciales para cambiar la cultura de las empresas”, apunta María Solanas. Este modelo tendría que contemplarse también en los permisos que se están dando por la covid-19.

Debemos por tanto estar atentas para desarrollar análisis y políticas que tengan en cuenta que trabajar en casa puede significar un aumento de la desigualdad y no lo contrario. En el lado de las oportunidades podría ocurrir también que, a largo plazo, sobre todo si nos preparamos para futuras pandemias, los servicios públicos de cuidado y sanitarios requieran de inversiones que sirvan no sólo para contratar a muchas mujeres en condiciones dignas, sino también para revalorizar esos trabajos feminizados.

«Es vital que, en este momento, con la crisis de la covid-19, los países más comprometidos con la agenda feminista como España, Suecia o Finlandia mantengan ese compromiso, porque será realmente vital para salir mejor de la crisis», concluye María Solanas.

AsiLegal llama a beneficiar a mujeres y personas de edad con libertad condicionada, anticipada o sustitución de penas

  • Ante COVID 19, llama al Estado a garantizar los derechos humanos de personas en reclusión
  • Pide se aplique la Ley Nacional de Ejecución Penal para despresurizar penales

Por Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 28 de abril de 2020.- AsiLegal hizo un llamado a las 32 presidentas y presidentes de los poderes judiciales de las entidades federativas para garantizar los derechos de la población penitenciaria, principalmente a la salud, ante la propagación de la COVID 19, con apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con normativas que pueden beneficiar a mujeres con hijos, personas de edad avanzada y otras con determinados padecimientos de salud.

Tras señalar que existen en el país cerca de 300 instituciones penitenciarias que albergan a 202,221 personas privadas de su libertad, la organización jurídica de defensa de los derechos humanos considera que es importante conocer lo que están haciendo las autoridades de cada entidad para garantizar la salud de esa población.

Precisan que el Estado no puede continuar legitimando el estigma que cargan las personas privadas de libertad, a través del olvido y abandono a su suerte ante esta pandemia, por lo que urgen acciones concretas para salvaguardar todos los centros penitenciarios, así como garantizar los derechos humanos de quienes ahí se encuentran.

Al tiempo que AsiLegal pone a disposición su experiencia para apoyar en la elaboración de planes de acción para despresurizar los centros de reclusión, propone hacer efectiva la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual cuenta con instrumentos como la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de las penas y la preliberación por criterios de política penitenciaria que beneficiaría a población en situación de vulnerabilidad.

Estos elementos contribuirán no sólo a abastecer con suficiencia las necesidades de la población penitenciaria, sino que generará una herramienta para la despresurización de dichos centros de detención ante la emergencia sanitaria. De igual forma, generaría un impacto positivo y reafirmaría el compromiso internacional que tiene el Estado mexicano de promover la aplicación de medidas no privativas de libertad.

También señalan que se encuentra el ejercicio de la facultad que tienen las autoridades penitenciarias para realizar propuestas y hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma.

Esto representa activar un mecanismo ante el juez de ejecución, sobre los casos que pudieran llegar a ser considerados como viables para la obtención de estas normativas, entre los que se pueden encontrar aquellos con necesidades específicas y de mayor vulnerabilidad frente al virus, como las mujeres con hijos, especifica la organización en un comunicado.

La propuesta se deriva por la propagación del coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, que ha alcanzado niveles alarmantes y significa una amenaza a la capacidad del Estado de proveer con suficiencia los servicios de salud a la gente que sufre de dicho padecimiento y que estén en reclusión.

AsiLegal está consciente de que, ante la situación de encierro masivo, se ha hecho patente la falta de recursos suficientes para hacer frente al gasto que la problemática representa, situación que desgraciadamente se ve reflejada en la imposibilidad de otorgar condiciones de vida dignas en reclusión.

Ante ello, hace imperativo que las autoridades a su cargo identifiquen a aquellas personas en especial estado de vulnerabilidad y potencialmente beneficiarias, para materializar la implementación de estos instrumentos que tienen por objeto modificar la forma de cumplimiento de sus penas, destaca la organización.

Las autoridades a las que han hecho este llamado puntual y de quienes esperan su pronta respuesta son:

  1. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.
  2. Magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
  3. Licenciado Daniel Gallo Rodríguez, Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur.
  4.  Miguel Ángel Chuc López, presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Campeche.
  5. Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas.
  6.  Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
  7.  Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal y del Consejo de la judicatura del Estado de Coahuila de Zaragoza.
  8.  Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del H. Supremo Tribunal, Poder Judicial del Estado de Colima.
  9.  Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México.
  10.  Magistrado Esteban Calderón Rosas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango.
  11. Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Poder Judicial del Estado de México.
  12. Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
  13.   Magistrado Alberto López Celis, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero.
  14.  Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
  15. Magistrado Ricardo Suro Esteves, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
  16. Magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
  17. Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.
  18. Magistrado Ismael González Parra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.
  19. Magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura del Estado de Nuevo León.
  20. Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia Y del Consejo de La Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
  21. Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
  22. Magistrado José Antonio Ortega Cerbón, Presidente Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.
  23.  Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
  24. Magistrada Olga Regina García López, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.
  25. Magistrado Enrique Inzunza Cázarez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
  26. Magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, Presidente del H. Supremo Tribunal del Estado de Sonora.
  27.  Magistrado Enrique Priego Oropeza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco.
  28. Magistrado Horacio Ortiz Renán, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas.
  29. Magistrado Fernando Bernal Salazar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.
  30. Magistrada Sofía Martínez Huerta, Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y de Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
  31. Magistrado Ricardo de Jesús Avila Heredia, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
  32.  Magistrado Arturo Nahle García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Poder Judicial del Estado. 
  33.  Magistrada Blanca Sánchez Martínez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

SEM/em/glg

Textura Violeta

Que no nos quiten la humanidad

Por Drina Ergueta

SemMéxico. 28 de abril de 2020. La Paz-Bolivia. Historias próximas y lejanas de gente que ha muerto con el covid-19 han llegado a la población con la terrible amenaza de la soledad y el estigma en esa última hora en este mundo. La muerte, cuando llega, parece un tema secundario de atención frente a la lucha por la vida; sin embargo, es crucial su atención para garantizar nuestra humanidad.

No sólo es morir en soledad debido a una enfermedad que aísla, es también una obligada cremación y total desamparo de ese cuerpo con el cual no puede haber despedida ni actos ni palabras que le acompañen, que le susurren “te quiero” a su alma por si acaso existe y por si escucha. No, se dice que no puede haber ese ritual que cada sociedad se ha inventado para decir adiós a las personas queridas que se van para siempre y en el que, más que en otros, las mujeres tienen gran participación.

En una sociedad de relaciones próximas como la boliviana el cuerpo generalmente es lavado y preparado por la familia. Mayoritariamente son las mujeres las que le arreglan el cabello y le elijen la ropa, que sujetan con un lazo de cariño la mandíbula y con otro las manos sobre el pecho. Las mujeres lloran a gritos porque así lo sienten y porque así se espera de ellas, las mujeres también hacen y reparten el café y las bebidas durante el velorio y preparan la comida para quienes acompañan al duelo. Son las mismas mujeres que durante otras enfermedades se hacen cargo de los cuidados. Todo eso ha sido prohibido.

Pero no sólo prohibido, en lugar del cuidado normalizado y humanizante se ha generado el miedo y ha nacido la deshumanización. Volvemos muy atrás en la línea evolutiva, dejamos de ser personas, antes aún que cuando habitamos las cavernas, dejamos de ser homos/donas sapiens sapiens, pasamos a ser los primeros homínidos que abandonan sus muertos inclusive antes de que fallezcan. La gente considerada vieja, inútil y enferma ya no cuenta, mueren en soledad y sin rituales de despedida.

Allí está, en Italia y España, la gente anciana que simplemente dejó de ser atendida y murió sola y allí las familias que no pudieron despedirse y tan sólo recibieron una urna con cenizas; allí están las terribles fosas comunes de cientos de ciudadanos en Nueva York; allí el horror de los cadáveres en las aceras en Guayaquil; allí esos muertos sacados de su casa envueltos en bolsas de basura en La Paz ¿En serio somos gente civilizada?

Todo esto se mete por los televisores en las casas confinadas y da miedo. Un miedo aumentado en Bolivia por el conocimiento de la ausencia de ayuda médica, de las limitaciones nacionales en salud y de las dudas de una atención adecuada, o por lo menos respetuosa, en los centros de salud o lugares de aislamiento. Las denuncias de maltrato y de inasistencia también se han colado por las redes sociales y los celulares.

Nadie quiere el covid-19, obviamente, pero, es más: nadie quiere aceptar y decir que puede estar enfermo; lo mismo su familia, que no quiere que se sepa por la reacción negativa e inhumana del vecindario; y, si hay una muerte, se insiste en que fue por otra cosa. No sólo está el riesgo de la enfermedad, sino de lo que además acecha: rechazo, estigma, desatención, soledad, olvido e imposibilidad de despedirse.

Las actitudes y lenguaje de parte de algunos responsables del gobierno respecto a la enfermedad han aumentado ese temor: hablar de la enfermedad como delito, referirse a la búsqueda de gente enferma como “pesquisa”, pedir que se “denuncie” a quien esté con la enfermedad, etc. Forma parte de esa deshumanización en la que los cuidados, la cura, la atención, el cariño y el respeto hacen falta, todo eso que nos hace personas.

Aquí no hablo ya de los necesarios cuidados dignos a quien enferma, que es muy importante, hablo de que, ante esta enfermedad en la que hay muertes, muchas más de las que se registran oficialmente (esto pasa en todos los países), y en previsión de que haya posiblemente muchas más, es urgente atender dignamente a quienes se van, dar respeto a sus cuerpos, y posibilidad de despedida para las personas dolientes.

Se trata de, pese a todo, no caer en lo inhumano, y esto deben hacerlo quienes están circunstancialmente en posiciones de poder, de buscar maneras en que para las muertes se puedan imaginar nuevos rituales que permitan conciliar el respeto y cariño hacia quienes fallezcan y las limitaciones de la pandemia, crear algunos actos simbólicos y significativos de deferencia y recuerdo para quien se va, para quien se queda y sufre, para sabernos personas, sabernos sociedad y comunidad.