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El Covid 19 deja lecciones para construir nuevas formas de solución a los problemas de las mujeres: Nadine Gasman

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 26 de junio de 2020.- Un mensaje para vivir una nueva realidad que apueste por convivir en armonía y mayor igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo la autonomía de las mujeres, todas sus aportaciones y garantizar el derecho que tienen las mujeres a vivir libres de violencia, pronunció la titular del Instituto Nacional de las Mujeres.

Llamó a construir a las mujeres y a toda la ciudadanía desde las entidades y municipios del país “una nueva normalidad más igualitaria, más solidaria, local y feminista” este pasado 25 de junio, durante la conferencia mensual para conocer los avances del Grupo Interinstitucional contra las Violencias de Género y las acciones que se están realizando desde el Gobierno Federal en la atención de las mujeres en vulnerabilidad.

En compañía de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que las lecciones de la pandemia del COVID 19 fue aprender y diseñar nuevas formas de dar solución a los problemas que ya afectaba a las mujeres. 

También “nos enseñó nuevas formas de reconectar con nuestro entorno más próximo. Nos enseñó la importancia de lo local, y como este debe ser un punto a tener en cuenta en la construcción de una nueva normalidad más justa y solidaria”.

En un reconocimiento a la participación de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y de las Instancias Municipales, aseguró que las mujeres en cualquier rincón del país tienen la posibilidad de ser atendidas, de ser apoyadas en el momento en que soliciten el respaldo institucional si están enfrentando algún episodio de violencia.

Destacó que desde el inicio de la pandemia en las 32 entidades federativas las instancias de las mujeres han compartido cerca de 100 buenas prácticas con la intención de no dejar solas a las mujeres víctimas de violencia durante la pandemia. 

Como son las campañas de prevención en medios de comunicación redes sociales, aplicaciones digitales, perifoneo en las zonas de mayor incidencia delictiva de violencia contra las mujeres con traducción a lenguas indígenas.

Procesos de sensibilización y capacitación en temas de violencia, y la atención emergente y seguimiento a mujeres en situación de violencia mediante botones de pánico.

También mencionó las estrategias de prevención con campañas y actividades que promueven la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados. 

Mención especial le mereció la estrategia Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz), con la que se está promoviendo la participación de las mujeres en labores de pacificación y resolución de conflictos en las comunidades y municipios.

Asimismo, destacó la “Estrategia Integral para Promover la Autonomía Económica de Mujeres en Situación de Violencia”, la cual, con la colaboración del Programa “Tandas para el Bienestar” se busca incrementar las oportunidades de las mujeres violentadas, para emprender un micronegocio y lograr la autonomía económica que las pueda liberar de una situación de alerta”. Con el apoyo BIENESTAR y SEGALMEX.  

Asimismo, se crearon espacios como las “Salas de Situación y Análisis de la Violencia de Género” donde se crean estrategias de intervención territorial para la actuación inmediata ante casos de crisis.

La estrategia “Cubrebocas naranja” donde la iniciativa privada, como supermercados y farmacias, brindan apoyo a las mujeres que requieren apoyo en las cajas registradoras con el fin de poder conocer su situación y tener cómo contactarlas.

Incidencia delictiva contra mujeres, llega a 13 mil 544 víctimas en Tamaulipas

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  • Las cifras más altas se dan en los delitos de violencia familiar con dos mil 575 expedientes, 167 carpetas abiertas por delitos de violación.

Benny Cruz Zapata

SemMéxico/Observatorio Tamaulipas. Tamaulipas. 26 de junio 2020.- La incidencia delictiva que afecta o quita la vida a las mujeres en Tamaulipas; a llegado a 13 mil 544 denuncias, de acuerdo al reporte mensual que da a conocer el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, los casos mencionados van desde feminicidios hasta violencia familiar.

En el conteo estadístico de enero a mayo se incluyen las llamadas de emergencia relacionadas, con incidentes de violencia contra las mujeres; mismas que recaban los casos de abuso sexual, incidentes de acoso u hostigamiento sexual, violaciones, incidentes de violencia de pareja y los casos de violencia familiar.

Es de mencionar que la información sobre violencia contra las mujeres, da cuenta de que de enero a mayo, se tienen cinco feminicidios, 22 homicidios dolosos, 41 homicidios culposos, 480 mujeres afectadas por lesiones dolosas y 124 por lesiones culposas.

En el apartado de delitos que atentan contra libertad personal, en el informe se destaca que son los menos denunciados; un caso de secuestro, un caso de trata de personas, 36 casos de extorsión, 9 denuncias por corrupción de menores.

En tanto las cifras más altas se dan en los delitos de violencia familiar con dos mil 575 expedientes, 167 carpetas abiertas por delitos de violación.

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, dan cuenta de mil 051 incidentes de violencia contra las mujeres; 17 incidentes de violencia sexual, 44 casos de incidentes de acoso u hostigamiento sexual, 37 violaciones y tres mil 941 casos de violencia de pareja, además de cuatro mil 993 incidentes de violencia familiar.

Trabajadora es golpeada por su jefa en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer en Cancún

  • La víctima fue contratada para estudiar patrones de violencia contra la mujer.
  • Fue brutalmente golpeada por su jefa, el fiscal la despide.

Redacción

SemMéxico. Cancún Quintana Roo 25 de junio 2020.- Este jueves en diversos medios de Quintana Roo, trascendió sobre las  agresiones ocurridas al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE), perpetrada por una de sus coordinadoras contra una subordinada que ha resultado ser víctima doble ya que después de la agresión a golpes fue despedida por órdenes directas del Fiscal General del Estado.

El hecho ocurrió al interior de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Contra La Mujer y Por Razones de Género de Quintana Roo donde  la criminóloga y coordinadora de peritos, Paola Noemí Pérez, también ex Policía Federal, agredió en las instalaciones de esa dependencia a su subalterna, Silvia “N”; antropóloga social recientemente contratada por la Fiscalía y con un solvente currículum académico logrado incluso en universidades europeas aunque originalmente es egresada de la universidad de Quintana Roo y oriunda de la capital, ciudad Chetumal.  La joven perito que presenta, una semana después de la agresión, visibles hematomas en diversas partes del cuerpo fue contratada irónicamente para investigar patrones de violencia contra las mujeres.

Pero Silvia N, quién posterior a la agresión fue auxiliada por sus propios compañeros y presentó la denuncia correspondiente por los hechos, ha resultado víctima doble ya que unida a la brutal agresión física de su jefa fue despedida al inicio de esta semana por órdenes del Fiscal General del Estado Oscar Montes de Oca Rosales.

En una improvisada rueda de prensa ofrecida el día de ayer la víctima doble explicó que la brutal golpiza ocurrió el miércoles 17 de junio a las 10 de la mañana en su centro de trabajo, ubicado en Cancún, donde fue golpeada por su superiora inmediata, la criminóloga y coordinadora de peritos, cuando esta entró muy molesta a la oficina para reclamarle sobre una supuesta inasistencia laboral.

Indicó que le recordó que por instrucciones de la propia coordinadora de peritos y debido a la pandemia, se establecieron horarios de labores en la oficina, las mujeres trabajaría lunes y miércoles, los hombres martes y jueves, los días restantes ambos grupos trabajarían desde casa y el viernes se les autorizó de descanso porque fue el Día del Empleado Estatal, se atravesó sábado y domingo, que eran sus días de descanso y al lunes 15 ya todos regresaron a la nueva normalidad.

Dijo que todo eso se lo explicó pero de cualquier manera Paola Noemí Pérez le informó que se le descontaría un día, por lo que con pruebas de oficios y capturas de pantalla, el martes 16 presentó su queja ante sus autoridades internas.

El miércoles siguiente, a las 10 de la mañana, entró la mujer a su oficina, fuera de sí y gritándole, a lo que ella contestó que bajara la voz o abriera la puerta para que todos se enteraran, a lo que su jefa, fingió que abriría la puerta pero de pronto la agarró a puñetazos en la cabeza y oídos, en donde por cierto, tenía una reconstrucción; luego la tiró al piso y la siguió golpeando hasta que entraron sus compañeros a auxiliarla.

La mujer afirmó que fue atendida por elementos de la Cruz Roja. Ese mismo día presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, la cual entró con el número de carpeta 9768, por el delito de lesiones. También presentó su queja ante asuntos internos de la FGE y otra ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.

Por las lesiones recibidas el médico del IMSS le otorgó dos días de incapacidad, pero al regresar a laborar, el pasado lunes 22, fue notificada que su proceso interno estaba en marcha pero ella causaba baja inmediata por órdenes del Fiscal General.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha brindado un posicionamiento oficial de estos hechos en los que se demuestra, una vez más, el clima de incertidumbre y caos que prevalece al interior de esa entidad, presuntamente salvaguarda de la justicia, pero que ha sido acusada, igual que la Policía del llamado Mando Único y del propio gobernador Carlos Joaquín de promover y ahondar, aún más, en el clima de impunidad que priva en Quintana Roo. 

SEM/IL

Feministas celebran decreto de armonización en materia de violencia política

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  • Advierten retos y pendientes de cara a proceso electoral 

Estrella Pedroza 

SemMéxico. Morelos. 26 de junio de 2020.-  Integrantes del Observatorio Electoral de la Paridad de Género Morelos celebraron la publicación del  Decreto  por el que se armonizan leyes y normas  electorales para frenar y prevenir la  violencia política contra las mujeres, pero  advirtieron algunos retos de cara al proceso electoral 2020- 2022 y pendientes  normativos para generar aún mejores condiciones de igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos y electorales. 

Las feministas  y defensoras de los derechos  políticos de las mujeres,  se  pronunciaron  a favor del decreto número 690 publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” por  el que se reforman diversos artículos, se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos y, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad. 

Y enlistaron  18 avances  de los derechos políticos y electorales de las mujeres morelenses , entre los que resaltan que los partidos políticos que incumplan en hacer públicos los criterios a aplicar para garantizar la paridad de género en las candidaturas locales, serán acreedores a sanciones, que se  incluyó el  Procedimiento Especial Sancionador  que será el instrumento jurídico para sancionar las conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género.  

Además, quedaron claras  las conductas que se consideran violencia política contra las mujeres y  que las órdenes de protección son actos fundamentalmente precautorios y cautelares.

Las  integrantes del Observatorio Electoral de la Paridad de Género Morelos,  precisaron algunas acciones normativas pendientes para generar mejores de igualdad  sustantiva. 

“Consideramos que aún quedan pendientes normativos para generar aún mejores condiciones de igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, específicamente en lo que corresponde a los sistemas normativos indígenas, pero celebramos estos avances que darán mayor certeza jurídica en el próximo proceso electoral 2021”.

Por último, vislumbraron  algunos retos de  cara  al proceso electoral   2020 -2022: 

-Que las mujeres militantes de partidos estén atentas y dispuestas a exigir sus derechos al interior de los mismos.

-Contar con candidatas y candidatos comprometidos con el impulso de una Agenda de Género.

-Que las y los electores se identifiquen con las candidatas y les den su voto de confianza.

-Que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) en el marco de sus atribuciones capacite sobre el Procedimiento Especial Sancionador con perspectiva de género.

Miradas de reportero

Ya son 19 organismos socialistas unidos, sin Morena

  • El 1 de julio marcharán con trabajadores de salud


Por Rogelio Hernández López


SemMéxico. 26 de junio 2020.- Atención colegas del periodismo político pongamos más atención a las izquierdas bien definidas. En junio han incrementado sus actividades. Tendremos que reflejar el azoró que causarán las de corte socialista que siguen sumándose a un movimiento coordinado y que a partir de este domingo 28 de junio comienzan a realizar acciones públicas, pero, contra la lógica común, no son de apoyo incondicional al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Veamos los datos más recientes:

  • Ya son 19 los agrupamientos, con presencia en al menos 20 entidades del país, que se han sumado a un frente común de nombre Movimiento de Unidad Socialista (MUS) dónde no participa Morena. En julio de 2018 eran cuatro, para enero de 2020 ya sumaban 14 y en este mes de julio se han incorporado otros cinco.
  • Uno de sus primeros acuerdos es que para este domingo (28 de junio) comenzarían a mostrar la existencia del MUS en cada ciudad donde tienen militantes con mantas, carteles, pintas, volanteo y mensajes en redes sociales.
  • Otro acuerdo es llamar a todos los militantes de los organismos y a la población en general para sumarse a las manifestaciones de protesta de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud que se realizarán en al menos 20 ciudades del país el miércoles 1 de julio.
  • La mayoría de organismos que se han sumado al MUS (16 de los 19) firmaron y están circulando un documento llamado Construyamos un país seguro y sin militarismo en el cual proponen una estrategia nacional y alternativa de seguridad de 12 puntos, emplazan al gobierno de López Obrador a “desmilitarizar la seguridad pública antes de 5 años” y a “Respetar en todo tiempo y circunstancias la auto organización de las comunidades y autodefensas…”
  • Crece, en presencia y calidad, sus periódicos de información, análisis y discusión que circulan ampliamente. En junio aparecieron Unidad Socialista (número 4 del MUS) y el número cero de Unidad de las izquierdas, otro centro coordinador que no se define socialista pero que promueve los Comités de Defensa de la 4T con plataforma de izquierda. También, continúa sin interrupciones la revista libro semanal de nombre Tribuna Comunista (número 390) del Movimiento Comunista Mexicano, el grupo más nutrido de militantes experimentados y con formación política que pertenecieron al desaparecido PCM. Todos ellos contienen los datos que aquí se refieren.
    De 4 a 19
    Entre la izquierda política con basamentos ideológicos los acuerdos siempre son muy dificultosos. Los debates suelen ser muy prolongados, hasta por errores gramaticales. Con esas prácticas es más arduo acordar acciones unitarias y todavía más difícil construir frentes u organismos de acción común.
    Por eso, destaca la relativa velocidad con que ha crecido el Movimiento de Unidad Socialista con agrupamientos que se originaron en la izquierda radical: comunistas, trotskistas, maoístas; lombardistas y otros.
    Antes de las elecciones del 1 de julio de 2018, tras cinco reuniones se creó el Frente Democrático de Izquierda que emitió un documento público de apoyo para López Obrador. Lo integraron cuatro organismos: el Movimiento Comunista Mexicano (MCM), el Partido de los Comunistas de México, el Partido Popular Socialista de México y de un agrupamiento estudiantil llamado MONAE-M-18. Después ya no mostró más acciones conjuntas
    El segundo intento unitario si avanzó y se definió mejor después de tres reuniones. La primera el 14 de diciembre de 2019 a la que acudieron 70 representantes de 16 organizaciones políticas y sociales de 14 estados de la república. Las otras fueron en enero (18 y 28).
    Al empezar 2020 ya eran 14 los agrupamientos:
  1. Alternativa Martiana capítulo México. (Sin datos públicos).
  2. Central Unitaria de Trabajadores, CUT. (Con luchas campesinas e indígenas en Veracruz y en Guerrero, y otros movimientos en Baja California Norte, Nayarit, Jalisco, Colima, Sinaloa, Campeche y Coahuila.)
  3. Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, en lucha, COCEI-ML. (Desprendimiento de la COCEI original de Oaxaca).
  4. Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), (Frente de cuatro organizaciones trotskistas como la Liga Socialista Revolucionaria (LSR), el Comité de militantes de la IV Internacional en la CDMX y el Colectivo Colima Anticapitalista; todas se asumen como de la Cuarta Internacional (Secretariado Unificado) con presencia en la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, San Luis Potosí, Guerrero y Sinaloa).
  5. Frente Amplio Socialista, FAS (Sin sitio Web, ni muro en Facebook ni noticias que lo muestren al parecer intencionalmente).
  6. Frente de Organizaciones Sociales de Veracruz (FOSVER),
  7. Frente Estatal de Trabajadores de la Educación y Ciudadanos de Chiapas (FETECH),
  8. Frente Popular Francisco Villa, FPFV. (Con presencia en la CDMX y Estado de México)
  9. Movimiento Comunista Mexicano, MCM. (Núcleo veterano desde la disolución del PCM y que mantiene pláticas para acciones unitarias con otros grupos políticos comunistas como Rumbo Proletario).
  10. Movimiento para la Liberación Nacional y el Socialismo, MLNS. (Agrupamiento de carácter lombardista y con presencia en Veracruz).
  11. Organización Nacional del Poder Popular, ONPP. (de carácter social con presencia en Chiapas y Oaxaca).
  12. Partido de los Comunistas Mexicanos, PCM. (crisol de exmiembros del Partido Popular Socialista de Jorge Cruickshank, Partido de la Revolución Socialista de Alejandro Gascón Mercado y otros).
  13. Partido del Trabajo, PT. (único con registro electoral, de origen maoísta y aliado de Morena en los congresos federal y locales).
  14. Poder de los Movimientos Sociales, PODEMOS. (Lo forman dos círculos activos en la CDMX y Chiapas y se reivindica como filial del partido-movimiento español).
    Y después de eso, según el órgano del MUS, para el mes de junio, se habían incorporado los cinco siguientes:
  15. Catedra “Antonio Gramsci”;
  16. Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25 (FEDEF25);
  17. Movimiento Ciudadano del Sur (MCS);
  18. Organización Campesina Popular Independiente de la Huasteca Veracruzana (OCPIHV);
  19. Unión de Juristas de México (UJM).
    Otra estrategia de pacificación
    El 2 de junio la mayoría de las organizaciones (16 de las 19) aprobó y comenzó a circular uno de sus acuerdos más importantes tras varias semanas de discusión.
    En el sentido del texto resalta que no es de pleno apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
    Proponen una estrategia de seguridad pública alternativa: “Esa estrategia y planificación para alcanzar la pacificación del país y, a partir de ésta, su desarrollo armónico, debe contener por lo menos los siguientes puntos:
    1-Desmilitarizar la seguridad pública antes de 5 años. (subrayados de RHL)
    2-La desmilitarización podría iniciarse a plazos muy cortos, en estados y regiones en donde la criminalidad sea marginal. Esta decisión deberá corresponder a procesos de certificación ciudadana, ya sea por los usos y costumbres comunitarios, de representantes de organizaciones civiles (sindicatos, cooperativas, ejidatarios, populares, etc.) y del poder legislativo local.
    3 – Respetar en todo tiempo y circunstancias la auto organización de las comunidades y autodefensas, ya que son éstas las que realmente pueden garantizar permanentemente la paz social y el abatimiento de la delincuencia.
    4 – Depurar los cuerpos policiacos. Dotarlos de una nueva cultura de servicio público y de respeto a los derechos humanos, de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Dotarlos de equipos y capacitación técnica para el mejor desempeño de sus funciones. Crear mecanismos permanentes de evaluación y control ciudadano en cada demarcación o municipio.
    5 – Investigar y enjuiciar a todos los exfuncionarios públicos y mandos militares ligados a los cárteles y crimen organizado en general…
    6 – Esclarecer los crímenes en donde estuvieron involucradas las fuerzas armadas (Ayotzinapa, Tlatlaya, etc.) y, en tribunales civiles, enjuiciar a los responsables a lo largo de toda la cadena de mando.
    7 – En ninguna circunstancia utilizar a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo, promesa de campaña que ha cumplido hasta el momento el gobierno federal.
    8 – A las fuerzas armadas debe imbuírseles una mentalidad diferente, generándoles conciencia de la necesidad de su participación en tareas del desarrollo nacional donde se sientan como lo que son, parte misma del pueblo…
    9 – Destitución de los altos funcionarios públicos que lo fueron durante los gobiernos neoliberales.
    10 – Continuar combatiendo las diversas políticas neoliberales que generan la destrucción del tejido social…
    11 – Impulsar un amplio debate público para definir la política de seguridad y el nuevo rol que deberán jugar los cuerpos armados del Estado en la reconstrucción….
    12 – Implementar un programa de preparación e instrucción de la sociedad civil para que, con conocimiento y conciencia de su responsabilidad, sea ésta la que paulatinamente vaya tomando en sus manos el mantenimiento de la paz social…
    En este manifiesto que en los convenios de las izquierdas funciona como un acuerdo programático (metas que defenderán en común) no aparecen los nombres de tres de las 19 organizaciones que forman parte del MUS: Frente Amplio Socialista (FAS); Frente Popular Francisco Villa (FPFV) y el Partido de los Comunistas Mexicanos (PCM).
    En los próximos días causarán azoro en los círculos de la Presidencia de la República, y más entre la militancia y dirigentes del partido Morena, estas acciones y declaraciones de las izquierdas socialistas. Lo más sorpresivo quizá será ver a la izquierda radical unirse a las marchas de protesta de los trabajadores de la salud en varias ciudades del país el miércoles 1 de julio, en la que harán públicas diez exigencias al gobierno de la Cuarta Transformación.
    Colegas, esta es ya otra fuente de la política que nos obliga a reportear con precisión y oportunidad.

Avanza aprobación de la Ley Olimpia e incremento a penas al feminicidio

* Aprueban otras reformas nueve reformas en materia de género

* Aumentarían hasta 60 años las penas de feminicidio, pasarán al pleno

Redacción

SemMéxico, Mexicali, B.C. 25 de junio, 2020.- En sesión de Comisión de Justicia se aprobaron las iniciativas al Código Penal Local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California y que se refieren a reconocer y tipificar la violencia digital (Ley Olimpia), de género; y el incremento de la pena del delito de feminicidio.

La comisión, que preside el diputado Víctor Manuel Morán Hernández, aprobó el dictamen que aborda 9 iniciativas de reforma en materia penal, presentadas en distintos momentos y por diversos legisladores, con el impulso de colectivas, y que fueron atendidas de manera conjunta, debido a que guardan entre sí una estrecha relación, pues emplean acciones legislativas para proteger a la mujer. 

Este dictamen fue aprobado por 7 votos favor, 0 en contra y 0 abstenciones, siendo la sesión conducida por el diputado Víctor Morán y por la diputada Secretaria Montserrat Caballero Ramírez, contándose con la participación de los diputados integrantes: Manuel Molina García, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, Ramón Vázquez Valadez y Elí Topete Robles.

Al razonar su voto a favor, la diputada Montserrat Caballero dijo que: “hoy es un día histórico para las mujeres y hombres bajacalifornianos ya que en la XXIII legislatura, llevamos a cabo la aprobación de este dictamen que contiene iniciativas que generan el respeto y la igualdad de género y la equidad paritaria que tanto necesitamos y no lo hubiéramos logrado sin la participación de hombres tan valiosos de esta comisión y de consultoría legislativa”, creo que es un buen mensaje para decir que las mujeres no estamos solas”.

Por su parte el diputado Víctor Morán felicitó a las y los inicialistas de estas nueve propuestas, “me congratula ver avances legislativos en temas tan sensibles para nuestra sociedad como el feminicidio en el cual se propone aumentar la pena hasta por 60 años y tipificar nuevas formas de violencia, especialmente la cometida contra la mujer bajacaliforniana, además es un avance legislativo muy importante en el tema de los delitos cibernéticos,  toda vez que hoy en día a través de los medios de comunicación electrónicos, suelen presentarse diversas formas de violencia como lo es el hostigamiento, el compartir imágenes o videos íntimos sin el consentimiento de una persona, entre otras conductas que actualmente no están tipificadas en el Código Penal del Estado, acciones, que sin duda alguna dañan y laceran en mayor porcentaje a la Mujer”.

Reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

El dictamen contiene las propuestas legislativas consideradas como procedentes y que son:  Iniciativa de reforma a los artículos 184 BIS y 184 TER del Código Penal para el Estado de Baja California, presentada por la diputada María Trinidad Vaca Chacón.

Iniciativa de reforma los artículos 184 SEXTIES y 184 SEPTIES, del Código Penal del Estado, así como el artículo 7 BIS de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Baja California la diputada Araceli Geraldo Núñez.

También contiene iniciativa de reforma al artículo 129 del Código Penal del Estado, presentada por el diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, con la intención de incrementar la penalidad del delito de feminicidio. 

Contempla, además, la iniciativa de reforma al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California, presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez.

De igual manera, la iniciativa de reforma los artículos 175 SEXTIES y 185, así como la adición de un diverso numeral 175 SEPTIES al Código Penal del Estado, presentada por la ciudadana Luz Elena Fonseca Rentería.

Se consideró procedente la Iniciativa de reforma al artículo 175 SEXTIES del Código Penal del Estado, así como el artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, presentada por los diputados: Julia Andrea González Quiroz –quien destacó el impulso de Olimpia Coral-, Miriam Elizabeth Cano Núñez, María Trinidad Vaca Chacón, María Luisa Villalobos Ávila, Juan Manuel Molina García y Rodrigo Aníbal Otáñez Licona.

Cabe mencionar que el proyecto de dictamen aprobado este día, posteriormente serán sometidos a votación en sesión de Pleno de la XXIII Legislatura, así como las reservas planteadas por diputados y por el representante del Ejecutivo, Julio Felipe García Muñoz en relación al feminicidio.

SEM/sj

Por austeridad, INMUJERES modifica reglas de programa y afectará a municipios

  • Se dará prioridad a institutos y secretarías estatales 
  • Quedarán sin efecto recursos ya aprobados

Guadalupe López García

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de junio, 2020.- Los municipios del país se verán afectados con el posible recorte a los recursos que la federación otorga a través del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) para el Ejercicio Fiscal 2020, con el Acuerdo por el que se modifican diversos numerales de sus Reglas de Operación (ROP). 

El ajuste publicado este día en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que cuando las instancias competentes realicen adecuaciones presupuestarias que afecten la ejecución del programa que transfiere recursos a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) notificará a las instancias que cuenten con oficio de aprobación de recursos, dejando el mismo sin efecto y notificando la terminación anticipada de su Convenio Específico de Colaboración.

En esa circunstancia, agrega, se dará prioridad a los proyectos validados de la Modalidad I, la cual comprende apoyo a los institutos y secretarías estatales de las mujeres (o con otras denominaciones afines que promueven la igualdad entre mujeres y hombres). La Modalidad II concentra los apoyos a las instancias o institutos municipales de las mujeres. 

La tercera Modalidad con la que el INMUJERES distribuía recursos a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), instalados en las entidades, fue absorbida en la Modalidad I. Estos espacios funcionan con recursos de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), como una “estrategia de empoderamiento para las mujeres”, de acuerdo con las ROP. 

La decisión se basa en las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo con el Decreto publicado en el DOF el 23 de abril de 2020, así como en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que el INMUJERES consideró necesario realizar precisiones y ajustes a las ROP del PFTPG de este año.

Las Reglas de Operación establecen el objetivo del PFTPG: “Fortalecer institucionalmente a los MAM para que contribuyan a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres en las entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de la Ciudad de México con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el diseño y ejecución de acciones de atención y medidas especiales de carácter temporal”.

Los montos asignados son a través de un proceso de selección definido por las ROP de cada ejercicio fiscal. Los MAM deben cumplir con la documentación requerida y presentar un proyecto que incluya las actividades y metas que marcan las ROP. Los resultados se dan a conocer en los primeros meses del año, pero el recurso asignado se entrega meses después. 

Este año, a mediados del mes de marzo, el INMUJERES notificó a los MAM estatales y municipales, mediante oficio de aprobación, la asignación de los subsidios a los proyectos seleccionados. Pero debido a la contingencia sanitaria por la Covid19, el decreto de austeridad del 23 de abril y el acuerdo de hoy, el monto se distribuirá en siete ministraciones y se dará prioridad a los proyectos de la Modalidad I, con la probabilidad de que los municipios queden fuera del PFTPG.

En la siguiente tabla se presentan los recursos que la federación ha otorgado a través del PFTP tanto a gobiernos estatales como a municipales en los últimos tres años. El monto que más ha disminuido ha sido para los municipios, los cuales, de acuerdo con especialistas en el tema, es el nivel de gobierno en donde se presentan más atrasos en el cumplimiento al marco normativo en materia de derechos humanos de las mujeres. 

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Padrón de Beneficiarios. Retomado de: https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/padron-de-beneficiarios-96873?state=draft

Sem/glg/

Invisibilizados los crímenes de odio contra personas la comunidad LGBT

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* Registran 209 casos en las diez entidades entre 2014 al 2020

* Busca Observatorio Nacional reducir la impunidad

Elda Montiel 

SemMéxico, Cd. de México, 25 de junio, 2020.- En México por cada crimen de odio en contra de personas de la comunidad LGBT hay al menos tres invisibilizados, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, en su informe 2020.

Su objetivo es acabar con este tipo de delitos y avanzar con la protección de los derechos humanos para todas las personas, además de contar con el registro oficial para lograr incidir en las políticas públicas para reducir la impunidad. 

Una de sus fuentes de información son los medios de comunicación y las redes como en el twitter que registró en junio la muerte en Veracruz de una mujer transgénero que fue ejecutada a tiros dentro de una estética en la colonia San José del Municipio de Fortín, Veracruz. La víctima fue identificada como Anel Valenzuela Morales de 45 años, señala la información.

A pesar de la falta de registros oficiales, el Observatorio en su plataforma tienen ya registrados 209 casos en las diez entidades que conforman el Observatorio, desde el año 2014 al 2020. 

Durante décadas han vivido en contexto de violencia generalizada, la expresión más brutal de violencia contra la población LGBT son los crímenes de odio, al carecer de un registro oficial, éste queda en las manos de las organizaciones sociales. La denuncia y la documentación.

El asesinato de personas por su orientación sexual, expresión e identidad de género refleja odio y un atentado a la libertad de ser; odio que posiblemente esté arraigado en ideas fundamentalistas y/o hegemónicas de la sexualidad, señalan en su Primer Informe.

Demandan una política pública y ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que en el 2018 realizaron las gestiones para que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal (EPU), recomendara al gobierno mexicano llevar un detallado registro de los crímenes de odio que sufren las personas LGBT en nuestro país.

Los crímenes de odio contra personas LGBT son una realidad en México, lo que coloca a nuestro país en el segundo lugar con este tipo de crímenes, pero desafortunadamente, señalan que no se cuenta con la evidencia que les permita afirmar o refutar esta situación. 

El Observatorio cuenta con tres líneas de acción que buscan atacar el problema: el registro de casos para su reconocimiento formal; la capacitación a medios de comunicación para el manejo preciso y adecuado de la información; y la incidencia política para reducir la cantidad de casos y la impunidad. 

En su primera fase, el Observatorio se ha iniciado con organizaciones, colectivos y redes LGBT de 10 estados de la República: Baja California, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz, y confían en breve ampliar la cobertura para contar con un Informe Nacional.

De los 209 casos registrados en diez estados, Veracruz, Chihuahua y Michoacán son los estados con mayor número de casos. El grupo de personas trans son los que ocupan el primer lugar todos los años, y el segundo lugar lo ocupan la población gay.

La edad promedio, es decir el 30.1 % son personas adultas jóvenes entre 20 y 30 años, la mayoría no pasa de los 40 años. Aunque se registró a la víctima más joven con la edad entre 5 y 9 años y la mayor con 69 años de edad. 

Las principales causas de muerte son impactos de bala y arma blanca. Le siguen la golpiza y la asfixia. 

De la totalidad de casos, se desconoce si hay alguna persona detenida en el 40.7 %; del 59.3 % restante, solo en un 31.5 % hay alguien detenido, mientras que en un 68.5 % nadie ha sido arrestado por el crimen. Estos porcentajes revelan el grado de impunidad que impera en estos casos.

Obstáculos para recabar información 

Por otra parte, incluso en los estados donde ya están tipificados los crímenes de odio contra personas LGBT y se han hecho las reformas correspondientes al Código Penal, siguen acumulándose casos de impunidad, haciendo evidente la apatía y falta de interés para investigar, procesar y dar resolución a estos casos. 

Es de resaltar también el deterioro a la credibilidad de instituciones públicas y al sistema de justicia en general, así como la escasa cultura de denuncia que deja en la invisibilidad e impunidad a muchos crímenes.

Señala el Observatorio que la primera estrategia empleada fue solicitar información sobre los casos de crímenes de odio contra LGBT a la Fiscalía General por medio de la Plataforma de Transparencia. 

El sistema no cuenta con la información necesaria para identificar si el homicidio correspondía a una persona LGBT, ha sido la respuesta, o en mayores indagaciones sobre los casos de los que se tenía conocimiento respondían: “en caso de que existiera una noticia criminal, denuncia o querella relacionada con [dicho homicidio], la misma información tendría la clasificación de reservada”. 

También se han enfrentado a la falta de respuesta por parte de las autoridades, y han tenido que lidiar con cambios de gobierno (estatal y municipal) y reestructuración interna de las Fiscalía estatales. También han influido factores personales/humanos como problemas de salud y el lamentable fallecimiento de miembros del equipo. 

La participación activa de los medios de comunicación con un registro adecuado de los hechos es fundamental para la eliminación de los estigmas y prejuicios que penden sobre las espaldas de la población LGBT.

“Nuestra sociedad necesita de narrativas que contribuyan a impulsar el respeto y el reconocimiento de nuestra amplia diversidad para conformar un tejido armonioso que dé cabida a cada una de las personas que la conforman en plena libertad”, se lee en el informe. 

Esto no será posible sin la participación activa y coordinada entre defensores de derechos y profesionales y directivos de los medios, que apoyados con instancias como la academia den curso a otras miradas y expresiones en los medios de comunicación. 

El gobierno de México tiene un compromiso para responder puntualmente en la próxima Evaluación de su ejercicio de Derechos Humanos para dar cumplimiento a las recomendaciones que le han sido planteadas, para que los casos de homicidio contra personas LGBT sean debidamente documentados e investigados que permitan acabar con la impunidad y la reafirmación de estas acciones. 

Así como la instalación de Mesas Interinstitucionales constituirá un mecanismo donde las instancias de justicia y derechos humanos, junto con defensores de derechos, definan las mejores estrategias para acabar con la impunidad y estas nocivas prácticas.

Informaron también que debido a la contingencia por Covid-19 se suspendieron actividades que se tenían planeadas, sin embargo, se llevaron a cabo varias reuniones con las instancias gubernamentales. En resumen, al menos una actividad de incidencia política se llevó a cabo en CDMX, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Puebla.

En CDMX se abordó principalmente el tema de violaciones de Derechos Humanos de las personas trans. 

En Coahuila se realizaron diversas actividades para dar seguimiento a la propuesta de ley para tipificar los crímenes de odio y para presentar la situación sobre estos crímenes en el estado.

En Jalisco las reuniones han sido con la Fiscalía General del Estado, con Seguridad Pública, con la CEDH, con la presidencia municipal y con diputadas y diputados del Congreso del Estado. 

En Michoacán tuvieron lugar 6 reuniones en la FGE; en este estado ya está instaurada le mesa interinstitucional de incidencia política y se ha iniciado con la revisión de carpetas de investigación. 

En Nuevo León ya está en marcha la gestión para la instauración de una mesa de trabajo con CEDHNL y FGE, así como la gestión para firmar un convenio entre las organizaciones del Observatorio y la FGE para dar seguimiento a los casos. 

En Puebla se organizó un foro en el H. Congreso del Estado sobre Discriminación, violencia y crímenes de odio contra la población LGBTTTI+. Cabe destacar la disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, para llevar a los Estados el compromiso de impulsar un registro adecuado de los casos de crímenes contra personas LGBT, pero habremos de insistir en el establecimiento de Mesas Interinstitucionales con las instancias de seguridad y derechos humanos, para que esto sea una realidad en todo el país. 

SEM/em/sj

Llaman a 19 Congresos locales a reconocer el matrimonio igualitario

* Diputada Wendy Briseño llama a reconocer normatividad internacional y criterios de la Corte

* Sus relaciones son invisibilizadas y sus derechos negados

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 25 de junio, 2020.- La diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena) convocó a los congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a adecuar la legislación civil y/o familiar, a fin de reconocer el matrimonio igualitario.

El llamado es congruente e los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI, señala en un comunicado.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género apuntó que son muchos los espacios de la vida pública y privada en los que persiste la segregación y la discriminación en contra de la comunidad LGBTI, siendo uno de ellos, la ausencia del reconocimiento de las uniones civiles de parejas del mismo sexo ante el Estado.

En consecuencia, dijo, las personas identificadas con esta comunidad no pueden contraer matrimonio civil ni ser consideradas como concubinas, negándose con ello los derechos y obligaciones que se derivan de esas figuras, como podrían ser el derecho de sucesión, el derecho a contar con el servicio médico de la pareja, el derecho a una pensión alimenticia, a ser reconocidos como una familia, entre otros.

“Sus relaciones son invisibilizadas y sus derechos negados, pues se considera que dichas relaciones se apartan del único ejercicio de la sexualidad considerado socialmente legítimo: el heterosexual, y no representan lo que social y culturalmente se ha definido como la familia tradicional”.

Insistió que el reconocimiento de derechos humanos y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, debe incluir el matrimonio igualitario como una acción de gobierno y en su caso legislativa, tendiente a reconocer la igualdad jurídica de personas LGBTI para suscribir un contrato social, como lo es el matrimonio civil.

Briceño Zuloaga añadió que las autoridades competentes de las entidades federativas tienen la obligación de garantizar a las personas LGBTI el ejercicio de sus derechos sin discriminación por su orientación sexual, para lo que se requieren avances legislativos y en políticas públicas que respalden el “principio pro persona”.

En ese sentido, pidió a los congresos estatales, mediante un punto de acuerdo, que realicen un análisis minucioso de su normativa actual y modifiquen todas aquellas leyes vigentes discriminatorias hacia las personas LGBTI y sean adecuadas al marco internacional y los estándares nacionales que de manera progresiva, han reconocido los derechos de estas personas.

SEM/sj

Ambigú

¿Faltarían o sobrarían patrocinadores a Latinus?

+ Julio Se Roa y enlapolitika.com, crítica a los críticos

+ La “mano derecha”, Pascual, nunca Olamendi

Por Martha Elba Torres Martínez

SemMéxico. 25 de junio 2020.- El periodismo ciudadano o periodismo 2.0, sin duda es un fenómeno de la actualidad social gracias a las redes. Millones de personas en el mundo, que en el lugar correcto y en el momento exacto, a través de sus dispositivos, participan en los procesos de  producción y difusión de información que a su juicio es de interés público.

De este periodismo, digamos callejero, se nutren muchos medios de comunicación y digamos, el periodismo profesional, que en la aplicación estricta de las técnicas, deben ante todo tamizar esa información con la verificación de datos o imágenes para comprobar su veracidad.

Bajo esta figura de periodista ciudadano busqué ajustar a Julio Se Roa, un latino estadunidense de Chicago, que se define como “reportero independiente” -free lance-, y que hasta ahora captó mi radar, con su publicación sobre el supuesto financiador o dueño de Latinus, Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular del gobernador de Silvano Aureoles, quien hace más de semana fue entrevistado por Carlos Loret de Mola.

En su video, Julio revela que a través de un chat, le dieron a conocer la identidad del dueño de Latinus: Olamendi, y recalca reiteradamente su cercanía con Aureoles Conejo: “su mano derecha”. Luego entonces, el hijo de Alonso Raya es el prestanombres del gobernador.

Una somera investigación en la web, le habría aportado a este “reportero independiente” mayores elementos sobre Olamendi -apellido de madre- y su relación con el gobernador michoacano. Todos los periodistas de Michoacán lo conocimos. Que unos se hayan hecho guajes, es otra cosa.

El 30 de septiembre de 2015, que Aureoles dio a conocer a los integrantes de su gabinete, mencionó a Miguel Alonso Olamendi como responsable de la representación de Michoacán en la Ciudad de México.

Supimos de él, hasta el 16 octubre de 2016, que lo presentó en Palacio de Gobierno, como nuevo secretario particular, entre otros relevos. De todos, el área de prensa, proporcionó las currículas, menos la de Olamendi. No cayó nada bien el nombramiento: a un total desconocido, hasta para los medios, le daba el poder del picaporte de su despacho.

El columnista Mauricio Flores, en La Razón, del 5 de noviembre de 2015, escribió: “Junior de izquierda. El esfuerzo de Silvano Aureoles para devolver tranquilidad y prosperidad a Michoacán, puede enfrentar fuego amigo. Y es que entre el personal de The Palm o Sence, la leyenda es la de Miguel Alonso Olamendi que entre grandes convites y rubicundas francachelas, se ostenta como “operador de los negocios” en Michoacán en seguridad pública, salud e infraestructura. Además, es sabida su afición por rentar jets Hawker 800 cuya matrícula empieza con “N”. ¿Será? Ojalá y no”. (http://www.razon.com.mx/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=283699)

Pero además de Jr. y fiestero, era un irresponsable. En la página Poderjudicialvirtual.com aparece el expediente 1030/2011 del juicio de controversia familiar sobre pensión alimenticia promovido por Hadid Lores Suely en contra de Miguel Alonso Olamendi.

Por conversaciones off the record, supe que quien le endilgó a Silvano a Olamendi, fue su padre Alonso Raya, que junto con Pepe Guadarrama, se le pegaron como lapas una vez que ganó en 2015.

El único que ahí sigue es el hidalguense, porque el guanajuatense Raya se esfumó de repente.

La razón era obvia. El 24 de mayo de 2017, La Neta Noticias subió un par de fotografías y una nota, del secretario particular y del asesor Salatiel González, en una casa de Acapulco, durante las vacaciones de Semana Santa. Según la denuncia anónima que reprodujo el portal, ambos funcionarios públicos estuvieron acompañados por mujeres y viajaron en un avión pagado por el Gobierno del Estado de Michoacán.

Además, la carta enviada a LNN narra que Miguel Alonso Olamendi “es muy esplendido con sus acompañantes a quienes les regala bolsas europeas carísimas que tienen un costo que va de 30 hasta 40 mil pesos, además obsequiar joyas y anillos marca Tiffany que cuestan desde 100 a 200 mil pesos”.

Tras el escándalo, Miguel Alonso y Salatiel salieron por la puerta de atrás de Casa de Gobierno en muy malos términos. Por meses no hubo nuevo nombramiento, hasta el 4 de abril de 2018, que el área se transformó en la Jefatura de la Oficina del Gobernador y desde entonces está el doctor Erick López Barriga, todo un profesionista y político discreto.

Todo esto permite delimitar con elementos comprobables, el objeto de la publicación de Julio Se Roa, que no era Carlos Loret, incluso ni el propio Olamendi, porque una simple búsqueda lo hubiera conducido a esas fotos y nota de La Neta. Por tanto, en la mira estuvo Aureoles Conejo y que este viernes recibe al presidente López Obrador en Michoacán. Por lo menos así confirmado al cierre de esta entrega.

Confieso que me habría gusto encuadrar a Julio en el periodismo ciudadano como parte de los ecosistemas mediáticos estadunidenses. Pero no. En su canal de YouTube, La Voz de Julio y su sitio en la politika.com está dedicado a los críticos de la 4T, particularmente contra periodistas, como Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga, con quienes ya se ha aventado sus buenos rounds, y hasta ahora me entero.

Pero eso no ya ni siquiera es relevante, porque el mismísimo Presidente de la República pidió a las y los mexicanos que se definan: están conmigo o contra mí.

Dos cosas a resaltar:

Se equivocó Julio rotundamente en que Miguel Alonso Olamendi haya sido la “mano derecha”. Todo Michoacán lo sabe, particularmente periodistas y políticos: la mano derecha de Silvano siempre fue Pascual Sigala, quien falleció en mayo pasado. Son hermanos desde la Universidad, e inseparables desde que los conocí, allá en 1989. Eran unos chavalitos echando madrazos junto a Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional.

La segunda. Que como predicador religioso -en este caso político- pida contribuciones económicas para realizar su trabajo. Lo que sea, 2, 4 ó 60 dólares, como lo premiaron ayer por difundir la nota de Latinus, Olamendi y el gobernador michoacano. ¿Qué le duele? Los 350 mil pesos que cuesta la producción de cada programa de Loret y Brozo, mientras él carga su camarita y lo graba su esposa.

¿Quién financia realmente Latinus? Sepa. Eso sí, queda muy claro que hay un montón dispuestos a patrocinar.

Como se está patrocinando desde la 4T…

                                                                              ***

La fabricación de esta noticia de Julio Se Roa, tiene un objetivo interesante, en cuanto pretendió meter ruido en el encuentro previsto para este vienes en Michoacán.

Hay tantas cosas que tendrían que hablar Silvano y Amlo sobre el estado y sus apremiantes necesidades, que andar aclarando si fondea o no, los putazos de Loret y Brozo, que son de años y por eso les costó sus espacios en Televisa y Aire Libre.

Otra cosa es importante que conozca López Obrador de viva voz de Silvano, son las razones de la controversia constitucional por la militarización de la seguridad pública, con efectos solo para Michoacán. De carácter nacional, fue la promovida por Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y que ayer mismo, había dado entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la estatal se dictará sentencia en unos meses más.

Y es que es muy valioso que López Obrador escuche más allá de su corte de lacayos. Le endulzan el oído, le dicen que todo está bien afuera, cuando está de la chingada, como lo ha comprobado en sus recorridos. No hay parada, donde no le brinque el Frente Nacional Anti Amlo, o los FRENAAs, como ya se les comienza a motear en las redes.

Pidió definiciones y ahí están. Caravanas espontáneas por calles de cualquier ciudad y a cualquier hora, claxonazos y ¡fuera Amlo!

Si le cantan al oído que son poquitos, puros prianistas, puede que sí. Y habrá perredistas, e independientes, apartidistas, votos blancos y nulos, valemadristas. Pero las cifras no mienten.

De entrada, los 25 millones que jalaron con el PRI, PAN y PRD, porque Amlo no los cautivó, como al 1.5 millones que prefirieron anular que votar por él o por otro candidato. Y qué tal los 35 millones que nunca votan y resultó peor.

Entonces, es entendible, que no aceptable, que el Presidente quiera meter mano el próximo año. Lo que puede suceder, es que se pedirán observadores electorales de todos los países democráticos para que constaten otra elección de Estado…

                                                                              ***

LA COMIDILLA

El mosco que habrá picado al secretario de Gobierno, Carlos Herrera, para golpear a la secretaria de Salud, Diana Carpio, con el caso de las fiestas patronales en Purépero, y en las que se violentaron las normas de sanidad. De las fotografías que acompañaban el reporte, una no correspondía a este año, lo que pudo resolverse, “bajándola” y aceptando el error.

Pero en conferencia de prensa, Herrera Tello, señaló que la SSM difundió “información equivocada, falsa, el alcalde salió a aclarar y quedó demostrado que esa foto es de otro año, ni siquiera fue este año”.

Pues la información no resultó tan falsa, porque el ayuntamiento de Purépero dio a conocer que se habían remitido a barandilla a 37 personas -hombres y mujeres- de 70 enfiestados.

No sé si entienda el secretario de Gobierno, la gravedad de difundir información “equivocada, falsa” por parte de un ente gubernamental, pero lo que sí es evidente, es su coraje contra la doctora Carpio, que solo hace su chamba con la epidemia.

Condena organización violencia contra las mujeres en Guerrero

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* Llaman a las mujeres a denunciar y a las autoridades a dejar de simular acciones

* La Coalición Nacional de Mujeres Rurales sostiene que se desconocen las cifras de la violencia

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 25 de junio, 2020.- La Coalición Nacional de Mujeres Rurales (Conamur) condenó el ataque y la violencia contra las mujeres en el puerto de Acapulco, y exigió al Estado garantizar su seguridad y dejar la simulación, al mismo tiempo de llamar a quienes estén viviendo algún tipo de violencia, visibilizarla a través de la denuncia.

En el marco del día 25, Día Naranja, contra la violencia hacia las mujeres, la Conamur dio a conocer un pronunciamiento, en el que condena los hechos de violencia de género que están ocurriendo en todo el Estado de Guerrero, específicamente en el puerto de Acapulco.

Refiere el caso de la joven Fernanda O., quien el pasado 19 de los corrientes, fue privada de su libertad y amenazada con violencia para violarla, en un descuido de sus captores logró escapar, corrió y se arrojó a los riscos, rodó hasta llegar al mar, nadó durante horas hasta que unos pescadores la rescataron, la llevaron a tierra y entregaron a las autoridades.

Fernanda O. presentaba un cuadro de hipotermia por las horas que estuvo en el mar, fue internada en un hospital del puerto, presentaba rapaduras, lesiones, contusiones múltiples y dislocación de su rodilla derecha, por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

“Esta situación lamentable solo es un ejemplo de lo que se vive en el municipio de Acapulco y en todas las regiones del estado de Guerrero. La Coalición Nacional de Mujeres Rurales expresó su profunda indignación y condenó la violencia hacia las mujeres que está ocurriendo en el puerto de Acapulco”, puntualiza la organización.

Fernanda O. no es la única mujer en este municipio que ha sufrido violencia física, sexual e incluso daño moral, la situación se extiende tanto en la zona urbana como rural “y tampoco sabemos con cifras exactas y nombres la cantidad de mujeres que hasta este momento están siendo agredidas de alguna forma o siendo víctimas de violación o feminicidio”, subraya la Conamur.

“Y no sabemos de ellas porque no pudieron salvar su vida corriendo o gritando, porque nadie las rescató, porque sus familiares no tuvieron acceso a los medios para denunciar y, sobre todo, porque no hay vigilancia ni registro de estos casos”, recalca.

Al considerar que el Estado de Guerrero cuenta con Alerta de Violencia de Genero (AVG) desde hace tres años y que la normalización de la violencia de parte del estado y el municipio, no es opción de vida para la ciudanía, la Conamur exige que se trabaje al interior de los Sistemas Estatal y Municipal, propuestas concretas de política públicas acordes a la situación actual con impacto en la sociedad, y no solo de cumplimiento ante las propias instancias gubernamentales.

También exige al Estado, garantizar la seguridad de las mujeres de acuerdo a las normas jurídicas y no solo simular que lo está haciendo. A las mujeres, las llamaron a denunciar cualquier tipo de violencia de que estén siendo víctimas.

SEM/jap/sj

De igualdad y no de retroceso, la nueva normalidad Post COVID 19

* El confinamiento aumentó la violencia contra las mujeres y la carga del trabajo de cuidados

* Analizan los efectos y consecuencias de la pandemia desde el enfoque de género

Elda Montiel 

SemMéxico, Cd. de México, 25 de junio, 2020.- El futuro para las mujeres después del COVID 19 es no regresar a la normalidad, eso sería un retroceso por los niveles de violencia, represión y pobreza que ya se tenían, se tiene que reconstruir una nueva realidad en la que haya corresponsabilidad entre hombres y mujeres, tanto en lo laboral como en lo doméstico, y además se debe profesionalizar la atención a las mujeres víctimas de violencia. 

En el primer día del Seminario Web “Construcción de una agenda de género Post-COVID 19: análisis de los efectos y consecuencias de la pandemia desde el enfoque de género, se puso de manifiesto que la pandemia profundiza la violencia contra las mujeres porque los agresores no tuvieron que hacer mayor esfuerzo para aislar a sus víctimas por las medidas de confinamiento.

De ahí que, plantearon, se requieren políticas públicas orientadas a eliminar las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres lo que constituye todo un reto para todos los gobiernos.  

La senadora Martha Lucia Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores, expresó que no se permitirá que los avances logrados en los derechos de las mujeres retrocedan, “debemos convertir a la igualdad como uno de los ejes transversales de este nuevo mundo que queremos construir”. 

“No podemos plantear una vuelta a la normalidad, volver a un mundo de represión y de pobreza. Debemos establecer pactos políticos, jurídicos, económicos y sociales para una nueva realidad”.  

La medida de confinamiento para detener la pandemia puso en el escenario la violencia que las mujeres viven, se profundizaron las vulnerabilidades lo que propicio una violencia más extrema y puso a las niñas, niños y adolescentes expuestas al abuso. 

La legisladora Malú Micher señaló que los dos impactos fundamentales del confinamiento del COVID 19 son el trabajo desproporcionado de los cuidados y la violencia contra las mujeres y niñas. Las mujeres sienten miedo por la salud propia y la de su familia, y la situación económica.

En el aspecto de la violencia contra las mujeres señaló que en la Ciudad de México se registraron 11 mil 550 casos de violencia familiar y cinco feminicidios tan solo en el mes de mayo. Las Unidades Territoriales de atención a la violencia contra las mujeres, Lunas. brindaron mil 460 atenciones, en tanto que abogadas del Ministerio Público atendieron de marzo a mayo 6 mil 297 mujeres. Se iniciaron mil 903 carpetas de investigación.

Los datos sobre cuidados antes de la pandemia del 2018, señalan que los hombres en México dedican entre 3 y 4 horas diarias al trabajo de cuidado. De la población de 12 y más años, que realizan trabajo doméstico no remunerado, 53.1 millones son mujeres y 44.8 millones son hombres.   

Las mujeres ganan 797 pesos menos que los hombres y tienen una mayor carga de labores domésticas y de cuidados.

El ingreso promedio de los hombres es de cinco mil 825 pesos y de las mujeres es de cinco mil 29 pesos, -16 %, las mujeres para igualar el salario de los hombres tienen que trabajar cinco días más al mes. 

Por lo que dijo que necesitamos que los hombres sean solidarios con las mujeres y las niñas y que asuman sus responsabilidades sociales.  

Agregó que se requiere una educación colectiva y social con los niños y los hombres. Educar para la igualdad implica que los hombres asuman el reparto de responsabilidades en el hogar, que es tarea de todas y todos.  Hacer compatible la vida familiar no es tarea de las mujeres es un problema de la sociedad.

Las mujeres no denuncian por no exponerse a un riesgo mayor

Por otra parte, Alma Burciaga González, consultora de ONU Mujeres y especialista contra la Violencia Contra las Mujeres y Niñas, señaló que vivimos dos pandemias, la del COVID 19 y la de la violencia contra las mujeres, pero no se le da la misma importancia, porque se normaliza la violencia.

La violencia contra las mujeres es una pandemia a la sombra a nivel mundial que requieren acciones urgentes. Uno de los principales problemas es que las mujeres no denuncian por no exponerse a un riesgo mayor y prefieren mantenerse en silencio más cuando hay un periodo de emergencia.

A nivel mundial, dijo, una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental. En casi tres de cada cinco casos de mujeres asesinadas el autor era un compañero sentimental o un miembro de la familia, según datos de ONU 2019. Las mujeres con discapacidad tienen entre dos y cuatro veces más riesgo de ser víctimas de violencia. 

En el caso de la Ciudad de México, de acuerdo a la ENDIREH, casi un 80 % de las mujeres mayores a 15 años han sufrido algún tipo de violencia alguna vez en su vida. De estas 61 % han vivido violencia sexual; 60 % violencia emocional, 44 % violencia física y 32 % violencia económica o patrimonial.

El 52 % de las mujeres encuestadas manifestaron haber sido violentadas por su pareja y casi el 79 % no buscan apoyo de instituciones o no denuncian.   

También señaló los actos de discriminación que reciben las mujeres porque algún familiar se enfermó de COVID19 y la señalan por falta de cuidado, y también las discriminan por temor a contagiarse.

Expuso que junto con ONU Mujeres, Perú y la Ciudad de México se elabora un “Protocolo para la atención de mujeres en contexto de emergencia”, en el que se consideran las medidas que ha dado conocer la ONU, como aumentar la inversión en servicios de ayuda en línea y organización de la sociedad civil. 

Garantizar que los sistemas judiciales sigan procesando a los abusadores, establecer sistemas de alerta de emergencia en farmacias y tiendas de comestibles. Declarar los centros como los refugios esenciales y crear formas seguras para que las mujeres busquen apoyo sin alertar a sus abusadores. 

También señaló que es indispensable profesionalizar a las personas que dan atención en los centros de atención para las mujeres, pues la sola capacitación no es suficiente. Por supuesto esto tiene que ver con un sueldo adecuado. 

En este aspecto fue apoyada por la especialista en políticas públicas de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marcela Vázquez Coronado, quien señaló que debe profesionalizarse a las personas que se dedican a la atención de mujeres víctimas de violencia. 

Moderó el seminario la directora de Precisa Medición Estratégica, Jogin Abreu Vera, también especialista en temas de género. 

SEM/em/sj

Desiderata Legal

* México ante la declaración sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del COVID-19
 

María Trinidad Rojas Arreola*
SemMéxico, 25 de junio, 2020.- Sin duda, estamos viviendo un cambio radical en la vida que hasta antes del Covid-19 conocíamos; no estábamos preparados para ello. Los gobiernos de los diferentes países están a prueba. El gran reto, inicialmente pensaban, sería atender el tema de salud y lograr el menor número de muertes posibles. Qué lejos de la realidad estaban. Muchos son los frentes y, sin duda, la violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los principales.
 
El pasado 26 de mayo, 26 embajadas e integrantes de la Mesa de cooperación internacional para la igualdad de género en México (MCIG), y la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, ONU Mujeres, manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas en México por el impacto del COVID-19.  
 
Entre otras cosas, manifestaron que “no es aceptable que las mujeres y las niñas sean más afectadas por la crisis de COVID-19. Por lo tanto, es urgente que resolvamos esta emergencia por medio de la implementación de los compromisos que hemos hecho a nivel nacional e internacional. Ni una más”.

Con ello, se le recordó al Estado Mexicano que hay instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, que se deben cumplir para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, en atención a los compromisos internacionales suscritos a través de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belem do Para”, así como de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  

Prácticamente un mes después, el 24 de junio, derivado del llamamiento del Secretario General de la ONU, a todos los gobiernos a hacer de la prevención y la reparación de los actos de violencia contra las mujeres y las niñas una parte fundamental de sus planes nacionales de respuesta ante la COVID-19, 146 Estados miembros y observadores, en respuesta, emitieron La Declaración entre Organismos sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el Contexto de la Covid-19.
 
En ella se consideran seis áreas de acción:
 
1. Poner a disposición de las organizaciones de derechos de las mujeres financiación urgente y flexible y reconocer su papel como socorristas.

2. Apoyar los servicios sanitarios y sociales para que continúen con sus obligaciones de atención a las sobrevivientes de violencia contra las mujeres y sigan estando disponibles, especialmente para aquellas personas que tienen más probabilidades de quedarse atrás.

3. Garantizar que los servicios para las sobrevivientes de violencia contra las mujeres y las niñas se consideren esenciales, que permanezcan abiertos y cuenten con recursos, y que sean accesibles, especialmente para aquellas personas que tienen más probabilidades de quedarse atrás.

4. Dar una alta prioridad a las respuestas policial y la judicial.

5. Poner en práctica medidas preventivas.

6. Recopilar datos solo si son absolutamente necesarios, que se utilizarán para mejorar los servicios y programas y para que se puedan cumplir los estándares éticos y de seguridad.
 
En el contexto actual de México, en donde las prioridades parecen ser minimizar y confundir a la sociedad con información contradictoria ante la etapa de mayor contagios del COVID-19, además de que el contexto político-electoral viene a ocupar gran parte de la agenda pública, la prioridad es crear pueblo y no ciudadanía, no hay un panorama alentador para atender esta reciente declaración, pues en México, para el Presidente de la Republica no existen ni se nombran -ya no digo la violencia de género- las mujeres en sí mismas, entonces hablar de recursos económicos para la Sociedad Civil Organizada, el reforzar los organismos públicos y privados que brindan atención a la mujer, se ve muy complicado.

* Maestra en Derecho Procesal Constitucional

Brinda Michoacán apoyo y resguardo a mujeres víctimas de violencia de género

  • Ha atendido la Seimujer 600 mujeres a la largo de toda la emergencia sanitaria
  •  Mientras a nivel federal se niega una realidad que se ha venido agudizando, en Michoacán la reconocemos, la estamos atendiendo y previniendo, informó titular

Redacción

SemMéxico. Morelia, Michoacán. 25 de junio de 2020.- La emergencia sanitaria por COVID-19, ha evidenciado que la violencia contra niñas y mujeres se comete en mayor número en los hogares por personas cercanas, ante ello el gobierno de Michoacán ha implementado medidas de prevención y atención para proteger a las michoacanas, sus hijas e hijos.

Por su parte la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), informó que desde el inicio de la pandemia se implementó la línea de atención, contención y orientación, 44 35 82 20 82, que funciona las 24 horas los siete días de la semana.

A través de la línea, que también recibe mensajes de WhatsApp, se ha logrado dar acompañamiento a 600 michoacanas y sus hijos e hijas, que en un 55 por ciento buscan apoyo por violencia psicológica, y que lamentablemente la convivencia ha puesto en peligro su integridad.

Cabe señalar que Michoacán se convirtió en el primer estado del país en contar con un Protocolo de Atención para la Violencia de Género durante el periodo de COVID-19, con el que se lograron articular esfuerzos.

 “Mientras a nivel federal se niega una realidad que se ha venido agudizando, en Michoacán, la reconocemos, la estamos atendiendo y previniendo”, afirmó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Seimujer.

Hernández Abarca informó que se mantienen en resguardo a 12 mujeres y 23 menores de edad, que se encontraban viviendo violencia extrema.

 “Las michoacanas deben saber que no están solas, tenemos un espacio seguro, donde se les brinda alimentación y atención gratuita para ellas, sus hijos e hijas”, indicó.

Asimismo, como parte del Protocolo de Atención, que establece acciones de prevención, se han realizado más de 20 conferencias y conversatorios en línea, con especialistas en temas de diversidad sexual, empoderamiento, prevención e identificación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

Finalmente, se activó la línea de contención emocional para población LGBTI+, en la que se ha logrado atender a más 40 personas que, podrían estar viviendo en una situación vulnerable por esconder su orientación sexual a su familia.

Las mujeres debemos saber que estamos protegidas; la voz de una víctima

Cuando la violencia no deja huellas de golpes en el cuerpo, es más difícil que te crean o alguien te escuche, así fue por muchos años la realidad que vivió Lucía (nombre que usaremos por seguridad), una joven que en su noviazgo normalizó la violencia, que tiempo después creció hasta poner en riesgo su vida y la de sus hijos.

Su pesadilla se agudizó con la pandemia por COVID-19, su marido se quedó sin trabajo, los insultos y amenazas comenzaron a subir de tono, el miedo se hacía más presente en su vida por el aislamiento.

Lucía pidió ayuda en la Seimujer, y ahora cuenta con una Orden de Protección, que le permite estar a resguardo de su agresor.

 “Yo pensé siempre que mi matrimonio era como el de todo mundo, que un grito o un apretón eran normales, pero cuando vi que con mis hijos era igual supe que un día podría matarme”, dice.

Tras vivir esa pesadilla, Lucía y sus hijos, reciben atención psicológica en la Seimujer.

 “Yo les digo a las mujeres, no estamos solas, de verdad hay instituciones que nos cuidan y nos ayudan, solo debemos armarnos de valor y eso muchas veces es lo más difícil”, señala.

Datos:

  •  Se han incrementado hasta en un 40 por ciento las atenciones por violencia de género en el Estado.
  • 15 mujeres, así como sus hijas e hijos tuvieron que ser resguardas en el Refugio y Casa de Emergencia con los que cuenta el Gobierno del Estado, además de trabajar de la mano con la Red Nacional de Refugios
  • 12 mujeres han buscado atención por violencia digital
  • Dos mujeres tuvieron que ser trasladadas al interior del estado, por no contar con redes de apoyo
  • El 60 por ciento de las víctimas pertenece al municipio de Morelia
  • El 55 por ciento de las atenciones correspondieron a violencia psicológica, 35 por ciento violencia física y sexual, y 10 por ciento por violencia económica

SEM/IL

CNDH demanda se respete el debido proceso en el caso de la abogada Susana Prieto Terraza

Elda Montiel

SemMéxico. Ciudad de México. 25 de junio 2020.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de procuración de justicia de Tamaulipas a garantizar el procedimiento del debido proceso a la defensora Susana Prieto Terrazas, quien fue sorpresivamente detenida en Matamoros y vinculada a prisión preventiva en Ciudad Victoria desde el pasado 8 de junio.

La abogada defensora de los derechos de las y los trabajadores de la maquila, fue detenida por acompañar el 10 de marzo de este año una manifestación de obreros en las inmediaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, señala el comunicado del organismo.

Cabe recordar que Susana Trejo acompañó el paro de labores de las maquiladoras protagonizadas el año pasado y logró un aumento salarial efectivo del 20 % y un bono por 32 mil pesos.

La CNDH hace énfasis a las autoridades del Estado mexicano, en el ejercicio del poder público, concedan las garantías mínimas del debido proceso a toda persona que se encuentre sujeta a su jurisdicción, debiendo garantizar el conjunto de requisitos legales que deben observarse en las instancias procesales, en aras de que todo individuo pueda defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar su esfera jurídica. 

Asimismo, se observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las acciones que realicen las autoridades respectivas en el caso de la defensora Prieto Terrazas, con el objeto de garantizar un irrestricto respeto y protección de sus derechos fundamentales.

El organismo reconoce pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la consecución de la democracia y del Estado de Derecho en la sociedad, compromiso que debe ser reflejado por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y en todas las esferas de poderes, incluidas las encargadas de la procuración de la justicia. 

Susana Prieto Terrazas defensora de las trabajadoras de la maquila

La abogada y asesora legal del Movimiento Obrero 20/32 y del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), es reconocida por acompañar a trabajadoras y trabajadores en diversas denuncias ante negligencias, malos tratos y falta de compromiso de las empresas, principalmente de la industria maquiladora, por lo que su detención provoco diversas reacciones en el ámbito laboral nacional e internacional.

Actualmente está presa en una cárcel de Ciudad Victoria y los cargos de la a Fiscalía de Tamaulipas, son “de asonada, amenazas, coacción y delitos cometidos contra servidores públicos” en agravio de los integrantes de la Junta Especial 6 de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, ocurridos el pasado 10 de marzo. Sin embargo, se documentó que ella ni siquiera estuvo presente en la Junta de Conciliación ese 10 de marzo.

A partir de esa fecha se realizaron diversas manifestaciones como marchas y mítines tanto en Matamoros, Ciudad de México, Mexicali, Tampico, Ensenada, Tijuana, Ciudad Reynosa, Ciudad Juárez y Oaxaca.

La última actividad de la activista Prieto Terrazas antes de ser detenida fue acompañar la denuncia presentada por negligencia de la clase patronal con las y los trabajadores en el contexto de la pandemia COVID 19, por malos tratos y falta de compromiso de las empresas, principalmente de la industria maquiladora, en la prevención de contagios del nuevo coronavirus.