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Demanda Congreso atender la violencia machista en Guerrero

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Demanda Congreso atender la violencia machista en Guerrero
  • Necesarios mecanismos que eviten la violencia y atiendan a víctimas
  • Seis municipios guerrerenses con mayor incidencia delictiva

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 11 de junio, 2020.- El pleno del Congreso del Estado, exhorta a la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Publica (SSP), así a las distintas autoridades, atender la violencia de género que se ha incrementado durante la presente contingencia sanitaria por coronavirus.

La propuesta fue hecha durante la sesión de este miércoles, por la diputada local del PAN, Guadalupe González Suástegui, quien enmarcó que derivado de la pandemia generada por el COVID-19, se implementó la campaña nacional de la sana distancia y el resguardo domiciliario, con lo que mujeres, niñas, adolescentes, se han mantenido recluidas en el hogar, donde han experimentado hechos de violencia de género.

Las cifras

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Gobernación, refirió la legisladora, la violencia contra las mujeres, y menores de edad en México, ha aumentado en un 120 por ciento desde la declaratoria de emergencia; por lo que la convivencia de niñas, adolescentes y mujeres con sus agresores hace necesaria la implementación de mecanismos que eviten y atiendan estos tipos de violencia, que se incrementan conforme los días de resguardo domiciliario transcurren, cada hora, 155 mujeres son violentadas en México.

En tanto que las estadísticas de llamadas de emergencia al número 911, sobre violencia contra las mujeres, aportadas por el Secretariado Nacional Ejecutivo de Seguridad Pública, mencionan que durante enero a abril de este año, recibieron 88 mil 803 llamadas relacionadas con incidencias de violencia contra las mujeres; como abuso sexual, acoso, hostigamiento, violación, violencia de pareja, violencia familiar. El mismo sistema informa que en marzo pasado, iniciaron 20 mil 232 carpetas de investigación por este delito, lo que significa que cada hora se presentaron 27 denuncias agregó.

Las cifras, refirió González Suástegui, provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el ministerio público, que son proporcionada mes a mes por las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas; es decir, indicó, se trata de presuntos hechos registrados en cartas de investigación iniciadas.

La Red Nacional de Refugios en México han informado que durante la cuarentena, la violencia contra las mujeres aumentó y que el ingreso de mujeres y sus hijos a refugios por violencia se ha elevado en un 12 por ciento. Los asesinatos violentos contra mujeres, durante el primer trimestre de año, sumaron 960, 240 de ellos se investigan como feminicidio.

Alta incidencia delictiva

En la tabla nacional de municipios con incidencia delictiva, por presuntos feminicidios destacan dentro de los primeros cien lugares, Acapulco, Coyuca de Benítez, Azoyú, Huitzuco, Taxco de Alarcón y Tecpan de Galeana, puntualizó la diputada panista.

Dijo que es alarmante la tendencia nacional que refleja el informe del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Publica, pues de mil 735 homicidios dolosos perpetrados en 2015, al cierre de 2018, se contabilizaron 2 mil 822 homicidios de mujeres. Mientras que en el mes de abril de este año, ocurrieron 267 homicidios dolosos con mujeres. Guerrero ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con homicidios dolosos.

Además de todo esto, al momento de denunciar, las mujeres se enfrentan a otro tipo de violencia, la falta de procuración y aplicación de justicia, al ser muy común que las agencias del ministerio público las especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, aducen problemas de competencia, con lo que no solo retardan la aplicación de la justicia, sino que representan un gran obstáculo para combatir la impunidad, señaló la diputada.

Por ello, recalcó González Suastegui, es urgente implementar medidas institucionales que protejan a las mujeres de conformidad con el  artículo primero de  la ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ordena la implementación de políticas públicas coordinadas entre la federación entidades y municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia.

En ese contexto, propuso exhortar al Fiscal General del Estado de Guerrero (FGE), agilicen los procesos de investigación en los casos de violencia contra las mujeres; al titular se la Secretaría de Seguridad Pública a fortalecer el sistema de emergencias 911, y el sistema de acopio de datos para el seguimiento de la violencia contra las mujeres, así como a presidentas y presidentes municipales, de los 80 ayuntamientos y el consejo municipal de Ayutla a establecer campañas preventivas para evitar la violencia contra las mujeres en el contexto del confinamiento y por la emergencia sanitaria del virus covid-19.

La propuesta fue aprobada por unanimidad del pleno.

SEM/jap/sj

Por no detenerse en el filtro sanitario, lo asesinan policías municipales

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Por no detenerse en el filtro sanitario, lo asesinan policías municipales

* Ocurrió en población de la Cuenca del Papaloapan en Oaxaca

* La madre exige justicia para su hijo de nacionalidad norteamericana

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 10 de junio, 2020.- Un adolescente de 16 años fue asesinado en el filtro sanitario por elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió el expediente 18130/FCUE ACATLÁN/2020 para esclarecer los hechos registrados la noche del martes cuando al parecer elementos municipales confundieron al chico con un delincuente, y le dispararon “luego de este no se paró en el filtro”, según versiones.

A través de un video difundido en medios sociales, se observa a la madre del joven, Alexander G.(Chander), de nacionalidad estadounidense, denunciando el crimen y abuso de autoridad de la Policía Municipal local.

“¿Por qué se meten con los niños? ¡Mi hijo acaba de cumplir 16 años!”, reclamó la madre.

Agregó que Alexander, junto con otros dos chicos, se dirigían a la tienda de abarrotes a comprar un refresco, para cenar una pizza, sin embargo, fue alcanzado por una patrulla (023) desde la que le dispararon.

“¡Esto no es justo, no es justo!”, reclamó la madre.

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía confirmó “realizará una exhaustiva investigación para aclarar este hecho y fincar las responsabilidades que correspondan”.

En las últimas horas, a través de la red social twitter, se desplegó la etiqueta con el reclamo #JusticiaparaAlexander #JusticiaparaChander junto con la historia resumida del asesinado, escrita en primera persona.

SEM/pb/sj

Juego de Palabras

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Juego de Palabras

Mujeres al poder

Parte I

Yaneth Angélica Tamayo 

SemMéxico. 10 de junio de 2020.- El 17 de octubre de 1953, en la primera plana del periódico Excélsior se leía: la mujer mexicana alcanzó ayer la plenitud de sus derechos ciudadanos, que rompen los lazos de la discriminación política que la ataban, al aprobar en la Cámara de Diputados, la declaratoria de reformas de los artículos 34 y 115 de la Constitución General de la República.

Desde ese entonces las mujeres mexicanas, han tenido que enfrentar múltiples y novedosas prácticas que han disminuido sus logros y han obstaculizado su acceso a la vía del espacio público, al reconocimiento de la pertenencia a la sociedad civil y a la participación de la vida política. 

La resistencia de los individuos a los cambios sociales y políticos, se ha transformado en una brecha que ha propiciado la diferencia entre mujeres y hombres, la cual se ha reflejado en una desigualdad intrínsecamente injusta; no obstante, las mujeres han luchado por hacer valer sus derechos y asegurarse que el discurso inicial se materialice y se pase de lo formal a lo sustantivo.

Logros como la implementación de medidas especiales de carácter temporal conocidas como acciones afirmativas, han permitido que se les compense lo padecido a lo largo de la historia y que a través de normas jurídicas se les permita generar condiciones igualitarias, equitativas y justas, en especial en la toma y ejercicio de poder.

Pero, no todo les ha sido fácil, sentar precedentes y romper paradigmas les ha ocasionado ser consideradas transgresoras y disruptivas de un sistema considerado masculino, convirtiéndolas en víctimas de las peores formas de simulación y violencia.

Baste como muestra, la idea tergiversada que los actores políticos hicieron de la paridad de género, creando simulaciones ante los institutos electorales para evadir las cuotas de representación por género. 

La resistencia por parte de los hombres integrantes de los diversos partidos políticos en México, los llevó a poner en práctica el fenómeno popularmente conocido como “las Juanitas”, el cual consistía en que los partidos políticos nominaran candidatas del sexo femenino a puestos públicos de elección popular, con el objetivo oculto de hacer que esas candidatas se hicieran reemplazar lo antes posible por un suplente varón, predispuesto por el mismo partido.

La discriminación y las relaciones de poder que históricamente se venían ejerciendo en contra de las mujeres que pretendían participar y contender en los procesos electorales, fueron justificadas bajo el argumento de que las mujeres no gozaban de méritos ni aptitudes para ser postuladas por una organización política.

Si bien, las mujeres salieron avante de estas malas prácticas políticas, los hombres asumiéndose como despojados de lo que consideran les correspondía por cultura y practicas partidistas, habilidosamente las postularon a competir en entidades donde el partido político o coalición tenía pocas o nulas posibilidades de ganar. Con ello minimizaron los alcances de participación que las mujeres tenían en la vida política del país.

No conformes con lo anterior, sumaron prácticas más estratégicas ya que, al estar vigilados por las mujeres interesadas en que se cumpliera adecuadamente la ley, éstos empezaron a aprovechar las relaciones filiales con mujeres para asegurar la subsistencia y el control del poder. 

Como lo ha señalado María Marván en la obra Contigo Aprendí, “en varios partidos las candidaturas por género eran consideradas como un reparto patrimonialista y familiar donde los puestos eran para las hijas, esposas, madres y amigas”. 

La anterior práctica se convirtió en algo recurrente entre los partidos políticos, quienes además de afectar de manera directa a las mujeres, afectaron la designación de éstas a puestos de la administración pública una vez que se ganaba la contienda electoral. 

No conforme con las anteriores prácticas políticas, los hombres al frente de los partidos, furiosos con las capacidades y el ímpetu de las mujeres por defender sus derechos, empezaron a expresar con múltiples formas violentas su rechazo a compartir el poder con mujeres brillantes. 

Es así que, tales prácticas se empezaron ha sustentar bajo la base de la violencia por razones de género, las cuales se recrudecieron durante las elecciones de 2015 en contra de las mujeres, con la finalidad de que éstas desistieran de sus aspiraciones para contender en los procesos electorales, las cuales se derivaron en:

Registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores; registros simulados de candidatas que renuncian a favor de varones; inequidad en los tiempos de radio y televisión; inequidad en la distribución de recursos para campañas; amenazas a mujeres que han sido electas para ocupar cargos públicos, ataques físicos y violencia sexual.

Siendo las últimas tres modalidades las más extremas para intimidar a las mujeres y que desistan de su intención de participar en los procesos electorales o declinen a favor de un candidato hombre.

La inclusión de las mujeres en el espacio político, ha generado que los artífices de los organismos políticos recurran a prácticas fraudulentas y violentas que, encuentran su origen en patrones socio-culturales basados en estereotipos de género; con la finalidad de impedir el acceso de las mujeres al poder, aun y cuando existen normas a favor de la inclusión e igualdad en el ámbito político.

Este trayecto intrincado que han caminado varias mujeres para conseguir una mejor calidad de vida para todas, no ha sido una labor fácil; sin embargo, ha quedado demostrado que el caminar juntas es lo que ha transformado cualquier adversidad que les han impuesto.

Y un ejemplo de ello, es haber conseguido ante el Congreso de la Unión que todas las mujeres puedan ocupar y desarrollar sus habilidades en todos los puestos estratégicos del poder público; el logro de poder votar y ser votada a la posibilidad de ocupar los espacios de tomas de decisiones públicas de forma igualitaria, es un precedente que históricamente se verá materializado en las elecciones del 2021, por fin la paridad en todo tomara cuerpo.

Siempre y cuando, los congresos locales muestren su compromiso y progresividad con la reforma electoral que se avecina previo a las elecciones.

Recibe Congreso de Oaxaca, petición para la remoción del fiscal Rubén Vasconcelos por el caso de María del Sol

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Recibe Congreso de Oaxaca, petición para la remoción del fiscal Rubén Vasconcelos por el caso de María del Sol
  • A pesar del exhorto del Poder Judicial, la Fiscalía no investiga.

Elda Montiel

SemMéxico. Oaxaca. 10 de junio 2020.- La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca recibió este martes, el punto de acuerdo en el que se pide la remoción del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, por sus evidentes violaciones a la Constitución y a la ley, cometidas en las investigaciones relacionadas con el asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.

La diputada integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Magaly López Domínguez señala que el nombre de María del Sol Cruz Jarquín exhibe la impunidad, que en el estado de Oaxaca es generalizada, ante una Fiscalía impasible que no cumple sus obligaciones, que no investigó con perspectiva de género, consideró el asesinato como un hecho aislado, y no tomo en cuenta el contexto político-electoral, ni el robo.

La propuesta señala que se cometieron tres delitos, el de feminicidio, el más grave porque le robaron su vida, su futuro; un delito electoral porque se utilizaba su experiencia y conocimiento en una campaña política de manera forzada, porque ella no quería ir bajo esas condiciones por ser empleada pública y el robo de sus pertenencias: su computadora y su cámara fotográfica y de video.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y se presenta a dos años del feminicidio de María del Sol Jarquín Edgar y a un año de que el mismo Congreso del Estado, en sesión ordinaria del 27 de febrero de 2019 realizara el exhorto al Fiscal General del Estado para que a la brevedad posible agotara las investigaciones que permitieran el esclarecimiento del asesinato de la fotoperiodista y con ello la detención y el procesamiento de quienes resultasen responsables. 

En aquella ocasión, el exhorto fue propuesto por las y los integrantes de las Comisiones Permanentes de Administración y Procuración de Justicia, y de Derechos Humanos, y resuelto favorablemente, valorándolo de urgente y obvia resolución, por el pleno de la LXIV Legislatura.

Sin resultados hasta el día de hoy, sigue sin aclararse los hechos por una Fiscalía impasible que no cumple con sus obligaciones e incluso obstaculiza a la justicia al negarse a llevar cabo por segunda ocasión y por fallas técnicas, la segunda audiencia intermedia que estaba programada para el pasado 24 de febrero de este año. 

En las consideraciones se señala que hay tres procesos judicializados aislados. El proceso electoral, del que no ha habido audiencia para vinculación, fue judicializado en diciembre pasado, pero hasta ahí se quedó. Y el caso de robo está en las mismas condiciones desde junio pasado.  No hay investigación en contra de posibles responsables intelectuales.

María del Sol no debía estar en Juchitán, pero estaba ese 2 de junio de 2018 obligada por Francisco Hageo Montero, titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, bajo la amenaza de quitarle el trabajo, para cubrir las actividades de Hageo Montero López, en aquel momento candidato a la alcaldía de Juchitán, y actualmente regidor de Energía Renovable. Ambos, buscaban consolidar el cacicazgo de su padre, Porfirio Montero, un político, un empresario y un pastor evangélico.

El relato de la periodista Soledad Jarquín, madre de María del Sol, detalla que las pertenencias de María del Sol Jarquín fueron sacadas del hotel donde ella se hospedaba unas horas después por un empleado de la Secretaría de Asuntos Indígenas, y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco Javier Montero López, ex titular de esa dependencia. Este servidor público siguió laborando en dicha instancia gubernamental hasta el 31 de diciembre, es decir, seis meses. Tiempo en que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no realizó ninguna entrevista a pesar de tener conocimiento de los hechos desde el mismo día.

La investigación por el robo de sus pertenencias fue separada de la carpeta de investigación por delito electoral hasta el 26 de junio de 2019, es decir, más de un año después de que ocurrieron los hechos. Y se abrió una nueva carpeta, la cual fue radicada en Juchitán de Zaragoza. A raíz de esto, no se permitió que Soledad Jarquín pudiera ver el expediente por delito electoral, aduciendo que no era víctima directa.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca resolvió que fue una investigación realizada de manera negligente y deficiente; que no se investigó con perspectiva de género de acuerdo con la normatividad nacional e internacional.

No se investigó el contexto de violencia política; la investigación no se inició como feminicidio en el caso de las víctimas Pamela Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín; y donde, además, le recomienda al Fiscal General Rubén Vasconcelos […], capacitar a sus agentes ministeriales en derechos humanos con perspectiva de género y exhorta y sugiere al fiscal general que sancione administrativa y penalmente a quienes intervinieron en la investigación.

Pero de manera fundamental, la resolución confirma el auto de no vinculación en contra de J.G.L.

Pese a lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, hasta hoy la carpeta de investigación sigue siendo considerada como homicidio calificado y no como feminicidio.

Se considera procedente la remoción del Fiscal por el incumplimiento a la Constitución y a las leyes y por la resolución del Poder Judicial del Estado.

Desmantelando instituciones

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Desmantelando instituciones

Dulce María Sauri Riancho *

SemMéxico. Mérida, Yucatán. 10 de junio 2020.- Golpe a golpe, decreto a decreto, continúa implacable el desmantelamiento de las instituciones y las políticas públicas del país, por más exitosas que hayan sido. Con el argumento del combate a la corrupción y el pretexto de la austeridad, a lo largo de estos meses el gobierno federal ha adoptado diversas medidas para “jalar” recursos del gasto corriente al fondeo de sus “proyectos estratégicos”.

Hace unos días, dictó una medida draconiana para reducir drásticamente los gastos de operación de las secretarías y organismos descentralizados y paraestatales de la administración en su conjunto.

Vistas de lejos y sin mayor información, las “medidas administrativas” impuestas por el presidente de la república merecen un aplauso general, porque ¿quién en su sano juicio podría manifestarse en contra de reducir el desperdicio o latrocinio de los recursos públicos?

Sin embargo, cuando estas determinaciones se traducen en decretos, como el del 23 de abril pasado, hay que prender las “luces rojas”.

Las consecuencias de su aplicación pueden afectar profunda —y quizá irreversiblemente— a las instituciones, a sus trabajadores y, sobre todo, a la ciudadanía que demanda obras y servicios del gobierno.

La amenaza se materializó el 22 de mayo, cuando la subsecretaria de Egresos y la Oficial Mayor de la secretaría de Hacienda ordenaron “la aplicación urgente y categórica de la medida de austeridad para no ejercer el 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas correspondientes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales […] para la Administración Pública Federal, incluyendo los recursos supuestamente comprometidos”.

En consecuencia, todas las dependencias, con excepción de las secretarías de Defensa Nacional, Marina y Salud, deberán realizar los recortes ordenados de sus presupuestos antes de que les sea entregado cualquier miserable remanente.

Gastos

Para desempeñar sus tareas, las instituciones requieren pagar la renta de los locales que ocupan, comprar material de oficina, combustible para mover los vehículos en que se trasladan sus empleados para una diligencia o inspección; necesitan adquirir insumos para la investigación científica y tecnológica, como reactivos, accesorios y equipo de protección; productos químicos, servicios de soft o hardware.

Estas necesidades se satisfacen con las partidas incluidas en los capítulos 2000 y 3000, aprobados en el Presupuesto (PEF) 2020, por casi 350 mil millones de pesos, para el capítulo 2000 y por 266 mil millones de pesos, para las erogaciones del capítulo 3000.

En abril pasado, cuando se dio la instrucción para aplicar la reducción del 75%, las dependencias ya habían gastado casi 19% del presupuesto aprobado en estos dos capítulos.

El “ahorro” estimado se calculaba en 374 mil millones, cifra apetitosa para un erario agobiado por la falta de fondos suficientes para los “proyectos del presidente”. Sin embargo, una vista más responsable y reposada a las cifras de la guadaña presupuestal, deja ver que es irreal dejarle a la CFE 48 mil 400 millones de pesos, en vez de 193 mil 700 millones de pesos presupuestados para su operación el resto del año. Si así fuera, la CFE incumpliría el pago de Pidieregas (¿se acuerdan de ellos?), no podría adquirir materia prima como carbón, pagarle el combustóleo a Pemex y el gas natural que requieren sus termoeléctricas.

Hacienda

Creo que ni a la insaciable SHCP se le ocurriría quitarle al IMSS o al Issste ni un centavo de los 64 mil 400 millones y 16 mil 900 millones de pesos respectivamente, que tienen asignados para Materiales y Suministros, justamente los gastos que impone el combate al Covid. Y en el capítulo 3000, Servicios Generales, también los presupuestos de CFE, IMSS e Issste, no se deben tocar, so pena de deterioro aún mayor de la calidad de sus servicios.

¿Quiénes quedan entonces para el “castigo de la austeridad”? Las víctimas son las secretarías y dependencias de los Ramos Administrativos y un poco de los Ramos Generales. Les quedan, a todas ellas, alrededor de 67 mil millones de pesos, por lo que si se aplica la reducción del 75%, sólo dispondrían de 17 mil millones de pesos para concluir el año y los otros 50 mil millones de pesos se los embolsaría SHCP. Sí, ¿pero a qué costo?

Les pongo cuatro dramáticos ejemplos. La red de instituciones que protegen el medio ambiente (Instituto Nacional de Ecología, Profepa, Conanp, Conafor, Conabio) están en grave riesgo de desaparecer, tal como se denunció en el Día Mundial del Medio Ambiente: no tendrán ni para pagar lo más elemental en lo que resta del año.

Por su parte, el INAH, institución responsable de la preservación del patrimonio arqueológico y cultural del país, enfrenta una situación límite en sus responsabilidades de investigación, restauración y defensa del patrimonio. La tercera es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito (CEAV), que anunció en una comunicación el cese de sus actividades por carecer de recursos para pagar la renta y a su personal, puesto que ninguno de sus empleados tiene plaza ni disponen de edificios propios. La cuarta, ni más ni menos que la Procuraduría de Defensa al Contribuyente (Prodecon) que ya anunció el cierre de 16 de sus delegaciones en el país, de tal manera que si queremos defendernos del SAT o de alguna institución bancaria abusiva, habrá que viajar a la CDMX.

Dependencia

Tampoco las poderosas secretarías se salvan de la masacre presupuestaria. La más afectada es la SEP, a la que despojaron de los gastos para planteles educativos, recursos para las universidades públicas, como la UNAM, el Politécnico Nacional (IPN) etc. También la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) no tendrá para editar suficientes libros. Sufrirá también la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que tendrá que alimentar a las personas recluidas en los penales federales, brindar seguridad y protección con una cuarta parte de los recursos necesarios. En situación parecida se encuentran las secretarías de Comunicaciones y la de Medio Ambiente; las secretarías de Desarrollo Rural y de Cultura perderán lo que quedaba tras los recortes presupuestales.

No se requiere ser pitonisa para avizorar la parálisis administrativa del gobierno. Personal que regresará a trabajar después de la emergencia, pero que al no tener lo mínimo para operar, simplemente tendrá que dilapidar el tiempo de la jornada laboral. Habrá seguramente demandas de los proveedores de servicios al gobierno por incumplimiento de contratos y se perderán aún más empleos en esas empresas.

El presidente López Obrador decidió no gastar en los rubros asignados el presupuesto que él mismo puso a consideración de la Cámara de Diputados.

La “austeridad que mata” —lo que ya se conoce como “austericidio”— afecta vidas de personas, de amplios grupos sociales y de instituciones.

Por la vía del ahorro simulado, se decide desarmar a una administración profesional para sustituirla por un gobierno ocupado en concretar su proyecto político. Las instituciones, ésas que estaban antes de la llegada del presidente López Obrador, habrán de permanecer, así sea maltrechas y lastimadas, después de concluir su periodo. Si todos las defendemos.

dulcesauri@gmail.com

*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y diputada federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Mirada violeta

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Mirada violeta

Los Halconazos de Junio y la CEDHJ

Lupita Ramos Ponce

SemMéxico. 10 de junio 2020.- El 10 de junio de 1971 es uno de los episodios más graves de violaciones a los Derechos Humanos en México. Se conoce como “el halconazo”, porque así se denominaba el grupo (“halcones”) de paramilitares que usando palos y garrotes y vestidos de civil reprimieron una manifestación estudiantil que exigía mejoras en la educación. Ese día se tiene por lo menos el recuento de 160 estudiantes asesinados. A 49 años de esos hechos vergonzosos en la historia de México, llegan nuevos halcones con la misma práctica violatoria a los derechos humanos.

El 5 de junio de 2020, un grupo de policías de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, vestidos de civil, armados con garrotes y palos, hicieron un operativo en zonas cercanas a la Fiscalía para detener a jóvenes que se dirigían a manifestarse a las afueras de la Fiscalía estatal. Aproximadamente entre 60 y 100 jóvenes fueron “levantados”, golpeados, subidos a vehículos sin placas por personal vestido de civil y encapuchados. Fueron trasladados al interior del edificio de la fiscalía. Encerrados en “Jaulas” y cuartos en grupos de más de cuarenta personas. Les robaron sus celulares, entraron a sus cuentas personales, les robaron sus pertenencias y a algunos los siguieron golpeando. Después de dos horas los trasladaron en diversos vehículos y los fueron tirando por diversas colonias a las afueras de Guadalajara. No todas las personas que vivieron estos hechos acudirían a la manifestación, algunas solo estaban en la zona esperando el camión, transitando por el lugar o habían salido de trabajar. La desaparición forzada de todas estas personas las cometieron los “halcones del 2020”.

Las desapariciones forzadas en Jalisco ocurridas el viernes 5 de junio, requieren investigación y castigo a los responsables. No basta una “disculpa”, no basta la teoría del “complot”, no basta que dos policías de menor rango estén acusados de hechos que implicaron decisiones de Estado. Por decisión u omisión, tanto el Gobernador como el Fiscal son responsables de las graves violaciones a los derechos Humanos.

La CNDH tiene que atraer el caso. La falta de autonomía de la CEDHJ no permite una investigación imparcial. Es inconcebible que el presidente de la Comisión estatal realice rueda de prensa conjunta con el Gobernador y forme parte de la mesa interinstitucional que investiga los hechos.

La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco ha estado desaparecida y ausente de las graves problemáticas de derechos humanos en el Estado, ahora se presenta al lado del gobernador, ofrecen rueda de prensa conjunta y forma parte de la mesa interinstitucional formada por el gobierno para investigar los hechos violatorios de derechos humanos que el mismo gobierno que integra la mesa cometió. Esas acciones no solo hablan de la inexistencia de autonomía de la comisión estatal de derechos humanos y de su presidente, hablan también de una falta de legitimidad del presidente y de la institución protectora de los derechos humanos y por supuesto, una falta de ética y compromiso con las víctimas que vivieron los peores momentos de su vida al ser secuestrados, torturados física y psicológicamente, robados en sus pertenencias y puesto en riesgo sus vidas al ser objeto de desaparición forzada por agentes del Estado en ejercicio de sus funciones y en instalaciones en donde se supone se procura la justicia.

La CEDHJ necesita estar dotada de plena independencia y legitimidad. Esto supone que esté alejada de cualquier   tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de su actuar. Al respecto, es importante recordar el compromiso que tienen los Estados de cumplir con los Principios de París, los cuales definen las características principales de las instituciones nacionales de derechos humanos, siendo algunos de ellos la independencia, autonomía y legitimidad.

En el contexto de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Jalisco, la CNDH está llamada a ejercer un rol activo en la defensa de todos los derechos humanos. El papel central de las víctimas en toda acción, medida o política que se adopte, el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil, la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y sobre todo, el actuar autónomo e independiente son criterios que deberán guiar el trabajo de la institución nacional de los derechos humanos para atraer el caso de Jalisco.

En Jalisco, el 5 de junio no solo desaparecieron a los jóvenes, también se desapareció el Estado de Derecho.

lupitaramosponce@gmail.com

@lupitaramosp

«El mundo debería haberse preparado para esta pandemia y le seguirán otras sorpresas»

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«El mundo debería haberse preparado para esta pandemia y le seguirán otras sorpresas»

Mertxe Arratibel/Andrea.eus

SemMéxico/Andrea.eus. 10 de junio 2020.- La pandemia del COVID 19 ha mostrado lo mejor y lo peor de la condición humana, pero si algo ha puesto de manifiesto son las enormes desigualdades que existen en la sociedad, a las que ya no les podemos dar la espalda. También nos ha recordado la fragilidad del ser humano. La salida de la crisis va a precisar de solidaridad, pero no entendida en un sentido abstracto, sino como reciprocidad. “Sin un tú, al que das la posibilidad de devolverte algo aunque sea en forma de afecto, la solidaridad no es real”, afirma la antropóloga Rita Segato.

Segato participó hace unos días, junto a la filósofa Diana Maffía y a la socióloga Dora Barrancos, en un conversatorio organizado por la asociación argentina Aralma. El objetivo del encuentro era analizar el impacto social de la pandemia del COVID-19 y contrarrestar la ausencia de voces femeninas en los medios de comunicación.

La cita, además, coincidió con la conmemoración del quinto aniversario del movimiento Ni una menos, que convirtió la denuncia de la violencia que sufren las mujeres en Argentina en un clamor masivo. La conferencia, presentada por Sonia Almada, presidenta de Aralma, reunió a casi ocho mil asistentes virtuales en directo por streaming (clica para verla en diferido).

«Posición de no saber»

Segato asume que esta crisis nos sitúa en la “incerteza, en una posición expectante, de no saber”, y nos enseña a aceptar que “el futuro se va a presentar de forma sorprendente”.

Sin embargo, entiende que no era algo inesperado, puesto que ya lo habían anunciado los movimientos conservacionistas que hablaba de la “inminencia de catástrofes”, y cree que el mundo “debería haber estado preparado” para una eventualidad de este tipo.

«Los gobiernos centrales, las corporaciones y los bancos no hicieron caso de los avisos porque la pandemia plantea cambiar la gestión global»

Sin embargo, los gobiernos —no los locales, sino los “gobiernos centrales aunados con las corporaciones y a los bancos— no hicieron caso”, porque la pandemia plantea la necesidad de “cambiar la gestión global, algo contrario a sus intereses”. 

La antropóloga argentina augura que a esta crisis le seguirán “otras sorpresas” y que quienes gobiernan el mundo tampoco harán caso de las alertas previas. Barrancos se mostró de acuerdo con que habrá nuevas calamidades, dada “la mala relación entre la especie humana y la naturaleza”.

Para las ponentes, la pandemia dará pie a repensarnos como sociedad y a revisar nuestras prioridades. Coinciden en que la crisis requerirá una salida comunitaria articulada por el Estado, si bien Barrancos no ve próximo el fin de capitalismo y aspira únicamente a más Estado del bienestar. Uno de sus pilares sería la renta básica que, a juicio de Maffía, debería ser universal.

La crisis ha mostrado nuestras vulnerabilidades. Los elementos que durante el encierro necesitábamos para nuestra supervivencia y seguridad quedaban lejos y los países más poderosos (EE UU) quisieron acapararlos.

Es el caso del material de protección necesario, cuyo grueso se fabrica en China. O de los alimentos básicos, que han tenido que atravesar largas distancias hasta llegar a los puntos de abastecimiento. Ello pone en evidencia la necesidad de revisar la distribución de recursos básicos, según estas expertas.

«Soberanías arraigadas»

Rita Segato entiende que la alternativa es el desarrollo de las “soberanías arraigadas”, esto es, las soberanías locales que tienen como eje la comunidad, y las “soberanías varias de las personas para ser capaces de vivir en situaciones de indefensión”.

La crisis, de todos modos, no ha afectado igual a todo el mundo. Según la antropóloga, la han sufrido de modo especial las mujeres, las personas racializadas y las clases populares. Las desigualdades han quedado más marcadas, aunque para ella el concepto desigualdad “se ha quedado corto”.

Indignadas por la absolución de tres hombres que violaron en grupo a una menor en Argentina al considerala el fiscal «un desahogo»

Segato, más que desigualdades sociales, ve “una estructura social de dueñidad” cuya base es el patriarcado. Un patriarcado que construye la primera vulnerabilidad de las mujeres en la apropiación de sus cuerpos y que superpone a ella todas las demás vulnerabilidades.

En opinión de Diana Maffía será complicado hacer frente a las violencias sobre las mujeres, porque los avances legislativos se ven frenados por “un terreno de crueldad e impunidad” presente en la memoria social, que “lleva a esa apropiación impune de los cuerpos”.

Violación como «desahogo»

Al hilo de esta cuestión, mostraron su indignación por la absolución de tres hombres que violaron en grupo a una menor de 16 años en Argentina al considerarlo el fiscal “un desahogo”. Barrancos aseguró que este tipo de situaciones muestran la “violencia constitutiva de la sociedad” y abogó por una educación que erradique los estereotipos asociados a los géneros.

Segato calificó de “atrocidad” la actuación del fiscal y exigió un cambio en la administración de justicia porque los tribunales son “escuelas” y las sentencias “ejercen una dimensión pedagógica en la sociedad”. Aprovechó para pedir que el feminismo ponga el foco en ese ámbito porque “cada día asistimos a un espanto”.

En relación al futuro, Maffía rechaza volver a “una normalidad de una crueldad e injusticia enorme” y apuesta por “una nueva normalidad con mejores formas de relacionarnos”, lo que se traduce en poner en el centro de la vida el cuidado interpersonal comunitario, distribuido socialmente. A su juicio, no cambiarán las necesidades, sino los modos de satisfacerla.

Pero, para Barrancos, construir “plataformas sororas” va a ser más difícil por las medidas de aislamiento y distanciamiento y porque, en medio de las crisis, la solidaridad es más difícil de practicar, ya que lo que las caracteriza es el “sálvese quien pueda”.

De todos modos, como “la sororidad y la solidaridad se aprenden”, sueña que tal vez este período de dificultades nos ofrezca la oportunidad de comenzar con ese entrenamiento.

Hoy, conversatorio sobre educación sexual desde la infancia y adolescencia

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Hoy, conversatorio sobre educación sexual desde la infancia y adolescencia
  • A través de la página de Facebook de la Seimujer a las 18 horas

Redacción
SemMéxico. Morelia, Michoacán, a 10 de junio de 2020.- Con el propósito de impulsar el pleno reconocimiento de los derechos de las de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, trasvestis, transgénero e intersexuales (LGBTTTI+), la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), invita al conversatorio “La importancia de la educación sexual desde la infancia y adolescencia”. 

Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Seimujer, comentó que se trata de un diálogo donde se podrá conocer la importancia de la educación sexual científica y laica como forma de garantizar los derechos humanos de las infancias y adolescencia. 

“Desde el Gobierno del Estado, seguimos trabajando para visibilizar los derechos de todas las personas, por ello estamos impulsando estos espacios de diálogo para que se conozca toda la información”, comentó. 

Recordó que, en el marco del mes del orgullo LGBTTTI+, la Seimujer, realizará diversas actividades como parte de la política de cero tolerancia a las acciones y discursos de odio y discriminación en razón de género, orientación sexual, expresión de género e identidad. 

En el conversatorio que se transmitirá este día a las 18 horas por la página de Facebook de la Seimujer, participan, Zaira Isell Figueroa Palafox y Rebeca Tamar Zaragoza Toscano, ambas especialistas en sexualidad, educación y psicología.

Michoacán refuerza acciones de “Palabra de Mujer” en tres municipios

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Michoacán refuerza acciones de “Palabra de Mujer” en tres municipios
  • La coordinadora del programa sostuvo reunión de trabajo con los enlaces

Redacción

SemMéxico. Morelia, Michoacán a 10 de junio de 2020.-Martha Lilia Cortes Rangel, coordinadora del programa Palabra de Mujer, sostuvo una reunión de trabajo con los enlaces de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Coahuayana, con el objetivo de reforzar los conocimientos sobre los apoyos y créditos que se entregan a las mujeres michoacanas.

Cortes Rangel manifestó su preocupación por el elevado número de contagios de COVID –19 en la zona de la costa y pidió a los enlaces tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio.

 “Frente a esta emergencia sanitaria nosotros también debemos ser corresponsables con los ciudadanos y exhortarlos a mantener las medidas de prevención”, señaló.

En la reunión, los jefes regionales dieron indicaciones estrictas sobre el protocolo de salud para el cuidado y prevención del virus.

Esta reunión sirvió también para evaluar el trabajo de los enlaces correspondientes y tomar medidas para la disipación de créditos en la región, en beneficio de las mujeres michoacanas.

SEM/IL

En Morelos por decreto se frena violencia política contra las mujeres, pero se violentan derechos indígenas

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En Morelos por decreto se frena violencia política contra las mujeres, pero se violentan derechos indígenas

Estrella Pedroza

SemMéxico. Morelos. 10 de junio de 2020.- En Morelos por decreto se reformó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (CODIPEM) y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo que se busca poner un alto a violencia política contra las mujeres en razón de género; pero también se violenta el derecho de las y los ciudadanos y de las comunidades indígenas a elegir a sus autoridades por usos y costumbres, advierten expertas en temas electorales.

El Poder Ejecutivo publicó el decreto 690 en el periódico oficial “Tierra y Libertad” en el que se reforman diversos artículos, se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad.

El documento consta de 108 páginas en las que se especifican los cambios sustanciales a las leyes de referencia que buscan erradicar la violencia política contra las mujeres al interior de sus partidos.

Además, incluye las medidas de protección que podrá ordenar el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y medidas de aprehensión para sus determinaciones.

Contiene un catálogo de acciones u omisiones en las que podrían incurrir las autoridades gubernamentales como los partidos contra las mujeres.

Ana Isabel León Trueba, presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), destacó que en este decreto se engloban acciones que desde hace años se han impulsado desde la sociedad civil para garantizar la participación de las mujeres y de manera segura en la vida política de la entidad.

“El decreto recoge de manera adecuada todas las propuestas que durante mucho tiempo han surgido de las organizaciones se sociedad civil y de las instancias electorales y de los propios diputados para lo que se requiere para la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los espacios”, dijo.

Sin embargo, dentro de la reforma se contemplan modificaciones en el CODIPEM como el aumentar 4 por ciento para la asignación de plurinominales y la generación de dos listas para crear una lista definitiva denominadas A y B (hombre y mujeres). Es decir, se modifica la forma de asignación de plurinominales.

Mientras que en el Artículo 17, en el caso de los presidentes y las presidentas municipales que quieran reelegirse que sean independientes o hayan renunciado al partido que los postuló, los obliga a afiliarse a un partido y ya no puede ser ciudadano. De igual manera en el Artículo 1, suben la votación al cuatro por ciento para poder acceder a una regiduría.

En tanto, en el Artículo 66 los cambios transgreden los sistemas normativos internos de las comunidades y municipios indígenas debido a que obligan a participar a través de los partidos políticos retirándoles su libre autodeterminación.

“Considero que las reformas pueden ser sujetas de impugnación ya que existen cambios sustanciales que pueden alterar los principios de seguridad jurídica limitando la participación efectiva de las y los ciudadanos y sobretodo en las comunidades indígenas”, apuntó, Ángel David Hidalgo, representante de la Asociación Civil “Cuernavaca Avanza”, especialista en estrategia electoral, derechos de las mujeres y participación política.

Y adelantó que dichas reformas podrían ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los partidos políticos e incluso por los municipios de la entidad.

El representante de “Cuernavaca Avanza”, advirtió que “con ello nuevamente los poderes Ejecutivo y Legislativo están haciendo uso de sus atribuciones de manera incorrecta para presionar a los municipios, toma nuevamente de rehén los derechos de las mujeres”.

Mujer y Poder

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Mujer y Poder

La BOA  

Natalia Vidales

SemMéxico. 10 de junio de 2020.- Fiel a su estilo –aunque  ya no tan efectivo–    del presidente López Obrador  de doblarles la apuesta a sus opositores –que cada día se incrementan y fortalecen–  el martes exhibió,  en su matiné,  un documento llegado a sus manos  que da cuenta de una avanzada  constituida en un  Bloque Opositor Amplio ( BOA)  para ir en contra de él y de MORENA en las elecciones del año que viene y, enseguida, en marzo del 2022,  en la consulta sobre la Revocación del Mandato presidencial y echarlo del Palacio Nacional.

La presentación de ese documento habría  –según la apuesta–   de mostrar las intenciones de sus enemigos (antes  eran solo adversarios) y alertar al pueblo para cerrar filas junto al mandatario. Pero, en realidad, el desafío es, hoy, muy arriesgado, cuando buena parte de la población ya no está del todo, ni mucho menos,  del “lado” de AMLO: un sondeo de opinión  da cuenta de que dos terceras partes de quienes, esperanzados en un cambio verdadero y para mejorar,   votaron por el hoy presidente el 2018,  están  más que arrepentidos y “maldicen a su suerte”, como suele decirse.

Ese oficio  –publicitado  por el propio régimen–  ha despertado en tan solo unas  horas la solidaridad para unirse en contra del mal gobierno por grupos que difícilmente lo harían  ante otros problemas: el concepto de solidaridad suele usarse generalmente en su segunda acepción, relativa a una comunidad de intereses entre grupos afines;  pero su definición cabal  se refiere a la adhesión incondicional a una causa o empresa de otros, en aras de un bien superior.

El doctor en Derecho del Trabajo, Baltazar Cavazos Flores, conferencista de talla continental,   delineó  mejor que nadie, a la solidaridad: es un abrazo –dijo–  de desesperados. Y  lo ejemplificaba con su experiencia en materia laboral cuando  él mismo se sorprendió al ver que patrones y trabajadores (supuestamente antagónicos por naturaleza)  llegaban a acuerdos entre ellos,  en contra de los malos gobiernos que los perjudicaban a ambos  (como hoy está sucediendo en México ante la crisis económica que devino del Covid-19, y que excluye de apoyos tanto a los trabajadores como a las empresas).

Y ese ejemplo cunde entre otros gremios (académicos,  artesanos, estudiantiles, corporativistas, amas de casa, funcionarios públicos, políticos de  diversas ideologías,  etcétera) que se suman a la causa de votar el año que entra para evitar la mayoría del partido del presidente en el Congreso y balancear el poder público en el país. E incluso, de no ser suficiente, de revocarle al mandato a AMLO  el 2022 y mandarlo a su rancho en Palenque, Chiapas.

Luego de la exitosa  Caravana del sábado antepasado (que se repetirá por cierto el próximo fin de seana) convocada por el Frente Nacional Anti-AMLO pidiendo su renuncia (en una abierta acción ciudadana),   López Obrador la denostó, llamando conservadores, corruptos, egoístas y demás epítetos a quienes  participaron (infinidad de mexicanos  inconformes con su gobierno…y dispuestos a destronarlo legalmente), pero también los llamó a manifestarse  –“sigan  articulándose” les dijo– . Y ahora resulta que  no le parece la  aparición  de la BOA.   

Más aún: el lunes pasado el todavía mandatario pidió el maniqueísmo de decidirse  abiertamente a favor o no de su régimen, en una especie de conmigo o contra mí.  Y, pues, ahí están las respuestas como lo dijo coloquialmente  el atinado  y  leído  Armando Fuentes Aguirre  (Catón) en su columna “De Política….y cosas  peores”: “poninas dicho popochas”,  y a  ver quién gana.

A ese nivel ha llevado AMLO  la división y  la confrontación a México, en un momento, por si fuera poco, de lo más inoportuno   ante una crisis sanitaria y, sobre todo, económica mayúscula ya presente y que genera y generará aún más pobreza y violencia en el país, y a la cual debería de dedicar su esfuerzo, recursos , inteligencia y capacidades  para sobrellevarla,  en vez de recurrir a distractores sobre su futuro político que, simplemente, quedará en manos de los electores.

La desigualdad de género le da ventaja al cambio climático

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La desigualdad de género le da ventaja al cambio climático

Redacción 

SemMéxico/Noticias ONU. 10 de junio de 2020.- Las mujeres son las más afectadas por el cambio climático, y la discriminación que aún sufren a nivel socioeconómico intensifica las consecuencias que el calentamiento global está teniendo sobre su alimentación, hogar y medios de vida. Las normas machistas también impulsan a los hombres a la violencia cuando se ven enfrentados a los impactos del clima. Comprender la interconexión entre el bienestar económico, la paz y la igualdad de género es vital para garantizar un futuro mejor para el planeta y toda la humanidad.

La violencia de género y la desigualdad estructural limita las capacidades de las comunidades para adaptarse a los efectos del cambio climático, así como para alcanzar la paz y la seguridad sostenibles, asegura un nuevo estudio realizado por varias agencias de la ONU.

El cambio climático actualmente impacta cada rincón del planeta, en algunas regiones sequías severas y temperaturas en aumento causan hambre, así como pérdida del hogar y de medios de vida.  Millones de personas están en grave riesgo, especialmente las mujeres y las niñas, que son tradicionalmente las proveedoras de comida, agua y energía, pero cuentan con menos recursos para adaptarse a las condiciones cambiantes.

“Estas dinámicas de género aún son relativamente desconocidas a nivel internacional, y hay una falta de legislación. Este informe demuestra la conexión intrínseca entre género, clima y seguridad”, asegura en el prólogo la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen.

Y es que la crisis climática se extiende mucho más allá del clima, y abordarla efectivamente requiere respuestas que aborden los vínculos entre género, clima y seguridad, afirma el informe que revela cómo aquellos países que tienen un mayor avance en la lucha contra la desigualdad de género, también muestran signos positivos de acción climática.

Un vínculo demostrado a través de casos

Las mujeres y las niñas enfrentan cargas económicas desproporcionadas debido a los diferentes tipos de marginación; las expectativas de género pueden llevar a hombres y mujeres a recurrir a la violencia cuando los medios de vida tradicionales fallan; e importantes cambios socioeconómicos pueden resultar de cambios en los patrones de migración.

Los autores utilizan casos de estudio para evidenciar esta interconexión, y ayudar a los Gobiernos y legisladores a que encuentren oportunidades para desarrollar sociedades resilientes, inclusivas y pacíficas.

Por ejemplo, en el norte de Nigeria, las normas de masculinidad, como el deseo de proteger la riqueza familiar, intensifican los conflictos intercomunales, lo que a su vez motiva a los hombres jóvenes a unirse a grupos armados como Boko Haram, mientras que el cambio climático está destruyendo la naturaleza que es la base de la alimentación en la región.

En Chad, la violencia diaria en contra de las mujeres y las niñas genera un estrés económico y atenta contra las capacidades de las comunidades de adaptarse a los cambios ambientales. La inseguridad económica también hace más vulnerables a las adolescentes a un matrimonio temprano, y a los jóvenes a ser enlistados en grupos armados. Esta problemática también causa migración.

En Egipto, el rápido aumento de la población y la cantidad limitada de suministro de agua dulce ha hecho al país vulnerable a los impactos del cambio climático. Los cambios en la disponibilidad del agua pueden tener graves consecuencias sobre la seguridad alimentaria y energética, así como sobre el empleo, la sanidad, la educación y la salud. El estudio asegura que el riesgo es muy serio para las mujeres, que están ampliamente marginalizadas en las esferas económicas, políticas y sociales.

Otro ejemplo que plantea el informe es el de Sierra Leona, donde la rápida urbanización, combinada con lluvias más fuertes y el aumento del nivel del mar ha resultado en la intensificación de deslizamientos de tierra e inundaciones que dejan a los más vulnerables sin hogar. Sin embargo, a pesar de que existe una gran brecha en la cantidad de mujeres que participan en la esfera política, aquellas que están involucradas en los gobiernos locales están haciendo aportes importantes para que la comunidad sea más resiliente.

En el oeste de Papúa, en Indonesia, las mujeres indígenas son afectadas desproporcionadamente por los impactos de la degradación de la tierra causada por las industrias extractivas, que es exacerbada por el cambio climático. Las mujeres además se enfrentan a la inseguridad, la violencia sexual, la marginalización y el desplazamiento.

En Pakistán, la conexión entre la violencia de género y el cambio climático es aún más clara, ya que las mujeres sufren violencia doméstica cuando no pueden proveer agua a sus hogares. La falta de agua y energía a causa del cambio climático también lleva a los hombres a movilizarse con grupos criminales.

En América Latina, los autores del informe citan un ejemplo positivo:  En Colombia, El Salvador y Ecuador, enfoques basados en el género para la adaptación al cambio climático y la creación de cohesión social fomentados por el Programa Mundial de Alimentos, han logrado importantes contribuciones para fortalecer la seguridad alimentaria y la resiliencia.

En el Corredor Seco de América Central, las mujeres denuncian que ahora tienen que viajar cada vez más lejos para conseguir agua, y pasar más tiempo cuidando de familiares a causa del aumento de enfermedades, como el Zika, y el dengue, cuyas epidemias son exacerbadas por el cambio climático. Asimismo, cuando los hombres del hogar se ven obligados a migrar por la falta de alimentos, las responsabilidades aumentan para las mujeres, en medio de una sociedad que aún las discrimina para ser dueñas de la tierra.

El papel de las mujeres en el futuro del planeta

A medida que los países se recuperan de los devastadores impactos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19, la desigualdad de género está dando forma a la experiencia de la crisis, así como a las perspectivas de resiliencia y recuperación.

Las comunidades afectadas por el conflicto y el cambio climático enfrentan una doble crisis. La pandemia agrava aún más los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria, los medios de vida, la cohesión social y la seguridad. Esto puede socavar los logros del desarrollo, intensificar la violencia y también alterar los frágiles procesos de paz.

El informe deja en claro la necesidad urgente de una acción sensible al género para abordar estas crisis vinculadas. Las intervenciones en torno a los recursos naturales, el medio ambiente y el cambio climático, por ejemplo, brindan oportunidades significativas para el liderazgo político y económico de las mujeres y fortalecen sus contribuciones a la paz.

La programación sostenible de recursos naturales también ofrece oportunidades para mitigar la violencia sexual y de género en los conflictos. Reco5nocer que la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo son interdependientes, es vital para forjar un futuro mejor, afirman los autores.

«La desigualdad de género, la vulnerabilidad climática y la fragilidad del Estado están fuertemente interrelacionadas. Sabemos, por ejemplo, que los países con valores más altos en una de estas áreas tienden a obtener una puntuación más alta en las otras dos. Con el tiempo, la ayuda dirigida a iniciativas que empoderan a las mujeres y promueven la igualdad de género sigue siendo muy baja. Los ejemplos concretos de este tipo de iniciativas en acción que se muestran en este informe pueden ayudar a estimular más investigaciones e inspirar más oportunidades para reforzar los roles de las mujeres en la consolidación de la paz, que es fundamental para ayudarnos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, afirmó el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Achim Steiner.

Recomendaciones a los países

«Fortalecer el papel de las mujeres en la gestión de los recursos naturales también les brinda la oportunidad de actuar como constructoras de paz y manejar conflictos de manera no violenta», aseguró Oscar Fernández-Taranco, Subsecretario General de Apoyo a la Construcción de la Paz.

Los autores aseguran que las consideraciones de género también deberían reflejarse plenamente en las políticas y la programación emergentes sobre los riesgos de seguridad relacionados con el clima, no solo para fortalecer la conciencia y la comprensión de vulnerabilidades particulares, sino también para resaltar las oportunidades de liderazgo e inclusión de mujeres y grupos marginados en los procesos de toma de decisiones.

También se requiere más inversión para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los estados vulnerables, incluidas las implicaciones para la movilidad humana, y especialmente en los sectores relacionados con los recursos naturales, donde es particularmente baja.

«Reconstruir mejor con una perspectiva de género significa garantizar que nuestras economías post-COVID aborden las desigualdades fundamentales en la sociedad y pongan fin a la violencia contra las mujeres», dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. «Las mujeres son una fuerza poderosa para reconstruir las sociedades de manera más segura, desde proporcionar alimentos y refugio, hasta generar ingresos vitales y liderar un cambio sostenible».

El informe resume en cinco puntos las recomendaciones:

  • Integrar las agendas de paz, cambio climático, igualdad de género y seguridad
  • Realizar intervenciones que empoderen a las mujeres y los grupos vulnerables para abordar los riesgos del cambio climático
  • Aumentar la financiación específica para estos programas
  • Hacer un análisis más profundo de las dimensiones de género de los riesgos del cambio climático, cómo de los desafíos de seguridad

Por falta administrativa la encierran en cárcel municipal junto con su hija

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Por falta administrativa la encierran en cárcel municipal junto con su hija
  • Durante casi 24 horas la niña de tres años fue mantenida en prisión
  • Es la segunda ocasión que autoridades de San Juan Mazatlán Mixe hacen lo mismo

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 9 de junio, 2020.- Derivado de una falta administrativa, Teodora E.R. fue encarcelada por casi 24 horas junto con su pequeña de tres a los de edad, hechos que ocurrieron en la población de San Juan Mazatlán Mixe, en la región Sierra Norte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Teodora E.R, de 44 años de edad, discutió con una adulta mayor en el centro de la población, el sábado pasado alrededor de las 19:00 horas. Por esta razón, Zósimo Francisco Domínguez, quien se autonombra como síndico “popular” de la población determinó encerrarla con su hija, a pesar de que le pidieron que no lo hiciera.

Un día después, alrededor de las 17:00 ambas fueron liberadas, por orden de Domínguez.

Un evento similar ocurrió el 25 de octubre del año pasado cuando una mujer y sus hijas fue encerradas cerca de 12 horas, sin causa aparente y de manera arbitraria.

 En San Juan Mazatlán, localidad colindante con el Istmo de Tehuantepec, prevalece un conflicto interno entre los habitantes, existe una autoridad “comunitaria” o “popular”, que si bien no es reconocida por las instituciones, supuestamente, “tiene validez al interior de la propia población”.

El ayuntamiento “comunitario” ocupa el Palacio Municipal y sostiene una pugna con el presidente municipal constitucional de San Juan Mazatlán, Macario Eleuterio Jiménez, quien para evitar conflictos con sus antagonistas despacha en un recinto alterno, en otra localidad.

SEM/pb/sj

Agreden a enfermera por pedir el uso de cubrebocas en Oaxaca

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Agreden a enfermera por pedir el uso de cubrebocas en Oaxaca

* A golpes el conductor de un mototaxi agrede a trabajadora de la salud

* 81 alumnas de la UABJO atienden a la población en la mixteca

Patricia Briseño

SemMéxico, Oaxaca, 9 de junio, 2020.-  Una enfermera del IMSS fue agredida a golpes y escupitajos por un grupo de personas cuando aconsejó a un operador de mototaxi portar mascarilla o cubreboca al pasar por un filtro sanitario, instalado en la entrada del municipio de Santiaguito, Etla, en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

La trabajadora de la salud, quien participó como voluntaria en el filtro fue víctima de insultos y golpes por el conductor del servicio concesionado.

Tras la discusión, el mototaxista convocó a sus amistades quienes arribaron provistos con palos en mano, para azuzar a la enfermera y a otros voluntarios, lo que movilizó a la Policía Municipal, no obstante, los agresores huyeron del lugar.

El Congreso de Oaxaca reformó el Código Penal local para castigar hasta con seis años de prisión a quienes agredan a personal sanitario, por considerar que se viola la integridad de médicos y enfermeras en primera línea de combate al coronavirus, además de que es una forma de discriminación.

La Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca por casos relacionados con la pandemia COVID-19 registra 63 quejas y 25 cuadernos de antecedentes, incluidas las presentadas por personal sanitario, desde el pasado 23 de marzo a la fecha.

Asimismo, persiste la urgente demandan el suministro de insumos en los hospitales y clínicas ante el riesgo de contagiarse por COVID-19.

81 alumnas de la UABJO atienden a la población en la mixteca

Por otra parte, se informó que 81 alumnas de la carrera de Enfermería de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) prestan servicio social en 65 hospitales y consultorios de salud de la Secretaría de Salud de Oaxaca, en la región Mixteca.

Aunque no ingresan a las áreas críticas destinadas a quienes padecen la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, las alumnas tienen a su cargo la atención de población vulnerable como migrantes, por lo que la institución universitaria proporcionó a cada una, insumos médicos para su protección individual.

Lourdes Morales Martínez, coordinadora de Servicio Social de la licenciatura, precisó que el alumnado realiza sus prácticas médicas en 65 centros de salud y 17 hospitales, localizados en la jurisdicción sanitaria donde convergen indígenas mixtecos, chocholtecos y triquis.

Detalló que las enfermeras en ciernes trabajan en las clínicas rurales de  Tezoatlán de Segura y Luna, Camotlán, Mariscala, Tonalá, San Lorenzo Vista Hermosa, Putla Villa de Guerrero además de Nopala y Rastrojo, en San Juan Copala.

Además de los hospitales “Aurelio Valdivieso” y “Pilar Sánchez Villavicencio”, de las ciudades de Oaxaca y Huajuapan de León, respectivamente, y las unidades médicas del IMSS e ISSSTE en Tlaxiaco y Huautla de Jiménez.

SEM/pb/sj

Los prescindibles

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Los prescindibles

“La democracia tiene sus costos, pero sus beneficios son irremplazables”.

Luis Rubio.

Florencio Salazar Adame

SemMéxico. 09 de junio 2020.- Luis de la Calle, a solicitud del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), escribió el ensayo Del déficit económico y de igualdad al democrático, siendo presentado el 3 de junio con la participación de Luis Rubio, Carlos Heredia y el autor, moderados por Valeria Moy, manteniendo la sana distancia a través de ZOOM.

Deshacer este nudo gordiano significa “encontrar el camino para México”, diría Luis Rubio. México es un país en el que coexisten diferentes capas históricas, desde las culturas de pueblos indígenas, pasando por una ruralidad que se niega a desparecer y la vida cosmopolita. Por otra parte, la estratificación deja en claro la desigualdad: el 1% de la población concentra alrededor del 43% de la riqueza. (Cinco gráficos sobre la desigualdad. El economista. Febrero 23 de 2020). El desarrollo nacional no es equilibrado ni nada que se aproxime, pues la pobreza –y la pobreza extrema- existe tanto en el campo como en la ciudad.

La democracia mexicana, entendida como un proceso electivo, dispone de instituciones sólidas sobresalientes a nivel internacional. Pero si remitimos la democracia al régimen o forma de vida, ahí si hay muchos pendientes. La nuestra ha sido, en el mejor de los casos, una sociedad de militantes, no de ciudadanos. México pudo escapar del riesgo de la asonada porque lograron imponerse los genes democráticos –los del maderismo- de la Revolución Mexicana al cesarismo sonorense. Y esa fuga hacia delante, le posibilitó el gradualismo democrático, plural, incluyente.

Desde la antigüedad la política ha carecido de suficiente prestigio. Los caudillos formaron sus partidos políticos y estos fueron controlados por círculos cerrados (Robert Michels), en donde se tomaban las decisiones supuestamente mandatadas por las bases. Lo mismo ocurre en las cámaras legislativas, las decisiones se toman en otra parte.

El problema de nuestra democracia es que tiene una ciudadanía mínima. Cuando el elector es también ciudadano, el corporativismo, el caudillaje, el caciquismo, los poderes fácticos, no determinan las reglas y el rumbo. La inconformidad por las condiciones del transporte es menor al deseo de llegar a un destino.

Durante la presentación se habló de dignidad y respeto. Asumí que serían los ejes del texto, no lo son. Pero esa impresión me llevó a preguntar cómo podría alcanzarse la dignidad y el respeto en una sociedad clientelar, con pobreza y violencia. Si la dignidad supone también la similitud de condiciones que, supuestamente, debe tener la mayoría de individuos, el trato entre personas necesariamente será de respeto. Como se ha dicho muchas veces, el tema es arrancar con piso parejo.

En las tres entidades más desarrolladas de nuestro país, la situación de pobreza arroja los siguientes indicadores: CDMX, 30.6 por ciento; Nuevo León, 14.5; y Querétaro, 27.6. Chiapas, 76.4; Oaxaca, 66.5; y Guerrero, 66.5. (CONEVAL, 2012-2018).

Tasa de homicidio: CDMX, 14.53; Nuevo León, 12.33; y Querétaro, 10.06. Chiapas, 10.83; Oaxaca, 21.07; y Guerrero, 71.33. Este elevado porcentaje puede explicarse por ser el primer productor de amapola, como lo fue de marihuana. (México ¿cómo vamos? Índice de progreso social 2019).

El cruce de datos sobre PIB per cápita y cobertura de educación superior deja claras las diferencias, pues van de un PIB 345,839 pesos en CDMX a otro de 52,436 en Chiapas; respecto a la cobertura de educación de 66.62 en CDMX a 13.02 en Chiapas. Lo notable es que los porcentajes de participación electoral son muy parecidos: 70.60 en CDMX y 68.40 en Chiapas. (México ¿cómo vamos?, 2019). Es decir, en el sur se elige con el estómago. Entonces ¿cómo se logra la dignidad y el respeto?

Para desarrollar al sur se necesita acabar con las dádivas, dijo Carlos Heredia. En realidad se necesita mucho más. Es una región de conflictos que pegan al corazón de la República: las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez; el levantamiento del EZLN; la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; y la protesta magisterial, entre otros. Por todo ello, el sur, especialmente Guerrero, debe considerarse asunto de seguridad nacional.

Insisto en el punto. ¿Cómo crecer económicamente en una entidad con atraso generalizado, en el cual las pocas grandes industrias no reinvierten en la entidad y la Federación tampoco distribuye con criterios equitativos y estratégicos? Ese ha sido el trato histórico que ha recibido Guerrero, con las excepciones de Miguel Alemán, constructor del moderno Acapulco; y de Carlos Salinas, que apoyó la machacona gestión del gobernador Ruiz Massieu en la construcción de la Autopista del Sol. Sin ella Guerrero estaría turísticamente desolado.

Sin oportunidades efectivas para el bienestar colectivo la democracia seguirá siendo insuficiente, la economía favorecerá la concentración de la riqueza y el malestar social siempre será un riesgo para la gobernabilidad. El espíritu del federalismo fiscal es dar más a los que menos tienen, pero no se cumple.

Hay que desarrollar más la formación ciudadana, para que los poderes se controlen entre si y que los ciudadanos controlen a los poderes, evitando que el legislador se vuelva autónomo y autómata. Para lo cual es indispensable el Estado de Derecho, el respeto a la ley.

Como hemos visto en las diferentes crisis la economía y la política se condicionan mutuamente. La decisión política de estatizar la banca; y la económica del Fobaproa, una de las causas de la alternancia política en el 2000, son ejemplos emblemáticos. Con acierto dijo Jesús Reyes Heroles “la política es economía concentrada”.

Entre especialistas, se advierte el criterio de que el 10 por ciento de la población no saldrá de la pobreza en sociedad alguna. Los del sur no queremos ser parte de ese 10 por ciento, de los prescindibles. Además, ninguna nación puede avanzar arrastrando parte de su cuerpo.

Luis de la Calle escribió un texto francamente provocador.

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