• La cuarentena, riesgo de violencia doméstica. 

• Directrices de la ONU ante la pandemia. 

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 14 de abril de 2020.- Para los gobiernos los servicios de apoyo y los albergues para las víctimas de violencia de género deben seguir siendo una prioridad, así como la orientación eficaz y la disponibilidad y accesibilidad de medios para llevar a las víctimas a lugares seguros, señala en sus directrices para reducir la repercusión de la crisis sobre las mujeres por el COVID 19, la Organización de las Naciones Unidas. 

Así como los servicios de salud sexual y reproductiva también se señalan que deben considerarse como una prioridad que salva vidas y que forma parte integral de la respuesta a la pandemia. 

Deben abarcar el acceso a los anticonceptivos, la atención a las madres y los recién nacidos, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, la posibilidad de obtener un aborto seguro y la orientación eficaz de las usuarias. 

Y advierte que deben realizarse los esfuerzos necesarios para no sustraer recursos de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, ya que eso repercutiría especialmente en los derechos y las vidas de las niñas y las mujeres.

De acuerdo a lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,  Michelle Bachelet, los esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos. 

En el documento “Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de Derechos Humanos en la atención a la pandemia por COVID19”, se destaca la situación de las mujeres ante las restricciones relacionadas con la salud pública, tales como las cuarentenas, que pueden aumentar la exposición de la mujer a la violencia de género, sobre todo a la violencia de pareja y a la que acontece en el ámbito doméstico.

 El organismo internacional considera que el riesgo de violencia doméstica se agrava en un momento en que no hay o quedan menos refugios y servicios de ayuda disponibles para las víctimas; cuando es difícil acceder a aquellos que aún están abiertos; y cuando hay menos apoyo de la comunidad. 

Por lo que hace énfasis en que se deben seguir una serie de medidas como el que los mensajes relativos al COVID-19 deben incluir información sobre los teléfonos y servicios de emergencia.

Sin embargo, advierte que hacer llamadas telefónicas puede ser peligroso en un contexto de confinamiento en el hogar, las líneas de ayuda pueden facilitar el acceso al proporcionar chats en línea y servicios de mensajes de texto para las víctimas, por lo que instan a los Estados a encontrar soluciones nuevas y creativas para apoyarlas.

Respecto a las mujeres de edad avanzada tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, lo que a su vez puede agravar la repercusión del virus y limitar su acceso a los bienes, los alimentos, el agua, la información y los servicios sanitarios.

Considera la oficina del Alto Comisionado de la ONU que se necesitan medidas específicas para reducir la repercusión de la crisis sobre las mujeres, dado que, en el hogar, las niñas y las mujeres desempeñan la mayor parte de las tareas domésticas, lo que implica un estrés adicional sobre su vida profesional, y además constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en el sector sanitario, por lo que corren un mayor riesgo de infección.

En muchos países, las mujeres afrontan riesgos desproporcionados en la esfera laboral, ya que muchas de ellas trabajan en el sector informal (por ejemplo, como empleadas domésticas, niñeras, trabajadoras agrícolas o ayudantes en empresas familiares) y pueden ser las primeras en perder sus empleos o en padecer las consecuencias de la crisis, puesto que carecen de seguridad social, seguro de salud o permisos retribuidos.

Destaca en las directrices que las medidas deben ser tomadas por objetivos legítimos de salud pública, no negar el servicio médico por discriminación y tomar medidas adicionales de protección social para que su apoyo alcance a aquellas personas en mayor riesgo de ser afectadas de manera desproporcional por la crisis.

Los Estados deben proporcionar apoyo específico, incluyendo apoyo financiero, social y fiscal, a las personas particularmente afectadas como las que no tienen seguro médico o seguridad social. Así como a tomar medidas activas para garantizar que prevalezca un sentido de solidaridad.

Cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria. Los gobiernos deben informar a la población afectada sobre el significado del estado de emergencia, dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que estará en vigor. 

El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados.

En los países que hayan adoptado medidas de restricción de movimiento y libre circulación, los gobiernos deben utilizar todos los medios disponibles, incluyendo el aprendizaje a distancia, para continuar el acceso a la educación, especialmente para niños y adolescentes, y en las mismas condiciones a los estudiantes con discapacidades.  

Las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos, ni funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos.

Señala la ONU que las directrices se irán enriqueciendo conforme a la experiencia de los expertos y expertas de derechos humanos de la ONU y la propia ONU-DH. 

• La mexicana Mildred Rhodes pasó de unas vacaciones en crucero turístico a un encierro en barco y, luego, a vivir una cuarentena obligada en Italia en la que ya lleva 21 días.

 Lidia Arista

SemMéxico/Expansión. 14 de abril de 2020.- Con dudas por el crecimiento en el mundo de la epidemia del coronavirus, la regiomonana Mildred Rhodes abordó el 5 de marzo el crucero Costa Luminosa, en el puerto de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos, con destino a Venecia. Se convenció de hacerlo porque la naviera le aseguró en ese momento que todo estaba bien y que, si ella cancelaba el viaje, no habría devolución de dinero, así que más allá de lo económico, la razón para continuar con el plan fue no dejar solas a sus dos amigas de 78 años.

Sin embargo, en cuestión de días sus vacaciones se convirtieron en una pesadilla. La confirmación de dos casos de COVID-19 abordo del barco propició la cancelación de espectáculos en altamar, después se ordenó el confinamiento de todos los viajeros en sus habitaciones y, finalmente, se convirtió en un encierro –en el que permanece– en un hotel en Italia.

Esta es su historia, la cual cuenta desde un hotel en Italia bajo resguardo de policías de ese país.

Su viaje estaba programado para arribar el 25 de marzo a Venecia, y en el trayecto realizaría varias paradas. La primera de ellas fue Puerto Rico; ahí los pasajeros pasaron todo un día sin contratiempos. Al día siguiente seguía Antigua, pero ya no los dejaron atracar.

“El capitán nos avisa que era porque en Puerto Rico se había quedado una pareja con insuficiencia respiratoria y que estaban internados, pero que no sabían si tenían coronavirus o no. Cruzamos el océano rumbo a España durante cinco, pero como estaba el riesgo de esta pareja se detuvieron las actividades sociales”, explicó en entrevista con Expansión Política.

Después vino la cancelación de la operación de los casinos y los bares e, incluso, los restaurantes dentro del barco. Antes de llegar a España, el capitán del Costa Luminosa les dio un aviso que cambió todo: la pareja que se quedó en Puerto Rico dio positivo a COVID-19, aunque esa información ya había sido publicada en periódicos días antes.

“Al haber dado positivo, tampoco podríamos bajar en España porque había otra pareja enferma. Entonces trasladan a otros pasajeros al hospital, es para lo único que paró el barco en España y para cargar combustible”.

Así que viajaron hacia Marsella, Francia, ya sin detenerse en ninguno de los puertos que estaban incluidos en el itinerario, pero ahora el confinamiento para los pasajeros era total. Todos debían permanecer en su cuarto, y hasta ahí les llevarían sus alimentos.

Luego tuvieron otro mensaje del capitán: en Marsella, bajarían todos los pasajeros; sin embargo, los únicos que sí lo hicieron fueron los estadounidenses y canadienses. Aunque ella tenía un boleto de avión de Marsella-París y de París-México, no se le permitió bajar del barco; aun así insistió y adquirió boletos con destino a México en la mañana o tarde para que pudiera regresar.

Poco a poco vio cómo fueron descendiendo del barco los franceses, los belgas, los alemanes, casi todos. Ella contactó al consulado de México para solicitar ayuda.

“Les pido (pregunto) cómo estaba la situación y que, por favor, no nos dejaran llegar a Italia porque allá estaba grave la situación. El consulado me dijo que la naviera tenía que dar el permiso para descender y la naviera me decía que el consulado. Yo les decía: reclámenme. No se logró y nos mandaron a Savona”, recordó.

Ya en tierras italianas, comenzaron a bajar los italianos desde el 20, 21, y 22, mientras que todos los demás tuvieron que seguir en sus habitaciones. Así poco a poco vio cómo iban disminuyendo los viajeros hasta que quedaron solo el 10% de los 1,800 turistas.

Para el 23 de marzo les pidieron que bajaran al lobby y les dieron otra noticia, ahora serían trasladados a Roma para cumplir una cuarentena.

Un encierro custodiado por policías

Desde la ventana de Mildred no se veía el Coliseo Romano, pero sí algunas patrullas que vigilaban el hotel con los turistas del crucero que tuvieron que ser aislados.

“Nosotros tenemos policías permanentemente, hay dos o tres patrullas. Ésta es una cuarentena muy vigilada. A unos metros hay un súper pero aunque hagas una solicitud en línea, cuando llega al lobby del hotel, nadie te la sube”, relató.

Durante la llamada, Mildred Rhodes tose, pero afirma que no considera que esté enferma, aunque no lo sabe con certeza.

«Debo comentar que desde hace una semana, por primera vez y el día en que terminaba nuestra cuarentena formal, se nos hizo el examen pero aún no contamos con los resultados», detalla en un mensaje al preguntarle por la evolución de su encierro.

Explica que el trato inicial era para que los contagiados permanecieran aislados sin contacto con nadie, no podían caminar por los pasillos o mantener la puerta abierta. Pero en realidad sabe que los que están en ese hotel se encuentran completamente aislados.

Explica que la comida es lo que más ha padecido, durante los primeros cuatro días les dieron sólo rebanadas de pan, pizza, sándwiches, galletas, pastas y agua, pero nunca verduras. Solo hasta el noveno día le llegó un huevo cocido.

Este 15 de abril, Mildred cumplirá un mes de encierro con dos pausas:

«El día 15 cumpliré un mes desde que empecé en el barco. Claro que se rompió en dos momentos cuando se suponía (el 19 de marzo) que saldría en Marsella y cuando me trajeron en autobús para acá el 23 (de marzo). De cualquier forma aquí ya (llevo) prácticamente 21 días», detalla.

Luego de reconocer que el encierro ha sido difícil, la regiomontana recomienda a los mexicanos seguir las recomendaciones de las autoridades como quedarse en casa a fin de evitar que hayan más contagios.

“Es una pesadilla, es un evento duro para todo el mundo, pero a nosotros nos tocó enfrentarlo lejos de nuestras familias, con las preocupaciones de no ver de nuestras familias, con incertidumbre. Son pruebas difíciles”.

• El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres difunde los tipos de violencia ejercidos en contra de las mujeres del Estado. Estas están estipuladas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como física, sexual, psicológica, económica y patrimonial, incluye otras modalidades como violencia obstétrica y la violencia política.

• Dentro de los tres primeros meses, se registraron 47 muertes violentas de mujeres, lo que quiere decir que cada 2 días existe un suceso dentro de la entidad.

Yessica Morales /Chiapas Paralelo

SemMéxico/Chiapas Paralelo. 14 de abril 2020.- En el mes de marzo del 2020 se registraron once muertes de mujeres, dentro de estas destacan 2 homicidios, 4 suicidios, 2 por causas de fuerza mayor y 3 feminicidios. La última cifra es un dato mínimo, los suicidios sospechosos sin carta póstuma podrían cubrir un feminicidio, menciona el Observatorio Feminista.

El Observatorio contabilizó un total de 43 denuncias de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, de estas dieciocho fueron localizadas y, treinta y uno fueron menores de edad, registraron siete feminicidios en grado de tentativa con mayor incidencia de violencia sexual en niñas y mujeres menores de edad.

Sobre esto último, la Red por los Derechos de la Infancia en México en su Balance Anual 2019, informó que, de enero 2015 a julio de 2019, el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, son las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con 55, 33, 23 y 21 víctimas de este delito.

Muertes violentas de mujeres más frecuentes en el mes de marzo. Cortesía: Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer conmemorado el pasado 8 de marzo, en el municipio de San Cristóbal de las Casas denunciaron que, en el 2016 se registraron 143 muertes violentas de mujeres, de las cuales 81 son feminicidios y 41 tentativas de feminicidio. En el 2017, 218 muertes violentas de mujeres, de las cuales 84 son feminicidios y 53 tentativas de feminicidio. En el 2018, 164 muertes violentas de mujeres, de las cuales 54 son feminicidios y 62 tentativas de feminicidio y en 2019, 199 muertes violentas de mujeres, de las cuales 84 son feminicidios y 74 tentativas de feminicidios.

Voces Feministas comparten que, en el primer trimestre del 2020, la región económica del Estado ha presentado la mayoría de los casos de muerte violenta en la región metropolitana con 14 casos; 11 casos le siguen en la región soconusco; la región istmo-costa 6 casos, la región frailesca con 3 casos, la región de los llanos 1 caso, 1 en la región valles zoque, la región maya 1 caso y la región meseta comiteco tojolabal 1 caso.

• De acuerdo con The World Prison Population List y The World Female Imprisonment List, México es el país con la octava población penitenciaria más alta a nivel mundial y la séptima en el caso de mujeres.

• Esta investigación está incluida, en la obra denominada Migración, género y derechos humanos: elementos a considerar en la agenda de la Frontera Sur de México, publicada en 2019.

Por: Yessica Morales/Chiapas Paralelo

SemMéxico/Chiapas Paralelo. 14 de abril 2020.- Corina Giancomello, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, presentó casos de entrevistadas, fruto de una investigación sobre mujeres usuarias de drogas y acceso a tratamiento, que llevo a cabo entre 2007 y 2019 en centros de reinserción del Estado.

Chiapas alberga a mujeres en tres centros, Centro de Reinserción social 5 en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas que es un centro mixto; en el número 14 “El Amate” ubicado en el municipio de Cintalapa y el Centro Femenil ubicado en Tapachula, menciona la investigadora.

El primer caso presentado es de Mónica una guatemalteca que se encuentra privada de la libertad en “El Amate”, en ese entonces de 24 años y con sufrimiento de trastorno de la personalidad límite. Acusada de narcomenudeo, la detuvieron en 2017 con 1 kg de cocaína, 2 kg de marihuana, medio kg de piedra y unas cinco onzas de cristal, comenta Giancomello.

La historia de Mónica comienza con el despliegue de la violencia sufrida, a los tres y diez años fue víctima de violación por su tío y fue enviada a un internado, donde de nuevo fue abusada y de la cual nació su primer hijo. A los 14 años mató a su tío relata otros homicidios y afirma que trabajó como sicaria en Tapachula para un cártel mexicano, añade la investigadora.

“Preferí el sicariato a la prostitución” comentó Mónica.

Giancomello tuvo la oportunidad de entrevistar a mujeres indígenas privadas de la libertad en el Cereso 5 de San Cristóbal. La primera entrevistada es Lucía sentenciada a diez años y tres meses por transporte de marihuana y cocaína. Es tzotzil, viuda, en ese entonces de sesenta y dos años y siete hijos, no sabe leer y escribir, excepto lo poco que aprendió en la cárcel.

 “Hace años las mujeres casi no nos metían a la escuela, sólo los varones. Las mujeres eran para que cuidáramos al hombre y la casa. No era necesario que estudiáramos.” Dijo Lucía.

La detenida se dedicaba al empleo doméstico; se dedicaba a lavar ropa para un señor en San Cristóbal de las Casas; un día él le ofreció ganar más dinero lavando ropa con su esposa: la subió a un taxi para Tuxtla Gutiérrez y le entregó un paquete. Fue detenida en un puesto de revisión, añadió Giancomello.

“Así fue como me engañaron y no me creyeron. La ley no me creyó.” Expresó Lucía.

Concepción y Guadalupe, dos mujeres coacusadas del delito de transporte de 1.4 kilos de marihuana. Ambas son tzeltales y madres solteras. La primera en aquel entonces de 22 años tiene dos hijos. La segunda tenía 50 años y estaba a cargo de tres hijos de 18, 16 y 7 años y de tres de sus nietos de 11, 13 y 9 años.

Las dos víctimas de maltrato por sus maridos, las detuvieron en mayo de 2018. Concepción afirma no tener ningún contacto con sus hijos porque en su ejido no hay teléfono. Ambas accedieron a transportar la marihuana por cien pesos y fueron detenidas cerca Palenque, estaban buscando trabajo en Chenalhó, menciona la investigadora.

“Somos pobres.”, dijeron las acusadas.

Giancomello menciona que el perfil de las mujeres es de ser pobres, con historias de vida marcadas por la violencia de género y a cargo de hijas, hijos y otras personas dependientes, los roles y la violencia de género, le fueron herramientas de análisis clave para entender quiénes son las mujeres privadas de la libertad.

El engaño es una de las modalidades de involucramiento, prevalece la adhesión voluntaria a la comisión del delito desde un contexto de victimización. La agencia y la vulnerabilidad de las mujeres se cruzan para dar pie a lo que se denomina elección obligada, expresa Giancomello.

La investigadora dije que el tráfico de mujeres por políticas de drogas no es producto de acciones mercantiles del crimen organizado, sino de políticas de Estados, la prohibición por un lado y las formas específicas de su implementación.

•  La versión oficial es que se suicidó. Los testigos afirman que tenía los síntomas del Covid y fue solicitada ayuda al sector salud sin obtenerla.

Redacción

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Veracruz, Ver. 14 Abril 2020.- Este caso es apenas uno de los muchos que enfrentan las personas mayores adultas que no tienen posibilidad de contactar al sector salud y que ante la inacción de autoridades, que no habilitan brigadas para este grupo vulnerable, fallecen por falta de atención médica.

La mañana del lunes vecinos de la céntrica calle “Gómez Farías” del puerto de Veracruz, notaron un inusual despliegue del personal forense de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), los cuales llegaron a temprana hora a un domicilio en dicha calle en una camioneta de la institución, desde donde descendieron 2 elementos forenses con sus trajes blancos que portan desde que comenzó la emergencia sanitaria, ingresando a un domicilio de donde minutos después fue sacado un cuerpo en una camilla cubierto con una manta azul.

Los vecinos refirieron que en el interior de dicho domicilio vivía una persona de edad mayor, la cual no tenía familiares, pero que desde la semana pasada había manifestado a sus vecinos que tenía problemas para respirar y cuadros de fiebre muy alta, por lo que había pedido ayuda de medicinas, y pese a que sus vecinos fueron al hospital general a reportar el caso, nadie del sector salud se presentó en su domicilio para verificar su estado de salud.

Lamentablemente este lunes al ver el despliegue, varios de sus vecinos pudieron corroborar que su vecina había fallecido probablemente por las causas de salud que presentó desde la semana pasada, y que nadie del sector salud estatal respondió por ella.

Rápidamente activaron a medios oficiales para desmentir la versión y asegurar que se trató de un suicidio.

El personal forense de la FGE llegó, y de inmediato retiraron el cuerpo para llevárselo con rumbo desconocido, y los testigos temen que será declarado por otra causa, como se están registrando en el Estado de Veracruz los decesos por COVID-19.

En la información que ha circulado en redacciones esta mañana se recomienda que todos los vecinos que tuvieron contacto o relación con la persona fallecida se fueran a hacer sus pruebas de COVID-19 para evitar un contagio mayor ante la inacción de las autoridades de Salud Estatal y la Fiscalía del Estado.

SEM/BPN

• Se registran abusos y violaciones sexuales contra mujeres desde los 2 hasta los 88 años de edad
• En cinco municipios con alerta de género ocurrieron el 40% del total de los delitos sexuales cometidos en Oaxaca.

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 14 de abril, 2020.- En el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2016 a 31 de marzo del 2020 se ha contabilizado un total de 292 delitos sexuales, cuyas edades oscilan entre los dos y los 88 años de edad, señala Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, quien afirma que de poco o nada ha servido la Alerta de Género en esta entidad.

El conteo, señala la organización, es reflejo de lo que los medios de comunicación local impresos han publicado y sostiene que el 40% de éstos delitos se cometieron incluso en municipios con Alerta de Género desde el año 2018: Oaxaca de Juárez tiene 59 casos, Huajuapan de León 24, San Pedro Mixtepec 13, San Juan Bautista Tuxtepec 11, Santa Cruz Xoxocotlán 12  y Tlaxiaco 8 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

La organización demandó cero tolerancia a los delitos sexuales contra las mujeres y las niñas y reiteró su llamado a la Fiscalía General del Estado a atender e investigar con perspectiva de género a las mujeres que se presenten a denunciar delitos sexuales; sin prejuicios ni estereotipos, y en base a los instrumentos locales, nacionales e internacionales. Hasta lograr la judicialización y una sentencia ejemplar en contra de los agresores por delitos sexuales.

Al poder Judicial de Oaxaca le exigen sancionar de acuerdo con los instrumentos locales, nacionales e internacionales, el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Dictar sentencias con sanciones ejemplares para los agresores sexuales, y enviar a los agresores de forma obligatoria al Centro de Reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, y ser vigilantes para que reciban terapias psicológicas y con ello se procure la no repetición de éstos delitos en contra de las mujeres.

El llamado de Consorcio Oaxaca también está dirigido a los medios de comunicación, a quienes les piden evitar la hipersexualización, de mujeres, niñas y niños en programas radiales, televisivos o mensajes en internet y redes sociales; así como no permitir la publicación de material que atente contra la intimidad de las mujeres, pues son los medios en muchas ocasiones quienes distribuyen dicho material volviéndolo  viral, y respetar y hacer valer la  Ley Olimpia a quienes promuevan, divulguen o distribuyan imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente, o con contenido íntimo, erótico o sexual, impreso o grabado, sin consentimiento. 

También hacen un llamado a las instituciones educativas para que impartan educación sexual progresiva y suficiente y que la socedad en general apoye a las víctimas, así como accionar apoyo para prevenir el acoso y el abuso sexual, contribuyendo a que el derecho al libre uso, tránsito y disfrute seguro del espacio público para las niñas, adolescentes y mujeres, sea una realidad.

Según los datos contabilizados y subidos a la plataforma digital de Consorcio Oaxaca; los delitos sexuales que han ocurrido con mayor frecuencia durante esta administración son tres: acoso sexual 7.6 por ciento, abuso sexual más del 30 por ciento, y violación que registra más del 61 por ciento de la cifra total.

Sin duda, agrega la organización en un comunidado, estos delitos son una evidencia más de la cosificación que los agresores siguen haciendo de las mujeres para violentarlas sexualmente, porque se sienten con derecho de someterlas y tomarlas como objeto sexual, las creen de su propiedad porque no pasa nada, porque la autoridad es pasiva y permisiva ante la violencia sexual por falta de perspectiva de género, pues en lugar de procurar justicia revictimizan a las mujeres.

En tanto, los agresores continúan libres y en la impunidad; circunstancia que ha generado que la violencia sexual hasta sea justificada por la sociedad y que sea vista como un estereotipo de relación entre hombres y mujeres, aunado a la indiferencia de funcionarios públicos, de instituciones educativas y la falta de sensibilidad de algunos medios de comunicación ante la denuncia pública de estas agresiones; situación que no solo provoca que estas violencias no sean castigadas, sino que además aumenta el riesgo para las mujeres.

De ahí la urgente necesidad de mirar que la violencia sexual es un grave problema que debe ser reconocido y atendido por todos los ámbitos de Gobierno, pues conforme al artículo 1° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, el Estado Mexicano se encuentra obligado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, siendo su obligación la de aplicar los instrumentos legales locales, nacionales e internacionales existentes a favor de las Mujeres;  así tenemos que:

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) establece en su artículo 1°, que la discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

El artículo 5 de la CEDAW obliga a los Estados a tomar todas las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”, siendo los delitos sexuales  unas de estas prácticas;por lo tanto, es evidente que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación, toda vez  que tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), en su preámbulo señala que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres». El artículo primero refiere que debe entenderse como “violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado”. En el artículo cuarto se enuncian diversos los derechos de las mujeres, entre ellos “el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona…”

El artículo 7 de la misma Convención Interamericana establece el acuerdo entre los países firmantes para adoptar todas las medidas apropiadas a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como entre otras acciones “para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”, que incluya entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a los procedimientos legales justos y eficaces; tal como se requiere en la atención de denuncias por delitos de índole sexual.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 6 define los tipos de violencia contra las mujeres, y en su fracción V específicamente sobre la violencia sexual establece que es “cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”. Por lo tanto, es evidente que la Ley establece la dignidad entre los tres bienes jurídicos tutelados (libertad, dignidad y la integridad física), como un derecho autónomo a vivir sin humillaciones; así mismo la fracción VI menciona como violencia también “cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”.

La Ley General de Víctimas establece todos y cada uno de los derechos de las Víctimas, mismos que deben tomarse en cuenta a favor de las mujeres, niñas y niños víctimas de delitos sexuales.

La Ley Olimpia, misma que establece las sanciones por las conductas a la violación de la intimidad, y que nuestro Estado ha retomado para sancionar las mismas.

El Código Penal del Estado de Oaxaca en su TITULO DECIMOSEGUNDO denominado “Delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual”, prevé y sanciona la comisión de los delitos sexuales.

En tal virtud, resulta de vital importancia exigir una vez más la aplicación todos y cada uno de los instrumentos jurídicos referidos, tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres, para que las Autoridades en todos sus ámbitos demuestren haber cumplido con los compromisos realizados por el Estado Mexicano, dejando precedente de sanciones ejemplares a los agresores, y erradicar la impunidad que se ha venido dando ante la violencia contra las Mujeres.

SEM/sj

• Más de 150 OSC’s  presentan queja ante CNDH.

• La muerte de una persona solicitante de asilo y quince personas más lesionadas, entre las consecuencias de las omisiones del INM.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México, 14 de abril de 2020.- Este lunes, organizaciones de la sociedad civil presentaron una queja en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), por los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con número de folio 2020/32604,  solicitando que dicho organismo se pronuncie a favor del derecho a la libertad y a la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en México en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID19.

El 30 de marzo de 2020 se declaró en nuestro país la emergencia sanitaria por COVID19. La Secretaría de Salud (SSA) emitió una serie de recomendaciones obligatorias para paliar dicha emergencia, entre ellas la sana distancia, la no aglomeración de personas y medidas de higiene. Sin embargo, estas disposiciones no se cumplen al interior de las estaciones y estancias provisionales migratorias del país. De acuerdo con el INM, a la fecha están detenidas alrededor de dos mil personas.

Al encierro, la falta de información y de condiciones mínimas de higiene establecidas por la SSA en esta emergencia sanitaria, se suma el impacto en la salud mental y el estado anímico de las personas migrantes, entre ellas: la ansiedad, la depresión y la incertidumbre. Esta situación provocó que el pasado 31 de marzo en la estación migratoria de Tenosique, un grupo de personas migrantes exigieran información, atención a su salud y mejores condiciones. Al no recibir respuestas y ante su desesperación, el resultado fue un incendio.

De acuerdo con testigos, dicha estación migratoria no cuenta con medidas de seguridad (como extintores), no ha acatado las de prevención frente al COVID19, no tiene protocolos eficientes de prevención y acción en casos de emergencias o incendios, y fueron omisos al no actuar de forma diligente frente al incendio, ya que no ejecutaron ningún protocolo de protección civil para evacuar a las personas migrantes, por el contrario se opusieron, por lo que éstas tuvieron que romper las puertas de las celdas para ponerse a salvo. Las consecuencias de las omisiones de las autoridades fueron la muerte de una persona solicitante de asilo de nacionalidad guatemalteca y la hospitalización de quince personas más por lesiones.

Por lo anterior, las organizaciones solicitan a la ombudsman que exija al INM un informe de lo ocurrido; medidas de protección urgentes que aseguren la salud física y psicológica de las personas migrantes detenidas en estaciones y estancias provisionales migratorias; y la visitan de su personal a la estación migratoria de Tenosique para verificar las condiciones y el estado jurídico de los expedientes administrativos de las personas que se encontraban en detención al 31 de marzo; así como la libertad inmediata de la población migrante y solicitante de protección internacional detenidas en las diversas estaciones migratorias del país, garantía de acceso a la salud y un documento migratorio por razones humanitarias.

El Subsecretario de Salud ha dicho que adoptar las medidas de higiene y distanciamiento social es nuestra última oportunidad para reducir la curva de contagio del COVID19, por lo que el INM en su calidad de garante de los derechos de las personas migrantes detenidas debe asegurar la libertad y acceso a la salud de esta población.  

Esto no es sólo por la salud de las y los migrantes, es por la salud y el bienestar de todas y todos en México. El coronavirus no conoce de fronteras. No pide ni usa pasaporte. No distingue nacionalidad, color de piel, edad, género o estatus migratorio.

Suscriben:

Patricia Zamudio Grave; María Auxiliadora Moreno Valenzuela; Victoria Saenz; Oxfam México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT); Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM); Pueblo Sin Fronteras; Instituto de Geografía para la Paz A.C.; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Hogar Refugio para Migrantes “La 72”; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC (FJEDD); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Asylum Access México (AAMX); Uno de Siete Migrando, AC; Sin Fronteras, IAP; FM4-Paso Libre; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC (CDH Fray Matías); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH); y Casa del Migrante de Saltillo-Frontera con Justicia, AC.