Inicio Blog Página 149

Palabra de Antígona| No es defensa feminista, es censura

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 21 de julio, 2025.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Mónica Soto Fregoso, se excedió al imponer una sanción a la ciudadana Karla María Estrella Murrieta, obligándola a ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos por una presunta violencia política de género contra Diana Karina Barreras Samaniego.

El 14 de febrero de 2024, Estrella Murrieta, una “influencer” de Hermosillo, Sonora, escribió en X:

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas.”

Su crítica, dirigida al morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, señalaba un posible caso de nepotismo. Fue una expresión ciudadana sobre los manejos impúdicos en los procesos internos de los partidos políticos.

La interpretación del Tribunal fue errónea, al igual que el uso de otra figura legal: la reparación del daño, que en este y otros casos se ha utilizado para humillar a la ciudadanía, mientras la impunidad prevalece para los verdaderos agresores.

La figura legal de violencia política contra las mujeres por razón de género nació para frenar los obstáculos que enfrentan las mujeres al participar en política. Hoy se ha convertido en un boomerang contra la igualdad, con un evidente tufo a censura y un mensaje aterrador contra la libertad de expresión. Lo más grave es que se pretende presentar como una forma de defensa feminista.

Como escribió hace unos días Alejandro Jiménez Martín del Campoen El Sol de México, estamos a las puertas de “convertir al Poder Judicial en brazo ejecutor de la intolerancia gubernamental”, en un régimen con tendencia autocrática e intolerante. Esto representa una amenaza directa para quienes se atrevan a incomodar a la clase política.

En el párrafo 164 de la sentencia del expediente SRE-PSC-94/2024, el Tribunal consigna que la denunciante solicitó una disculpa pública, al considerar que Estrella Murrieta incurrió en violencia política de género, cuando Barreras Samaniego era diputada local. Hoy, la misma denunciante —ya como diputada federal del PT— pidió revertir la sanción, al considerar que fue “excesiva”.

La sentencia no se ajusta al principio de proporcionalidad. La disculpa debió emitirse únicamente en la plataforma donde se publicó el mensaje, es decir, en X. Nada más.

La abogada Mariana Calderón, de la organización Litigio Estratégico, señala que los actores políticos se dieron cuenta de que la violencia política de género es “una herramienta maravillosa para callar las opiniones en redes sociales que no les gustaban”. Advierte sobre el crecimiento de estos casos como decisiones más políticas que judiciales: “El Tribunal Electoral está permitiendo silenciar los mensajes incómodos”, utilizando, además, una herramienta pensada para proteger a las mujeres… contra las propias mujeres.

La organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión, advierte que casi el 30% de los procesos judiciales abiertos en 2024 contra periodistas se basan en esta figura.

Estamos ante una estrategia para imponer el silencio, una de las herramientas más aterradoras del poder. Recuerdo que, en la época de Pinochet en Chile, el miedo era total. La gente temía hablar, incluso en su propia recámara. Terrible.

El caso de la influencer sonorense Karla Estrella Murrieta debería encender todas las alarmas. Un mensaje misógino y antifeminista ha sido enviado desde un tribunal que presume de actuar con perspectiva de género. Es el peor mensaje posible. Veremos.

Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx

Actuar de inmediato  en los sistemas de cuidados o se detendrá el desarrollo: ONU

En México las instituciones sólo se cubren el 30 por ciento de las necesidades de cuidados, dejando a las familias todo lo demás

Análisis surgido en a 4ª. Conferencia  Internacional sobre Financiación para el desarrollo, de Sevilla, España  

XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, analizará como centro la economía de los cuidados

Sara Lovera

SemMéxico, Cd. de México, 21 de julio, 2025.- El gobierno mexicano solamente cubre el 30 por ciento de las necesidades de cuidado para la población que los requiere, como las infancias, la población adulta, la indígena y afro mexicana.

Mínima cobertura de guarderías para menores de 5 años o atención a personas  de más de 60 años; sólo cuenta con una infraestructura  del 10 por ciento, (hospitales o casas de día)  lo que significa mantener una de las brechas más amplias en el panorama latinoamericano, por debajo de países como El Salvador.

Con ese déficit económico y  social  el gobierno participará  será sede de la   XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, que se celebrará en la capital del país del  del 12 al 15 de agosto y que analizará con  tema central el de  los cuidados. En el país, hasta ahora, ni  plan ni financiamiento.

La brecha de cuidados en México  llega a ser hasta del 90 por ciento para ciertas regiones del país, parala infancia y las personas mayores; es aguda hasta en 99 por ciento para   la población indígena y afrodescendiente; ONU opina que  si se  quisiera remediar esta situación, para reducirla  hasta en un 50 por ciento,  las finanzas públicas tendrían que invertir apenas  el 0.5 del producto interno bruto.

Esto reveló  la información surgida en la 4ª. Conferencia  Internacional sobre Financiación para el desarrollo promovida por la ONU y celerada en junio pasado en Sevilla, España, que analizó la condición femenina, las metas para el desarrollo y especialmente la economía de los cuidados.

La conferencia para el desarrollo económico y social del mundo  identificó que el financiamiento  en América Latina y el Caribe,  para la población dependiente es escasa o casi nula; la cobertura de cuidados en instituciones para la población en situación de dependencia, para las niñas y niños más pequeños y algo superior en el caso de quienes tienen 2 y 3 años,  se ha hecho a un lado,  México no es distinto a los países de la región latinoamericana y caribeña.  

Señala que los estudios y la información recopilada, pensando en el desarrollo,  muestra la magnitud del desafío que debe enfrentar México  para atender las necesidades de cuidado en los próximos años, con una población que envejece y millones de mujeres sin oportunidades de desarrollo. Conmina a variar la política y la economía.

Rutas para mejorar

El informe de Sevilla  identifica cinco elementos para avanzar en el objetivo de una política de cuidados, tema de la Conferencia Regional tan publicitado, a pesar de que  la creación del sistema nacional  sigue pendiente en el Congreso  como ley  y  según información y declaraciones oficiales, no se puede avanzar  por falta de recursos.  

Los  elementos propuestos por Sevilla  son: transferencias fiscales intergubernamentales, ingresos propios locales, acceso a mercados de capital nacionales, fondos de inversión adaptados a las ciudades y mecanismos de garantía globales. O sea un cambio de fondo para transformar la organización económica y social desde el reconocimiento de los cuidados como derecho y propósito, con visión de futuro.

En esa  cumbre internacional  se puso en claro la urgente necesidad de financiamiento para los cuidados en México debe  tomar en cuenta, porque tiene una  deuda histórica con las mujeres.

Llama a actuar de inmediato

En México  31.7 millones de personas mayores de 15 años se hacen cargo de las familias, la infancia, de las personas dependientes, e incluso del 2 por ciento de discapacitados. El cuidado lo realizan  75.1%  mujeres; se carga a cada familia, lo que el informe llama en domicilio.

Sevilla dio un peso específico a las políticas oficiales  de género, para conseguir salvar el desarrollo mundial.

El informe  fue elaborado por la ONU, los gobiernos y representantes de la sociedad civil  y dice  que en México se ha preferido dar toda la carga  a las familias, el cuidado en los domicilios, no en las instituciones.

Las mujeres aportan con trabajo no remunerado cerca del 25 por ciento del producto interno bruto; su trabajo es en promedio de 38.9 horas semanales, frente a las 30.6 de los hombres, según  la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2022) y los estudios de uso del tiempo de CEPAL.

Financiamiento el punto principal, pero no solo

El análisis señala que se hizo  por ONU Mujeres y la OIT    identifica las deficiencias de cobertura en los servicios de cuidado -(incluyendo la salud pública, los cuidados de larga duración, el cuidado y la educación de la primera infancia, y la educación primaria y secundaria-  por lo que recomienda , estimar los costos de las inversiones y del gasto público necesarios para superarlas y evaluar los beneficios sociales, laborales y fiscales que estas inversiones generarían a corto y largo plazo.

Afirma que  los datos analizados  resultan  elocuentes y muestran una cobertura muy baja para la población en situación de dependencia, abarca casi la totalidad de ella independientemente del nivel de severidad y Grafica esa crisis.  

El 30 por ciento de los cuidados son los que proporcionan las instituciones, el 70 por ciento las familias, los costos  no llegan a más del 0.25 del PIB y  el autofinanciamiento  -el que hacen  las familias- significa el 29.7 por ciento;  en infraestructura el gobierno sólo cubre el 10 por ciento.

La expansión de esta cobertura, deseable, calculó la reunión de Sevilla  requeriría para cubrir el 50 por ciento de las necesidades, sólo el 2.13 por ciento del PIB, que podría enderezarse en los proyectos presupuestales de 2026.

Importancia económica y  social de los cuidados

El diagnóstico para América Latina es duro según concluyó  la 4ª. Conferencia  Internacional sobre Financiación para el desarrollo, empieza por reconocer que la región Latinoamericana vive en un contexto de creciente desigualdad, fragmentación geopolítica y emergencia climática, lo que obliga como algo fundamental “repensar la arquitectura financiera desde una perspectiva de justicia económica, social y de género”.  

Sostiene que con  datos  claros se puede decir que  la inversión pública y la cooperación internacional no están respondiendo con la velocidad ni la escala necesarias para cerrar las brechas estructurales que afectan a las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe.  

Las agendas de cuidados, trabajo decente, transición ecológica, inclusión financiera y autonomía económica de las mujeres siguen estando subfinanciadas a pesar de su potencial transformador.  

La 4a Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla, dice el informe,  se convierte así en una plataforma clave para reabrir debates de fondo sobre cómo se distribuyen los recursos, quién define las prioridades y qué mecanismos de rendición de cuentas se ponen en marcha.  

Más allá de recursos directos  -las becas en México-, sostiene que  no se trata solo de movilizar más recursos, sino de orientar mejor el gasto público, priorizando las políticas que garantizan derechos, redistribuyen poder y aborden las múltiples formas de discriminación que enfrentan las mujeres.  

En este sentido, la agenda de cuidados emerge como un eje estratégico para transitar hacia economías más inclusivas, resilientes y sostenibles.

Concluye que esa conferencia en Sevilla y sus aportes contribuye a sentar las bases de un nuevo pacto fiscal y financiero con las mujeres en el centro de las respuestas. “Seguiremos trabajando con los gobiernos, la sociedad civil, las instituciones financieras y la cooperación para que así sea.”

Crímenes brutales a mujeres con lujo de impunidad

0
  • · «Nosotras no hablamos desde la estadística, hablamos desde la vida. Y cada mujer asesinada es una historia arrancada, una familia rota y una deuda más que el Estado no salda.»

Rocco Palomera

SemMéxico/SomosMX, Guadalajara, 21 de julio, 2025.- La violencia feminicida en Jalisco ha dejado de ser una cifra alarmante para convertirse en una escena brutal que se repite, día con día, con más saña y menos consecuencias. «Ya no es solamente que las priven de la vida, ahora es cómo las matan», advierte Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco, quien ha documentado desde 1997 cada feminicidio en el estado. Hoy, desde esa memoria dolorosa y militante, hace un llamado urgente a las autoridades, a la sociedad y a quienes aún insisten en ocultar o maquillar esta realidad.

CLADEM, es red con presencia en 15 países de América Latina y el Caribe y 35 años de trabajo, que lleva más de 25 años actuando en Jalisco. Su activismo no es decorativo ni simbólico. Han impulsado la creación de leyes, la eliminación de normativas discriminatorias y la implementación de mecanismos como la tipificación del feminicidio. Además, fueron fundadoras del Observatorio Ciudadano

Nacional del Feminicidio.

Pero el panorama no mejora. Al contrario. «De 1997 al 2005, el promedio anual era de 34 mujeres asesinadas. Entre 2006 y 2010, esa cifra se duplicó a 78 mujeres que

les privaron la vida. En 2010 superó el centenar, y en 2018, el número rebasó las 200 mujeres asesinadas cada año en Jalisco», detalla Ramos. El aumento coincide con contextos de violencia generalizada, como la militarización iniciada con la llamada «guerra contra el narco».  

En lo que va de 2025, ya se han registrado 64 asesinatos de mujeres en el estado según Fiscalía del Estado.  Pero, no es solo es la cantidad de vidas de mujeres que se pierden: es el nivel de violencia. «Las calcinan, las embolsan, las descuartizan. Y ahora, además, los asesinatos quedan grabados y circulan en redes sociales», denuncia. La violencia ya no solo se comete, se reproduce y se monetiza en medios convencionales y redes sociales sin importar el dolor humano. «Ahora el asesinato es un espectáculo. Las víctimas son juzgadas en línea, se cuestiona cómo vestían, con quién salían. Como en un episodio de Black Mirror, todos se convierten en jueces, menos el verdadero agresor».

Y mientras tanto, el Estado falla. Las políticas públicas siguen ausentes o son ineficientes. La Alerta de Violencia de Género, decretada en Jalisco desde noviembre de 2018, no ha dado los resultados esperados. CLADEM acompaña su seguimiento y ha identificado que la mayoría de las medidas no se han cumplido plenamente. «Hay una ausencia clara de voluntad para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia», afirma Ramos.

La criminalización no es solo un problema institucional, también es social. «Muchas veces se acusa a las mujeres de haber provocado su propio asesinato. *¿Por qué salió? ¿Con quién andaba? ¿Por qué vestía así? * «. Es la misma lógica que invisibiliza el contexto estructural y desactiva la responsabilidad del agresor y del Estado.

Además del trabajo jurídico, CLADEM acompaña emocional y legalmente a las familias víctimas de feminicidio. En Puerto Vallarta y Guadalajara, han respaldado la formación de colectivos de madres, hermanas, hijas que convirtieron el dolor en lucha. «Ahí encuentran un espacio de refugio, de escucha, de resistencia. Las

familias son ahora las que sostienen la memoria y la exigencia de justicia», subraya.

Los casos recientes, como el de un hombre armado con un rifle de asalto usado para asesinar a una mujer en plena vía pública (caso Karla Bañuelos de 28 años en Balcones de Oblatos el 12 de julio, en Guadalajara) exponen con crudeza la normalización de la violencia. «¿De qué seguridad estamos hablando?», pregunta

Guadalupe Ramos. «Cualquiera puede portar armas de alto poder, en cualquier espacio. ¿Dónde quedó el Estado de Derecho?»

Incluso las agresiones sin muerte siguen impunes. CLADEM ya da seguimiento a casos de un sujeto que en las últimas semanas ha golpeado a cinco mujeres en el Área Metropolitana de Guadalajara «No roba, no secuestra: agrede por misoginia. Lo hace porque puede. Y eso es lo más grave.»

Para CLADEM, el problema ya no se resuelve con discursos o protocolos en papel. Se requiere una transformación urgente y estructural. «Si no exigimos justicia, si no frenamos la impunidad, seguiremos enterrando a más mujeres y criando a más generaciones en el miedo», advierte con preocupación, Guadalupe Ramos.

Feminicidios recientes y acumulados en Jalisco:

3 mujeres asesinadas en 24 horas en el mes de julio 2025

64 homicidios dolosos en lo que va de 2025. De estos casos, existen 13 carpetas (con 14 víctimas) de investigación por Feminicidio. Según Fiscalía del Estado de Jalisco

5 mujeres agredidas físicamente por un mismo sujeto en el Área Metropolitana de Guadalajara

Evolución histórica de feminicidios en Jalisco:

De 1997 a 2005:

Promedio anual: 34 mujeres asesinadas por año.

De 2005-2006 a 2010:

Se duplica la cifra: 78 mujeres asesinadas por año.

A partir de 2010:

Más de 100 mujeres asesinadas por año.

Entre 2018-2019:

Más de 200 mujeres asesinadas por año

Opinión| La prevención del delito en adolescentes

Angélica de la Peña

SemMéxico, Ciudad de México, 21 de julio, 2025.- Ningún niño o niña nace siendo delincuente o asesino; no tiene inscrito en su ADN que será una persona malvada o que incurrirá en faltas a la ley. Todo su desarrollo dependerá —y estará condicionado— por su entorno familiar y social.

Si su familia está involucrada en actividades ilegales, podrá superarlo solo si cuenta con un buen equilibrio desde la escuela o el apoyo de su familia extensa, y conforme vaya adquiriendo información sobre lo que es correcto y lo que no.

Esto es la prevención social del delito, que necesariamente parte del enfoque del ejercicio de los derechos de la niñez. Lo deseable es que pueda ejercer esos derechos sin cortapisas, precisamente para lograr un desarrollo pleno de sus capacidades y de su personalidad; que adquiera herramientas alternas para deconstruir su propia individualidad. No es responsabilidad exclusiva de las familias: también lo es del Estado y de la sociedad en su conjunto.

En 2005, México dejó atrás la doctrina tutelar al incorporarse a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y se constituyó el Sistema de Justicia para Adolescentes que cometen infracciones a la ley penal, en cumplimiento con el artículo 40 de dicha Convención, la reforma al artículo 18 de la CPEUM que impulsamos, y su ley correspondiente.

La garantía de un debido proceso legal especializado se basa en varias características. Enuncio brevemente algunas de ellas:

a) se crea un sistema de corte penal, con jueces y juezas especializados en justicia para adolescentes;

b) los juzgados orales son cerrados y solo permiten la presencia obligatoria de padres, madres, tutores o custodios, y su defensa legal;

c) el internamiento se realiza en centros con personal de custodia especializado;

d) cuando el delito no es grave, pueden aplicarse medidas alternas a la privación de libertad, como el trabajo comunitario;

e) entre los 12 y menos de 14 años, solo se aplican medidas alternas;

f) existen dos rangos de edad para quienes pueden ser sancionados con privación de la libertad: de tres años para adolescentes entre 14 y menos de 16 años, y de cinco años para los que tienen entre 16 y menos de 18 años.

El asesino de 16 años de la niña Keila Nicole, de 13 años —a quien se acusa de haberla desmembrado siguiendo el patrón de un asesino retratado en una serie— deberá enfrentar la responsabilidad de sus actos. No conocemos aún el expediente judicial, el resultado de la investigación ni si actuó solo; tampoco sabemos qué motivó un crimen tan atroz que nos ha estremecido como sociedad.

Ninguna sanción que se imponga a un asesino —incluso de 16 años— será suficiente para su familia ni para la comunidad. En estos casos, la reinserción social es sumamente compleja, aunque el sistema esté diseñado para lograrla.

Sin embargo, este sistema de justicia no resuelve por sí mismo el cumplimiento de todos los artículos de la Convención ni los de la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; más bien, pone en evidencia que hubo omisiones previas en su cumplimiento. Lo que muestra crudamente es el abandono en la construcción de ciudadanía y el no ejercicio de derechos que la Constitución y las leyes establecen como obligación, sin discriminación.

México debe esmerarse en concretar la prevención social del delito. La complejidad de las situaciones familiares y sociales que derivan en el asesinato de una niña debe abordarse como un asunto primordial del Estado. Porque el asesinato de Keila Nicole en Baja California, o el de las tres niñas en Sonora, evidencian justamente lo contrario.

· Defensora de derechos humanos

Carmen Sánchez Flores una magnolia de acero que no detiene el dolor

  • Víctima de feminicidio en grado de tentativa ha pasado por 67 cirugías reconstructivas, su agresor ya tiene sentencia y nunca ha dejado de ayudar a otras mujeres
  • Una de las manifestaciones más crueles del machismo: IBD

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Ciudad de México, 21 de julio, 2025.- Han pasado más 11 años, pero Carmen Sánchez Flores sigue recordando como si recién hubiera pasado porque las huellas de la violencia están en su cuerpo.

“No sé ustedes, pero yo a veces me siento triste, cansada y desprotegida”, dice en sus redes sociales, tras más de 11 años de luchar por su vida emocional y física, pero también de buscar que la justicia abriera sus puertas, lo que sucedió nueve años después de la agresión, cuando en mayo del 2023 se dio a conocer el fallo contra su agresor, Efrén García Ramírez, su expareja sentenciada a 46 años y 8 meses de prisión,

El victimario sigue dando patadas en los tribunales que le dictaron la que fue calificada “como una sentencia histórica”, al reclasificar el delito de “lesiones simples” como lo indicó el médico legista designado, quien no tomó en cuenta los ocho meses que inicialmente Carmen tuvo que estar internada en un hospital del IMSS, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Efrén García Ramírez fue sentenciado a 46 años y ocho meses de prisión por haber intentado asesinar con ácido a Carmen en 2014. Se trata de la primera sentencia en México y América Latina que condena a un agresor por feminicidio en grado de tentativa en un caso de violencia ácida, imponiendo además la pena máxima.

“Este fallo marca un precedente histórico a nivel nacional e internacional, al reconocer que la violencia ácida es una forma de violencia feminicida y no simples «lesiones».

“Es un referente obligatorio para que las autoridades investiguen y sancionen estos crímenes con perspectiva de género, apliquen el tipo penal adecuado y dejen de minimizar esta forma extrema de violencia misógina. Además, esta sentencia abre camino para que otras mujeres víctimas de violencia ácida o química puedan acceder a la justicia, y deja claro que los ataques con ácido no deben quedar impunes nunca más”, señalan en la página oficial de la Fundación Carmen Sánchez.

En febrero de 2014, mientras ella se resguardaba en casa de su madre con sus hijas y se negó a volver con Efrén, recibió un baño del letal líquido, ácido, y alcanzó a escuchar una sentencia: “Si no vas a estar conmigo, jamás volverás a estar con nadie más… Muérete…te lo advertí”.

Los últimos 11 años de Carmen Sánchez ha sido reconstruir su vida. Preside una fundación que lleva su nombre para acompañar a otras víctimas, se ha sometido a 67 cirugías reconstructivas y no dejó de buscar justicia, por eso a veces se cansa y lo dice en sus redes sociales, pero explica que está cansada “no de acompañar a mujeres, a familias, a víctimas. Sino porque es esta sociedad, estas instituciones, las que nos fallas, las que nos revictimizan, las que se hacen sordas”.

Y cada paso pesa, sin duda, así lo refleja en su propio relato, ese que le permite hablar y contar serenamente lo que vive y ha sucedido con ella, como lo escribió el 20 de febrero pasado y cuyo contenido se hace necesario.

“El 20 de febrero de 2014 a las 8:14 el reloj se detuvo: con 29 años fui víctima de una de las violencias machistas más extremas. Un hombre, mi expareja, arrojo ácido a mi rostro, cuello y pecho. Pensé entonces en el fin del mundo, mi mundo.

“Con mucho dolor e incertidumbre permanecí ocho meses internada en un hospital público. En ese momento los pronósticos no eran favorables. Sin embargo, me sostuve.

“Pasaron los años. Eché raíces en los diarios que alguna vez escribí, en el amor de mi familia y de otras mujeres. Una tras otra, las 66 cirugías me sumían en el miedo, pero también en la esperanza de reintegrarme a la vida. Una y muchas veces más, me sostuve.

“Hoy es 20 de febrero de 2025 y el reloj marca las 08:14 horas. Con 40 años abro poco a poco los ojos, paso la mano derecha por el corazón: “Soy esta”, me digo y abrazo fuerte.

“Escucho a mis hijas caminar por la cocina. Me gusta mirarlas, mirarnos; saber que nos tenemos. Estar presente.

“Once largos años han pasado.

“En días como estos para mí es importante venir al parque, caminar descalza, sentir la humedad del pasto, de la tierra. Saber que volví a nacer.

“En días como estos para mí es importante compartir que soy esta mujer, madre, amiga: la enamorada de la vida.

“En días como estos para mí es importante compartir que soy María del Carmen Sánchez Flores, que volví a florecer”.

Una de las manifestaciones más crueles del machismo: IBD

El año pasado, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, presentó el estudio Violencia de género con ácido: Una de las manifestaciones más crueles del machismo en México, elaborado por Irma del R. Kánter Coronel, investigadora adscrita a la Dirección General de Análisis Legislativo de dicho institututo, en el refiere que de acuerdo con Acid Survivors Trust International (ASTI, 2024), cada año se registran alrededor de dos mil 400 casos de agresiones con ácido y otro tipo de sustancias corrosivas.

“En la mayoría de los casos las agredidas son mujeres y niñas y los perpetradores son hombres, casi siempre conocidos, con quienes las victimas sostenían o habían tenido algún tipo de relación cercana, ya sea de confianza, de parentesco o sentimental”.

El estudio cita también a la Fundación Carmen Sánchez que refiere que, en el 85 por ciento de los casos atendidos, el agresor intelectual fue la pareja o expareja sentimental, interviniendo en 30 por de las agresiones cometidas dos o más personas.

 La Ciudad de México, Puebla y el Estado de México representan las tres entidades del país con el mayor número de mujeres violentadas con ácido u otra sustancia química o corrosiva, y en su mayoría se trata de mujeres jóvenes que al momento de ser agredidas tenían entre 20 y 30 años, señala el estudio del Instituto Belisario Domínguez.

La Fundación Carmen Sánchez reconoce que “como ocurre en los casos de violencia de género contra mujeres, en México prevalece una gran impunidad siendo muy difícil y complicado el acceso a la justicia para las sobrevivientes de la violencia con ácido como reconoce, cita el estudio, quien agrega que hasta 2021 sólo cuatro agresores que utilizaron ácido han sido vinculados a proceso: tres por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar y en 2024 fue cuando ocurrió la primera sentencia, precisamente contra el agresor de Carmen Sánchez.

Actualmente la Fundación Carmen Sánchez Mx lleva un registro de más de 50 mujeres víctimas de violencia ácida. En 2022 tuvo acceso a los datos del Subsistema de Lesiones Causas de la Violencia del Sistema de Salud Pública y encontró que, en ese mismo año, al menos 105 mujeres fueron víctimas de ataques con sustancias químicas en contextos de violencia. Sólo 28 de ellas informaron su caso al Ministerio Público (Secretaría de Salud, 2022).

De acuerdo con datos de la Fundación a través de datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a BANAVIM, la periodista Berenice Chavarría (2025) reveló que en los últimos 12 años, más de mil mujeres han sido víctimas de ataques con sustancias químicas o han enfrentado amenazas de sufrir esta forma de agresión. Sin embargo, resulta preocupante esta falta de diferenciación por parte de BANAVIM entre ataques consumados y amenazas; lo que representa una limitación significativa en el registro y análisis de la violencia ácida, pues ambas situaciones implican diferentes niveles de riesgo, consecuencias físicas psicológicas, por lo tanto, las respuestas institucionales diferenciadas.

SEM/lv/sj

México el último en atender trastornos mentales, la espera es hasta de14 años, tras el diagnóstico: María Elena Medina-Mora

En el mundo, las mujeres son afectadas más que los hombre, según estudio de la Universidad de Harvard
La especialista dijo que el estudio fue a 29 países y recordó que la plataforma UNAM Acción Migrante tiene un apartado de Salud Mental

Redacción
SemMéxico, Cd. de México, 21 de julio, 2025.- A escala internacional, la prevalencia de enfermedad mental en los hombres es de 28.6 por ciento y de 29.8 por ciento en las mujeres, con una diferencia de depresión y ansiedad en ellas, y de problemas de conducta y drogas en los varones, señaló la académica de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional, María Elena Medina-Mora Icaza.

De acuerdo con el estudio Age of onset and cumulative risk of mental disorders: a cross-national analysis of population surveys from 29 countries (Edad de inicio y riesgo acumulativo de trastornos mentales: un análisis transnacional de encuestas de población de 29 países), en el que ella participó y se realizó en la Universidad de Harvard, se estimó que, a los 75 años, la mitad de la población habrá tenido algún trastorno mental que requiere atención.
México el último
En ese listado de naciones, México ocupa el último lugar respecto al tiempo que transcurre entre que empieza la enfermedad y el momento en que se recibe tratamiento, con un promedio de 14 años; y el penúltimo sitio, cuando se trata de personas que tienen acceso a tratamiento.

Por ello, en nuestro país “lo importante no es cuántos hay, sino cuántos no tienen tratamiento”. Esos son los grandes retos que tenemos, alertó la también exdirectora de la FP en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales 2025, Reconfiguraciones en el mundo actual: Retos para las Ciencias Sociales.

Al abordar el tema Los desafíos de la salud mental en procesos de transición social y política, la universitaria explicó que la actual política de migración en Estados Unidos (EUA) que, entre otras acciones, incluye la repentina separación de las familias de migrantes, crea una situación de miedo y enojo que afecta su salud mental.

Nunca se había visto que entraran a las escuelas para sacar a niñas y niños; a hospitales para llevarse a enfermos; y hasta a las iglesias que eran lugares donde las personas se sentían seguras. “Esta es una campaña de miedo contra los inmigrantes”.

Esa emoción natural se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. En este caso, el programa contra la migración en el vecino país del norte implica una estrategia de sobresalto, donde la gente tiene ataques de pánico, ansiedad severa, depresión, estrés postraumático y “lo que hemos encontrado ahora es el incremento de la ideación suicida. Sí está afectando de manera importante” a esa población.

La también profesora de la Facultad de Medicina señaló que hay un incremento de atención de la salud mental, tanto de esa población en aquella nación, como en México.

En este contexto, la plataforma UNAM Acción Migrante, que incluye orientación jurídica y capacitación para ese sector, también tiene un apartado de Salud Mental. Es un servicio en línea, informó.

El problema emocional actual ha llevado a un incremento de 100 casos, cuando “antes había alrededor de 20 o 30 por semana”, explicó la universitaria.

Ante estos escenarios también se pueden presentar otras emociones negativas como enojo e ira. La primera tiene factores internos, como recuerdos traumáticos, malos pensamientos que impiden pensar con claridad; y externos, como discusiones o reclamos por lo que se considera una injusticia.

La segunda es una expresión desproporcionada de rabia, enojo o enfado, y puede deberse a múltiples factores, como un alto nivel de estrés, frustración, injusticia, traición o heridas pasadas, detalló la experta.

No obstante, la relación entre México y EUA incluye otros problemas, como el narcotráfico y las muertes que tienen que ver con armas, precursores, sobredosis o violencia. “Todo nos habla de un momento complicado que altera la salud mental de las personas”, añadió.

En México tenemos manufactura de opioides y otras drogas, principalmente metanfetaminas, así como tráfico de cocaína. Aquí, la mayoría de quienes demandan tratamiento es por consumo de metanfetaminas; “ese es su problema más importante”.

De los individuos que tendrán enfermedad mental o adicción alguna vez en su vida, 51 por ciento la presenta en la infancia y adolescencia, por lo que esas son etapas que requieren “toda nuestra atención”, apuntó.

El cambio que se ha dado hacia las drogas sintéticas -que no requieren cultivar alguna planta, son más baratas y potentes- nos ha llevado a tener más de esas sustancias en México y una modificación en la manera de interpretarlas.

Antes, detalló María Elena Medina-Mora, contaba la demanda, y hoy lo importante es la oferta, que incluye al fentanilo mezclado en otras drogas como cocaína y metanfetaminas. Esa transformación nos pone en un riesgo importante de incremento en el consumo de sustancias.

Pero no solo tenemos más desafíos de drogas sintéticas, sino una mayor participación de las mujeres en el narcotráfico. Por delitos relacionados, la presencia femenina en las cárceles es creciente; ello debido a que sus parejas las obligaban a transportarlas, pero ahora, las que quedan viudas o las abandonan los maridos, permanecen en ese “negocio”, finalizó.
—o0o—

Buscan que niñas y niños del Valle del Mezquital dejen de normalizar la violencia de género con la técnica de Realidad Aumentada

0

El libro “Ya Noya” reúne narraciones de mujeres de la región, en lengua Hñähñu y español

 La obra se trabajará en primarias para sensibilizarlos y promover un cambio sustantivo, señaló Liliana García Montesinos

En el proyecto participan maestras de la Escuela Normal Valle del Mezquital

Redacción 

SemMéxico, Cd. de México, 21 de julio, 2025.-A través de imágenes con realidad aumentada y narraciones en lengua Hñähñu y español, de mujeres del Valle del Mezquital, en Hidalgo, la investigadora Liliana García Montesinos, titular del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, busca que niñas y niños de la región preserven su idioma, pero sobre todo no sigan normalizando la violencia de género.

Lo anterior, a través del libro Ya Noya que la profesora desarrolla junto con autoridades de la Escuela Normal Valle del Mezquital, y el cual se espera tener listo en septiembre próximo para presentarlo en el Congreso Nacional de Escuelas e Instituciones Normalistas Indígenas.  

La experta de la UNAM explicó en entrevista que maestras normalistas habían abordado el tema de la violencia a través de instrumentos creados por otras instituciones como el “Violentómetro”, del Instituto Politécnico Nacional, pero faltaba el componente de “identidad”, por lo cual decidieron trabajar con ella la obra de realidad aumentada.

Se realizaron diversos talleres en los que participaron estudiantes de la Escuela Normal del Valle del Mezquital, así como maestras de dicha institución encargadas del tema de género. En ellos se expusieron experiencias de violencia de género, algunas de las cuales fueron seleccionadas para ser narradas en lengua Hñähñu y español.

“En los talleres hubo lágrimas y mucha reflexión sobre las condiciones en las que viven mujeres y niñas en sus hogares y la comunidad. Sus experiencias cobraron vida a través de bordados que fueron incluidos como los marcadores de realidad aumentada: 90 personas bordaron sus historias”, comentó la experta.

Ellas narraron la violencia que veían como algo natural, pues igual lo habían vivido sus mamás y abuelas. “El simple hecho de que algunas estuvieran estudiando les parecía que no correspondía con lo que hacen las mujeres, porque quienes tienen la posibilidad son los hombres”, aseguró.

Las narrativas más conmovedoras se hicieron animaciones en Pixel Art para dar justamente identidad al material, el cual también retomó el tipo de bordado que elaboran las hidalguenses.

Comentaron que en sus comunidades no tienen voz ni voto, frecuentemente no se pueden vestir como quieren y 98 por ciento tampoco tiene derecho a la tenencia de la tierra ni a heredar, agregó la experta.

Ya Noya, que en Hñähñu significa “Palabras”, está pensado para trabajarse en las escuelas del Valle del Mezquital, por ello es fundamental la participación de las estudiantes de la Escuela Normal.

“Las niñas y los niños son quienes van a dar el giro a la actual situación, no espero que sean los adultos. Buscamos que se vayan sensibilizando y creo que, con la tecnología llevada hacia estos espacios y temas, se puede lograr”, insistió la investigadora universitaria.

En el proyecto participan prestadores de servicio social, prácticas profesionales de la FES Aragón, de las licenciaturas en Comunicación y Periodismo, Diseño Industrial, Pedagogía, Ingeniería en Computación, entre otras.

 —o0o—

Cuba: Persisten desafíos para la igualdad de género

Dixie Edith

SemMéxico/SEMlac, La Habana, 21 de julio, 2025.- A cuatro años de la aprobación en Cuba del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM), una evaluación realizada en el Parlamento muestra avances, pero también confirma la persistencia de desafíos estructurales para alcanzar la igualdad de género.

Ante diputadas y diputados a la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), el 15 de julio, Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra de la República, mencionó entre los impactos positivos la expansión de las casitas infantiles, como respuesta a las necesidades de las mujeres trabajadoras y sus familias.

Las casitas infantiles para el cuidado de niñas y niños se incrementaron de 16 en 2020 a 276 en 2025, lo que facilita la conciliación laboral y familiar, destacó Chapman Waugh, al presentar el balance de la implementación del programa en la sesión de trabajo de las comisiones permanentes del Parlamento, previa al período ordinario de sesiones de medio año.

Igualmente, valoró positivamente la promoción del liderazgo femenino en sectores no estatales de la economía y en proyectos de desarrollo local, además de la creación de nuevas fuentes de empleo en áreas como la agroindustria, la transformación digital y el cuidado de personas dependientes.

Aprobado por el Decreto Presidencial 198/2021, el PAM constituye la piedra angular de la política de género cubana, al institucionalizar los derechos de las mujeres y consolidar el compromiso gubernamental con la prevención y eliminación de la discriminación, aseguró la dirigente.

El marco de acción del PAM abarca siete áreas clave: empoderamiento económico, medios de comunicación, educación, prevención y trabajo social, acceso a la toma de decisiones, legislación, salud sexual y reproductiva, y la generación de estadísticas e investigaciones relevantes.

Entre otros avances, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), resaltó las medidas adoptadas para aliviar la carga de las mujeres, como la extensión de la licencia de maternidad a 15 meses y el reconocimiento del cuidado como empleo remunerado, todas en el contexto del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, Chapman Waugh valoró el desarrollo de un programa encaminado a garantizar partos respetuosos.
Según datos oficiales, 8.006 partos cumplieron con el protocolo de acompañamiento seleccionado por la gestante, un avance en la humanización de la atención médica, citó la prensa local.

La viceprimera ministra subrayó, particularmente, la prioridad dirigida a la atención del embarazo adolescente , un fenómeno que se resiste a descender e impacta negativamente a la salud pública y el tejido social.

También dijo que se han fortalecido las acciones contra la violencia de género , entre ellas la creación de la Defensoría Familiar, que opera las 24 horas. Hasta mayo de 2025, esa institución adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus) atendió 1.732 casos, de los cuales solucionó 1.561.

Además, se han impulsado campañas comunicacionales para erradicar el lenguaje sexista y promover una visión crítica sobre estereotipos y roles tradicionales que limitan el desarrollo femenino, en colaboración con la FMC y agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.

En el ámbito legislativo, el Programa ha contribuido a la actualización y aprobación de normas como el Decreto Ley No. 84/2024, que amplía los beneficios para madres trabajadoras. Además, se actualizaron normas penales contra delitos vinculados a la violencia de género y se adoptaron regulaciones para la protección de personas con discapacidad, incluidas madres de hijos con problemas de salud.

Pese a los avances, el diagnóstico general de la implementación del PAM no es complaciente: persisten brechas culturales profundas, especialmente en zonas rurales, donde predominan visiones patriarcales que relegan a las mujeres a roles sexistas y trabajos no remunerados, lo que limita su acceso a recursos y su participación en la toma de decisiones.

Presente en el debate, el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconoció que la discriminación, violencia y patrones machistas siguen vigentes y deben ser enfrentados, sin ocultar ni minimizar estos problemas.

La jurista y diputada Yamila González Ferrer alertó sobre la existencia de insatisfacciones y la sensación de inseguridad que experimentan muchas mujeres, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el PAM como herramienta para perfeccionar el trabajo en las comunidades, sobre todo de cara a atender la violencia de género.

También indicó que la persistencia de mitos y estereotipos limita la percepción del problema y confirma la necesidad de intensificar las acciones para desmantelar las causas subjetivas y objetivas de la discriminación.

«Los estereotipos naturalizados dificultan la percepción de la discriminación. Cuando discutimos temas como las uniones tempranas o el embarazo adolescente, vemos que las creencias arraigadas limitan nuestro trabajo», aseveró González Ferrer, citada por el diario Tribuna de La Habana.

En tanto, el diputado Yusuan Palacios Ortega dijo que en los territorios rurales subsisten brechas culturales profundas y una visión patriarcal que exige intervenciones diferenciadas y comunicación efectiva para empoderar a las mujeres.
Entre las proyecciones inmediatas, el PAM trabaja en la creación de servicios integrales para víctimas de violencia, con atención multisectorial las 24 horas. Asimismo, vela por la incorporación de la perspectiva de género en cuatro nuevas leyes: las de Educación, Deporte, Salud Pública y Protección a la Niñez.

De 2016 y la fecha, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en posible relación con su labor

Un grupo de defensores del medio ambiente realizaron performance frente al Zócalo Capitalino con el fin de lograr concientizar sobre el cuidado de los recursos naturales y medio ambiente; como el impacto del cambio climático en los océanos. / Foto: Andrea Murcia Monsiváis / Cuartoscuro.com  

Con urgencia se necesita que este gobierno cumpla con la ley  

A esos hechos se suman agresiones, criminalización y hostigamiento judicial    

Patricia Carrasco  

SemMéxico/ La Prensa, Cd. de México, 21 de julio, 2025.- Entre 2016 y la fecha, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en posible relación con su labor, de ellas, 77 eran hombres y 7 mujeres; 44 pertenecían a pueblos indígenas y una era afromexicana.   

A estos hechos se suman múltiples agresiones, como criminalización y hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas, desplazamiento forzado y desapariciones, denuncian decenas de organizaciones de la sociedad civil.  

A pesar de este panorama, el Estado mexicano ha aprobado marcos normativos que deben ser implementados con urgencia adecuadamente. Entre ellos, destacan la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que crea el Mecanismo Federal de Protección creado en 2012. A nivel internacional, México firmó el Acuerdo de Escazú y lo ratificó el 5 de noviembre de 2020.  

Las organizaciones civiles entre ellas Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; refieren que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales es el primer tratado en el mundo que establece la obligación de los Estados de proteger a las personas defensoras del medio ambiente (artículo 9).  

Este acuerdo también compromete a los países a garantizar el acceso efectivo a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos relacionados con el ambiente, y el acceso a una justicia ambiental pronta y adecuada. Sin justicia ambiental no hay futuro  

Las ONG´s manifestaron que sin justicia ambiental no hay futuro: en el Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente organizaciones denuncian omisiones del Estado en su protección.  

El 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, es un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes.  

A cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso de la Unión, esta fecha no sólo conmemora, sino que exige justicia frente a la violencia, el despojo y la impunidad que enfrentan quienes resisten el avance de megaproyectos destructivos y el crimen organizado en múltiples regiones del país.  

Las personas defensoras del medio ambiente son clave para frenar la crisis climática, resistir proyectos destructivos, protegerlos recursos naturales que sostienen nuestras vidas y preservar las formas de vida indígenas que coexisten en armonía con la naturaleza, destacó.  

Su trabajo es especialmente relevante frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación, acaparamiento de agua y contaminación generalizada, que continúan deteriorando nuestros ecosistemas y exacerbando desigualdades.  

Narcotráfico, vinculado a la degradación ambiental

A este contexto se suma el avance del crimen organizado en múltiples regiones del país, donde ejerce control violento sobre territorios y recursos. Actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies, la apropiación de tierras y el despojo violento de comunidades se han intensificado, afectando gravemente tanto al medio ambiente como a las personas que lo defienden.  

El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo.   Expresaron nuestra profunda preocupación por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), pues esta decisión genera un grave vacío institucional que pone en riesgo el derecho fundamental de acceso a la información pública ambiental.  

Sin mecanismos transparentes y efectivos para consultar datos sobre proyectos, concesiones, evaluaciones de impacto y decisiones gubernamentales, la defensa del medio ambiente se vuelve más vulnerable.  

Fortalecer el Mecanismo Federal de Protección

Asimismo, las organizaciones consideran urgente avanzar en la garantía del derecho a la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces y juezas autónomas, con formación especializada en derechos humanos y ambientales, y libres de presiones políticas o económicas. La justicia ambiental debe ser accesible, oportuna y efectiva para quienes defienden sus territorios y comunidades.  

Por ello llamaron a las instancias de gobierno a establecer un Plan de Acción nacional para la implementación del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, construido en diálogo con sociedad civil, pueblos originarios y personas defensoras del medio ambiente. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Mecanismo Federal de Protección y otras dependencias.  

Fortalecer el Mecanismo Federal de Protección con recursos suficientes, capacidades técnicas, enfoque territorial, colectivo y perspectiva diferencial, que atienda de manera diferenciada los riesgos específicos de mujeres defensoras, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos vulnerables. Garantizar el derecho al acceso a la información ambiental a través de mecanismos efectivos y transparentes, restituyendo y garantizando las funciones esenciales del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

Arzobispo de Acapulco clama por poner fin a acciones que generan violencia y ora por madres buscadoras

0

 

En el   Año Jubilar de la Esperanza, llamó a las autoridades fortalecer la búsqueda y no dejar solas a las mujeres


Isabel Martínez

SemMéxico/ CEPROVYSA, Acapulco, Guerrero, 21 de julio, 2025.- “Entre las intenciones de nuestra oración, están primero las autoridades para que con esfuerzo pongan fin a la guerra, y a toda clase de violencia y de inseguridad”, y orar por las madres que buscan a hijos, hijas, familiares, es la homilía de este domingo.


El Arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González en el llamado que hizo a las autoridades, también  pidió brindar seguridad a los pueblos que gobiernan, así como a quienes promueven el progreso y el respeto a la libertad, a la tranquilidad y a la actividad religiosa, dijo el Prelado.


Don Leopoldo González pidió también “recordar con mucho afecto a la madres buscadoras y a todas aquellas personas que lloran la pérdida de un ser querido”.

En ese tema, el Arzobispo de Acapulco dijo que los gobiernos deben apoyar con acciones encaminadas a encontrar a los seres queridos de las madres buscadoras.


El prelado católico dijo que la Iglesia también mantiene en sus oraciones a las personas que hacen el mal, a fin de que dejen de causar destrucción y muerte.


La reflexión de Leopoldo González González fue en el marco de su mensaje dominical en  el Año Jubilar de la Esperanza.

Los capitales| “Estanflación”, el siguiente escenario para México y el mundo: Banorte

Edgar González Martínez

SemMéxico, Cd. de México, 21 de julio, 2025.- El entorno global permanece extraordinariamente complejo, con la economía y los mercados financieros marcados por cuatro factores: comercio, geopolítica, política fiscal y monetaria. “Esta combinación -dicen analistas de Banorte- refuerza nuestra tesis de estanflación que venimos planteando desde inicios de año, esto es, un escenario de crecimiento tenue y presiones inflacionarias persistentes, aunque algunos países inclusive muestran señales claras de estar más cerca de una recesión”.

Este panorama se deriva en buena parte de virajes abruptos en las políticas públicas, especialmente en Estados Unidos bajo la administración de Trump. El tablero geopolítico está dominado por una creciente incertidumbre en torno a medidas proteccionistas, especialmente sobre la imposición de aranceles. Ello ha generado dudas en las decisiones de inversión, activado planes de contingencia y fragmentado cadenas de valor. En nuestra opinión, esta narrativa tendrá presencia constante durante el resto del año, incidiendo en la dirección del comercio, el consumo, la inversión y el sentimiento empresarial.

La sostenibilidad no es sostenible, si se siguen imponiendo empresarios y políticos.

El mundo corporativo y los gobiernos llevan décadas promoviendo una agenda de sostenibilidad que, en teoría, debería ayudar a resolver las grandes crisis sociales y ambientales de nuestro tiempo. Sin embargo, los datos más recientes revelan una fuerte disonancia entre los discursos y la realidad. Una nueva investigación global expuesta por Expock, demuestra que la mayoría de los expertos ya no cree en los enfoques actuales.

De acuerdo con Sustainable Brands, el 93% de los líderes en sostenibilidad encuestados por ERM, GlobeScan y Volans considera que la agenda necesita revisarse, y más de la mitad cree que esa revisión debe ser radical. Este no es solo un llamado al cambio, sino una advertencia seria: la sostenibilidad no es sostenible si seguimos como hasta ahora. Es momento de replantear el camino.

A pesar de décadas de trabajo, gobiernos, empresas e incluso la ONU, están reprobados en la percepción de quienes más saben del tema. Solo el 5% de los expertos valora positivamente el papel de los gobiernos nacionales, mientras que el sector privado apenas alcanza un 14%. La confianza en Naciones Unidas también se ha desplomado 12 puntos desde 2021. Las ONG, tradicionalmente percibidas como agentes de cambio, no se salvan: su aprobación cayó 16 puntos, quedando en 45%. Los actores clave de la sostenibilidad no solo están estancados, sino perdiendo legitimidad. Ante este panorama, la pregunta que se impone es contundente: ¿cómo esperamos avanzar si quienes lideran el camino ya no convencen a nadie?

Es más, en paralelo a la ineficacia institucional, crece la resistencia social y política. El 70% de los expertos identifica una reacción negativa significativa contra la agenda de sostenibilidad, con una intensidad preocupante en América del Norte, donde alcanza el 91%. La polarización política y cultural se convierte en un obstáculo directo al cambio estructural. Este fenómeno no solo desacelera avances; también los revierte. En contextos como EU, las discusiones sobre acción climática, equidad y diversidad se han convertido en banderas de batalla partidista, restando legitimidad y apoyo a políticas clave.

Lo que verdaderamente urge es que los líderes empresariales y políticos entiendan que la sostenibilidad no es sostenible si no se protege de la manipulación ideológica y los negocios, y se construye desde el consenso, no desde la confrontación.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

Twiter: @Edgar4712

Alfa Omega| La “Ley Silla” Está Vigente, ¿Usted Lo Sabía?

Descongelaron una Reforma a La Ley Laboral

Descanso Obligatorio, Sentado, En la Jornada

Se Aplicarán Sanciones por El Incumplimiento

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, Cd. de México, 21 de julio, 2025.- El pasado jueves se cumplieron 97 años del asesinato del general Álvaro Obregón, segundo presidente que fue reelecto en el Siglo XX. Porfirio Díaz se reeligió, por última vez, el 10 de julio 1910 e iba a cubrir un sexenio; renunció el 25 de mayo de 1911.

Cada quien habrá de interpretar el sentido de la reforma, recién aprobada, a la legislación laboral.

En principio, a reserva de ver los resultados de su aplicación, veremos si empleados, obreros y trabajadores en general, la reciben gustosamente.

Nos dicen que el pasado 17 de junio entró en vigor “La Ley Silla”. Sí, sí leyó bien, se trata de una medida que se aplica o aplicará en los centros de trabajo, principalmente en los comercios, en los restaurantes, en los bares y donde las labores exigen que el empleado realice su trabajo, de pie.

También en este comentario periodístico les comparto que las autoridades gubernamentales consideran que, el beneficio será para un mínimo de 200 mil trabajadores.

Bueno, ¿en qué consiste la medida?

Los empleados gozarán de diez minutos de descanso, cada dos horas. Sentados en un área específica y seguramente será por turnos para no dejar de atender al público.

Los patrones quedan obligados a proporcionar sillas o asientos con respaldo para el descanso periódico en las jornadas de ocho horas laborables.

APROBADA, LA DESECHARON

La historia de la “Ley Silla” tiene su historia. En febrero de 2024 quedó aprobada en el Senado de la República. Apareció publicada en el Diario de la Federación el 19 de diciembre del mismo año, señalándose que entraría en vigor seis meses después.

Aprobada la reforma a la ley Federal del Trabajo en sus artículos 132, 133, 422 y 423 fue turnada a la Cámara de Diputados, donde fue desechada y cayó en el cajón del olvido, a la reserva, a la congeladora de febrero a octubre.

Al coordinador de la bancada morenista Ricardo Monreal Ávila le zumbaron los oídos y “revivió” la iniciativa aprobada en el Senado, porque figura entre los 100 compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entonces, el miércoles 2 de octubre de 2024, con la intervención del zacatecano, la reforma “cobró vida” y casi por unanimidad fue aprobada en el recinto de San Lázaro. En el pizarrón eléctrico quedaron registrados 476 votos a favor.

PATRICIA MERCADO Y SU INICIATIVA

La economista sonorense y excandidata presidencial, en 2006, Dora Patricia Mercado Castro, desde sus días como senadora, en 2023, tuvo en mente presentar una iniciativa en materia laboral para beneficiar a las y los trabajadores que permanecen de pie en sus 8 horas de jornada.

El planteamiento de la política nacida en Ciudad Obregón, es que mujeres y hombres deben disfrutar de intervalos de descanso en su trabajo, porque de no tenerlo con el tiempo padecen diversos tipos de enfermedades físicas.

La propuesta concreta que los patrones tengan espacio adecuado y coloquen sillas o asientos con respaldo, sillas abatibles, donde el empleado descanse diez minutos, cada dos horas, o sean 40 minutos durante el lapso laboral.

La medida es aplicable en los establecimientos comerciales, principalmente tiendas de autoservicio, en farmacias, restaurantes, bares, en estos negocios se incluyen a meseros, cocineros, ayudante de cocina, cantineros, servidoras domésticas, personal de planchadurías y de hoteles, entre otras áreas que incluyen a las industrias.

Se considera que disminuirían las enfermedades del trabajador. Menos fatiga, insuficiencia venosa, tendinitis, várices, hemorroides, lumbalgia, fascitis plantar, ésta es la inflamación con dolor intenso en el talón y el arco del pie.

La diputada Mercado Castro, quien fue secretaria general en el Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que con estas disposiciones “simboliza la reconciliación con el espacio de trabajo y la dignificación en el trato a quienes, diariamente, hacen funcionar al País”.

180 DÍAS PARA CUMPLIR

Como está comentado, la reforma aprobada por senadores y diputados, entró en vigor el pasado 17 de junio, señalando que el patrón tiene un plazo de 180 días para dar cumplimiento al mandato.

La denominada “Ley Silla” habrá de beneficiar, según la información oficial, a no menos de 200,000 trabajadores/as. Se evitará mantener al trabajador en “las posturas de una sola posición que, son muy dañinas, en una jornada de ocho horas continúas”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social queda como responsable de que se aplique la reforma laboral, incluyendo certificar la actualización de los Reglamentos de Trabajo, especialmente en cuanto que el sitio destinado para el descanso cumpla con las medidas higiénicas.

El titular de esa dependencia federal tiene de plazo hasta el 17 del próximo agosto, para formular las normas correspondientes sobre los factores de riesgo de trabajo.

Quienes no acaten las disposiciones serán apercibidos por la autoridad federal, los funcionarios estatales y los presidentes municipales, porque la vigencia es de carácter federal.

Un segundo llamado implica la imposición de una multa que fluctuará entre los cinco mil y medio millón de pesos, de acuerdo con el tipo de falta. Habrá suspensión de servicios, sin perjuicio del pago de salarios y prestaciones. Si hay reincidencia, procederá la clausura temporal o definitiva.

La diputada Mercado Castro considera que hay buen ánimo en el sector empresarial y también buenos comentarios en los medios sindicales, debe considerarse que empleadores y empleados entran en una nueva etapa y la adaptación será por ambas partes.

La estudiante de Derecho y representante de sus compañeros en una empresa privada, Blanca María Eugenia Miranda Díaz, considera que la fórmula tendrá repercusiones favorables en corto plazo. La joven universitaria es incansable defensora de los derechos laborales.

RESPALDO DE LA OIT

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, al conocer de la reforma legislativa en México, se congratuló de ello. Es importante la aplicación en favor de los trabajadores, lo cual ya se hace en otros de los 187 países que la integran.

México se afilió a la OIT el 12 de septiembre de 1931, siendo Presidente de México el general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio. En febrero de 1955 se establecieron las oficinas de la OIT en México, después de firmar los convenios con la intervención del licenciado Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo y Previsión Social, con don Adolfo Ruiz Cortines.

La OIT tiene su sede en Ginebra Suiza, y mantiene relaciones directas con los gobiernos afiliados, en nuestro caso a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

jherrerav@live.com.mx

Tras la puerta del poder| Adán Augusto, ¿el eslabón perdido entre el narco y la cúpula del poder político?

 Roberto Vizcaíno

SemMéxico, Cd. de México,  21 de julio, 2025.-Adán Augusto López –‘mi hermano’, le dice AMLO- ‘está tocado’.

Y en su derrumbe amenaza con cargarse no sólo a “su hermano” de Palenque, sino a buena parte de lo que hoy es lo más alto de Morena y la 4T.

Lo cierto es que no hay forma de que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador no supiera que le traía Adán Augusto desde su natal y querido Tabasco hasta Palacio Nacional. O quizá por eso lo atrajo a su entorno más íntimo.

Desde entonces por sobre Adán Augusto solo estuvo Andrés Manuel López Obrador. Nadie más, hasta ahora. Ni nadie de Morena, ni siquiera la presidenta Claudia Sheinbaum. Solo AMLO.  

Como su eslabón no tan perdido.

El caso hoy es que no se ve cómo Adán Augusto pueda salvarse. Su casi semana de silencio y ausencia de lo público luego de estallado el escándalo fue la aceptación implícita, mediática, política del senador López de que está involucrado con la actividad delincuencial de Hernán Bermúdez Requena, su entonces secretario de Seguridad en Tabasco.

El líder de los morenistas en el Senado se quedó pasmado, quieto, como el ratón descubierto robando el queso cuando se supo que, según reportes de inteligencia militar revelados por Guacamaya Leaks que su exsecretario de Seguridad era conocido como el Comandante H, y señalado como jefe del cartel de La Barredora, una filial tropical el Cartel Jalisco Nueva Generación,.

La narrativa del reporte de inteligencia militar elaborado durante al menos 3 años por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del sureste y la Secretaría de Defensa no deja dudas del involucramiento del narco en la relación del gobernador Adán Augusto López y el Comandante H, quien tiene girada una orden de aprehensión y se supone huyó a Brasil… o fue ya convenientemente eliminado.

Fuentes del mismo sector judicial que lo busca, filtraron el viernes que Bermúdez Requena podría estar ya muerto a fin de evitar su captura y una posible delación que pudiera involucrar en su actividad criminal al ahora senador Adán Augusto López y a otros de la cúpula de Morena.

De ser cierta la fuga o la eliminación, no modificarían en nada los reportes del Ejercito girados en tiempo real desde 2019 -año en que el entonces gobernador de tabasco Adán Augusto López nombro al Comandante H como su secretario de Seguridad-, que describen con todo detalle hechos, nombres y vinculaciones de Bermúdez Requena y su grupo, en asesinatos y hechos delictivos ocurridos en ese estado.

LA REVELACIÓN MILITAR INELUDIBLE

Entre los reportes revelados en el Guacamaya Leaks se encuentran los que muestran a Hernán Bermúdez Requena, titular de Seguridad del gobernador de Tabasco como cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación en la entidad.

Tabasco es un estado con los mayores yacimientos petroleros, y sembrado por una maraña de ductos que con el Comandante H en Seguridad estatal se convirtió en un paraíso protegido del saqueo huachicolero.

Los reportes militares indican que el control de los municipios con mayores y más importantes ductos fue repartido entre capos locales de apodos como El Pantera, El Pelón de Playas, Toro y Kalimba eran dirigidos por el Comandante H, que además involucraron en el reparto de utilidades a otros jefes policiacos.

La extracción ilegal de combustibles y su comercialización no inhibió al secuestro, extorsión, tráfico de migrantes, cobro de piso, venta de estupefacientes, asaltos y robos.

Las disputas entre todos ellos por el cuantioso botín derivaron en más ejecuciones y violencia principalmente en Villahermosa y hasta un atentado contra el propio Comandante H.         

De acuerdo a Guacamaya Leaks fue el reporte del 13 de mayo de 2021 donde por primera vez se menciona a Hernán Bermúdez como quien encabeza el crimen organizado y narco en Tabasco. Y el reparto de los miles de millones de dólares que dejaba esa actividad. Otros informes incluyen luego “al gobernador”.

Junto a Bermúdez Requena los informes militares mencionan a Ulises Pinto, ‘El Mamado’, su segundo al mando en la Secretaría; a Javier Reyes, entonces coordinador de las Policías Municipales; a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, asesor del director de la policía ministerial de la Fiscalía de Tabasco; José Felipe Padilla Castañeda, coordinador en Tabasco de la Guardia Nacional, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, ‘El Carnal’, director general de la policía y líder del CJNG en Tabasco.

Algunos de ellos igualmente cercanos al entonces gobernador Adán Augusto López.

De acuerdo a su escueto mensaje de fin de semana en redes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado no ha sido llamado a comparecer por ninguna autoridad, y dice estar dispuesto a hacerlo si lo piden.

Las autoridades de la 4T evidentemente no tienen ningún interés de llamarlo a pesar de los reportes de inteligencia militares, pero de que sí lo podrían querer en EU, no hay dudas.

EL SENADOR LOPEZ PIDE CERRAR FILAS

Al llegar ayer al Consejo Nacional de Morena Adán Augusto López dijo a los reporteros que pedían hablar con él:

«Ya lo que tenía que decir ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. Hay que cerrar filas en torno a la Presidenta, en torno al Gobierno, eso es lo más importante”.

El coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado ingresó al Consejo por el estacionamiento y luego una puerta trasera del Hotel Barceló y no por las escaleras por donde entraron los otros consejeros.

Igual que el senador López los gobernadores morenistas Alfonso Durazo, Javier May, Mara Lezama, Alfredo Ramírez Bedolla y Layda Sansores desecharon hablar del caso del extitular de Seguridad de Tabasco.

Los organizadores del Consejo indicaron que no estaba en la agenda abordar ese tema.

… / Twitter: @_Vizcaino / Facebook

https://www.facebook.com/rvizcainoa

Detienen a feminicida de la doctora Dulce; la Fiscalía pedirá la pena máxima de cien años

0

La Alerta de Violencia de Género, “meramente protocolaria”: 50 más 1

Gabriela Coutiño

SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 19 de  julio, 2025.- La Fiscalía General de Chiapas, informó la detención del feminicida Armando “O”, quien asesinó en la habitación de un hotel de la ciudad de Tapachula a su pareja sentimental Dulce, médica de profesión de 40 años de edad. La doctora es la victima número 21 de feminicidio en lo que va del año en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del estado, dijo que el arresto se suma a los esfuerzos de la dependencia por combatir la violencia de género en la entidad. El funcionario dijo que estará muy pendiente del caso y la dependencia a su cargo pedirá la pena máxima de cien años de cárcel.

Paralelamente el Fiscal anunció una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información veraz y útil que conduzca a la localización y detención de Simón Jiménez Patishtán, responsable del feminicidio de la regidora del ayuntamiento de San Juan Chamula, Lola Patricia, asesinada por su marido a balazos en su domicilio.

La colectiva feminista 50 más 1 que lleva un puntual seguimiento de los feminicidios en Chiapas, al pronunciarse por el feminicidio de la doctora Dulce, dijo que “el crimen no es un hecho aislado, sino la trágica manifestación de un sistema patriarcal que permea nuestra sociedad y que, en esta ciudad de Tapachula, se agrava por la inacción y la falta de políticas públicas efectivas.

“Los datos son contundentes: Chiapas y, en particular, Tapachula, registran cifras alarmantes de feminicidios y desapariciones de mujeres. A pesar de las denuncias constantes y las exigencias de la sociedad civil, la violencia persiste, dejando un rastro de impunidad y miedo”, manifestó.

En el mes de julio contabiliza dos feminicidios, Ana Elsy, asesinada en el municipio de Mapastepec y Dulce en Tapachula, mientras que en junio la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la colectiva, señala la cifra fatal de seis víctimas de feminicidios, las víctimas son: Lola Patricia, Elia, Yuri y tres desconocidas; dos de las desconocidas fueron halladas en una fosa séptica de una casa abandonada en el municipio de Comitán.

La Alerta de Violencia de Género, “meramente protocolaria”: 50 más 1

50 más 1 ha insistido reiteradamente en la revisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas, debido a la preocupante escalada de feminicidios y violencia contra las mujeres en la entidad. Su postura se basa en los siguientes puntos clave:

La colectiva considera que los constantes reportes de feminicidios y el incremento de la violencia contra las mujeres en Chiapas, especialmente durante los últimos meses (como lo fue junio de 2025, calificado por ellas como el “mes más letal”), demuestran que las medidas implementadas bajo la AVG no han sido suficientes ni efectivas para frenar la problemática.

A pesar de la declaratoria de AVG, Chiapas ha registrado cifras históricas de feminicidios. Por ejemplo, cerró 2024 con 40 casos, superando los 35 de 2023 y los 39 de 2022. Esto sugiere que el mecanismo actual no está logrando su objetivo principal de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas.

Para la colectiva feminista, la Alerta de Violencia de Género, decretada en noviembre de 2016 (inicialmente para 7 municipios y luego ampliada a 16 municipios de la región Altos Tsotsil-Tseltal), ha demostrado ser un mecanismo insuficiente, ineficaz y, en muchos casos, “meramente protocolario”. Esto implica que las acciones se quedan en el papel y no se traducen en una disminución real de la violencia.

Por lo que ha demandado acciones concretas y no solo declaratorias, para frenar la violencia que padecen niñas, adolescentes y adultas en Chiapas. “La persistencia de la violencia en todas sus formas (psicológica, física, patrimonial, económica, sexual e incluso la muerte) es una señal de que la AVG no está generando los resultados esperados”.

50 más 1 también ha reiterado la necesidad de fortalecer el apoyo por parte del Estado a las víctimas de feminicidio y sus familias, lo que implica una atención integral y mecanismos efectivos de justicia y reparación.

Expulsa la Universidad de Guerrero  a dos profesores señalados de acoso sexual y la Fiscalía sentencia 60 años a un violentador

0

La  sentencia de 60 años por violación equiparada agravada, violencia familiar y lesiones calificadas, en Chilpancingo.

En sesión extraordinaria el Consejo Universitario  aprueba dos nuevas licenciaturas: en Educación y en Agricultura Sostenible

Salvador Alejandro y redacción

SemMéxico/ Ceprovysa,com, Chilpancingo, Guerrero, 19 de julio,2025.- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, aprobó este viernes la expulsión de dos maestros por delito de acoso sexual.

Los profesores expulsados de manera definitiva de la UAGro son: Urbano Cano Castañeda, de la preparatoria 11 con sede en Tlapa de Comonfort, así como de Hermelindo Ramírez Guzmán, profesor de preparatoria 4 de Taxco.

Tanto el Rector, Javier Saldaña Almazán, como la Secretaria General, Xóchitl Astudillo Miller, ratificaron esta decisión tomada en sesión extraordinaria.

La medida es por atentar contra la integridad, trato digno y libre desarrollo de la personalidad dentro del ámbito universitario.

En esta misma reunión  fue aprobada la creación de dos nuevas licenciaturas en Educación que tendrá como sede Acapulco y de Agricultura Sostenible que tendrá como sede Iguala.

Esta es la sentencia al violentador

Ayer mismo la Fiscalía General del Estado de Guerrero, logró que un juez dictara sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Magdalia “N” por los delitos de violación equiparada agravada, violencia familiar y lesiones calificadas, cometidos en perjuicio de dos menores de edad, cuyas identidades se reservan, por hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo.

Mediante una investigación intensiva que permitió recabar pruebas definitivas, la FGE Guerrero logró establecer la participación de la sentenciada en los hechos. De esta manera, el juez dictó una sentencia de 60 años de prisión en contra de la imputada, y se condenó la suspensión sus derechos sobre la patria potestad hacia las víctimas.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Guerrero,  dijo, refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando el acceso a la justicia y combate a la impunidad.