No prevaleció el interés superior de la niñez, legisladoras paro estudiantil para     que sea destitución y no 

Todavía el martes el Consejo Universitario negó aceptar la renuncia, porque  hubo “un juego perverso darle una salida digna” a Rubén Ibarra

Elda Montiel 

SemMéxico, Ciudad de México, 21 de mayo, 2025.- En Zacatecas, sucede  un hecho sórdido, de protección y  asociación delictuosa para proteger a la máxima autoridad universitaria y liberarlo  de un delito sexual agravado.  El violentador anda libre, la comunidad universitaria callada hasta anoche la acusación  al  rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, no significó su destitución, ni un pronunciamiento condenatorio.

En lo judicial sentenciado y liberado, a pesar de una acusación desde hace más de 5 meses, nunca fue  separado del cargo, el Consejo Universitario todavía dudaba el domingo, y  los estudiantes tuvieron que hacer un paro el lunes. Mientras el violentador con poder fue  protegido por el poder  judicial, que evitó 20 años de prisión ,como dice la ley. El acusado quiere renuncia, para no ser destituido.

Quienes alzaron la voz, durante muchos días fueron los  grupos feministas y ahora  jóvenes  universitarios; distintas peticiones para  un proceso apegado a la ley, digno y justo que protegiera el interés superior de las niñas y  cumplir con el mandato constitucional de poner por delante el interés superior de la niñez.

Nada de ello sucedió, según los relatos periodísticos, los pronunciamientos, las historia narradas e incluso la petición a Naciones Unidas para no permitir la impunidad, porque  el juicio resultó en la práctica, “una burla” como puede leerse, en los hechos.

 Y el imputado, ahora juzgado y condenado,  renunció hasta el lunes, renuncia no admitida por el Consejo Universitario, no se sabe si se le mantendrán sus derechos universitarios o será destituido. Jóvenes universitarias y estudiante hicieron un paro y reclamaron esa renuncia y un pronunciamiento  condenatorio  de la comunidad universitaria, que no se hizo y no se sabe si se hará.  

Las expresiones de repudio señalan que  se ha mandado un claro mensaje desde el estado: la protección  a los violadores sexuales, como dijo la diputada panista  Noemí Luna, se trata de un acto de encubrimiento; como  han dicho las feministas, o bien, una burla judicial, como sucede a miles de casos en el país, sin que se escuchen las voces sociales y de colectivos feministas que rechazan la violencia contra las niñas y las mujeres, desde hace al menos 100 años.

La reacción de mujeres y feministas fue la  condena  a la conclusión del juicio:  cuatro años de prisión a  un  violentador de cuello blanco y encima  que podrá cumplir su pena en libertad condicional.

El Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria (GAMCU) hace 8 días pidieron al  Alto Comisionado de las Naciones Unidas  por la defensa de los Derechos Humanos que promueva  la investigación  a las instituciones encargadas de procurar justicia porque en este caso,  la filtración de expedientes de las dos denuncias, violaron los derechos de las  víctimas y la pretensión de generar caos al interior de la UAZ.

El caso del  rector, además, se dio en medio de una lucha interna por las elecciones para la rectoría, lo que abonó a la opacidad y el  encubrimiento, que minimizó al  delito.

 Resultado:

Rubén “N” aceptó su culpabilidad de violar a una niña de 4 años y reparar el daño, así se  reclasificó el delito de “violación equiparada” a  “abuso sexual”; en la práctica pasó de una condena y sentencia  de 20 años de prisión, a  cuatro  y, encima, en libertad condicional, en Zacatecas.

El ahora todavía   rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) estuvo  sólo siete días privado de la libertad, del 10 al 16 de mayo, mientras que  la niña  violada, según las  voces de la protestas,  vivirá con las consecuencias del abuso sexual infantil,  a veces devastadoras y de largo plazo. 

En Zacatecas, las autoridades no escucharon las exigencias  de varias organizaciones ni escucharon en la Universidad a las propias universitarias, ni se enteraron del significado de la conducta del máximo representante universitario, el Rector. Según del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSG) para que actuaran conforme al debido proceso y que el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén “N” fuera vinculado a proceso por los delitos de que cometió. Violación equiparada.

Este  Observatorio fue el grupo  quien acompañó a la familia de la víctima en la denuncia hecha hizo desde noviembre del 2024 debidamente fundamentada, lo que permitió su judicialización y la posterior vinculación a proceso.

La activista y ex diputada  María Elena Ortega Cortés explicó  a SemMéxico de cómo en una audiencia inicial particularmente larga el ex rector fue arropado por privilegios, una red de compadrazgos y silencios el delito fue reclasificado de violación equiparada  que el Código Penal de Zacatecas condena con  hasta 20 años de prisión, a un delito de   “abuso sexual” que es un procedimiento abreviado, para quedar en una condena simbólica y en libertad condicional. 

Protestas papel mojado 

El Movimiento Feminista de Zacatecas, en un pronunciamiento el 16 de mayo, al Consejo Universitario de la UAZ, a la comunidad universitaria y la sociedad denunció que lo sucedido con un hombre poderoso se estaba convirtiendo en una  burla institucional, con  un mensaje brutal para las niñas y mujeres de Zacatecas de que no importan. 

Denunciaron que se filtró  la carpeta de investigación, y  expusieron a la víctima; hubo una estrategia, “ prepararon el terreno usando la ley como escudo para garantizar que un hombre con poder, acusado de violar a una niña, siga caminando libre”.     

El colectivo feminista subrayó que este caso no es un hecho aislado, sino una confirmación de que las instituciones judiciales y gubernamentales están diseñadas para proteger a los agresores, especialmente a aquellos con poder e influencia. 

Durante el proceso Rubén “N” se mantuvo en el puesto, nunca nadie le pidió su renuncia, a pesar de los hechos. Tan tranquilo siguió como rector de la UAZ, por lo que en los  pronunciamientos de las colectivas y la comunidad universitaria, demandaron sin escucha la destitución inmediata como rector y crear el Registro Estatal de Agresores Sexuales  de Zacatecas e inscribir a Rubén “N”.

La Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas ahora explicó que fue a petición de la defensa y de manera consensuada con los padres de la víctima, que se llevó a cabo un procedimiento abreviado, por lo que el imputado aceptó su responsabilidad en el hecho y fue sentenciado a cuatro años de prisión. También dijo  que en la condena se contempla la reparación integral del daño en beneficio de la víctima, incluyendo de manera muy importante el proyecto de vida, así como una multa por el ilícito.

El 16 de mayo el ahora exrector salió del área de prisión preventiva del penal de Cieguillas, se presume que  escoltado por patrullas de la Policía Estatal y por una ambulancia, eso  fue lo único que vieron los periodistas que aguardaban su salida.

Que nunca vuelva 

En el comunicado dirigido al rector  electo,  de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, dado a conocer a la opinión pública, le piden que Rubén “N” fuera separado en lo inmediato de su cargo, que no le sea asignada  ninguna carga de trabajo como docente o investigador, y que la Universidad emita un pronunciamiento de “Cero Tolerancia a la violencia” que vaya acompañado de acciones efectivas de prevención, atención y sanción para que sirva de ejemplo para que ningún agresor y agresora pueda tener cabida en la institución. El ex rector renunció, nadie se lo pidió, ni el nuevo.

Afirman con claridad  que “el proceso se llevó a cabo sin perspectiva de género ni derechos humanos, mucho menos poniendo como centro el interés superior de la niñez zacatecana. Por el contrario la FGJEZ y, más aún, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Mujeres en Razón de Género, han mostrado la ceguera de género, ética y legalidad”.

También pidieron que se revisara el cargo de la docente Perla Trejo Ortiz en la administración central y el cargo por el que fue electa en las elecciones pasadas, pues no puede representar a las y los universitarios una persona que atestiguo a favor de un agresor sexual a pocas horas de que se declarará culpable.

Suscribieron la petición la doctora Adriana Guadalupe Rivero Garza, maestra Adriana Ortega Valdez, Dra. Adriana Noriega Maldonado, Dra. Aída Margarita Rodríguez Rodríguez, Dra. Alejandra Ariadna Moreno Romero Moyano, Dra. Arlette Cancino Vázquez  Dra. Armida Concepción García, Dra. Beatriz Marisol García Sandoval y Dra. Carolina López Lozano.

Quisieron politizar el caso

La Red Plural de Mujeres de Zacatecas  en su momento denunció  que a la par de la denuncia de violación equiparadas a una menor, se mediatizo una denuncia contra la candidata a la rectoría que corresponde a un señalamiento de administración fraudulenta en detrimento de la Universidad, específicamente de las y los docentes sindicalizados. 

Por la filtración y porque la Universidad está en un proceso electoral exigen a la Fiscalía y a las autoridades del Estado de abstenerse a participar en la elección universitaria, particularmente porque se percibe como un obstáculo para que las mujeres lleguen a la rectoría.     

En una reunión del Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria (GAMCU) el pasado 13 de mayo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas le piden se investigue a las instituciones encargadas de procurar justicia la filtración de expedientes de las dos denuncias, violando los derechos de las víctimas y la pretensión de generar caos al interior de la UAZ.

Que la  Universidad Autónoma de Zacatecas, debe llevar al H. Consejo Universitario un punto de acuerdo para que se declare una situación de alerta para ser atendida con urgencia, se puntualice la agenda por los derechos de las mujeres universitarias y se implemente un catálogo de medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia,  además de darle celeridad al Protocolo de actuación para la atención a la violencia sexual.

La reforma al Código Penal para el Estado de Zacatecas, para que las elecciones en órganos autónomos se incluyan en el tipo penal y la protección de la justicia alcance a las mujeres que en el ejercicio pleno de sus derechos políticos, buscando la representación pública en órganos autónomos por elección; o bien, aspiran en cualquier ámbito a ocupar espacios de decisión por designación directa o concurso.

Legisladoras condenan que no prevaleciera el interés superior de la niñez 

La senadora y exgobernadora de Zacatecas Amalia García Medina expresó su indignación por la impunidad en el proceso contra el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por el abuso sexual a una niña.

“Me duele, me genera una enorme tristeza y me indigna (…) las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos, y cuando se trata de delitos que los agravian, no puede ni debe haber impunidad con intervenciones a modo para favorecer al agresor”.

Consideró inaceptable que los juzgadores apliquen lecturas restrictivas que terminan beneficiando a los agresores, lo que –insistió– es jurídicamente injustificable. Además de que el interés superior de la niñez es un principio jurídico, ético y político que establece que en todas las decisiones que se tomen relacionadas con niñas, niños y adolescentes, debe prevalecer su bienestar integral por encima de cualquier otro interés.

La diputada federal Noemí Luna, vicecoordinadora de la fracción panista, se unió a las voces sociales y colectivos feministas que rechazan la violencia contra las mujeres y lamentó la condena de sólo cuatro años de prisión impuesta al violentador, que podrá cumplir en libertad condicional, porque el Estado manda el claro mensaje de que protege a los violadores sexuales.

Reiteró la convicción de que ningún violentador debe estar en posiciones de poder, por lo que desde el Congreso de la Unión mantiene su lucha por garantizar los derechos de las mexicanas. Afirmó que este caso de violencia sexual es ejemplo de la impunidad que impera en México, como sucedió con las acusaciones que no prosperaron en contra del Diputado Federal Cuauhtémoc Blanco por su media hermana, y el entonces candidato a Gobernador de Zacatecas, David Monreal, al manosear una aspirante. Ambos, de Morena.

La diputada local  del Partido del Trabajo (PT) Renata Libertad Ávila Valadez,  se pronunció en contra de la resolución judicial, en un comunicado. Condenó el hecho de que el juez reclasificara el delito por el que fue detenido que era “violación equiparada agravada” y no “Abuso sexual” razón por la que el rector recuperó su libertad después de 7 días en prisión.

“Aceptar el delito no borra la violencia. Reclasificar no lo vuelve menos grave. Y permitir que se cumpla con libertad no repara el daño”.

 Cínico el violentador y la institución inerte 

El domingo 18 de mayo la UAZ informó que Rubén Ibarra Reyes presentó su renuncia a la Rectoría con carácter de inmediata e irrevocable.  El Consejo Universitario sesionará para determinar si aceptan la renuncia, de aceptarla se iría con todos los privilegios de su cargo.    

El lunes 19 sesiono el Consejo Universitario de la UAZ rechazó la renuncia enviada por el rector Rubén Ibarra Reyes  y dejó pendiente el proceso de su destitución para ayer martes. En cerca de cuatro horas de sesión extraordinaria realizada por videoconferencia, 28 consejeros votaron en contra de la renuncia “irrevocable”, mientras que  13 votaron a favor, es decir darle el privilegio.

La consejera Verónica Aguilar Vázquez calificó como “un juego perverso darle una salida digna” a Rubén Ibarra, y llamó a negarle la renuncia para poder destituirlo del cargo y después rescindir definitivamente su relación laboral con la UAZ.

Por su parte, la estudiante Margarita Ramos Mier opinó que no se le debería dar “el privilegio de la renuncia” a un agresor sexual condenado.

Luego de que se rechazó la renuncia, el encargado del despacho de la secretaría general de la UAZ, Armando Flores de la Torre, intentó sin éxito que se diera la destitución en automático y que el pleno lo nombrara Secretario General y luego rector interino.

Paro de labores en la mayoría de planteles de la Universidad 

La comunidad de estudiantes, docentes y el Movimiento Feminista de Zacatecas encabezaron este lunes un paro de labores en la mayoría de los planteles de la universidad para exigir la inhabilitación de Rubén “N” como académico y para solicitar una revisión a la sentencia del Juez Alfredo Sánchez que reclasificó el delito a uno no grave. 

Para liberar las instalaciones universitarias, los manifestantes han establecido un pliego de demandas que incluye:

• La inmediata destitución de Rubén Ibarra Reyes como rector
• La rescisión de su contrato laboral para impedirle el acceso a las instalaciones universitarias
• Una pronta notificación al Consejo General del Sistema Nacional de Investigadores para su expulsión
• Su separación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
• Pronunciamiento contra la violencia institucional

Como parte de sus acciones, los estudiantes han solicitado un pronunciamiento público del Consejo Universitario que establezca una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de abuso, violencia y conductas no éticas dentro de la institución.

Asimismo, exigen garantías de que no habrá represalias contra quienes participan en estas manifestaciones pacíficas, incluyendo la justificación de inasistencias a clases en línea durante el periodo de protesta.

El INE realizó un simulacro Electoral para Personas con Discapacidad rumbo a la Elección del Poder Judicial 2025. Foto: INE/Cuartoscuro

Francisco Ortiz Pinchetti

SemMéxico, Cd. de México, 19 de mayo, 2025.- A dos semanas de los comicios, en los que se “elegirán” un total de 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, las dudas sobre un fracaso se convierten en certezas. Estamos, sin ambages, ante un crimen de lesa democracia.

Una palabra, farsa, describe lo que es la llamada “reforma judicial” en nuestro país. No podría ser de otra forma si tuvo su origen en un acto de venganza de Andrés Manuel contra una Suprema Corte por no acatar su directrices, y se procesó legislativamente con una mayoría gandalla que aprobó la desaparición del Poder Judicial en nuestro país.

Otra palabra, caos, describe al “proceso electoral” improvisado y absolutamente manipulado para colocar a incondicionales de la Cuatroté de modo que el partido hegemónico controle los tres poderes de la Unión, lo que no es otra cosa que la consolidación de un régimen totalitario en nuestro país.

Y una palabra más, desmadre, describe el cúmulo de irregularidades, mentiras, denuncias, trampas, renuncias y deficiencias de la supuesta “elección” de jueces, ministros y magistrados marcada por una desinformación generalizada.

En este mismo espacio escribimos hace dos semanas que independientemente de las intenciones autoritarias que evidentemente están detrás de esta aberración, falta ver si el pueblo bueno –o el malo— podrá entender de qué se trata esta pantomima y acude a las urnas para elegirá de “manera libre, informada e independiente” a sus juzgadores, que seguramente serán todos probos y ejemplares.

A dos semanas de los comicios, en los que se “elegirán” un total de 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, las dudas sobre un fracaso se convierten en certezas. Estamos, sin ambages, ante un crimen de lesa democracia.

Son datos duros:

De acuerdo con el reporte del INE al organismo llegaron más de mil 600 observaciones, la mayoría de ellas declinaciones, confirmación de renuncias y datos o asignación de candidaturas de manera incorrecta. Los aspirantes que más se han quejado son los que aparecen en el listado del Poder Judicial, lista que elaboró el Senado, con 233 oficios para aclaraciones. Le sigue el Poder Ejecutivo con 166 y el Ejecutivo con 145. Mientras que los juzgadores en funciones han presentado 181 escritos. Éstos fueron incluidos en las listas también por el Senado.

Hasta el momento, de los cerca de cinco mil candidatos, 113 presentaron un oficio para declinar a su candidatura, especialmente de magistrados o jueces, y otros 17 ratificaron su renuncia…mientras que otros cuatro se arrepintieron de desistir a la candidatura, y solicitaron mantenerlos en las listas. Y otros 154 candidatos informaron que sus datos o nombres son incorrectos. Un 27 por ciento de los aspirantes (uno de cada tres) ni siquiera ha exhibido su título de abogado, requisito supuestamente indispensable para competir.

Por otro lado, el propio INE publicó en el Diario Oficial de la Federación los nombres de 34 candidatos a jueces y magistrados que fueron registrados erróneamente, pues el Senado no sólo les modificó el nombre, sino les redactaron otro apellido, tienen faltas de ortografía o están al revés.

El proceso de insaculación en el Senado para candidatos a la elección del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante una tómbola, fue una mascarada en que la mayoría de los aspirantes no debieron haber sido tomados en cuenta, según han acusado magistrados de circuito. Ocho candidatos de la elección judicial han sido formalmente acusados de tener lazos con el crimen organizado para que determine si procede o no su elegibilidad.

Ante el cúmulo de denuncias, el INE anunció –¡un mes antes de la elección!– un mecanismo de revisión para “garantizar” que los aspirantes a cargos en el Poder Judicial cumplan con los requisitos de elegibilidad constitucional. El organismo electoral ha habilitado un procedimiento mediante el cual la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil podrán presentar denuncias por presuntas irregularidades cometidas por las personas candidatas a jueces, magistrados y ministros.

El pasado 4 de mayo, el Poder Legislativo solicitó al INE “tumbar” la candidatura de 26 candidatos a la “elección” judicial, entre ellos aquellos que tienen vínculos con la delincuencia organizada, han liberado delincuentes, han sido acusados de algún delito y otros porque no cubrieron el requisito de promedio de ocho. De todos los candidatos al PJ señalados, 17 fueron postulados por el Poder Ejecutivo, seis por el Legislativo y sólo tres por el Poder Judicial.

Hay también deudores alimentarios morosos, abusadores y violadores sexuales, narcomenudistas, personas relacionadas con el crimen organizado. Una excelente gama de donde escoger.

Según un recuento del diario El País, el Poder Legislativo entregó mil 416 registros, por lo menos uno de ellos tenía la fecha de nacimiento incorrecta, cuatro más estaban sin CURP, otros con la cédula de registro incompleta y una decena sin clave de elector.

“Ninguno de los tres poderes se ha salvado del desaseo”, pone el periódico español. En el Ejecutivo se entregaron mil 428 registros, de estos ninguno tiene fecha de nacimiento, tampoco número de teléfono ni clave de elector; 13 no tienen cuenta de correo y otros tantos no tienen circuito ni especialidad. El Poder Judicial, por intervención del Senado, ha entregado 955 registros sin datos de contacto, sin CURP y sin clave de elector. A las observaciones se suman candidaturas dobles, es decir, los aspirantes aparecen postulados por dos cargos distintos.

A todo esto hay que sumar el galimatías que representa el procedimiento de votación, con nueve diferentes boletas de colores y los nombres de cuatro mil 227 candidatos a los que nadie conoce… en la mitad de casillas receptoras que normalmente se instalaban en una elección nacional, además.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el alud de mensajes del INE, tan chabacanos como mentirosos, acaban de sumirnos en la confusión. Y el despapaye que será luego la separación de los votos depositados todos en la misma urna, el escrutinio de los mismos, su vaciado en las actas… y las impugnaciones que es de suponerse se precipitarán en cascada. Farsa, caos y desmadre, tres palabras, definen la pantomima, ¿Irá usted a votar? Válgame.

DE LA LIBRE-TA

DE IZQUIERDA. La congruencia de Pepe Mujica desnuda irremediablemente a muchos que se autodefinen “de izquierda”, como los que abundan en México. El expresidente uruguayo, guerrillero en sus orígenes, no presumió su austeridad: la vivió, sin aspavientos. Cuando llegó a la Presidencia de su país se quedó en su charca de las afueras de Montevideo. No se cambió a vivir a un suntuoso palacio virreinal. Hay diferencias. Digo.

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).