Redacción

SemMéxico/Ceprovysa, Guerrero, 9 julio de 2025.-“Porque somos indígenas, por eso los gobernantes y los empresarios nos tratan como ciudadanos de segunda, como si no tuviéramos derechos” espetó, con el rostro sangrante, una de las jóvenes sobrevivientes del autobús que se desbarrancó en la madrugada del viernes 4 de julio en la salida de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca.

En la Montaña, desde que se construyeron las carreteras a Chilpancingo y Puebla, hemos perdido a muchos familiares por lo pésimo de los caminos, por el mal estado de las unidades y por la irresponsabilidad de los choferes. Son pérdidas de vidas humanas que a las empresas les tiene sin cuidado porque las autoridades son complacientes, no les fincan responsabilidades, ni les imponen sanciones severas.

A pesar de las tragedias que cometen continúan funcionando sin que les importe tomar medidas para que no se repitan estos hechos y más bien, mandan a sus abogados para evitar la reparación integral de los daños causados.

En Guerrero, fue la flecha roja la única línea que acaparó el servicio del transporte público. Rubén Figueroa Figueroa, no solo fue un gobernante sanguinario, también fue un empresario voraz, que no permitió la entrada de otras líneas a la entidad. Su poder trascendió fronteras estatales y su cacicazgo lo hizo valer tanto en el ámbito político como económico. Como usuarios pobres nos tuvimos que resignar a viajar en camiones desvencijados, con asientos maltrechos y con choferes arrabaleros, golpeadores y racistas.

Todos los servicios públicos en la Montaña son pésimos. Ante la necesidad de viajar y el miedo de reclamar, los empresarios se aprovechan para sacar mayores ganancias sin invertir en la compra de nuevas unidades o en proporcionar servicios de calidad a la población indígena. Es muy común viajar parado de Tlapa a Chilpancingo y aguantarse las ganas para ir al sanitario. Los viajeros a bordo no reciben boleto y cuando se compra en taquilla es imposible facturar en el servicio de segunda clase. No existe la comodidad ni la seguridad para los pasajeros, por eso la gente prefiere viajar en taxis colectivos o aventurarse a viajar en condiciones de alto riesgo.

El testimonio de Briseida es conmovedor: Mi papá Severiano Cuéllar, viajó a Cuernavaca para atender su salud, como ya era costumbre lo acompañé con mi mamá Aurelia. Hace un año sufrió un infarto cerebral y estaba dando la batalla para curarse. Estuvo internado en el ISSSTE de Chilpancingo, pero ahí le dijeron que no contaban con equipo para realizar los estudios que le pedían. El cardiólogo dio la orden de que le realizaran el estudio de Holter. Desde el mes de mayo del año pasado no le habían podido agendar su cita. El 30 de junio le llamaron del hospital regional del ISSSTE de Cuernavaca para informarle que el miércoles 2 se presentara para realizarle los estudios. Ese día le colocaron el aparato para monitorear su corazón. Al siguiente día nos avisaron que retirarían el aparato a las 4 de la tarde. Calculamos que nos daba tiempo salir en la corrida de las 18:30 rumbo a Tlapa. Mi mamá Aurelia se encargó de avisarle a mi hermana cómo íbamos en el trayecto. El último mensaje que mandó fue cuando pasamos Tulcingo del Valle a las 11:53 de la noche. Calculábamos llegar a la terminal entre la 1:00 y 1:30 de la madrugada del 4 de julio.

Los primeros que dieron la noticia fueron mis primos. Una tía de Ixcateopan les avisó que un autobús se había volcado al salir del pueblo. Como familia nos organizamos para ir al lugar del percance porque sospechamos que se trataba del autobús donde viajaban mis papás. Cuando llegamos los habitantes de Ixcateopan ya estaban ayudando. Estaba la policía del estado, militares y la guardia nacional, pero solo se reducían a sacar fotos y a impedir que la gente se acercara para ayudar. No les importó los gritos de nuestros familiares que no podían salir del autobús. Con desesperación le dije a un elemento de la guardia nacional que los auxiliara, no me hizo caso y más bien me ordenó que me retirara. Quería hincarme para que atendiera mi súplica, pero todo fue en vano, porque ni por humanidad nos ayudaron.

El autobús rodó al menos 60 metros de altura con 25 pasajeros. Algunas personas quedaron entre los ramales de los pequeños árboles. Varias cayeron en el río y otras más quedaron al interior de la unidad. A mi papá lo rescataron sin vida los habitantes de Ixcateopan, pero río abajo. Otras 3 personas se encontraban semidesnudas y muertas en la orilla del río, del lado de Buenavista.

Mi hermana Briseyda, salió botada en la primera voltereta del autobús junto con otra señora. Las dos quedaron atoradas por unos matorrales. Sangrando y y con múltiples golpes en la cara y los brazos pudieron marcar al 911 pero no les respondieron. Fue en el segundo intento cuando contestaron. Al pedir auxilio no pudieron decirles en qué lugar se encontraban. Desesperadas por los gritos que escuchaban y ante la imposibilidad de auxiliarles, con dificultades salieron a la carretera para pedir ayuda. Un joven que circulaba en su vehículo se encargó de hablar por teléfono con algunos amigos de la comunidad. La respuesta fue inmediata, se presentaron con reatas, picos, palas y machetes varios señores, jóvenes y señoras. Como conocedores del lugar bajaron al río y tiraban las reatas para auxiliar a las personas que estaban sobre el autobús. Con estas maniobras teníamos la esperanza de que saliera toda la gente, sobre todo nuestros familiares.

La policía estatal, en lugar de ayudar hizo contra labor. Su presencia no representaba un apoyo porque no llegaron para auxiliar a las personas que estaban dentro del autobús. En lugar de animar a la gente que apoyaba, impedían su trabajo. Decían que ya no se alterara el lugar donde había caído el autobús porque ya estaban por llegar los peritos. La gente se enojó por su postura insensible y por su falta de solidaridad. Para alejar a la gente dejaban correr la voz de que ya no había más personas qué rescatar. Les dijimos que se tenía que seguir buscando porque había familiares que no los habíamos encontrado. Eso les valió y mejor se fueron. Los que en verdad se arriesgaron fueron los jóvenes y señores de Ixcateopan. Más tarde llegaron los de protección civil de Tlapa que apoyaron los trabajos de búsqueda y de rescate de la gente que estaba en el autobús y de los que había arrastrado el río. Cuando amaneció ya habían llegado más personas de otras comunidades para mover el autobús, pero fue imposible. Llegó el presidente de Alpoyeca, sin embargo, en lugar de ser colaborativo empezó a regañar a la gente como si realmente el personal de la presidencia hubiese hecho algo.

Esta tragedia puso en evidencia que en la Montaña se carece de unidades, de equipos y de personal especializado para atender estas emergencias. Se carece de lo más elemental: las ambulancias que no están disponibles y que en estos casos muestra su inoperancia el centro regulador de urgencias médicas (CRUM). No hay unidades ni equipamiento para el auxilio vial y para el rescate de personas que están en peligro. Las autoridades municipales están ausentes en estas tragedias, no movilizan recursos ni personal para actuar de inmediato. No existe coordinación entre las autoridades municipales y no hay una instancia estatal que intervenga para enviar equipo de rescate. Los cuerpos de seguridad en lugar de apoyar entorpecen las maniobras con el pretexto de que tienen que asegurar la escena del percance. A pesar de que una de las sobrevivientes pudo hablar en el momento en que cayó el autobús al río, y se dio parte a las autoridades, no hubo respuestas eficaces e inmediatas para realizar las maniobras de rescate. Fue hasta las 9 de la mañana cuando llegó maquinaria grande para remover el autobús que ya estaba enterrado en la arena y cubierto por el agua del río. La dilación y el abandono de las autoridades municipales y estatales que generan costos de vidas humanas, tiene implicaciones legales y penales, porque son omisas y negligentes.

No se interesan en obtener el equipo necesario, ni las unidades de auxilio para atender con presteza estas emergencias. Si hubieran intervenido con prontitud con la maquinaria grande hubiesen sido menos los muertos. El último cuerpo que se rescató fue el de la maestra Aurelia de 56 años, que lamentablemente se encontró bajo los fierros de la cajuela. Este desenlace se pudo evitar con el uso de maquinaria adecuada y con personal experta en rescates. El saldo final fue de 6 personas fallecidas y 16 lesionadas, entre ellas había 7 niños, uno de 8 meses.

Desde las 10 de la mañana llegaron algunos familiares a la Fiscalía Regional de la Montaña para interponer la denuncia, sin embargo eran las 7 de la noche y aún no les habían informado cuándo les entregarían los cuerpos. El fiscal y el delegado de gobernación informaron que el retraso se debía a que solo había dos médicos forenses. También pedían que se iniciaran las investigaciones contra los representantes de la empresa para fincar responsabilidades penales y hacer valer el derecho de las víctimas que perdieron a sus familiares. La misma asesora jurídica de la CEAV se encargó de maltratar a los familiares por atreverse a denunciar la desatención de las autoridades. Violentando su rol como representante de las víctimas les recriminó su postura, asumiéndose como portavoz de le empresa, al comunicarles que solo les darían 8 mil pesos para los gastos funerarios. No solo el intenso dolor que apretujaba sus corazones y obnubilaba sus mentes los devastaba, sino la actitud de las autoridades que las revictimizan y les violentan sus derechos. En lugar de acuerpar su exigencia de justicia se empeñan en dividir a las familias para hacerles la chamba a los empresarios, que hasta con la muerte de los indígenas hacen negocios.

Elda Montiel 

SemMéxico, Cd. de México, 9 de julio 2025.- Mayra Martínez Escobedo a punto de prescribir la denuncia que interpuso por violencia familiar en el 2021 pide a la  Procuraduría de la Defensa de la Mujer en Acapulco que le dé seguimiento a su juicio en el tercero familiar sobre la disolución de bienes, ya que actualmente está sin trabajo y tiene un certificado de discapacidad por columna y una afección en los dos ojos.  

Lo que quiere es poder continuar con su trabajo es experta en ventas pero ahorita no tiene dónde vivir porque debe 4 meses de renta.

Denunció a su ex marido  Daniel Zubillaga Luna, en la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar (doloso) del distrito judicial Tabares de  Acapulco, Guerrero, por violencia física, verbal y psicológica. 

Durante 20 años de matrimonio, Mayra fue sometida a maltrato físico, económico y psicológico. En ese mismo tiempo, procreó a una niña y un niño que ahora tienen 23 y 21 años, respectivamente.

Mayra Martínez se divorció haciéndose cargo de los pagos del trámite de ese servicio, obteniendo una sentencia a su favor, pero su ex marido se negó a darle pensión, indemnización y la parte correspondiente de los bienes adquiridos durante su matrimonio.

Debido a la denuncia interpuesta por violencia familiar se inició una carpeta de investigación 12030270100947300521 en contra de Daniel Zubillaga Luna.

Solicita que la atienda Delia Figueroa delegada de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer y Armanda García, directora de Jurídico, ya que en 2021 si la atendieron cuando se hizo pública la denuncia.

También informa que en ese tiempo  Eduardo Bello director de Bienestar a petición de  las funcionarias le prometió un apoyo que nunca le entregaron.  

También señala en los hechos que el 7 de junio del 2021, mediante Facebook, Mayra comunicó que acababa de solicitar informes a la Fiscalía General de Guerrero, respecto a su caso de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar incluyendo a sus hijos, siendo avisada que ya se iba a notificar a su ex esposo, Daniel Zubillaga Luna, pero al salir de las instalaciones, un  policía la increpó para decirle que le firmara de enterada por una denuncia que su agresor puso en su contra el 15 de mayo.

Incluso, el policía le sentenció que de no firmar, habría consecuencias en contra ella. El 4 de junio Mayra Martínez de 48 años de edad fue sacada de su domicilio por un policía sin presentar ninguna orden, más que tener el encargo de su jefe, porque es amigo de Daniel Zubillaga Luna, el agresor, y fue llevada a los separos donde le pidieron 800 pesos para dejarla en libertad. También documentó que el  policía que la sacó de su domicilio es amigo de su esposo y del Coordinador de la Policía

Antes de que el policía la sacara del domicilio, Mayra fue golpeada por su marido, anteriormente, hace cuatro años la golpeó y le provocó fractura en la mandíbula por lo que tuvo que ser hospitalizada, pero a petición de los hijos le otorgó el perdón a su entonces marido.