* Lorena Villavicencio propone cambios al Código Penal Federal
* Ambas: evitar la criminalización y garantizar los derechos sexuales
y reproductivos
Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 23 septiembre 2019.- Evitar
la penalización del aborto y garantizar que ningún estado o municipio del país
lo haga, es la parte central de la iniciativa de reformas al Código Penal
federal que exime de delito a toda mujer que interrumpa un embarazo antes de
las 12 semanas de gestación.
Presentada el 23 de octubre de 2018 por la diputada
Lorena Villavicencio esa iniciativa reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.
El 6 de septiembre, a unos días de inaugurada la
actual legislatura la diputada perredista Guadalupe Almaguer Pardo presentó una
iniciativa para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud
sexual y reproductiva, así como a la interrupción legal del embarazo.
Las dos iniciativas buscan hacer efectivo el derecho
a Interrumpir el Embarazo en todo el país, y asemejar las reglas a las
establecidas en la Ciudad de México, donde la ILE existe desde 2007.
Lorena Villavicencio sostiene en su iniciativa que
uno objetivo primordial es construir medidas para asegurar la vida libre de
violencia para las mujeres, por lo que debe crearse el instrumento jurídico,
donde es puntual la incorporación de un precepto que evite la penalización del
aborto.
Almaguer argumentó en su exposición de motivos que una
de las principales barreras para las mujeres en México son los graves
obstáculos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, una condición
que impone graves desigualdades entre las y los ciudadanos de nuestro país. Una
muestra clara de la desigualdad, tanto en nuestro país como en el mundo, es la
restricción que tienen las mujeres para acceder a la interrupción del embarazo
de forma segura.
De ahí que esta iniciativa sea crucial para que el
Estado mexicano avance en garantizar la igualdad en el ejercicio de los
derechos de mujeres y hombres en el país.
Dice, además, que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) informa que entre 1990 y 2015, al menos 2 mil
338 mujeres fallecieron por abortos clandestinos e insalubres. Por lo que se
trata de un asunto de salud pública no atendido.
Ambas iniciativas hacen notar que, además, existe un
severo problema de criminalización contra las mujeres, especialmente las más
vulnerables y pobres.
Almaguer Pardo propone de manera central una reforma
constitucional, modificando el artículo 4º, párrafo segundo, de esta manera: «Toda
persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre
el número y el espaciamiento de sus hijos. Se garantizará este derecho,
estableciendo la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva,
incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo
solicite o lo necesite, como una obligación institucional».
A su vez la diputada Villavicencio propone reformas
a tres de artículos del Código Penal Federal, y deroga 2, introduciendo una
nueva lectura al tipo penal del aborto, cuestionando que la penalización del
aborto se encuentra tipificada tanto en el Código Penal Federal, como en los
relativos de las entidades federativas, salvo el de la Ciudad de México.
Código Penal vigente
Hoy existen algunas consideraciones que criminalizan
el aborto en el Código Penal Federal, como el artículo 329 donde dice que el aborto
es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
El artículo 330 señala que al que hiciere abortar a
una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el
medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando
falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare
violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.
El artículo 331 establece que, si el aborto lo
causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le
correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco
años en el ejercicio de su profesión.
Las penas las contiene el artículo 332 vigente: Se
impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente
procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas
tres circunstancias: I. Que no tenga mala fama; II. Que haya logrado ocultar su
embarazo; y III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima.
Argumentaciones que además de la criminalizar a las
mujeres, las discrimina y las miran como objeto único de reproducción humana. Y
también ese Código agrava la criminalización cuando dice que faltando alguna de
las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.
Es decir que si tiene “mala fama” será peor.
Las excepciones también están hoy en ese código, el
artículo 333 señala que la interrupción de un embarazo no es punible si fuera
causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea
resultado de una violación.
Este último asunto ya ha sido sancionado por la
Suprema Corte para que se cumpla. Luego de dictaminar la obligación de todos
los gobiernos de cumplir sin dilación lo establecido en la Norma 046, que
actualmente es promovida, además, por la CONAVIM.
No habrá sanción según el artículo 334 cuando de no
provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de
muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro
médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora.
Las reformas propuestas por la diputada
Villavicencio, comparando lo que hoy dice el Código Penal Federal y
reformándolo señala cómo se hizo en la Ciudad de México, destacando que entre
ambas tipificaciones penales, la existente en la Ciudad de México en relación
al Código Federal, establece que la interrupción libre antes de las doce
semanas de gestación, no será considerado un aborto, ni penalizado, lo cual
coincide plenamente con los intereses de la Iniciativa, de garantizar este
derecho y sobre todo no penalizar, ni criminalizar a quien ha tomado la libre
determinación de decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida.
Recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2006 y su acumulada
147/2007,14 determinó la constitucionalidad de la medida aprobada por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con lo que supuso la despenalización
de aborto, siempre que se realice antes de las 12 semanas de la gestación.
Argumentos para discutir en el Congreso
El derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia se desprende como una ley emanada de la Constitución, es entonces un
derecho universal para todas las mujeres, que debe ser promovido, protegido,
respetado y garantizado por las autoridades, aplicando la menor restricción a
las personas y ampliando en el máximo posible la protección de los derechos
humanos.
“La
esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación
como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y
la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el
abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre
salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por
razón de género”, de acuerdo con la interpretación de la CEDAW, por lo que son
formas de violencia las cuales deben prevenirse y erradicarse como parte de un
derecho que debe observar los principios de progresividad, interdependencia,
indivisibilidad, pero sobre todo de universalidad es decir debe observarse en
todas las mujeres del territorio nacional.
Considerando que la interrupción del embarazo antes
de las 12 semanas de gestación no es considerado como un tipo penal en la
Ciudad de México, que forma parte de la Unión, avalado este hecho por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya se ha mencionado anteriormente,
lo cual constituye la prevención y erradicación de una de las formas de
violencia en razón de género, de acuerdo a lo establecido por la CEDAW.
La deducción
lógica señala que la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de
gestación es una medida que previene y erradica una forma de violencia en razón
de género, de acuerdo con la CEDAW, tratado internacional que es ley suprema en
la Unión, acción que protege, respeta y garantiza un derecho humano que emana
de la Constitución, al establecerse en la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, que ya se aplica en un territorio que forma
parte de la Unión, avalado por el tribunal constitucional, es una contradicción
que no observe el criterio de universalidad de los derechos humanos, porque
dicha discordancia.
Es así como concluye que vivimos con una limitada
aplicación de la ley, en perjuicio de la mayoría de las mujeres que no habitan
en la Ciudad de México, por lo que debe extenderse dicha protección al resto de
las entidades federativas.
Propone esta iniciativa que, en concordancia con la
SCJN, armonizar en proporción y razón con el Código Penal para el Distrito
Federal, que ya observa esta medida, siempre que se realice antes de las 12
semanas de gestación.
Además, la iniciativa precisa, mediante la
modificación al Código Penal Federal, que el aborto es la “interrupción del
embarazo”, siendo una de las causas excluyentes de responsabilidad penal la de
realizarlo previamente a las doce semanas de gestación del feto en desarrollo.
Finalmente, se precisa que ninguna legislación local
en materia sustantiva penal podrá establecer que el aborto sea sancionado con
una pena privativa de la libertad, por lo que, únicamente se podrán establecer
“sanciones y medidas penales no privativas de la libertad” establecidas en los
artículos 152 y subsecuentes de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La reforma
Se reforman y adicionan los artículos 329, 330 y
332; y se derogan el 333 y 334 del Código Penal Federal, para quedar como
sigue:
Artículo 329. Aborto es la interrupción del
embarazo.
Para los efectos de este código, el embarazo es la
parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación
del embrión en el endometrio. A partir de la octava semana de su respectiva
implantación dicho embrión se denomina feto en desarrollo.
Artículo 330. Se impondrá de tres a seis meses de
prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que
otro la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo. En este caso, el
delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.
A quien hiciere abortar a una mujer se le aplicarán
de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre
que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la
prisión será de tres a seis años y si
mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años
de prisión.
Artículo 331. (…)
Artículo 332. Se consideran como excluyentes de
responsabilidad penal en el delito de aborto
I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación
a que se refiere el artículo 265 de este código;
II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer
embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que
la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere
posible y no sea peligrosa la demora;
III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas
exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones
genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales,
al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia de este, siempre que se
tenga el consentimiento de la mujer embarazada; o
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la
mujer embarazada.
V. Que se realice previamente a las doce semanas de
gestación del feto en desarrollo.
En los casos contemplados en las fracciones I, II y
III, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada,
información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos,
riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas
existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera
libre, informada y responsable.
Artículo 333. (Se deroga).
Artículo 334. (Se deroga).
Segundo. Se adicionan los artículos 20 Bis y Ter de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para
quedar como sigue:
Artículo 20 Bis. Se consideran formas de violencia
institucional contra las mujeres las siguientes:
I. La esterilización forzada;
II. el aborto forzado;
III. el embarazo forzado;
IV. la tipificación del aborto como delito con pena
privativa de la libertad;
V. la denegación o la postergación del aborto sin
riesgo; y
VI. la continuación forzada del embarazo.
Artículo 20 Ter. Los tres órdenes de gobierno tienen
la obligación de prevenir, identificar y erradicar las formas de violencia
descritas en el artículo 20 Bis, para lo cual dispondrán de acciones que
protejan, promuevan, respeten y garanticen los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
Ninguna legislación local podrá restringir dichos
derechos a través la tipificación del aborto como delito que amerite pena
privativa de la libertad. El aborto únicamente será sancionado penalmente con
las sanciones y medidas penales no privativas de la libertad establecida en el
capítulo correspondiente de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En caso de que el aborto se realice previamente a
las doce semanas de gestación del feto en desarrollo se considerará como una
excluyente de responsabilidad penal en las legislaciones locales
correspondientes.
En dos artículos transitorios queda claro que al entrar en vigor estos cambios se derogan las disposiciones que lo contravengan.
Nota relacionada: Punto final: el aborto Será Ley: Lorena Villavicencio
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