Académicas feministas piden a Rectoría tomen medidas inmediatas ante acoso a profesora

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 18 de septiembre de 2019.- Además de hostigamiento y acoso sexual, maestra y alumnas del Posgrado de Derechos Humanos de la UACM enfrentan descalificativos a la perspectiva de género, teoría y metodología feministas que son reconocidas en México y en las mejores universidades del mundo como herramientas críticas indispensables.

En una carta abierta, dirigida a las máximas autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, académicas feministas hacen un llamado a tomar medidas urgentes para detener la violencia laboral, sexual e institucional que conllevan las conductas relacionadas con el caso de la Profesora Claudia Domínguez y las estudiantes del posgrado en derechos humanos, en las instalaciones del plantel del Valle.

Consideran las más de 150 académicas feministas de diversas universidades e instituciones de educación superior, así como periodistas, defensoras de derechos humanos, abogadas, que las autoridades deben tomar medidas inmediatas y profundas para detener la “oleada de violencia de género contra las mujeres”, intolerable en el ámbito académico.

Destacan que las universidades públicas y privadas tienen la obligación de apegarse al orden constitucional que desde la reforma de 2011 incluye el marco jurídico internacional de los derechos humanos.

Muchas universidades cuentan ya con un protocolo para actuar ante el acoso y la violencia de género, o pueden tener otros lineamientos, pero han sido y son omisas. En el caso de la UACM no se previene el acoso y el hostigamiento, se protege a los acosadores, no se da seguimiento a las denuncias de estudiantes y profesoras y se les re victimiza.

En el caso particular de la UACM se nota un patrón sistemático de hostigamiento y acoso contra académicas, que ya ha afectado seriamente el desarrollo profesional de otras y afecta hoy a la Maestra Domínguez, así como a las estudiantes que hacen investigación con perspectiva de género.

“Como académicas feministas,-señalan- no podemos quedarnos calladas ante esta serie de agravios patentes, a los que se ha añadido la descalificación de la perspectiva de género y de la teoría y metodología feministas que son reconocidas en las mejores universidades del mundo como herramientas críticas indispensables”.

En el caso de nuestro país, además, integrar la perspectiva de género en la política pública y en la educación en todos sus niveles es una obligación constitucional.

Al permitir ataques contra quienes tienen un pensamiento crítico, las autoridades son también responsables de minar la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento que son condiciones sine qua non de la vida universitaria.

Son precisas en señalar en sus demandas, medidas urgentes para detener la violencia laboral, sexual e institucional que conllevan las conductas relacionadas con el caso de la Profesora Domínguez y las estudiantes del posgrado en derechos humanos.

Como autoridades de la UACM, que envíen un mensaje claro y contundente de no tolerancia al acoso y el hostigamiento y no protejan a ningún acosador, ya sea estudiante o académico o administrativo.

Un protocolo sería un primer paso, pero no suficiente.

Como la carta va dirigida también a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), demandan a las rectoras y los rectores a responder de manera activa y constructiva ante el movimiento #MeToo y todas las denuncias que se han hecho en las universidades públicas y privadas. Su silencio es complicidad.

Antecedentes

A partir del pasado 4 de septiembre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CDMX acompaña a las tres estudiantes y a la profesora, que han sido atemorizadas por sus propios compañeros por sus puntos de vista feministas y, por haber denunciado a un profesor por acoso sexual en las instalaciones de la UACM, en San Lorenzo 290, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez.

Esta medida precautoria la solicitaron las estudiantes y la profesora para resguardar y garantizar la seguridad y su derecho a una vida libre de violencia, a la educación y el trabajo, durante la toma e impartición de clases en el Plantel del Valle de la UACM.

Después de que el 28 de agosto habían sido retenidas en un salón por sus propios compañeros, por lo que las autoridades les habían propuesto tomar clases en las instalaciones de la rectoría en la colonia Doctores. 

No es la primera vez que la institución se ve envuelta en asuntos de violencia de género, en abril del 2014 despidieron al profesor Enrique González Ruiz, acusado de acoso y hostigamiento sexual, y las profesoras que denunciaron en aquella ocasión, fueron re victimizadas, posteriormente.

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo Guerrero, 18 de septiembre de 2019.- Activistas feministas, solicitaran al Congreso del Estado, llame a comparecer al Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y a la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Maira Gloribel Martínez Pineda, respecto del abuso sexual contra de una mujer embarazada en la unidad de partería de Chilpancingo, califican como grave que traten de minimizar este hecho.

Viridiana Gutiérrez Sotelo, integrante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero (Obvio-Guerrero), dio a conocer que este jueves, acudirán al Congreso del Estado, a solicitar por escrito, que de la Peña Pintos y Martínez Pineda sean llamados a explicar el caso de la mujer embarazada, las acciones que han emprendido no solo para resarcir el daño, sino para que un hecho similar no vuelva a ocurrir.

Se trata recalcó, de un hecho muy grave, en el que el Secretario de Salud, no puede justificarse bajo el argumento que el delito fue cometido por alguien que prestaba un servicio subrogado. Recordó que el dictamen de Alerta de Violencia de Genero (AVG), emitida en 2017 para el Estado de Guerrero, señala que el Gobierno tiene la obligación de difundir los alcances de la alerta, por lo que todos y todas en Guerrero, deberían a estas alturas saber sobre el tema.

“Y alguien que trabaja para el Estado directa o directamente tendría que saber lo que constituye violar solamente los derechos de una institución pública, pero materializar la violación sexual como sucedió en la clínica de Chilpancingo, tiene mayores alcances”, subrayó Gutiérrez Sotelo.

Las mujeres, no solo deben cuidarse de la violencia familiar en casa, en la calle de la violencia generalizada, ahora también en las instituciones donde se entrega la confianza y son mucho más vulnerables por la desnudez del cuerpo, y cualquiera puede aprovechar esta vulnerabilidad, acusó la activista.

En este caso, el Estado debería aceptar que, si es su responsabilidad, “porque fue dentro de su institución, con una empresa que ellos contrataron”, diferente habría sido, si fuera un hombre que se hubiese metido a la fuerza, amagado con una pistola, eso no habría sido su responsabilidad, pero aquí, es un tipo que conocían, al que el Estado le abrió la puerta bajo un contrato.

Fustigó que la Secretaría de Salud, ni siquiera ha dado a conocer la cancelación del contrato del supuesto agresor, o de la empresa, como lo ha declarado de la Peña Pintos, y tendrían que hacerlo público.

De la declaración hecha por el Secretario de Salud, de que no fincarán alguna responsabilidad por este hecho a ningún funcionario de la dependencia, Gutiérrez Sotelo señaló que es una muestra del valor que para el funcionario tienen los derechos de las mujeres, también lamentó que no haya un solo pronunciamiento a favor de la justicia para este caso, como lo ha habido en otros, como el del asesinato de un fotógrafo que trabajaba en una empresa extranjera internacional, que sí mereció la atención del Estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE), y de otros actores políticos.

No ha habido ni una sola reacción de ningún funcionario, funcionaria, legislador o legisladora, de nadie que haya hecho replica a la petición de justicia, ni siquiera de la propia Secretaria de la Mujer, Maira Martínez Píneda, quien el día de los hechos acudió al lugar, y su silencio se presta a muchas especulaciones, hasta incluso, que llegó para acallar la denuncia de la víctima,

La representante de obvio- Guerrero, precisó que la petición hacia el Legislativo, va también en función de todas las omisiones que ambos funcionarios –Secretario de Salud y Secretaria de la Mujer-, han cometido para cumplir con las obligaciones que el Estado tiene con los derechos de las mujeres.

Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 18 septiembre 2019.- La feminista Laura Susana Chía Pérez solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca medidas cautelares para todas las habitantes de Oaxaca, para proteger sus derechos sexuales y reproductivos, esto en la víspera de la modificación que aprobaría el aborto en esta entidad y ante la embestida de pro-vida, impulsada por algunas legisladoras del PRI y del PAN, así como por grupos de la iglesia católica. 

Este día ante el pleno del Congreso local se presentan dos dictámenes uno para reformar el artículo 12 constitucional, para proteger la vida a partir del nacimiento. Es decir, daría marcha atrás al reconocimiento del producto desde la concepción. El dictamen es presentado por la presidenta de a Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. 

Y por otro lado, también hoy se votaría en el pleno el dictamen de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia mediante el cual se reformaría el Código Penal para despenalizar el aborto hasta la 12 semana, además de ampliar las causales en los casos en que el aborto nunca será punible, como cuando sea producto de una violación. 

Por ello, y frente al activismo de grupos de derecha, en un escrito dirigido al  defensor Bernardo Rodríguez Alamilla, la feminista Chía Pérez respalda su petición en al menos seis tratados internacionales que obligan moral y jurídicamente a garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, uno de ellos el aborto seguro.

Quien fuera directora de Derechos Humanos en el bienio municipal pasado, pidió garantizar el derecho a la formación sin ideologías ni estereotipos estigmatizantes sobre el derecho de las mujeres al aborto.

Demandó de Rodríguez Alamilla para que haga un llamado a las y los integrantes del Legislativo para que se conduzcan de forma ética, profesional y apegados al Estado laico. 

La bióloga de profesión recordó que el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres es de  las propias mujeres, «en tanto un derecho constitucional inalienable y consoldador de la dignidad humana”. 

En la misma solicitud consideró como «inconcebible que un macho, patriarca, hombre, sacerdote de la iglesia aborde el tema del aborto incidiendo en la vida privada de las mujeres, criminalizandolas de manera indirecta; desde su curul, desde su machismo e ideología de poder, la opresión y la servidumbre… » y aseguró que es contra la ley emitir juicios desde la iglesia y religión que movilicen la opinión y moral social de la ciudadanía y que estas impacten en el comportamiento de los agentes del Estado al emitir su voto este día. 

Este miércoles el Congreso local, de una mayoría del partido Morena, decidirá si aprueba o no el aborto, esto sucede luego de las polémicas intervenciones de la diputada del PRI, Magda Rendon,quien organizó un foro en el recinto legislativo hasta donde llegaron grupos portando una virgen, realizaron una misa y condenaron el aborto criminalizando a las mujeres. 

De igual forma en redes sociales circuló un video donde una mujer  informa a los “compañeros provida» sobre la aprobación que dice es fast track del dictamen que aprueba el aborto en Oaxaca, “porque saben que nos movilizaremos este sábado a favor de lo que es común de la gente buena de México: la vida en todas sus formas y etapas, de la familia natural y de las libertades, sobre todo la libertad religiosa». 

SEM/sj

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 18 de septiembre de 2019.- Un llamado a la emergencia nacional que vive el país ante los feminicidios, construir un mundo de libertad de las mujeres y visibilizar el trabajo que hacen las madres y familiares investigando las muertes de sus hijas ante la omisión de las autoridades son objetivos del terremoto feminista convocado para este 19 de septiembre. 

Diversas organizaciones feministas están convocando a las mujeres a marchar contra la violencia feminista y machista, del Monumento a la Revolución hacia el Ángel de la Independencia, a partir de las 16 horas para culminar con una concentración artístico-política.

La demanda es para el Estado que cumpla con su deber de proporcionar justicia a las madres y familiares de las víctimas de feminicidio, que realizan la labor de investigación que debería hacer el gobierno. 

En la convocatoria las feministas señalan que realizan esta marcha ante la impunidad e ineficacia con que opera el Estado, ante la falta de estrategias y políticas públicas efectivas para dar protección a las mujeres que sufren la violencia estructural.

¡Seremos indignación activa! ¡seremos la furia que se defiende! ¡ seremos el sismo de las conciencias! ¡seremos el #TerremotoFeminista!, que derrumbará el orden jerárquico patriarcal que nos afecta a todas impidiéndonos avanzar hacia una sociedad con inclusión y no discriminación.

Destacan el estado de emergencia nacional que se vive en el país, donde son asesinadas diariamente 10 mujeres, y al gobierno le preocupa más proteger la integridad de los monumentos que proteger la vida de las mujeres. 

Solo en junio las denuncias por violación simple y equiparada se contabilizaron en 1,530 casos. En el primer semestre del año el número de carpetas de investigación alcanza 8 mil 464 casos, sin contar subregistros.

Hasta el 2019 el Estado mexicano sigue negándose a investigar desde el primer momento los feminicidios como tal, lo que incrementa la crisis de impunidad al negarles el derecho de investigar sus muertes con el tipo penal género-específico que garantiza igualdad sustantiva e igualdad en acceso a la justicia a más del 50% poblacional de México, las mujeres. 

Al omitir investigar como feminicidio desde el inicio, se protege a los probables feminicidas, quienes al gozar de impunidad pueden seguir asesinando, por lo que se demuestra tal y como lo plantea la antropóloga social Marcela Lagarde, que en México el papel del gobierno propicia el continuum de violencia contra las mujeres.

Los estados con mayor número de víctimas de feminicidio registrados son: Veracruz, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Chihuahua 

Los 10 municipios con mayor registro de delitos de feminicidio, son: Ciudad Juárez en Chihuahua; Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz en el estado de Veracruz, Culiacán en el estado de Sinaloa; Tabasco, capital, Monterrey en Nuevo León; Acapulco en Guerrero, y Tijuana en Baja California, de acuerdo a datos de la Secretaria Ejecutiva del sistema Nacional de Seguridad Pública.