Foto: Carlos Alberto Carbajal

En honor a Hilario, Alicia y Norma Mesino:

padres ejemplares de la OCSS,

hija aguerrida y comprometida

con los derechos humanos.

Familia con temple

que por décadas ha enfrentado

la violencia del estado.

Inclaudicables en su exigencia de justicia.

Fieles a la lucha de los caídos

y defensores de los presos políticos.

Insumisos.

Inquebrantables  Policías motorizados disparan contra miembros de la OCSS

 La verdad que nadie quiso informar ni escuchar del crimen; Ernesto Zedillo sacrificó a Figueroa por la reforma política 

 Libertad López y Carlos Ortiz Moreno  

SemMéxico/Ceprovysa, 2 de julio, 2025.- Este 28 de junio se cumplieron 30 años de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas. 

Fue una decisión tomada por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, asesorado por el general Arturo Acosta Chaparro, para desarticular el movimiento de comunidades serranas y atemorizar a los campesinos que se aglutinaban en la OCSS para enfrentar al poder caciquil, demandar sus derechos básicos y desenmascarar la estrategia contrainsurgente del ejército de militarizar la región, vigilar a las organizaciones, hostigar y desaparecer a miembros de la OCSS, catalogada como radical. 

El sexenio terminó y constataron que la lucha por la justicia sigue siendo un camino tortuoso con los gobiernos de Morena.

En esta protesta demandarían la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, campesino desaparecido el 24 de mayo de 1995.Las comunidades serranas que participaron en la conformación de la OCSS no han logrado salir del fango del olvido ni han podido vencer el flagelo de la pobreza.. Le apostaron al cambio de gobierno y confiaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador atendería sus demandas y haría justicia a los campesinos asesinados. 

Esperaron pacientemente la presencia del presidente a la región, se conformaban que por lo menos enviara alguna señal de que impulsaría la investigación de los 17 campesinos masacrados.

A nivel estatal la gobernadora está distanciada del movimiento social, no le interesa la lucha que libran las organizaciones indígenas y campesinas. Están fuera de su agenda y no son sus interlocutoras por sus posturas críticas e independientes. La OCSS nunca imaginaría que sería más difícil entablar un diálogo con la gobernadora de Morena que con los gobiernos priistas y perredistas.

A pesar de la decepción y el desencanto no hay desánimo mucho menos sentimiento de derrota. Se mantienen en pie de lucha demandando castigo a los autores intelectuales de esta matanza, principalmente el ex gobernador Rubén Figueroa. 

No hay tregua para exigir la libertad de Antonio Barragán, preso político de la OCSS. La persecución política no para por eso Norma Mesino solicitó a la Comisión Interamericana medidas cautelares por las amenazas que ha sufrido. 

Por su parte las viudas de los 17 campesinos demandan reparación integral por las pérdidas de sus familiares y por truncar los proyectos de vida de sus hijos. Los reclamos de la OCSS no han sido escuchados por la presidenta de la república Claudia Sheimbaun, que en una conferencia mañanera del mes de mayo acusó al ex presidente Ernesto Zedillo de ordenar la represión durante su sexenio. 

Le fueron otorgadas, sin embargo, le fueron suspendidas sin que el gobierno federal se haya interesado en evaluar su caso y reconsiderar su situación de riesgo. Por eso consideramos que es urgente que el mecanismo de protección de las personas defensoras de la secretaría de gobernación incorpore y otorgue a Norma las medidas más acordes para que continue con sus actividades como defensora.

El comentario de la presidenta fue para responder a sus críticos que la tacharon de autoritaria por llamar a votar por el poder judicial, sin embargo, estos casos no fueron retomados por la presidenta para impulsar las investigaciones y atender a las víctimas. 

Las compañeras de la OCSS con Norma Mesino al frente ha pedido a la presidenta que retome los casos que citó como Aguas Blancas, El Charco, Acteal, para que no queden en la impunidad. Mientras tanto en la Sierra nada ha cambiado. Las comunidades siguen en el abandono, la precaria infraestructura está inservible; el precio del café, no ha mejorado, a pesar de ser una de las principales demandas de la organización. 

En los últimos años la deforestación está imparable. Antes estaba pendiente la Profepa, la Semaren, la Semarnat, la Conafor, que eran las que regulaban, castigaban y paraban la tala ilegal de la madera, pero hoy ya no hay control. Lo peor de todo es que los talamontes están entrando a los terrenos de particulares y se están llevando la madera. 

Las huertas de café no cuentan con el apoyo gubernamental para levantar la producción. La gente siembra el maíz solo para subsistir porque no tiene precio y no hay venta. Antes había acopio, pero ya lo quitaron.

Las asambleas ejidales perdieron su autoridad, ya no es como antes que quiénes decidían qué hacer eran los pueblos. Ahora el presidente del comisariado es impuesto por personas externas. Ya no se da la aprobación de la asamblea, lo que si hay son las amenazas. Es como si el mismo estado controlara, pero a través de los grupos que delinquen.

El gobierno de la 4T prometió salud para las viudas y los sobrevivientes de la masacre, pero solo fueron promesas, porque seguimos en las mismas. Los hospitales y los centros de salud son elefantes blancos, porque no hay medicamentos y tampoco atención médica. Las comunidades están abandonadas y desamparadas.

No hemos tenido respuestas sobre nuestros desaparecidos y los responsables materiales e intelectuales tampoco han sido investigados ni castigados. La justicia no llega en Guerrero. No solo para Aguas Blancas sino para nadie de los que han sido víctimas de otras masacres, desapariciones y ejecuciones. 

La OCSS tiene muchas familias desplazadas, personas desaparecidas, presos, ejecutados extrajudicialmente y ningún gobierno se ha comprometido a investigar estos crímenes. El caso de Aguas Blancas sigue abierto, pero los actores intelectuales de alto nivel como Rubén Figueroa y Ernesto Zedillo gozan de total impunidad y de la inmunidad de los gobiernos de hoy.

Como la mayoría de personas lo saben, el gobierno dio dádivas a los familiares de los masacrados, lo hizo mientras sentían la presión política y el riesgo de ser juzgados, pero al final las abandonó a su suerte. Las autoridades las humillaron porque les hacían firmar documentos donde supuestamente manifestaban que ya habían recibido la reparación del daño y que renunciaban a interponer denuncias. Fueron engañados y eso no se vale. Lo peor es que muchos compañeros quedaron mutilados, con lesiones graves, unos no pueden caminar y otros ya no pueden trabajar. Muchas madres de los caídos murieron en la pobreza.

Hicieron creer que con el dinero que les dieron ya se había hecho justicia. Fueron dádivas que la gente aceptó porque no tenía recursos para sobrevivir. Estos daños que causaron son irreparables no solo por los 17 campesinos asesinados, sino por los sobrevivientes y todos sus familiares. También hubo afectaciones comunitarias por los desplazamientos forzados, la persecución de quienes pertenecían a la OCSS y los asesinatos que sucedieron después de la masacre. 

Más de 25 compañeros fueron asesinados extrajudicialmente. Desaparecieron a Gilberto Romero Vázquez, a Mauro Bahena Maldonado y Benito Bahena Maldonado. Los familiares viven en condiciones de extrema pobreza. Nunca brindaron atención médica ni psicológica como fueron las recomendaciones de la CNDH y de la Comisión Interamericana.

Hablan las viudas

La viuda Paula Mendoza falleció sin atención médica. Fue una mujer muy combativa, nunca aceptó dádivas. Por su firmeza fue criminalizada y amenazada. Muchas mujeres se aferraron a la vida para ver algún resplandor de justicia, pero murieron con el desprecio de las autoridades y el olvido. Uno de los sobrevivientes, que era líder de la organización, Felipe Ayala, fue ejecutado extrajudicialmente en el camino que va a Aguas Blancas. El hijo de la señora Mónica también fue asesinado en Aguas Blancas, y otros compañeros más.

En la comunidad de Atoyaquillo y Paso Real donde tenía arraigo la OCSS, no hay absolutamente nada, están en pésimas condiciones. Lo único que cambió es la carretera pavimentada que el gobierno hizo de Coyuca de Benítez a Tepetixtla. En los alrededores solo se aprecia el abandono. La gente tiene que trabajar duro para sobrevivir. Como organización, a pesar de ser la más perseguida, con varios compañeros desaparecidos, con presos políticos, mantenemos viva la memoria y seguimos firmes en nuestra exigencia de justicia.

Tenemos un compañero preso que fue víctima de tortura, Antonio Barragán Carrasco, infligida por Eduardo Gallo y Tello, que contó con el apoyo de García Luna. Actuó con total la impunidad y a pesar de que la comisión estatal de derechos humanos ha corroborado que fue torturado, la misma fiscalía acató esa recomendación, sin embargo, las autoridades del estado de Morelos se niegan a liberarlo.

En la Costa Grande estamos viviendo una guerra que no es nuestra. Estamos en un fuego cruzado que afecta a las comunidades, varios compañeros se han ido a Estados Unidos en calidad de desplazados, sin embargo, el presidente Trump está regresando a los migrantes. Nuestro dilema es morir aquí o morir en la frontera. Estamos ante una coyuntura sumamente peligrosa porque tenemos un gobierno que no garantiza el derecho a la seguridad y a vivir dignamente.

Como OCSS exigimos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que haya justicia para todas las víctimas de Aguas Blancas, que reabran los expedientes para que se castiguen a los autores intelectuales, como Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa, de este crimen atroz. Emplazamos a la gobernadora de Morelos, para que analice bien el caso del compañero Antonio Barragán para que pueda otorgarle un indulto. Antonio es inocente, fue víctima de tortura y de la persecución política de los gobiernos caciquiles por ser miembro de la OCSS. A 30 años de la masacre de Aguas Blancas la justicia no llega a los pueblos de la Sierra.

Son tres década y la herida sigue: La cronología de los hechos 

Foto: Carlos Ortiz Moreno / Expresiones Guerrero

Hace 30 años iniciaba mi periodo de vacaciones, pero el director general de Comunicación Social me había pedido acudir a un desayuno que tendrían unos funcionarios estatales y empresarios con periodistas de Acapulco, entre ellos corresponsales nacionales, para anunciar un proyecto que beneficiaría a Acapulco.

Yo era el delegado de comunicación social en Acapulco del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer. Juan Carlos Hinojosa Luelmo y Carlos Carrillo Santillán me habían invitado a participar en esa responsabilidad porque, decían, tenía buena miga con todos los corresponsales nacionales acreditados en Acapulco y que la perrada periodística del puerto les había bautizado con el mote de “vacas sagradas”.

La cita fue en el restaurante de Fernando Salinas Torres en la avenida costera Miguel Alemán. Todo ocurrió como estaba programado. No hubo una sola situación incontrolable y el cometido fue cumplido cabalmente. Óscar Caro López, quien fungía como chofer de la delegación, me llevó a mi casa hasta la unidad habitacional El Coloso.

Alrededor de la una de la tarde, el teléfono de casa repicó repetidamente. Cuando contesté, del otro lado de la línea estaba Carrillo Santillán casi rogándome que me apersonara en la oficina porque había ocurrido una emergencia y era necesaria mi presencia para dirigir la información oficial del tema. 

Me quedé en ascuas, pero como reacción periodística prendí la televisión y busqué los canales de noticias. La bronca ya estaba al aire: integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur habían muerto en un aparente enfrentamiento con miembros de la ahora extinta Policía Motorizada, en un punto conocido como el vado de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benítez.

Al llegar a la oficina, ubicada en el entronque de las avenidas Cuauhtémoc y Farallón donde hoy se encuentra la oficina de personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, la bronca fue adquiriendo un drama diferente: no había sido enfrentamiento… los policías les habían disparado a los campesinos.

Como preámbulo a los hechos sangrientos, ya habían pasado meses que los integrantes de la aguerrida OCSS, encabezados por su fundador Hilario Mesino Acosta, protestaban contra los abusos de los empresarios cafetaleros y copreros en contra de los agricultores. La protesta contra el gobierno centró los discursos incendiarios de los manifestantes.

La OCCS había sido fundada en enero de 1994 por “Layo” Mesino y otros campesinos de Atoyac y Coyuca de Benítez. La lucha la centraron en marchas y bloqueos carreteros que causaron estragos no solamente en los usuarios de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo sino en el trasiego de productos agrícolas hacia Michoacán y viceversa.

El 3 de mayo de 1995 los campesinos y funcionarios se encontraron en las oficinas de la organización y fue Gilberto Romero Vázquez quien leyó el pliego petitorio de todas las comunidades y pueblos.

No recuerdo que se haya reunido Figueroa Alcocer con los campesinos, pero hay quienes aseguran que el encuentro terminó con amenazas por parte del gobernador, quien acusó a algunos dirigentes campesinos de meter ideas extrañas en la mente de sus compañeros.

Esos mismos textos de organizaciones afines a la lucha campesina, con razón o sin razón, indican que en ese año todavía la guerra contrainsurgente en Chiapas estaba en lo más álgido y que el ejército realizaba operativos de búsqueda frente a la posibilidad del surgimiento de nuevos grupos guerrilleros o armados.

El 18 de mayo de 1995, los integrantes de la OCSS tomaron el edificio de la Presidencia Municipal de Atoyac de Álvarez que encabezaba María de la Luz Núñez Ramos, surgida entonces de las filas del Partido de la Revolución Democrática, a quien señalaban de encabezar a los explotadores de las zonas cafetaleras de gran parte de la sierra.

El 24 de mayo de 1995, Gilberto Romero Vázquez salió de su casa ubicada en la colonia 18 de mayo, municipio de Atoyac de Álvarez. Gilberto era representante de la OCSS en la comunidad de San Martín de las Flores. Nadie sabe si fue detenido o víctima de desaparición forzada, pero ya nadie supo más de él.

Entonces la organización campesina, a más de un mes de la desaparición de su compañero, decidió realizar un mitin e ir a tomar nuevamente las oficinas municipales de Atoyac ya que señalaban a la alcaldesa Núñez Ramos de ser la responsable de su detención o desaparición o de tener conocimiento qué le había pasado. La idea era la protesta para exigir la presentación en vida de su compañero de lucha. La fecha de la movilización generalizada era el 28 de junio.

A bordo de camionetas, campesinos de Yerbasanta, Yerbasantita, El Ranchito, Las Compuertas y Tepetixtla pretendían llegar a la carretera federal para dirigirse hacia el cercano municipio de Atoyac de Álvarez. Pasando Aguas Blancas, justo en el vado del río que lleva ese nombre, miembros de la Policía Motorizada del gobierno del Estado detuvieron la marcha de las unidades motoras.

Previo a ese momento, el entonces gobernador priista Rubén Figueroa Alcocer había hablado telefónicamente con la alcaldesa perredista para indicarle que iban a impedir que se hiciera el caos en esa cabecera municipal. Le confió que ya había un operativo para impedir desmanes que causaban daños a la población.

El subsecretario de Protección y Vialidad (así se llamaba lo que ahora es la Secretaría de Seguridad Pública), Rosendo Armijo de los Santos, había sido designado para encabezar ese operativo. A la hora de los hechos, brilló por su ausencia. La noche del martes, horas antes, exageró en libaciones con amigos en Acapulco y cuando despertó le dijeron lo que había pasado en el vado.

Hace 30 años, en transmisión nacional Televisa difundía imágenes tomadas por el camarógrafo Francisco Franco en una de las calles de Coyuca de Benítez: las viejas Combis Volkswagen del Servicio Médico Forense eran atiborradas de cuerpos sin vida.

En la imagen, uno de los empleados del Semefo intenta cerrar la puerta del vehículo. El pie de uno de los muertos se lo impedía. Por más que empujaba con toda su fuerza, la puerta no cerraba. Rebotaba en los dedos del pie de ese cadáver. Hasta que se dio cuenta de lo que pasaba, se metió a doblarle la rodilla y ahora sí cerrar la unidad para evitar fotografías y videos. Demasiado tarde.

A las tres de la tarde, Carrillo Santillán llegó a la oficina en la colonia Garita de Juárez. Traía el rostro desencajado. La información me dejó helado: habían muerto 14 campesinos en el vado, otros 18 más habían resultado heridos por disparos de armas de fuego. Dos policías fueron alcanzados por disparos de sus mismos compañeros.

—¿Qué hacemos, tocayo?, apenas escuché decir…

—Detener a todos los policías que participaron y a quienes encabezaron el operativo. Hay que enfrentar la realidad con la misma realidad.

—Esto que ocurrió es bastante grave…

—Por eso hay que actuar rápido y de frente contra quienes hicieron todo eso. O todo se irá al carajo…, le atajé.

Apenas si había llegado a la oficina, una veintena o más de periodistas —muchos de ellos editores de medios impresos de Costa Grande— arribaron a las oficinas de Comunicación Social. Y junto a ellos, taqueros, carniceros, agentes de gobernación federal, estatal y municipales de Acapulco, Coyuca de Benítez y hasta Atoyac. Era grande la jauría.

Y ahí se cometió el primer error: repartir dinero a diestra y siniestra.

Fue entonces que recordé los dichos de don Luis Manuel Torres, El Carpintero, en el sexenio de Alejandro Cervantes Delgado cuando hizo enojar al grupo llamado Los Panchones:

—Tírales maíz a los marranos y los tendrás controlados… o te comerán…

Dos días después murieron otros tres campesinos que quedaron gravemente lesionados por disparos de rifles R15 que portaban los elementos de la Policía Motorizada de Guerrero. En total: 17 campesinos asesinados.

En el backstage se informaron lo que decían los peritos:

Dos campesinos, cuando bajaban de la parte trasera de una de las camionetas, sacó su machete y lanzó un golpe a un policía motorizado. La reacción del uniformado fue dispararle a quemarropa con su arma larga. Otro le imitó para disparar al segundo que también bajaba con machete en mano. Los policías que estaban del otro lado de la camioneta y que, obviamente, no veían lo que pasaba creyeron que eran atacados por los integrantes de la OCSS. Sin preparación, actuando burdamente por defender su vida, comenzaron a disparar hacia el vehículo.

Alguien gritó detener los disparos. Era demasiado tarde. Dentro de la camioneta quedaron unos cuerpos sin vida y en el camino de terracería quedaron tirados más de una veintena de personas. Unas sin vida y otras más severamente heridas.

Eso se tenía que decir a la Opinión Pública. Y no se dijo.

Y luego la maquinaria perversa de gente incrustada en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado se encargó del resto: a los cadáveres les colocó pistolas en sus manos, modificó la escena del crimen a su arbitrio, diseñó estrategias legales para lavar culpas de funcionarios que ahí estuvieron, no hicieron algo por detener la brutalidad y, al contrario, participaron pateando a campesinos que alzaban las manos rindiéndose a una batalla que nunca hicieron.

Por la noche de ese fatídico día, recibí una llamada telefónica en mi oficina: era Eloína López Cano, directora-gerente de El Sol de Acapulco.

—Carlos, Comunicación Social está enviando fotografías de los campesinos con pistolas en sus manos. Martín Gómez, de los poquísimos fotógrafos sino es que el único que logró llegar al lugar de los hechos, tiene la misma fotografía sin la pistola. ¿Qué hago?

Me ganó el instinto de reportero más que de funcionario.

—Usted es periodista ¿no?, es una maestra de periodismo. ¿Qué tiene que hacer? Pues haga periodismo.

Con voz apacible, me respondió:

—Tienes razón…

Al día siguiente, El Sol de Acapulco publicó a ocho columnas la matanza de campesinos y exhibió dos fotografías. Una tomada por su fotógrafo y la otra enviada desde el gobierno de Guerrero.

Con todo el clima mediático y político en contra, apabullado por una realidad que no podía esconderse, vino la locura. En Acapulco y Chilpancingo se armaron marchas para que el gobierno figueroista siguiera al frente en Guerrero, olvidándose de aclarar esas acusaciones de que su gobierno había ordenado la matanza.

Al río revuelto se sumaron personajes políticos regionales, estatales y nacionales que decían lo contrario.

A nivel nacional, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León intentaba terminar la reforma política que permitiría una ley electoral definitiva a nivel federal y que también sirviera de marco y referente para las entidades federativas. Era imperativo establecer las condiciones de confianza que permitan resolver de manera democrática la temática electoral, de modo que la nación estuviera en mejores condiciones para abocarse a dar solución y atender con mayor vigor los retos y rezagos económicos y sociales más urgentes.

En la mesa de negociaciones, en Bucareli, sede de la Secretaría de Gobernación que dirigía Emilio Chuayfett Chemor, estaban sentados Carlos Castillo Peraza, dirigente nacional del PAN; María de los Ángeles Moreno Uriegas, dirigente nacional del PRI y Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del Partido del Trabajo.

Faltaba el PRD, representado por Porfirio Muñoz Ledo, entonces dirigente nacional del llamado partido del sol azteca. Para ser partícipe de esa reforma política puso una condición: derrocar a Rubén Figueroa Alcocer. Chuayfett Chemor le pidió al Ejecutivo de Guerrero considerara la petición para avanzar políticamente.

Una noche de febrero, en el programa En Vivo, de Ricardo Rocha Reynaga, que transmitía Televisa, se exhibió el video completo de lo que había ocurrido en el vado de Aguas Blancas. Fue la piedra que se le amarró al gobierno figueroista para terminar de hundirlo. ¿Cómo lo obtuvo? Obviamente nunca lo dijo, pero en todos los corrillos periodísticos se supo que había sido filtrado por el mismo gobierno federal de Ernesto Zedillo.

El 13 de marzo de 1996, Figueroa Alcocer solicitó licencia definitiva al Congreso del Estado de Guerrero. En el penúltimo comunicado de su administración expresó la motivación:

“Instruí una acción política que no fue atendida y carezco de participación alguna en el desarrollo de los sucesos que llevaron a los lamentables homicidios’. Me separo del cargo para no convertir mi persona en factor de inestabilidad o pretexto para que en Guerrero no impere el Estado de derecho, la paz y tranquilidad de la población’”.

En un segundo comunicado —el último de su sexenio— indicaba:

“Hay innumerables imputaciones que se han hecho vinculándome a la matanza de Aguas Blancas. No es el gobierno del estado quien ha vulnerado la posibilidad de esclarecer a cabalidad los sucesos, sino los dirigentes y militantes del PRD que han buscado exacerbar los ánimos y que no se haga justicia, como lo prueban la resistencia a las diligencias de exhumación y renecropsia de quienes fallecieron y la presentación de testimonios falsos.

“Las versiones que me involucran en los hechos han surgido y prevalecieron por el apoyo de grupos interesados en desprestigiarme, sobre todo del PRD, que por todos los medios ha buscado que deje el cargo de gobernador y ha mantenido una actitud de provocación y desestabilización del orden público”.

“Este partido político, ante el débil apoyo que recibe en las urnas, busca hacerse del poder por medios ilegítimos. En el fondo, ha puesto sus ambiciones en el aprovechamiento de los lamentables sucesos de Aguas Blancas”.

Afuera del Congreso cientos de priistas se liaron a golpes con algunos opositores del gobierno estatal. Adentro, el presidente del Poder Legislativo, César Flores Maldonado, del PRI, abrió la sesión extraordinaria convocada por “la delicada incertidumbre por la que atraviesa el estado”.

La Jornada narraba que “nervioso, equivocó la lectura de la orden del día y, sin más, pretendió dar la palabra a diputados de las cinco fracciones parlamentarias, cuando el primer punto de la agenda era precisamente la presentación de la solicitud de licencia del gobernador del estado”.

“Fueron los diputados perredistas Víctor Ureiro Díaz y Apolinar Segueda Dorantes y la panista Cecilia Sánchez de la Barquera quienes reclamaron el error al priista, presidente de la sesión.

Antes de que se sometiera a votación el nombramiento de Ángel Heladio Aguirre, a propuesta de la diputación del PRI, la fracción parlamentaria del PAN propuso como candidato al gobierno al primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela. El científico, originario de la capital del estado, sólo logró dos votos a favor, los de los panistas por supuesto.

A la cargada, 33 legisladores del PRI y PPS dieron su voto en favor de Aguirre Rivero. Cuatro diputados del PRD votaron en contra y uno del PRT se abstuvo. No asistieron a la sesión extraordinaria cuatro legisladores del PRD pues, según se dijo, no habrían sido convocados y los perredistas asistentes llegaron al Congreso porque se enteraron por la radio que Figueroa presentaría una solicitud de licencia.

En la sesión, los legisladores perredistas exigieron al resto de los diputados locales emitir un pronunciamiento a las autoridades federales “para que se declare el arraigo domiciliario en Guerrero” de Figueroa Alcocer, del exsecretario general de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, y del ex procurador general de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, por su vinculación al caso Aguas Blancas.

La petición fue rechazada por Flores Maldonado, quien negó en varias ocasiones el uso de la palabra a los perredistas. Incluso, narra La Jornada, ordenó con señas al oficial mayor del Legislativo, Emilio Ortiz Uribe, que cortara la energía eléctrica de los micrófonos en la tribuna cuando hablaban los diputados perredistas Eloy Cisneros Guillén, vicepresidente de la mesa, y Segueda Dorantes, quienes no pudieron ser escuchados por los abucheos priistas.

A las 2:15 de la tarde, Ángel Aguirre Rivero entró en el palacio legislativo. El ometepequense tomó protesta en medio de un bullicio de los priistas, quienes muy pronto cambiaron sus gritos de “¡Figueroa, Figueroa!” por los de “¡Aguirre, Aguirre!”.

—¿Ya se les olvidó Rubén Figueroa?, preguntó un reportero a una de las priistas más gritonas.

—No, no se nos olvida ni se nos va a olvidar. Ahora tenemos dos gobernadores, ¿cómo les quedó el ojo?, respondió entre las aclamaciones de “¡duro, duro, duro, duro!