Apetitos reeleccionistas
Moisés Sánchez Limón
SemMéxico. 18 de julio 2019.- ¿En serio usted cree que el
señorpresidente en turno esté vacunado contra el apetito de la reelección?
Es recurrente en Andrés Manuel López Obrador el uso de
dichos populares, fiel a ese libreto que ha seguido puntualmente como supuesto
hijo del pueblo. “Zafo”, “toco madera”, “no somos iguales” suele decir cuando
se deslinda de cualquier parecido con políticos del pasado reciente.
Por supuesto, no podía ser de otra forma su deslinde
absoluto de la reforma a la Constitución del estado de Baja California que
corrigió aquella que pautaba a dos años al gobierno de su amigo Jaime Bonilla
Valdez, presto para rendir protesta el próximo 1 de noviembre por un periodo
inconstitucional de cinco años.
Bueno, salvo que ocurra el escenario planteado por Porfirio
Muñoz Ledo, de declarar la desaparición de poderes y, por tanto, reponer la
elección del gobernador sucesor de Francisco Arturo Vega de Lamadrid conocido
como “Kiko” Vega. O que el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación cumpla con el fin de revocar la reforma local.
Es elemental que cualquier político –Andrés Manuel no es
cualquiera en esta praxis de la esgrima mediática– niegue autoría o por lo
menos complicidad en asuntos que, por su naturaleza, no son populares ni
prosperarían en estos tiempos en los que honradez y pulcritud abrazan a todo
aquel que se asume lópezobradorista, aunque su expediente escurra corrupción o
por lo menos transite bajo severas sospechas de corrupto y traficante de
influencias, como el defenestrado súper delegado en Jalisco, Carlos Lomelí
Bolaños, multimillonario empresario farmacéutico que está bajo investigación de
la Secretaría de la Función Pública.
Pero, en esto de la reelección López Obrador se curó muy
temprano en salud y rechazó la pretensión de impulsar una reforma
constitucional en esa materia. Dijo que no le alcanzarían seis años para concretar
su programa de la 4T, pero corrigió y asumió que haría lo posible por cumplir
sus objetivos y por eso trabajaría 18 horas diarias, incluso fines de semana,
algo que a su equipo no le cayó bien mas asume la orden con disciplina
draconiana.
Y, bueno, sostuvo la semana pasada que no intervino en la
operación en el Congreso de Baja California, a favor del aún gobernador electo
Jaime Bonilla, nominado por Morena.
Es pública y declarada la cercanía del gobernador electo con
López Obrador, quien insistió en deslindarse de la reforma que ha devenido en
escándalo y que ayer fue rechazada por el pleno de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión.
¿Por qué no ha aparecido la secretaria de Gobernación en
este escenario cuando el tema es de su competencia? ¿Por qué la declaración
enfática del señorpresidente de no intervenir, de ser el caso, en los recursos
de impugnación que se presenten ante el Tribunal Electoral de Baja California y
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en la controversia
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Recurrió al pretexto de mirar al pasado: “Si hay una
manipulación, van a resolver los del Tribunal Electoral, a ellos corresponde.
Lo que sí puedo asegurarles, es que nosotros no intervenimos, no es como era
antes: línea de la Presidencia, eso sí se los puedo asegurar. Nosotros no nos
metemos en estos asuntos.
“(…) Acuérdense que es
un sistema presidencialista el nuestro y antes se abusaba de eso. Y es una
tradición que viene de lejos, del hombre fuerte, del cacique mayor, de monarca
sexenal. Eso se acabó, se terminó”.
¿Se terminó? Bueno, el experimento encontró rechazo incluso
entre los legisladores de Morena, que ayer sumaron votos en la sesión de la
Permanente y descalificaron a esa pretensión, ese apetito reeleccionista.
Total, no se perdía más allá de una discusión política y el
debate legislativo. Pero el experimento ha fracasado ante la férrea defensa del
Pacto Federal y, en esencia, de la Constitución.
En su momento, en aquellos días de 1992, cuando en la
elección intermedia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari había salido bien
calificado, tanto que arrasó en el famoso Distrito 40 de la capital del país,
el más grande de México y que había perdido totalmente el PRI en 1988, se echó
a andar ese experimento con don Gonzalo Martínez Corbalá, quien había asumido
la gubernatura de San Luis Potosí con carácter interino, cargo al que renunció
para ir a la contienda como candidato, en una evidente ruta reeleccionista.
El experimento fracasó y Carlos Salinas no volvió a tocar el
tema ni asumió que se hubiese tratado de un experimento; también don Gonzalo
negó que fuera una intentona para reelegirse. En fin.
Ayer, el senador perredista Antonio García Conejo recordó
que “la reforma aprobada por la XXII Legislatura del estado de Baja California
al artículo octavo transitorio de la Constitución Política Libre, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la cual
establece que el gobernador rendirá protesta el 1º de noviembre del 2019 y
concluirá su encargo el 31 de octubre de 2024, es un claro ejemplo de la
corrupción y del desprecio al Estado de derecho, da muestra de las intenciones
ilegales y abusivas de quienes promovieron tal actuación del Congreso local de
ese hermoso estado”.
Pero la senadora priista Dulce María Sauri Riancho refrescó
la memoria legislativa para sumar el voto de la bancada priista al de la
Comisión Permanente en pleno, que se pronunció porque el congreso
bajacaliforniano reflexione y dé marcha atrás a esa reforma reeleccionista.
Recupero su intervención, ayer, en la Permanente.
“Grave, muy grave lo
que sucede en Baja California –calificó Sauri Riancho–. Pasiones y compromisos
políticos han desatado demonios que suponíamos conjurados por el desarrollo de
la democracia”.
Y acusó expresamente a Jaime Bonilla Valdez, triunfador de
las elecciones del pasado 2 de junio, “quien fue electo por el plazo de dos
años, simple y llanamente decidió ampliar el plazo de su gobierno a cinco años,
logrando respaldo en el Congreso estatal”.
Recordó que la reducción del plazo gubernamental de 6 a 2
años, no fue una innovación exclusiva de Baja California, numerosos estados, a
raíz de las reformas electorales de 2014, decidieron ajustar sus calendarios
para coincidir con los plazos federales cada tres años.
Las nuevas fechas electorales las señalaron las autoridades
locales con sobrada antelación, de tal manera que cuando las y los ciudadanos
fueran a votar, sabrían exactamente si elegían por 2, 3 o 5 años a sus
gobernantes.
Y refirió que, en materia de calendarios electorales,
Yucatán tiene su propia historia. Citó:
“Durante las décadas
de 1970 y 1980, cundió la idea de que parte importante de los problemas que
vivía el estado, se debían al desfase entre el inicio de la administración
federal y de la estatal, eran los tiempos de la hegemonía priista.
“Los candidatos, uso
deliberadamente el género masculino al gobierno de Yucatán, eran destapados en
vísperas de la gran decisión sobre la candidatura presidencial, en
consecuencia, se sostenía en los corrillos locales quien resultaba postulado al
Ejecutivo yucateco gozaba de la simpatía del Presidente de la República que se
iba y no necesariamente de quien habría de llegar.
“Real o imaginada,
esta situación llevó a generar un movimiento que en 1987 pretendió efectuar una
modificación al calendario electoral, prórroga se le llamó, para que Víctor
Cervera, gobernador interino, prolongara su mandato por 18 meses.
“El Congreso local
recibió la iniciativa de reforma constitucional y se inició el trabajo en
comisiones para dictaminarla.
“Previa visita del
presidente nacional del PRI, la respuesta política no tardó, desde Gobernación,
el Secretario Manuel Bartlett, amigo, diría yo, admirador de Víctor Cervera,
intervino desautorizando totalmente cualquier pretensión de prolongar el
mandato de quien era considerado por un amplio sector de la población yucateca,
como un excelente gobernante.
“Después de esa
turbulencia, el proceso de postulación del candidato a la gubernatura continuó
y la elección se celebró en noviembre de ese año. Ahora sucedió en la
Península, Baja California, 32 años después.
“La historia parece
repetirse con algunas graves variables, Jaime Bonilla Valdez, empresario de
medios de comunicación de la región, incursionó recientemente en la política
bajacaliforniana, al amparo de su amistad beisbolística con el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Bajo la sombra de
él, Bonilla fue diputado federal por el Partido del Trabajo, después de haber
renunciado a su ciudadanía estadounidense.
“Triunfador en la
contienda al Senado en 2018, acompañó en la campaña a su amigo, muy pronto
solicitó licencia para asumir el cargo de superdelegado en Baja California,
antesala para la candidatura al gobierno estatal. Hasta aquí, nada fuera de lo
común. El Presidente apoya a su amigo para ser postulado como candidato a
gobernador.
“El problema comenzó
cuando los dos años del periodo de la gubernatura fueron considerados como
insuficientes.
“¿Quién le habrá
dicho al senador Bonilla o al propio Presidente de la República que esta
situación se podría modificar? Realmente lo ignoro.
“Antes de la
elección, impugnaron en los tribunales electorales, pero el tribunal federal
ratificó los dos años a pesar de las presiones políticas sobre sus magistrados.
“El 2 de junio
pasado, las y los bajacalifornianos fueron a las urnas a elegir a su
gobernador, por dos años.
“Pero ambición y
prepotencia son combinaciones peligrosas. La semana pasada, más de un mes
después de la elección, el Congreso saliente de Baja California decidió ampliar
el periodo a 5 años, con argumentos banales como el costo de realizar la
elección tan pronto.
“Vean por favor el
dictamen, que por cierto, tiene fecha de un día después de haber sido aprobado,
la recepción por servicios parlamentarios.
“Rumores aparte que
hablan de sumas millonarias para aceitar la voluntad de los legisladores, la
reforma a la Constitución local entraña una grave violación a la Constitución
federal.
“¿Será una especie de
globo sonda para conocer reacciones a la posible prolongación de otros mandatos
por la vía del Congreso?
“¿Habría quien se
crea que el candidato Bonilla se fue por la libre, o por el contrario, Baja
California es solo un ensayo de una estrategia nacional?
“A diferencia de
Yucatán en 1987, en esta crisis la Secretaría de Gobernación ha estado ausente,
ni siquiera porque la relación con los estados es una de las pocas atribuciones
que conservó la SEGOB en la nueva administración.
“El Grupo
Parlamentario del PRI, confía que este punto de acuerdo contribuya a que
regresen la razón y la prudencia política a Baja California.
“No hay amistad que
valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de
Derecho. Si la boleta dice 2, eso será. Si dice 6, también”. Hasta aquí la
intervención de Dulce María Sauri Riancho.
Y no hubo quien le respondiera; nadie defendió a Bonilla ni a López
Obrador. Todos votaron en el llamado al congreso bajacaliforniano para que dé
marcha atrás a esa barbaridad que tiene tufo a corrupción. Cuando el animalito
tiene plumas de ganso, patas de ganso y pico de ganso… ¡Me canso ganso! Digo.
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