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Feminicidios afectan a sociedad en general.

Redacción

SemMéxico. Oaxaca. 8 de marzo de 2019.- La Defensoría de los Derechos Humanos  del Pueblo de Oaxaca señaló que el Estado mexicano debe atender el nivel de violencia hacia las mujeres en el país, especialmente el feminicidio, por lo que debe cesar la cadena de omisiones que tuvieron gobiernos anteriores, la cuales generaron una situación de impunidad al ser omisos en los procesos de impartición de justicia.

La Defensoría puntualizó que la violencia hacia las mujeres y los feminicidios no afectan en forma exclusiva a las mujeres, sino que generan un daño a toda la sociedad, pues si bien existen diversas causas estructurales y culturales que favorecen el fenómeno, es necesario considerar la relación que existe entre el crecimiento de la violencia hacia las mujeres y el aumento del crimen organizado en la entidad y en todo el país.

El organismo defensor insistió en que es obligación del Estado mexicano y sus instituciones garantizar el derecho a la protección y desarrollo de las mujeres, por lo cual urgente garantizar el derecho a la vida de las mujeres, pues no sólo han aumentado las agresiones, sino también el nivel de violencia con el que se cometen estos crímenes.

Ante esto, la Defensoría hizo un llamado a los tres niveles de gobierno en Oaxaca para que generen políticas públicas y acciones efectivas para atender los casos de violencia hacia las mujeres, así como mecanismos eficientes para combatir el feminicidio y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas.

La Defensoría también solicitó al Congreso del estado que considere  la generación de presupuestos que permitan cumplir una política integral para erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además, el organismo defensor demandó al Poder Judicial que juzgue con perspectiva de género.

La institución autónoma demando en forma especial a la Fiscalía General del estado y a las policías estatales y municipales, que refuercen sus acciones y estrategias para garantizar procesos eficaces en la investigación de los feminicidios, a fin de disminuir efectivamente la impunidad y, con ello, prevenir ese grave delito.

La instancia defensora insistió en que es urgente que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública aceleren el proceso de adopción  de  las medidas requeridas desde el 5 de septiembre del año pasado por la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres, a fin de investigar, sancionar y evitar en lo posible la comisión de feminicidios y otras agresiones violentas cometidas contra mujeres en el ámbito estatal.

Asimismo, la Defensoría hizo un llamado urgente a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña para que coordine el establecimiento y la aplicación de políticas públicas con enfoque de género que contribuyan a combatir en el territorio estatal el fenómeno del feminicidio y la violencia contra las mujeres.

La Defensoría recordó que tan sólo este año durante el mes de enero  organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación registraron 19 casos de posible feminicidio en el  estado, y destacan algunos casos por el nivel de violencia con el que se presentaron, como el asesinato de W. S. A. B., de 27 años de edad, quien murió debido a las quemaduras que sufrió después de ser rociada con gasolina por un hombre que acudió al bar “Los Faroles” de la Villa de Etla a reclamar la devolución de pertenencias que aseguró le fueron hurtadas.

Finalmente, la instancia autónoma defensora de derechos humanos consideró preocupante que, a pesar de que en Oaxaca se estableció la Alerta de Violencia Género contra las Mujeres en septiembre del año pasado, el número de feminicidios en territorio oaxaqueño no ha disminuido.

Dedicó la medalla a todas las mujeres que han luchado por sus derechos y pidió unidad para lograr un país en paz.

Ana Alicia Osorio,

SemMéxico. Veracruz. 8 de marzo de 2019.- La activista por las personas migrantes, Norma Romero Vázquez, recibió el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2019 en el Congreso del Estado. 

Durante su mensaje dedicó la medalla a todas las mujeres que han luchado por sus derechos y pidió unidad para lograr un país en paz. 

“Quisiéramos dedicar este premio a todas las mujeres veracruzanas que merecen una medalla por mantener la frente en alto frente a la adversidad, las que claman justicia por sus familias desaparecidos, a las que marchan exigiendo respeto a nuestras decisiones y a nuestros cuerpos (…) a las periodistas, a las defensoras, a las académicas y por supuesto a las mujeres que migran”, señaló.  

“Han alzado la voz por defender a todas y cada una de las mujeres que han muerto, que están en silencio, que tienen miedo, a todas las mujeres que han sido secuestradas y que muchas de ellas ya no han salido con vida, a todas esas mujeres que desconocen sus derechos”, añadió. 

Romero Vázquez es la coordinadora del grupo de Las Patronas, quienes en la comunidad del mismo nombre en Amatlán apoyan con comida y refugio a las personas centroamericanas que están migrando. 

Durante su discurso recordó a dos mujeres que estuvieron colaborando en el comedor de apoyo a las personas migrantes, pero que ya fallecieron. 

“Creemos firmemente que solo con la participación y el compromiso de toda la sociedad podemos caminar hacia la reconciliación y la paz que tanto necesitamos en este momento”, aseguró. 

En los posicionamientos, las diputadas de distintos grupos legislativos reconocieron las luchas de las mujeres pero también que existen múltiples leyes que se deben cambiar para lograr igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Durante el acto, Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que a partir de hoy lanzaron un protocolo para atender el acoso y hostigamiento sexual en las dependencias públicas.

A las galardonadas se les reconoció por su lucha en defensa de los derechos humanos, a la perseverancia de la mujer indígena y al impulso económico.

Redacción

SemMéxico. Morelia, Michoacán. 8 de marzo de 2019.- La desigualdad de oportunidades y violencia siguen siendo hechos que laceran al sector más importante de la sociedad, las mujeres, así lo mencionó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, durante la entrega  del Premio Estatal a la Igualdad de Género “Presea Eréndira”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Por lo que aseguró que su gobierno está con la causa de las mujeres y emprende acciones a favor de sus derechos y una vida digna para ellas.

 En el evento el mandatario estatal reconoció la labor de las galardonadas, Sofía Blanco Sixtos, Tomasa Sandoval Ceras, así como a Martha Lilia Cortés Rangel, quienes por su lucha en la defensa de los derechos humanos, así como  por su perseverancia e impulso hacia una vida libre de violencia y  por la igualdad entre hombres y mujeres.

“La concepción que mantienen estas mujeres es un rol importante en la vida que nos permite visibilizar y sensibilizarnos de una realidad que no queremos para nuestro estado y para nuestra sociedad”, reconoció Aureoles Conejo.

Informó que Michoacán es la única entidad federativa que solicitó se reabrieran los expedientes de asesinatos de mujeres o de violencia que han quedado inconclusos, por lo que pidió el apoyo a la Fiscalía General del Estado, porque “aquí ningún caso quedará impune, estamos y cuidamos de ustedes”.

Por su parte,  la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Hernández Abarca, señaló que el sector femenino es prioridad para el Gobierno Estatal.

“Para encauzar esta lucha debemos ejercer empatía autoridades y sociedad en general para comprender los sentimientos y emociones que atravesamos las mujeres y así juntos, alcemos la voz, ‘Las Mujeres Michoacanas Hablamos de Igualdad”, manifestó.

Las galardonadas con la Presea Eréndira 2019, expusieron sus historias de vida y el por qué decidieron tomar la lucha a favor del sector femenil; reconocieron los apoyos al rubro por parte del Gobierno del Estado y también alzaron la voz para que se respeten sus garantías y no se les violente económicamente con la desaparición y/o eliminación de programas para ellas.

SEM/ILM


Letra Clara

El momento es ahora

Estrategia de gobierno ineficiente

Teresa Valdés

SemMéxico, 8 abril 2019.- ¿Por qué, violencia, violencia y más violencia? Es una interrogante que se hace la sociedad mexicana ante las nefastas noticias que señalan al primer trimestre 2019, como el más violento de los últimos 20 años. Las estadísticas sobre la cifra de homicidios podrán superar los ocho mil 500, pues existe una subestimación del 20 por ciento en los datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más adelante advierten que ante estos datos, la estrategia de seguridad del Gobierno Federal no ha reducido ni contenido la incidencia de homicidios dolosos. http://www.colimanoticias.com/

Todo se agrava cuando se omiten ciertos datos sobre los feminicidios que reclaman otras consideraciones y se lamenta que Colima rebasa la tasa nacional con un angustiado primer lugar.

En Ciudad México crearon una instalación artística con numerosos signos de la Diosa Venus, representativa de las mujeres, enfocados para hacer énfasis en la magnitud de la violencia feminicida que, ONU reclama para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, una responsabilidad compartida que convoca a la acción.

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, declaró una alianza de 36 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 20 estados de la República Mexicana, para detectar y denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas de manera cotidiana y sistemática, tanto en el ámbito privado como en el público, hasta la muerte, forma más extrema de violencia por razones de género.

Múltiples acciones políticas y sociales en caminadas a la prevención se desarrollan desde diferentes posiciones: Por primera vez en el estado de Colima, se firmó un convenio a nivel intermunicipal, por quienes presiden las alcaldías en Manzanillo, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán.

Griselda Martínez alcaldesa de Manzanillo, explicó que como integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, harán valer los tratados internacionales, las leyes nacionales y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, declarada desde junio de 2017 y se comprometen a adoptar la perspectiva de género en las políticas, decisiones y acciones a implementar durante el presente trienio que comprende a sus gobiernos. “Haremos efectivo el derecho constitucional de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la no discriminación”, afirmó.

Asimismo, se anunció que impulsarán los principios que garanticen una vida libre de violencia y las acciones que comprenden la armonización de la reglamentación con relación a la legislación vigente a nivel estatal y nacional en materia de igualdad y no discriminación.

También en el gobierno estatal, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez entregó el reconocimiento Mujer Sororal 2019 Edelmira Trejo Narváez, a la colimense, a Antonia Fuentes López, quien por más de siete años atiende la Casa Hogar para Mamá Soltera “Rita Ruíz Velasco”, orientada en la atención de la violencia de género, así como a la protección integral de la vida de muchas mujeres víctimas.

Entre otras acciones académicas y de trabajo en la prevención contra la violencia, se presentó la creación del Centro de Investigaciones y Estudios sobre las Mujeres y de la revista Mujer es Ciencia del Instituto Colimense de las Mujeres; la presentación de la línea telefónica para Unidades de Género y a Consejeras que atienden las denuncias interpuestas conforme al protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia así como  las manifestaciones de hostigamiento y acoso sexual en el estado de Colima.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez consideró asertivo el esfuerzo institucional del ICM por impulsar esos estudios que pueden brindar respuestas de calidad para comprender los fenómenos de la violencia y promover su resolución  definitiva.

Decisiva resulta la participación ciudadana en la elaboración de estrategias para restablecer la paz y la justicia social, que reclama la coordinación de acciones encaminadas a restablecer la seguridad social y en especial para las mujeres con independencia de colores partidistas, organizaciones civiles e intereses individuales.

Violencia, violencia y más violencia es la realidad que no permite esperar ni un minuto. El momento es ahora con usted, con su familia, en su trabajo y hasta en las cercanas vacaciones. ¡Ni una más!

@Letra Clara

Maestra en Ciencias de la Comunicación 

Evelia, mujer maya encarcelada por aborto espontáneo

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Fue condenada a 12 años y seis meses de prisión, además de ser multada con 154 mil pesos.

Evelia, mujer maya encarcelada por aborto espontáneo Fue condenada a 12 años y seis meses de prisión, además de ser multada con 154 mil pesos. Víctima de una violación y de irregularidades en el proceso judicial. Lleva 10 años de su vida en una pris

Redacción

Lilia Balam y Katia Rejón

SemMéxico/Agencia Ruido. Tekax, Yucatán.  7 de abril de 2019.- Han pasado diez años desde que Evelia, mujer maya originaria de Tixméhuac y víctima de violación, fuera acusada de homicidio en razón de parentesco a raíz de un aborto espontáneo. Sin embargo, hasta ahora no logra reconstruir todas las escenas para comprender cómo en menos de tres días pasó de ser una persona libre a estar condenada a 12 años y seis meses de prisión, además de ser multada con 154 mil pesos, por un delito que supuestamente cometió.

Desde un cuarto privado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tekax en donde está recluida, narra que tenía 27 años cuando un hombre de su comunidad, al cual no identifica, la obligó a tener relaciones sexuales.

No sabía que estaba embarazada cuando, el sábado 18 de julio de 2009, se desmayó en tres ocasiones en su casa. Todo lo demás es borroso y sólo puede confiar en las versiones de otra gente: su mamá le contó que se cayó boca abajo y “salió un bebé”, por lo que solicitaron al amigo de uno de sus hermanos que las trasladara al Hospital Comunitario de Peto con todo y el producto.

Bajo una mata de cabello teñido y peinado en un chongo, sus ojos oscuros se hacen más pequeños mientras se esfuerza en rememorar lo que ocurrió después. En el nosocomio no habló con ningún doctor, únicamente sentía que “raspaban” su vientre y por lapsos escuchaba que algunos médicos platicaban pero, a pesar de ello, no reconocía sus palabras ya que en ese tiempo sólo se comunicaba en maya.

En el hospital, notificaron a su madre que el producto había muerto. Amaneció y, sin proporcionarle un intérprete ni permitirle buscar representación legal, la trasladaron al Ministerio Público, un día después de que le hicieran el legrado. Estaba sola.

Aunque no la entendía, las autoridades le hicieron firmar una declaración escrita en español porque le dijeron que si no lo hacía su condena sería de  40 años. Sin duda, se trató de una clara violación a sus garantías individuales, pues el apartado A, fracción VIII del artículo 2 de la Constitución Política establece que las personas de origen indígena tienen derecho a ser asistidas por traductores y defensores con conocimiento de su lengua y cultura.

El artículo es respaldado, entre otros documentos oficiales, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual consigna que deben tomarse medidas para garantizar que las y los miembros de pueblos originarios puedan comprender y hacerse comprender en esta clase de procedimientos, facilitándoles, de ser necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Hacia las tres de la mañana del lunes siguiente, la trasladaron al Cereso de Tekax y hasta entonces se enteró de su embarazo. “Mi primer día no recuerdo […] cuando amaneció, mis compañeras me dijeron que estaba embarazada. No comía, ellas me ayudaban. Me platicaron cuando todo salió en el periódico. Estuve 15 días sin comer y me empecé a recuperar”, detalla en un tímido castellano, idioma que aprendió en la cárcel.

Poco a poco, empezó a dimensionar lo que había pasado, pero tampoco tiene información fidedigna al respecto; sospecha que el personal médico que la atendió fue quien la denunció, al considerar que había intentado abortar a su hijo. Según la declaración que firmó, tenía siete meses de gestación.

Conforme pasaron los días, buscó alternativas para salir de prisión. Denunció la violación, pero los trabajadores del Ministerio Público dijeron “que nada podían hacer porque había pasado mucho tiempo”.

En marzo de 2010, la sentenciaron a 12 años y seis meses de cárcel y le impusieron una multa de 154 mil 811 pesos por reparación del daño con motivo del fallecimiento del menor. Apeló, pero la sanción aumentó un año; hacia 2014 interpuso un amparo y le redujeron la pena en dos años y medio.

La mujer indica que el monto económico ya está cubierto pero que no fue ella quien hizo ese gasto, además de que un abogado le ha comentado que no tiene que pagar nada. A la fecha, sigue cumpliendo su sentencia y en 2019 alcanzaría su libertad de nuevo.

Hace cinco años, el hombre que la violó regresó a molestar a su familia. “Pasaron a matar a mis hermanos cuando yo estaba acá”, cuenta. Su mamá enfrentó al agresor, preguntándole “¿qué más quieres? Ella está ahí”.

Tuvieron que solicitar a las autoridades municipales que intervengan para que “se medio calmara”. “Él se está riendo, está metiendo relajo, se burla mucho de mi familia”, lamenta.

Imagina que su natal Tixméhuac será muy diferente cuando regrese, pero confiesa estar ansiosa por dejar la prisión, en donde pasa los días urdiendo hamacas y recibiendo talleres de alfabetización. La pobreza le impidió estudiar: su madre enviudó cuando tenía siete meses, de manera que para sostenerla a ella y a sus  seis hermanos laboró como empleada doméstica. Evelia afirma que no tiene miedo de salir porque “está acostumbrada a trabajar”.

¿Sientes algún tipo de rencor o enojo por encontrarte en prisión injustamente?, se le preguntó.

“Dice mi mamá que lo deje en manos de Dios”, responde tímida antes de que su figura pequeña y delgada se aleje, custodiada por una custodia que la lleva de vuelta a su celda.

De acuerdo con el informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), casos como el suyo ocurren en buena medida gracias a las leyes que protegen la vida desde la concepción, pues otorgan personalidad jurídica al embrión.

Esta clase de legislaciones también fomentan la desinformación y prejuicios que permean las acciones de policías, ministerios públicos y jueces, además de que su objetivo es estigmatizar a las mujeres e imponer castigos “ejemplares” a quienes abortan, generando temor y desinformación entre las mismas.

Fragmento del reportaje “Maternidad forzada. El mito del aborto legal en Yucatán”, que puede consultarse en  www.abortoyucatan.com

Se trató de un uso indebido de logotipos oficiales.

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico.Chilpancingo, Guerrero. 7 de marzo de 2019.-  Maira Martínez Pineda, titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), deslindó al Gobierno del Estado, de los festejos con pasarelas de modas y rifa de maquillaje que realizaron en municipios como Acapulco y Zihuatanejo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, acciones como esa, violentan los derechos de las mujeres y reproduce estereotipos, afirma.

En entrevista, luego de darse a conocer la realización de un desfile de modas y una rifa de maquillaje en Acapulco y Zihuatanejo, actividades convocadas presuntamente  entre otras por la Semujer y el Dif Guerrero, la funcionaria rechazó que el gobierno del Estado, el Dif,  o alguna institución oficial, haya avalado estas acciones, en especial la dependencia, que encabeza.

Puntualizó que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no es un día de celebración ni para regocijarse, es de reflexión y conmemoración “las pasarelas, el maquillaje, todo es violencia simbólica”, la lucha de las mujeres en el país, es para erradicar las situaciones que anclan en una visión muy acotada de lo que son los derechos de las mujeres, refirió.

“Esto es inadmisible, yo categóricamente desmiento esta situación, en ningún momento se consultó a la Secretaría de la Mujer, ni el evento de Acapulco, de una plaza que desconozco totalmente el lugar, ni en el municipio, en el otro municipio que se realizó, me vengo enterando también el día de hoy, en ningún momento fue consultada esta servidora, para el uso oficial del logotipo”, explicó.

Se trató de un uso indebido de logotipos oficiales, de acuerdo a la explicación que dijo, le habrían dado en la plaza comercial donde realizaron el desfile de modas, solicitaron el apoyo a la autoridad municipal de Acapulco la cual aceptó, pero al momento de colocar nombres y logotipos “se equivocaron”, y pusieron el de la Semujer, por ser el primero que “encontraron”; “pero a la Secretaría nunca la consultaron, nunca le solicitaron ni de manera  verbal mucho menos oficial, mismo caso en los otros municipios”, insistió la funcionaria.

Subrayó que todas las actividades que la Semujer realiza, las publica en su página oficial en redes sociales, este tipo de eventos son una falta de respeto para todas las mujeres recargó. Estas fechas no se deben de celebrar de ninguna manera, mucho menos en un país donde hay alertas de género, muertes de mujeres a diario, niñas violentadas en sus derechos, es una incongruencia, afirmó Martínez Pineda.

Sin embargo adelantó que no habrá ningún llamado de atención a quienes usaron de manera indebida el logotipo de la Semujer, al contrario, hay compresión dijo. Al haber sido la iniciativa privada la que supuestamente convocó y realizado estas acciones, la titular de la Semjuer coincidió en que reflejan que aún falta mucho por hacer en la sociedad civil, que continúa estereotipando a las mujeres, y se requiere reforzar los mensajes en torno a que sí y que no se debe hacer en cuanto a estas fechas “para que la gente vaya captando al idea de lo que es el día internacional de la Mujer”.

En cuanto a las instancias oficiales municipales que hayan participado, la Semujer hará una recomendación de manera oficial, no coercitiva ni sancionadora, sino para orientarlas en cuanto a cómo pueden realizar acciones afirmativas de estas ‘celebraciones’ y será la misma indicación para  las delegadas regionales, y personal de la dependencia, adelantó.

Y no es que estas acciones sean malas, comentó Martínez Pineda, pero no van con la esencia de la conmemoración de un día Internacional de la mujer para hacer visibles sus derechos. Insistió que no fue el gobierno del estado, la Semujer no avala estas actividades “lamento mucho esta confusión, está de por medio el trabajo que realiza en la Secretaría, pero además resulta indigno para todas las mujeres, el que te tipo de acciones se fomente”, con ellas se violenta a todas las mujeres, acotó.

Deben realizar el pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba en 2018.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 7 de marzo de 2019.- Medidas de seguridad urgentes para las responsables de estancias infantiles que hayan sufrido agresiones o amenazas derivadas de la información publicada relacionada con acusaciones de corrupción y por realizar la defensa de los derechos humanos de niñas, niños y mujeres son parte de las medidas cautelares que solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Secretaría de Gobernación.

Así como el pago de los apoyos de enero y febrero, en los términos en que operaba en 2018  el programa de estancias infantiles.  

Las responsables de las estancias infantiles piden una disculpa pública de las autoridades federales ante las acusaciones de corrupción y manejo irregular de las estancias infantiles toda vez que se dañó su imagen y reputación, y frenar el hostigamiento del que son objeto por parte de autoridades federales y en algunos casos, estatales y municipales.

En un oficio dirigido al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaria de Gobernaciónn, Alejandro Encinas Rodríguez, la CNDH solicita acordar medidas cautelares en beneficio de las responsables de 8000 estancias infantiles del país.

Así como buscar la generación de políticas públicas de igualdad entre los géneros que permitan a las mujeres conciliar el ejercicio del derecho al trabajo y el derecho a la familia, así como gestionar las medidas que resulten necesarias a fin de evitar regresión alguna en el ejercicio de los derechos económicos y sociales de todas las personas beneficiarias del Programa de estancias infantiles que redunden en el mayor beneficio de las niñas y los niños.

También se solicitó la emisión del Acuerdo de las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar de las niñas y niños, hijos de las madres trabajadoras par el ejercicio fiscal 2019.

Entre las solicitudes del organismo destaca el establecer las acciones que permitan hacer efectivo el derecho de participación de madres trabajadoras y padres solos o tutores con motivo de las medidas administrativas y legales que en su caso se adopten en relación con el Programa de Apoyos 2019, teniendo presente en todo momento el interés superior de niñas y niños.

Por lo que se insiste en generar las acciones de coordinación necesarias entre autoridades federales y locales que eviten la violación de los derechos de niñas y niños en la asignación de recursos destinados al Programa de Apoyo 2019 y su modificación en la forma de asignar los apoyos económicos, privilegiando en toda actividad estatal el interés superior de la niñez.

En el documento, la Comisión Nacional subraya que ha expresado públicamente su preocupación por el impacto de las medidas anunciadas en los derechos de niñas y niños, sus familias, así como responsables y trabajadoras de estancias infantiles, entre otras, ya que se podrían profundizar las brechas de desigualdad de género en el país, toda vez que las mujeres trabajadoras se verían obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado total de sus hijas e hijos.

Ante la petición de las responsables de estancias infantiles y trabajadoras a la CNDH el 25 de febrero  destaca  que la Auditoría Superior de la Federaciónn evaluó el Programa de Estancias Infantiles durante el periodo 2017 y 2018, habiendo detectado irregularidades en 319 estancias infantiles de un total de 9 mil 565, lo que representó el 3.3% de los establecimientos en el país e hizo observaciónn sólo al 1.8% del presupuesto del programa. 

Y demandan que es conveniente evaluar si las transferencias económicas directas a las familias resultan el mecanismo idóneo para garantizar los derechos de niñas y niños o servirán para satisfacer otras necesidades básicas.

La CNDH también señala en su oficio que el Estado Mexicano en el año 2020 tendrá que comparecer ante ese Comité con motivo del Sexto Informe Periódico de Cumplimiento de  la  Convención  sobre  los  Derechos del Niño, en cuyo caso podría haber alguna observación a las autoridades mexicanas.

También que la posible restricción a los derechos de la primera infancia como son el de educación, estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral  se pone en riesgo por estas medidas, ya que madres y padres afectados en la  atención y cuidado  de sus hijas e hijos, busquen otras  opciones  que deriven  en un gasto familiar  imprevisto, o dejar el cuidado de ellas  y  ellos  a  personas  que  no  cuenten  con  las  habilidades  y  preparaciónn adecuadas.

Tras señalar que la Comisión Nacional continuará integrando el expediente de queja y en su momento emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda, está la afectación de derechos de las personas responsables y trabajadoras de esos establecimientos, sin desconocer que esos apoyos económicos se destinan a la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación social.

Estado, misoginia y transformación social

A todos los presidentes y políticos los hemos tenido que convencer de la utilidad y necesidad de apoyar a las mujeres con medidas que permitan alcanzar la igualdad.

• Las feministas defensoras de derechos humanos nos interrogamos acerca de cómo lograremos detener la violencia contra las mujeres.

LA OPINIÓN

Rubí de María Gómez Campos

SemMéxico. 07 de abril de 2019.- Desde que Andrés  Manuel López Obrador comenzó a desconocer las demandas y las luchas sociales de las mujeres, muchas de sus muchos votantes -quienes no sabíamos ni supimos nunca, al menos por su discurso (sí por el e sus críticos que entre muchas otras cosas le llamaban misógino)- supimos que las mujeres éramos consideradas parte de sus enemigos. La mayoría de quienes luchamos por mantener a flote la seguridad, la vida y la dignidad que nos fue escamoteada durante mucho tiempo, desde cada trinchera cotidiana que encontramos para poder enfrentar las consecuencias de una violencia interminable -que no se reconoce en su profundo vínculo con la estructura de dominio de cualquier tipo- pensamos que nuestra coincidencia con sus críticas al autoritarismo, antes de ser presidente, eran garantía suficiente para poder ser atendidas y escuchadas.

AMLO nunca se pronunció a favor de las mujeres, eso es cierto, pero tampoco declaró en ningún momento su animadversión a un compromiso por la transformación social y la justicia para las mujeres: más de la mitad de la población total distribuida en todas las esferas sociales, incluida la clase de los pobres a los que él dice ser tan afecto. La diferencia entre hombres y mujeres en las clases más desposeídas es que las mujeres pobres tienen que soportar, además de la pobreza y otras desigualdades como la derivada de la etnicidad, la ancestral carga del machismo con el que el varón se libera del sentimiento de opresión que, por otra parte,  soporta estoicamente. Ya Simone de Beauvoir explicaba la relación entre todas las formas de desigualdad (étnica, de clase y de género) y la manera en la que el machismo sirve para sostener la opresión: “Uno de los beneficios que la opresión asegura a los opresores es que el más humilde de ellos se siente superior: un ‘pobre blanco’ del sur de Estados Unidos tiene el consuelo de decirse que no es un ‘sucio negro’, y los blancos más afortunados explotan hábilmente ese orgullo. De igual modo, el más mediocre de los machos se considera un semidiós ante las mujeres”, y ello le permite soportar su propia y extenuante experiencia de dominación.

Es precisamente ante este fenómeno de desigualdad extrema que viven las mujeres pobres trabajadoras, las madres trabajadoras solas; no los padres de familia en abstracto (masculino genérico que invisibiliza a las madres) como gusta llamar el Gobierno Federal a las usuarias del programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras (así se llama o llamaba el programa en cuestión); quienes ilustran la cifra de más de la tercera parte de la población representada en el indicador: “hogares jefaturados por mujeres”. Ya lo he dicho, el horizonte en el que surgió la demanda de Estancias infantiles fue la urgente necesidad de mujeres trabajadoras agrícolas migrantes, quienes son explotadas y hacinadas en campamentos aislados y sin redes familiares de apoyo. El cuidado de las y los niños en familias integradas con presencia del progenitor masculino, o con recursos económicos suficientes, es resuelto generalmente con estancias públicas y sobre todo privadas.

En este caso, si hay corrupción -como se presume que hay en otros programas- en un programa vigilado y coordinado por tres instituciones: El DIF, SEDESOL (hoy Secretaría de Bienestar) y Protección Civil, ello es responsabilidad del funcionariado no de los infantes o de las madres beneficiarias, ni necesariamente de las prestadoras de servicio. Por otra parte, no considerar todos los aspectos y beneficios de éste, ni de cualquier otro programa, antes de tomar decisiones es falsear el sentido de la verdad y tratar de imponer ideas preconcebidas a una sociedad que, si bien ha soportado el peso de gobiernos corruptos e ineficientes, tampoco ha permanecido inerte. El combate al autoritarismo se ha ejercido permanentemente desde muchos frentes. Evidentemente es necesario continuar. El presidente es capaz de escuchar a grupos religiosos como no lo ha hecho con las madres trabajadoras, a las que ni siquiera menciona.

Sin embargo no hay nada nuevo de qué preocuparse. Es sólo una batalla más. Ya hemos enfrentado a otras fuerzas políticas. Por ello siempre que escuché -y cada vez más escucho- críticas a la misoginia de AMLO, he contestado que supongo que sí pero que no es el único. A todos los presidentes y políticos los hemos tenido que convencer de la utilidad y necesidad de apoyar a las mujeres con medidas que permitan alcanzar la igualdad. En verdad la obligación de los gobiernos con el desarrollo humano sólo ha sido aceptada y asumida cuando hemos demostrado el valor que para el mismo Estado tiene la justicia. Los mínimos avances y los logros nunca nos fueron regalados, trabajamos por ellos y debemos continuar haciéndolo. Pero hoy que, más que nunca, necesitamos de aliados con ánimo de justicia ante la misoginia creciente, nos hemos ido viendo cada vez más reducidas a la impotencia. Ni nuestras aliadas feministas ni nuestros aliados demócratas dentro del gobierno han podido hacer algo para detener nuevas formas de injusticia hacia mujeres solas trabajadoras y víctimas de violencia.

Las feministas defensoras de derechos humanos nos interrogamos acerca de cómo lograremos detener la violencia contra las mujeres, en un contexto en el que hasta el suicidio de uno parece más dramático e inadmisible que la muerte y la indignidad en la que viven otras miles. Si antes, como ahora, la violencia contra las mujeres no se denuncia es debido a la ineficiencia, inconsciencia, insensibilidad y falta de profesionalización de los servidores públicos, quienes re-victimizan a las denunciantes con su indiferencia, ignorancia, prejuicios, groserías, y en muchos casos su complicidad directa. La razón de las denuncias públicas es ésta y no podemos ignorarla. Por ende no podemos pedirle mesura al movimiento social del #MeToo.

La misoginia en la sociedad es un flagelo capaz de producir y mantener durante décadas crisis de seguridad ciudadana como la que México ha vivido, una tragedia, un límite formidable para el desarrollo de cualquier pueblo. Pero una misoginia de Estado es absolutamente imperdonable, insostenible. No es posible añadir, a todas las formas de violencia que las mujeres en el siglo XXI sufren, la violencia institucional que con dificultad hemos estado conteniendo.

El acoso sexual como el feminicidio, la violencia doméstica, laboral o social que padecemos, no afecta sólo a las víctimas directas o indirectas, es un tsunami imperceptible que desestabiliza todo el orden social y es capaz de impactar en la economía de los países, que ven disminuidos sus ingresos per cápitaa causa de la violencia de género.

En el tema de seguridad ciudadana y acceso de mujeres a la justicia, además de la obligación de crear programas integrales con base en información y con conocimiento profundo de las causas de los problemas, es necesario combatir directamente la impunidad que circunda los asesinatos de mujeres. Mientras no se combata la misoginia institucionalizada en los espacios de administración y procuración de la justicia –no sólo con procesos de capacitación (sensibilización y profesionalización) del personal, sino con una depuración precisa y sistemática de los cuerpos de seguridad (como se establece en las observaciones planteadas al 9º informe de la CEDAW)- el Estado seguirá asumiendo la representación de un Estado feminicida, ya que la impunidad que caracteriza el delito de feminicidio lo configura como un delito de Estado que vulnera los derechos humanos de todas las ciudadanas.

La corrupción que debe erradicarse no solamente es económica, la corrupción moral, educativa, cultural es la más destructiva. La misoginia invisible del Estado es la principal causa del declive moral y el principal sostén de la desigualdad económica y social. Las feministas, defensoras de los derechos humanos, seguiremos trabajando desde la alegría de la crítica y en la trinchera que podamos, con el ánimo de que la cuarta transformación no sea sólo una parte, sino una solución, de todos los problemas que aquejan a México, para diseñar colectivamente un futuro de democracia, dignidad, justicia y de igualdad.

Juez determina replantear alerta de género en Oaxaca

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La declaratoria no cumplía con todos los requisitos que señala el artículo 38bis del Reglamento de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Ahora lo harán con otorgamiento de presupuesto para ejecutar acciones y combatir violencia feminicida.

Redacción

Pedro Parola

SemMéxico/Cuarta Plana. Oaxaca, Oax. 06 de abril 2019.- El Juzgado Décimo Primero de Distrito del Estado de Oaxaca determinó, a través de un amparo, replantear la Alerta de Género emitida por la Secretaría de Gobernación a 40 municipios de la entidad.

El amparo, el cual fue concedido a la exdiputada de Morena, María de Jesús Melgar Vásquez, pide a las autoridades correspondientes replantear la Alerta de Género, con la finalidad de que le pueda ser asignado un presupuesto y ejecutar las acciones que combaten la violencia feminicida y se repare el daño a las víctimas.

Según el expediente 931/2018, la concesión de amparo se dio el pasado jueves 4 de Abril, donde se ordena que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la CONAVIM, el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca, deben realizar las asignaciones presupuestarias necesarias para que las medidas reparatorias en la Declaratoria de Alerta de Género de Oaxaca, realmente tengan efectividad y no sea una simulación.

Las medidas reparatorias que debe incluir la nueva Alerta son, la asignación concreta de presupuesto para el cumplimiento de cada medida reparatoria, la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos gratuitos para la recuperación de las víctimas de violencia de género, así como la aceptación por parte del Estado del daño causado y su compromiso de repararlo.

Asimismo investigar a los funcionarios públicos omisos y negligentes que permitieron la violación de los derechos humanos de las víctimas y su impunidad, así como la sanción a quienes resulten responsables.

El proceso

En calidad de ciudadana, Melgar Vásquez, el 20 de septiembre de 2018 promovió un Juicio de Amparo por la Declaratoria de Alerta de Genero en el Estado de Oaxaca, donde reclamó que la declaratoria no cumplía con todos los requisitos que señala el artículo 38bis del Reglamento de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relativo a la asignación presupuestal necesaria para el efectivo cumplimiento de medidas reparatorias de los daños causados por la violencia de género en el Estado de Oaxaca.

Es de señalar que de acuerdo a la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas, hasta el momento solo cuatro municipios faltan por instalar sus consejos municipales sobre esta alerta, ellos son Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Gichicovi, Jamiltepec y Santa María Apasco.

Código Penal único: un tipo penal de feminicidio y no penalizar con cárcel a mujeres que aborten.

Redacción

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 6 marzo 2019.- Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, sostuvo que en la operación de los refugios para mujeres maltratadas se va a comprometer a los tres niveles de gobierno, sobre todo a los municipios para que actúen, sostuvo que se ha olvidado que el tema de “la pacificación del país pasa por la pacificación dentro de las familias y el combate a la violencia contra las mujeres”.

En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, junto con Nadine Gasman, presidenta de INMUJERES, y observadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que es sumamente importante que sean los municipios quienes operen esta política pública reconocida desde el marco jurídico internacional, y aseguró que el modelo que están tomando en cuenta es el que se implementa en Escobedo, Nuevo León.

En ese sentido, dijo que se destinará dinero federal a los gobiernos municipales para la operación de los refugios y señaló que este nivel de gobierno deberá también hacer sus propios presupuestos.

Dijo que el Estado mexicano ha desmantelado su principal obligación de ahí la necesidad de volver a la rectoría del Estado de las políticas públicas, esa es la posición del gobierno mexicano.

Aclaró que hablar de Estancias Infantiles y de refugios son cosas distintas. Señaló que hay en el país 70 refugios, de los cuales, aseguró, solo “20 reúnen las características y la política pública para estar en los parámetros de excelencia”

Antes, ambas funcionarias, anunciaron hoy el Plan de Emergencia para garantizar la Integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México, y se informó que se buscará crear un Código Penal único en el país, para entre otras cosas, evitar revictimizar a las mujeres que abortan e incluso despenalizar el aborto hasta la 12 semana, así como crear un tipo penal homologado de feminicidio.

Sánchez Cordero dijo que desde hace tiempo su posición personal ha sido no revictimizar a las mujeres que abortan enviándolas a prisión por abortar, incluso de forma natural.

La Secretaria de Gobernación dijo que ante la soberanía de los estados no podría garantizar que todos los congresos locales estén de acuerdo, sin embargo, aclaró que el Congreso de la Unión “va en camino de crear un Código Penal único, ahí podrá establecer, entre otras cosas, un tipo penal de feminicidio, porque hoy en día los estados tienen diversos tipos penales de feminicidio por lo cual es sumamente complicado encuadrar la conducta a un tipo penal.  Si se va a avanzar, ahí podrían hacerse modificaciones importantes para homologar y tener tipos penales específicos”, como homologar el feminicidio con un mismo tipo penal y la despenalización del aborto hasta la 12 semana ¿por qué no en este código penal único?”

Mesas de Justicia

En la misma conferencia, Sánchez Cordero anunció que se están instalando “en este momento” una unidad completa de fortalecimiento al sistema de justicia, de procuración y de impartición, adicionalmente a través de convenios al fortalecimiento de fiscalías, a través de los estados y Tribunales estatales, se implementarán mesas de atención en la justicia.

Estas mesas, explicó, será para atender las causas penales que por alguna razón no han sido debidamente atendidas por determinadas procuradurías, como el caso de las madres de Ciudad Juárez y de otras entidades que han esperado justicia por el feminicidio de sus hijas.

Lo inventaron, le dieron vuelo

Al final, López Obrador sostuvo

“Se mantienen los refugios para las mujeres, que nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres, que esto lo inventaron y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones, que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres…”.

Señaló que el DIF transfiere alrededor de 300 millones de pesos para estos refugios, lo que queremos es que el Estado se ocupe de la protección a las mujeres, que haya pues seguimiento y evaluación.

Y volvió a revolver entre los refugios y las estancias infantiles, asegurando que hubo irregularidades, de cada 10, siete tenían irregularidades, “el conservadurismo sigue con lo mismo”.

Cuestionó a la sociedad civil que “en un cuento” señalan que son independientes, dijo.

SEM/lv/sj

Presidente de la CNDH presenta en Ginebra informe de Alianza Global.

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 6 marzo 2019.- No debería existir una sola violencia contra las mujeres, la ley por sí misma no cambia realidades, el reto para contrarrestar la violencia contra las mujeres son las políticas públicas, la voluntad política de los gobiernos y el presupuesto, señaló el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, en Ginebra, Suiza.

Condenó que la violencia contra las mujeres vaya en aumento en los países de América Latina a pesar de los avances en las leyes, por lo que convocó a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), a dar seguimiento puntual del cumplimiento de los mecanismos de defensa de sus países para que se respeten los derechos y la dignidad de la mujer.

Recordó que fue en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1995, cuando se estableció la creación y fortalecimiento de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, como una medida que adoptarían nuestros gobiernos.

En mi país tenemos buenas leyes, hemos adoptado las convenciones internacionales y regionales, pero hoy la violencia sigue subsistiendo contra las mujeres, dijo al participar en la Reunión Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en Ginebra, Suiza.

Como Presidente del Comité de Finanzas, Raúl González Pérez, rindió su informe anual 2018, en el que destacó que la Alianza Global se consolida financieramente al incrementarse las contribuciones de las regiones de África y América, lo cual se observó al elevarse las finanzas de manera muy positiva en comparación con las cuotas recibidas en 2017.

Durante la mencionada Asamblea, González Pérez presidió la reunión de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano y fue reelecto como miembro del Comité de Coordinación de la Red, junto con sus homólogos de Colombia, Chile y El Salvador.

En la actividad denominada Intercambio de Conocimientos. Abordar los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, mediante la aplicación del mandato y las funciones de las INDH que cumplen los Principios de París: Experiencias, lecciones y prácticas de las INDH; la cual estuvo divida en tres sesiones donde se desarrollaron las estrategias de promoción, de protección y la cooperación y cultura organizacional de las INDH, puso el ejemplo de México donde “tenemos buenas leyes, hemos adoptado las convenciones internacionales y regionales, pero hoy la violencia contra las mujeres sigue subsistiendo”.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), acompañado por la Secretaria Ejecutiva de la CNDH, Consuelo Olvera Treviño, participó en la Asamblea General de GANHRI, en donde, se congratuló por el esfuerzo realizado desde la Presidencia de GANHRI y las Coordinaciones Regionales para impulsar el cumplimiento del pago de la membresía, lo que garantizará dar cumplimiento al programa estratégico de trabajo 2019, de dicha Alianza Global.

Se ratificó a los nuevos miembros del Buró, Carlos Alfonso Negrete Mosquera, Defensor del Pueblo de Colombia y Ali Ben Smaikh Al Marri, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Qatar, como Presidente y Secretario, respectivamente, del mencionado organismo internacional a quienes felicitó y les ofreció todo su apoyo.

Previamente, el Presidente de la CNDH de México se reunió con diferentes líderes en materia de defensa de derechos humanos; entre otros, con Amina Bouayach, Presidenta del Consejo Nacional de los Derechos Humanos de Marruecos, con quien intercambió ideas sobre los derechos de las mujeres y de los defensores de derechos humanos.

Bouayach solicitó el apoyo de la CNDH para mejorar su sistema de recepción y procesamiento de quejas. Ambas instituciones convinieron en mantener un intercambio de buenas prácticas sobre este tema y, para que la Comisión Nacional mexicana apoye en la consolidación de un sistema del procesamiento de quejas de la Institución Nacional de los Derechos Humanos de Marruecos.

SEM/em/sj

Cada 160 minutos es privada de la vida una mujer o niña.

Redacción

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 6 marzo 2019.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que México vive una grave crisis de derechos humanos que afecta fundamentalmente a mujeres y niñas, y señaló que, en el caso de los asesinatos de ellas, independientemente del lugar donde se cometió el crimen, “todas ellas las une un factor común: la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para asegurar su integridad y para asegurar sus vidas”.

Junto con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, presentaron esta mañana durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México en el que se dijo que cada 160 minutos es privada de la vida una mujer o niña.

Ante la prensa y observada por López Obrador, la responsable de la política interna del país explicó que en México 66 de cada 100 mujeres han declarado haber sufrido algún tipo de violencia y que cada día nueve mujeres son víctimas de un feminicidio, lo que llevó a contabilizar en 2018 un total de tres mil 580 víctimas.

Dijo que de acuerdo con CEDAW, México no ha tenido avances significativos desde 2012 para contrarrestar la violencia contra las mujeres “por el contrario se ha incrementado en forma dramática”, aunque reconoció los avances jurídicos, como los mecanismos instituciones y una política pública amplia para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, que, sin embargo, “no han tenido su efecto útil”, este plan es solo un primer paso de muchos más.

La titular de la Secretaría de Gobernación recordó que cuando fue designada para estar al frente de la dependencia señaló que sería la primera vez que la política interna “sería vista desde la perspectiva y la mirada de las mujeres y las niñas, porque solo incorporando esta visión entenderemos. Debemos comprender la realidad de las mujeres y niñas para garantizar sus derechos”.

Dijo que el Plan Emergente incluye la participación de los tres órdenes de gobierno y distintas autoridades en diferentes ámbitos, quienes de manera conjunta y coordinada deberemos de actuar de manera inmediata.

La grave crisis de derechos humanos ha afectado en mayor medida a las niñas y mujeres, pues en los últimos años tanto la violencia común como la violencia del crimen organizado se ha ensañada en contra de ellas, así lo demuestra el incremento de los índices de violencia y las 33 solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres, de los cuales en 17 ha sido declarada.

Ello, planteó, nos merece una intervención decidida, no podemos seguir normalizando la violencia contra las mujeres, no podemos aceptar que la cifra de feminicidio infantil haya aumentado, no podemos permitir la violencia feminicida, sexual y doméstica (porque) son contrarias a la pacificación y reconciliación propuesta por el presidente, dijo la Secretaria de Gobernación.

Destacó que México no ha tenido avances en esta materia, ello a partir de las recomendaciones hechas por el comité CEDAW en 2018, que señaló la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir los asesinatos y desapariciones forzadas, abordando sus causas, violencia organizada, tráfico, discriminación, pobreza en que viven las mexicanas.

Rectoría del Estado, plan emergente

Por su parte, la presidenta de INMUJERES presentó las acciones del Plan de Emergencia que se enmarcan en la situación de emergencia que vive el país en materia de seguridad y donde las mujeres y ñas niñas se encuentran en extrema vulnerabilidad, lo que aclaró, “no sustituye las obligaciones legales que tenemos en materia las diferentes dependencias”.

Sus objetivos son: asumir como un problema de Estado la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; y colocar en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad.

El Estado asume como deber jurídico la rectoría de la política pública para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas con la competencia de los tres órdenes de gobierno: federación, entidades federativas y municipios.

Entre las instituciones que participan mencionó el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las diferentes conferencias de seguridad y procuración de justicia; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV); el Sistema Nacional para Prevenir, atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Secretario Ejecutivo, así como INMUJERES, CONAVIM y Consejo Consultivo.

Las acciones se realizarán de forma inmediata, y otras en un plazo de seis meses, señaló Nadine Gasman quien apuntó que hasta el momento estás han sido aisladas y sin coordinación.

En materia de prevención citó: Acciones coordinadas en las zonas prioritarias y a través de las coordinaciones estatales para la construcción de paz para prevenir los feminicidios. Fortalecimiento de la coordinación entre autoridades locales y federales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Registro nacional del sistema de transporte público concesionado. Recuperación de espacios públicos con enfoque de ciudades seguras y espacios libres de violencia. Seguimiento y vigilancia de lugares de hospedaje. • Desarrollo de aplicación para teléfonos móviles con enlace al 911. Campañas permanentes sobre el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.

En Justicia: Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desapariciones, a fin de identificar líneas de investigación y problemas estructurales. Impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas

En atención: Adopción del paquete de servicios esenciales para mujeres víctimas de violencia, que incluye servicio en áreas de protección y seguridad, salud, procuración de justicia y empoderamiento económico, con la idea de solventar sus condiciones de riesgo y vulnerabilidad. Integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente hijas e hijos menores de edad, así como de dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidas.

En relación con las Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Revisión de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres decretadas en el país. Crear un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de la AVGM, de acuerdo con una de las recomendaciones dictadas por el Comité de CEDAW. Integrar un cuerpo técnico que permita realizar investigaciones más eficientes de las solicitudes de AVGM presentadas.

Así como reformas legislativas: Reforma integral en materia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, haciendo énfasis en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y órdenes de protección. Reforma para fortalecer la supervisión de las escuelas y el sector salud en los casos de niñas y niños víctimas de violencia. Reformas para establecer las sanciones a servidoras y servidores públicos que son omisos o negligentes en su actuar en los casos de violencia contra las niñas y mujeres. Adopción del Código Penal Único a fin de homologar los delitos que se cometen en contra de las mujeres y las niñas en el país.

Y finalmente la rendición de cuentas: Informes mensuales sobre avances, retos y obstáculos en la instrumentación del plan emergente.

El país frente a una crisis de derechos humanos.

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 marzo 2019.- Cuando el 50 por ciento de la población está en riesgo, definitivamente tiene que ser tratado como parte de la crisis de derechos humanos, afirmó la directora de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, al señalar que México es el país de Latinoamérica con más feminicidios con una alta tasa de impunidad.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, dijo que nuestro país llega con una enorme tasa de impunidad, en general de todos los delitos, pero el delito de feminicidio de manera especial.

El Estado mexicano tiene un deber indispensable de salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres, por lo que se requiere una política pública clara que aborde los ámbitos sociales, de justicia y de reparación del daño.

Subrayó que los altos índices de impunidad que envuelven a la violencia de género mandan un mensaje de que no hay ninguna consecuencia real para los perpetradores.

Mencionó los datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que indican que el delito de feminicidio aumentó 104 por ciento entre 2015 y 2018, al pasar de 422 a 861 casos, respectivamente.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que, de mil 662 homicidios dolosos de mujeres y niñas reportados por procuradurías y fiscalías del país en 2016, sólo 947 casos fueron consignados. De ellos, sólo el 10 por ciento se logró la consignación y detención del presunto homicida.

Llegamos con una deuda de justicia para las mujeres, dijo Tania Reneaum, por lo que consideró que es indispensable entender que, con la impunidad, con la invisibilidad de las violencias en contra de las mujeres, las mujeres no van a estar a salvo en un país sumamente violento para ellas.

SEM/em/sj

El mural busca plasmar historias de diversas mujeres de la región.

Redacción

María Degollado

SemMéxico, Cd. de México, 6 marzo 2019.- Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y en el marco de la campaña He for She, se inauguró un mural relativo a las mujeres luchadoras en la Central de Abasto de la Ciudad de México.

En una actividad organizada por ONU Mujeres México, Central de Muros y el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, se presentó el avance de este mural realizado por el artista urbano Said Dokins, y que estará listo el próximo 8 de marzo. 

Este mural denominado “Mujeres luchadoras de América” busca plasmar historias de diversas mujeres de la región que han realizado contribuciones en la defensa de los derechos humanos de este sector que representa a más de la mitad de la población en el mundo.

Asimismo, el artista realizó diversas entrevistas con mujeres que trabajan en esta Central de Abasto, que es la más grande de América Latina, porque “ellas son luchadoras de la vida cotidiana” y quiere que sus historias queden reflejadas en este mural. 

Este mural forma parte de las acciones de la campaña de ONU Mujeres He For She.  Esta campaña se lanzó el 20 de septiembre de 2014 con el objetivo de sumar acciones individuales y colectivas para alcanzar la igualdad de género, así como para eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y las niñas.

En México, 57 instituciones se han adherido a la campaña HeForShe en la que se busca hacer conciencia de que la igualdad de género libera no sólo a las mujeres, sino también a los hombres, de los roles sociales preestablecidos y de los estereotipos de género.

SEM/md/sj

Los refugios son evaluados de acuerdo a la calidad de su funcionamiento, aquellos que funcionaban mal, les retiran el subsidio.

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero. 5 de marzo de 2019.- El refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema del Estado de Guerrero, no será cerrado, cuenta con financiamiento estatal, informó Mayra Martínez Pineda, titular de la Secretaría de la Mujer, dependencia que concursará por recursos federales.

Ante el anuncio de parte del presidente de la República,  de retirar el subsidio federal para el funcionamiento de refugios para mujeres víctimas de violencia  en el país, y de que éste llegará de manera directa a las afectadas, la funcionaria estatal dijo que en el caso de Guerrero, el refugio que aquí funciona, no cerrará, pues no solo opera con recursos federales, sino también con contribución estatal.

Los refugios son evaluados de acuerdo a la calidad de su funcionamiento, aquellos que funcionaban mal, les retiran el subsidio. En el caso de Guerrero,  luego de las denuncias de violencia institucional por parte de la directora hacia algunas usuarias, provocó su reestructuración, mejoramiento en la infraestructura y por supuesto, de la destitución de la entonces titular, por lo que el centro está listo para recibir a las mujeres que lo necesitendijo Martínez Pineda.

La Secretaría de Salud emitió una convocatoria igual a la del año pasado, para subsidiar los refugios en el país, posteriormente anunció que se suspendía, pero volvió a abrir en el portal, por lo que la Semujer se encuentra en la integración de la documentación para concursar por los fondos públicos, y confía en obtenerlos.

Los refugios deberían ser operados por la federación.

Viridiana Gutiérrez Sotelo, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, subrayó la importancia del funcionamiento de los refugios para la atención de mujeres sus hijos e hijas que tienen riesgo de su vida.


Desde su punto de vista, consideró necesario que sea la federación la que opere los refugios y se eviten situaciones de violencia institucional como la que se dio en el de Guerrero,  “creemos que está bien que la federación tome el refugio que eso mejores, que capacite, contrate a personal sin distinción partidista, profesional, capaz de dar respuesta a la problemática de las violencias que se vive en Guerrero”.

Los 62 homicidios dolosos de mujeres que hasta el momento se han registrado en la entidad en lo que va de este 2019, son un indicador de la violencia feminicida que se ha enseñoreado en la entidad, de la cual no se hace cargo el Estado ni los municipios, denunció la activista.