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Cada 24 horas se denuncian en promedio cerca de 99 delitos sexuales.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd. de México. 20 de marzo de 2019.- El Código Penal Federal es muy claro sobre cuándo un homicidio debe investigarse como feminicidio, el problema es la incapacidad de las autoridades, la negligencia o que simplemente alguien quiere cubrir las cifras y eso ya no lo podemos permitir, señaló la senadora Verónica Delgadillo de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, por lo que presentó la iniciativa para que todos los casos de homicidio donde la víctima sea una mujer, salvo prueba contraria, sean investigados como feminicidios”.

Iniciativa que presentó al Pleno de la Cámara de Senadores a la que se adhirieron todos los grupos parlamentarios y fue turnada a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.

La senadora Delgadillo fue muy explícita al señalar la violencia a la que están expuestas las mujeres precisó: “En México un chofer de una combi podría violarte, asesinarte y después tirarte semidesnuda en un baldío lejos del lugar donde tomaste la combi y las autoridades podrían pensar que no fue un feminicidio”.

“También un hombre podría apuñalarte, podría golpearte con un ladrillo la cara hasta la muerte y esa persona podría decirles a las autoridades que te asaltaron y le creerían. Imagínense nada más la gravedad de la realidad que vivimos”.

Nuestro país, dijo, se encuentra dentro de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios en todo el mundo, a pesar de que no todos son considerados como tal y en donde la mayoría de los homicidios de mujeres quedan en la impunidad.

Los casos de violencia de género en contra de las mujeres se repiten diariamente en todo el territorio mexicano, datos revelados por la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que cada 24 horas se denuncian en promedio cerca de 99 delitos sexuales, de las 36 mil 160 denuncias al año.

De estas 15 mil 772 son de abuso sexual; mil 619 por motivo de acoso; mil 047 de hostigamiento; 10 mil 582 de violación simple; 2 mil 731 violación equiparada; 35 de incesto; y 4 mil 374 en otros delitos contra la libertad y la seguridad sexual. 

Agregó la senadora que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que tan solo en el primer mes de 2018 se registraron 272 homicidios de mujeres; es decir en promedio nueve al día.

Ante esta situación destacó la importancia de la iniciativa, pues en la mayoría de los casos de delitos sexuales, las mujeres corren el riesgo latente de ser asesinadas y que no se contemple como feminicidio, por lo que la persona que comete el crimen queda impune y la violencia que viven las mujeres se minimiza y queda oculta.

La senadora Verónica Delgadillo señaló en tribuna que tenemos una responsabilidad histórica por lo que no podemos defraudar a los millones de mujeres que todos los días salen a la calle, a sus trabajos conscientes de que podrían no volver a casa.

No podemos defraudar a los millones de mujeres que luchan contra la adversidad y la violencia todos los días, no podemos defraudar a las mujeres que día tras día alzan la voz por ellas y por las que fueron silenciadas. No podemos dejar que se cometan más feminicidios y que no se cuenten como tal. Esta lucha, no es por mí, no es por unas cuantas, es por todas”. 

Entre las premiadas destaca la feminista y académica Erika Lilí Díaz Cruz.

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 20 marzo 2019.-  La diputada local Elim Antonio Aquino entregó a mujeres que destacan por sus aportes a la investigación, el arte, la cultura y el periodismo, la medalla “Juana Catalina Romero”, una presea en honor a la empresaria, política y diplomática istmeña del siglo XIX.

Durante el acto protocolario realizado en la Sala Audiovisual del Congreso del Estado de Oaxaca, la legisladora local precisó que la figura de Catalina Romero, conocida como Juana Cata, siempre ha sido vinculada a la vida del expresidente oaxaqueño Porfirio Díaz, señala un comunicado de prensa.

Sin embargo, pasó a la historia por su incesante trabajo realizado en el Istmo de Tehuantepec, representando un ejemplo para mujeres y hombres por lo que aseguró buscar institucionalizar este reconocimiento.

 “Mi compromiso es impulsar que desde ahora el Congreso del Estado de manera institucional inicie el camino para que se otorgue por esta y posteriores legislaturas, el reconocimiento a mujeres oaxaqueñas en los ámbitos de mujer emprendedora, mujer en la ciencia y o cultura”, entre otros rubros.

Manifestó que ya hay un proyecto para institucionalizar el evento, el cual deberá ser analizado y aprobado por el pleno legislativo.

A este acto acudió la escritora Julia Astrid Suarez, quien autora del libro “Juana C. Romero, una mujer extraordinaria en la historia de México”, reconoció el esfuerzo del Poder Legislativo por impulsar estas acciones que sirven para visibilizar el trabajo del sector femenino.

Las galardonadas fueron Isabel del Rocío Reyes Méndez, estudiante del Centro de Atención Múltiple, destacada por su trabajo en las artes plásticas; Eva Ramón Gallegos, profesora e investigadora quien junto a un grupo de especialistas logró erradicar el virus del Papiloma humano en 29 pacientes.

De igual forma Erika Lilí Díaz Cruz por su trabajo para visibilizar la violencia de género en comunidades indígenas; Nidya Delhi Mata Sánchez, quien ha destacado en el ámbito académico y de la investigación; y Araceli Huerta Córdova diseñadora de arte textil oaxaqueño.

Por su parte la comunicadora Sofía Valdivia recibió un merecido reconocimiento por parte de la organizadora, por su participación en esta actividad.

En este acto estuvieron presentes, el presidente de la Mesa Directiva el diputado César Enrique Morales Niño; Laura Estrada Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política y la legisladora, Aleida Tonelly Serrano Rosado.

SEM/sj

Guerrero se ubica entre el cuarto y quinto lugar de denuncias a nivel nacional en este tipo de violencia.

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico.Chilpancingo, Guerrero.  19 de marzo de 2019.-  El Congreso local, entrará en la tipificación de la violencia digital en el Estado de Guerrero. Diputadas de Morena, presentarán este jueves, la segunda iniciativa para reformar el código penal y tipificar esta práctica como delito; prevén un paquete de tres propuestas en el tema. Guerrero se ubica entre el cuarto y quinto lugar de denuncias a nivel nacional en este tipo de violencia. En la entidad hay alrededor de 97 mercados de explotación digital, donde comercializan videos en 5, 10 hasta 500 pesos. 

Este jueves, las diputadas de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, Saida Reyes Iruegas, Erika Valencia  y Mariana Itallitzin García Guillén, junto con Olimpia Coral Melo, impulsora de la denominada #leyolimpia, aprobada en los estados de Puebla, Chiapas y Zacatecas, así como Yolitzin Jaimes Rendón y Yelitza Ruiz, de la organización de Las Revueltas, dieron a conocer del impulso de un paquete de propuestas para combatir la violencia digital.
Olimpia Coral Melo Cruz, dijo que con Guerrero, suman 12 estados en los que ha presentado esta iniciativa de reforma, de los cuales, en tres ha sido aprobada, se trata indicó, de un proyecto hecho desde la sociedad civil, iniciado desde el 2014, pero es hasta el 2018, que se hace viable, en apoyo de las y los diputados que en los congresos locales les han abierto la puerta.
La violencia digital dijo, no abarca solo la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o sexting –que definió como un derecho sexual-, y en el país, no hay una sola victima por esta práctica, “hay víctimas de violencia sexual en internet, o difusión de contenido intimo sin consentimiento”, reafirmó.
Desde el Frente Nacional para la Sororidad, colectiva conformada por más de 30 organizaciones, han identificado distintas modalidades de violencia digital, el ciber acoso relacionado con la sextorsión, amenazas y ciber persecución que afecta principalmente a periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, y la violencia política perpetuada a través de los espacios digitales; que implica también la trata virtual.
En el estado de Guerrero, han detectado, no solo intercambio de contenido, sino la toma de videos por debajo de la falda de cientos de niñas de primaria, secundaria y bachillerato, que son comercializados entre 5, 10 y hasta 500 pesos en tres principales mercados de explotación digital, en los que al poner la palabra ‘Guerrero’, aparecen por lo menos “8 mil videos de mujeres que ni siquiera saben que están siendo expuestas”, apuntó Melo Cruz.
Y no se trata de mujeres que intercambiaron material íntimo con sus parejas “son mujeres que caminan en la calle, que esperan un camión y que son grabadas en sus glúteos, mujeres que amamantan a sus hijos y son grabadas en sus pechos, y son distribuidas en internet, son mujeres que salen de las escuelas y les meten los celulares por debajo de la falda, o que asisten a un restaurant y le meten el celular por debajo de la mesa, son mujeres que caminamos, que salimos a la calle a trabajar y que somos video grabadas, fotografiadas y después el comercio sexual y la trata virtual, también cuando roban nuestras fotografías de redes sociales como Facebook, Instagram, y las suben a mercados de explotación sexual” abundó la promotora.
Prevalece subrayó la activista, un gran analfabetismo digital, y el problema indicó, no es la tipificación del sexting, de la que en Guerrero se tiene una reforma mal orientada.
Ya hubo una primera propuesta de reforma presentada en días pasados por la diputada Celeste Mora Eguiluz, enfocada a combatir y tipificar como delito a quien difunda sin consentimiento contenido íntimo ;  la segunda está dirigida a tipificar el ciber acoso, y posteriormente la tercera, que sea incluido y reconocido en la Ley a una vida libre de violencia.  De ser aprobado este paquete, Guerrero, se convertiría en el cuarto Estado a nivel nacional en tener una legislación integral, recalcó Melo Cruz.
“Mientras no esté reconocida como modalidad, las instituciones no pueden prevenir, invertir capacitarse, erradicar, inhibir esta violencia”, y no solo van hacia unas reformas, sino acabar con el problema de raíz, subrayó Melo Cruz, quien mencionó que prevén una jornada extensiva de educación digital en las calles  y escuelas, para prevenir esta violencia, inhibir esta práctica y socializar la afectación que causa la violencia digital, con lo que esperan ponerse a la vanguardia de derechos de cuarta generación desde las sobrevivientes de este tipo de violencia.
Agregó que través del sitio defensorasdigitales.org, han detectado que Guerrero se ubica entre el cuarto y quinto lugar de denuncias a nivel nacional en este tipo de violencia. En la entidad hay alrededor de 97 mercados de explotación digital. Pidió no compartir fotos de cuerpos de mujeres porque se trata dijo, de una revictimización y complicidad de la violencia digital; más de 8 mil videos de mujeres que no dieron su consentimiento para su publicación.
A través de la organización de Las Revueltas, cuentan con 56 casos documentados de violencia digital “pero hay muchos más, que no sabemos; porque las mujeres  no denuncian por el miedo de seguir siendo exhibidas en internet, nuestros cuerpos no son para diversión en redes sociales y queremos estar seguras también en los espacios digitales”, añadió.
Esta propuesta contempla la pena de hasta 13 años de cárcel para quien difunda contenido íntimo sin autorización, con agravantes, establece perseguir por querella en caso de denuncia, pero también por oficio cuando se trate de menores de edad, y grupos vulnerables. El 86 por ciento de las víctimas de esta práctica, son mujeres y niñas.
Yolitzin Jaimes Rendón, integrante de la organización Las Revueltas, señaló que en aras de visibilización y sensibilizar del tema, han tocado puertas de distintas instancias como la Secretaría de la Mujer (Semujer), y lamentablemente no ha habido seguimiento; y ante el desconocimiento del tema, tampoco hay actuación “en Guerrero hay mujeres que son víctimas de extorsión, son amenazadas con quitarles la vida si no comparten un video, y genera otro problema; el desplazamiento, son mujeres que tiene que emigrar de su lugar de origen por el vitupendio y la exhibición de sus cuerpos en las redes sociales, y tienen que cambiar toda su vida”.
Y esto agregó, es cuestión de género, no es lo mismo que exhiban a una mujer que a un hombre en las redes sociales, y es resultado de la construcción de la sexualidad femenina a partir de parámetros masculinos; y sería histórico que todas las bancadas respalden esta propuesta “lo que a nosotras nos interesa son las víctimas”, destacó.
Mariana Itallitzin García Guillen, dio a conocer que la segunda propuesta sería presentada este jueves y la tercera la siguiente semana, adelantó que la bancada de Morena las respaldará e impulsará.

Omisión del gobierno pone en riesgo el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil

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• La acreditación individual por organización y la publicación del directorio en el DOF se realizaba a más tardar en febrero del año en curso.

• Organizaciones de la Sociedad Civil que se financian con fondos privados no han podido recibir donativos en lo que va del año por el retraso de la publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas 2019.

Redacción

Claudia Ramos y Yuriria Ávila

SemMéxico/Animal Político. 19 de marzo 2019.- La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no transferir recursos a ninguna organización de la sociedad civil ha transcendido el Presupuesto Federal. Ahora OSC corren el riesgo de quedarse sin financiamiento privado, ante el retraso de la acreditación y de la publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas para este año, en el Diario Oficial de la Federación.

Desde el 2005, fecha en que la Administración Pública Federal empezó a entregar recursos públicos a asociaciones civiles, la acreditación individual por organización y la publicación del directorio en el DOF se realizaba a más tardar en febrero del año en curso. Esto no ha sucedido en lo que va del 2019, lo que ha provocado que organizaciones que dependen de fondos privados para subsistir no estén recibiendo de momento dicho financiamiento.

Es el caso de la Fundación Reintegra, organización de la sociedad civil con 35 años de existencia que trabaja con programas de prevención del delito, para reintegrar a la sociedad a quienes experimentan conflictos penales, particularmente jóvenes de escasos recursos económicos.

La fundación recibe un financiamiento anual promedio de 13 millones de pesos provenientes de donaciones privadas, las cuales se encuentran en riesgo. De hecho le quedan fondos para realizar su trabajo por un máximo de tres quincenas más, de acuerdo con los cálculos de su directora, Jimena Cándano.

“Por lo general se publica en el Diario Oficial de la Federación en enero, máximo febrero. Pero ya estamos a mediados de marzo. No se ha publicado y las únicas respuestas del SAT son ‘estén pendientes, ya la publicaremos’. Pero mientras tanto nuestros donadores, sobre todo empresas y fundaciones donatarias, no nos quieren donar hasta que no tengamos la autorización”.

El SAT informó a Fundación Reintegra que podían utilizar la autorización de 2018, pero los donantes no se quieren arriesgar puesto que la Miscelánea Fiscal establece que la vigencia es sólo por ese año, además de que temen que la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos sea revocada en 2019 no sólo para Reintegra, sino para todas las organizaciones.

“La vigencia de la autorización para recibir donativos deducibles es de un año y el SAT nos contestó que utilicemos la del 2018 que sigue vigente, pero eso no es así porque la Miscelánea dice un año y esa autorización no nos la toma ninguna fundación de segundo piso, ni ningún donatario, porque no tenemos cómo acreditar nuestro carácter de donataria. Todo mundo tiene bastante recelo de dar la aportación porque no saben si al final la respuesta va a ser que ya no van a autorizar a nadie, y nadie va a poder deducir, que es uno de los rumores que corren.

“Y están esperando porque cuentan por ahí que van a querer presentar una iniciativa de ley para quitar la deducibilidad, pero mientras tanto nosotros no vamos a aguantar tres quincenas más para pagarle al equipo sin que nos dejen por lo menos recibir donativos. No nos están negando la autorización, sino que el gobierno está siendo omiso”, explica Cándano.

Todos los años, en el Anexo 14 de la Miscelánea Fiscal el gobierno federal publica la lista de las organizaciones autorizadas para recibir donativos y dar recibos de deducibilidad. Personas físicas y morales tienen un tope de hasta el 7 % de lo que pagan de impuestos para deducirlo vía estos donativos. En el caso de Fundación Reintegra, este esquema les ha permitido financiar los tres programas con los que atienden actualmente a 5 mil niñas, niños, jóvenes, sus familias y sus maestros, a los que dan asistencia y defensa jurídica mientras los adolescentes siguen su proceso en libertad, con el objetivo de promover su reinserción en la comunidad.

“El trabajo que hacemos no es de esos que la gente se desborda por donarte; muchos lo que te dicen es ‘yo para qué quiero apoyar a un delincuente’. Entonces no tenemos una bolsa ahorrada para mantenernos y somos un equipo muy grande para hacer todo nuestro trabajo. Este mismo problema lo tiene Jóvenes Constructores de la Comunidad y todos los que trabajamos en la red. Todos estamos igual porque al ser omiso el gobierno, los particulares dicen ‘en donde te la quiten porque te quejaste por la Guardia Nacional o lo que sea, yo ya me atoré y si ya te di el dinero ya no lo voy a poder deducir’.

“El no publicar las OSC que tenemos deducibilidad impide que empresarios, personas físicas, fundaciones de segundo piso nos donen dinero, que es de lo que en realidad sobrevivimos, porque a nosotros el gobierno no nos da dinero”, advirtió la directora de Reintegra.

La Fundación atiende hoy al 60 % de los jóvenes que cometieron algún delito en la Ciudad de México, y ya recibieron solicitudes del Poder Judicial y del gobierno capitalino de atender más, lo que complica más su situación económica.

“Poder Judicial y gobierno de la Ciudad de México nos pidieron que atendamos a más porque ellos corrieron a todos sus psicólogos y cerraron el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones (IAPA), entonces además le estamos haciendo al Poder Judicial todos sus perfiles psicosociales y adictológicos, y no tengo con qué pagarle a mi equipo”, expresó. “Literal ahorita atendemos más jóvenes nosotros que el gobierno de la Ciudad de México y con una tasa de éxito del 96 % en la reinserción de adolescentes”.

Una de las posibles explicaciones para la demora en la publicación del Directorio de Donatarias Autorizadas 2019 en el DOF es un cambio que se pidió el año pasado, todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para que las OSC modificaran sus estatutos e incluyeran la obligatoriedad de donar sus activos a otra OSC, en caso de disolver la organización.

Sin embargo, la falta de información oficial ya llevó a Fundación Reintegra y otras organizaciones a presentar solicitudes de información vía transparencia, y preparar la posibilidad de solicitar un amparo.

Les decimos que son “buena gente” pero les hablamos poco de sus derechos

Josefina Aguilar Pastor,

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 18 febrero 2019.- El diputado local Zeferino Gómez Valdovinos de Morena dio la nota, al expresar que “la mujer”…”va a dejar de ser el género débil”.

Así lo dijo durante la apertura del foro “Mujer Guerrerense: Alianzas y Retos”, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Estado, en la que también pidió un voto de confianza para la Cuarta Transformación, que será “toda una realidad”.

Para ello pidió la participación de la sociedad civil “y del género de la mujer, ya va a dejar de ser el género débil, la equidad de género será un hecho real no nada más discurso”.

A su vez, el diputado Antonio Helguera Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que un encuentro como este no solo es importante por la coyuntura de violencia y desigualdad que enfrentan en este momento los mujeres, sino que se hace necesario para el avance de un marco jurídico que ofrezca seguridad y certeza a todas y todos.

Además de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, generar condiciones de igualdad, y acceder a una estricta procuración e impartición de justicia.

Integrar la “agenda legislativa de género” es una necesidad urgente para la 62 legislatura local, para avanzar en la construcción de un nuevo régimen en el país y hacer un cambio radical en el modelo de desarrollo de la entidad, donde los derechos humanos de las mujeres sean una realidad, y se puedan construir una sociedad equitativa, incluyente, democrática y justa.

Helguera Jiménez reconoció que la agenda no puede surgir desde un escritorio, debe integrarse con la participación activa de todos y todas, y de ahí los distintos grupos parlamentarios, puedan decidir en base a las demanda y planteamientos hechos desde la sociedad, y es necesaria para superar la crisis humanitaria que en Guerrero enfrentan las mujeres.

Todas las mujeres son iguales

Verónica Muñoz Parra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidenta de la mesa directiva del Poder Legislativo local, coincidió en la  importancia de este tipo de encuentros para formar una agenda legislativa que sea de alianzas y retos.

Comentó que “todas las mujeres son iguales y lo que debe distinguirlas, es luchar por las causas de justicia e igualdad”.

Existe la costumbre de escuchar hacer comentarios de que las mujeres son “buena gente, trabajadoras, responsables, solidarias, leales, pero pocas veces les dicen que tiene derechos que se ha ganado “a pulso””.

Yoloczin Domínguez Serna, de Morena, dijo que la agenda de género debe reflejar los derechos de las mujeres.

Perla Xóchitl García Silva, también representante de Morena, se dijo orgullosa de las activistas, que han permanecido en la lucha social a costa incluso de su propia vida, ofreció su alianza durante el presente sexenio, “y para adelante si ustedes así lo requieren”, terminó.

Norma Otilia Hernández Martínez (Morena), vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, hizo un reconocimiento al trabajo que por años han realizado las mujeres desde la sociedad, sin las cuales destacó “no estaríamos hablando en este Congreso de paridad de género”, esto les deja como representantes populares una tarea doble debido a que son producto de esa lucha por la igualdad de género.

Es urgente establecer un marco jurídico que garantice el pleno respeto de los derechos de las mujeres, “hoy la lucha de las mujeres ya no puede estar en tribunales, siempre luchando a través de las instancias, hoy debe estar en la legislación que permita garantizar los derechos políticos de las mujeres”, expuso Hernández Martínez.

SEM/jap/sj

Detienen a los asesinos de Marielle Franco y todo conduce a Bolsonaro

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• Uno de ellos vivía en el mismo edificio de Jair Bolsonaro.

Detuvieron a dos policías acusados de ser los ejecutores del asesinato de Marielle Franco.

Redacción

SemMéxico/Periódico Digital Pausa. 18 de marzo 2019.- A 24 horas de que se cumpla el primer aniversario del crimen de la militante y concejala carioca, agentes de la División de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro, detuvieron al sargento de la Policía Militar (PM) Roni Lessa, acusado de ser el autor de los disparos, y a Elcio Vieira de Queiroz, que había sido expulsado de la PM, sospechoso de conducir el auto desde el cual fueron acribillados Marielle y su chofer, Anderson Gomes.

Según relata el periodista Bruno Bimbi, corresponsal de TN en Brasil, “el primero había publicado en su perfil de Facebook una foto suya al lado del presidente Jair Bolsonaro. Al segundo, lo detuvieron en el condominio de lujo donde vive, en la avenida Lúcio Costa, de la Barra da Tijuca, casualmente el mismo donde residió hasta asumir la presidencia –oh, de nuevo– el presidente Jair Bolsonaro. Y esas son apenas dos de las muchas “coincidencias” que forman el rompecabezas del crimen: todas las pistas llevan a la familia presidencial. Una más: en la conferencia de prensa posterior a las detenciones, el comisario Giniton Lages confirmó al pasar que el hijo menor de Bolsonaro, Jair Renán, de 29 años, fue novio de la hija de Lessa, el asesino”.

Durante el operativo se realizaron allanamientos a otros 34 inmuebles citados en la investigación judicial. En una de las propiedades, de un amigo de Lessa, fueron secuestradas armas desmontables, fusiles y municiones. En otros allanamientos, la policía se llevó armas, documentos, notebooks y celulares.

Según relata el corresponsal de TeleSur en Brasil, Ignacio Lemus, “en el allanamiento del domicilio del amigo del policía militar Ronnie Lessa, detenido por supuesto asesinato de Marielle Franco, fue encontrado el mayor arsenal de armas de la historia de Río. Entre ellas, un fusil M27 de los Fusileros Navales de EEUU”.

En el operativo por el crimen contra Marielle Franco fueron incautados 117 fusiles en la residencia del amigo de uno de los detenidos. La mayor aprehensión de armas de la historia de Rio no fue en una favela y los «bandidos» eran los propios vecinos del presidente.

De acuerdo con la denuncia de las fiscales Simone Sibilio y Leticia Emile, del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado, el asesinato de Marielle fue planeado hasta cada detalle durante tres meses y fue motivado por la actuación política de la concejal, que enfrentaba a las mafias policiales y denunciaba violaciones a los derechos humanos en las favelas. La policía comprobó, analizando sus archivos en la nube, que Ronnie hizo búsquedas en internet sobre los lugares frecuentados por la concejal y también por el diputado Marcelo Freixo, con quien ella había trabajado durante años antes de ser candidata. De acuerdo con los investigadores, la autoría material del crimen está esclarecida, pero aún no hay pruebas de quién la mandó a matar y por qué.

Lo que se sabe hasta ahora es que los autores materiales del homicidio, detenidos ayer, formaban parte de la Oficina del Crimen, un grupo de sicarios vinculado a una milicia del barrio Rio das Pedras, de la zona oeste de Río, el mismo donde viven el chófer y testaferro de Flavio Bolsonaro, Fabricio de Queiroz, y otros asesores del hijo del presidente.

El grupo de sicarios era comandado por el capitán Adriano Magalhães de Nóbrega, alias “Gordinho”, prófugo desde enero. Otro de los jefes de la banda sería el mayor de la Policía Militar Ronald Paulo Alves Pereira, alias “Tortuga”, detenido en enero y acusado por otros crímenes.

Raimunda Veras Magalhães, madre del prófugo, fue hasta noviembre del año pasado asesora del hijo de Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde el joven senador era diputado provincial. Raimunda había sido una de las asesoras que, cada mes, depositaba parte de su sueldo en la cuenta bancaria del chofer Fabricio de Queiroz, investigado por movimientos bancarios compatibles con maniobras de lavado de dinero por más de 7 millones de reales y por un depósito sospechoso de 24 mil reales en la cuenta de la primera dama, Michelle Bolsonaro. La madre del jefe miliciano ganaba R$ 5.124,62 reales –el mismo sueldo de Danielle Mendonça de Nóbrega, esposa del prófugo y también asesora de Bolsonaro Jr.– y llegó a depositar R$ 4.600 en la cuenta del chófer y testaferro Queiroz, quien ya confesó ante la fiscalía que el dinero era para la campaña del hijo del presidente, aunque aseguró que Flávio desconocía el origen ilegal del dinero.

En enero la Policía Federal ordenó la detención de Magalhães de Nóbrega, jefe de la banda parapolicial investigada por el asesinato de Marielle. El capitán, conocido como “O gordinho”, estaba prófugo por otro crimen y había sido homenajeado por Flavio Bolsonaro, hijo del presidente.

El hijo de Bolsonaro tenía como asesora a la madre y como funcionaria a la esposa del capitán prófugo de la policía y supuesto jefe de la banda que organizó el crimen contra Marielle. Además, su asesor denunciado por corrupción, era amigo del prófugo. pic.twitter.com/aQDNx2U7i7

Marielle, antes de ser concejala, fue asesora del entonces diputado provincial Marcelo Freixo, que lideró una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las milicias en 2008, por la que fueron presos cientos de milicianos, inclusive políticos y jefes policiales. Marielle fue secretaria de la comisión y recibía las denuncias. Tanto el presidente como sus hijos han sido durante años defensores de las milicias. Durante los trabajos de la CPI, el diputado Flavio Bolsonaro dijo que las milicias llevaban “felicidad” a los territorios que controlan. En agosto de 2011, la jueza Patricia Acioli, que investigaba la acción de las milicias en la ciudad de São Gonçalo, fue asesinada con 21 tiros por once policías vinculados a la milicia, que fueron condenados.

“Nadie sabía quién era Marielle antes de que la mataran” dijo Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente. Porque además de fascistas y asesinos, son perversamente jodidos.

Uno de los condenados por el asesinato de la jueza –a 36 años de prisión– fue el teniente coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, excomandante de la 9º BPM, del barrio Rocha Miranda, la misma donde trabajaba Lessa, el vecino de Bolsonaro preso hoy por el asesinato de Marielle. El círculo se cierra cada vez más. Cada pieza del rompecabezas del asesinato de Marielle lleva a una nueva pista de la relación de la familia presidencial con las milicias –contratos, manejo de dinero, cuentas bancarias, fotos, relaciones políticas, fiestas de cumpleaños– y, en particular, con los asesinos.

Como ocurre desde el día del crimen, casi un año atrás, el presidente –entonces el único candidato presidencial que no repudió esa muerte– sigue en silencio.

Secretaría de Salud da postura sobre interrupción legal del embarazo

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• Promover claramente las condiciones de manejo de una decisión libre de la mujer

Jorge Alcocer dijo estar a favor del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Redacción

 Rubén Rojas

SemMéxico/UNOTv.com. Cd. de México. 18 de Marzo 2019.- El secretario de Salud del Gobierno federal, Jorge Alcocer, señaló que las mujeres deberían tener el libre derecho de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas.

La posición médica es proveer claramente las condiciones de manejo de una decisión libre de la mujer, libre como el derecho para interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas”, afirmó Jorge Alcocer.

Además, señalo que si es en un lugar certificado y seguro, no pondría en peligro la vida las mujeres

Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, el funcionario federal indicó que no sólo es el tema de la mortalidad que dejan los abortos clandestinos sino las complicaciones de salud asociadas a quienes logran salvar la vida.

Si no mueren ahí, un legrado mal realizado en dos de cada tres mujeres da lugar a infertilidad posterior”, el secretario de Salud.

Por su parte, el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, advirtió de la problemática que se presenta en los embarazos infantiles, los cuáles, dijo, son una tragedia que es responsabilidad de las instituciones de salud corregir.

Entiendo el sentido profundo del debate, entiendo que hay doctores que pueden desde su conciencia tener un pensamiento claro en esa materia, el IMSS no resuelve entuertos celestiales ni espirituales; el IMSS debe resolver entuertos terrenales y el embarazo infantil es una tragedia que la institución debe resolver”, director General de IMSS.

Exigen cese a la represión en Nicaragua y liberación de todas las presas políticas

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• Detuvieron a más de 100 personas.

• Feministas de toda la región reclaman al gobierno de Nicaragua cese a la represión y liberación absoluta de todas las defensoras de derechos humanos y activistas.

Redacción

SemMéxico/RSMLAC. 18 de marzo 2019.-  Organizaciones feministas de América Latina y del Caribe e integrantes de la Campaña por la Libertad de las Presas Políticas de Nicaragua #QueLasLiberen se solidarizaron con defensoras de derechos humanos, activistas y manifestantes que fueron reprimidas por el Gobierno de Nicaragua la tarde de este sábado.

Por lo que condenaron enérgicamente la represión por policías y paramilitares que generó la detención de más de 100 personas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, activistas y militantes en la ciudad de Managua, y quienes en ese momento ejercían su derecho a manifestarse por la libertad de las y los presos políticos de Nicaragua, lo anterior sucedió tras la convocatoria que realizó la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para este sábado 16 de marzo de 2019 a las 2 de la tarde.  De la misma forma también fueron detenidos y agredidos periodistas, que fueron sujetos/as a golpes y la incautación de sus equipos.

En un comunicado, las firmantes señalan que si bien celebran la liberación de las personas detenidas este sábado, manifiestan su indignación ante estos hechos en donde compañeras defensoras integrantes del movimiento feminista y lideresas del movimiento de oposición al gobierno fueron víctimas de la violación de sus derechos. Entre quienes se encuentran:  Azahalea Solís y Sandra Ramos, integrantes de la Alianza Cívica y de la mesa de diálogo, así como Sofía Montenegro, Mónica Baltodano, Ana Margarita Vigil, Sofana Arce, Amelia Martínez Cole, Ana Lucía Álvarez, Angélica Juárez, Berenice Quezada, Carolina Gil Baca, Elena Hendricks (USA, Elizabeth Díaz (USA), Eyeling Joyce Aguilar Collado, Flor Martínez de Abarca, Guirlanda Suárez, Imelda de Jesús Corea, Inelia Gutiérrez, Jessica López, Julieta Martínez, Karen Celeberti, Karla Esquivel Sandino, Kathy Sevilla, Leila García, Lidia Paguaga Figueroa, Liliam Urtecho, María José Castillo, María Teresa Peralta, María Aguirre, Marta Chamorro, Mildred Rayo, Petrona Isabel Escalante Ayestas, Rosalinda López Miranda, Verónica Corea de Urtecho, Virginia Amador, Yolaina Díaz, Yolaina Vargas Pritchard (Británica).

Asimismo expresaron que ésta nueva represión se da en el marco de la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, y es muestra de la falta de voluntad política del régimen de Ortega de llegar a una solución pacífica y democrática.

También expresan en el documento que se ha denunciado cómo el régimen autoritario y patriarcal de Ortega Murillo desde el inicio de la crisis políticas y de derechos humanos de abril de 2018, ha dirigido ataques específicos a las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, las cuales han sido víctimas de criminalización, represión, detención arbitraria, torturas, incluyendo la tortura sexual, y diversos actos de hostigamiento y amedrentamiento, en contra de ellas, sus organizaciones y sus familias. Además, expresan, que se ha denunciado cómo la situación de represión y de detención arbitraria afecta específicamente a las mujeres en razón del género.

Las demandas que exigen que cumpla el gobierno de Daniel Ortega son las siguientes: (1) Inmediata libertad a todas las presas políticas de Nicaragua; (2) Libertad absoluta a todas las excarceladas; (3) Cese de la represión y persecución contra todas las activistas y defensoras; (4) Cese de toda violación de derechos humanos en Nicaragua y; (5) Respeto irrestricto del derecho a la protesta y al derecho a defender derechos por parte del Gobierno de Nicaragua.

Las Organizaciones firmantes se enumeran a continuación:

-Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB, Brasil

-Articulación Feminista de Nicaragua, Nicaragua

-Articulación Feminista Marcosur (AFM), Regional

-Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

-Colectiva Feminista para el desarrollo local, El Salvador

-Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Regional

-Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Nicaragua)

-Cotidiano Mujer, Uruguay

-Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Regional

-Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua

-Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Regional

-JASS Mesoamérica (Asociadas por lo Justo)

-Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (INDefensoras), Nicaragua

-Instituto de Liderazgo de las Segovias, Nicaragua

-Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

-Movimiento de Mujeres de Puerto Rico, Puerto Rico

-Movimiento de Mujeres Segovianas, Nicaragua

-Movimiento Feminista de Nicaragua, Nicaragua

-Programa Feminista Centroamericano La Corriente, Regional

-RAÍCES, Análisis de Género para el Desarrollo A.C., México

-Red de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua

-Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Regional

-Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)- Enlace Nacional Nicaragua

SEM/RSMLAC

La ruta que explota a las Mujeres había sido ubicado desde el 2014 en Puebla-Tlaxcala, como el principal corredor de enganche y cautiverio.

Redacción

SemMéxico/ billieparkernoticias. Xalapa, Ver, 16 marzo 2019.- Al revelar que existe un corredor de trata entre los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala la diputada Leticia Hernández Pérez, señaló que la ausencia de coordinación de todos los niveles de gobierno para actuar evidencian que buscan no visibilizar el fenómeno.

La ruta que explota a las Mujeres y adolescentes había sido ubicado desde el 2014 en Puebla-Tlaxcala, como el principal corredor de enganche y cautiverio de mujeres para la explotación sexual, sin embargo las mujeres veracruzanas asesinadas que aparecen en Tlaxcala y Puebla; y las que parecen en Veracruz de los otro estados, hablan de que la entidad veracruzana ya forma de este corredor.

La presidente de la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas del Congreso de Tlaxcala ponderó este tipo de foros para visibilizar y exhortó a autoridades y sociedad civil ha coordinarse para establecer políticas públicas y acciones para abatir feminicidios, trata de personas que son finalmente violencia de género.

“Hay una manera de no querer que se visibilicen esas cosas”, sostuvo al denunciar que las pruebas de este corredor se basan en casos de mujeres asesinadas que no son de esa entidad y que se vinculan a posibles casos de explotación sexual.

“Vemos y encontramos muchas mujeres que no son del Estado de Tlaxcala y no dudamos que así sea, explicó la diputada local.

Leticia Hernández participó en el Foro Hacia una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, efectuado en el congreso de Veracruz, donde enfatizó la necesidad de que se atienda el fenómeno por parte de autoridades locales, municipales y estatales.

SemMéxico/ billieparkernoticias

El PAN presentará iniciativa de Ley en defensa del derecho a nacer

Elda Montiel

SemMéxico, Pachuca, Hgo., 16 mayo 2019.- Las diputadas locales de Morena, Susana Ángeles Quezada y Tatiana Tonatzin afirmaron que no permitirán un “retroceso” como el que ocurrió en Nuevo León y que no permitirán que en esta entidad se penalice la interrupción legal del embarazo.

Esto luego de que el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Asael Hernández, ha declarado que presentarán una iniciativa de Ley en defensa del derecho a nacer.

Las diputadas señalaron que no permitirán lo que ocurrió en el estado norteño de Nuevo León, donde el pasado 7 de marzo, cuando el Congreso de esa entidad aprobó adicionar un párrafo al artículo 1º de la Constitución neolonés para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, por lo que se abre la posibilidad de castigar con cárcel a quien se practique un aborto.

La propuesta del coordinador del PAN se dio, en tanto, el Congreso hidalguense inició foros de sensibilización para la despenalización del aborto, una demanda de las asociaciones civiles y de defensoras de derechos humanos que integran el movimiento Marea Verde en Hidalgo, ya que existen más de mil casos de hidalguenses que acuden a la Ciudad de México para realizarse un aborto legal.

Además, en Hidalgo existen más de 207 carpetas de investigación y averiguaciones previas contra mujeres que abortaron del 2015 al 2018, de las más de dos mil investigaciones a nivel nacional que registran las Fiscalías de Justicia. Se desconoce cuántas de esas averiguaciones previas se han sentenciado, ya que la Procuraduría de Hidalgo no proporcionó la información requerida.

La diputada del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, explicó que en el país mueren cien mil mujeres al año por practicarse abortos en condiciones insalubres, por lo que es muy importante legislar en la materia y no criminalizar.

Agregó que la interrupción del embarazo en Hidalgo es un problema tanto social como de salud y en el estado solo se tienen algunas causales, tales que el feto sea producto de una violación, que se ponga en riesgo la vida de la madre o por malformaciones congénitas graves.

Diana Avilés Quezada, de los Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), señaló que se tiene el reporte de 145 niñas de entre 10 a 14 años que han sufrido embarazos en el 2018, tan solo en la entidad, y aseguró que se da por hecho que estos embarazos se dan por violencia sexual.

Agregó que una niña embarazada es más vulnerable a perder la vida por situaciones de maternidad y por ello requiere que se le dé acceso a la justicia.  

De acuerdo a los datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) durante el periodo de 2007 a 2016 fueron denunciadas cuatro mil 246 mujeres por abortar. Hidalgo se encuentra entre los cinco estados de la República en los que se presentaron más denuncias, con 207.

La criminalización del aborto en México afecta a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, GIRE ha identificado a mujeres de comunidades marginadas, contextos de violencia y de falta de información y servicios de salud reproductiva.

SEM/em/sj

No todas las mujeres saben cómo obtener esa medida

Ana Alicia Osorio,

SemMéxico/Testigo Púrpura, Veracruz, 16 marzo 2019.- En el 2018, 40 mujeres necesitaron y obtuvieron una orden de protección o hacer que su casa fuera vigilada por la policía para evitar que sus agresores se acercaran y las intimidaran.

Las órdenes de protección son parte de los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, no todas las mujeres lo saben y no todas las autoridades las ayudan a obtenerlas. Así le pasó a Nayeli, a quien se le cambió el nombre por seguridad.

Su exnovio se negaba a entender que debía dejar de buscarla y aunque ella se lo decía de una y otra manera, el acoso, ingresar ilegalmente a su casa, llegar afuera de su trabajo y amenazarla para que saliera a verlo, seguirla a todas partes, se habían vuelto parte de una rutina en la que ella estaba en riesgo.

Difamaciones con su familia para que la obligaran a casarse, acusaciones falsas en su trabajo y escuela, jaloneos y persecuciones afuera de lugares público también se volvieron parte de su vida.

Una noche la sorprendió afuera de su automóvil, la jaloneó y estrelló una piedra muy pesada en el parabrisas mientras Nayeli intentaba escapar. Él la amenazó de muerte.

Como pudo Nayeli llegó con sus amigas y fue directo al Ministerio Público (ahora Fiscalía) donde solo se preocuparon porque le pagaran los daños del carro y hacer una conciliación.

Nayeli vivió todo eso hace 10 años, cuando la Ley que la protege había sido decretada unos meses atrás, en la que podía tener una orden de protección.

Ella la pidió una y otra vez al funcionario que atendió su caso, pero fue ignorada y no supo qué más podía hacer.

“Me acuerdo que el conciliador dijo ‘no podemos poner tal cual que tiene miedo de que la mate’ y yo dije por qué no si ya me queda claro que él es capaz de cualquier cosa y además él me amenazó”, contó.

“Yo pedía que quedara asentado que me dejara en paz, les dije yo ya no sé cómo decirle que ya no quiero tener una relación con él, que ya no quiero que me moleste”, añadió.

¿Qué dice la ley?

La forma en que actuaron los funcionarios que atendieron a Nayeli fue errada, pues según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se deben conciliar los casos de violencia de género.

Además, ella tenía derecho a la orden de protección que solicitaba y que podía ser de emergencia o preventiva (según los tipos de medidas que le mandaran).

“Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres”, señala la citada ley.

Al haber notificado al funcionario de la entonces Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), según el Reglamento de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, él mismo podría haber mandado algunas medidas como apercibir a su agresor u ordenar que la policía vigilara su casa.

Ese funcionario también debió solicitar al juzgado medidas adicionales, quien tenía que analizar y notificar a Nayeli la resolución.

Como él no lo hizo, ella tenía derecho a presentar de manera directa ante el juzgado la solicitud, pero tampoco le informaron.

Según el Banco Estatal de Datos del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de las 40 órdenes de protección emitidas durante el 2018, todas fueron solicitadas por Ministerios Públicos (o Fiscalías) Especializadas o Investigadoras. Ninguna fue pedida directamente por las mujeres.

Peligran las mujeres

Al sentirse decepcionada de la forma en que fue tratada en el Ministerio Público, Nayeli buscó al DIF municipal y al área encargada de atención a las mujeres pero tampoco tuvo ninguna respuesta ni asesoría que le permitiera algún mecanismo para mantener lejos a su agresor.

Nayeli no volvió a ver a su exnovio después de la conciliación pero no por eso cesó el acoso, el hostigamiento y el temor.

A la denuncia y la falta de atención les siguieron llamadas a sus amistades, violencia psicológica, acoso en internet colocando fotografías suyas, correos a sus jefes, persecuciones y difamaciones que hicieron que Nayeli optara por irse del estado de Veracruz durante un par de años.

“Me fui como una forma de que eso parara, me fui sin decirle a muchas personas que yo me iba (…) era una desesperación muy grande porque sí de hecho yo terminé con ataques de ansiedad, terminé un día llegando a la Cruz Roja diciendo que me estaba dando un paro cardiaco porque tenía entumido el brazo (…) me dijeron que tenía ataques de ansiedad por la misma situación porque ya no sabía ni por donde me iba a llegar el golpe”, narró.

Según la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz, si hubiera existido una orden de protección y no fuera respetada, él podría haber sido arrestado durante 36 horas y tenido más prohibiciones para que no la molestara ni se acercara a ella.

El Banco Estatal de Datos señala que de las 40 órdenes del año pasado, 30 están siendo cumplidas, nueve ya terminaron y de una más no tienen registro.

Sin embargo, según dicho Banco solamente fueron entregadas las órdenes a 0.79 por ciento de las cinco mil 3 mujeres que llegaron a las dependencias del estado de Veracruz por violencia de género.

La Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz señala que es necesario valorar, implementar y monitorear las órdenes de protección para garantizar su efectividad.

Aún sin el apoyo de las autoridades, Nayeli regresó a Veracruz e intentó rehacer su vida entre noticias y acoso esporádico en las redes sociales que cesó hasta años después.

Pero además buscó reponerse de la violencia de género investigando, conociendo e involucrándose en el activismo para intentar informar a otras mujeres y que no pasen lo que ella tuvo que vivir sola.

SEM/aaog/sj

Se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 15 marzo 2019.- La senadora Mónica Fernández Balboa propuso adicionar el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos para aumentar la participación de las mujeres en las instancias de decisión política.

Plantea obligar a los institutos políticos para que las mujeres formen parte de sus órganos internos de decisión y operación con el criterio de paridad de género, lo cual está establecido en dicha ley, pero únicamente en la integración de candidatas al Congreso Federal y legislaturas locales.

La senadora de Morena señaló que de los ocho partidos políticos nacionales que compitieron en la pasada elección federal del 1 de julio, y que están representados en el Senado de la República, solo dos son dirigidos por mujeres: Morena y PRI.

La propuesta de adición queda de la siguiente manera:

Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, y en la integración de los órganos internos de los partidos políticos indicados en los artículos 39, apartado 1 inciso e; y 43, apartado 1, incisos b, c, d, e, f, g; así como en los órganos equivalentes de las entidades federativas del apartado 2, de esta Ley.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.

SEM/sj

Garantizar la igualdad sustantiva, con una propuesta de todas las voces.

Elda Montiel

SemMéxico, Ciudad de México. 15 de Marzo 2019.- No se trata de ideologías sino de justicia social hacia grupos y sectores de la población que han sido siempre invisibilizados, el fortalecer los cambios en la Constitución hacia los avances de los derechos humanos.

Señaló, la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, al iniciar las mesas de debates para fortalecer la propuesta de iniciativa de reforma a los artículos 1, 4 y 123. 

Wendy Briceño destacó que se convocó a este “Primer Coloquio de Reformas Constitucionales con Perspectiva de Género” para abordar temas tan importantes como; la no discriminación por motivos de identidad; expresión de género; economía de cuidados; la igualdad sustantiva y paridad; libre desarrollo de la personalidad; la autonomía reproductiva, y el ejercicio de la libre sexualidad.

La Constitución, dijo, requiere de cambios sustantivos conforme a los tiempos y el ejercicio de libertades individuales, susceptibles siempre de ser perfeccionado es la obligación de las y los legisladores.

Se nos ha invisibilizado, olvidado, acosado y juzgado, mucho de estos derechos se nos ha discriminado por nuestra forma de construirnos y mostrarnos en el mundo, pero esos tiempos aciagos están cambiando.

No se trata de ideologías, vamos por la vía de los hechos, los argumentos jurídicos para ver si es posible la viabilidad o no de las reformas planteadas para obtener una igualdad sustantiva para una gran parte de la población. 

Mantener el diálogo abierto ida y vuelta enriquece la propuesta legislativa, garanticemos de manera avanzada el derecho para todas y todos, les afirmó la legisladora morenista, a las y los participantes integrantes de organizaciones feministas, académicos, abogados y colectivos. 

Briceño Zuloaga señaló que se cumplió la tarea de contar con voces diversas por perfiles, edades y profesiones, sobre todo de la juventud; mujeres y hombres que nos dejan tareas para ampliar la discusión más completa, más profunda, con todos los elementos puestos sobre la mesa.

Agradeció a sus compañeros diputados Paola González Castañeda, secretaria de la Comisión de Gobernación y al diputado Ernesto Palacios, de la Comisión de Puntos Constitucionales el actuar como moderadores, además, que su participación demuestra la importancia de fortalecer la iniciativa promovida por el diputado Porfirio Muñoz Ledo para fortalecer nuestra agenda en ésta legislatura.

A las y los ponentes, que calificó de agudos y claros en sus diversas posiciones enriquecen el debate.   

Hana Aoi, representante del Colectivo “Brújula Intersexual” abordo el problema de las personas que no alcanzan a desarrollar su cuerpo y se les adjudica un género que finalmente es el suyo, ahí citó el caso de un niño al que no pudieron hacerle la operación sus papas por cuestiones económicas para bajar sus órganos genitales. Al principio no lo registraron y posteriormente lo registraron como niño, pero sufría mucho porque no hacía parado como los demás niños lo que le acarreo violencia por parte de sus compañeros. Al respecto, indicó que falta visibilizar este tipo de casos que exige la modificación de las leyes para que todas y todos gocen de sus derechos humanos. 

Por su parte, el maestro Ignacio Lozano Verduzco habló sobre la diversidad sexo-genérica mexicana, y como la comunidad trans se tiene que definir como transgénero,  transexual y travesti, y como muchos de ellas y ellos no les queda más que dedicarse al trabajo sexual, abandonan los estudios, no encuentran trabajo ni espacio para recreación. 

En México continúan la discriminación a la población LGBTI, como las pruebas médicas de VIH por los métodos de selección de personal.

En el coloquio también se habló de derechos sexuales los cuales no cuentan con reconocimiento jurídico, no se nombran, y están envueltos por mitos, estigmas y discriminación. Se señaló que el artículo 4 constitucional debe reconocer los derechos sexuales con apego a los derechos humanos y con un enfoque de intersexualidad.

Deberá participar, dice el Tribunal

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 15 marzo 2018.- Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, ordenó al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, realice acciones necesarias e idóneas a fin de garantizar a Sara Georgina Vargas Juárez, su derecho de votar y ser votada en la Asamblea de Elección de la Agencia de Donají a celebrarse el 17 de marzo de 2019.

Lo anterior, porque quedó acreditado que la actora es ciudadana y candidata registrada a Agenta Municipal de la referida localidad, y el derecho de votar y ser votada es una prerrogativa tutelada en el marco jurídico vigente.

Además, que no existe prueba alguna que lleve a establecer que los derechos político electorales de la actora se encuentren suspendidos por autoridad competente alguna, y en consecuencia se encuentra en aptitud jurídica de participar y contender en la citada elección.

Vargas Juárez explicó que el pasado domingo se suspendió la elección ya que las autoridades señalaron que no había quorum, sin embargo, la realidad es que fue limitado su derecho a participar por no haber nacido en la agencia de Donají, del municipio de Oaxaca.

Denunció que en las asambleas comunitarias generalmente a las mujeres se les abuchea y no se les deja participar.

El municipio de Oaxaca tiene 13 agencias municipales donde el pasado domingo, mediante asambleas, fueron electas las personas que los habrán de representar ante el gobierno de la capital oaxaqueña.

SEM/sj

Condecoraron a doctora en filosofía Rubí de María Gómez Campos, por impulsar la igualdad de género en el estado.

Redacción

Valentina Ramírez  

SemMéxico/La Voz de Michoacán. Morelia, Michoacán. 14 de marzo 2019.-  En el marco del día internacional de la mujer, este 11 de marzo el Congreso del Estado hizo la primera entrega de la condecoración “La Mujer Michoacana”, la cual tiene la intención de reconocer a aquellas mujeres que han hecho un avance y han representado la lucha por los derechos de las mujeres y grupos vulnerables en el estado. Este reconocimiento fue dado a la doctora en filosofía Rubí de María Gómez Campos en un acto oficial en el salón “José María Morelos” del Congreso. La condecoración fue hecha en forma de la entrega de una medalla con chapa de oro, la cual tiene grabado el reconocimiento a la doctora.

Cabe señalar que en este evento, se contó con la participación de la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Nuria Gabriela Hernández Abarca; del Magistrado Héctor Octavio Morales Juárez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; de Omero Valdovinos Mercado, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como de diversos funcionarios estatales y municipales.

El día de la mujer representa la lucha por los derechos

La presidenta de la comisión de igualdad de género, Lucila Martínez, dio un discurso donde reconoció la importancia del día internacional de la mujer, que cuenta que más de cien mujeres que se habían puesto en huelga por las deplorables condiciones de trabajo que vivían en la fábrica dónde laboraban murieron calcinadas luego de quedar encerradas dentro del edifico por lo cual este día representa la búsqueda de derechos para las mujeres.

Martínez señaló que acuerdo con el INEGI, el 66.1% de las mujeres han sufrido alguna vez agresiones de tipo sexual, física, laboral y emocional. La legisladora mencionó que la discriminación y violencia hacia las mujeres, generalmente, se inicia en el grupo primario de la sociedad, como es la familia, y así también, muchos de los casos ocurren en las instituciones educativas, los centros laborales y otros espacios de interacción, por lo que exhortó a la sociedad a sumarse a enfrentar la discriminación a la que se enfrentan las mujeres.

Aunque para la presidenta de la comisión queda “poco por celebrar y mucho que trabajar”, reconoció que Rubí Gómez era una de las mujeres que habían logrado avances de gran importancia en la materia.

Impulsora de la igualdad de género en el estado

Gómez Campos, cuya extensa trayectoria fue presentada ante el público, se ha dedicado a estudiar el tema de la desigualdad de género desde el campo académico por más de treinta años, con varias publicaciones y decenas de discursos y participaciones en congresos nacionales e internacionales. Además, fue la primera directora del Instituto Michoacano de la mujer, por lo cual también se le reconoció por su apoyo al desarrollo de políticas públicas que impulsaron el avance en la búsqueda de la igualdad para las mujeres, muchos de sus proyectos aún siguen vigentes en el estado.

Por su parte, la doctora agradeció el reconocimiento y señaló que espera que este se siga dando a las próximas generaciones de luchadoras, recordó que ver el movimiento feminista crecer a lo largo de tres décadas era sorprendente por los cambios que ha tenido y la gran aceptación que la sociedad ha mostrado hacia este y cómo cada día se suman más mujeres y hombres.

En el emotivo discurso, señaló la importancia que este movimiento tuvo para ella y muchas otras mujeres para superar el trauma del abuso sexual y cómo esto y otras injusticias que viven las mujeres inspiraron su trabajo. Finalmente agradeció a aquellos que la han acompañado en esta lucha, haciendo énfasis en la esperanza que tiene de que las nuevas generaciones consigan un mundo más justo, como lo ve a través de sus hijos.